El pasado marzo se cumplieron 50 años del decreto-ley 18610 de la dictadura de Onganía que se convertiría en la pieza fundamental del proceso de privatización de la salud. Esta ley establecía la obligatoriedad de las Obras Sociales para todos los trabajadores registrados, conformando una caja, administrada por los sindicatos, con el 6% de aporte patronal y 3% del trabajador.
Se trató de una decisión firme de la burguesía que, a menos de un año del Cordobazo, precisaba con urgencia reforzar el control sobre el movimiento obrero insurgente. Con este decreto-ley de Obras Sociales se colocó en manos de la burocracia sindical una suma gigantesca de dinero que hasta el día de hoy sigue funcionando como el lubricante que garantiza los pactos sociales entre gobiernos y burócratas. Cuentan que en aquél entonces, mientras negociaban los pormenores del decreto-ley, alguno de estos traidores del movimiento obrero dijo que “con esto nos hacemos ricos, pero se acabó la resistencia peronista”.
Si bien las Obras Sociales existían antes de 1970, éstas abarcaban a un reducido número de trabajadores, del mismo modo que había hospitales privados, pero significaban una porción menor al 20% del sistema de salud, que en su mayoría era completamente estatal y financiado por rentas generales del Estado. Para 1978 el nuevo sistema de Obras Sociales abarcaba al 80% de los trabajadores, y las burocracias sindicales se habían convertido en el principal agente de privatización de la salud.
Este proceso se combinó con una política de destrucción de la salud pública que consistió, por un lado, en la descentralización de los hospitales (pasando de la órbita nacional a la provincial) y, por el otro, en la reducción de sistema estatal (pasando de 116.000 camas en 1955 a 84.000 en 2019).
Un nuevo conjunto de reformas se agregó en la década de los 90’. En 1991 establecieron que los hospitales públicos podrían cobrar por sus prestaciones. En 1993 se aprobó la libre elección de Obra Social, favoreciendo un proceso de concentración de los negociados en un puñado de aquéllas. En 1995 se redujo del 6 al 5% el aporte patronal.
Ningún gobierno ha osado dar marcha atrás con este proceso. La total caducidad del nacionalismo burgués se verifica en su incapacidad para establecer un programa distinto al que el imperialismo y las dictaduras establecieron para nuestro país. Ni siquiera en medio de una catástrofe sanitaria. Apenas unas horas duró en la boca de Alberto Fernández el intento de avanzar en algún tipo de centralización del sistema de salud. Bajo la presión de los empresarios de la salud y, peor aún, de los burócratas sindicales que no quieren perder el negocio multimillonario, el gobierno nacional reculó sin vergüenza. Y no solo eso, ahora piensan salir a subsidiar a las clínicas privadas con los fondos de las Obras Sociales de estatales como en la provincia de Buenos Aires.
Ya hemos vivido una situación similar. En el 2001, con millones de desocupados que se quedaron sin Obra Social, los hospitales públicos fueron desbordados. Bajo nuevas formas se repite el fenómeno: las Obras Sociales y Prepagas buscan por todos los medios posibles evitar brindar cualquier tipo de atención. Sobran los casos de denuncias de personas que han esperado días a que los vayan a buscar y nunca aparecen. Finalmente, solo el hospital público da respuesta, aún para quienes tiene Obra Social, situación que tiende a agravarse día a día. Mientras tanto burócratas y empresarios siguen llenando sus bolsillos a costa de nuestra salud.
A diferencia de algunos sectores de izquierda sueñan con algún día poder administrar de forma “transparente” alguna de las grandes Obras Sociales, el POR ha sostenido a lo largo de décadas, en soledad, que es necesario terminar con todos los negociados expropiando a todas las clínicas y sanatorios privados, a los laboratorios y empresas farmacéuticas, integrándolos en un sistema único estatal, nacional y gratuito de salud para toda la población.