Elecciones en Nicaragua: Sólo el pueblo nicaragüense puede decidir el destino de su gobierno
Las elecciones del 7 de noviembre dieron como resultado la reelección de Daniel Ortega y su esposa fue designada «copresidenta». La victoria de los Ortega, sin embargo, se produjo en condiciones de encarcelamiento y expulsión del país de siete candidatos de la oposición que amenazaban el continuismo. Siete papeletas (vinculadas al gobierno) fueron autorizadas a actuar en la teatral «competición electoral».
Se sabía que más del 70% de los votantes podían elegir a cualquiera de los «candidatos de la oposición». Las masas decidieron dar la espalda a las elecciones, lo que se reflejó en el alto abstencionismo -más del 60% del patrón electoral-.
El primer gobierno electo de Daniel Ortega (1984-1990) se guió, aún bajo el impacto de la Revolución Sandinista, por el programa de nacionalizaciones, reforma agraria, así como de reformas y subsidios sociales. Así tuvo que soportar las presiones del imperialismo y la reacción interna. Ante el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, afloraron las heridas del atraso industrial y agrícola, heredadas por la Revolución Sandinista. Sin llegar a las últimas consecuencias en la resolución de las tareas democráticas, posibles sólo con la revolución proletaria, la crisis no tardó en agravarse y el descontento popular se fue acumulando. En estas condiciones, Violeta Chamorro, una política francamente proimperialista, ganaría a Ortega en las siguientes elecciones.
La experiencia de las masas con el gobierno antinacional y antipopular, y el fracaso en la solución del problema estructural de la miseria y el hambre, permitió al sandinismo volver al poder. Ortega estructuró una amplia alianza de partidos de izquierda, incorporando a sectores del empresariado y de la Iglesia en las decisiones de la política estatal. El giro a la derecha reflejaba la orientación del gobierno elegido a garantizar los acuerdos de los empresarios y a aplicar el Tratado de Libre Comercio firmado con EEUU.
Los levantamientos populares de 2018, en reacción a las contrarreformas impulsadas por Ortega, a favor del capital financiero y de los empresarios vinculados al gobierno, mostraron que las masas ya no aceptaban al gobierno descompuesto. Esto hizo que los empresarios, la Iglesia y el imperialismo rompieran su alianza con el gobierno y formaran partidos para participar en las elecciones.
Ante la amenaza de perder las elecciones, la familia Ortega decidió montar un fraude electoral y extinguir los últimos vestigios de la democracia formal. Como puede verse, la consolidación de una verdadera autocracia familiar cierra todo un ciclo político, marcado por la descomposición del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Le correspondió al sandinismo en el poder, apoyándose en los logros políticos de la revolución, extender hasta un grado nunca visto, en el país controlado por una oligarquía servil a Estados Unidos, las formas de la democracia formal. Sin embargo, al manifestarse las tendencias a la descomposición del capitalismo, se restringió la democracia y se centralizaron las instituciones dictatoriales, en gran medida por la decisión de aplicar un programa dictado por el capital financiero, y por la recuperación de las fuerzas contrarrevolucionarias, destinadas a preservar sus intereses oligárquicos. Los propios sandinistas, Ortega fue uno de sus líderes más importantes, se encargaron de hacer retroceder la revolución democrática pequeñoburguesa, y de allanar el camino para el retorno del control oligárquico del país. El regreso de los sandinistas, ya descompuestos, tras la derrota electoral de Chamorro, indicaba que en la atrasada y oligárquica Nicaragua no había espacio para una próspera democracia burguesa; bajo su caricatura, tendría que reinar un gobierno burgués centralizador y dictatorial. El nacionalismo y la apelación a las masas del antiguo sandinismo desaparecieron.
El imperialismo condenó, en nombre de la democracia, la detención y la expulsión de los opositores, que ciertamente estaban más dispuestos a cumplir el papel de servidores de las potencias. La OEA no reconoció las elecciones, como medida para imponer sanciones económicas y políticas al gobierno de Ortega. El problema de la democracia y el autoritarismo, de las elecciones limpias o contaminadas, preocupa al pueblo nicaragüense. Sólo las masas oprimidas pueden hacer su ajuste de cuentas con el gobierno. Es obligatorio oponerse a cualquier injerencia de las potencias y luchar contra los bloqueos económicos como parte de la lucha antiimperialista. La lucha del proletariado nicaragüense, para avanzar, depende de la construcción del partido revolucionario. Es con este instrumento que se hará un balance histórico del fracaso de la Revolución Sandinista, como parte de la elaboración del programa de la revolución proletaria.
(POR Brasil – MASSAS nº 653)