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El Gobierno desmantela el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer para asegurar el superávit fiscal

La médica Mariana Pechenik afirmó que habrá “más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”, y que sus colegas “no hablan por miedo”.

“Se ha desmantelado el programa nacional de cuidados paliativos del Instituto, formador de recurso humano interdisciplinario a través de becas en servicios de excelencia y cursos variados; provisión de morfina y metadona a las 24 jurisdicciones del país para apoyar principalmente el tratamiento del dolor severo por cáncer en las provincias más pobres del país; asesoría y apoyo permanente a los equipos de cuidados paliativos de todo el país”.

En este sentido, detalló que el desmantelamiento se basó en suspender las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en echar a 6 de los 8 integrantes del equipo. “Causa: recorte. Consecuencias: aumento de la prevalencia del cáncer, aumento de los padecimientos asociados a la enfermedad, más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”.

Hay decenas de muertos por la falta de entrega de medicación oncológica. La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) advirtió que la motosierra de la gestión de Javier Milei afectó ya, desde 2024, a centenares de pacientes que sufrieron la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos por la falta de respuestas de la disuelta Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), con el pretexto de reorganizarla. Según sus cálculos, el año pasado al menos 60 personas fallecieron por la falta de entrega de medicación oncológica.

“Si bien el Ministerio de Salud teóricamente ‘absorbería’ las funciones de la disuelta Dirección, no puede descartarse que su disolución se deba a una maniobra para eludir el fallo judicial. Fesprosa se solidariza con los pacientes afectados y sus organizaciones y exige al Ministro de Salud, Mario Lugones, el cumplimiento inmediato de la medida cautelar dictada por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2”.

El ajuste de Milei no sólo fue dirigido hacia los pacientes de cáncer, sino que “a los cientos de despidos en los hospitales Posadas, Bonaparte y Sommer se sumaron 180 en el Ministerio de Salud de la Nación, provocando el vaciamiento de las direcciones de VIH, tuberculosis, lepra y vacunas”. Advierten que “El anuncio de salida de la OMS agravó el desmantelamiento de las políticas públicas de salud”.

Esta política criminal del Gobierno también se expresa en la quita de medicamentos a los jubilados, en no enviar alimentos a los comedores, etc. El objetivo es asegurarse que habrá superávit fiscal para poder bajar impuestos a los más ricos y poder pagar las deudas fraudulentas del Estado, ejerciendo sin disimulo la dictadura del capital.

(Nota de MASAS n°475)