Se presentó el informe de Basta de Asesinatos Laborales (BAL)

El viernes 2 de junio se realizó la presentación del informe 2021-2022 sobre asesinatos laborales en Argentina en las instalaciones del sindicato docente Ademys con una importante convocatoria de activistas y familiares de distintos sectores y organizaciones políticas. El evento fue convocado por el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que surge en 2016 a partir de la muerte de David Ramallo de la línea 60; Richard Alcaraz en una obra en construcción en Villa Crespo; y Diego Soraire, en el INTA. Este agrupamiento tiene por objetivo acompañar a los familiares en sus luchas por justicia; denunciar lo que los medios de comunicación callan; visibilizar las muertes laborales y generar espacios en los lugares de trabajo que permitan poner en discusión las condiciones de trabajo y salud de los laburantes.

Tras cinco años realizando un relevamiento sistemático de las muertes en los lugares de trabajo se reportaron más de 5 mil asesinatos laborales como consecuencia de la lógica capitalista de producción que hace del trabajador una pieza a reemplazar o compensar. El espacio define a los empresarios, su Estado y la burocracia sindical como los principales responsables de las muertes de los trabajadores. Durante la presentación se detallaron distintos casos donde se vio con claridad el rol del Estado, la Justicia, las patronales y la burocracia sindical.

A continuación reproducimos las conclusiones del último informe:

“Tras 5 años de funcionamiento del Observatorio de BAL contabilizamos cerca de 2700 muertes en los lugares de trabajo, sin contar con las muertes por COVID-19 que, insistimos, fueron asesinato laboral en todos los casos en que el contagio se dio en el camino o en el lugar de trabajo. Comprobamos año tras año que somos los trabajadores y las trabajadoras quienes ponemos los muertos para que unos cuantos conserven sus ganancias, así fue antes, durante y después de la pandemia. Los responsables, como denunciamos año tras año, son las patronales, su Estado y la burocracia sindical. En 2021, el poder judicial dejó en claro al servicio de quién está, cerrando la causa de David Ramallo y garantizando la impunidad de la patronal. Los organismos estatales, como acostumbran, responsabilizaron al trabajador de su propia muerte. Se trata de un aparato puesto al servicio de los empresarios. Los jueces, así como garantizaron la impunidad de DOTA, avanzaron en los procesos contra los trabajadores que se organizan.  En el 2022 presenciamos una vez más cómo los empresarios actúan conscientes de esa impunidad; tras el asesinato de Yonatan Godoy, la patronal despidió a todos los compañeros que presenciaron la muerte, a todos los que tenían claro de quién era la responsabilidad. Seguiremos en la búsqueda de justicia por todas y todos las/os trabajadoras/es que mueren en su trabajo.

Destacamos también las muertes de los trabajadores petroleros, forzados a trabajar en condiciones de riesgo: así repercute el pago de la deuda en nuestras vidas. En la búsqueda de dólares para el pago de la deuda, el gobierno garantiza el saqueo de los recursos naturales y la mayor precarización de los trabajadores del sector. Así como garantiza a las petroleras condiciones para exprimir a los y las laburantes, el propio gobierno es incapaz de garantizar condiciones de seguridad edilicia en las escuelas, lo que dio lugar a la brutal explosión de gas que tuviera lugar en junio de 2021 en la escuela Nº144 de Aguada San Roque. El ajuste propuesto por el FMI para el pago de la deuda externa trae como resultado cada vez más muertes en los lugares de trabajo, sin embargo recordamos que mientras siga en pie el capitalismo, las y los laburantes seguiremos siendo una pieza más a reemplazar y pondremos cada vez más muertos.

El 2021 y el 2022 dejan en evidencia que sólo la organización de los/as laburantes y familiares pueden garantizar justicia por los asesinatos laborales. Que sólo podemos evitar las muertes si nos organizamos con independencia de clase en nuestros lugares de trabajo e imponemos a las patronales todas las condiciones necesarias para no poner en riesgo nuestra vida.

Las muertes que hemos destacado a lo largo de nuestros anuarios, así como las que hemos mencionado en estas conclusiones, no son casos aislados. Son sólo algunos ejemplos de una situación general. Cada trabajador/a que pierde la vida en el trabajo es familia y seres queridos destruidos, que no sólo pierden una fuente de ingreso sino a una persona importante en sus vidas. Son compa-ñeros/as que no podrán volver a jugar al fútbol, charlar, comer un asado o simplemente ir a tomar mate a una plaza. Son consecuencia de un sistema que prioriza la ganancia empresarial frente a nuestras vidas.

A pocos meses de comenzar el 2023, nuevamente quedó en evidencia quiénes ponemos los muertos con el fallecimiento de un colectivero durante su jornada laboral. Los choferes de colectivos están permanentemente expuestos a situaciones de violencia que crecen día a día con el hambre y la desocupación; es así cómo se expresan en los barrios las consecuencias del ajuste. No adherimos, en este sentido, a quienes reclaman por más policía, que fue la que golpeó brutalmente a quienes protestaban, y que luego envió lo que parecía un operativo comando para amedrentarlos. Es también la que defiende a las patronales frente a reclamos justos, la que sigue generando casos de gatillo fácil en los barrios, la que reprime a quienes protestan. Desde BAL sostenemos que la base para enfrentar estas situaciones es el debate y la organización en nuestros lugares de trabajo, es la pelea por enfrentar el ajuste y mejorar las condiciones de vida de los/as oprimidos/as. Los choferes marcaron una referencia en este sentido: parando, movilizando, sobrepasando a la burocracia sindical, exigiendo a las patronales que garanticen condiciones aptas para trabajar.

Reivindicamos la lucha incansable de las familias de los trabajadores y las trabajadoras asesina-dos/as en sus puestos de trabajo,  la lucha de los trabajadores de la línea 60 y del INTA que exigiendo condiciones adecuadas de trabajo mantienen viva la memoria de David y Diego, las familias de los tripulantes de El Repunte y El Rigel, la familia de Yonatan Godoy, y tantos otros compañeros y compañeras que siguen dando día a día la pelea por justicia. Son esos los métodos que tenemos los y las laburantes para hacer frente a los asesinatos laborales y es con esta perspectiva que seguiremos construyendo este espacio de coordinación.”

 

(nota de MASAS nº437)

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