Para construir 400.000 viviendas por año, llevar agua potable y gas a todos los barrios ocupando a cientos de miles de trabajadores.
El sector de la construcción es el más golpeado por la crisis. Especialmente desde el acuerdo con el FMI en septiembre de 2018 que empezó a paralizar la obra pública con el objetivo de que quedara un mayor saldo en el presupuesto para destinar al pago de la deuda externa.
La construcción cayó un 75% en un año, comparando abril 2020 con abril 2019 (en ese momento ya llevaba 16 meses consecutivos de caída de la actividad).
El déficit de viviendas en el país se ubica según distintas estimaciones entre 3 y 4 millones de viviendas y cada año se suma la necesidad de 120.000 viviendas. En 1.800.000 viviendas no hay baño, o es compartido, o fuera de la vivienda, o no tiene descarga de agua y no tienen acceso al sistema de cloacas. 350.000 familias acceden al agua fuera de su vivienda. El 40% de las viviendas no accede a la red de gas.
Esta es la información que el Gobierno debe brindar a la población: qué obras se necesitan para que toda la población alcance condiciones mínimas adecuadas de vivienda y cuál es el plan para resolverlo. No se puede resolver de un día para otro, pero debe haber un plan para resolverlo definitivamente en 5 a 10 años, estableciendo claras prioridades.
Tenemos dos dimensiones del problema, por un lado la necesidad de viviendas dignas, agua, cloacas y gas y por otro cientos de miles de trabajadores de la construcción desocupados. El país cuenta con los medios materiales, tecnológicos, para poder resolver el problema, no necesita gastar un dólar para realizar estas obras, todo lo necesario se puede abastecer localmente. La construcción reactiva inmediatamente la industria siderúrgica, del aluminio, madera, metalúrgica, ceramista, cemento, etc. Y esos puestos de trabajo elevan la capacidad de compra y consumo, que reactivan otros sectores. Un objetivo de esta magnitud requiere planificación, un reordenamiento de la economía.
¿Por qué no se resuelve en estos términos? Porque no hay voluntad política. Porque apenas se formula aparecen las presiones de los grandes grupos económicos, de las constructoras privadas, de los pulpos inmobiliarios, de los bancos, de los acreedores, que tienen su propio plan focalizado en la especulación inmobiliaria.
El gobierno ya ha declarado que quiere privilegiar la producción para exportar. Una tontería, ya que el comercio internacional viene cayendo, agravado por la recesión económica, ¿con qué va a competir nuestra economía que ha desmantelado buena parte de su estructura industrial?
Todo lo dicho sirve para ubicar el contexto del Programa Federal de Viviendas que el Gobierno de Fernández anunció a mediados de Mayo para reactivar el sector con una inversión de 29.000 millones de pesos en dos años.
El programa incluirá 5.500 viviendas nuevas y 43 mil unidades para refacción, más la entrega de microcréditos y subsidios a la construcción. E informa que hay otras 30.000 viviendas en la que el Estado ya está trabajando. Como vemos esta cantidad no resuelve siquiera la demanda de viviendas de un año. No guarda relación con la magnitud del problema. Los 200.000 microcréditos destinados a refacciones pueden ayudar a que una cantidad de trabajadores encuentren una changa por unas semanas o meses.
Lo reconoce también cuando dice que “… permitirá que 4.000 organizaciones de todo el país, que realizan tareas esenciales en los barrios populares, reciban subsidios para la compra de materiales con los que podrán acondicionar espacios comunitarios”. No se estará creando empleo sino changas, trabajo precarizado.
Las mejoras en “Organizaciones Comunitarias” prevé una asignación de 1.000 millones en dos años y que genere 28.000 puestos de trabajo lo que significa que cada trabajador recibirá en promedio recibirá $35.000 en total, en dos años, si no descontáramos los gastos de materiales.
La llamada “Línea Ampliación” destinada a 4.000 ampliaciones a realizarse en un 80% en el año próximo asigna $ 2.800 millones en dos años. Si todo el importe se destinara a mano de obra resultaría en $116 mil por trabajador en promedio por los dos años ya que estima ocupará a 24.000 trabajadores.
La “Línea Refacción” destinará $76.000 millones, mitad este año y mitad el siguiente. Y dice que generará 304.000 puestos de trabajo en los dos años. Con un promedio de $250.000 por trabajador, $14.000 por mes, si todo el importe fuera a mano de obra.
El plan “Lotes con Servicios” refiere a 10.000 lotes en el país, 2.000 este año y el resto el próximo. Invierte $2.400 millones y dice que ocupará 7.200 trabajadores. Si entregaran los materiales gratis quedarían $333.000 para pagar a los trabajadores en 18 meses. En ningún caso estiman cuánto se destina a materiales y cuánto a salarios.
Los microcréditos para “Mejoramientos Gas” destinan $1.900 millones, mitad este año, mitad en 2021. Dicen que se crearán 30.000 puestos de trabajo. Que equivale a $3.500 por mes por trabajador en promedio.
En “Línea Construcción” proyectan 4.000 viviendas este año y 26.000 el año próximo, con una inversión de 77.000 millones. Si realmente se ocupan 300.000 trabajadores como dice, el salario promedio sería de $14.260 por mes. Los números no cierran por más que los constructores sean Pymes, Cooperativas, Empresas de Servicios Públicos, gremios y “autoconstrucción”.
El mismo ejercicio podemos hacer para “Conexiones Domiciliarias”, “Núcleos Sanitarios”, “Equipamientos Comunitarios”, “Completamientos Barriales”
La forma de presentación del Plan es un engaño, porque dice que generará 750.000 puestos de trabajo. Claro que algo es mejor que nada. Pero este plan es casi la nada comparado con la situación en que nos encontramos y lo que percibiremos por mes los trabajadores. Sigue prevaleciendo ante todo el objetivo de cumplir con las recomendaciones del FMI de recortar la inversión en obra pública. Hagamos este simple cálculo: 29.000 millones de pesos hasta diciembre 2021, entre los 750.000 puestos de trabajo que dicen van a crear, ¡¡¡representan $2.148 por trabajador por mes!!! si toda esa suma se destinara a pagar a los trabajadores. ¿Nos están tomando por idiotas? Evidentemente este lanzamiento es una truchada, que no cierra por ningún lado, jugando con la desesperación de los trabajadores desocupados que esperan su puesto de trabajo.
En medio de la pandemia todos los políticos que han gobernado en las últimas décadas hacen referencia al abandono de las condiciones de vida de las masas, sin embargo no toman las medidas para revertir esa situación.
Como ya hemos dicho, todos los recursos materiales y humanos deben ser utilizados. El patrimonio de todas las empresas constructoras que están acusadas de sobreprecios, sobornos, etc. deben ser confiscadas y todas sus instalaciones y maquinarias deben ser integradas en una gran empresa estatal bajo control obrero colectivo para emprender el plan de obras que se necesita.
La burguesía y sus gobiernos no sólo no pueden resolver las necesidades de las masas sino que las agravan.
La clase obrera plantea centralizar todos los recursos en el Estado, bajo su control, con un plan quinquenal que enumere muy concretamente cuántas obras, qué obras, y dónde se realizarán.
(nota de MASAS nº 372)