4 años de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, 4 años de impunidad

1º de agosto de 2017, kilómetro 1.848 de la Ruta Nacional 40. A 10 kilómetros de la entrada a la estancia Leleque, de Benetton.

Los ejecutores: Los gendarmes de los escuadrones 35 y 36, de El Bolsón y Esquel, bajo instrucciones directas del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

Un día antes Noceti ordenaba: “Hay que atrapar a los mapuches de la RAM a como dé lugar”. Operativo supervisado por Patricia Bullrich. Se trató de una acción terrorista del Estado.

Ese día disparan sobre la Pu Lof, varios gendarmes saltan el alambrado, a las piedras los gendarmes responden con balas. Ingresan vehículos que llegan hasta la pendiente del río. Santiago huye desde la casilla hacia el río. Lo siguen Echazú, Yucra y Zoilán. Lo persiguieron y lo acorralaron hasta que llegó al río. Ahí lo desaparecen. 78 días después aparece muerto.

La familia reclama que se sostenga la figura de la desaparición forzada, “el cuerpo no siempre estuvo donde lo encontraron”.

Los grandes medios de comunicación jugaron un papel de primer orden en este crimen. Trabajando todo el tiempo para inventar un enemigo armado, terrorista, con ramificaciones internacionales, para reclamar y justificar la represión. Luego tuvieron intervención activa para ocultar los acontecimientos, para desviar las pistas, afirmando distintas versiones de que Santiago no estaba en el lugar de la represión, que lo habían visto en otras ciudades, que había cruzado a Chile, que estaba herido por un ataque a un puestero, etc.

Poderosos intereses exigen terminar con toda forma de resistencia mapuche. Es una zona estratégica con fuerte presencia multinacional, en la propiedad de las tierras, de las reservas de agua dulce, en la explotación petrolera y minera, en el turismo. Los gobiernos son serviles a estos intereses antinacionales. Así es la democracia burguesa, un envoltorio de la dictadura del capital.

La Gendarmería realizó espionaje contra Sergio Maldonado e integrantes de la APDH a los pocos días de la desaparición de Santiago. Se persiguió a los testigos, a la familia, para bloquear la investigación y las denuncias.

Hubo colaboración de los gobiernos de Chile y Argentina para reprimir el activismo mapuche. No se avanzó en la investigación de documentos secretos en los que fuerzas represivas de ambos países acordaron intercambiar información sobre “blancos subversivos”. Jones Huala fue seguido y detenido en Argentina y enviado a prisión en Chile por una causa inventada.

La Justicia no puede investigar y castigar a los responsables del crimen porque es cómplice. La Justicia sostiene que simplemente se murió. Ya conocemos como actúa, hace 45 años que bloquean la posibilidad de juicio y castigo a todos los responsables políticos, empresariales y eclesiásticos del mayor genocidio.

Sólo tribunales populares, apoyados en la movilización, pueden llevar la investigación a fondo, independiente, sobre los responsables políticos, empresariales y de las fuerzas represivas. El Estado es responsable. Exigimos castigo para todos los responsables de crímenes contra la lucha popular.

(nota de MASAS nº398)

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