¡No a los tarifazos!
El 18 de junio más de 100 líneas de colectivos de jurisdicción nacional tendrán un aumento del 7% en el precio del boleto.
Esta suba hace referencia al DNU 70/2023, que señalaba que las tarifas públicas se enfrentaban con “grandes desequilibrios” y se debían tomar medidas al respecto. Así, la Subsecretaria de Transporte aplica la política de recomposición tarifaria. A mediados de mayo hubo un aumento y el 16 de julio volverán a ajustarse.
El incremento en las tarifas del transporte público automotor urbano y suburbano alcanzó la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
El mayor gasto en transporte, como también en luz, gas, teléfono, alquiler, etc. saldrá de menos consumo en alimentos, en medicinas, en vestimenta porque salarios y jubilaciones han perdido fuertemente poder adquisitivo y se ajustan por debajo de la inflación real.
El Gobierno quiere eliminar subsidios a los servicios y al mismo tiempo garantizar la rentabilidad que pretenden las empresas, y su consecuencia inmediata es la destrucción del bolsillo de la mayoría ya que ha puesto un cepo a sus ingresos.
Además del transporte, el Gobierno dispuso por Decreto prorrogar hasta julio de 2026 la emergencia del sector energético nacional. Abarca: generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y el transporte y la distribución de gas natural, y los sectores derivados.
El nuevo decreto promete una profundización de los tarifazos del Gobierno, cuando dice: manteniendo “el aporte estatal solo para usuarios que “verdaderamente necesitan la ayuda económica””, “alcanzar una mayor cobertura del costo de abastecimiento de gas natural”, “continuar con la política de reducción del subsidio al Precio Estacional y avanzar hacia una mayor cobertura del precio total para lograr la sostenibilidad económica financiera del sistema eléctrico” y “continuar las evaluaciones para revisar los criterios de inclusión y exclusión, mejorar las fuentes de información sobre los niveles de ingresos y las manifestaciones patrimoniales de riqueza, simplificar la administración del subsidio y revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar”. Que se sintetiza en el objetivo de “realizar la transición de un esquema de subsidios generalizados que abarca a casi 10 millones de hogares a uno focalizado de forma gradual”.
Todos estos sectores deben ser estatizados bajo control de los trabajadores porque son vitales para la economía. Así se podrán definir las tarifas en función de los objetivos de la planificación general de la economía sin necesidad de empresas privadas y su rentabilidad.
(Articulo de MASAS n°482)