El jueves 25 de mayo se realizaron importantes protestas en por lo menos ocho de las veinticuatro provincias, entre ellas las ciudades más importantes: Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo que fue convocado como simples plantones se transformaron en movilizaciones hacia el palacio presidencial en Quito y hacia las gobernaciones en las provincias que fueron duramente reprimidas.
Las protestas fueron en respuesta a la votación del 15 de mayo en la Asamblea Nacional a la llamada “Ley de Apoyo Humanitario” que modifica los derechos y leyes laborales, y que ya ha provocado amplio rechazo de las organizaciones sindicales, estas medidas afectarán a los empleados públicos y la educación reduciendo la jornada laboral varias horas y sobrecargando el trabajo, alertando sobre futuras reducciones salariales. Las movilizaciones habían sido convocadas por las principales organizaciones sindicales del país como la Union Nacional de Educadores (UNE), Conasep (empleados públicos), CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y el FUT (Frente Unitario de Trabajadores). El 8 de Junio se realizó un nuevo plantón como Jornada Nacional de Resistencia.
Los decretos aprobados habilitan una reducción de los salarios en el sector privado, que fue impulsado por la Comité Empresarial de Ecuador y la Cámara de Industrias quienes saludaron fuertemente las medidas. La normativa permite un acuerdo entre empleador y trabajador para la reducción de la jornada laboral hasta en un 50% y recorta en un 25% el salario de los trabajadores del sector público. Estos decretos representan un ajuste histórico de cerca de 4.000 millones de dólares exigido por el FMI y la burguesía criolla. Se privatizarán 7 empresas públicas: Correos del Ecuador, la aerolínea de bandera TAME, la empresas de medios públicos, Ecuador Estratégico, Siembra, Crear y Unidad Nacional de Almacenamiento. También se levantó el subsidio a los combustibles y «los precios de las gasolinas se establecen de acuerdo a los precios del mercado». Además la ministra de turismo Rossi Prado anunció que se buscará una alianza «público-privada» para concesionar el servicio de trenes.
Es importante señalar cómo las masas pierden el miedo y rompen el confinamiento, a pesar de la profundización de la represión por parte del gobierno. Esto es producto de la situación a la que la crisis económica hizo llegar a las masas, el propio Moreno reconoció en su informe que desde que se activó la emergencia sanitaria por la pandemia se perdieron 150.000 empleos.
No hay que olvidar que el coronavirus encontró en Ecuador un vasto mar de miseria y un Estado incapaz de responder con mínimas garantías contra el daño causado por la enfermedad. La falta de equipos, camas, hospitales (producto del desguace y destrucción de la salud pública) y la terrible miseria constituían la base material para la descomposición social. La imagen más aterradora de la barbarie era la de los cuerpos arrojados a las calles. Esto ocurrió mientras el gobierno pagó US$340 millones de dólares a los acreedores internacionales.
Lenín Moreno cuenta con un 18,7% de popularidad, el segundo momento más bajo desde que llegó al gobierno, luego de caer a menos del 8% en la rebelión popular de octubre de 2019 contra el aumento del combustible que exigía el FMI. El año pasado el gobierno había tenido que retroceder con el Decreto 883, producto de un acuerdo con el FMI, que terminaba con los subsidios a los combustibles y liberalizó los precios internos luego de llegar a un acuerdo con la dirigencia del movimiento indígena Conaie (cuyo brazo político es el partido Pachakutik) el año pasado para desmantelar las movilizaciones que cercaron la Capital Quito.
Pero la economía dolarizada, dependiente de las ventas de petróleo, estaba completamente comprometida con los movimientos del capital financiero. Semanas después del acuerdo que desactivó el levantamiento popular, el gobierno de Lenín Moreno comenzó a presentar nuevos recortes presupuestarios, impuestos a los asalariados y el pago de la deuda externa.
Es importante recalcar el rol del sector ligado al ex presidente Correa, cuya corriente mantiene fuerte presencia en la Asamblea Nacional, y se encuentra al frente de varias gobernaciones. A pesar de que Correa aparezca con un fuerte discurso antiimperialista y crítico del gobierno de Lenín Moreno su sector se encuentra co-goberando el país, discutiendo en la Asamblea Nacional los planes de ajuste y sometiendo a las masas a su política pro-buruguesa y democratizante. Esta rol también lo juegan el PSC, CREO, y el Bucaranismo. Es necesario hacer un balance del gobierno de Rafael Correa, quien luego de asumir en enero de 2007, consiguió estabilizar Ecuador, después de la gran crisis política del período de 1998 tomando medidas estatizantes, como la recuperación de la base militar de Manta, bajo control de los Estados Unidos, en 2009, y la nacionalización del petróleo y gas, en 2010, y hacer algunas reformas, como la del poder judicial y la de la regulación de los medios de comunicación. Pese al cambio constitucional y declarar a Ecuador Estado Plurinacional, los campesinos indígenas de la sierra o de la Amazonia, la población negra de la costa norte, siguen con su opresión centenaria. Su gobierno se mostró impotente frente a la crisis capitalista que ya se manifestaba desde el 2008/2009.
Lenín Moreno había sido elegido en mayo de 2017, como candidato a la Alianza PAIS, partido del ex presidente Rafael Correa, pero al poco tiempo de llegar al gobierno asumió el programa de gobierno de la oposición de derecha, derrotada.
Las masas deben optar por el camino de la independencia política de la clase obrera. Rechazar el paquete de leyes anti-obreras. Reivindicar el NO PAGO de la deuda externa. Sabemos que la represión y los acuerdos a corto plazo no detendrán la crisis económica. La crisis capitalista agrava la ofensiva de la burguesía monopolista por imponer un cambio violento en las relaciones entre el capital y la fuerza laboral, que impulsará nuevos levantamientos. Esto reforzará la necesidad de que los sectores de vanguardia, que despiertan a la conciencia de clase revolucionaria, dediquen su esfuerzo a construir el partido marxista-leninista-trotskista.
Las crisis políticas que caracterizan las últimas décadas revelan que no es posible mejorar la democracia burguesa, que no la pudo haber, ni habrá. Que no hay colaboración posible con partidos o frentes que defienden la gran propiedad privada.
La estrategia de gobierno de obreros y campesinos es de gran importancia para la evolución política de las masas y su organización independiente. Sobre esa base se debe construir la unidad entre la clase obrera, el movimiento campesino-indígena y los oprimidos de la ciudad. Confiando en su propia organización y métodos de lucha.
¡QUE LA CLASE OBRERA Y LOS DEMÁS OPRIMIDOS DECIDAN SOBRE EL DESTINO DEL PAÍS!
¡FUERA EL IMPERIALISMO DE ECUADOR! IMPEDIR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR TODOS LOS RECURSOS ESTATIZANDO LOS SECTORES PRIVATIZADOS
¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!
ES URGENTE RESOLVER LA TAREA HISTÓRICA DE CONSTRUIR EL PARTIDO MARXISTALENINISTA-TROTSKISTA Y AVANZAR EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SU DIRECCIÓN MUNDIAL: ¡LA IV INTERNACIONAL!
(nota de MASAS nº 372)
Avalan a las Fuerzas Armadas a reprimir contra el pueblo
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, emitió el Acuerdo Ministerial 179 que faculta a las fuerzas armadas en el uso de las armas contra las manifestaciones de protesta. Quieren hacer una verdadera masacre.
El controversial acuerdo enviado al Registro Oficial empieza a generar el rechazo generalizado por parte de los diferentes sectores ciudadanos que observan en ese instrumento, calificado ya de atentatorio a la Constitución, el intento desesperado del gobierno de Lenin Moreno por blindar su poder en la fuerza de las armas. Violando no solo la Constitución en su Art.158 sino que transgrede los tratados internacionales de Derechos Humanos.
Dicho artículo señala que las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. El reglamento se usará en las protestas contra las políticas privatizadoras y entreguistas de Moreno.
El uso progresivo de la fuerza establece cinco niveles: riesgo latente, resistencia pasiva, resistencia defensiva, resistencia agresiva y resistencia agresiva agravada. Esto se refiere a una escalada represiva que parte de la advertencia, pasa por la disuasión y la neutralización, para finalmente buscar la dispersión de las fuerzas obreras y populares a través del empleo de mecanismos no letales y letales. Es decir, si no te sometes a las advertencias y dejas de reclamar tus derechos, ellos utilizarían desde golpes y bombas hasta disparos. Hablan de “proporcionalidad” cuando es el Estado el que cuenta con el monopolio de las armas.
Se avala el uso de armas de fuego y munición letal por parte de las Fuerzas Armadas. Esto deja abierta la interpretación unilateral del Estado de lo que implicaría una “resistencia agresiva agravada” que permitirá directamente abrir fuego contra la población. Incluso es evidente que el viejo Estado introducirá provocadores para justificar la acción militar. Si en las Jornadas de Octubre del año pasado utilizaron miles de perdigones, granadas con esquirlas, y bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo de los manifestantes, esta vez pretenden dar bala y asesinar al pueblo impunemente.
El uso de la fuerza por parte del ejército se establece no solo en las manifestaciones, sino se extiende además a reuniones o “disturbios” buscando “prevenir” amenazas, dejando abierta la posibilidad de la irrupción militar cuando consideren necesario.
Señala que las Fuerzas Armadas utilizarán equipamiento anti motines, armas con munición letal y no letal, vehículos con y sin blindaje y “cualquier otro medio necesario”. Es decir el uso de toda la maquinaria represiva contra el pueblo.
Son tan descarados que en las disposiciones generales establecen que el militar que use armas de fuego contra quienes protestan recibirá atención psicológica para luego reintegrarse normalmente a sus actividades, contando con el respaldo absoluto del Estado y pretendiendo garantizar su impunidad.
(nota de MASAS nº 372)