Masas n°332 [Noviembre 2017]

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Editorial

No esperemos nada de los burócratas vendidos de la CGT

¡Organicemos la huelga general para

derrotar la reforma laboral esclavista!

El Gobierno, presionado por los grandes capitalistas, el FMI, la OCDE, rompe sus acuerdos con la burocracia para implementar la reforma laboral sector por sector, por la vía de los convenios, como ya hizo con los petroleros, lácteos, carne y mecánicos. Se lanza a un ataque más profundo y ya tiene un proyecto de ley para imponer en el Congreso. El Gobierno quiere liquidar de un golpe la Ley de Contrato de Trabajo (producto de décadas de lucha del movimiento obrero) que fija los derechos mínimos que las patronales han reconocido a todos los trabajadores en blanco.

En nombre de la modernización, la eficiencia y las inversiones, lanza un ataque en línea con la reforma laboral sancionada en Brasil, buscando hacer retroceder a los trabajadores un siglo. Este tipo de reformas fue aplicado bajo el gobierno de Menem, el resultado no fue la creación de empleo sino su destrucción en gran escala.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, asegura que “el sueño del macrismo es poner los acuerdos individuales o por empresa por sobre los convenios colectivos, como si trabajadores y empresarios estuvieran en un pie de igualdad para acordar las condiciones de trabajo”. El gobierno busca destruir el convenio colectivo de trabajo (expresados en la Ley de Contrato de Trabajo y en los distintos convenios sectoriales).

El plan económico del gobierno se apoya en la ilusión neoliberal que dice otra vez que se van a generar más oportunidades de empleo si se afecta a los que todavía tienen trabajo y “privilegios” como trabajo, jubilación, obra social, vacaciones pagas, indemnización por despido. El objetivo no es otro que beneficiar a las empresas bajando el costo salarial.

Se trata de una tendencia internacional del capitalismo que busca reducir los salarios y atacar las conquistas en todos los países, igualándolos a la baja, como está ocurriendo actualmente en Brasil y en Francia. Marx planteó que junto a la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia a nivel mundial, existe la tendencia a la igualación de los salarios.

Las principales medidas que quiere imponer:

Indemnizaciones. Se quiere crear un sistema de indemnización alternativo, un “fondo de cese laboral” que sea financiado con el aporte directo de los trabajadores. El nuevo sistema de despidos sería así: habría un aporte directo del 12 % de los salarios. La indemnización futura -en caso de despido- surgiría del fondo que logre acumular cada trabajador.

Si el trabajador se retira por su propia voluntad podrá cobrar hasta el 50 por ciento de los fondos que le correspondan. Este fondo ya existe en gremio de la construcción (Ley 22.250). En la construcción te echan cuando quieren y cómo quieren porque no tiene costo.

Reducción de indemnizaciones por despido: No serán incluidos en el cálculo de las indemnizaciones por despido todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. Apunta a tomar como referencia sólo el salario básico. El régimen actual contempla que la base de cálculo es la mejor retribución de los últimos 6 meses teniendo en cuenta las horas extras o comisiones (en caso de vendedores), o cualquier otra forma de retribución. Estiman que esta forma de cálculo puede reducir un 40% el monto de las indemnizaciones.

Macri dice que “las altas indemnizaciones impiden tomar nuevos empleados”, lo que no es más que la confesión de que los capitalistas son incapaces de garantizar la estabilidad laboral. Va más lejos que las reformas que impulsaron la Dictadura y Menem. Este proyecto propone un abaratamiento para que los empresarios aprovechen a despedir.

Extensión de la jornada laboral. Se pretende implementar una flexibilización horaria, creando “bancos de horas”. Esto es: una compensación de horas a lo largo de un año. Las horas trabajadas en exceso en una jornada se compensen con menos horas en otro día. Se podrán establecer jornadas de hasta 10 horas diarias sin pagar horas extras. Es una extensión del tiempo de trabajo de un 25%. Se modificará así la definición de contrato a tiempo parcial, habilitando jornadas de trabajo de duración variable.

Trabajo precario. El blanqueo propuesto beneficia a los empleadores evasores pero limita la recuperación de derechos de sus víctimas.

La propuesta crea nuevas categorías de trabajadores, con pérdidas de derechos debido a su exclusión del régimen de contrato de trabajo. “Trabajador independiente”, “trabajador autónomo económicamente dependiente”, pasantías extendidas, son nuevas formas de empleo que persiguen un único fin: abaratar la explotación de la mano de obra terminando con la “relación de dependencia”.

Restricción del derecho a litigar de los trabajadores, al inicio de juicios laborales. Revoca la irrenunciabilidad de los derechos que surgen de contratos individuales, que se había incorporado en 2009. Volviendo a la norma de 1976, donde se permite renunciar a los derechos adquiridos de manera individual.

Elimina la posibilidad de acción de restablecimiento de las condiciones de trabajo en caso de ejercicio abusivo patronal (facultad del empleador de modificar las condiciones). El proyecto sostiene que el reclamo se puede realizar si está contemplado en el convenio colectivo de trabajo (sabiendo que los convenios no lo contemplan). Se habilita así la polivalencia funcional.

Se reduce el plazo para iniciar juicios laborales de 2 años a un año. Se profundiza así la reducción que había realizado la última dictadura militar (de 4 a 2 años).

Este capítulo se suma a la continua amenaza del Gobierno contra los abogados laboralistas tratándolos como “mafía” y las acciones contra jueces que han fallado a favor de los trabajadores.

Las negociaciones mafiosas del Gobierno con la burocracia

Según Marcelo Bonelli, (Clarín) Moyano habría amenazado con la reacción gremial y “expuso fuertes reparos al plan flexibilizador”. La respuesta del ministro Dietrich fue: “Si vos acompañás nuestra propuesta, nosotros negociamos con ustedes”. Continúa Bonelli señalando que “el propio Macri estaba dispuesto a utilizar la dureza de otros métodos… la Casa Rosada podría impulsar investigaciones de corrupción sobre Moyano y los dirigentes gremiales que no acompañen y pongan palos en la rueda en las reformas. La Casa Rosada deja trascender que muchos ex funcionarios y sindicalistas no salieron a atacar las medidas por temor a que la Justicia actúe sobre ellos”.

La burocracia se queja porque esta reforma no estuvo en discusión en las reuniones previas a las elecciones. Aparecen divergencias en sus filas sobre cómo reaccionar frente al ataque. Muchos de ellos condicionados por las amenazas extorsivas del Gobierno. Y también por las concesiones hechas a favor de la burocracia en el proyecto contra los trabajadores. Prevalece en todos ellos la voluntad de conciliar, de entregar derechos de los trabajadores conquistados en décadas de duras luchas.

Responder con los métodos de la clase obrera

El ministro Triaca comunicó a empresarios y sindicalistas una cuestión central: “esto es imparable, porque es Macri el principal impulsor de la reforma”. La burguesía envalentonada busca debilitar a toda la clase destruyendo los derechos conquistados colectivamente para empujarnos a la negociación individual de nuestras condiciones de trabajo, donde los trabajadores somos más débiles. Nuestra respuesta tiene que ser, necesariamente, colectiva.

La reforma debe ser rechazada en todos sus términos. El camino es parar el país para impedir este ataque, para detener la reforma previsional e impositiva, para detener los tarifazos. Ninguna confianza en el Congreso y la Justicia. Confiar sólo en la propia fuerza, organización y lucha.

El programa para enfrentar la reforma esclavista: 1) Abajo la reforma, 2) Defensa de todas las conquistas, 3) Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores, 4) Escala móvil de horas de trabajo (acabar con la desocupación repartiendo todas las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin afectar el salario), jornada máxima de 8 horas, 5) Impedir los despidos: ocupación de toda empresa que cierre o despida, 6) Control obrero colectivo y apertura de los libros contables.

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