¡Fuera las manos del imperialismo de YPF! ¡Y de todo el petróleo y el gas!
El gobierno Milei no defiende ni puede defender el patrimonio nacional, sino que opera abiertamente para los buitres
Todo el movimiento obrero se debe declarar en estado de alerta frente a esta amenaza de expropiarnos la totalidad de nuestros recursos
La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska dispuso que el Estado argentino entregue el 51% de las acciones de YPF a los fondos ingleses Burford Capital Limited.
La Justicia estadounidense también le otorgó acciones de YPF al fondo Bainbridge por sus bonos en default que no ingresaron a los canjes de deuda. El veredicto le reconoció 95 millones de dólares por bonos.
Se trata de una intromisión colonial violando nuestra soberanía, sin respetar el ordenamiento jurídico argentino. Debe ser rechazada de plano, defendiendo incondicionalmente el patrimonio nacional.
Se debe desconocer toda injerencia de tribunales internacionales en la economía argentina. Las empresas extranjeras que operen en el país o tengan intereses sobre empresas nacionales deben respetar las leyes y la Constitución Argentina.
Milei es cómplice de esta medida antinacional ya que inmediatamente admitió errores del Estado nacional en forma pública, sumando argumentos a favor del fallo. Los Espert y Menem declararon públicamente que rechazan la “expropiación” que se hizo, sostienen que YPF debe ser 100% privada.
El jefe de los abogados del Estado, que debe asesorar y defender al Estado Nacional frente a cualquier demanda del exterior, es Santiago Castro Videla, nombrado en enero de este año al frente de la Procuración del Tesoro, es socio de un Estudio de abogados que defiende al fondo buitre Burford en la causa contra Argentina. Por este motivo él personalmente se aparta de esa causa y lo reemplaza el subprocurador del Estado, que depede de él. El organismo que dirige depende directamente del presidente Milei. No es casualidad que el socio del Estudio que defiende el interés buitre contra el país sea nombrado al frente del cuerpo de abogados del Estado.
Los juicios contra el Estado nacional son uno de los mecanismos de saqueo del país. Es facilitado por funcionarios que operan de los dos lados del mostrador. Y por los gobiernos que se someten a los arbitrios del capital financiero.
¿Por qué Burford le hace juicio a la Argentina en Nueva York? En 2016 le compró por 15 millones de euros al Grupo Petersen (familia Eskenazi) el juicio que ahora está valuado en 17.500 millones de dólares.
La familia Eskenazi, del Grupo Petersen, vinculado a la construcción y a las finanzas, sin ninguna participación en el negocio petrolero, compra el 25% de las acciones de YPF a Repsol. En 2008 el 14,9% de las acciones, en 2011 el 10,1%.
Compra esas acciones tomando un crédito con Credit Suisse, First Boston, Banco Santander, Repsol, BNP Paribas e Itaú, que sería pagado con los dividendos que recibiría de YPF. La compra se hace a través de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, empresas radicadas en España). Es lo que Néstor Kirchner denominó “argentinización de YPF”.
En 2012 el Congreso de la Nación reestatizó parcialmente YPF y decide que no repartirá más dividendos. El grupo Petersen explica que por ese motivo no cuenta con fondos para pagar los préstamos y las empresas entran en liquidación en 2014. El Congreso aprobó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, para retomar el control de la compañía. Repsol poseía el 57% de la empresa. Fue una decisión soberana del Gobierno y el Congreso, una decisión legal.
En 2014 el consejo directivo de Repsol aceptó la oferta del Gobierno de 5 mil millones de dólares como indemnización por la expropiación del 51% de las acciones en YPF.
Todos los gobiernos burgueses son responsables de las maniobras y negociados que ponen en peligro la explotación de nuestros recursos esenciales. Unos endeudando YPF estatal, vaciándola, permitiendo que multinacionales y empresarios amigos se aprovechen de sus activos, otros rematándola y privatizándola entregándola a una multinacional como Menem; otros cómplices del saqueo de Repsol como Kirchner que hace una “argentinización” trucha para luego comprar parcialmente las acciones abriendo nuevos conflictos para que se aprovechen los buitres; para llegar a un Milei dispuesto a entregar todo lo que decidan sus mandantes.
Solo la clase obrera puede poner fin a los desmanejos de todos los gobiernos estatizando toda la producción hidrocarburífera, desde la exploración hasta la comercialización. Terminando con los acuerdos secretos como el de Chevron (decreto 929/13, firmado por Cristina Kirchner), terminando con el saqueo de las multinacionales. El petróleo y el gas deben ser aplicados al desarrollo industrial del país y no a generar divisas para pagar el endeudamiento fraudulento y parasitario.
El juicio de Preska debe ser desconocido. Los tribunales internacionales tienen que ser desconocidos. Ya que otros juicios miserables están a punto de explotar como el del cupón PBI en euros. La Corte Suprema del Reino Unido avisó que Argentina tiene que pagar. Para el FMI ese caso ya es directamente más deuda pública. Los beneficiarios de ese fallo ya se mudaron de Londres a Washington para comenzar los pedidos de embargo. Ese caso es por 1.700 millones de euros. Las causas abiertas contra el país suman 32.000 millones de dólares y los intereses y los costos legales se multiplican día a día.
No hay cómo convivir pacíficamente con el capital financiero que nos oprime, somete y nos saquea sin límites. Para ser un país soberano debemos desconocer toda la deuda pública y todos los tratados que nos atan a los juzgados internacionales.
La clase obrera que no tiene ataduras con la gran propiedad es la única que puede orientar una política soberana a condición que se independice políticamente. La CGT, la CTA, los sindicatos, especialmente los petroleros, deben debatir esta situación y pronunciarse, y prepararse para la lucha en defensa del patrimonio nacional contra los buitres del exterior y locales.
(Editorial de MASAS n°483)