(Colombia) El “innombrable” tiene orden de detención
El día 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención del ex-presidente y actual senador de Colombia por el partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez. Hijo de la Gran Burguesía terrateniente, este personaje nefasto y corrupto de la historia colombiana es la cara visible y quien dio el paso decisivo para garantizar el avance del narcotráfico y del paramilitarismo en ese país. Desde sus inicios en la política como director de la Aeronáutica Civil en los 80s, garantizó las licencias de vuelo para que las pistas de aterrizaje a lo largo del país estuvieran a servicio de los narcotraficantes y así establecer una estructura sólida para uno de los rubros que más aporta al PIB del país. Y de esta manera logro establecer el requisito de pertenecer a esta mafia para estar relacionado en los asuntos políticos de Colombia.
Los favores que Uribe concediera le serían devueltos, permitiéndole llegar a ser alcalde, gobernador, senador y dos veces presidente de Colombia, entre el 2006 y el 2010 promocionó y gestó una reforma constitucional necesaria para asegurar su reelección. Durante sus mandatos siguió al pie de la letra las políticas privatizadoras dictadas por el imperialismo norteamericano, que van desde la reforma laboral, pensional, educativa, de seguridad social, de salud, etc., todas reformas que garantizaron una mayor explotación de las masas colombianas. Incluso podemos mencionar entre estas reformas el llamado “Plan Colombia”, que permitió el ingreso del ejército y la inteligencia estadounidenses con la excusa de combatir a la guerrilla y al narcotráfico, haciendo de Colombia la base militar yanqui de la región.
La imagen de Uribe fue desgastándose a lo largo de los últimos años, desde la confirmación de los falsos positivos (asesinatos de la población oprimida para ser pasados por guerrilleros) hasta la difusión de todo el entramado de corrupción que garantizó su gobernabilidad. Desde hace varios meses incluso los medios de comunicación del imperialismo comenzaron a levantar las denuncias en contra de Uribe.
La detención del ex-presidente desembarca en un momento de una profunda crisis económica, política y social. El actual presidente Ivan Duque Márquez es el continuador de las políticas uribistas, y se ha visto incapaz de apaciguar el descontento de las masas que ha venido en ascenso desde el 2018 e incluso antes. Importantes luchas de carácter nacional se han gestado en este periodo desembocando en el Paro Nacional de finales de 2019. La política de ataque a las masas por parte del gobierno de Duque se ha profundizado durante la pandemia, siguiendo los dictados del imperialismo, como la reforma previsional o los intentos de privatizar empresas en manos del Estado. A esto debemos agregar la actitud irresponsable del gobierno frente a la crisis sanitaria en la que destaca el “día sin IVA”, que generó grandes aglomeraciones en los centros comerciales por la reducción de los precios al consumidor. La destrucción de la salud pública iniciada en los años ‘90 con la Ley 100, ha demostrado su ineficacia para responder a la actual crisis causada por el Coronavirus. Los trabajadores de la salud vienen reclamando hace mucho tiempo por un salario digno que alcance siquiera para vivir, es patético que se lleguen a adeudar hasta 4 meses de salario incluso en pleno desarrollo de la pandemia.
La experiencia de los oprimidos va dejando en evidencia que no será a través de las instituciones que encontrarán respuesta a sus reivindicaciones. Es en este marco que la burguesía resolvió dejar avanzar la causa de Uribe buscando generar la ilusión de que la justicia burguesa funciona y que es a través de ella que las mafias que gobiernan el país encontrarán castigo. Pese a esto, el presidente y el partido de gobierno han salido a respaldar al exmandatario públicamente llegando a proponer una reforma a la justicia que la subordine más al partido de gobierno y evite que la causa contra Uribe siga avanzando.
Los partidos de la burguesía que hoy se reclaman de oposición al gobierno han salido a exaltar las bondades del sistema judicial, a llamar a los oprimidos a confiar en estas instituciones. Petro, referente de la expresión nacionalista que más votos consiguió en la última elección, tras decir que no le gusta que nadie pierda su libertad, llamó a derrotar a Uribe en las urnas. Ese es el miserable rol del nacionalismo burgués, su función es frenar la organización de las masas, restar confianza en sus propias fuerzas y llamarlos a confiar en la legalidad.
Es importante remarcar que Uribe Vélez nunca estuvo solo en este entramado de corrupción y muerte, porque detrás de él se encuentra la burguesía colombiana que es dueña de la tierra, de los bancos y de las grandes empresas. Todos ellos, cuyos vínculos carnales con el narcotráfico y el imperialismo son indisimulables. Las “limpiezas sociales” y masacres, violaciones, desplazamientos forzados y demás atrocidades no son más que el verdadero rostro de la burguesía, una clase en decadencia que nos arrastra a la barbarie. La podredumbre del uribismo sale a flote porque es tan escandalosa que no se puede ocultar más, pero muerto el perro no se acaba la rabia. Aunque Uribe sea condenado, cosa que ponemos en duda, la raíz del problema sigue siendo la gran propiedad privada sobre los medios de producción. Por eso las masas colombianas deben seguir movilizándose y luchando por su independencia política sin abandonar la acción directa, desconfiando de todos los métodos institucionales que ofrece la justicia burguesa, porque terminan siendo un callejón sin salida y frustrando a quienes confían en él.
(nota de MASAS nº 376)
