El Gobierno amenaza a los periodistas buscando disciplinarlos
A Tomás Cuesta lo detuvieron durante una protesta en el Congreso simplemente porque estaba intentado registrar cómo se llevaban preso a un jubilado. Las imágenes de una decena de policías que tiraban al suelo al fotógrafo y le pisaban la cabeza recorrieron el país y también el mundo.
Lo llevaron a un estacionamiento cercano al Congreso, donde suelen dejar los móviles con los cuales luego de las marchas mueven a los detenidos. A Cuesta lo tiraron al fondo de uno de esos autos con las manos esposadas atrás de su espalda.
No es casualidad. Como tampoco lo fue cuando el cabo Guerrero le abrió la cabeza con un disparo de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo. En aquella jornada de represión y protesta un camión hidrante de la Policía de la Ciudad tiró manguerazos de agua mientras que en el altoparlante un efectivo gritaba “vengan zurdos, vengan”. Cada miércoles se reproducen agresiones contra periodistas.
En septiembre de 2023 Milei empujó a Facundo Pastor, cuando se lo cruzó en los pasillos de América TV. Pastor había entrevistado a Mila Zurbriggen, ex líder de la juventud libertaria, que se había ido del espacio denunciando corrupción, modos dictatoriales e incluso “favores sexuales”. Milei le reprochó, a los gritos, la nota a Pastor. Y peor, señalándolo de forma amenazante, sin importarle la presencia de otras personas y las cámaras del canal que grabaron el episodio, le juró: “Cuando sea Presidente vos vas a correr”. Las venganzas que prometía cumplir Milei alcanzaban a varios. “Cuando sea Presidente voy a cerrar Perfil”.
Milei aceleró su violencia personal. Ya en el cargo empezó a hablar de los comunicadores como “mentirosos”, “difamadores”, “extorsionadores”, “delincuentes con micrófono”, o “ensobrados” (que no es una adjetivación sino la acusación de un delito). En septiembre, en un acto en el Parque Lezama, arengó a toda la multitud reunida a que le grite “hijos de puta” a los periodistas. En noviembre del año pasado utilizó por primera vez una metáfora perturbante. “A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia. Les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto”. (Extractado de “Perfil”)
En abril subió el tono. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, “hay que odiarlos más”, empezó a decir. A lo largo de todo este viaje de “odio” no estuvo solo: sus funcionarios y dirigentes se sumaron a sus dichos. “El periodismo va camino a desaparecer”, dijo Luis Caputo. Daniel “el Gordo Dan” Parisini le pidió a Milei “meter preso un periodista por decreto”. “No odiamos lo suficiente a los periodistas. Todavía”, publicó Santiago Caputo. “Es imprescindible acelerar la batalla cultural contra el periodismo basura”, pidió Agustín Laje.
El Estado pretende silenciar la libertad de prensa. Usa también la pauta oficial de forma discrecional y reservada para los amigos. Usa YPF, ARCA, Banco Nación, o Aerolíneas Argentinas, para dirigir la publicidad para ellos.
Cerró Telam, restringe el Acceso a la Información Pública, Manuel Adorni impuso normas a la sala de periodistas en la Casa Rosada, prohíben a los fotógrafos entrar a fotografiar el Congreso cuando habla Milei.
Santiago Caputo, en pose amenazante, fotografió la credencial del reportero gráfico Antonio Becerra durante el debate de candidatos porteños. A Roberto Navarro le abrieron la cabeza de una trompada en el lobby de un hotel. A Marcelo Longobardi lo echaron de Radio Rivadavia a pedido de Karina Milei. Milei enjuició a Ari Lijalad, Carlos Pagni y Vivina Canosa. Lo mismo había hecho el Ministro de Justicia contra Nancy Pazos y Darío Villarruel. A Silvia Mercado le quitaron la acreditación en la Casa Rosada por una pregunta sobre los perros de Milei (retrocedieron por la presión de distintas entidades y un amparo judicial).
A Hugo Alconada Mon lo intentaron hackear, un caso que presenta una gravedad adicional. Él venía de publicar en La Nación una directiva secreta de la SIDE, que controla Santiago Caputo. Ahí se estipulaba el “monitoreo” a todos aquellos actores que “manipulen la opinión pública”, “generen pérdida de confianza en la política económica” o cometan “acciones cuyo impacto erosionen la estructura política e institucional del país”. “La lista de personas plausibles de ser espiadas bajo esta lógica es tan amplia que la duda sobre los intereses reales del Gobierno detrás de este cambio es más que legítima”.
En estos ejemplos se puede observar hasta dónde escala el autoritarismo del Gobierno. El ataque a la libertad de expresión, ya de por sí limitada, es apenas una muestra.
(Artículo de Masas n°483)