La pandemia desnudó las limitaciones del sistema de transporte público

Con el correr de los meses fueron cada vez más las ramas de la producción que retomaron el trabajo presencial. En el AMBA, al inicio de la cuarentena viajaba sólo el 15% de la cantidad de pasajeros habituales antes de la cuarentena. En septiembre, esta cantidad pasó al 30% y para diciembre la circulación en colectivos ya alcanzaba el 47% de la circulación previa a la pandemia. Ante el incremento en la cantidad de pasajeros, no hubo un incremento de unidades, sino que comenzaron a flexibilizarse las restricciones a la cantidad de pasajeros por colectivo. En los colectivos hoy son permitidas hasta 20 personas de pie, dejando la responsabilidad de control en el chofer.

La obligación a algunas empresas de garantizar a sus trabajadores transporte privado pocas veces se cumplió. Millones de trabajadores se vieron obligados a utilizar trenes y colectivos para ganarse el pan del día. Así, las largas filas y los amontonamientos arriba del transporte público volvieron a ser frecuentes, de la misma forma y, en algunos casos, incluso peor a como se veían antes de la pandemia.

En este contexto, debería haberse invertido lo antes posible en incrementar unidades, turnos y recorridos para que los trabajadores podamos viajar en condiciones adecuadas. Sin embargo, nada de esto sucedió. Los empresarios del sector no han dado señales de estar dispuestos a adecuar el servicio a las exigencias de esta situación. Como contracara el gobierno siguió subsidiando millonariamente a los grandes grupos económicos que manejan el transporte.  Solo para los colectivos de Buenos Aires el gobierno destina $9.600 millones por mes en subsidios, que pasarán a ser $11.000 millones. En promedio el gobierno destina $513 mil por mes por colectivo. ¿A dónde va a parar toda esta gigantesca suma de dinero? ¿Cuánto es lo que realmente cuesta el funcionamiento de cada unidad?

El transporte es central para la vida del país, es esencial para que la producción pueda seguir andando y determinante en la vida de los oprimidos. La política del gobierno se restringe a dar subsidios al transporte y deja a su libre iniciativa la cantidad de unidades, la cantidad de recorridos, el mantenimiento de las unidades. Deja en manos de empresarios privados decisiones que afectan a la vida cotidiana de todos los trabajadores y son esenciales para garantizar el funcionamiento del aparato productivo. El transporte público tiene que ser planificado y estar en manos del Estado. Es en este sentido que marcamos la importancia de levantar la bandera de la Estatización del transporte público, sin indemnización, bajo control obrero colectivo.

 

(nota de MASAS nº386)

 

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