Ecuador: La crisis de seguridad de Ecuador expone la descomposición del capitalismo
El 9 de enero, las escenas de la invasión de los locales del canal TC Televisión en Guayaquil (Ecuador) por hombres encapuchados con explosivos y armas de fuego adquirieron una amplia repercusión. La ola de violencia se desató tras la fuga del líder de la banda Los Choneros, conocido como «Fito». Inmediatamente, los reclusos tomaron como rehenes a 178 penitenciarios y secuestraron a agentes de policía. Se registraron explosiones en varias ciudades del país.
La noche del 9 de enero, el Presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un «conflicto armado interno», dando prerrogativas a las Fuerzas Armadas para actuar en las calles y cometer actos arbitrarios para contener las acciones de las facciones. Se impuso un toque de queda entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. En el texto del decreto, el gobierno también calificó a 22 grupos de delincuencia organizada de «terroristas y actores no estatales beligerantes». La declaración de «conflicto armado interno» se suma al «estado de excepción» decretado anteriormente por el presidente.
Desde la pandemia, se han intensificado los conflictos y las rebeliones en las cárceles de Ecuador. En los últimos años, Ecuador ha sido una zona de disputa para los narcotraficantes internacionales por el flujo de drogas a través de los puertos del país, principalmente hacia Estados Unidos. Dos facciones criminales, Los Choneros y Los Lobos, ambas vinculadas a distintas facciones del narcotráfico internacional, luchan entre sí por el control de las principales rutas, lo que ha provocado varios conflictos en el interior de las cárceles, agravados por el hacinamiento, que han causado cientos de muertes entre los reclusos. La rebelión actual se destaca por ser directamente contra el Estado, debido a las políticas represivas que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha adoptado para tratar de contener el crimen organizado en las cárceles.
Las facciones del narcotráfico ya están firmemente enraizadas en las instituciones del país. La operación «Metástase», anunciada por la Fiscalía, acusó a jueces, políticos, fiscales, policías, un ex director de la autoridad penitenciaria y muchos otros altos cargos de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, pisos y lujos. Además, las facciones utilizan la ejecución de políticos y autoridades como forma de interferir en las decisiones del Estado. Un ejemplo de ello es el reciente asesinato, el pasado día 17 en Guayaquil, del fiscal «antimafia» César Suárez, que investigaba la invasión por hombres armados del canal de televisión TC. Otro caso ocurrió en las elecciones de 2023, el 9 de agosto, cuando el candidato segundo en las encuestas, Fernando Villavicencio, identificado con el discurso de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, fue asesinado tras un mitin en la capital.
El 12 de enero, Ameripol (Comunidad de Policías de América), un grupo que reúne a 20 instituciones policiales de 16 países, creado en 2007 pero constituido formalmente por el «Tratado de Brasilia» (noviembre de 2023), se reunió para debatir formas de trabajar conjuntamente. En una entrevista concedida a la CNN, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, pidió apoyo a Estados Unidos y a otros países y afirmó que es necesaria la «cooperación internacional» porque se trata de un «problema global». Según el propio mandatario, «alrededor del 35% de la droga que sale de Ecuador va a Estados Unidos, y un porcentaje similar a Europa».
La ola de violencia en Ecuador es una expresión de la barbarie capitalista. La economía ecuatoriana, completamente dolarizada y basada en la economía informal y en la exportación de productos primarios, principalmente petróleo y banano, mantiene al país atrasado, con un 27% de la población viviendo en la pobreza. De esta profunda miseria entre los explotados se aprovecha un sector de la burguesía, vinculado al narcotráfico, para cooptar a una parte de la juventud en el crimen organizado. Las guerras entre las facciones, en la disputa por las rutas de producción y distribución de la droga, enfrentan a una parte de la juventud con otra, exterminándose en favor de los intereses económicos de la burguesía narcotraficante. Otra parte de la juventud, arruinada por el sistema capitalista, deambula por las calles y sirve al mercado de consumo.
Los países imperialistas no son una excepción a esta contradicción. Al contrario, Estados Unidos y Europa son los principales destinos de la droga que sale de América Latina. Estados Unidos, por mucho que hable cínicamente de cooperación para frenar el narcotráfico, es incapaz de acabar con el flagelo de la droga, alimentada por la pobreza y la miseria que genera el propio sistema capitalista, y fuente de enriquecimiento para un sector de la burguesía.
La oferta de ayuda al gobierno ecuatoriano por parte de Estados Unidos, Brasil y otros países latinoamericanos sirve para ocultar la responsabilidad de todos. El narcotráfico ha alcanzado un alto grado de internacionalización precisamente porque ofrece una mercancía muy rentable. El lavado de dinero es descarado. No podemos detener la producción de esta mercancía que amenaza la vida humana porque tiene un mercado garantizado y creciente. Las prohibiciones y la represión especializada no hacen más que contribuir a aumentar el valor de la droga y aumentar la rentabilidad, gran parte de la cual acaba en manos del capital financiero. De vez en cuando estalla una crisis, como la de Ecuador, porque la fracción burguesa del narcotráfico forma parte y tiene una enorme influencia en la política burguesa.
La propagación de las drogas desde las masas jóvenes y miserables hasta los estratos de consumidores adinerados se convierte inevitablemente en un componente explosivo de la crisis social. Esto genera fricciones y desacuerdos dentro del Estado y entre países sobre cómo amortiguarla. La economía de la droga se refleja en la superestructura del Estado como parte de la descomposición general de la economía capitalista. Estas contradicciones y su propia mecánica no pueden ser resueltas por ningún gobierno o coalición de países. La represión aumentará el número de presos y muertos, pero no detendrá la expansión del mercado alimentado por el narcotráfico.
Las discusiones sobre si la liberación de las drogas y su regulación resolverían la trágica situación provocan grandes fricciones en el seno del Estado y de la política burguesa. El hecho es que las drogas, como expresión de la descomposición del capitalismo, no tienen solución dentro de su marco. Es una solución que sólo la clase obrera puede encarnar. En otras palabras, el fin del mercado de la droga y de la burguesía narcotraficante llegará con la revolución social, que liquidará el poder general de la burguesía sobre los medios de producción. Esto no significa que tengamos que esperar a que llegue ese momento.
Se trata de organizar a la juventud oprimida bajo la política y el programa de la clase obrera. La lucha por un salario mínimo vital y por empleos para todos es la forma de defender a la juventud como fuerza de trabajo y como fuerza política organizada bajo la dirección y el programa de la revolución social.
(POR Brasil – Massas n°706)
