Juicio a Bolsonaro y su cúpula militar ¿Qué esperar?
El esperado día en que Bolsonaro se sentaría en el banquillo de los acusados y asistiría a su juicio, acusado de ser el organizador de un golpe de Estado y de haber atentado contra el «Estado de derecho», llegó de forma amena y pacífica. La ultraderecha y sus aliados de centro-derecha no tuvieron condiciones políticas para protestar en las calles y a las puertas de los cuarteles contra la exposición nacional tanto del expresidente como de su cúpula militar como una banda de conspiradores.
A la espera de ese día, el PL, sus aliados partidarios, gobernadores, parte de las iglesias evangélicas y organizaciones empresariales orquestaron manifestaciones, como las de Río de Janeiro y São Paulo a mediados de marzo, bajo la dirección del pastor ultraderechista Silas Malafaia. Levantaron la bandera de la amnistía para los condenados por la invasión de la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023. Las manifestaciones fracasaron y, con ello, se enfrió la campaña a favor de la amnistía que, de haberse llevado adelante en el Congreso Nacional, habría beneficiado a Bolsonaro y su comparsa.
El hecho de que las fracciones más poderosas de la burguesía no vieran condiciones para oponerse al proceso iniciado por la Fiscalía General de la República (PGR) y asumido por el Tribunal Supremo Federal (STF) imposibilitó que la ultraderecha se impusiera e impidiera llevar a Bolsonaro al banquillo de los acusados. Solo un golpe de Estado podría interrumpir el proceso y el juzgamiento de los conspiradores. El cual era completamente inviable. Así, la solución parlamentaria de liberar a los acusados se vino abajo. La bandera de la amnistía perdió fuerza.
En este marco político, el juicio iniciado el 9 de junio se desarrolló en una fantastica calma. Evidentemente, Bolsonaro y sus seguidores esperan una condena, que posteriormente podría ser atenuada o anulada. Se espera el fracaso del gobierno de Lula y la elección en 2026 de un opositor que tenga la fuerza política para modificar las decisiones del STF.
Las Fuerzas Armadas tuvieron que aceptar el proceso que involucra a generales como Braga Netto, Augusto Heleno y el almirante Almir Garnier. Este hecho excepcional se debe a que la organización del golpe, bajo la dirección del presidente Bolsonaro, solo no siguió adelante porque hubo una división en el alto mando de las Fuerzas Armadas. Los generales Valério Stumpf Trindade y Freire Gomes no estuvieron de acuerdo con la aventura de los bolsonaristas. Sin la unidad de las tres fuerzas y sin la participación de las fracciones más importantes de la burguesía, Bolsonaro y sus militares no pudieron imponer un régimen de excepción e impedir la toma de posesión de Lula.
La marcha sobre la Plaza de los Tres Poderes promovida por los acampados frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, se llevó a cabo sin que la dirección golpista estuviera directamente al mando. El presidente Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Anderson Torres, coincidentemente, se encontraban en Estados Unidos. Los generales Braga Neto, Augusto Heleno y el almirante Garnier no se atrevieron a comandar la aventura. Eran conscientes de que el plan gestado en el interior del Palacio del Planalto no podía llevarse a la práctica.
La explosividad de los acontecimientos del 8 de enero fue la consecuencia final de un proceso de impugnación por parte de Bolsonaro de la decisión del STF de liberar y restablecer los derechos políticos de Lula. Su gobierno se vio profundamente sacudido por los impactos económicos y sociales de la pandemia que atravesó los años 2020 y 2021. Lula emergió en medio de la contundente crisis política y, por lo tanto, de las divisiones dentro de la burguesía, el desencanto de la clase media y el descontento de la clase obrera.
La polarización electoral y la ajustada victoria de Lula dieron pie a las maquinaciones golpistas, que se refugiaron en las filas del PL, de sectores militares y empresariales, principalmente de la agricultura y el comercio. Los que invadieron la Plaza de los Tres Poderes solo sirvieron de masa de maniobra para los objetivos de la cúpula golpista. Muchos recibieron una dura condena. Solamente ahora, Bolsonaro y sus generales esperan una condena. La presión política es para que no sea tan dura, de modo que en un futuro próximo puedan librarse de las acusaciones de golpistas.
La prensa ha destacado que se trata de un proceso de condena sin precedentes, ya que involucra a altos mandos de las Fuerzas Armadas. En este sentido, nos remite al hecho de que los militares que impusieron 21 años de dictadura, promovieron torturas, asesinatos y ocultación de cadáveres salieron ilesos. La Comisión de la Verdad se mostró incapaz de llevar a los asesinos al banquillo de los acusados. Por lo tanto, será un gran hito si Bolsonaro y sus generales son arrestados, según los autodenominados demócratas y amantes del Estado de derecho. Eso es lo que se espera.
Sin embargo, lo fundamental permanece oculto. ¿Qué motivos han fortalecido a la ultraderecha y causado tanta inestabilidad política? Esa es la pregunta que la burguesía, sus partidos y sus instituciones no pueden responder.
El período de mayor estabilidad en la historia política de Brasil se produjo bajo la dictadura militar, gracias al sofocamiento de la lucha de clases y a la imposición de la centralización dictatorial a las fuerzas burguesas que dirigen el Estado. La «redemocratización» y la constitución de la denominada «Nueva República», con el fin de la dictadura militar en 1985, no erigieron un régimen democrático sólido y amplio.
El intento de impedir la toma de posesión de Lula tiene antecedentes en los procesos de destitución de Collor y Dilma Rousseff. Los escándalos del «mensalão» y ahora el del INSS ponen de manifiesto la descomposición de la política burguesa y de las instituciones del Estado. El fracaso del reformismo encabezado por el PT y materializado en el gobierno de Lula crea las condiciones sociales y políticas para el surgimiento de la ultraderecha y el fortalecimiento del centro-derecha, que convergen en el objetivo de descargar la crisis del capitalismo sobre la clase obrera y la mayoría oprimida.
La política de conciliación de clases del PT impulsó el sindicalismo corporativo y desarmó completamente al movimiento obrero y popular. La fuerza electoral de Lula —un fenómeno de caudillismo que se gestó al final de la dictadura militar y se proyectó bajo la «Nueva República»— no se corresponde con la capacidad de movilizar a los explotados contra la ofensiva de la ultraderecha. Por eso el PT y sus aliados se mostraron impotentes ante el golpe institucional de 2016.
El tercer mandato de Lula se debió a la amplia coalición con partidos de centro-derecha. No es casualidad que el vicepresidente sea Geraldo Alckmin, que fue gobernador de São Paulo por el PSDB y acabó refugiándose en el PSB. La política económica que pretendía en el pasado y pretende en el presente complacer tanto a los miserables como a los ricos, tanto a los explotados como a los explotadores, tanto a los millones de pequeños productores y comerciantes como al gran capital, ha resultado y resulta en favor de los poderosos capitalistas.
En el momento en que el STF juzga a los líderes de la ultraderecha, el gobierno de Lula se hunde en la búsqueda de cómo sostener los intereses de los banqueros, los parásitos de la deuda pública y los oligarcas de la agroindustria. El rechazo del IOF y del intento del PT de gravar mínimamente a los multimillonarios indica hasta qué punto el gobierno de frente amplio, montado por Lula, se encuentra acorralado en el oligárquico Congreso Nacional. Su marco fiscal implica proteger a los banqueros, los financieros y la casta burguesa que concentra la gigantesca riqueza.
La condena de los golpistas favorece provisionalmente la gobernabilidad de Lula. Pero la ultraderecha y el centro-derecha podrían unirse, dependiendo del desarrollo de la crisis social.
El amplio predominio de la política de colaboración de clases se volverá contra el propio PT y servirá para impulsar las posiciones oligárquicas, antipopulares y antinacionales. Se trata de combatir la ilusión de que la ultraderecha se enfrenta a una gran derrota con la condena de Bolsonaro y los generales.
Ciertamente, hubo corrientes de izquierda que minimizaron e incluso negaron que hubiera habido un intento de golpe. Se equivocaron absolutamente, sin comprender que las causas de este proceso antidemocrático siguen vivas y sus llamas se están calentando cada vez más.
Sigue vigente la bandera de que solo un Tribunal Popular, construido por el movimiento de los explotados en lucha por un programa propio, puede juzgar a los golpistas y derrotar las tendencias antidemocráticas, como parte de la estrategia revolucionaria del proletariado. La tarea de liberar a los sindicatos de las ataduras de la política de conciliación de clases y organizar a los explotados en el campo de la lucha de clases choca tanto con la izquierda burguesa como con la derecha y la ultraderecha burguesas.
Los petistas, aliados y arribistas de izquierda han tratado de desviar la atención y las reivindicaciones de los explotados hacia el juicio de los golpistas. Intentan convencer a sus propias bases, descontentas con la política económica de Lula, con la justificación de combatir a la ultraderecha bolsonarista. Por el contrario, el Partido Obrero Revolucionario ha trabajado para que la clase obrera, los demás trabajadores y la juventud oprimida converjan en un programa propio y enfrenten las adversidades creadas por el capitalismo con el método de la acción directa. Para poner en marcha un movimiento de lucha contra la ultraderecha y la derecha burguesas, es imperativo potenciar la bandera de la oposición revolucionaria al gobierno burgués de Lula.
(POR Brasil – Massas n.º 742)