Internacionalismo nº6

Descargar completa en PDF 

La política de los trotskistas argentinos Juan Carlos Crespo

Posición del Partido Obrero Revolucionario (POR) frente al gobierno udepista POR Bolivia

Uruguay: Otra dictadura que tambalea Alfredo Fuentes

Brasil: Balance de las elecciones del 15 de noviembre Organización Cuarta Internacional – Brasil

La crisis económica brasileña Pablo Rieznik Mario dos Santos

Polonia: La encrucijada de “Solidaridad” Julio Magri

El ultraizquierdismo y las Malvinas Julio Magri

Maoísmo y Marxismo. Retrato de una debacle Claudio Revel

“Polonia: ¿Desafío a los imposible?” Julio Magri

“1880-1982: Historia de las Crisis Argentinas” Juan Carlos Crespo

–

La política de los trotskistas argentinos

Por Juan Carlos Crespo (del CC de “Política Obrera” – Argentina)

 

(Lo que sigue son extractos del informe presentado en las sesiones del 3er. Congreso de P.O., que estuvo a cargo de Juan Carlos Crespo, miembro del C.C. y del Comité Ejecutivo, como introducción al debate del “Informe Político al 3er. Congreso”, publicado el 17 de agosto pasado).

El Informe político al tercer congreso ha sido discutido con gran amplitud en el conjunto de la organización. Su importancia radica en que plantea las caracterizaciones, pronósticos y consignas para una nueva etapa en el desarrollo de la lucha de clases y en la intervención del partido. Es un texto que oficia de «bisagra” entre dos etapas: los seis años últimos, de inauditos sacrificios, ‘en que las filas revolucionarias crecieron pero, por sobre todo, se forjaron en la dureza y fidelidad a las ideas revolucionarias. Y el nuevo periodo, en que se plantea un desafío tan complejo como el anterior: unir la acción directa de las masas con las grandes maniobras políticas que plantea la «institucionalización”, prohibida por la burguesía y el imperialismo.
Del Informe hasta aquí han transcurrido tres meses. Corresponde preguntamos si sus posiciones han atravesado airosa- . Mente este pequeño periodo. Dijimos en su momento que existía una tendencia al colapso de la dictadura militar (el propio gobierno plantea modificar el régimen político) pero que la burguesía, con la indicación explícita del imperialismo, había puesto en marcha una maniobra de gran amplitud, la «institucionalización”. La crisis, aún sin solución, dentro de la burguesía, terminó por inviabilizar al régimen militar comprometido con el fracaso económico y responsable de un desastroso choque con el imperialismo. Esto obligó a una legalización concedida de los partidos burgueses y a un plan que prevee un próximo régimen constitucional de características inciertas. El propósito es primero potenciar a los partidos burgueses para que ‘éstos trabajen para el desvío de la movilización, subordinando las reivindicaciones sociales y democráticas a la promesa del voto, explotando las ilusiones y la confusión de un amplio sector de las masas. Segundo preparar la cesión del poder político a esos partidos como garantes de la continuidad de la casta de oficiales y de los compromisos con el imperialismo.
Se trata de una contraofensiva de los explotadores que busca poner un límite al proceso de descomposición actual y reestructurar al Estado burgués. Se trata de una maniobra tremendamente vasta, que se deriva del hecho de que los partidos burgueses y obrero oportunistas se organizan de acuerdo a este proceso y de que el proletariado no tiene aún dirección política como para revertir la “institucionalización” tomada en su conjunto. Definimos nuestra tarea considerando la maniobra abierta y llamando a intervenir en el terreno planteado por la burguesía pero vigilando atentamente el desarrollo del movimiento de las masas por lo agudo de la crisis. En este sentido conviene acudir al Informe… “El equilibrio sobre el que reposa la estabilidad del Estado se ha quebrado con el retroceso fantástico de las fuerzas productivas, la derrota militar y la movilización política de las diversas clases sociales. No sólo están presentes las precondiciones de una situación revolucionaria (estancamiento y disolución de la economía, impasse política generalizada) sino también algunos de los elementos de esa situación propiamente dicha: aguda división en las filas de los explotadores, desesperación en todas las capas populares, tendencia incipiente pero efectiva del proletariado a revertir el re-flujo y pasar a la acción directa y los métodos revolucionarios de lucha” (p.2).
Desde entonces hasta ahora se ha acentuado la tendencia a la intervención de las masas —Marcha por la Vida, por la Resistencia, huelga general del 6 de diciembre— y ha terminado por revelarse como todo un acierto del Informe… Sostener la vigencia de la consigna de «abajo la dictadura” como así también la de preparación de la huelga general por tiempo indeterminado, (es del caso recordar que, en su momento, el planteo por la huelga general fue considerado como apresurado por una franja del partido).
La «‘institucionalización» en crisis
La maniobra «institucionalizadora” se da en medio de una crisis colosal y de una tendencia al agravamiento de la crisis económica. La situación oscila hoy entre la hiperinflación y la bancarrota formal de una gran parte de la burguesía. El gobierno Bignone intentó hacer frente a la crisis por medio de una operación de rescate del capital a costa de un brutal empobrecimiento de las masas y de un recorte limitado a los superbeneficios de la banca -reducción del margen de beneficio entre depósitos y préstamos bancarios—. Pero por cada peso que puso la banca el Estado puso tres; haciéndose cargo de la mayor parte de la deuda externa a través de los seguros de cambio y pagando colosales beneficios por el ingreso de dólares desde el exterior (swaps). Estas concesiones se convirtieron en un factor fundamental de hiperinflación: se cortaron los créditos internos a la producción y se planteó la perspectiva de quiebras generalizadas.
De aquí que el gobierno Bignone no sólo no ha podido restablecer la unidad del frente burgués, sino que ha acentuado su división. Para un amplio sector de la burguesía industrial el plan no representa una vía de reactivación del mercado interior y no se resuelve la cuestión de su sobrevivencia. El acuerdo con el FMI y la refinanciación de la deuda externa con la banca internacional impone un plan de «estabilización” basado en una colosal privatización de empresas, el corte de los créditos internos y una mayor caída de salarios. En definitiva una liquidación de los bancos e industrias que la crisis ha tomado inviables. La alternativa a esto sería un enérgico ataque al imperialismo, a partir de una virtual moratoria de la deuda externa y, el control de precios, alternativa que la burguesía es incapaz de encarar. La resultante es una violenta agudización de la crisis económica y de la lucha de clases.
El desarrollo de la crisis hace que el propio plan político de la dictadura se encuentre en franco agotamiento. ¿Cuáles son las perspectivas de la situación? Podemos señalar tres grandes variantes. Que por medio de una serie de maniobras se logre ir encarrilando la situación y se llegue a la entrega del poder a un gobierno burgués débil, formado por algunos sectores de la Multipartidaria. Este gobierno será el encargado de aplicar los planes de «austeridad» dictados por el FMI y daría lugar a una nueva fase de grandes luchas, cuyo resultado dependerá de la relación de fuerzas entre los dos colosos en pugna: el imperialismo y la clase obrera.
Que se produzca el colapso de la dictadura. Contra los oportunistas de todo pelaje nosotros afirmamos que existe la posibilidad de este colapso. Cierto es que, dado el débil desarrollo del partido entre las masas, ese colapso no va a llevar al gobierno a la clase obrera, y que, casi seguramente, la Multipartidaria como bloque se ofrecerá como salvavidas del Estado. Pero estaríamos en presencia de un gobierno súper débil, enfrentado a la disgregación del Estado y a una violenta agudización de la lucha de clases.
Una variante es que este colapso se produzca como resultado de una acción de las masas, es decir que la dictadura sea derrocada. Difícilmente, por su desestructuración, sea la clase obrera la depositaría inmediata, del poder. Pero se abriría paso una explosión democrática, un resquebrajamiento decisivo del aparato represivo, acercándonos enormemente a la revolución proletaria. Las elecciones anticipadas constituyen precisamente, la maniobra final para impedir esto último v salva do burgués y a la camarilla militar.
De distintos modos, está planteada la perspectiva de un gobierno democratizante para sobrellevar el colapso de la dictadura. Como sostiene el Informe… “sería una imperdonable ceguera excluir una alternativa de este tipo, a partir de la ley general que establece la inviabilidad del régimen presentativo en periodos de crisis económica de características históricas. Es olvidar la función de un gobierno democratizante en periodos de crisis, a saber, desmovilizar a las masas con ensueños reformistas. Como lo enseño Trotsky la impotencia del kerenkismo o del frente popular se hace patente allí donde existe un poderoso partido revolucionario, pero puede ser un poderoso factor de contención cuando este requisito no está presente. Además de cumplir su propia función desmovilizadora y, eventualmente, fortalecerse, gracias a ello, mediante una alianza con la camarilla militar de tumo, un gobierno democratizante puede servir como salida momentánea a la crisis y para permitir la ulterior salida golpista» (p.l3).
La clase obrera aún no intervino a fondo
Un poderoso factor de retraso en la gestación de una situación revolucionaria es la aún débil intervención del movimiento obrero. Las direcciones sindicales no están corridas físicamente por las masas como fue en el caso del «cordobazo». Es la ausencia de una gran intervención de la clase lo que limita el desarrollo de la crisis y nuestra propia potenciación. Es esto lo que explica, hasta cierto punto, el catapultamiento de un Alfonsín, a caballo de un principio de realineamiento en las capas medias, por referencia al peronismo.
(El fenómeno «alfonsinista” es un intento relativamente audaz de explotar la declinación del peronismo y su aguda división interna. Se daría la posibilidad inédita de una derrota electoral del peronismo.
El interés del imperialismo en una variante de este tipo, estriba en que el peronismo continúa sometido a la presión sindical y en que no ha aportado ningún liderazgo capaz de tomar las banderas de «privatización», «apertura económica» y asociación con el gran capital financiero internacional.
El «alfonsinismo» se declara empeñado en crear un nuevo «movimiento histórico”, planteo en el que se percibe el afán de llenar el vacío de poder dejado por la dictadura y, en general, la debilidad política estructural de la burguesía argentina.
El ascenso del «alfonsinismo» tiene mucho de común con el fenómeno del «frondicismo» en 1957-58. La pequeña-burguesía democrática trata de establecer su dirección política, en sustitución del liderazgo de Perón en aquel momento, y en reemplazo de ese liderazgo ahora.
Alfonsín fue catapultado por el imperialismo, en oportunidad de la guerra de las Malvinas, cuando se lanzó a una campaña para el reemplazo inmediato del régimen militar. Con esto se colocó como un elemento dispuesto a insertar el proceso “democratizante» en una renegociación con el imperialismo yanqui.
Es evidente que cuenta con un gran apoyo financiero, que le está permitiendo realizar una campaña muy costosa. Por los «equipos económicos» que lo rodean se puede ver claramente su vinculación con la burguesía industrial y con el gran capital bancario con intereses en la exportación industrial. Desde el punto de vista económico, el alfonsinismo expresa la tendencia de «endeudamos, pero para invertir», que es la línea general del imperialismo, pues plantea una depuración y una reactivación de todo el sistema financiero. No es para nada casual que el nuevo embajador argentino en Washington y varios notorios funcionarios de la primera hora de la dictadura, se hayan incorporado al «alfonsinismo». Lo ven como una tendencia «modernizante», es decir, partidaria de impulsar la renovación del parque industrial y, por lo tanto, de profundizar la integración con el imperialismo.
El «alfonsinismo», sin embargo, ha provocado una crisis mayor en la UCR -ha reducido la gravitación de la mayoría de su dirección, partidaria de un entendimiento estratégico con el peronismo. De ahí que muchos vean este fenómeno como un factor de debilitamiento de las estructuras políticas burguesas, y no como un remedio de ello. El alfonsinismo tiene un parecido con el belaundismo peruano, cuando éste surgió en 1960-62. Es muy probable que su ciclo sea corto, si la profundización constante de la crisis pone al proletariado compactamente en la primera fila de lucha. El alfonsinismo no logró crear ninguna atracción en la clase obrera).
Retomo El desarrollo de la actual situación tiene rasgos que la diferencian del período de la «libertadora», con la clase obrera (desde un punto de vista físico) a la cabeza de la resistencia y la clase media que recién salía del embanderamiento con el gorilismo. También, del período abierto con el «Cordobazo”, en el que la pequeño burguesía se alinea masivamente contra la dictadura a partir de 1972, y es el movimiento obrero en particular a partir de 1969 el gran protagonista de la lucha previa.
Es para nosotros un problema decisivo orientar al proletariado para estructurar un ascenso obrero. Y aquí juega un primer papel la organización de la lucha salarial, que es el centro de las preocupaciones de la clase frente al intento de postrarla en la miseria social más absoluta. La tendencia actual de la economía y la política burguesas tienen que llevar a los oprimidos a la exasperación. La agitación y organización por el mínimo de 10.000.000 de pesos, el aumento salarial y la indexación del salario es el camino por el que va a avanzar la estructuración de la clase y preparar su ingreso como primer actor de la escena política.
Es un hecho que a partir de las reivindicaciones obreras pero también de diversas capas de la población (movilizaciones contra los impuestos) se ha venido dando una tendencia a huelgas y manifestaciones callejeras que, por el abismo existente entre los reclamos de las masas y lo que están dispuestos a dar los explotadores y el gobierno militar, plantean la perspectiva de la huelga general. ¿Cómo llegar a ella y asegurar su victoria? Se plantea la cuestión de los comités de fábrica, elegidos en asamblea, para reclamar y organizar la huelga general.
La cuestión de los comités de fábrica se liga al problema de la tremenda desorganización de la clase obrera, si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las fábricas carecen de una real organización.
La consigna de la huelga general debe ser usada de un modo propagandístico y debe acertarse con ella en la agitación, en los momentos de grandes virajes. El paro del 6, la crisis política provocada por la Marcha de la Multipartidaria y la inminencia de una huelga ferroviaria planteaban una situación de este tipo. El gobierno y la CGT de Azopardo la bloquearon, pero sobre bases extremadamente precarias. Se habla de una tregua de dos semanas.
Los comités de fábrica importan también por su función en una huelga que puede adquirir un carácter político de masas.
“Los comités de fábrica constituyen la conexión clásica entre la huelga general —dice el Informe… p.15— y la insurrección. Sólo así se aborda seriamente la cuestión de la huelga general, pues ésta, librada a sí misma, sin capacidad de pasar a la insurrección está condenada a la derrota o a ser entregada por la burocracia a cambio de ‘concesiones* que eviten la caída de la dictadura».
Pero no se trata de convertir a esta consigna en una receta: «una agitación sobra la base de la consigna de los comités de fábrica no puede prosperar si tiene el carácter de un esquema y si no toma en cuenta los conflictos parcializados, locales y fabriles como puntos de apoyo para construir esos comités… Deberemos impulsar su surgimiento sobre la base de las consignas incluso más modestas, pero sentidas, porque objetivamente se proyectarán como engranajes de la organización del conjunto de la clase en la perspectiva de la huelga general».
La gran tarea de la hora de los revolucionarios
Ha sido repetido hasta el cansancio en el que el partido tiene que explotar a fondo todas las formas de trabajo legal, como un medio para llegar a una masa más amplia de los trabajadores. Pero debemos preguntarnos: ¿se ha comprendido a fondo esta cuestión? En una serie de debates se han volcado posiciones quedantistas, conservadoras sobre este punto. Si prevaleciera esta tónica, que reflejan los seis duros años de militancia clandestina, en un periodo en el que la burguesía y el imperialismo intentan una maniobra de amplitud que hemos caracterizado, corremos el riesgo de liquidar el riquísimo trabajo político hecho bajo el “sexenio infame”. Este debate tiende a reproducirse en cada momento político. Mañana, cuando esté planteada la insurrección armada, es posible que tengamos que polemizar con posiciones que se aferren al juego del parlamentarismo burgués y se tratará entonces de liquidar todo desvío hacia el cretinismo parlamentario. Se trata de homogeneizar al partido como un sólo hombre para actuar con el máximo de energía y audacia de modo de conquistar un auditorio de miles y millones de trabajadores. Esto es fundamental. Si no somos terriblemente conocidos en un período de aguda descomposición del estado y de quiebra del partido burgués que ha disciplinado hasta aquí al proletariado, corremos el riesgo de perder una oportunidad histórica para la implantación de los revolucionarios en el seno de las masas. Esta conciencia es lo que explica que el PC se ha-ya volcado con todo al trabajo legal, para enderezar hacia una nueva alternativa contrarrevolucionaria a los trabajadores que rompen con el peronismo. Debemos comprender que las masas deben apreciar las agudas diferencias entre nosotros y el resto de corrientes que se lanzan a capitalizar esta quiebra y la realidad de hoy es que ni siquiera los activistas diferencian acabadamente a las distintas variantes de la «izquierda». Quien se contente con el estrecho auditorio que concede el trabajo clandestino o semiclandestino en esta etapa, está perdido.
La legalidad burguesa no significa un estadio superior para los revolucionarios sino un medio para conquistar un auditorio de masas. Esto parte del hecho que la legalidad no es una concesión graciosa del régimen sino el fruto de su propia des-composición y de la intervención de las masas en su crisis. Por eso los revolucionarios, a diferencia de los partidos burgueses y contrarrevolucionarios que se adaptan a un «proselitismo con cadenas», no subordinamos la acción directa de las masas a las exigencias legales. Es para nosotros una oportunidad para ampliar la agitación revolucionaria. Aún en la perspectiva más conservadora: aquella en que se llegue a la «institudonalización” y de allí surja un gobierno burgués débil, la perspectiva de que el partido tenga una intervención de peso depende de la audiencia obtenida en el seno de las masas.
(Se explican a continuación las tareas planteadas para la obtención de la legalidad y las implicancias políticas y organizativas de cada una de las fases a encarar).
La batalla por la legalidad por un partido obrero de masas es crucial, cuando todos los partidos libran una batalla en el terreno legal y, eventualmente, con vistas a las elecciones.
Podríamos no aceptar el desafío (con el argumento de que aceptar las condiciones impuestas por esa legalidad -el fichaje de la planilla de afiliados por el régimen y sus servicios— equivalen a una capitulación político-organizativa), pero de prosperar el desvío «institucionalizador» se debilitaría nuestra intervención para el próximo período de luchas revolucionarias. El fichaje del régimen debe ser esquivado, en todo lo posible, por medio de la astucia. Debemos recordar la importancia de la intervención electoral de los bolcheviques en 1912, que significó la llegada al parlamento burgués de una serie de revolucionarios. Esto ayudó a consolidar la fisonomía del partido de Lenin en el seno de las masas y lo dotó de una voz poderosa en la nación, pavimentando el triunfo revolucionario en las jomadas de 1917.
La legalidad no pasa sólo por la prensa y los locales sino, y esto es fundamental, por la creación de dirigentes de masas. Y aquí surge el planteo de compañeros que se resisten a jugar este papel y lo consideran un mero problema técnico, de asignación de funciones en uno u otro terreno. Llegamos así a la peor de las combinaciones: un partido legal… con dirigentes subterráneos. NO. Se trata de convertir en dirigentes de la clase reconocidos abiertamente a aquellos que han mantenido en cada lugar de trabajo la tradición revolucionaria a lo largo de los últimos años, y que tienen la capacidad para hablar claramente en nombre del partido.
Un partido que debe crecer por lo que hace
Hemos dicho que el contenido de la lucha por la legalidad es la puesta en pie de un partido obrero. Este planteo está determinado por la emergencia de una respuesta política a la necesidad del proletariado de conquistar su independencia política en todos los terrenos. Pero no podemos referirnos a un partido obrero en abstracto. La lucha planteada aquí y ahora es por la legalidad para los revolucionarios desde el momento que no estamos en la fase culminante de la tendencia a la construcción de un partido obrero de masas.
La tarea de construcción del partido obrero, en este sentido, tiene dos alternativas. Una, que junto con el ascenso de la clase obrera se desarrolle un poderoso movimiento clasista. La tarea del Partido Obrero en este caso será poner en pie este movimiento y dotarlo de una perspectiva política revolucionar ría. Otra, que el Partido Obrero sea sólo la expresión del desarrollo político y crecimiento de nuestra organización. En esta variante, en el caso de un poderoso crecimiento de PO, no se habrá erigido aún un partido obrero de masas pero el único punto de partida posible para desarrollarlo será a partir de la implantación lograda por PO en la clase obrera y los trabajadores.
Va de suyo que en cualquiera de los dos casos está planteada la incorporación del mayor número posible de compañeros al partido revolucionario, condición para el desarrollo de un Partido Obrero revolucionario y de masas.
¿Cuál debe ser la conducta del Partido Obrero frente a las corrientes que se reclaman de la izquierda? La situación política planteada por la descomposición de la dictadura plantea dos grandes alternativas en este campo. Una es el apoyo a las maniobras de la «institucionalización”, profundizando el so-metimiento a la burguesía (en esto ha entrado la mayor parte de la izquierda argentina: PC, Montos, MAS). Otra es el combate contra la «institucionalización», contra los intentos de expropiar la lucha de las masas y acentuar su confusión. En definitiva trabajar para que la lucha obrera y popular se desarrolle a fondo.
La gran opción es colaboracionismo de clases versus Partido
Obrero Ante esta disyuntiva, la gran mayoría ha seguido su vieja tradición, repitiendo la historia que ha llevado al fracaso y la derrota del proletariado. Una minoría, por el contrario, se ha sumado a la construcción de una alternativa obrera independiente pero es un hecho que existe una tendencia real en la clase obrera en la misma dirección. Se expresa en el desarrollo y resurgimiento de las corrientes antiburocráticas y deberá desarrollarse en escala geométrica si se profundiza el ascenso obrero. Nuestro deber es explotar a fondo esta tendencia, planteando la necesidad de un partido de clase y convirtiendo al Partido Obrero en un organizador sistemático de movimientos clasistas y en campeón de la lucha por la democracia.
El camino es un enérgico trabajo práctico en dirección de las masas. Crecer por lo que se hace. La alternativa de cortar camino por la vía de acuerdos de izquierda sobre bases confusas y de conciliación con la burguesía y la dictadura no tiene futuro: bloquea un gran trabajo de masas y es fuente de escisiones desmoralizantes. Se trata de ganar a los cuadros de los partidos colaboracionistas a nuestras posiciones mediante .el trabajo práctico y la confrontación de posiciones políticas.
Lo que hoy está planteado es una intensa batalla política contra la burguesía «democratizante” y sus aliados de la izquierda, condición para ganar centenares de cuadros honestos y combativos provenientes de esas organizaciones. Mañana, un sector de la burguesía puede apelar a la construcción de un «frente de izquierda”, es decir un frente de colaboración de clases bajo dirección burguesa. El partido Intransigente, el PC los focos, pueden constituir la base de una maniobra de este tipo. Contra esta perspectiva debemos plantear el Partido Obrero, la necesidad de una posición independiente de clase y la construcción de un Frente Revolucionario Antiimperialista que haga prevalecer las posiciones revolucionarias
Una revolución en los métodos de trabajo
Hemos propuesto, como forma de organización del Partido Obrero, la estructuración de núcleos por frente dirigidos por un secretariado. Estos núcleos significan, de hecho, una nueva modalidad en la asimilación de nuevos cuadros, en los que el aprendizaje se hará a través de la penetración abierta en el seno de las masas junto a la formación política sistemática (cursos). Esto requiere un avance colosal en la especialización del trabajo, la estructuración de secretarías con funciones formalmente definidas y la rendición rigurosa de cuentas.
Debe tomarse en cuenta que la construcción de un partido legal de masas atraerá a cientos de compañeros y multiplicará a gran escala los problemas de intervención. Si no se impone un cambio de metodología, la perspectiva es la anarquía del trabajo político y una dispersión de esfuerzos de los recursos militantes volcados a las nuevas tareas.
Si se sigue la tendencia planteada en el momento actual y el partido asume el desafío del trabajo legal no es aventurado pronosticar un gran crecimiento (esto ya ha comenzado a ocurrir en los últimos dos meses —ver intervención de L. Saldías sobre informe de actividades en PO Nro. 335). La condición es asumir los grandes sacrificios planteados para conquistar la legalidad, que la burguesía no va a conceder de buena gana. El ejemplo reciente de la concentración de la Multipartidaria debe servimos de advertencia. La dictadura armó una provocación contra nuestro partido acusándonos del “desborde” sobre la Casa Rosada.
Hacia una situación revolucionaria
Se aproximan momentos que nos pueden acercar al “banco de prueba» de los revolucionarios: la revolución proletaria. Final-mente, toda la lucha de los militantes que se identifican con el bolchevismo no es otra cosa que un aprendizaje para la revolución. Para las jornadas que se avecinan contamos con un dato a favor: el desarrollo, creciente del partido en la vanguardia obrera. Viene al caso apelar por última vez al Informe… “un rasgo fundamental de la presente situación política, esto por referencia a la de otros países que pasan por una situación similar de crisis económica y política, o por referencia a la propia situación argentina en el momento de la crisis del onganiato y la irrupción del “Cordobazo”, es la presencia de nuestro partido revolucionario, pues él interviene activamente, aunque en una escala aún insuficiente, en la evolución política de los trabaja-dores y del conjunto de la situación política. Nuestro partido revolucionario se ha estructurado en base a una teoría revolucionaria actualizada a la experiencia histórica mundial (programa de transición, elaboración activa de las tesis de la revolución en la polémica con el centrismo, tanto del país como del extranjero)’ ha pasado por la prueba político organizativa del enfrentamiento a la represión dictatorial, ha acertado con sus pronósticos consignas y métodos de intervención en todo el proceso de desarrollo y descomposición de la dictadura, y ha sabido abordar desde un ángulo revolucionario su intervención en todas las formas del movimiento de resistencia de las masas Se ha dado el hecho político fundamental, y decisivo para la construcción de un partido proletario, de que ningún acontecimiento ni viraje de la lucha de clases a dejado de contar, sino con nuestra dirección, al menos con nuestra influencia”. Con este capital entramos a la nueva etapa.

–

Posición del Partido Obrero Revolucionario (POR) frente al gobierno udepista

POR Bolivia

 

1. Naturaleza de clase

El gobierno de la UDP es burgués democratizante, diferente a uno gorila o fascista, pues se esforzará por ser popular e implantar formas gubernamentales democráticas, aunque no podrá estructurar una verdadera democracia formal por la carencia de bases materiales y sociales para ello. Lo que haga o no, sus limitaciones e impotencia para lograr el desarrollo capitalista pleno e independiente del país (máxima aspiración de la burguesía nacional y no de la simplemente comercial o intermediaria), su total sometimiento al imperialismo, su inevitable capitulación frente a los sectores gorilas de las fuerzas armadas, a los que no puede destruir, etc., emergen de su naturaleza clasista más que de las virtudes o defectos de su líder Hernán Siles, los mismos que se pondrán al servicio de la clase dominante, que existe en la medida en que explota a la clase obrera, actúa como instrumento de la metrópoli foránea, saqueadora, opresora y que impide el desarrollo de las fuerzas productivas.

La incapacidad de la burguesía nativa para cumplir sus propias tareas es el resultado del desarrollo histórico boliviano, de la actual desintegración del capitalismo mundial y, sobre todo, de la presencia del proletariado como clase. El gobierno de la UDP no tiene capacidad alguna, esto por su naturaleza clasista, para salir de este marco por demás estrecho, pues para ello tendría que destruir el régimen de la propiedad privada, vale decir, dejar de ser gobierno udepista.

2. Democracia y gorilismo

Las garantías democráticas conquistadas por las masas en recia lucha, pueden permitir una más amplia organización y educación de éstas, a condición de que los educadores y organizadores no pierdan de vista la finalidad estratégica del proletariado. Corresponde aprovechar a fondo tales ventajas para llevar a los explotados hacia la conquista del poder.

El gorilismo fascista no cae del cielo, sino que se gesta y crece en el vientre de la burguesía, de la misma democracia capitalista (máscara de la dictadura de clase), por eso que su peligro y amenaza son permanentes. El movimientismo nos ha hecho el regalo de los generales gorilas.

Los explotados, en su lucha por liberarse y por liberar a toda la sociedad, no tienen más remedio que ^ajustar cuentas con el gorilismo y al hacerlo buscan su destrucción total: el advenimiento de la democracia formal no acaba con la amenaza fascista, se limita a postergar su zarpazo. Para aplastar definitivamente al fascismo hay que acabar con el propio régimen burgués. Al actuar en la lucha cotidiana no se debe olvidar que fascismo y democracia formal son dos caras de la misma medalla: del Estado burgués encargado de defender la propiedad privada capitalista.

El gobierno Siles no sólo que mantendrá latente la amenaza del golpismo gorila, sino que, en cierto momento (al enfrentarse con las masas enfurecidas, cuando fracase su programa tímidamente reformista), no tendrá más remedio que alentar la insurgencia de generales y coroneles, como la única tabla de salvación de la propiedad privada frente a la arremetida de los explotados.

3. Siles no cumplirá el programa democrático

Dejará pendientes de solución los problemas más agudos de las mayorías y estará muy lejos de superar la crisis económica estructural, que sólo puede encontrar su salida en el crecimiento de las fuerzas productivas, actualmente estranguladas por la propiedad privada burguesa y la pequeña propiedad parcelaria del agro. En esta medida no podrá menos que chocar con las masas descontentas, hambrientas y sin trabajo. El lujo de la democracia es inconcebible cuando se carece del pan cotidiano.

La agudización de la lucha de clases obligará al gobierno popular a reprimir a los descontentos, a dejar de ser popular. Si bien ya bajo la más generosa democracia burguesa las garantías constitucionales no pueden ser debidamente aprovechadas por los explotados, la “democracia” udepista restringirá mucho más la vigencia de dichas garantías para la mayoría nacional. Es oportuno recordar que la verdadera democracia será conocida y utilizada por los explotados, esto por primera vez en la historia, bajo la dictadura del proletariado.
La imposibilidad de superar el hambre y la desocupación sé sumarán al poco desarrollo capitalista y a la ausencia de una clase media enriquecida, como los obstáculos que impedirán los progresos en el camino del desarrollo de la democracia burguesa.

La elección presidencial no es todavía la democracia, hace falta el funcionamiento de un Legislativo vigoroso, la efectividad de la independencia de los poderes estatales, el sometimiento del sable a la ley y la alternabilidad en el poder mediante la papeleta electoral.

4. Los sucesos del 10 de octubre 

Un equipo burgués totalitario y profascista ha sido pacíficamente sustituido por otro burgués democratizante. Siles aparece como la carta que juegan todos los sectores burgueses: los generales, los empresarios, el imperialismo, los democratizantes y los izquierdistas que sirven a la clase dominante. El gobierno castrense, que cayó en una total inoperancia y se vio colocado contra el muro por la movilización de las masas, se asió con desesperación del congreso de 1980 y de la UDP. Con todo, bien pronto los grupos burgueses contendientes se lanzarán a combatir su criatura, no bien comprueben que no tienen posibilidades de satisfacer sus demandas excesivas de rápido enriquecimiento.

La burguesía no puede ser salvada gracias al simple manipuleo con algunos notorios personajes o caudillos, su caída es definitiva, tiene que ser expulsada del poder y sepultada por la arremetida de la nación oprimida acaudillada por el proletariado, la clase revolucionaria por excelencia.

5. La actitud del POR frente al gobierno Siles

Por principio, el Partido Obrero Revolucionario no puede sumarse a un gobierno burgués, por muy popular y democrático que sea; su razón de ser y su objetivo fundamental es el de encaminar a la nación oprimida hacia la conquista del poder. Es claro que, en caso de ataque del imperialismo o del fascismo contra la “democracia” udepista, el POR ocupará la primera fila en la lucha contra la reacción, no para identificarse o defender el programa de la UDP, sino para aplastar a las fuerzas atacantes, por considerar que por aquí pasa el camino que conduce a la destrucción de la burguesía y de su régimen. El primer deber insoslayable consiste en preservar a todo precio la independencia de clase frente al gobierno udepista.

Siles puede incluir en su gabinete a algunos ministros “obreros”, lo que de ninguna manera puede significar la transformación clasista del régimen, que es lo que cuenta en definitiva. La experiencia enseña que los ministros «obreros” no pasan de ser adornos de los gobiernos burgueses y que sirven para engañar a los incautos.

El anunciado “co-gobiemo” busca someter a los obreros a sus propios explotadores y estatizar a los sindicatos, que dejarían de defender los intereses obreros para dedicarse únicamente a colaborar en los planes gubernamentales.

El gobierno del «gran acuerdo nacional” no será más que la concentración de la clase dominante alrededor de Siles y contra los intereses nacionales y populares.

El POR señala las limitaciones de la UDP y en esta medida la combate. Por encarar las aspiraciones históricas del proletariado se opone al gobierno nacionalista burgués de Hernán Siles.

6. La situación revolucionaria

Partamos del supuesto falso de que la mayoría boliviana vibra ilusionada acerca de las posibilidades de realización revolucionaria del gobierno Siles; sin embargo, no se ha trocado la situación revolucionaria en su contraria, porque no se ha operado una transformación cualitativa en la conciencia de las masas. Rápidamente los explotados agotarán su experiencia e ilusiones democráticas encarnadas en la UDP y en el gobierno Siles, así se verán colocadas ante la necesidad de tomar el poder: el gobierno udepista habrá acortado el camino hacia la salida insurreccional, esto porque ayudará a los explotados a vivir su experiencia democrática y a superar sus ilusiones acerca de ésta.

¡MUERA LA BURGUESIA ENTREGUISTA E INCAPAZ! ¡VIVA LA ALIANZA OBRERO-CAMPESINA!
¡VIVA LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIAS!
_

EL POR LLAMA A ORGANIZAR EL F.R.A.
RETIRO DE LAS TROPAS DEL EJÉRCITO DE LAS MINAS Y DE LAS POBLACIONES DEL AGRO
TRABAJO PARA LOS DESOCUPADOS Y ESCALA MOVIL DE HORAS DE TRABAJO
SALARIO MINIMO VITAL CON ESCALA MOVIL DE ACUERDO A LA ELEVACION DE PRECIOS

 

–

Uruguay: Otra dictadura que tambalea

Alfredo Fuentes

 

El 28 de noviembre se realizaron las elecciones de convencionales de los tres partidos autorizados por la dictadura militar, donde tenían derecho de voto todos los ciudadanos. Este esquema de “primarias” a la norteamericana jugaba un papel especial en el plan de digitación y regimentación de la dictadura, pues es un método para potenciar la manipulación de los partidos políticos por medio de la influencia económica de los grandes capitalistas y de la propia dictadura. Se impone hacer un breve balance de estas elecciones como complemento indispensable al texto que se va a leer, y que fuera escrito tres semanas antes.
La votación ha significado un inmenso golpe a la dictadura y de indudables implicancias para su mayor descomposición. Lo que se trató de presentar como una elección en la que no estaba en juego un cuestionamiento al régimen, se transformó en un nuevo plebiscito contra él. La votación se volcó a favor de los sectores del partido nacional y del partido colorado que impulsaron el NO en el 80, en una mayor medida que en aquel entonces. Obtuvieron el 80 por ciento, mientras que el NO había obtenido un 60 por ciento.
Los sectores pro-oficialistas (Pacheco en el partido colorado, Gallinal en el blanco) identificados con el SI en 1980 (35 por ciento) retrocedieron notoriamente (sumaron esta vez el 19 por ciento).
Surge inconfundible que se ha acentuado la tendencia política anti-dictatorial expresada con el NO del 80. Un hecho de gran importancia fue la imponente movilización, en la noche misma de las elecciones, de miles de montevideanos en el centro de la capital al grito de “liberar, liberar, a los presos por luchar” y “se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”, cosa que no había ocurrido en oportunidad del plebiscito. Dos días después, el festejo del triunfo de Peñarol en Chile derivó en una nueva manifestación antidicatatorial.
El gobierno militar ha sufrido una derrota en varios de los aspectos de su plan político. No pudo evitar que las elecciones asumieran el carácter de un plebiscito, ni consiguió que una fracción afín, la de Pacheco Areco, lograra conquistar la posición de primera minoría en el partido colorado. Desde este solo punto de vista, las elecciones lo obligan a alterar su plan político y a iniciar una fase de retroceso más acelerada, similar a la de la dictadura argentina.
En este cuadro de conjunto debe insertarse el bajo porcentaje de votos en blanco, que expresaban una línea independiente de los partidos burgueses y de la tendencia de éstos al compromiso con la dictadura. Revela que la burguesía tiene sometido al proletariado y a las masas. El voto en blanco obtuvo la mitad del porcentaje de votos que recibió el Frente Amplio en 1971. La razón principal de este fracaso ha sido la política del P.C. quien llamó a votar por los sectores “progresistas” de los partidos burgueses, aún después de haber sido forzado a pronunciarse por el voto en blanco. El PC sigue siendo la bisagra que ata a los explotados a los explota dores. Cuando se tiene presente esto se aprecia el enorme valor político del 12 por ciento de votos que obtuvo el votoblanquismo de Montevideo, pues está claro que reflejan una acentuada influencia clasista.
A pesar de la enorme votación que recogieron los sectores opositores burgueses, no es en si misma el elemento motor principal de la descomposición del régimen, como se demostró con lo ocurrido con posterioridad al NO, en 1980.
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que las elecciones pusieron de relieve algunas tendencias de gran importancia dentro de los partidos burgueses. En el partido colorado, la victoria fue de la fracción de Unidad y Reforma, que dirigen Jorge Batlle y J. Sanguinetti. Esta tendencia integró en el pasado el llamado “frente chico” de apoyo a la dictadura. Representa a fracciones financieras e industriales y tiene un definido planteo de defensa del cronograma político-electoral que prevee elecciones condicionadas para 1984. No se verificó el ascenso de las fracciones burguesas, como las de Tarigo y de Flores Silva, que canalizaban un movimiento juvenil de características más antidictatoriales.
En el Partido Nacional triunfó, en forma aplastante, la tendencia de Ferreira Aldunate, exiliado y proscripto, uno de los principales terratenientes antes del golpe. En estos diez años ha tenido acentuadas posiciones demagógicas, pero nunca ha pasado a la acción. Ha dejado a su hijo coquetear con un frente popular, la Convergencia, para mejor subrayar, con su propio distancia- miento, que se opone a que la crisis permita una recuperación de la izquierda. División del trabajo mediante, los dirigentes ferreiristas en el interior del país hacen abiertamente el juego de la colaboración con el régimen.
La instalación de los convencionales en ambos partidos acentuará las tendencias al compromiso con la dictadura, precisamente como resultado de la reconstrucción y afianzamiento de los aparatos partidarios burgueses y de la presión e influencia de la burguesía dentro de cada partido.
Dado que ninguno de estos dos partidos reviste las características de masas y policlasistas del peronismo o radicalismo argentinos, sus cúpulas están más sujetas al tráfico de influencias del gobierno y del imperialismo.
Ferreta Aldunate se ha caracterizado por una campaña especial de acercamiento a los imperialismos yanqui y europeo, apoyándolos políticamente en la cuestión de los derechos humanos.
La acentuación de la crisis de la dictadura, como resultado de las elecciones, tiene por factor decisivo al imparable descalabro económico, y a la organización de masas a que da lugar y que, necesariamente, ampliará.
Dos días, antes de las elecciones, el esquema económico, mantenido contra viento y marea por la dictadura, no pudo sostenerse más y se registró una gran devaluación. Con esto ha estallado la situación de incobrabilidad de los créditos internacionales y bancarios internos con la industria y con el agro. El 69 por ciento de las deudas internas son en dólares, de modo que la devaluación no actúa como aguadora de los pasivos, sino como revalorizadora de los activos. La bancarrota de la burguesía es un hecho formal.
Lo que se plantea es aprovechar las fuerzas revolucionarias que de aquí en más desatará la dictadura en su proceso de descomposición, para reconstruir las organizaciones de las masas (CNT, FEUU, sindicatos y gremios estudiantiles) y darle a la lucha contra la dictadura un carácter de masa.
Toda la experiencia del país y de las masas, a partir de la frustración del gran ascenso obrero de 1966-69 y de la huelga general de 1973, es que es necesario construir el partido revolucionario. La base de su programa es ésta: la conquista de la democracia y de la independencia nacional sólo será posible por medio de una revolución proletaria (revolución de las mayorías nacionales dirigida por el proletariado). Construir este partido es la tarea del día, porque se está tratando, nuevamente, de poner en pie organizaciones pequeño burguesas radicales, que suplantan su pasado foquismo por un democratismo burgués verborrágico.
Introducción
Se asiste en el Cono Sur de América Latina a la descomposición de los regímenes militares inaugurados con el golpe en Bolivia en 1971 (Uruguay y Chile en 1973 y Argentina en 1976).
Los militares chilenos y uruguayos formulan reiteradamente la tesis de que sus regímenes serían una excepción, en relación a Bolivia, Argentina e, incluso, Brasil. Estiman qué no caerán en las “vacilaciones” de sus correligionarios y que evitarán el surgimiento de situaciones prerrevolucionarias o revolucionarias.
Se trata de una ilusión; la descomposición de las dictaduras de ambos países es irreversible, aunque el ritmo de la crisis política y de ascenso de masas no puedan predecirse en modo alguno. A Uruguay le caben las generales de la ley en la presente situación prerrevolucionaria en Sudamérica.
Plebiscito de 1980: Primer gran golpe contra la dictadura
El Plebiscito convocado por la dictadura en noviembre sometía a consideración de la ciudadanía una reforma constitucional elaborada por los militares. Este evento formaba parte del primer cronograma de institucionalización esbozado cuatro años antes.
En la base de tal determinación estaba el hecho de que la dictadura, aún en el período de su mayor afianzamiento, no había logrado echar raíces en ningún sector de las masas.
De lo que se trataba era de fijar las bases de un proyecto de largo alcance para preservar las conquistas contrarrevolucionarias impuestas por el golpe de 1973.
Una vez desaparecido el elemento que cohesionó a todos los sectores del gran capital en tomo al golpe militar, o sea, el aplastamiento del ascenso de las masas, la dinámica en la evolución de la situación política estará marcada por las diferencias entre las distintas fracciones burguesas en cuanto a cómo en­cauzar la salida política en función del próximo reanimamiento. El aislamiento de la dictadura de las masas y los apetitos de los distintos sectores burgueses acosados por la crisis mundial del imperialismo acentuaron la virulencia de estos enfrenta­mientos.
Es así que la fijación del cronograma de institucionali­zación fue acompañada de feroces choques y purgas dentro de las fuerzas armadas.
Un ejemplo fue la destitución del presidente Bordaberry en 1976 (era presidente en momento del golpe y accedió a proseguir en sus funciones; su mandato expiraba en 1977) que en referencia a una posible salida política proponía un esque­ma de corte corporativista eliminando de la escena política a los partidos tradicionales. Otro ejemplo fue la ofensiva contra los sectores llamados “duros” del ejército (Cristi, Zubia, Prant), que derivó en numerosas destituciones.
Las motivaciones profundas de esta puja respondían a las intenciones de los distintos sectores burgueses nacionales y del imperialismo. En un comienzo éste es quien encabeza las pre­siones en favor de una ordenada institucionalización. Por eso, la caída de Bordaberry significó, mucho más que el hundi­miento de su proyecto corporativista de dudosa utilidad, el relativo alejamiento del poder del sector de los grandes hacen­dados y frigoríficos en beneficio del gran capital financiero y de un temporario aliento a la industria de exportación.
El cronograma fue lanzado en forma vaga e imprecisa en un principio aunque con elementos más que suficientes que denotaban la intención de preservación y continuidad de la cú­pula militar en el poder: elaboración de una nueva Constitu­ción por los militares, elecciones presidenciales en el 81 con candidato único acordado entre los militares y los partidos.
Paralelamente comenzaron a perfilarse los primeros indicios de un incipiente reanimamiento de las masas.
Esto se apreciaba claramente en el movimiento estudiantil con el desarrollo de algunas luchas reivindicativas y la recomposición de centros de estudiantes clandestinos en varias facultades. El movimiento obrero, mientras tanto, si bien no dejó de registrar durante todo el período algunos conflictos (corte de horas extras, petitorios salariales, paros parciales) presentaba de conjunto un estado de reflujo más profundo. No obstante, la dictadura fue recibiendo sobradas evidencias como para desconfiar del momentáneo retraimiento del proletariado uruguayo.
Uno tras otro, sus intentos de fijar una estructura legal de regimentación de la clase obrera encontraron la hostilidad y el rechazo. De nada sirvió la promoción desde el gobierno de las minúsculas y desacreditadas centrales sindicales amarillas CATUD y CGTU. Tampoco la posterior incursión directa en las principales fábricas de sectores de la marina autoproclamados “nacionalistas” y “enfrentados a la dictadura”, ofreciendo la formación de sindicatos “apolíticos” bajo su am- paro.
Finalmente el 1ro de mayo del 80, como síntesis y coronación de este recelo antipatronal y antidictatorial, toman forma, aunque aún incipiente y molecular, las tendencias clasistas que anidan en la clase obrera uruguaya. Una ola de paros parciales y totales fue la respuesta a la provocación dictatorial de transformar el 1ro de mayo en día laborable. El punto más negro del reflujo y la desmoralización había quedado atrás.
Plebiscito del 80
Fue durante el transcurso del 80 que se elaboró la constitución a plebiscitarse y en la cual descollaban los aspectos proscriptivos y antidemocráticos.
Del conjunto del pian político militar surge el propósito de atraer al proceso institucionalizador a los partidos tradicionales (PPTT) (se preveía también la confección de un estatuto de partidos…). Sin embargo, en el texto que se elaboró esto aparecía totalmente desvirtuado, ya que en el mismo se consagraba la preeminencia absoluta de los militares en el futuro ordenamiento institucional y a cuya autoridad quedaría subordinada incluso la actividad de los partidos.
Para ilustrar esto basta considerar algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto de reforma constitucional. Se preveía la inclusión expresa del COSENA (Consejo de Seguridad Nacional, integrado por los jefes de las FFAA) en el ejecutivo, también la creación de un Tribunal Constitucional, cuyos integrantes los elegiría la actual dictadura y cuyo mandato se extendería por 10 años, con prerrogativas para destituir parlamentarios, proscribir dirigentes e incluso partidos… Se establecía mayoría absoluta parlamentaria para el partido ganador
Para los sectores mayoritarios de los PPTT, el proyecto dictatorial no ofrecía, en estas condiciones, ningún elemento para recomponer los aparatos partidarios.
Jugarse al proyecto, habida cuenta del aislamiento social y político de la dictadura, podría significar ahondar peligrosamente el descrédito de los PPTT ante las masas, y sacrificar el rol que aún están llamados a jugar como baluarte de un régimen pseudo-democrático.
En el mismo sentido, los reclamos de los sectores de la burguesía agraria e industrial en creciente endeudamiento y estancamiento productivo -sin expectativas de solución por la dictadura— no encontraban en el plan político del régimen el puente para influir en las decisiones gubernamentales.
En resumidas cuentas los sectores mayoritarios de los PPTT se vieron empujados a impulsar el NO a la constitución militar. La respuesta de las masas no se hizo esperar. El debate cundió primeramente en la juventud, luego en el movimiento obrero y toda la población.
La dictadura se empleó a fondo a levantar el SI a la Constitución. Desplegó para esto una arrolladora ofensiva propagandística en todos los medios de prensa contando con el concurso activo de los sectores oficialistas de los PPTT (sector de Pacheco en el partido colorado, de Gallinal en el blanco). Incluso Pacheco, en ese entonces embajador en Washington y con sus derechos políticos suspendidos (ni siquiera él había escapado a las proscripciones de la dictadura), envió un mensaje ampliamente difundido llamando a votar por SI. Pero todo esto fue inútil. El 30 de noviembre la votación por el NO fue arrolladora (60 por ciento).
Consecuencias del plebiscito
La dictadura no tuvo más remedio que reconocer el triunfo del NO al proyecto de reforma constitucional, con lo que al mismo tiempo reconocía la temprana quiebra de su cronograma. La impotencia ante este fracaso estrepitoso en circunstancias que ella misma había elegido y programado en cuenta de la gran crisis abierta.
Fue claramente evidente que la campaña por el NO no escapó del control de la burguesía democratizante y que estos se apuraron a proclamar, antes y después dé la votación, que el NO era un voto por la vigencia de las instituciones de la democracia burguesa (el parlamento, los partidos patronales, etc.), sin sacar la conclusión que, para ello, había que derrocar a la dictadura. Por eso su propia conducta posterior fue la de tender decididamente puentes a la dictadura con vistas a un «acuerdo nacional”.
De la impasse de la dictadura al «diálogo» político
La repercusión de la derrota plebiscitaria se reflejó en el interior de las FFAA en una sorda pugna de fracciones y en un profundo inmovilismo. La disputa giraba en tomo a dos alternativas opuestas:
O bien desconocer el resultado del plebiscito y renuncia a la «institucionalización”, o bien aceptar la derrota del cronograma, confeccionar uno nuevo pasando por un acuerdo con la oposición burguesa.
La vigencia de la segunda alternativa estaba determinada por la existencia de un frente coyuntural y de hecho entre el imperialismo y la burguesía nativa a favor de la «institucionalización”. Esta interesa al imperialismo para comprometer de conjunto a los explotadores nativos en el pago de la deuda externa y de los compromisos contraídos por la dictadura. El imperialismo necesita, para sus inversiones, un sistema de garantías más amplio que los que ofrecen los regímenes de facto. El interés de la burguesía nacional es parcialmente diferente, pues para ella se trata de ampliar su influencia general en el aparato del Estado, para parar su bancarrota económica. Puede verse obligada a movilizar a las masas con esta finalidad. La «institucionalización” oculta, por lo tanto, intereses contradictorios cuyo enfrentamiento es uno de los elementos de la crisis política de estos períodos de transición.
El tenaz esfuerzo para que las controversias no escaparan del cuadro interno de las FFAA y el largo período de indefinición (6 meses) da cuenta del carácter virulento de los enfrentamientos y de la paridad de las tendencias en pugna.
Durante este lapso se acrecientan los elementos de crisis del régimen. Por un lado el gran endeudamiento y el estancamiento progresivo de los sectores del agro y de la industria que los empuja a criticar al gobierno y aumentar sus reclamos. Por el otro, al influjo de la campaña por el NO, se aprecia en las masas y particularmente en la juventud una mayor disposición a la lucha. Así es que en el verano (primeros meses del SI) se desarrolló una gran agitación contra el examen de ingreso a la Universidad (implantado un año antes), impulsada por estudiantes universitarios y de secundaria, que recogió la simpatía masiva de la población. Las 10.000 firmas reunidas en esta oportunidad reclamando la derogación del examen, se duplicaron con la prosecución de la campaña por el estudiantado de secundaria una vez comenzados los cursos. A su vez, en los primeros meses del 81 las asambleas y reuniones estudiantiles fueron las más intensas desde el golpe.
Los burgueses que encabezaron el NO se orientaban en el sentido contrario a la lucha estudiantil. Si bien hubieron de reflejar la tendencia hacia la izquierda de las masas operada a instancias del plebiscito (verborragia democrática, planteo de Asamblea Constituyente) y dar cierta acogida a la campaña estudiantil —tratando obviamente de enmarcarla en su estrategia de conciliación con la dictadura—, la orientación de todas las fracciones burguesas que impulsaron el NO fue la de buscar sacar a la dictadura de su aislamiento e inmovilismo. Desde las tiendas blancas y coloradas se ofrecía la vía del «acuerdo nacional” para fijar un nuevo plan de «institucionalización» esmerándose en dar pruebas a los militares de la disposición a aceptar el rol protagónico de las FFAA en el futuro institucional: «Luego de lo ocurrido en los años 70… estoy de acuerdo en que no se trata de la restauración del viejo régimen” (Manini Ríos, «Opinar”, 15/1/81). Por su parte Tarigo (también de la «oposición» colorada) bregaba por una salida «que recoja y resuma a la vez la imperecedera tradición democrática y los reclamos de lo tiempos que corren que no son de bonaza” (“Opinar ´, 14/12/80). El directorio del Partido Nacional (que responde a W. Ferreira Aldunate y que también propagandeo el NO), en su declaración de marzo del 81 manifestaba: “El Partido Nacional no ignora que las FFAA continuaran cumpliendo un rol político durante el periodo de transición y con la futura constitución se determinara en qué grado y bajo qué forma acompañaran a los mandatarios populares”
La impotencia y sumisión de la burguesía “democratizante” corría paralela al cuadro de crisis y descomposición dictatorial Una serie de denuncias de negociados y fraudes que envolvían a diversos jefes militares comenzaron a salir a luz. El propio imperialismo, a la vez que emprendía negociaciones con los militares y políticos en la embajada yanqui, dejaba trascender en la prensa extranjera las acusaciones y denuncias, lo cual derivó en la sucesiva exclusión de los sectores más hostiles a la concertación de un nuevo plan político (Nuñez, Ballertnno, Arregui, etc.). De esta forma fue ganando peso dentro del ejér­cito la fracción de Álvarez y con ella las condiciones para la instrumentación del tan aclamado «diálogo» político. La pren­sa burguesa lo reflejó como un llamado imprevisto a los políti­cos por parte de la COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos de las FFAA); lo cierto es que desde semanas antes los órganos de la oposición blanca y colorada venían preparando el terreno, con referencias a la necesidad de la «transacción» y de la ‘transición» —señal de que las negociaciones desde la embaja­da ya habían dado sus frutos.
El diálogo político
El 8 de junio se inician finalmente las negociaciones entre los dirigentes políticos convocados por las FFAA (integrantes del Partido Nacional —o Blanco—, del Partido Colorado y de la minúscula e irrelevante Unión Cívica Radical y la COMASPO -Comisión de Asuntos Políticos de las FFAA).
La propuesta que presentan los militares es que se avale un nuevo presidente militar por tres años y medio; que los partidos pasen a integrar el Consejo de Estado, cuya renovación sería simultánea a la designación del presidente (Órgano legislativo creado por la dictadura, en los hechos totalmente decorativo); que se confeccione un Estatuto de Partidos, luego de cuya aprobación estos tres partidos participantes del diálogo quedarían habilitados para funcionar; que se levanten gradualmente las proscripciones de políticos burgueses; que se llame a elecciones internas de los partidos habilitados en noviembre del 82; que se elabore una nueva constitución, durante el 83, entre militares y civiles propuestos por las FFAA y los dirigentes electos de los partidos (para esta instancia los militares han dicho reiteradamente que propondrán los aspectos medulares de la constitución rechazada en el 80: institucionalización del COSENA, etc.); que las elecciones nacionales tengan lugar a fines del 84 y que el nuevo gobierno se instale en 1985.
Salvo la negativa de los sectores mayoritarios de los partidos de pasar a integrar el Consejo de Estado (no así los sectores pro oficialistas, en particular el pachequismo, que contribuyó con varios consejeros) el conjunto del cronograma propuesto fue aceptado unánimemente.
De esta forma, los partidos lograron que la dictadura, al menos en parte, retome la iniciativa política. No obstante, y este es otro de los aspectos que mueven a los PPTT a socorrer a la dictadura, la situación del régimen hay que analizarla en referencia a las tareas que tiene por delante, y aquí surge que los problemas se han agudizado y los plazos se acortan: la crisis económica se profundiza día a día y cobran mayor fuerza las protestas de los distintos sectores de la burguesía en quiebra; el futuro del plan político, íntimamente ligado a lo anterior, también es objeto de distintos enfoques y desavenencias.
Esto se explicitó tempranamente en las maratónicas reuniones de los altos mandos militares que precedieron a la elección de Álvarez como presidente.
Con la asunción de Álvarez y la aprobación del nuevo cronograma se comenzó a tejer la posibilidad de que el presidente intentara encabezar la forma de un partido y reelegirse en 1984 La cuestión cobró importancia en función de la discusión que se venía desarrollando con los políticos acerca del Estatuto de Partidos. Álvarez acusaba a los sectores opositores de los partidos de estar “infiltrados” por el marxismo y planteaba la afiliación previa a elecciones internas de los partidos.
“Búsqueda”, semanario oficioso de la gran banca, condenó rápidamente los planteos de Álvarez. Dentro de las FFAA, el General Raimundez, desde su influyente puesto presidente de la COMASPO impuso el proyecto de Estatuto, planteado que las elecciones internas serian abiertas para todo el cuerpo electoral y que se ratificaba la ley de lemas. Esto desahuciaba las posibilidades de un partido oficialista. No obstante, el propio Raimundes es reemplazado por Rapella, y a esto le sigue un incremento de la represión.
La crisis económica
Uno de los aspectos claves de la crisis política del régimen es el acelerado deterioro económico. El producto bruto interno, que en 1979 alcanzó su máximo incremento ( + 6,8 por ciento), a partir de entonces evolucionó en un descenso vertiginoso ( 4- 4,5 por ciento en el 80; – 1,3 por ciento en el 81 y – 6,4 por ciento en el primer semestre del 82). Los sectores que contribuyeron al efímero crecimiento de la producción en el 79, fundamentalmente las industrias de exportación de productos no tradicionales (cueros, textiles) como así también la construcción, progresivamente entraron en franco retroceso y estancamiento.
Debido a la repercusión de la crisis capitalista mundial y en el marco de la política económica que se vino aplicando (fijación de la paridad cambiaría manteniendo subvaluado el dólar, altas tasas de interés, apertura comercial) de neto beneficio al gran capital financiero —y los sectores burgueses nacionales que de alguna y otra forma se vinculan a él-, el grueso de la industria y del sector agropecuario fue ingresando a una fase de creciente estancamiento, con la contracción de abultados endeudamientos (más de 1.000 millones de dólares cada sector) que, en el caso de la industria, llevó al cierre masivo de empresas y el consiguiente incremento de la desocupación (esta pasó del 6 por ciento a mediados del 81, a un 13 por ciento en la actualidad).
Consecuencia de la recesión mundial se vino operando una notoria disminución del comercio exterior (en el primer semestre del 82 hubo un descenso-del 29,6 por ciento del valor de lo exportado respecto a igual período del año anterior). A raíz de la crisis interna se redujeron aún más las importaciones, pero esto no eliminó el déficit de la balanza comercial (- 278 millones de dólares en los 12 meses al 30/6/82; – 491 millones al 30/6/81). No obstante esta reducción del déficit, la deuda externa se expandió enormemente.
Inmersa en este cuadro de aguda crisis económica la dictadura se vio obligada a negociar con los sectores en bancarrota. Esto determinó que, a fines del 81 se tomaran una serie de medidas de auxilio a los empresarios rurales, consistentes en reintegros a las exportaciones y exoneración de impuestos y se instó a los bancos y a la Federación Rural a discutir fórmulas de refinanciación de las deudas de los productores.
Se llegó a un principio de acuerdo que, dadas las leoninas condiciones exigidas por los bancos, provocó una crisis en el sector agropecuario. Las posturas de apoyo al conjunto de estas medidas por parte de la dirección de la FR (Chiarino, Rachetti) se transformaron luego —después de la reunión con los presidentes de las sociedades federadas del interior, que reflejaban en cierta formar las presiones de los pequeños y medianos productores— en críticas a la «inconducta generalizada de los bancos». El problema de la refinanciación de la deuda permaneció planteado en toda su magnitud.
Los productores medianos y pequeños hacían sentir su voz, pero al no disponer de una organización y un programa independiente de los grandes terratenientes y latifundistas asistían impotentes al remate de sus campos. Así es que los granjeros y colonos, que se dedican a la agricultura o que combinan esta actividad con la pecuaria señalaban la inoperancia del conjunto de las medidas gubernamentales, alertando que continuaría la sangría del sector que ya había arrojado el saldo de la desaparición de 20.000 pequeños productores en ’el último período (la mediana y pequeña explotación agrícola con el 10 por ciento de las tierras origina un producto similar a los latifundios pecuarios).
Las medidas también recogieron las críticas de la Cámara de Comercio (sector de Importadores) afectados por el gravámen del 10 por ciento para las importaciones, que se dispondría para los reintegros a las exportaciones agropecuarias. Los frigoríficos, a su vez, reclamaban mayores devaluaciones.
Para intentar frenar la progresiva disgregación del frente burgués la dictadura se ha esforzado en estrechar lazos con los distintos sectores en crisis designando a sus representantes directos en las carteras ministeriales respectivas (Mattos Moglia en Agricultura y Pesca, Luisiardo en Industria y Energía) y buscando el apoyo de las capas más proimperialistas de estos sectores (ascenso de Braga a la dirección de la FR).
No obstante, el telón de fondo continuó siendo el agravamiento de la crisis económica.
Ya en los primeros meses del año se entablaron negociaciones con el FMI para la obtención de un crédito de 600 millones de dólares; es que la disminución de las reservas del Estado, debido al drenaje de divisas para cubrir el déficit fiscal y la fuga de capitales, adquirió un ritmo vertiginoso. Entretanto prosiguió la disminución de los ingresos del Estado, el aumento de los egresos y la pérdida de las reservas llegó en septiembre a la friolera de 500 millones de dólares.
En el afán de prevenir una quiebra generalizada se propuso, en base a la asistencia financiera estatal, refinanciar el 33 por ciento de la deuda que los sectores del agro y de la industria mantenían con la banca privada. El principio de acuerdo logrado con la industria no pudo concretarse para el agro, lo cual se manifestó en la abrupta ruptura de las negociaciones de la FR con el gobierno debido a las exigencias de los grandes ganaderos que concentran la gran parte de la deuda.
Ahora se considera la posibilidad del traspaso de las carteras incobrables de la banca privada al Estado a cambio de un crédito que éstos le concederían al gobierno.
Con este intento, aparte de abrir la posibilidad de socorrer a los grandes ganaderos, el gobierno trata de darle una sobrevida al gran capital financiero abrumado por las deudas incobrables que ya ha llevado a la quiebra de varios bancos y a su adquisición por capitales extranjeros (Banco del Plata, Panamericano, El Litoral; se anuncia la compra del Banfed).
Ante este panorama de descalabro económico, en el marco de las exigencias del FMI se anunciaron las recientes medidas: nuevo impuesto al salario del 3 por ciento para los trabajadores y 2 por ciento a las patronales y un adicional al impuesto al patrimonio del 100 por ciento.
Junto al problema de la creciente desocupación (13 por ciento según cifras oficiales), se consuma así un nuevo ataque al salario, que se agrega al ya registrado con el gravamen de junio y al congelamiento impuesto desde enero al tiempo que se anuncia la perspectiva de «liberalizar» el salario privado para el año próximo y congelar el de los empleados públicos.
Como decíamos en Tribuna Obrera Nro. 10 (Órgano del SR): “Salvo el acuerdo común de hacer recaer todo el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, la dictadura se debate en tomo a las tendencias contrapuestas de los distintos sectores burgueses. Sus denodados esfuerzos para lleva a te los dictados del gran capital financiero, a la vez que éste con desconfianza las maniobras de salvataje del gobierno y exige mayores concesiones, no logra conformar a la burguesía agraria e industrial. La sorda pugna que hoy por hoy la dicta dura trata de atemperar, no hace más que potenciar el carácter virulento de los enfrentamientos y resquebrajamientos del frente burgués que la sostiene ante la perspectiva inevitable del colapso económico”.
Hacia las elecciones internas
Finalmente fue aprobado el estatuto de partidos (mediados del 82) en base al cual se realizarían las elecciones internas; en él se consagra la habilitación de los tres partidos que participaron del «diálogo» -Colorado, Nacional (o Blanco) y Unión Cívica Radical— rarificándose entonces la proscripción de todos los partidos obreros y de izquierda, también el PDC. Sé le confiere atribuciones a la Corte Electoral (electa por la dictadura) para destituir parlamentarios, proscribir dirigentes políticos e incluso partidos; en el texto sancionado se incorporan además una serie de artilugios proscriptivos (no habrán candidatos nacionales, sino únicamente departamentales; las corrientes internas no se podrán identificar en la campaña electoral con sus nombres característicos sino a través de una «combinación de letras» que determinará la corte electoral; no habrá elección directa de los directorios de los partidos sino que en cada uno de ellos se elegirá una Convención Nacional de 500 miembros quienes posteriormente designarán al directorio).
El conjunto de los políticos patronales avalaron el estatuto, reafirmando así su compromiso con la dictadura; esto teniendo en cuenta que no se podrán candidatear los principales dirigentes de los partidos tradicionales que continuarán inhabilitados (Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira en el Partido Nacional; Vasconcellos y J. Batlle en el Colorado).
Frente a la aprobación del estatuto el Partido Nacional decía: “pero lo que sí debemos proclamar es que el referido trámite de esta tan manoseada ley de Partidos ha dejado muchísimo que desear y no debe reiterarse cuando lleguemos a las etapas más trascendentes del diálogo, que serán definitorias del futuro nacional» (“La Democracia» Nro. 24).
La oposición colorada mientras tanto: “Con una buena ley, con una ley regular, o con una mala ley, iremos igual, libraremos nuestra segunda batalla de estos tiempos,… el batllismo volverá a ser la clara y decisiva mayoría del Partido Colorado» (E. Tarigo, “Opinar», 3/6/82).
En tanto los opositores al gobierno dentro del Partido Nacional lograron mantener, en grandes líneas, su unidad, las fracciones opositoras del Partido Colorado se presentan divididas en varias listas (Sanguinetti, Tarigo, Flores Mora, Flores Silva, etc.).
Al tiempo que se hacen evidentes las dificultades y el aislamiento de las fracciones pro oficialistas (Pacheco en el Partido Colorado, Gallinal en el Blanco) la dictadura se ha venido ocupando de asegurar el encuadramiento de los partidos —y, en especial de las fracciones más conflictivas (ferreirismo) — a su férreo plan continuista. Desde julio, la oposición del Partido Nacional (ferreirismo) no cuenta con su principal órgano de difusión, “La Democracia» (clausurado hasta después de las elecciones), una y otra vez los militares han vuelto a reafirmar la prohibición de «mencionar» a los políticos proscriptos (mientras estos son coreados constantemente por la concurrencia a los actos partidarios), su intención de institucionalizar el COSENA en la futura constitución a discutirse el año próximo, llegando más recientemente al encarcelamiento de varios candidatos y a la inhabilitación de 5 de ellos (4 de la oposición blanca y el restante, segundo candidato de la lista de Sanguinetti).
La adaptación ha sido total, al punto que la oposición del Partido Nacional, a dos semanas de las elecciones, ha dejado de celebrar actos públicos por temor a que le inhabiliten más candidatos.
Campaña por el voto en blanco
Para definir la postura a adoptar con respecto a las internas hay que hacer una obligada referencia a la situación de las masas en todo el período previo; es así que a partir del plebiscito del 80 se manifestó un claro repunte del movimiento estudiantil con la lucha contra el examen de ingreso a la universdad (primeros meses del 81) y el incremento en la actividad d los centros de estudiantes (asambleas, petitorios, etc.). No obstante esta tendencia se revirtió con la feroz represión desatan desde al ascenso de Álvarez y la parálisis de la dirección de FEUU (en manos del PC).
Si bien se han registrado hechos aislados que dan cuenta de la potencialidad de un futuro despertar de las masas (manifestación del 30/10/81 en conmemoración del plebiscito; huelga de los obreros de la Compañía de transporte Cutcsa en febrero del 82) continúa aún la desarticulación y desorganización del movimiento obrero y de la juventud. La actividad desplegada en el presente año en los incipientes gremios obreros V estudiantiles si bien demuestra la tendencia latente en el seno de las masas a la recomposición de sus organizaciones, no alcanza para cambiar esta caracterización.
De acuerdo a esta situación de ausencia de grandes luchas es que tempranamente en el seno del activismo obrero y estudiantil comenzó a cobrar importancia la realización de estas elecciones y las posibilidades que ellas presentaban para gestar alguna forma de respuesta a la dictadura, como aconteció con el plebiscito del 80.
Por estar en juego además la legitimación del plan continuista dictatorial, del cercenamiento de elementales libertades democráticas -y, por estar abierta la elección a toda la ciudadanía (no es necesario ser afiliado a ningún partido para votar)- se plantea incluso para todos los partidos proscriptos la necesidad de fijar posición.
Tempranamente el PC desde su publicación «Venceremos» editada en el exterior (septiembre), llamaba a votar a los candidatos «progresistas» de los partidos burgueses habilitados. En esta postura se refleja la política de sometimiento del proletariado a los partidos burgueses.
En contraposición, previamente se habían dado a conocer sucesivas cartas del líder del Frente Amplio Líber Seregni (continúa en prisión desde su encarcelamiento en el 73), llamando a votar en blanco en noviembre.
La importancia del llamado junto al pronunciamiento de otras corrientes obreras y de la izquierda y el consenso que se fue generalizando en el activismo (alcanzando a la propia militancia del PC) de propiciar el voto en blanco llevó a una crisis de la política del stalinismo.
Así es que a fines de septiembre en una reunión en el exterior de las corrientes que integran el Frente Amplio, el PC (y el PS) se opuso en la votación que finalmente decidió el pronunciamiento del bloque de corrientes en favor del voto en blanco El PC no tuvo más remedio que, al menos formalmente, acatar la resolución del Frente Amplio. Este es un hecho sintomático de las arraigadas tendencias clasistas y de desconfianza en la política burguesa que potencialmente poseen el conjunto de las masas y que, hoy por hoy, se expresan en la aún raleada vanguardia obrera y estudiantil que se está templando en el duro combate antidictatorial. Es la pugna de estos sectores por abrir un canal de lucha al margen de la política de los partidos patronales el real sentido con que han tomado la consigna del voto en blanco.
Pero la estrategia de las corrientes mayoritarias de la izquierda uruguaya (que integran el Frente Amplio: PC, PS, PDC) desvirtúa el carácter de la campaña y tienden a amordazar su desarrollo. Es que el llamado del Frente Amplio a votar en blanco al mismo tiempo exhorta a blancos y colorados a votar a sus candidatos «progresistas».
Por más que la convocatoria debe hacer una obligada alusión a la necesidad de quebrar el cronograma militar y gestar un nuevo NO, en realidad su orientación significa un aval al plan pactado por militares y políticos burgueses restringiendo el sentido de la campaña al espúreo propósito de «marcar» los votos de la izquierda para presionar por su habilitación en las futuras instancias del proceso.
En el polo opuesto de este planteo, el Socialismo Revolucionario es la única corriente que se ha lanzado a la campaña por el voto en blanco (desde hace tres meses) con una clara orientación antidictatorial. Así es que ha venido llamando al frente único a la CNT, a la FEUU, a todos los partidos obreros y de izquierda a impulsar el voto en blanco de toda la ciudadanía y a formar comités por el voto en blanco en todos los centros de estudio, en las fábricas y barrios, levantando una plataforma que contempla las reivindicaciones democráticas y sociales de la gran mayoría de la población. El ángulo de la campaña es reventar el plan de la dictadura, para facilitar el acercamiento de quienes creen que esto se lograría votando a los sectores antigubernamentales de los partidos patronales.
El PC (como las corrientes que integran el Frente Amplio) se apoyan y alientan justamente el aspecto negativo de estas ilusiones, o sea la confianza en los políticos patronales, por lo que esto constituye una traición al proletariado y refuerza su sometimiento a la política burguesa. A pesar de la conducta de estas direcciones, la importancia que está teniendo la campaña por el voto en blanco con la constitución de numerosos comités, es la de marcar el camino de movilización y organización al margen de los partidos patronales a la joven vanguardia obrera y estudiantil ante las futuras instancias de lucha y movilización antidictatorial que inevitablemente se darán ante la estrechez del plan político de la dictadura y los embates de la crisis económica que amenazan con enterrarlo.
7 de noviembre de 1982

Alfredo Fuentes (miembro de la Dirección de “Socialismo Revolucionario” de Uruguay)

–

Brasil: Balance de las elecciones del 15 de noviembre

Organización Cuarta Internacional – Brasil

 

Desde un punto de vista formal el resultado de las elecciones del 15 de noviembre constituye una derrota aplastante del gobierno militar. El partido oficialista -PDS- sumó aproximadamente un tercio del conjunto de los votos mientras que los cuatro partidos que se reclaman de la oposición -PMDB, PDT, PT y PTB- alcanzaron un total próximo al 60 por ciento (el 40 por ciento el PMDB, los votos blancos y nulos -entre 8 y 10 por ciento- cubren la diferencia). El partido de la dictadura perdió en todos los Estados más importantes del país con excepción de Rio Grande do Sul. En este último, no obstante, el candidato oficialista no sólo es minoritario -el PMDB, el PDT y el PT suman 60 por ciento de los votos- sino que arrancó una diferencia de apenas 11.000 votos sobre el PMDB, que fue denunciada como fraudulenta. En los Estados del Nordeste, donde el oficialismo triunfó, fue igualmente derrotado en prácticamente todas las capitales y en las ciudades más populosas. En Bahía y Pemambuco, por ejemplo, el PMDB ganó en 9 y 7 de las 10 ciudades más grandes de ambos estados, respectiva-mente. En el Centro-Sur, el avance de la oposición a nivel municipal fue arrollador: en San Pablo, el PMDB ganó en 60 por ciento de los más de 500 municipios del Estado, donde hasta ahora predominaba absolutamente el oficialismo.
Carácter de las elecciones
Las elecciones, en las cuales por primera vez desde 1964 se elegían en forma directa a los gobernadores, constituyeron una pieza del operativo de la «apertura política” iniciado por Geisel y desarrollado por Figueiredo. Se trata de un proceso que responde al interés del conjunto de la burguesía, dirigido a introducir las modificaciones necesarias de un régimen político agotado, sin que* este se derrumbe en el curso de la transición política. Por esto, la oposición burguesa aceptó una serie de condicionamientos y arbitrariedades impuestas por la camarilla militar, destinados a mantener bajo su control los aspectos decisivos del poder del Estado. De aquí que el proceso electoral fuera sometido a una serie de regimentaciones destinadas a manipular el sufragio universal hasta límites inconcebibles. En verdad existe una suerte de voto «calificado” y, como en el famoso libro de George Orwell, todos los votos son iguales pero algunos son más iguales que los demás. La representación de los Estados en el Congreso es deliberadamente desproporcional y privilegia a aquellos más atrasados en los cuales la corruptela y él clientelismo del gobierno juegan un papel preponderante. Esta desproporcionalidad explica que el gobierno haya «conquistado” casi el 50 por ciento de la Cámara de Diputados. Además, dispone de mayoría absoluta en el Senado, en el cual un tercio de los senadores son los llamados «biónicos” —elegidos a dedo por Geisel en 1978- y cuyo “mandato” se extiende hasta 1986.
La cédula electoral era por sí sola una verdadera estafa porque no figuraba en la misma la sigla partidaria y el elector era obligado a escribir de su propio puño el nombre completo o el número de cada uno de los seis candidatos por los cuales debía votar (gobernador, senador, intendente, diputado federal, diputado estadual). El voto era «vinculado”, es decir, se debía votar obligatoriamente por todos los candidatos de un mismo partido. Esto «aseguró” el voto oficialista entre amplios sectores de la población rural, pequeñas y medias ciudades y en el Nordeste particularmente, donde el candidato local, apoyado en la máquina de corrupción, gubernamental «ataba” su voto al de todos los candidatos del partido. Según voceros del propio gobierno, este voto «vinculado” salvo al gobierno de una catástrofe total.
A todo esto debe agregarse el hecho de que por una ley promulgada varios años atrás estuvo prohibido el acceso de candidatos a la radio y televisión mientras el gobierno disponía de horarios para la propaganda dé sus «obras” y del «progreso” realizado desde el golpe militar de 1964. Más todavía: como el colegio electoral que debe’ elegir el próximo Presidente en 1984 es, el propio Congreso más 6 delegados por Estado, el gobierno resolvió «enmendar” la Constitución meses antes de las elecciones y resolver que esos 6 delegados debían ser del partido con mayor número de votos, esto para evitar que en algunos Estados la oposición coaligada enviase su propia representación. Resultado: en el colegio electoral el PDS tendrá la mayoría absoluta: 348 electores sobre 686 (479 diputados, 69 senadores, 138 representantes estaduales).
Es cierto que la oposición reforzó considerablemente, a pesar de todo, su representación en el parlamento y conquistó importantes Estados, pero los gobiernos estaduales se encuentran totalmente sometidos al centralismo burocrático impuesto por la camarilla militar. La Constitución vigente retira del poder legislativo inclusive la exclusividad de… legislar ya que concede al Presidente «en casos de urgencia o de interés público relevante” el derecho de expedir decretos-ley sobre seguridad nacional (sic), finanzas públicas, normas tributarias, cesión de cargos públicos, etc. También reserva al Presidente el derecho exclusivo de elaborar leyes sobre cuestiones financieras, relativas a las Fuerzas Armadas, a la organización administrativa o judicial, a la amnistía relativa a crímenes políticos, etc… Asimismo puede establecer él «estado de emergencia” (una suerte de estado de sitio) sin consultar al Congreso y por otro artículo «constitucional” se prohíbe la apreciación judicial de cualquier «acto institucional” del Ejecutivo. Fue también la legislación dictatorial la que llevó a los Municipios y Estados a convertirse en verdaderos apéndices del poder central ya que se reservó el derecho de retener y manejar el 95 por ciento de la recaudación tributaria de los municipios y aproximadamente el 60 por ciento de los tributos del conjunto de los Estados. De aquí que los gobernadores sean una suerte de delegados del Ejecutivo nacional, pues carecen casi completamente de autonomía económica.
Es necesario por lo tanto caracterizar las elecciones y su resultado en función de toda la operación de salvataje de la camarilla militar, que constituye uno de los aspectos decisivos de la apertura política en curso.
La continua desintegración de la dictadura
La burguesía en su conjunto se mostró satisfecha con el resultado electoral. Oficialistas y opositores no han titubeado en embellecer los comicios y mistificar esta caricatura de democracia. No se debe despreciar el hecho de que para él conjunto de las fracciones burguesas todo el operativo de la: «apertura política”, ha sido coronado con elecciones «tranquilas”, sin que la estantería se venga abajo, gracias al carácter fraudulento y profundamente antidemocrático de todo este proceso. La oposición burguesa desarrolló un enorme esfuerzo para sostener a muerte el proceso de convergencia con la camarilla militar. El PMDB, victorioso en los principales estados, puso particular empeño en colocar en candidaturas claves a una serie de elementos provenientes del propio frente gubernamental y que ya formaron parte, en diversas oportunidades, de la primera línea del gobierno militar. El nuevo vicegobernador de Paraná -Jaime Canet- fue gobernador del Estado con Geisel, el gobernador electo de Espíritu Santo -Gerson Camata- es un ex diputado federal de ARENA, el senador más votado de San Pablo -Severo Gomes (apoyado por el PC)- fue Ministro de Castelo Branco y de Geisel, el próximo gobernador de Minas Gerais es el ex jefe del PP, creado bajo la inspiración de Golbery como base alternativa de sostenimiento al gobierno, el flamante gobernador elegido por el PMDB en Pará contó con el apoyo del gobernador actual — Alacid Nunes— que salió recientemente del PDS.
Las elecciones expresaron en este sentido un reacomoda- miento de las relaciones interburguesas. El ascenso del PMDB refleja, justamente, el cambio dé frente de un conjunto de sectores de la burguesía. El programa del partido fue estructurado en función de esto y de ahí que reclame como prioritario una reforma tributaria y una política de disciplinamiento del capital extranjero. Propugna un intervencionismo estatal que atenúe la bancarrota financiera de los estados y municipios V la tremenda presión del imperialismo (Brasil tiene una hipoteca de 90 billones de dólares). Esta es la razón por la cual el PMDB y el conjunto de la burguesía reclaman una «reforma constitucional” que «legalice” una recomposición de poder, incorporando a las fracciones disidentes y marginadas en la actualidad! Toda la línea del PMDB se orienta a impulsar este procesó bajo la forma de un acuerdo general negociado con los militares. El ya citado Tancredo Neves -futuro gobernador de Minas por el j PMDB— ya se pronunció contra las elecciones directas para  Presidente en favor de un acuerdo negociado en el Congreso» para elegir al sucesor de Figuiredo. El conjunto de gobernadores pemedebistas rechazó explícitamente el planteo de formar un «frente común” en oposición al gobierno militar. Montoro, electo por el PMDB en San Pablo, llegó al extremo de plantear la estupidez de que tal frente sería una «nueva forma de autoritarismo”.
Que está oposición haya canalizado el voto popular es un claro indicador, del dominio de la política burguesa sobre el movimiento dé las masas. El stálinismo se metió hasta el pescuezo en el PMDB pomo elemento de refuerzo de esta situación. En nombre de la supuesta lucha democrática cumplió la función de ocultar la enorme adaptación del PMDB y sus compromisos con la dictadura, más definidos y claros en la misma medida en que se tomaba una alternativa de poder para sectores enteros de la clase dominante.
Esta línea de convergencia entre oposición y dictadura, que es la sustancia misma de la “apertura política’’ del régimen, opera como un reaseguro de la crisis política del régimen militar y es justamente lo que ha dejado satisfechos a los explotadores brasileños, pasada la “prueba” de las elecciones. Sin embargo, esta apreciación de los acontecimientos que, con palabras más o palabras menos, ocupa los editoriales de los más diversos órganos de la prensa burguesa del país es una verdad a medias. No cabe duda que el operativo de la “apertura” consiguió interesar a las masas y someterlas al cuadro de unas elecciones ultrarregimentadas y que sus resultados muestran, con la polarización a nivel nacional entre el PDS y el PMDB, que en el seno de las propias masas la política burguesa es hegemónica. Las masas no votaron con independencia de la burguesía y esto significa una victoria de conjunto de los explotadores contra el proletariado. No se verificó la perspectiva de que el PT canalizara una ruptura con la burguesía. Se trata de un factor de gran importancia en el balance de conjunto de las elecciones. La votación del PT a nivel nacional quedó abajo del 5 por ciento de los votos. En San Pablo obtuvo el 10 por ciento de la votación estadual y quedó en cuarto lugar, atrás inclusive del ex presidente Janio Quadros del PTB, un cadáver político manipulado por el gobierno para disminuir el poderío electoral del PMDB paulista. En otro estado, sacudido por violentas luchas por la tierra -el pequeñísimo Acre, al sureste de la región amazónica -donde el PT esperaba una gran votación, apenas superó el 5 por ciento del total. En Rio consiguió poco más del 3 por ciento y en los demás estados no superó el 1,5 por ciento en ningún caso, siendo que en la mayoría quedó abajo de la unidad porcentual.
Pero, aún en este cuadro, ninguna de las cuestiones fundamentales que están en la base de la impasse del régimen actual y de las divisiones y quiebras en el frente burgués han sido solucionados y este es un dato clave cuando se quiere trazar la perspectiva del desarrollo futuro. La política es la “economía concentrada”, y es la crisis económica que atraviesa’ el país uno de los factores fundamentales del impasse político. Así como la crisis económica no puede resolverse sin la quiebra de algún sector, sin la quema de capital necesaria para elevar la lucratividad general del capital, así también, la crisis política no puede concurrir a un nuevo equilibrio sin grupos derrotados y el ascenso de nuevos sectores, sin un proceso de pugnas y enfrentamientos. En un momento determinado las masas comienzan a intervenir y esto le da a la crisis una nueva proyección. En este sentido las modificaciones operadas por las elecciones muestran el deterioro irreversible del régimen actual porque, aún sin ceder en lo fundamental, la dictadura tuvo que echar lastre y se ve ahora confrontada con gobernadores opositores en los Principales y más poderosos Estados, con la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados y con una supremacía muy frágil en el Colegio Electoral que nombrará al titular del Ejecutivo en 1983. Una prueba de los nuevos elementos de crisis políticas se verificó en la proyección que tomó el fraude que la dictadura pretendió montar en Rio de Janeiro y que culminó en un estrepitoso escándalo.
Después del 15 de noviembre: Escrutinio fraudulento y dos semanas de gran crisis
A todos los condicionamientos ya descriptos del proceso electoral es necesario sumarle ahora el fraude post-electoral. No hubo aquí improvisación sino un detallado planeamiento  bajo el control del todopoderoso Servicio Nacional de Informaciones. El preparativo de esta operación comenzó con el rechazo de una máquina de votar que podía ser utilizada en los Principales Estados y ciudades del país y que permitía, con el jarato conectado a un terminal de computador, un proceso impido de recuento posterior de los votos. Está claro ahora que j complicada cédula electoral elegida por el gobierno fue intencionalmente elaborada para hacer más demorado y confuso escrutinio. La demora por sí sola posibilita burlar la fiscalización en el recuento de votos y los fraudes practicados durante la propia elección.
El “trabajo” fue realizado con eficiencia. En Mato Grosso, por ejemplo, “500 a 800 menores votaron en las elecciones y cerca de 5 mil electores votaron más de una vez”, y las urnas que deberían ser impugnadas contienen “50.000 votos, lo suficiente para invertir la elección” («Folha de Sao Paulo”, 27/11). En Porto Alegre, donde la diferencia a favor del PDS “ganador” fue ínfima, fiscales de la oposición descubrieron cédulas oficiales de votación desparramadas por la calle, cerca de los locales en los cuales se desarrollaba el escrutinio. En diversos Estados se denunció además el robo de urnas y el cambio de votos en locales donde aquellas quedaban depositadas esperando un recuento manual.
Pero fue en Rio de Janeiro donde la dimensión del fraude alcanzó proporción de escándalo nacional en la tentativa de impedir el triunfo ya «cantado” del ex gobernador Leonel Brizóla. En primer lugar, se montó un esquema de escrutinio que comenzaba por las urnas de las localidades favorables al candidato del gobierno y un vasto esquema de propaganda por me-dio de la mayor cadena de televisión —Rede Globo- anunciando que Moreira Franco, del PDS, estaba a la cabeza en Rio, esto durante toda la primera semana posterior al 15 de noviembre. El recuento de votos se hacía deliberadamente lento para evitar que “entraran” las urnas del Gran Rio, donde Brizóla arrasaba. Por otra parte, una vez computados los votos manualmente en cada región estos pasaban al control de una firma contratada por el gobierno -Pro Consult- encargada del procesamiento electrónico y de la llamada “totalización” de los votos. Los operadores y programadores de esta empresa eran funcionarios vinculados a la “comunidad de informaciones” de acuerdo al corresponsal carioca de la “Folha de Sao Paulo” y su “trabajo técnico” escapaba a toda fiscalización. Mientras órganos de prensa, que desarrollaban un escrutinio paralelo, anunciaban la victoria de Brizóla, los cómputos oficiales, diez días después de la elección seguían dando la victoria al oficialismo, publicitando resultados de un pequeñísimo número de urnas. En Rio se fue creando un enorme clima de indignación popular, como lo revela el hecho de que comenzaron a ser atacados espontáneamente vehículos de la “Rede Globo”, comprometida con este operativo. Finalmente, la podredumbre reventó cuando el “Jornal do Brasil” informó que fue presionado para modificar los datos que publicaba por su propia cuenta -reflejando apenas la realidad- y denunció a su vez que la empresa encargada del escrutinio electrónico “estaba trabajando con un modelo matemático que permitía substraer, de forma constante, cerca de 15 por ciento de los votos dados a Brizóla transfiriéndolos para la suma de votos nulos y blancos” (28/ 11). En este momento el escrutinio se encuentra suspendido y la justicia electoral se vio obligada a abrir una investigación por “crimen electoral”.
Todo indica que el fraude fue parado por la amenaza de una crisis nacional en tomó al “maior espetáculo democrático do mundo”. El análisis político de la cuestión revela dos puntos claves. En primer lugar, el completo fracaso en Rio de la estrategia del gobierno. En su afán por reventar al PMDB en Rio el gobierno intentó primero estimular la candidatura de Sandra Cavalcanti —ex senadora del gobierno y ahora en el PTB— y tuvo inclusive una conducta tolerante con el propio Brizóla, al que las primeras encuestas le daban, durante los primeros meses de la campaña electoral, menos del 10 por ciento de los votos. Más tarde cuando el “rating” de doña Sandra comenzó a caer el gobierno dio un viraje e invirtió millones en una campaña monumental por el candidato del PDS, al que original-mente no se le otorgaba la mínima chance. Al mismo tiempo estimuló divergencias en el seno del PMDB, del cual forma parte el actual gobernador de Rio —Chagas Freitas-, que luego de Contactos con Brasilia rompió con el candidato del partido, sugiriendo de hecho que se encontraba bajo el dominio excesivo de los “comunistas». El hecho es que fuera de todas las previsiones la popularidad de Brizóla comenzó a subir irreversiblemente y escapó completamente al control del gobierno y del gobernador local, viejo elemento corrupto vinculado a la mafia carioca del juego clandestino y que pertenecía al PP de Tancredo Neves, anteriormente mencionado.
En segundo lugar, es necesario destacar que hubo de hecho un verdadero pacto para colocar una sordina a toda la cuestión del fraude. El PMDB escamoteó las denuncias para no alterar un milímetro la política de “diálogo” y compromisos con la dictadura. En Itio Grande do Sul el candidato del PMDB se declaró derrotado antes de conocerse los resultados finales para, una semana después, denunciar tímidamente la posibilidad de fraude. Un esfuerzo deliberado por “ganar por poco”, como textualmente declara un líder del PMDB, para no “arrinconar” al gobierno. Sobre el escándalo de Rio el PMDB prácticamente no abrió la boca. El propio Brizóla, que hubiera podido galvanizar la bronca contra el fraude, se dedicó a pedir «calma y cabeza fría” y a confiar en la Justicia Electoral. Se limitó a llamar una Conferencia de prensa y denunciar la posibilidad de fraude, lo que bastó para que Ministros militares lo acusaran de “provocador”, “incendiario”, etc… Todo esto algunas horas después de las elecciones! Como muestra vale un botón y aquí tenemos presente las tendencias a un agravamiento del conflicto interburgués y de la impasse general del régimen. Una prueba de que a pesar del “éxito” del fraudulento operativo de las elecciones, sus resultados y las modificaciones operadas a partir de ahí, testimonian el deterioro irreversible del régimen militar que marcarán el desarrollo de la crisis en el futuro inmediato y mediato.
La derrota y la crisis en el PT
La intervención electoral fue el centro de la actividad prácticamente exclusivo del PT desde su nacimiento. Se depositó en esto una fantástica ilusión y se creyó que era la gran oportunidad para dar vida, a partir de aquí, a un partido de masas. Los resultados fueron decepcionantes en relación al objetivo de elevarse a la altura de una oposición de masas, que-brando el monopolio del PMDB. Inclusive en San Pablo, el único estado donde el PT obtuvo una votación de alguna significación, el cuarto lugar obtenido está muy lejos de las expectativas formuladas y tuvo un efecto desmoralizador en la militancia del PT. En lo esencial, la votación del PT revela que se trata de un partido que, a nivel nacional, carece de raíces en la clase obrera y las masas del país.
Un partido obrero puede aprovechar una elección desde el punto de vista de la propaganda y la agitación cuando ha penetrado precisamente con su programa en el seno de la van-guardia del proletariado y los explotados, lo que significa que se ha mostrado capaz de trazar una perspectiva y de someterla a prueba en la misma lucha de las masas. Pero el PT pretendió sustituir esto, y abreviar el camino de construcción de un partido real, con la ilusión de una marea electoral apoyada en el prestigio de un-hombre que se colocó a la cabeza de las grandes huelgas de San Pablo en el último período. No se quiso entender que un partido se construye sobre la base de ideas, de un programa, de una estrategia y, fundamentalmente, de la voluntad de procesarla a través de la experiencia de las masas. No existe ninguna posibilidad de que esto sea sustituido por el “carisma” de un líder. Pero justamente en esto depositó sus -esperanzas el PT, que hizo del caudillo obrero del estado industrial del país su bandera decisiva.
Fue en San Pablo donde la euforia electoralista alcanzó su punto extremo. El PT se presentó como el canal de la auténtica oposición y en condiciones de quebrar electoralmente al PMDB. Lula y varios dirigentes plantearon que la disputa no era entre el PMDB y el PDS sino entre el primero y el propio PT; sobre el final de la campaña el triunfalismo creció y, de hecho, se difundió la especie de que el PT podía alcanzar el primer puesto. Por esto, la derrota de esta perspectiva sembró la frustración entre militantes y simpatizantes. Esto se explica justamente por el exitismo electoral y la errada perspectiva política en la cual se encuadró el PT. Porque si otro fuera el ángulo estratégico con el cual se presentase a las elecciones, los votos alcanzados podrían considerarse como un excelente punto de partida. En la Capital, por ejemplo, el PT conquistó el 15 por ciento de los concejales y alcanzó una votación en el ABC (centro industrial del país en la periferia paulista) donde – sumando los cuatro municipios— quedó en segundo lugar con más del 25 por ciento de los votos contra menos del 30 por ciento del PMDB y prácticamente en el mismo nivel que el PTB, conquistando, además, la importante Prefeitura de Diadema. En el corazón obrero del país, San Bernardo, Santo André, Sao Caetano y Diadema el PT no sólo obtuvo un cuarto de la votación, sino que puede estimarse que más del 50 por ciento del proletariado votó por el PT. Son contingentes amplios de las masas proletarias que ocupan el primer plano- en la movilización y que, aún bajo la presión de la polarización electoral, optaron por una alternativa propia que se reivindica de los trabajadores y por candidaturas obreras. Si existiera el propósito de construir un partido obrero de masas, la votación en San Pablo refleja la tendencia profunda que existe para construir un partido de clase, es decir, de ruptura con la burguesía. Es absolutamente indiscutible que éste es el con-tenido del voto por el PT. Es un voto de reacción no sólo frente a la dictadura, sino, además, de repudio al voto “opositor”, cuyo contenido objetivo es de sumisión a la burguesía.
El PT se postuló como “la” representación general de los trabajadores y como el canal “natural” de expresión de los trabajadores. Se postuló desde un inicio al partido como expresión política de los movimientos sociales, de los indios a las mujeres, desde el pequeño propietario hasta el proletariado industrial, esto para omitir que sólo la clase obrera es capaz de dar unidad y dirección a la movilización de los explotados, en función de los objetivos históricos que le son propios -destrucción del Estado burgués, expropiación del capital. Lo contrario significa inevitablemente caer en la utopía de una “tercera vía” entre el socialismo obrero y el capitalismo. Como fuerza política consciente el PT no es un partido de clase y su dirección puso siempre un empeño particular en destacar justamente su carácter no clasista.
Durante la campaña electoral, de una manera empírica, el PT se radicalizó y para diferenciarse del PMDB se vio obligado a coquetear con una fisonomía de clase que nunca admitió. Por esto Lula orientó decisivamente su campaña en la crítica a los compromisos entre la oposición burguesa y el régimen militar. Esto desató un debate interno en el partido y una serie de sectores -encabezados por el diputado del PT, Airton Soares— plantean ahora que el error central de la campaña fue la «radicalización”. Sin embargo, toda política oportunista con la oposición burguesa y de coqueteo con la tesis de que el PMDB era el “frente democrático” de oposición a la dictadura hubiera borrado toda frontera entre el PT y la oposición burguesa. ¿Cómo fisonomizar una postura independiente sin denunciar que bajo el pretexto de la lucha por la democracia, el PDMB se basa en un compromiso profundo con la camarilla militar?
Que esta delimitación fue planteada pragmáticamente en función del voto vinculado y sin base en una línea consciente de independencia política de la burguesía lo demuestra el hecho de que la Comisión Ejecutiva Nacional acaba de publicar una nota indicando que la conducta a adoptar frente a los gobiernos de la oposición burguesa -y, en particular, sobre la participación o no en los mismos- será decidida democráticamente por las bases. La mayoría de la dirección del partido se inclinaba originalmente por una alianza electoral con el PMDB, que fue inviabilizada desde que el gobierno decretó la prohibición de coaliciones partidarias. Por esto ahora retoma la misma temática en favor de un eventual compromiso con el gobierno del PMDB en San Pablo y del PDT en Rio. Esto plantea que no existe ninguna estrategia definida y que la Ejecutiva se encuentra dividida en el punto clave de la participación o no en los gobiernos burgueses, cuestión que, desde que se inició la campaña electoral, se sabe que será el problema número 1 que el PT debía enfrentar. Este es el sentido actual, además, de la discusión actual sobre la “radicalización”.
Lula y Bitar (dirigente sindical, secretario general del PT y candidato a senador paulista) reaccionaron frente a los ataques de la derecha del partido. Bitar declaró expresamente que “no hubo radicalización del partido; denunciamos sí un pacto a nivel nacional, incluyendo la incorporación del PP al PMDB, mostramos la existencia de una oposición consentida como una alternativa de poder sin amenazas al régimen existente” (“JT” 24/11/82). Lula, por su lado, declaró la incompatibilidad entre el PT y el PDT, acusando a este último de agente de la socialdemocracia, comprometida con el imperialismo y la explotación de los países del Tercer Mundo. Son planteos progresivos si se los toma como reacción ante quienes defienden una posición de colaboración de clases y como negativa a la participación en el gobierno o los gobiernos de la oposición burguesa, lo que sería un paso decisivo en la liquidación de toda característica de independencia del PT en relación a los partidos burgueses y al Estado.
Se trata, con todo, de una respuesta empírica y no de un balance político. El propio Lula declaró, acabadas las elecciones, que “ahora la lucha de los partidos debe ser por el restablecimiento de las elecciones directas para la Presidencia de la República y (la) legalidad de todos los partidos políticos”. Esto significa que se apuesta a un desarrollo ascendente de la “apertura”, en la misma línea de la oposición burguesa, y que se privilegian los aspectos formales del proceso de «democratización”. El PT asumiría una posición “independiente”, como izquierda del operativo aperturista que es exactamente lo que se hizo hasta ahora. Pero el problema clave es salir del esquema de reacomodamientos burgueses, que es el contenido de la “apertura” y comprender que frente al impasse de la sociedad burguesa, que el agotamiento del régimen expresa, es necesario formular una estrategia de clase.
La etapa Política que se abre
Pasadas las elecciones y conocidos los resultados, ¿cuáles son las tendencias del desarrollo político en la actual etapa? Desde el punto de vista de la burguesía el problema político central en este período se concentra en la cuestión de la sucesión presidencial. El nuevo Presidente debe ser elegido en dos años y el carácter que asuma su elección es decisivo en el desenvolvimiento de la crisis interburguesa. El cuadro de este proceso sucesorio se caracteriza por el hecho de que las elecciones no tocaron el control de la camarilla sobre las palancas claves del poder. Por lo tanto se ha agudizado el peso opresivo del aparato central del Estado frente a un cordón de gobiernos opositores y a un Parlamento, también ahora con mayoría opositora, que carecen de poder real.
En este punto se plantean dos posibilidades básicas en el desenvolvimiento político burgués. La primera alternativa es que se impongan los sectores militares dispuestos a mantener bajo total control la sucesión presidencial sin concesiones a la oposición.
Un proceso sucesorio sobre estas bases, totalmente manipulado por la camarilla militar significaría de hecho la desintegración del actual proceso de convergencia y plantearía el inevitable desenvolvimiento de una polarización política.
Este es el temor de sectores enteros de la burguesía puesto que no está claro hasta donde está dispuesta la camarilla militar a avanzar en la línea de compromisos y a continuar echando lastre. De ahí que el “Jornal do Brasil” editorializara recientemente sobre la necesidad imprescindible de que Figueiredo “hable a la nación” y diga cuales son los próximos pasos y lo que el gobierno pretende, es decir, que formule un plan político que asegure la continuidad del proceso de abertura. En el mismo sentido otro editorial de “O Estado de Sáo Paulo” llamaba al gobierno a no utilizar el poder que dispone -mayoría en el Colegio Electoral- para manipular la sucesión, liquidando el proceso de composición y compromisos con la burguesía opositora. El diario paulista indicaba que la concertación es la única forma de “evitar que en 1983, se combine la crisis económica con graves acontecimientos políticos (28/11). Se plantea así la alternativa de un acuerdo con la oposición en la línea planteada por Tancredo Neves: negociar un Presidente de concertación”, para su elección por el Colegio Electoral digitado, y una reforma constitucional, también “concertada” que adapte el régimen vigente a una nueva composición de fuerzas en el poder. El stalinismo apoya integralmente esta variante junto a los sectores más propensos al acuerdo directo con la dictadura del PMDB. El diputado Alberto Goldman, dirigente paulista y vocero oficioso del PC en el partido opositor, acaba de señalar que la tarea actual es “procurar ayudar el proceso de transición, inclusive por medio del entendimiento con las fuerzas conservadoras que todavía están en el poder” (“Senhor”, 1/12/82). Con una desfachatez sin límites Goldman agregó que la elección mostró el «conservadorismo del pueblo brasileño” y que, por lo tanto, no hay por qué insistir en un tipo de oposición radical.
Si esta variante busca contornar el peligro de un abismo creciente entre la camarilla militar y el conjunto de la nación, plantea, a su tumo, una serie de problemas políticos enormes. Un pacto directo entre el PMDB y la camarilla militar en favor de un arreglo de cúpula plantea el riesgo de arrastrar a la oposición al proceso de descomposición de la dictadura (en primer lugar, rompiendo al PMDB) y de reventar su capacidad de regimentación y control del movimiento de masas.
Cualquiera de las dos variantes analizadas plantean, por lo tanto, el impasse general de la burguesía para dar una salida ordenada al agotamiento del actual régimen. La cuestión de una Asamblea Constituyente como resultado de la crisis de todo el proceso actual se presenta de esta manera como parte integral de la estructura del actual período político. Para la propia burguesía se trata de una carta de reserva frente a la eventualidad de un derrumbe del curso actual de la transición política. Sería criminal descartar de antemano la posibilidad de una amplia maniobra democratizante dirigidas a desviar las tendencias independientes de las masas que se expresarán a través de las grietas y la quiebra del orden burgués actual.
La crisis económica
Al trazar la perspectiva política es fundamental tomar en cuenta los poderosos factores de desintegración que surgen de la crisis económica actual. Lo que está planteado es la liquidación de ramas enteras del capital y un ataque realmente salvaje a las condiciones de vida de las masas, como condición para una reestructuración de la economía nacional en el contexto del descalabro del capitalismo a nivel mundial. Las presiones en esta dirección del imperialismo se han agudizado terriblemente y minan profundamente todo el proceso político de recomposición del frente burgués al interior del país. Ya en los días inmediatamente posteriores al 15 de noviembre, la cuestión pasó a un primer plano en el escenario político.
Al día siguiente de las elecciones el gobierno formalizó públicamente el pedido de socorro al FMI, negociado «en secreto” desde meses atrás, y poco después Reagan visitó el país endosando la apertura y el plan económico del gobierno. La presión imperialista consiguió que la delegación brasileña endosara los puntos de vista americanos en la reunión del Gatt a cambio de facilitar la operación financiera de salvataje de la bancarrota actual, cuando el país se encuentra formalmente insolvente. En el Congreso el senador Teotonio Vilela, ex miembro del partido gubernamental y actual dirigente nacional del PMDB acusó al gobierno de “lacayo del imperialismo” e instó a los gobernadores electos del PMDB a no asistir a ninguna ceremonia oficial con el presidente americano, lo que no fije obedecido. A su tumo, el empresario del grupo capitalista más importante del país —Antonio Erminio de Moraes— declaró que era un “vejamen” el pedido de ayuda al FMI y se negó a concurrir a las reuniones con Reagan. Pero la propia crisis no puede resolverse sin la bancarrota de amplios sectores del capi-tal. Esta es la base objetiva de las poderosas fuerzas centrifugas que operan en el frente burgués.
El gobierno, para adaptarse a las exigencias del FMI aprobó un plan de «austeridad”, de cortes en los gastos públicos, en las importaciones y en los subsidios, a lo cual se agregará en los próximos días una modificación en la ley salarial que determina el ajuste semestral de los salarios. El objetivo es extender el período de reajuste y determinar el nivel de los mismos por debajo de la inflación. Y esto con un aumento de los precio? que supera la tasa del 100 por ciento anual! Por otro lado los “sacrificios” que el gobierno reclama implicará» un aumento del desempleo, que ya se manifiesta en nuevas ondas de despidos masivos en la industria automovilística y metalúrgica. Y esto, partiendo de un cuadro nacional de más de un cuarto de la población activa desempleada o subempleada! Para las masas es la argentinización o bolivianización, en el contexto de un país que ya incluye verdaderos contingentes de miseria y pobreza comparables a las regiones más miserables del planeta. Esto debe integrarse como un elemento decisivo cuando se trata de determinar una política de clase para intervenir en la etapa que ahora se abre.
La perspectiva del PT
La actual fase política se caracteriza por las tendencias profundas al impasse del proceso político y al estallido social. Los sindicatos, revitalizados en el último periodo político por un ascenso de luchas, ocuparán un primer plano. Este debe ser el centro de la actividad política en la fase que ahora se abre. No existe un verdadero partido independiente de la burguesía si no es capaz de hundir sus raíces en las organizaciones de masas y plantear una perspectiva independiente frente a los agentes de la política burguesa.
La derrota sufrida por el PT en las elecciones es un elemento que cataliza las fuerzas centrífugas que anidan en su interior. Predomina en su dirección y en una serie de los grupos de izquierda que ocupan posiciones de primer plano, la tendencia a una mayor integración a la política burguesa. Son estos los sectores abiertamente favorables a la participación en los gobiernos burgueses y preocupados con ocupar un lugar bajo el sol de la apertura. No se preparan ni apuestan a la crisis del proceso político actual como resultado de la impasse general del capital y son, por lo tanto, totalmente incapaces de orientar a las masas con un programa y una perspectiva independiente. En la misma medida en que el PT expresa a un contingente amplio de las masas, que han estado a la cabeza del ascenso obrero que se iniciara con las grandes huelgas del ABC en 1978, el inevitable desarrollo de la crisis política llevará a una aguda lucha interna en el PT.
Sobre la base de un trabajo claro por vincularse al movimiento real de las masas, por utilizar los núcleos del PT como base para una militancia tenaz junto a los sindicatos y al combate de los trabajadores, se plantea la tarea de agrupar a todos aquellos que buscan el camino de un auténtico partido de clase de los trabajadores, por un PT obrero y de masas, por la derrota política de las posiciones favorables a la colaboración de clases con los explotadores. Es la tarea que se les presenta a los militantes revolucionarios en la etapa actual.

–

La crisis económica brasileña

Pablo Rieznik Mario dos Santos

El crecimiento económico brasileño en las tres décadas que siguen a la finalización de la segunda guerra mundial es habitualmente considerado como excepcional. El producto bruto del país creció a una tasa media anual del 7 por ciento, cifra superior a la registrada por el conjunto de los países desarrollados y el continente latinoamericano como un todo. El crecimiento del sector industrial también fue muy elevado, del orden del 8,5 por ciento anual entre 1950 y 1980, lo que en la actualidad coloca a la economía brasileña en el séptimo lugar entre las naciones capitalistas, si se les ordena según el producto de sus industrias, (luego de EE.UU., Japón y los cuatro grandes países europeos -Alemania, Francia, Italia, Reino Unido).
Menos habitual, sin embargo, es la constatación de que este desarrollo tiene como punto de partida el excepcional atraso que caracterizó a la economía brasileña hasta prácticamente la mitad del siglo XX. El primitivismo del Brasil en las primeras décadas de 1900 puede verificarse en el hecho de que, todavía en 1920, apenas el 31 por ciento de su población era alfabetizada mientras que sólo un 15 por ciento residía en ciudades con más de 20.000 habitantes. En 1949, el producto por habitante de Brasil era el más bajo de los 12 principales países latinoamericanos, tan bajo que aún después de tres décadas de tasas de crecimiento como las apuntadas todavía el país se encontraba en 8vo lugar entre 19 naciones del continente listadas por la Cepal. Es un indicador muy general, pero que nos muestra el carácter todavía atrasado del desenvolvimiento nacional, ya que el reducido producto por habitante evidencia a «grosso modo” la baja productividad del trabajo.
Lo que ponen de relieve, por lo tanto, las altas tasas de crecimiento señaladas al comienzo es el desarrollo capitalista que tomó como base las enormes reservas para la acumulación del capital que ofrecía el país. Fundamentalmente un enorme ejército de reserva potencial dado el predominio absoluto de una masa agraria miserable y una frontera agrícola inexplotada de vastas dimensiones. Esto se verifica en el hecho de que aunque la población rural disminuyó violentamente en todo este período aún hoy constituye la porción más significativa de los trabajadores brasileños. Entre 1950 y 1980 la población urbana se multiplicó más de 3 veces lo que significa un crecimiento anual promedio del 5 por ciento y cuya razón fundamental es la inmigración del campo a la ciudad. En estos 30 años la proporción de la población rural en relación al campo cayó a la mitad, del 64 por ciento al 32 por ciento, siendo también un indicador del atraso del país (en los países desarrollados los habitantes que residen en el campo oscilan entre el 5 y el 10 por ciento del total.)
Por otro lado, la extensión de tierra cultivada también creció sistemáticamente en este último periodo, ocupando la inmensa área inexplotada preexistente. Entre 1950 y superficie de los establecimientos agrícolas registrados en los censos agropecuarios creció un 40 por ciento, pasando  para 324 millones de hectáreas. Esto es casi un millón de kilómetros cuadrados, más de una tercera parte de todo el territorio continental argentino. La superficie de suelos efectivamente cultivados creció en poco más de 10 años, desde fines de la década del 60, en 10 millones de hectáreas, o sea, igual a diez veces la superficie del Líbano.
El contenido del crecimiento económico reciente es entonces el propio de un estadio del desarrollo capitalista en el cual se presentan en un agudo contraste la implantación de formas modernas y avanzadas de la producción industrial sobre la base de un amplio proceso de colonización agraria y de acumulación primitiva: conquista de nuevas tierras, expulsión de colonos y campesinos, pauperización de la masa rural, brutal crecimiento de la población urbana marginal excluida del sector productivo, etc… Dos meses atrás fue creado el Ministerio de la Tierra, directamente controlado por el (SNI), Servicio de Informaciones, con el objeto de reglar «manu militari” el explosivo cuadro social que caracteriza al campo brasileño. En el umbral del año 2.000 el país asiste a un proceso de captura de tierras, de enfrentamientos entre latifundistas y grandes capitalistas rurales y los desheredados del campo, de “cercamiento” por la fuerza de áreas agrícolas, que se asemeja más al escenario de la aurora de la revolución burguesa que al capitalismo moderno con el cual se identifica superficialmente el Brasil a partir de la interpretación unilateral de sus “excepcionales” tasas de crecimiento.
Otro elemento decisivo del crecimiento económico de la posguerra fue el capital extranjero. En este período el ingreso en masa de inversiones extranjeras se da fundamentalmente durante el gobierno de Juscelino Kubitstchek. La diversificación de la industria brasileña hacia bienes de consumo duradero y ciertos sectores de máquinas y equipos está directamente asociada a la penetración externa. En la industria, el capital extranjero ocupó una posición monopólica central como lo revela el hecho de que en 1974 entre las 650 empresas industriales más importantes del país -por volumen de ventas- apenas el 12 por ciento eran extranjeras, pero detentaban el 50 por ciento del facturamiento y el 43 por ciento del stock de capital. En el sector manufacturero la empresa extranjera se concentra en los subsectores más dinámicos. Según un estudio de una agencia estatal, sobre más de mil establecimientos «líderes” en el sector industrial, las denominadas “empresas multinacionales” dominaban la producción de bienes de consumo duradero —85 por ciento de las ventas—, y de bienes de capital —57 por ciento. Inclusive en otros dos subsectores -bienes de consumo no durables e intermediarios— su participación era decisiva (43 y 37 por ciento respectivamente).
De esta manera, la característica distintiva del desempeño de la economía brasileña es el predominio, tanto en el sector industrial como en el agrario del monopolio. El capitalismo monopólico se desarrolló como resultado de la integración del país en la economía mundial, eje que constituye el factor determinante de la conformación del país desde su origen como colonia portuguesa, instrumento de la acumulación originaria sobre la cual surgiría el moderno capitalismo europeo. Por esta misma razón el desarrollo del capital en el Brasil no siguió el camino clásico de pasaje de la economía artesanal a la gran industria sobre la base de la maduración interna de su sistema productivo, de la constitución de un poderoso mercado interno y de la evolución histórica de una burguesía nativa estructurada en el contexto de la libre competencia y de la unidad económica de la nación. El monopolio es un resultado particular del pasado histórico colonial y semicolonial forjado en torno al gran latifundio exportador y de la presencia de la gran corporación capitalista, que emerge como fruto del desarrollo económico del capitalismo avanzado. Desde un inicio la industria en Brasil produce con máquinas importadas, con un desarrollo técnico que no resulta de la acumulación endógena y es sometido al capital monopolista sin haber pasado por la etapa histórica del capitalismo competitivo.
El monopolio de la tierra fue y es un factor decisivo en el desarrollo raquítico del mercado interno en relación a las dimensiones continentales del país y a su enorme masa agraria. El crecimiento del área agrícola reciente reforzó además esta tendencia. En 1950 las explotaciones de menos de 10 ha correspondían al 34 por ciento del total; en 1975 la proporción había subido a 52 por ciento pero representaban apenas el 2,7 del área total. En estos 25 años la superficie media de estos minifundios pasó de 4,5 ha para 3,4. Más del 80 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada en la agricultura en 1970 correspondía a la categoría de “responsables y miembros de la familia no remunerados». Esto equivalía a más de 13 millones de personas sobreviviendo en miserables espacios de tierra, marginados de todo tipo de consumo moderno, y viviendo por debajo de niveles mínimos de subsistencia. En contrapartida las grandes explotaciones agropecuarias superiores a 1.000 ha., que representaban el 1,8 por ciento de los inmuebles catastrados en 1978, ocupaban el 57 por ciento del área total. Una revelación todavía más fantástica es la siguiente; la expansión del área total catastrada por organismos oficiales entre 1967 y 1978 fue de 47,7 millones de ha. y en ese mismo período la tierra apropiada por explotaciones gigantes (más de 10.000 hectáreas) aumentó 45 millones de ha -95 por ciento del área de expansión de la frontera agrícola en los años 1967/78. En menos de diez años el “superlatifundio” incorporó tierras equivalentes a cinco Cubas juntas, y así 3.200 propiedades gigantes reunían por sí solas 102 millones de hectáreas: tres veces más que el área total de más de dos millones de minifundios brasileños, una superficie semejante a la de Bolivia, Perú o Colombia.
A su turno, el alto grado de monopolización de la industria en torno a grandes unidades modernas de capital impone límites tremendamente estrechos al mercado nacional. En primer lugar, porque la absorción de la mano de obra del segmento monopolizado es muy pequeña. Mientras el grado de concentración de la industria podía compararse al de los países capitalistas desarrollados ya en la década del 60, la proporción de trabajadores ocupados en el sector manufacturero apenas superaba el 8 por ciento del total. En segundo lugar, porque la industrialización se dio bajo la forma de verdaderos “ghetos” de modernidad en el cuadro nacional del atraso y la miseria no superadas. San Pablo y Río de Janeiro, que representan apenas un 3,5 por ciento del territorio nacional reunían casi el 70 por ciento del producto industrial del país, siendo que sólo. San Pablo reúne una proporción superior al 56 por ciento. El crecimiento reciente de la industria agravó las desigualdades regionales propias a este desenvolvimiento: la participación de la región nordestina en la industria nacional cayó de 9,7 Por ciento en 1949 a 7,5 por ciento en 1959 y apenas 5,8 por ciento en 1970. El propio mercado capitalista constituye un gheto inclusive en las zonas más adelantadas del país donde la brutal distancia que supera la riqueza de la burguesía y, en parte, de13 alta clase media, de las masas desposeídas no sólo es de las más altas del mundo sino que creció sin cesar en los últimos años. El 50 por ciento más pobre de la población económicamente activa, que recibía el 17,4 por ciento del ingreso nacional e 1960 redujo su participación a apenas 12,6 por ciento en 1980 mientras que el 10 por ciento más rico pasó del 39,6 ciento al 50,9 por ciento en el mismo período. En los polos de esta pirámide encontramos al 1 por ciento superior que detentaba el 16,9 por ciento del ingreso en 1980 (11,9 P°. ciento en 1960) y al 20 por ciento de miserables que sobrevivía con apenas el 2,8 por ciento (3,9 por ciento veinte años atras). En el campo este proceso ha sido verdaderamente brutal como lo revela el hecho de que en los últimos diez años el 5 por ciento más rico aumentó su participación en la renta del 27,7 por ciento al 42,2 por ciento -aquí están las cinco Cubas de los latifundios “gigantes”, un proceso de expropiación de las masas empobrecidas sin precedentes.
Este cuadro, que los teóricos burgueses denominan como modelo “excluyente” de crecimiento, es la manifestad del carácter agudísimo que toma el desarrollo desigual y combinado del capitalismo en Brasil, en el cual junto a los rascacielos americanoides en el centro moderno de San Pablo, se desenvuelve una nación en la cual el 83 por ciento de la población infantil sufre de desnutrición crónica, 45 menores de un año mueren por hora y el 40 por ciento de las familias vive por debajo de la llamada línea de la pobreza absoluta. Lo que caracteriza al desarrollo desigual de un país atrasado como Brasil es precisamente esta superposición formidable de contrastes económicos y sociales que evidencian la mezcla particular de estadios diversos de desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Su unidad está determinada por la incorporación histórica del país al mercado mundial en el cual siempre ocupó una posición subordinada al desarrollo del capital en los países avanzados, como colonia primero, como semicolonia más tarde. La industrialización tardía del país está determinada decisivamente por el carácter de la división inter-nacional del trabajo propia de la época imperialista y de ahí deriva el papel clave del monopolio y del capital externo en su desarrollo. No hubo en el país el proceso histórico propio de la formación de una burguesía industrial nacional poderosa, capaz de forjar la unidad económica de la nación, barriendo al pasado precapitalista y revolucionando el campo, base indispensable para la constitución de un amplio mercado interno capitalista y para darle a la industrialización nacional una proyección independiente en el mercado mundial. Esto es lo que le da al desarrollo capitalista reciente su carácter específico, con algunas “islas” de modernidad en un mar de miseria y marginalidad en las grandes ciudades del Sur, con un agravamiento profundo de las disparidades regionales y con una agricultura de bajísima productividad, en la cual se mantiene el predominio indiscutible del gran latifundio. Es en este cuadro que la crisis actual debe ser considerada para captar lo esencial de su dimensión y alcance.
Origen de la crisis actual
La primera crisis generalizada de la economía brasileña en la posguerra se produjo en los primeros años de la década del 60. Entre 1962 y 1967 -los dos últimos años del gobierno Goulart y los tres primeros del actual régimen militar— la industria tuvo un crecimiento medio anual de 2,6 por ciento, cuatro veces inferior a los tres lustros precedentes y similar a la tasa de crecimiento demográfico, lo que significa que el producto industrial por habitante se mantuvo estancado durante todo este largo periodo. La referencia importa porque sería unilateral considerar la expansión económica del período inmediatamente posterior (67/73), conocido como el del “milagro brasileño” sin tomar en cuenta que una de sus bases fundamentales fue el amplio estancamiento previo. Este último resultó, a su vez, de la sobreacumulación de capital producida en la última mitad de los años 50 y que estuvo decisivamente determinada por la masiva penetración de capital externo. En realidad lo que entonces se denominó “inversión extranjera” fue un negocio fantástico para el capital imperialista al cual el gobierno Kubistchek permitió importar máquinas y equipamientos sin cobertura cambiaría, es decir, sin gastos de divisas. Los inversores foráneos, además, por la maquinaria ingresada en estas condiciones, podían ser reembolsados a través de la participación de capital en las empresas a las cuales aquéllas se destinaban. Por este procedimiento la gran corporación imperialista instaló en el país un enorme volumen de “bienes de capital” ya amortizados en sus países, fuente por lo tanto, de super- lucros extraordinarios en su nuevo destino. Este verdadero regalo al capital externo, que en la “ficción contable” aparece como inversión, provocó un “boom” de capacidad instalada improductiva que era generalizada a principios de los años 60. Entonces se calculaba que la capacidad ociosa de la industria automovilística era del 60 por ciento. Fue justamente esta capacidad* ociosa uno de los factores claves para permitir el “milagro posterior”.
De esta manera, en la base de la expansión del ciclo eco- nómico más reciente se encuentra un elemento de parasismo fundamental, que consiste justamente en la valorización ficticia de la “inversión externa” instalada en el país en la posguerra y que dio lugar a una prolongada recesión. No sólo el capital extranjero se instaló en buena medida gratuitamente sino que, además, dada la superioridad tecnológica de su maquinaria obsoleta en relación al enorme atraso del parque industrial nativo, llevó a la quiebra de empresas y ramas enteras de la producción previamente existente. Esto sucedió particularmente en la industria farmacéutica y en numerosos sectores de la industria textil y de alimentos, lo que debe integrarse como otro componente importante de la amplia recesión previa al “milagro”. El factor parasitario de la penetración del capital externo se revela en otro dato fundamental: un informe sobre la instalación de las filiales de empresas americanas en el país revela que de las instaladas entre 1946 y 1950 apenas un 9 por ciento lo hicieron mediante la compra de activos nacionales pero que la proporción sube a 22 por ciento para las establecidas entre 1951 y 1955 y alcanza al 66 por ciento en el período 73/75. El golpe militar del 64 vino a reforzar esta tendencia a la profunda integración con el imperialismo, y por esto comenzó con un “plan de estabilización” bajo el control del Fondo Monetario Internacional, que profundizó la crisis en los primeros años del régimen dictatorial. La recuperación posterior se apoyó, de esta manera, en la desvalorización del capital producido en el período precedente y fue estimulada, tanto por la expansión del comercio internacional, que va desde el final de los 60 hasta 1974, como por el crecimiento del propio financiamiento externo al cual el régimen militar otorga todas las garantías y prebendas necesarias. Las exportaciones, cuyo valor se mantenía estancado desde la década del 40, se duplicaron en los años que van de 1967 a 1973, mientras que mayor aún fue la aceleración de los préstamos externos, que en el mismo lapso se cuadruplicaron. Ya en 1973 Brasil era el primer deudor mundial, con un endeudamiento externo de 12.550 millones de dólares.
El “boom» económico contenía, por lo tanto, decisivos elementos de sometimiento de la economía nacional al gran capital financiero internacional, reflejo de la tremenda debilidad del capital nativo y de las bases de su acumulación. En realidad el amplio financiamiento externo fue la contrapartida del absoluto fracaso de la reforma financiera del gobierno militar, cuyo objetivo declarado fue establecer un mercado de capitales capaces de financiar la acumulación de largo plazo en el país. El sistema bancario fue totalmente reformulado después de 1964, cuando se planteó que a los bancos comerciales correspondía financiar el capital de giro de las empresas, a las financieras el crédito de consumo y a los bancos de inversión canalizar las aplicaciones de largo plazo capaces de sostener préstamos aptos para la inversión industrial y de capital fijo para proyectos de grandes dimensiones. Esto último jamás funcionó y de ahí el amplio recurso al financiamiento externo que evidencia toda la incapacidad para dar vuelo a un circuito de acumulación interna y su aguda dependencia de la dinámica del capital imperialista. El hecho de que en este período el ingreso de capital externo se haya hecho bajo la forma de préstamos y no de inversión directa -que fue insignificante- testimonia también los límites del ciclo expansivo. Las obligaciones con la banca que aparecen en la contabilidad de la deuda, constituyen un instrumento ideal para dar fluidez a la movilidad del capital imperialista, que por esta vía puede remitir hacia el exterior una parte fundamental de la plusvalía .obtenida internamente y que no asume la forma directa de lucro. Para la gran corporación que diversifica sus inversiones a escala planetaria, el Brasil representa una “oportunidad” de valorización del capital, sujeta al desarrollo desigual de los más diversos mercados, a los cuales puede desviar una masa mayor o menor de recursos en función de la rentabilidad esperada. Por esto, la deuda creciente es un síntoma de los mecanismos totalmente precarios e inestables de la acumulación interna, sujeta al movimiento propio del capital imperialista. En el “milagro”, por lo tanto, estaba planteada ya toda la base endeble y frágil de la expansión económica, y la posibilidad latente de una bancarrota por la extrema sumisión al capital financiero, que se tomó en un poderoso acreedor de la nación.
Al indicar los elementos que estimularon las altas tasas de crecimiento del milagro —durante el cual el producto bruto se elevó a una tasa anual promedio superior al 11 por ciento- es necesario incluir también al propio financiamiento y gasto estatales, que creció significativamente. La base del desarrollo de los fondos públicos fue, de un lado, la propia financiación externa ya mencionada, que fue utilizada en buena medida para el desarrollo de ciertos proyectos de infraestructura, sobre todo en el área energética (represas, hidroeléctricas) y del otro lado, el propio proceso de expropiación al que fue sometida la clase trabajadora. Una de las medidas fundamentales en este sentido fue la abolición de toda la legislación previa sobre estabilidad en el empleo y la creación de un fondo de desempleo que abarca a millones de trabajadores. Estos fondos no son controlados por los sindicatos sino por el Estado, a través del Banco Nacional Hipotecario, y constituyeron el resorte fundamental de estímulo al sector de la construcción civil en la época del milagro. El 8 por ciento que los patrones ‘‘aportan» al fondo es bien inferior a la caída del salario real registrada en los años inmediatamente posteriores al golpe del 64, por lo que la base directa del gran negocio de la construcción civil fue la lisa y llana expropiación de los trabajadores. En contrapartida, la acumulación de riquezas en la capa más rica de la clase media y la burguesía constituyó el mercado que absorbió la expansión de construcciones residenciales y de modernos apartamentos en los grandes centros metropolitanos del país. En el polo más miserable de la sociedad crecían, mientras tanto… las favelas y las condiciones de vivienda más miserables.
Se calcula que, en la actualidad, más de la tercera parte de la población de Rio es «favelada», mientras que de las tres cuartas partes de los domicilios a nivel nacional -los que en 1976 no superaban un ingreso total de 5 salarios mínimos-, más del 70 por ciento carecían de instalaciones sanitarias y servicio de agua adecuado. Es la otra cara de la moneda del “boom” de la construcción civil, factor decisivo en la gran expansión de principios de la década pasada.
Ahora bien, si el comienzo del denominado ‘‘milagro económico brasileño» empalma con un período de auge del comercio internacional, su conclusión coincide con la crisis de la economía y el comercio mundial que estalla en 1974. La industria, cuyo desempeño entre 1967-73 se evidencia en una tasa de crecimiento del 12,5 por ciento anual, reduce rápidamente su ritmo de actividad, cayendo a un aumento de su producto del 7,8 por ciento en 1974 y de apenas 3,8 por ciento en 1975. Luego de una recuperación en 1976, en 1977 el crecimiento industrial se reduce a un nivel puramente vegetativo, 2,3 por ciento, el índice más bajo previo a la depresión actual.
En los factores que determinan esta curva descendente, las repercusiones de la crisis mundial se combinan con una serie de desequilibrios propios de la fase expansiva precedente. En primer lugar, la producción agrícola para el mercado interno se retrasa sistemáticamente en relación al crecimiento de la industria y de la masa salarial. El crecimiento de la agricultura en la época del «milagro» quedó muy por debajo del correspondiente a la industria —menos del 5 por ciento en promedio anual. Además, como consecuencia de la mayor integración de la economía brasileña a la mundial, mayores áreas fueron destinadas a la agricultura de exportación, reduciendo relativamente la oferta de alimentos interna. Mientras en el bienio 66/67 las exportaciones representaban apenas 11,9 por ciento de la producción agrícola total, en 1973 este volumen alcanzaba al 18,6 por ciento. Como la exportación es protagonizada por los establecimientos más grandes y/o modernos, el significado de este proceso es doble, porque al mismo tiempo que restringe el mercado interno de alimentos, pauperiza al pequeño productor que lo abastece. El primer fenómeno puede observarse en el hecho de que mientras en la década del 70 el crecimiento de la población urbana fue del orden del 4,5 por ciento anual, la tasa de crecimiento también anual de productos esenciales en la mesa de la población brasileña fue siempre menor: papas 3 por ciento, maíz 2,5 por ciento, arroz 2 por ciento, mandioca 1,3 por ciento, feijao 1,5 por ciento. El segundo fenómeno se revela en la distribución del crédito rural, con el que el financiamiento estatal permitió una fantástica acumulación de los sectores latifundistas y de la gran burguesía en el campo. Téngase en cuenta que el crédito rural llegó a alcanzar un monto similar al valor del total de la producción agraria y que el 80 por ciento de los propietarios rurales (4.000.000) estuvieron sistemáticamente excluidos de los beneficios crediticios. Entre el millón restante con acceso a los financiamientos, la desigualdad de repartición es simplemente fabulosa: el 50 por ciento de “abajo” recibía sólo 7,4 por ciento del total del crédito rural en 1969, proporción que cayó al 5,2 por ciento en 1979, mientras que el 1 por ciento de «arriba» acaparó el 25,7 por ciento en 1969 y el 38,5 en 1979. Es evidente que esta monstruosa concentración está directamente vinculada a la dimensión alcanzada por el desenvolvimiento de la gran propiedad y a la desigualdad sin precedentes -indicada en el capítulo anterior- en la distribución del ingreso en el campo. En lo que respecta al ciclo económico propi3′ mente dicho, el atraso en la producción alimenticia llevó a un encarecimiento de los productos esenciales, que acabaron por deprimir todavía más los salarios urbanos. En este sentido, se registra una clara caída en el salario real en 1973, cuando la inflación alcanzó el 26 por ciento, mientras los índices oficia* les -a través de los cuales se indexaban los salarios- fueron manipulados para no superar el 15 por ciento. La consecuente caída del poder adquisitivo de la gran masa urbana fue uno de los factores fundamentales en la rápida quiebra del ritmo de crecimiento industrial, particularmente en la rama de productos no duraderos, que se observa desde 1974.
Un segundo elemento importante en las desproporciones propias de la fase expansiva 68/73, fue el atraso de los sectores productores de máquinas, equipamientos e insumos industri3′ les en relación a los de productos de consumo final. En medida en que los primeros no pudieron acompañar el crecimiento de los segundos, aumentó significativamente la importación de los denominados “bienes de capital», proceso que estimulado por las mayores facilidades de financiamiento de exterior e inclusive por subsidios gubernamentales. Esto llevo rápidamente a desequilibrios en el comercio exterior, y ya en 1971 la balanza comercial brasileña era deficitaria, estimulando tanto una serie de medidas de contención de las importaciones, generalizadas desde 1975, con repercusiones inflacionarias como una mayor atadura al mercado financiero internación. La inflación resultante del atraso en este sector colaboró por tanto, también, en la restricción al consumo, que alimentó caída de las tasas de crecimiento desde 1973. La desproporcionalidad en el crecimiento de los sectores tiende, además, provocar desajustes entre los diversos ramos productivos con sobreacumulación de capital en partes del parque producto0 carencia de productos en otros segmentos, lo que afecta al esquema de reproducción en su conjunto. Esto conduce a una serie de estrangulamientos en la economía que, naturalmente luego de una etapa de auge, conducen a la inflexión en la curva de crecimiento. O sea, es el propio carácter anárquico de economía capitalista el que se manifiesta como un componerlo fundamental del agotamiento del ciclo expansivo evidenciado en Brasil a partir del 73 y agravado por su combinación con impactos propios de la crisis mundial.
Desde entonces, a partir de mediados de la década del se plantearon una serie de mecanismos destinados a contornear una caída más profunda de los niveles de actividad económica, mecanismos que implican una serie de contradicciones que son justamente las que, en definitiva, abrirán paso a la profunda crisis actual. Una de las formas por las cuales el régimen militar buscó una salida a las tendencias a la desaceleración del crecimiento económico desde 1974 fue la inversión estatal, que desde entonces ocupa un lugar destacado en la composición de la demanda global. La construcción de Itaipú, los gastos en prospección de petróleo y en proyectos relativos a material de transporte y siderúrgicos, implicaron la elevación del gasto público, que actuó, en primera instancia, como barrera a una desaceleración más aguda del desenvolvimiento de la economía. Pero las bases de esta “válvula de escape” fueron tremendamente contradictorias. Primero, porque se apoyaron en un aumento sin precedentes del endeudamiento externo, las tres cuartas partes del cual, en la actualidad, pertenece a las empresas públicas. Segundo, porque el efecto estimulante de la inversión estatal se encuentra sometido a las propias leyes del mercado capitalista que, en la misma medida en que no se expande, tiende a convertir al activo inmovilizado por el Estado en un peso muerto para la valorización del capital privado en su conjunto. En realidad, no es la intervención estatal, canalizando los flujos de la inversión, la que somete a un principio de racionalidad a la inversión capitalista en su conjunto sino que, al revés, es el gasto estatal el que se ve sometido a la anarquía y a los vaivenes propios del ciclo del capital. Esto se verifica en que una serie de proyectos implantados por el gobierno se encuentran en la actualidad con altísima capacidad ociosa porque no encuentran demanda que los absorba. En esta situación se encuentra el sector de energía eléctrica en manos del Estado, compañías siderúrgicas en al área del acero y aluminio, y la compañía nacional productora de material ferroviario.
Al margen de su intervención directa en el sostenimiento de un determinado nivel de inversión, el Estado en los últimos años desarrolló un amplio programa de subsidios, dirigido a mantener la lucratividad de una serie de sectores económicos agrarios, industriales y comerciales. Es difícil cuantificar el volumen de estos subsidios embutidos en el crédito, en incentivos tributarios y en las propias tarifas de empresas y servicios públicos, pero lo cierto es que condujeron a un estrangulamiento fiscal de enormes proporciones: la deuda pública federal alcanzó en 1981 un valor aproximado de 30.000 millones de dólares.
Hacia el final de la década pasada las «válvulas de escape” utilizadas para atenuar la marcha hacia la crisis se encontraban claramente agotadas. La inflación en 1980 superó el 100 por ciento anual, síntoma de una desorganización profunda de la economía. El crecimiento de los precios refleja, de un lado, la violenta pugna de diversos sectores por elevar su rentabilidad decreciente frente a los explotados .en su conjunto y frente a la competencia de otros sectores capitalistas. Cuando la inflación es tan alta, la tasa «promedio” oculta en realidad una reacomodación generalizada de las diversas empresas, grupos y ramos, que pretenden salvarse o mantener sus lucros a costa de los demás y cuya capacidad para remarcar los precios depende de la conformación del propio mercado y del grado de monopolización del sector al que pertenecen. Por otro lado, la inflación también es un síntoma del endeudamiento global del capital, que permite «estirar” el ajuste de cuentas en función del crecimiento de una masa de capital ficticio, o sea que mantiene transitoriamente la valorización de los activos sin contrapartida en un aumento análogo de la producción real. Los subsidios -la deuda interna- y el endeudamiento externo creciendo vertiginosamente son la expresión justamente de este fenómeno.
El agotamiento de los mecanismos que permitieron contrabalancear las contradicciones resultantes del período del «milagro” y de la recesión mundial 74/75, junto a una nueva fase de esta crisis mundial, llevaron a una situación de depresión profunda, que estalló en 1981.
La más grave recesión desde 1930.
Todavía en 1980 la economía brasileña registró un desempeño «fuera de lo común”, con su producción bruta interna creciendo a 8 por ciento. Era, sin embargo, el último acto previo a la crisis y se reflejó en que tuvo un carácter fundamentalmente especulativo. A fines de 1979, Delfím Netto, el «zar” del milagro, reemplazó a Mario Henrique Simonsen en la conducción de la política económica oficial y prometió evitar la crisis repitiendo la performance de su gestión durante los gobiernos de Costa e Silva y Medici. Desvalorizó la moneda frente al dólar para fomentar las exportaciones, planteó que la inflación se reduciría al nivel del 50 por ciento y que este parámetro marcaría los límites a las tases de interés y a la indexación de los presupuestos oficiales; al mismo tiempo planteó elevar las tarifas públicas para «sanear” las finanzas del Estado y reducir la creciente masa de subsidios a la actividad privada. El tiro, en realidad, salió por la culata: bajo la presión, tanto de la crisis mundial -cierre del mercado, aumento de los precios del petróleo, encarecimiento de las importaciones y caída de los precios de los productos exportados- como de la propia inflación provocada por el aumento de los precios estatales y la desvalorización cambiaría, lo que hubo en realidad fue un «boom” de la especulación. En primer lugar, un aumento notable de los stocks de materias importadas y de insumos financiados con el dólar y las tasas de interés “baratas” -dado el control oficial fijando el costo de ambas a un nivel muy por debajo de la inflación real-. En segundo lugar, un aumento del endeudamiento familiar -por la misma razón- y del consumo, provocado por la caída brutal de la remuneración de los depósitos a plazo fijo, hacia el cual canalizan fondos los pequeños y medios ahorristas. En tercer lugar, un déficit comercial en las transacciones internacionales, en parte estimulado por el abaratamiento de importaciones y en parte por la difícil colocación de las exportaciones en un mercado mundial en crisis. El resultado es que a fines del 80 los stocks se acumulaban en todos los sectores de la economía, el estímulo al consumo provocado por el vaciamiento de las libretas de ahorro se encontraba agotado, la masa de subsidios subía vertiginosamente por la diferencia entre los costos presupuestados a una tasa de inflación muy superior, y la deuda externa superaba los 60.000 millones de dólares.
Para evitar la bancarrota Delfím, a comienzos de 1981, pegó un viraje completo: liberó las tasas de interés y limitó el crédito, anunció cortes drásticos en los gastos estatales, desvalorizó el dólar para importaciones, en aproximadamente 25 por ciento con un impuesto especial (Impuesto de Operaciones Financieras -IOF), y redujo los aumentos salariales -fijados por decreto- de las franjas más altas -entre 10 y 20 salarios mínimos. El detonante de esta modificación de rumbos fue la situación límite alcanzada por la deuda externa y la presión de la gran banca internacional. Todos los órganos de prensa del país coincidieron en apuntar que el cambio en la política eco- nómina se dio luego del viaje de Delfím -a fines de 1980— cuando recorrió las principales plazas financieras acreedoras de Brasil, que reclamaron un plan de «austeridad”, para continuar abriendo las canillas de crédito para el país. En este sentido, las medidas restrictivas de orden crediticio, salarial y fiscal constituyeron un plan de salvataje de los acreedores externos, ya que al final de 1980 las divisas de Brasil se habían reducido a un mínimo y la amenaza de una quiebra formal comenzó a plantearse abiertamente.
En 1981 la economía brasileña entró en una fase de profunda recesión. Los números del retroceso son elocuentes: caída del producto bruto superior al 3 por ciento; caída de la producción industrial próxima al 10 por ciento, con depresión profunda en algunos sectores -que son justamente los que lideraron la expansión en el período anterior. Es el caso de la industria automotriz, cuya producción en 1981 fue un 30 por ciento inferior a la del año anterior. Estas cifras no encuentran paralelo en los últimos cincuenta años de economía brasileña. Mientras se utiliza en la actualidad apenas algo más del 70 por ciento de la capacidad instalada del aparato productivo, el desempleo y subempleo entre la población económicamente activa oscila entre el 25 y el 30 por ciento de la masa trabajadora. La perspectiva de una quiebra generalizada se evidencia en el crecimiento sistemático de convocatorias y pedidos de quiebra que afectan a grandes empresas: una de las principales fábricas siderúrgicas de Minas Gerais (Cimetal); grandes empresas de material de transporte (Ciferal en Río y Coferraz en San Pablo); la mayor empresa de ingeniería para obras públicas paulista (Servitec), apenas para mencionar algunos ejemplos.
En contrapartida, el negocio de los bancos fue fabuloso a lo largo de 1981. El lucro medio de los bancos subió en términos reales en casi un 100 por ciento, y en algunos casos llegó al 400 por ciento, como resultado de la brutal distancia que separa las tasas pasivas (a las cuales los bancos toman los préstamos) y las activas (a las cuales prestan), elevadas sobre la base a la restricción cuantitativa al monto total de créditos, determinada por el gobierno. Esta diferencia entre la sideral ganancia bancaria y las declinantes tasas de lucratividad industrial es en sí misma un síntoma de la crisis y el preanuncio de una fase todavía más aguda de la misma. Esto porque es el endeudamiento impagable lo que comienza a arrastrar las empresas a la crisis, y lo que, a su turno, puede involucrar a los bancos cuando el volumen de créditos incobrable se torne una fuente de pérdidas netas. En este sentido, las altas tasas de interés, más que una de las “causas” de la recesión son el reflejo del riesgo creciente al cual está sometida la actividad bancaria en una época de crisis. Cuando se plantea que la “culpa” de esta última es de los banqueros y sus altas tasas de interés se declara de hecho la “inocencia” del capitalismo como tal, como si la crisis fuese un fenómeno exterior al propio capital y al modo de producción que le corresponde.
Si en 1981 el desempeño económico fue el peor que registra Brasil en medio siglo, los pronósticos indican una situación de estancamiento para el presente año y una profunda depresión para 1983, en función de las recientes medidas económicas aprobadas por el gobierno y publicadas a fines de octubre en un documento titulado “Programación del sector externo para 1983”. El “objetivo fundamental de la política económica en 1983” —afirma el documento— es el de “viabilizar la continuidad del proceso de endeudamiento externo”, para lo cual se plantea un corte drástico en las importaciones con el objeto de generar un superávit de 6 mil millones de dólares, destinados a cubrir el pago de intereses y amortizaciones de la deuda. Esto último, por sí sólo, alcanzará en 1983 a un monto de 16.000 millones de dólares, sólo en lo que se refiere a la deuda de medio y largo plazo. El propio gobierno -que esconde sistemáticamente la cifra de la deuda de corto plazo que sería del orden de más de 15.000 millones de dólares- admite que es imposible obtener nuevos créditos para reciclar esta deuda y de ahí la necesidad de obtener un saldo positivo en el intercambio comercial para cubrir el “agujero”: “tratase de conciliar el volumen disponible de préstamo… de los bancos internacionales para el Brasil, determinándose así el superávit mínimo necesario de la balanza comercial» -se dice en la referida “Programación». Un articulista de un importante diario paulista caracterizó el documento como “una carta de satisfacción a los banqueros internacionales… un acta de ren­dición incondicional”. Es que alcanzar un superávit de la mag­nitud indicada, que no tiene precedentes en el país, a través del corte de importaciones, significaría una parálisis del apara­to productivo por la vía de la falta de insumos esenciales, agravado por la retracción mayor prometida en términos de gasto público y crédito.
En realidad, todo el objetivo actual del gobierno es evitar una declaración formal de quiebra, toda vez que las reservas de divisas se encuentran agotadas (considerada información ‘ es­tratégica», el monto de las mismas dejó de ser publicado dos meses atrás) y el país se encuentra de hecho insolvente. La posibilidad práctica de alcanzar el superávit comercial indicado carece aquí de importancia, porque no se trata de ver la viabili­dad técnica del objetivo: lo fundamental es que en la misma medida en que se plantea “viabilizar” el pago a los acreedores, no existe otra salida que someterse a los avatares de la crisis mundial y de la presión del capital financiero imperialista. Para un sector del gobierno representado por los ex ministros Octa­vio Bulhoes y Roberto Campos, se trata de orientar la actual crisis en el sentido de “reestructurar” la economía en función de una aún mayor integración del Brasil con la economía mun­dial, para lo cual plantean eliminar la masa de subsidios toda­vía existentes y dejar que la depresión actual “limpie” a los sectores más ineficientes, dejando en pie a los grupos más competitivos en el mercado mundial, particularmente aquellos vinculados a ciertos productos agropecuarios y explotación mineral, área en la cual el país dispone de abundantes recursos. De ahí que surjan una serie de planteos sobre la “obsolesencia» del parque industrial y de críticas al “déficit” público, que apuntan justamente a fundamentar la política de ajuste a la crisis en favor de una nueva onda de concentración y centrali­zación del capital, que beneficiará a los grandes pulpos extran­jeros y a sectores del gran capital nacional. Es este el sentido fundamental de la política actual del gobierno, lo que marca una tendencia a la profundización de la actual recesión.
Crisis económica y opresión nacional.
Según un informe reciente del bien informado “Wall Street Journal”, Brasil es el más grande deudor del mundo, seguido por México: al final del corriente año, el endeudamien­to del primero alcanzaría los 87.000 millones de dólares, con­tra 81.000 del segundo. Las cifras se encuentran subestimadas, porque no incluyen los intereses de la deuda. Este año, por ejemplo, Brasil pagó, sólo en concepto de intereses (lo que no altera en nada el monto global de la obligación con los acree­dores externos) 11.000 millones de dólares, más del 50 por ciento del total de sus exportaciones. Se calcula, además, que el pago de los intereses y amortización cada tres años equivale a un monto aproximado a toda la producción industrial de un año; esto en la octava economía del mundo por volumen de producción industrial. Este problema se ha convertido en uno de los puntos clave de la actual crisis brasileña, poniendo de relieve el carácter atrasado y semicolonial del país. La enorme deuda, en definitiva es una expresión del carácter de nación oprimida por el imperialismo, que es propio de Brasil como del conjunto de países incorporados tardíamente al mercado mundial a partir de la expansión del capitalismo metropolitano y de la división internacional del trabajo resultante.
En el mercado mundial los países atrasados ocupan una posición similar a la de una pequeña o media empresa frente al gran monopolio: en la distribución de la plusvalía producida este último consigue lucros extraordinarios a partir de su posición dominante en la órbita productiva. El monopolio -característica distintiva de la actual etapa capitalista- es la negación de la libre competencia. El monopolio tiende a negar la ley del valor, apropiándose, a través del control del progreso técnico y del intercambio desigual de la plusvalía producida en los segmentos no monopolizados. O sea que, en relación a estos últimos se encuentra en condiciones de obtener siempre tasas superiores de ganancia en relación a la media existente. Esto se aplica también a la relación entre los países semicoloniales y los imperialistas en la economía mundial. En la cadena del mercado mundial los primeros sirvieron históricamente como fuente de superlucros extraordinarios para el imperialismo. En la última década, la masa de lucros obtenida con el capital financiero por sus aplicaciones en los países atrasados se .convirtió en una fuente esencial de sus ganancias.
El origen del endeudamiento reciente de Brasil y de una serie de países periféricos de las economías avanzadas está directamente vinculado a la crisis de la economía capitalista mundial que se plantea desde inicios de los años 70, al agotarse el ciclo expansivo que se montó sobre la base de la colosal destrucción de fuerzas productivas resultante de la Segunda Guerra Mundial. La crisis es la manifestación de una sobre-acumulación de capital, que no encuentra oportunidades para la inversión productiva, y la razón última del fantástico crecimiento de los mercados financieros internacionales en la última década y ‘media, particularmente del llamado euromercado, donde se concentra la banca acreedora que recicló los fondos excedentes ociosos hacia los países que hoy se encuentran al borde de la bancarrota y hacia los sectores capitalistas en dificultades de los propios países avanzados, que también están en situación de quiebra en la actualidad. Esta banca, que movilizaba depósitos del orden de 15.000 millones de dólares en 1964, maneja en la actualidad fondos que giran alrededor de 1 billón de dólares. Es decir, un crecimiento de 60 veces en el lapso de quince años, evidencia del monumental parasitismo de la economía capitalista mundial.
Las altísimas tasas de interés que Brasil paga por los préstamos recibidos —y la caída de los precios de sus productos de exportación- fueron los medios a través de los cuales se produjo una transferencia de recursos sin precedentes hacia los acreedores imperialistas. Un cálculo publicado recientemente en prensa muestra que sin el aumento de las tasas de interés internacionales que se produjo a partir de 1978 -y en el caso de que los precios de sus productos importados y exportados se hubieran mantenido en una relación análoga a la de aquél mismo año, la deuda externa del país sería 50.000 millones de dólares menor que la actual. Apenas por el aumento de los intereses, sobre el nivel de cuatro años atrás Brasil pagó un plus de 15.000 millones de dólares. De este modo la deuda es un instrumento de descapitalización del país, descapitalización que se toma en una colosal expropiación de la economía nacional cuando la crisis llega a su auge y toma la forma de fuga de capitales. Por ejemplo, la evasión de divisas de México y Argentina, que según los datos más modestos superan los20.000 millones de dólares en el primer caso y una cifra mayor en el segundo, aparecen en la contabilidad como “deuda” de los países hacia el exterior. En Brasil, este fenómeno ya estaría en pleno funcionamiento y según una reciente denuncia de la prensa entre 600 y 800 millones de dólares por mes estarían siendo contrabandeados hacia el exterior. Este fenómeno de especulación contra el cruzeiro nos revela toda la fragilidad del Estado semicolonial, que permite el fraude y el contrabando de divisas en la misma medida en que no toca al gran capital, que especula y obtiene lucros increíbles a través de la propia crisis -por medio del contrabando, del juego con las diversas tasas de cambio y con los subsidios estatales a la captación de más dólares para recomponer la capacidad de pago.
El hecho de que ningún sector de la oposición burguesa plantee la ruptura de los mecanismos de exacción imperialista, por la vía del desconocimiento de la deuda, revela la incapacidad congénita de la burguesía nacional de los países atrasados para asumir una política antiimperialista consecuente. El PMDB, hacia el cual se han volcado sectores del capital nativo que procuran escapar a la quiebra generalizada que está planteada, ha evitado hasta el momento formular cualquier medida de ruptura con la gran finanza internacional, a la cual acusa de “administrar al país”, por la vía de la enorme hipoteca que significa el endeudamiento. El planteo más audaz es el de algunos sectores de la oposición —como es el caso del renombrado economista Celso Furtado— que propugnan una renegociación gubernamental de la deuda entre Brasil y otros países deudores- y los gobiernos de los países acreedores. Como cualquier tipo de reescalonamiento de los pagos dejaría a los bancos acreedores con problemas de solvencia frente a sus depositantes, lo que se plantea es un operativo de rescate común de la banca: los gobiernos de los países capitalistas metropolitanos pagarían las deudas de los propios bancos a cambio de algún tipo de título público que el banco pagaría a plazos, en contrapartida por la reestructuración de pagos de sus propios deudores. Por esto es que se habla de una negociación de gobierno a gobierno. De cualquier modo se trata de un planteo de salvataje de la banca y no de combate por abolir la relación de explotación propia del capital imperialista.
Otra serie de economistas de nota del PMDB plantean que la política recesiva del gobierno es “incompetente” porque la depresión económica no resuelve los problemas económicos que dice querer superar, fundamentalmente la crisis fiscal y la del sector externo. Al revés -afirman- la recesión al reducir la producción reduce también la masa tributaria a recaudar y no alivia el estrangulamiento de las cuentas estatales. Además, sólo una política de reactivación con utilización plena y eficiente de los recursos permitiría elevar a la competitividad de las exportaciones y permitiría obtener superávits en el comercio internacional, de manera de aliviar la carga del endeudamiento. Esta presentación del problema procura transformar la crisis en una cuestión técnica, de “competencia” de la política económica, omitiendo el hecho de que la crisis es inherente al modo de producción capitalista porque solamente así se produce, la desvalorización de los elementos del capital que permiten re-componer su rentabilidad decreciente, base de toda depresión capitalista. Desvalorizar el capital constante y el capital variable significa crear las condiciones para tal recomposición de la tasa de ganancia y esta desvalorización se da a través de las quiebras, de nuevas formas de centralización y concentración, de la depreciación del salario (superexplótación, etc….). La política económica puede retardar o acelerar este proceso y, eventualmente, orientar en determinado sentido la inevitable expropiación que significa la propia crisis en relación a una u otra fracción del capital. Cuando Delfím Neto afirma que todos los males brasileños son de responsabilidad exclusiva de la crisis mundial, lo que está ocultando es que su propia política materializa la presión del gran capital financiero e imperialista, que lleva a la expropiación, no apenas de los sectores menos resistentes del capital nativo, sino, fundamentalmente, de los trabajadores y explotados del país.
Desde el punto de vista capitalista la bancarrota de un país atrasado como el Brasil plantea la posibilidad de una alternativa nacionalista, para lo cual el país podría aprovechar las ventajas comparativas que resultan de su propio atraso: mano de obra barata, recursos naturales, frontera agrícola, etc. . .. Esto sería posible atacando al gran capital, que por su naturaleza monopolista tiende a bloquear la industrialización nacional y un amplio desarrollo del mercado interno. Esto sería progresivo desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, pero la burguesía nacional es incapaz de llevar adelante semejante empresa porque esto significaría poner en pie de guerra a la nación contra el imperialismo. El antiimperialismo consecuente conduce al socialismo y no a un desenvolvimiento pujante del capitalismo nacional. Por su voluntad de no escapar a los límites políticos de la burguesía nacional, los economistas de la oposición formulan una política alternativa que omite cualquier medida real de ataque al imperialismo (confiscación de los grandes “trusts», estatización de los bancos, desconocimiento de la deuda externa, etc….) y se limitan a plantear modificaciones instrumentales de política económica que carecen de cualquier perspectiva, tales como reducción de las tasas de interés, tasas múltiples de cambio, etc. Un planteo alternativo semejante a la «alternativa» de Cavallo a Martínez de Hoz. Igual que el primero el programa alternativo del PMDB es claramente antiobrero, una vez que se opone a cualquier elevación masiva del salario real y a la implantación del salario desempleo. Esto después de una década y media de salarios supercontrolados, con la mitad de las familias brasileñas viviendo abajo de los niveles de subsistencia y con un desempleo equivalente a un cuarto del conjunto de los trabajadores del país.
Lamentablemente el PT que también acaba de lanzar un «programa económico” para el «corto plazo”, ha sido incapaz de superar las propuestas de la oposición burguesa. Sólo en algunas reivindicaciones de tipo sindical -escala móvil de salarios y de horas de trabajo, salario desempleo- existe una diferencia observable. En lo demás, y en un escrupuloso respeto por el «cortoplacismo” no se formula consigna antiimperialista ni anticapitalista de ningún orden. No se contempla ninguna medida confiscatoria ni de control obrero contra la propiedad privada. El programa fue elaborado por economistas emigrados del PMDB y en un reciente debate público, un líder de este último no tuvo problemas en declarar que, en lo fundamental, coincidía totalmente con el documento petista.
Lo que también se omite en el programa del PT es lo esencial: la crisis actual, porque es una crisis del capital no puede resolverse sino a través de un proceso de expropiación, y la cuestión clave en este caso es: ¿quién expropia a quién?, ¿el gran capital expropia a los hambrientos y explotados, a la clase obrera y a los pequeños propietarios de la ciudad y del campo, o la mayoría nacional expropia al imperialismo y al gran monopolio capitalista, raíz de la miseria y la desigualdad de la nación oprimida? Formulado en estos términos, la alternativa surge claramente, es decir: contra la expoliación del imperialismo y la crisis que revierte en miseria, superexplotación y carestía para las más amplias masas, lo que se plantea es confiscar al gran capital, nacionalizar la tierra y expropiar al gran latifundio, estatizar la banca y el comercio exterior, romper todos los pactos con el imperialismo y plantear la investigación y moratoria unilateral de la deuda externa, etc. En la misma medida en que la crisis toma un carácter generalizado, las consignas que superan la mera reivindicación defensiva y profesional de los explotados, se imponen como un resultado de la propia experiencia de las masas y de la generalización de su lucha y resistencia. La crisis es un hecho, lo que se trata de determinar es si la salida a la misma será una salida capitalista, basada en el deterioro todavía más profundo de las ya miserables condiciones de vida de la población o si, por el contrario, se la plantea en términos de ataque a la anarquía y el parasitismo que corresponden al gran capital monopolista.

–


Polonia: La encrucijada de “Solidaridad”

Julio Magri

Ya escrito el artículo que se va a leer se produjo la liberación de Walesa y el conjunto de acontecimientos conectados con este hecho. El artículo no ha perdido, sin embargo, actualidad. Si hemos creído conveniente añadir lo que sigue, a modo de introducción y conclusión.

Tras 11 meses de detención Lech Walesa fue liberado. Pocos días antes, Walesa había escrito una carta a Jaruzelsky donde le señalaba que “el tiempo ha venido a explicar ciertas cosas y comenzar a actuar hacia un acuerdo’’. “Propongo -agregaba- una reunión y serias discusiones sobre temas de interés. Y dada la buena voluntad, una solución puede, ciertamente, ser encontrada”. La carta estaba firmada, sugestivamente, por el “cabo Walesa». Un mes después Walesa dio a conocer su versión de la carta, denunciando la inclusión de párrafos apócrifos, pero la orientación es la misma, puesto que señala “su disposición a participar en el trabajo para la obtención de un verdadero acuerdo social», y declara que la crisis polaca seria solucionadle «por medio del restablecimiento de la confianza mutua entre la sociedad y el gobierno” (“Clarín”, 12/12/82).
Pocos días antes de la liberación de Walesa, el primado de Polonia, Arzobispo Glemp, se reunió con Jaruzelsky. Culminaban, asi, las negociaciones que desde el golpe la Iglesia venia entablando con el régimen militar. En la reunión se suscribió un acuerdo político cuyo núcleo es apoyar al régimen militar contra la existencia de Solidaridad. La prueba de esto es que Glemp repudió públicamente el paro general de protesta contra la disolución de Solidaridad lanzado para el 10 de noviembre y llamó a aceptar los «nuevos” sindicatos de fábrica creados por el régimen. Asimismo, en el comunicado conjunto de la reunión, Glemp y Jaruzelsky subrayan la decisión de trabajar por la “salvaguardia y el refuerzo de la paz, del orden social y del trabajo». A cambio de este respaldo, la Iglesia obtuvo la autorización para la visita del Papa a Polonia a mediados del año próximo. Significativamente, Walesa fue liberado pocos días después.
Es por todo esto que la liberación de Walesa fue recibida con mucha cautela por la clase obrera polaca. Distintos corresponsales señalaron que en la base de Solidaridad “no se disimulaba cierta angustia» e inclusive indignación por la carta de Walesa y por el hecho de que éste postulara un acuerdo global con el régimen burocrático-militar (“Le Monde», 16/11/82).
Esto se vio acentuado, a su vez, cuando Walesa no se colocó bajo las instancias de la dirección clandestina de Solidaridad ni llamó a acatar sus directivas, lo que revela que se propone desarrollar un proyecto político propio. En efecto, al mes de quedar libre, en el discurso que adelantó a la prensa ante la seguridad de que no le permitirían hablar en el acto de homenaje a los obreros asesinados en 1970, se pronunció por construir «un gran movimiento nacional» basado “en cuatro estructuras complementarias e interdependientes: los nuevos sindicatos de base por fábrica, las comisiones de autogestión obrera en las empresas, las organizaciones de intelectuales y artistas y las de la juventud” (“Clarín”, 16/12/82).
Walesa plantea destruir las características soviéticas de Solidaridad, lo que significa atomizar al proletaiado y al movimiento de las masas. Pasar de la organización general del proletariado a un sistema sindical (y peor por fábrica) es un retroceso en el nivel de amplitud y función. En este planteo está el núcleo de la colaboración con la burocracia.
Walesa admite disolver Solidaridad y admite también la implementación de un sindicalismo atomizado de fábrica. Pero aún así para Jaruzelsky el problema sigue sin resolverse. Pues para la burocracia no sólo se trata de implantar un sindicalismo por fábrica sino de restaurar el monopolio de la burocracia del PC sobre el conjunto de las organizaciones obreras. Por eso Walesa declaró “no puedo rechazar la formación de nuevos sindicatos porque estoy con el principio del pluralismo sindical; pero los nuevos sindicatos, en su forma actual, no me interesan» (subrayado nuestro) (“Clarín”, 18/12/82). Walesa está por un sindicalismo atomizado y “despolitizado” pero que tenga libre juego respecto del PC.
Se ve entonces que la voluntad de acuerdo no significa que éste esté consumado. El planteamiento de Walesa está atenazado entre el totalitarismo de la burocracia y la presencia de Solidaridad. A pesar de los reveses sufridos, Solidaridad sigue presente como una fuerza social y política de primer orden y expresa la tendencia independiente antiburocrática del movimiento obrero.
El imperialismo, por el “acuerdo nacional»
Desde hace tiempo, el imperialismo venia postulando un acuerdo de la Iglesia con el régimen de Jaruzelsky. En julio pasado el “Washington Post” (24/7/82), en un editorial, señalaba que “la política del General Jaruzelsky de gradual 4liberalización’ y reforma, es la única factible para él y que Mr. Reagan puede estimular el proceso dándole un empujón”. El vocero yanqui sostenía que “Solidaridad y la Iglesia están muy lejos de que se les otorgue el rol que merecen y que Polonia desesperadamente necesita4′. Ahora, lógicamente, el imperialismo mundial apoya el acuerdo Glemp-Jaruzelsky. En primer lugar lo hace el imperialismo europeo, quien es el que más abiertamente ha venido apoyando la “normalización» polaca. Pero también el yanqui. El mismo «Washington Post”, rápidamente (15/11) en un editorial, interpretó que las medidas de Jaruzelsky buscaban, de Parte de éste, restablecer las relaciones con Occidente deterioradas por la crisis política polaca, y señalaba cómo justa la decisión de Reagan de levantar algunas sanciones económicas (“el anuncio de Reagan de terminar con las sanciones al gasoducto siberiano… fue la correcta”). Pero para el vocero yanqui esta “senda positiva” de Jaruzelsky requiere precisamente una presión vigilante económica y militar. El imperialismo está viendo en la crisis económica polaca y en la impasse del régimen burocrático-militar una oportunidad para dislocar aún más la economía estatizada y, por lo tanto, el carácter del Estado obrero.
Se pone al desnudo nuevamente la falsedad de que el golpe de Jaruzelsky fue ejecutado para defender al «socialismo”. Parte de la burocracia. la política de convergencia con el imperialismo. Esto requería aplastar la movilización independiente del proletariado.
El régimen de Jaruzelsky
Mientras que en los procesos contrarrevolucionarios de Hungría y Checoslovaquia, el régimen burocrático entró en una fase de estabilización reconstituyente del aparato del PC, no es esto lo que ocurre en Polonia. A la crisis económica internacional, que no le permite a Polo- Pía salir de su marasmo se agrega el hecho de que el conjunto del llamado “bloque soviético” está en crisis. No menos importante es que la ruptura de la clase obrera con el POUP ha pulverizado a éste, que no tiene perspectivas de reconstruirse.
Las negociaciones del régimen con la Iglesia, la liberación de Walesa, etc., revelan, precisamente, la impasse del régimen burocrático-militar y la presión activa, y contradictoria, de las masas y el imperialismo. El régimen necesita un acuerdo con la Iglesia y con la fracción de ésta en Solidaridad, para encarar una estabilización política y económica. El llamado “hombre fuerte” de Polonia carece de los instrumentos políticos apropiados para su dominación política. Es por eso que intenta una vía inédita, buscando arbitrar entre las masas, de un lado, y el imperialismo y la burocracia rusa, del otro.
El régimen de Jaruzelsky busca desarrollarse hacia el bonapartismo. Esto significa balancearse entre el imperialismo y la burocracia rusa, de un lado, y el proletariado, del otro, pero, se está dando una tendencia, no a la reconstrucción clásica del aparato del POUP, sino a gestar un “movimiento nacional» basado en el Ejército y sustentado en la Iglesia y en un sector del movimiento obrero.
La convergencia con el imperialismo no es una “originalidad” polaca sino que es la tendencia del conjunto de las burocracias de los países del Este. De una manera más lenta y por otra vía no sólo los procesos contrarrevolucionarios en Hungría y Checoslovaquia, sino todo el “bloque” se ha orientado hacia un acercamiento con el imperialismo mundial. Esto está objetivamente en contradicción con el carácter obrero de estos Estados y constituye inevitablemente un factor primor-dial de acentuación de la crisis social en esos países y de crisis de sus regímenes políticos burocráticos, y por esto mismo son factores que impulsan la intervención política del proletariado.
Pero el nivel de la crisis económica internacional y la crisis política del imperialismo, de un lado, y el nivel de ruptura de la clase obrera polaca con la burocracia, del otro, se levantan como obstáculos poderosos para este acuerdo “nacional” e “internacional” de sostenimiento del régimen de Jaruzelsky y explican, a su vez, la crisis que gira en tomo a las negociaciones.
Balance de Solidaridad
Lo hecho por Walesa desde su liberación ha sido un golpe contra Solidaridad. Se colocó de lleno en favor de un acuerdo con Jaruzelsky, se pronunció por la disolución de Solidaridad, sustituyó, de hecho a su dirección clandestina, aceptó el principio del sindicalismo por empresa, etc.
Walesa pudo hacer todo esto porque Solidaridad fue llevada, por la orientación de su dirección clandestina, a una situación de retroceso y de desmantelamiento de la resistencia activa de masas de los primeros meses después del golpe. Esto se debió a que la dirección de Solidaridad careció de una orientación de combate contra el régimen militar. Permanentemente sostuvo que su finalidad era arribar a un compromiso con el gobierno, que la resistencia debía limitarse-a una presión para abrir las negociaciones, que la táctica debía ser la de paros esporádicos de protesta, etc., etc.
Jaruzelsky explotó a fondo esta’ tendencia conciliacionista de Solidaridad que desarticulaba la resistencia al régimen, para finalmente, en octubre, decretarla “des-legalización” de Solidaridad y decretar una estructura sindical por fábrica y controlada por la burocracia. De inmediato, los obreros en numerosas fábricas se pusieron en huelga pero la dirección de Solidaridad, en lugar de unificar y centralizar ese movimiento huelguístico, lo desconoció, y en su lugar decretó un paro de protesta de 4 horas para un mes después y otro para diciembre, lo que sirvió para quebrar las huelgas obreras en curso. El paro de noviembre, a su vez, fracasó porque se trató de una huelga qué, como dijo “The Economist” (13/11), la dirección de Solidaridad “realmente no queria” y también por el llamado público de la Iglesia a no acatar, la medida de fuerza. Posteriormente, ya liberado Walesa, la dirección de Solidaridad levantó el paro de diciembre, no por un reconocimiento de que el mismo no estaba preparado, sino porque “las recientes medidas y los animaos del gobierno otorgan esperanzas de por lo menos un cierto tipo de tregua entre las autoridades y la sociedad». Inclusive en la declaración de Solidaridad se insinúa “la posibilidad de aceptar la disolución de la organización sindical» («Clarín” 29/11/81).
Esta política de apaciguamiento del proletariado fue explotada por Jaruzelsky para arremeter contra Solidaridad, del mismo modo que ahora está explotando la voluntad acuerdista de Walesa para imponer la atomización obrera. Pero toda esta voluntad de acuerdo choca, sin embargo, con la profundidad de la crisis social, que es el gran obstáculo para la estabilización del régimen burocrático-militar. A pesar de la “militarización», el régimen no consigue elevar la producción en los centros industriales y mineros. Se espera para 1982 una caída del 8 por ciento de la producción industrial. Las importaciones se redujeron, a su vez, en un 40 por ciento, numerosas fábricas carecen de materias primas e insumos para producir (“International Herald Tribune», 23/11/82). El otro gran obstáculo, es el nivel de politización antiburocrática del movimiento obrero polaco que, a través de su resistencia al régimen y de pronunciamientos (boletines regionales y fabriles) ha venido cuestionando la política de compromiso de la dirección de Solidaridad.
La gran conclusión que tiene que sacar la vanguardia obrera polaca es la necesidad de su agrupamiento en un partido revolucionario. Esta necesidad no queda eliminada por la existencia de un gran movimiento sindical independiente de masas (Solidaridad) sino que se refuerza porque se pone al rojo vivo la necesidad de una dirección consciente del proceso de la revolución política. Esta tarea que no fue llevada adelante en el período de ascenso debe ser impulsada ahora, como balance de la derrota sufrida.
El pasado 8 de octubre los «representantes” de Jaruzelsky en el Parlamento resolvieron «deslegalizar” a «Solidaridad”, que estaba «suspendida” desde el golpe militar del 13 de diciembre de 1981. En su lugar, resolvieron montar una nueva estructura sindical.
Con la «suspensión” de Solidaridad y la promesa de que rediscutiria su situación futura, Jaruzelsky, en primer lugar, buscó alimentar en la oposición polaca y en el seno de Solidaridad la ilusión de que el régimen pretendía un entendimiento futuro, maniobra que debía servir para desarticular la resistencia obrera al golpe. Esta maniobra estaba dictada por la precariedad del golpe, que no contó con ningún apoyo social fuera del círculo estricto de la burocracia estatal. Jaruzelsky necesitaba ganar tiempo a fin de permitir que el Ejército tomara el control efectivo del país.
El segundo propósito de esta maniobra era explotar la posibilidad de asociar a una fracción dirigente de Solidaridad con el régimen, como lo denunció la dirección nacional clandestina de Solidaridad en su declaración al día siguiente de votarse la ley de «deslegalización”. La disolución de Solidaridad marca el fracaso de esta pretensión de la burocracia.
Es un hecho que un factor esencial de la fuerza de Solidaridad (y que le daba características soviéticas), residía en su organización de tipo territorial, es decir, agrupando a las fábricas por región y no por oficio. Desde los acuerdos de Gdansk en 1980, la burocracia intentó prohibir el funcionamiento de las regionales de Solidaridad, para liquidar su carácter eminentemente clasista.
La esencia de la nueva estructura sindical aprobada por el régimen de Jaruzelsky consiste, precisamente, en la atomización del movimiento obrero, por cuanto establece el sindicato por empresa. No se intenta siquiera reeditar, al menos por el momento, los grandes sindicatos nacionales por ramas controlados por los funcionarios del régimen, como existían antes de 1980 y como es común a los regímenes burocráticos. No, aquí se pretenden crear tantos sindicatos como empresas, para reducir la fuerza social y política del proletariado y dividirlo al extremo. Para 1984 se prevé la formación de federaciones por rama (manteniendo el carácter por empresa de los sindicatos) y para 1985 una Confederación única, como una segunda vía de regimentación sindical, porque éstas también serán controladas por funcionarios del régimen.
La sindicalización campesina, en cambio, ha sido directamente prohibida. Los “nuevos” sindicatos deben reconocer el “rol dirigente de POUP en la edificación del socialismo…” y sólo pueden afiliarse internacionalmente de hecho a la Federación Sindical Mundial, títere de la burocracia stalinista.
Este sindicalismo por empresa responde, además, al propósito del régimen de ir modificando la actual planificación burocrática centralizada por la llamada “reforma de la empresa». Esto significaría darle a ciertas empresas claves “autonomía de gestión” para que se vinculen directamente con el mercado mundial y para tomarlas “productivas” aplicando las leyes del funcionamiento capitalista (autonomía para establecer los precios, regulación de; los salarios y leyes sociales en función de la ganancia, etc.).Esta “reforma» requiere la aguda despolitización de la gestión de las empresas y la adhesión de los sectores gerenciales. Se trata de un profundo paso hacia la convergencia con el imperialismo, que desmiente todas las imputaciones de que la burocracia estaría defendiendo el socialismo.
La nueva ley reconoce el derecho de huelga de un modo singular. Así, antes de aprobar una huelga, los trabajadores deben someter sus reivindicaciones a una comisión de conciliación con mayoría de los personeros del régimen. Después de esta larga tramitación, sólo puede aprobarse la huelga por el voto secreto y con un aviso de una semana. Aún en este caso, las huelgas no pueden tener motivaciones que el régimen juzgue como “políticas”. Además, se especifican numerosas actividades y ramas industriales donde la huelga está directamente prohibida y la ley establece que la violación de la misma es penada con 5 años de cárcel, la disolución del sindicato o la remoción de sus dirigentes.
También resulta significativo que se le reserve al Ejército el derecho de prohibir las huelgas si considera que afectan la seguridad del Estado. El régimen sólo se concibe sobre la base del arbitraje y de la fuerza represiva, no ya de la burocracia, sino directamente del Ejército. Esto es un reconocimiento del hundimiento del aparato partidario de la burocracia del PC, burocracia que está obligada a presentarse descarnadamente, sin ninguna base social, como una dictadura de tipo militar.
La clase obrera polaca en defensa de Solidaridad
Al día siguiente de sancionarse esta ley, la dirección nacional clandestina de Solidaridad llamó a boicotear los nuevos sindicatos y a realizar el 10 de noviembre, o sea para un mes después, un paro de protesta.
En cambio, en Gdansk, Cracovia, Wroclaw se desarrollaron de inmediato huelgas obreras dirigidas por las direcciones de base o intermedias de Solidaridad. En los astilleros del Báltico la huelga fue unánime y Jaruzelsky se vio obligado a cortar las comunicaciones telefónicas en todo el país, a cortar rutas y militarizar los astilleros. Las tropas se vieron obligadas a entrar en la ciudad de Gdansk y sólo después de 2 horas de enfrentamiento pudieron retomar su control. En otras ciudades también se realizaron paros y concentraciones, como en Cracovia, Poznan y Wroclaw.
Es un hecho que la decisión de la dirección nacional de Solidaridad de convocar a un paro recién para el mes siguiente actuó como un freno de la acción obrera y de su extensión nacional. Esta fue la principal razón por la que el movimiento huelguístico no se expandió y por la que, allí donde se efectivizó, los obreros decidieran volver al trabajo. Según el “International Herald Tribune” (15/10/82), “la acción (de los obreros) Pareció tomar de sorpresa a los dirigentes clandestinos de Solidaridad, y obreros de los astilleros dijeron, después que levantaron la huelga, que les faltó el inmediato apoyo de dirección”. Inclusive se dio el caso que “Líderes clandestinos de Solidaridad en Varsovia llamaron al final del miércoles a huelgas en apoyo de los astilleros y aparentemente ignoraban que su llamado .llegaba después que la huelga (en Gdansk) había terminado” (ídem).
El paro del 10 de noviembre fracasó aunque en numerosas ciudades se realizaron concentraciones importantes (en Wroclaw, se concentraron más de 15.000 personas). La explicación se encuentra en la conducta vacilante de la dirección de Solidaridad, en que el paro fue decretado no para centralizar las huelgas espontáneas y combativas que estallaron apenas se conoció la “deslegalización” de Solidaridad sino para frenarlas. Esto lo percibió claramente la Iglesia que, sacándose la máscara de su coqueteo con Solidaridad, llamó, por boca del arzobispo Glemp, a no acatar el paro.
La orientación de la dirección de Solidaridad se ha convertido en la cuestión clave de la resistencia al régimen. Es cierto que Jaruzelsky no logró atraerse, mediante la corrupción y la represión, a ninguna fracción significativa de Solidaridad y que en las fábricas no ha reclutado a nadie para sus pretendidos sindicatos. Pero la ausencia de una real centralización de Solidaridad, que traduce las inconsecuencias de su programa político, la confusión y parálisis que esto genera en el movimiento obrero, son factores que Jaruzelsky está aprovechando para su objetivo de derrotar a Solidaridad.
Las ilusiones suicidas de Solidaridad
En los 10 meses entre el golpe y la disolución de Solidaridad, tuvo lugar un intenso debate en las filas de ésta sobre los fines y los medios de la resistencia antiburocrática. Este debate tuvo como uno de sus ejes la actitud hacia la «promesa” del régimen de negociar con la dirigencia de Solidaridad su funcionamiento futuro.
La Iglesia rápidamente planteó que la clase obrera debía deponer toda actitud de resistencia para facilitar el inicio de negociaciones con el régimen militar.
Sin pelos en la lengua, el arzobispo Glemp definió de este modo el papel de la Iglesia a partir del golpe: “Mi primera tarea, después de la institución de la ley marcial, fue evitar el derramamiento de sangre y prevenir una revolución violenta. Considero que ayudamos a alcanzar esa meta. No deseamos que se cree un movimiento subterráneo o terrorista. Queremos trabajar en pro de la reconciliación nacional, ayudar a cerrar el terrible y creciente abismo que separa al gobierno del pueblo” (“New York Times”, 20/6/82). Y cada vez que los trabajadores ganaban la calle, el “mensaje” de la Iglesia era el mismo: “no salir a las calles… la calle no debe ser el lugar del diálogo… alrededor de una mesa debe desarrollarse el diálogo…” (“Le Monde”, 28/8/82).
No hay que olvidar que todavía en abril la Iglesia seguía sosteniendo que Solidaridad era también responsable de la crisis económica y política y que Solidaridad solo podía tener vigencia si deponía toda resistencia y aceptaba “redimensionarse» en los términos de un acuerdo con el régimen. El fracaso de esta variante (esto con la deslegalización de Solidaridad), llevó a este mismo Glemp a llamar a los obreros polacos “a aceptar como un hecho la desaparición de Solidaridad”, a decir que “la solidaridad entre los hombres existe en el trabajo y en el sentimiento nacional y no necesita ser una organización para sobrevivir”, y a exhortar a los obreros a “no realizar nuevas huelgas y movilizaciones de protesta” (“Clarín? 18/10 /82). Finalmente, Glemp llamó públicamente a no cumplir con el paro de protesta del 10 de noviembre convocado por Solidaridad.
Pero también en Solidaridad se desarrollaron ilusiones suicidas en Jaruzelsky, quien las explotó a fondo, dejó que ellas fueran minando las perspectivas revolucionarias, para asestar finalmente el golpe de la “disolución”. Nuevamente, la cuestión de la estrategia, definida en los términos de revolución política o reforma del Estado burocrático, se convirtió en el punto nodal del movimiento obrero polaco. Todo el problema de estructurar una vanguardia revolucionaria está concretamente planteado en esta discusión.
No hay que olvidar que la ilusión de que la presión social llevaba a la reforma del régimen burocrático fue la razón principal por la que Solidaridad fuera “sorprendida” cuando Jaruzelsky sacó los tanques a la calle. En un primer momento dirigentes de Solidaridad extrajeron ese balance. En «Internacionalismo” Nro. 4 (enero-abril 1982) publicamos declaraciones del presidente de Solidaridad-Varsovia, Z. Bujak, quien sostuvo que Solidaridad estuvo entrampada en la idea de que el régimen era reformable, cuando en realidad se preparaba para el enfrentamiento contra los trabajadores. Bujak rechazó la tesis de que una política de “prudencia” hubiese evitado el golpe, lo seguro -afirmó— es que “hubiese significado para nosotros colaboración con el estado y las autoridades del partido -una colaboración que hubiera tenido que ser dirigida contra los trabajadores, los intelectuales, los hombres del arte y la cultura”. Solidaridad se hubiera transformado, en palabras de Bujak, “en un anexo del sistema totalitario, creando sólo una impresión de democracia”.
No existió nunca una estrategia de Solidaridad y el compromiso sin principios sobre el que se estructuró su dirección seguía la línea del acuerdo con los sectores “reformistas” de la burocracia, de la no destrucción del aparato de ésta y de colaboración con el imperialismo en los términos de la “detente”. La confusión política de los cuadros medios no podía ser mayor. En un boletín clandestino de Solidaridad-Varsovia (15/ 3/82) se reconoce que hasta el 20 de diciembre -cuando los tanques ya llevaban una semana en las calles y fábricas- “una gran parte de la sociedad creía que se trataba de un conflicto más con el poder que, como los precedentes, concluiría con una victoria o al menos con un compromiso”. “El 13 de diciembre -saca como balance ese Bojetín- demostró una impreparación total de Solidaridad en la lucha contra la violencia del poder. Bien que esto haya estado totalmente en acuerdo con los principios y los estatutos de Solidaridad, no por eso es menos testimonio de la creencia ingenua de que se podía impedir al aparato del poder recurrir a la violencia, incluso cuando su dominación estaba en juego. Esto traducía la ilusión de que la voluntad de la sociedad entera puede alcanzar para imponer la democracia sin tener necesidad de recurrir a la fuerza. Solidaridad no estaba preparada para el enfrentamiento, a pesar de los numerosos llamados de atención” (“Wola”, nros. 6/7 – Varsovia, 15/3/82, Reproducido en Inprecor Nro. 125, 3/5/82).
Estos primeros balances críticos, sin embargo, no se tradujeron en una estrategia de resistencia al régimen militar; por el ‘contrario, en el seno de Solidaridad y de la oposición se abrió un amplio debate en relación a los fines estratégicos y medios de lucha que marcaba una involución respecto a las primeras conclusiones sobre el golpe.
Las fracciones conciliacionistas o directamente ligadas a la Iglesia desplegaron el mito de que el Ejército polaco tenía una “esencia nacional”, hecho que abría un amplio campo para un “entendimiento nacional de los polacos”. En abril, el Consejo social de la Arquidiócesis de Varsovia responsabilizaba todavía a Solidaridad por la crisis política y por el desenlace del golpe, y proponía un “acuerdo nacional”, basado en “la aceptación del sistema político existente y de las alianzas inter-nacionales de Polonia” (ídem, “New York Times”). Para la Iglesia, Solidaridad debía automutilarse y aceptar los términos de una integración al régimen de Jaruzelsky.
En verdad, el Ejército polaco es de típica esencia antinacional. Fue modelado por la burocracia stalinista rusa; actuó en la represión de todas las revueltas nacionales antiburocráticas; y, como lo volvió a mostrar el 13 de diciembre, es la guardia pretoriana de la burocracia contrarrevolucionaria. Esta teoría, que sirvió para desarmar al país ante el golpe, refleja el gran norte estratégico del clero: un gran acuerdo Iglesia-Ejército como balanza contra la clase obrera, de un lado, y del Kremlin, del otro, dirigido a explotar las tendencias bonapartistas y chauvinistas de la burocracia uniformada en condiciones de crisis revolucionaria.
La posición de la Iglesia se refleja ampliamente en Solidaridad, como se puede ver en los reportajes y pronunciamientos de sus dirigentes que se han publicado en el exterior. Pero no sólo es de la Iglesia, sino de amplios sectores laicos de filiación reformista. Por ejemplo, Z. Romaszewski, dirigente de Solidaridad-Varsovia sostuvo que “debemos saber que solo una entera determinación de la sociedad para imponer exigencias limitadas puede incitar al poder a aceptar un compromiso”, proponiendo que, sobre la base de la libertad de los detenidos y el levantamiento de la ley marcial, Solidaridad rediscutiera su programa y sus estatutos dando “prueba de realismo”. Romaszewsky entendía la resistencia como el desencadenamiento de una huelga general que llevaría al régimen a “concluir un acuerdo” o en su defecto a que un golpe de palacio coloque a “un nuevo equipo” en el poder que se resuelva a hacer concesiones. La estrategia de la huelga general tiene, en Romaszewski, el propósito de incentivar un recambio en la propia burocracia, la que por la fuerza de la resistencia se resolvería por hacer concesiones a las masas. Otro dirigente de Solidaridad- Gdansk, A. Hall, sostenía, a su vez, que “lo que debe guiamos… es la toma de conciencia de que la resistencia de la sociedad no tiene por objetivo desplazar al partido comunista del poder sino obligarlo a hacer concesiones a la nación. No porque amemos ese poder y le reconozcamos el derecho moral de gobernar Polonia, sino porque simplemente hoy no puede ser de otra manera. Quien no ve esto entra en el dominio de la política lunática” (en “Alternativa” Nro. 18, París, septiembre de 1982). Todos estos razonamientos están impregnados del más crudo empirismo; no hay aquí una sola caracterización de clase de las fuerzas en presencia, de su función y límites históricos, ni qué decir del contenido de la revolución obrera. No es extraño que no se pretenda siquiera formular una estrategia política.
Que un movimiento no esté maduro para derrocar al régimen existente o que atraviese por una etapa de reflujo no convierte en “realista” un programa de convergencia con el régimen. Lo que aquí se presenta como un planteamiento que pisa tierra firme no es otra cosa que una tendencia a la mutilación de los fines que, objetivamente, se plantea el proletariado cuando éste inicia una acción histórica contra la burocracia. Esto es lo que tiene en claro Jaruzelsky, que no busca cualquier clase de compromiso, sino aquél que le permita doblegar a las masas. Esto supone derrotar a Solidaridad y desvirtuarla. Por eso los planteos de negociación con Solidaridad pasaron por la línea maestra de que se acepte la desnaturalización de ésta y de que se convierta a la defensa del Estado.
Bogdan Lis, uno de los cuatro componentes de la dirección nacional clandestina de Solidaridad y dirigente de la región de Gdansk, en un discurso pronunciado durante las manifestaciones del 31 de agosto último, definió la estrategia de Solidaridad como de presión sobre jaruzelsky para que se efectivicen las negociaciones. Bogdan Lis sostuvo que el régimen está llevando a Polonia al hundimiento y a la “privación de su identidad nacional… Y es por no haber aún llegado a eso que llevamos nuestro combate por el acuerdo, para que se torne un hecho. Pero para que se pueda hablar del inicio de u# proceso de normalización, debemos conocer las propuesta5 de solución del conflicto”. Bogdan Lis terminó su discurso “deseando que se vuelva a la política de diálogo y que el sentido de responsabilidad ante el destino del país prevalezca, para prevalezcan la razón y el realismo…” Aquí está presente de nuevo ( identidad nacional») la idea de que el ejército tiene o el carácter distinto de la burocracia “civil”, y, peor aún, que se debería favorecer un golpe bonapartista, de distanciamiento del Kremlin, que inevitablemente sería proimperialista.
Esta estrategia fracasó. Jaruzelsky definió los términos de la “normalización”. Al no obtener la integración de solidaridad la disolvió y ahora exige a sus dirigentes y a la Iglesia que ingresen a la nueva estructura sindical basada en la atomización y regimentación del movimiento obrero, con el condimento de la “reforma económica” y la “autonomía de gestión”.
El debate en la dirección de Solidaridad
Estas cuestiones estuvieron en el centro de un debate muy importante que se produjo en la dirección de Solidaridad y que prosigue con toda intensidad. La polémica se inició en el mes de febrero con un planteamiento de Jacek Kuron, uno de los fundadores del KOR, quien se encuentra preso desde el golpe. En marzo, le respondieron Z.Bujak y W. Kulerski, presidente y vice de Solidaridad-Varsovia, ambos en la clandestinidad, lo que motivó un nuevo texto, en mayo, de Kuron.
La posición de Kuron es extremadamente contradictoria en todos los planos de sus análisis. De un lado, dice que con el golpe de Jaruzelsky se destruyeron las condiciones necesarias para un compromiso social que, de una forma precaria, habrían existido a partir de las huelgas de 1980. Ya se puede percibir aquí una aguda ambigüedad, pues si el régimen burocrático es compatible con una organización obrera independiente, lo que el golpe «destruyo” podría ser fácilmente reconstruido y has- te podría ser la única forma de marchar hacia ese compromiso. Kuron señala, a renglón seguido, que la continuación del régimen militar «conducirá invariablemente al campo gubernamental a la catástrofe” y que éste será barrido sea por una ocupación militar rusa, sea por una explosión social. Para Kuron, la dirección de Solidaridad debería preparar un levantamiento de masas que «puede tomar la forma de una ofensiva simultánea contra todos los centros de poder y de información en todo el país” y en acuerdo «con los soldados y milicianos”. Kuron revee sus posiciones anteriores al golpe, de una evolución gradual del régimen burocrático hacia su reforma, y desecha la perspectiva de circunscribirse a métodos de presión, y plantea, directamente, la insurrección. Esta debería basarse en la huelga general y en un trabajo sobre la tropa para ganarla a la insurrección, trabajo que Solidaridad en modo alguno efectuó en el período de ascenso para ganar a los soldados al movimiento antiburocrático y escisionar al Ejército en la alternativa de un golpe de estado.
Pero, contradictoriamente, para Kuron, la finalidad estratégica sería acabar con lo que llama la «ocupación militar” (ley marcial, campos de concentración, estado de guerra, etc.) Pero no así con el poder burocrático. Kuron establece una diferencia cualitativa entre el poder burocrático y el régimen militar, como si éste no fuera la forma política concreta de aquél para acabar con una situación revolucionaria. Considera pues que la «ocupación militar” podría ser reemplazada por un acuerdo nacional de los polacos” en sus tres vertientes (burocracia, Iglesia, Solidaridad) con vistas a poner en pie un régimen que contaría con lo que llama un mandato social y que respetaría las alianzas militares con la URSS. Para Kuron el impasse inevitable de la «ocupación militar” deberá llevar a sectores de la burocracia moscotiva a ver como conveniente una salida de este tipo, ya que al estabilizar la situación política eliminaría un peligro serio para los intereses económicos y estratégicos de la URSS. «Es necesario desde hoy -sostiene Kuron— hacer todo lo posible para que la dirección soviética comprenda que, con un mínimo de buena voluntad de su parte, un acuerdo nacional de los polacos -aunque sin la participación de los actuales dirigentes del país- no amenazará los intereses militares de la URSS y solamente podrá ser ventajoso para sus intereses económicos”.
Kuron apunta explícitamente a una convergencia con aquellas tendencias de la burocracia moscovita y polaca que consideran vital una apertura económica aún más profunda hacia el imperialismo, y que sostienen que la actual crisis del conjunto del bloque del Kremlin debería manejarse en un sentido liberal. Por eso Kuron sostiene que el golpe de Jaruzelsky fue «un error de cálculo” de la burocracia rusa, porque llevó a Occidente a aplicarle «sanciones” que afectan a la economía de los países del Este. «Las sanciones limitaron las posibilidades de cooperación con Occidente, cooperación sin la cual la economía del bloque no puede funcionar normalmente…”. Para Kuron, está claro, el golpe no fue la determinación inevitable (la revolución sería la otra alternativa) del enfrentamiento revolucionario entre el proletariado y la burocracia, sino un desvío de la tendencia general a la autorreforma de la burocracia en el sentido de la integración al capitalismo. Es inconfundible que para Kuron el agosto polaco no se inserta en el proceso de la revolución proletaria mundial, sino en una tendencia a la asimilación del proletariado de Europa oriental hacia la democracia imperialista.
Pero en realidad, el imperialismo mundial vio en el golpe de Jaruzelsky el mal menor frente a la revolución política en curso. Explotó el golpe para su demagogia anticomunista, pero no vaciló en sostener financieramente al nuevo régimen (el gobierno Reagan paga puntualmente los intereses que Polonia no puede hacer frente, -lo que no ocurrió con Irán), y destacó que con Jaruzelsky la disciplina volvería a las fábricas. El golpe del 13 de diciembre no cortó la cooperación con el imperialismo sino fue un curso obligado de la burocracia moscovita y polaca para seguir haciéndola posible. Por eso «muchos banqueros occidentales han aplaudido el golpe, porque piensan que la acción del ejército va a terminar con la impasse política que se desarrolló entre el gobierno y Solidaridad y que ha paralizado la economía (…) ven la toma del poder por los militares como una oportunidad para Polonia de comenzar un proceso completo de recuperación económica. Solidaridad había estado luchado por reformas radicales, originalmente previstas para ser efectivas a partir del 1ro de enero, que incluirían la gestión obrera de las empresas por los Consejos Obreros (…) La acción del general Jaruzelsky es una vía para salir de la impasse, (…) ¿es la economía polaca más viable a- hora de lo que era previamente? (al golpe). La respuesta es sí” («Bussiness Week”, 28/12/61).
La integración con el imperialismo es una tendencia de la burocracia contrarrevolucionaria a partir de su diferenciación social creciente de las masas en sus países. El imperialismo está interesado en aprovechar la dependencia financiera y tecnológica de los estados obreros respecto al mercado mundial para acentuar ese proceso de diferenciación, mediante ataques a la planificación, al monopolio del comercio exterior, etc. Es en esta dirección que apuntan sus llamadas «reformas económicas”: buscan eliminar las barreras defensivas de la economía polaca para permitir una vinculación más estrecha con el mercado mundial, dominado por el imperialismo.
La integración con “Occidente” deberá resultar en un agravamiento de la crisis social: la receta del imperialismo es la desocupación, la eliminación de las conquistas sociales, el “control salarial” y la derogación de los mecanismos de defensa de la economía polaca. El imperialismo explota la demagogia democrática y de los derechos humanos como una bandera de intervención política, cuyo contenido social es liquidar el «totalitarismo» de la estatización de la economía, el plan y el monopolio del comercio exterior.
Kuron sostiene que la «cooperación Este-Oeste” actuaría como una especie de protección de un régimen nacional polaco que daría garantías a la burocracia y al imperialismo. Lo que está proponiendo en realidad es un estado mutilado basado en un pacto de garantías internacionales con el imperialismo. Pero esto que Kuron presenta como realista no pasa de un esquema. Ni la burocracia ni el imperialismo van a apuntalar un régimen que tenga por una de sus vertientes la fuerza social de un proletariado en ascenso.
En definitiva, la esencia del planteo de Kuron apunta, no a liberar las fuerzas de la resistencia obrera, sino a actuar como un freno de la explosión social que él mismo anuncia como inevitable. Kuron dice textualmente que “la sociedad polaca posee buenas razones para exigir un ajuste de cuentas con las fuerzas de la ocupación”, pero que “la dirección de la resistencia debe preparar la sociedad para mayores concesiones con vistas a un compromiso con el poder…” Ni se le ocurre que forzar a la resistencia obrera a esta capitulación anticipada significa estrangular de antemano la victoria de una insurrección.
Kuron refuta la concepción de la Iglesia y de los sectores conciliacionistas de Solidaridad de qué Jaruzelsky efectuaría concesiones si el movimiento de masas se mantiene pasivo.
Para Kuron, el poder militar sólo hará concesiones si se lo enfrenta con la huelga general. Para eso, sostiene, Solidaridad tiene que ser la dirección real de esa confrontación inevitable de la sociedad con la ocupación militar. Solidaridad debe ser «el centro del movimiento y una red de información eficaz», lo cual «no limita de manera alguna la autonomía de las diversas cadenas del movimiento».
Kuron no define cómo se reunirán las condiciones para el levantamiento, las da por reunidas. Pero esto no es así: la clase obrera polaca, con todas sus resistencias, no ha salido aún de la derrota infligida por el golpe y las controversias en su seno traducen las dificultades por encontrar una respuesta unificada al poder militar. La huelga general no puede salir por un decreto: requiere de todo un trabajo preparatorio en el que se deberá combinar la resistencia a las terribles condiciones de trabajo (“militarización»), a la brutal carestía, con las reivindicaciones directamente políticas. Serán esos movimientos los que irán madurando al movimiento de masas para la huelga general.
Otra cosa es el acierto de Kuron de que Solidaridad debe actuar como una dirección centralizadora. Esto no significa que no impere la libertad de discusión y la autonomía en sus filas; por el contrario, los haría posible y permitiría organizar un congreso nacional en la clandestinidad.
Es un despropósito creer que puede cumplir la función de un partido revolucionario, es decir, estructurarse en tomo a un programa y a una estrategia científicamente concebidos, y, de otra parte, que puede borrar las tendencias de clase contradictorias que se anidan en su seno. Pretenderlo es someter a la vanguardia clasista en formación a la política democrático-clerical-proimperialista. El futuro de la revolución proletaria contra la burocracia depende de que construya el partido revolucionario. Pero todo esto no significa que en Solidaridad no debe imperar la centralización democrática en base a la defensa de sus conquistas históricas y a un programa de acción. Sería la centralización propia de una forma del frente único del proletariado polaco. Los obreros polacos no van a votar en esta discusión que se desarrolla en Solidaridad, pero sí deberán hacerlo respecto a los programas de acción que de ella se desprendan. Dos cosas deben quedar claras: Solidaridad no puede sustituir la construcción del partido y sí debe ser la organización de combate del proletariado polaco como masas.
La posición de los dirigentes de Solidaridad.
Los dirigentes de Solidaridad, Bujak y Kulerski, no difieren con Kuron en relación a la perspectiva sino que consideran que se equivoca al querer llegar a un compromiso por vía de la insurrección. Bujak sostuvo que era necesario «evitar una confrontación global con el poder» porque una explosión social no podrá resolver ningún problema y’porque tal confrontación unificaría al “campo gubernamental». Para Kulerski, la disyuntiva no es la de revolución o compromiso sino “la de una lenta descomposición del sistema, acompañada de cambios progresivos que pueden conducir a una reconquista por la sociedad de su influencia sobre su destino».
Ambos dirigentes se definieron en favor de que Solidaridad fuese un movimiento descentralizado como la forma organizativa que mejor respondería a la estrategia de ir minando lentamente el régimen dictatorial.
A su vez, Bogdan Lis, en su discurso del 31 de agosto, se refirió a los métodos de lucha en esta etapa de la resistencia y sostuvo que las «huelgas cortas de protesta» pueden «causar destrucciones de estructuras en el interior de las fábricas por la policía política». “Por otro lado, agregó, consideramos la huelga general un’ arma definitiva y es por eso que sólo la proclamaremos si fuese necesaria».
Este problema de la centralización de Solidaridad y de los métodos de lucha está en el centro de un debate que recorre al movimiento obrero en su conjunto. Esto, por ejemplo, salió abiertamente a la luz con un texto de la Coordinadora de Grandes Fábricas de Varsovia donde se plantea que la resistencia pasiva requiere precisamente de una «organización elaborada». “No se comprende entonces -agregan- cómo Bujak y Kulerski conciben la resistencia pasiva en el cuadro de una organización reducida al mínimo. A menos que esa resistencia no sea sino una manifestación simbólica… Pero la población reacciona cada vez menos a sus llamados… ¿Es que la población no sostiene más a Solidaridad? ¿Es que no desea la liberación de los internados y el levantamiento del estado de guerra?
Si las consignas de nuestro presidente (Bujak) son tan poco seguidas es porque se refieren a un comportamiento simbólico que está hoy definitivamente comprometido. El 13 de diciembre y el desencadenamiento bestial del poder, la insolencia de la propaganda, la morgue comunista de los vencedores son otras tantas manifestaciones de que el tiempo de los símbolos está concluido y de que llegó el tiempo de la respuesta real» (En “Altemative», ídem). Y en otro texto, agregan: “¿por qué los dirigentes de Varsovia, como Bujak y Kulerski, asocian la resistencia pasiva que ellos preconizan con un bajo nivel de organización? Porque, infelizmente, en sus concepciones, la resistencia pasiva es una acción de carácter simbólico». Esta misma cuestión, como ya vimos, se expresó cuando los obreros de diversas regiones salieron a la huelga contra la disolución de Solidaridad, mientras su dirección convocaba a un paro de protesta para un mes después.
Bogdan Lis desarrolló toda una concepción sobre los métodos de la resistencia, pues desechó la huelga como un medio de lucha del presente periodo. Pero desechar las huelgas cortas y las huelgas largas, las primeras por la acción de la policía y las segundas porque “son un arma definitiva», es condenar al movimiento obrero a la parálisis. Las huelgas no pueden ser un ultimátum, de todo o nada, ni decretadas de la noche a la mañana. Requieren de todo un trabajo preparatorio y pueden tener objetivos limitados pero no por eso menos valiosos. El movimiento obrero polaco está en una etapa defensiva y las acciones obreras (huelgas y otros tipos de acciones) para poner un freno a la carestía, liberar a los presos, hacer frente a las brutales condiciones de trabajo, juegan un indudable papel en minar al régimen militar y recuperar la confianza del proletariado en sus fuerzas…
El planteamiento de los dirigentes de Solidaridad conduce a lo que la Coordinadora de Grandes Fábricas de Varsovia llama «acciones simbólicas» que están actuando como un factor de desorganización de los trabajadores porque se decretan al margen de su evolución y organización, están de espalda al carácter de masas que tiene la resistencia obrera y, finalmente, introducen un factor de desgaste y desmoralización. El paro del 10 de noviembre, ¿no fue acaso «simbólico” y frenador de las huelgas obreras y concentraciones que un mes antes estallaron en Polonia?
Los dirigentes de Solidaridad sostienen que el planteo insurreccional y centralizador de Kuron conduce inevitablemente al terrorismo y que esto debe ser evitado con un planteamiento que evite la confrontación y mediante una forma organizativa descentralizada. En verdad, el propósito de derrocar al régimen militar plantea la cuestión de la lucha armada, pero esto no como obra de grupos minúsculos sino como parte del combate de las masas. Esto último no tiene nada que ver con el terrorismo: éste puede desarrollarse como resultado de la ausencia de una perspectiva de masas propia del proletariado, que lleve a sectores desesperados a desarrollar acciones individuales «ejemplares» y a actuar como un factor adicional de desorganización de las masas. Ese peligro existe si Solidaridad fracasa en desarrollar el carácter de masas de la resistencia y si insiste en una estrategia “reformista» de la burocracia contrarrevolucionaria.
La lucha por un partido obrero revolucionario
Un importante dirigente de Solidaridad de la región de Lodz, actualmente en el exilio, Z. Kowalewski, correctamente califico la tesis de Kurom “como una ilusión, pues ese poder no puede evistir sino como un poder totalitario” y agrego que la “proposición de Kuron de usar un medio de lucha extremo (levantamiento de masas) implica una subordinación de los métodos de lucha revolucionarios a las ilusiones reformistas”.
Kowalewski rechaza la idea de un método de lucha infalible y se pronuncia por la combinación de éstos, inclusive el repliegue táctico si fuese necesario. Coloca el acento en rechazar una estrategia de compromiso, así como la idea de que se pueda democratizar el poder totalitario. Si el poder burocrático clásico pasó hacia una dictadura militar y necesitó «un acto de contrarrevolución política, un golpe de estado» -sostiene Kowalewski- «el pasaje inverso no se puede hacer sino por una ruptura democrática y de carácter revolucionario, inclusive si tal ruptura no implica aún arrancar el poder de las manos de la burocracia totalitaria”.
Para Kowalewski, el régimen no marcha hacia la democratización sino hacia una crisis de características mayores. Dado que el aparato, militar ha sometido al aparato del POUP, «todas las contradicciones que minan la burocracia, así como las contradicciones entre ésta última y la clase obrera apoyada por los otros grupos sociales oprimidos, se desplazarán al interior del aparato militar y se concentrarán en su seno”. De este modo, «cada crisis del poder comportará el riesgo de divisiones internas en el Ejército. El hecho de que sea un ejército de conscriptos, que los soldados salgan de las masas trabajadoras de las ciudades y del campo, no podrá sino favorecer esas divisiones. Solidaridad, apoyándose en las fisuras que se desarrollarán, deberá entonces hacer lo que se negó a hacer antes de diciembre de 1981: dedicarse a la tarea de ganar a la causa del pueblo, la mayor cantidad de soldados y tropas posibles de este Ejército dividido en su interior”.
Como puede observarse el debate en Solidaridad y en la oposición polaca es de la mayor importancia pues toca los problemas fundamentales de la revolución política y es inseparable del movimiento de resistencia contra el régimen burocrático-militar. .Que del seno de Solidaridad se destaquen tendencias que se manifiestan por un programa consiente de revolución política es un saludable índice de la evolución política que se está operando en el seno del movimiento obrero.
Él problema capital es al agrupamiento de esa vanguardia en un partido revolucionario. Por la presencia de Solidaridad, que agrupa a las más amplias masas, se ha sostenido que esa tarea sería innecesaria. Pero Solidaridad no es un partido revolucionario sino un movimiento sindical-soviético de masas que ha sido capturado por tendencias partidarias de un compromiso con el régimen burocrático. Proclamar entonces la innecesariedad de la estructuración independiente y revolucionaria de la vanguardia obrera significa una política de adaptación a esas tendencias conciliacionistas.
La vanguardia obrera polaca en la clandestinidad y en el exilio está efectuando un balance del proceso de la revolución política, y el debate en sus filas es una clara demostración. El trotskismo no sólo debe contribuir a ese balance, intervenir en los debates, sino formular la conclusión fundamental qué es la estructuración de un partido revolucionario.
La construcción del partido revolucionario ha sido menospreciada y relegada por el SU, que políticamente estuvo disuelto en Solidaridad y explícitamente rechazada por los seudotrótskistas lambertistas y morenistas. Estos últimos formularon la tesis, que ambos reivindican, de la lucha por un partido socialista, esto es, de carácter reformista y que por sus planteos no puede sino ligarse a la burguesía imperialista. Este planteo se integra perfectamente con las tendencias conciliácionistas de la oposición polaca, que también se subordina politicamente a las «democracias” imperialistas. Se vuelve nuevamente a mostrar la capitulación ante la socialdemocracia de los «cabezas pensantes” del ex C.I.
Por el contrario, el periodo revolucionario abierto en Polonia en 1980 planteó la lucha por la construcción del partido revolucionario de un modo crucial. Esta tarea no está cancelada por el golpe sino todo lo contrario: el proceso resistencia tiene un carácter de masas, la diferenciación política en la vanguardia se ha acelerado y se discute vivamente el programa y los métodos para derrocar a la burocracia. Las bases programáticas de los grandes partidos revolucionarios se formularon en el exilio y en la clandestinidad, precisamente como balance y superación de las derrotas anteriores.
La impasse del régimen burocrático-militar y las perspectivas de Solidaridad
Es un hecho que la resistencia polaca tiene un carácter de masas, a pesar de sus altibajos y traspiés. Desde el golpe se realizaron concentraciones masivas todos los meses, lo que demuestra que la resistencia tuvo desde el inicio un carácter activo de masas. Más aún, por los numerosísimos boletines regionales y fabriles que circulan, y que exigen una política, no de conciliación, sino de resistencia, y por algunas informaciones que señalan que dirigentes combativos han comenzado a liderar fábricas importantes, se estaría operando una renovación en los cuadros dirigentes de base de Solidaridad. La revista inglesa «The Economist” señala precisamente que «su información y propaganda (de Solidaridad) son admirables. El número de sus publicaciones ha crecido enormemente. Adicionalmente a los panfletos y semanarios, existen ahora revistas que contienen debates, análisis, y ensayos. Esto muestra no sólo la existencia en las filas de Solidaridad de intelectuales dispuestos a correr con los riesgos sino también un considerable grado de organización” (6/11/82).
La Iglesia, por su parte, ha mantenido una línea de «diálogo” con el régimen y no ha ocultado su oposición a que Solidaridad impulse la resistencia a Jaruzelsky. Glemp es partidario de que el movimiento obrero entre en los «nuevos” sindicatos de Jaruzelsky y, concretamente, llamó a no parar el 10 de noviembre, subrayando que «el diálogo entre la Iglesia y el gobierno militar en Polonia no ha sido roto» («International Herald Tribune”, 11/11/82). El surgimiento de Solidaridad sobre la base de las impresionantes huelgas de 1980 significó un debilitamiento relativo de la Iglesia, pues la oposición a la burocracia pasó a canalizarse detrás de la organización obrera, relegando a la Iglesia a un tercer lugar en las relaciones de poder. Ahora, con el golpe, si el régimen consigue derrotar a Solidaridad, se le presenta a la Iglesia la oportunidad de quedar como único canal «opositor” y negociar desde esa posición un entendimiento con el Ejército. Jaruzelsky ha comprendido esto y ha resuelto ampliar el espacio político de la Iglesia: la autorización al Papa a visitar Polonia – apunta en ese sentido y formaría parte de un acuerdo global con la Iglesia.
Pero el régimen está obligado a operar en una situación de profunda crisis económica que estrecha sus márgenes de maniobra. La producción sigue estancada en los bajísimos niveles de 1980 y 1981 y la capacidad de producción estaría siendo usada entré un 40 y 45 por ciento. Ahora la burocracia está obligada a «levantar” fábricas y ramas de producción que se revelaron insensibles y qué fueron construidas en la década i del 70 como parte de las inversiones galopantes de la burocracia de Gierek. Jaruzelsky está obligado a operar esa «reestructuración” pero se trata de un régimen qué no tiene base social de apoyo y, además, la erras económica mundial limita las posibilidades que ciertos sectores de punta financien ese proceso. Consciente de esto, el imperialismo ha negociado un acuerdo de largo alcance con la deuda externa polaca que vence este año. El acuerdo abarcó «3.400 millones de dólares de capital e intereses adeudados por Polonia este año, mucho más tolerante hacia el gobierno de Varsovia que el primer acuerdo concluido el último año”. («International Herald Tribune”, 4/11/ 82). Cerca de 2.300 millones cuentan con un período de gracia; de 4 años y podrán entonces ser pagados en un lapso de 3 años y medio, y los otros 1.100 millones son reciclados en forma de préstamos.
A pesar de estos acuerdos de sostén del imperialismo, la crisis económica actúa como un factor limitativo de la burocracia pues ésta no puede apoyarse en un sistema de concesiones sociales. En este año, el poder adquisitivo de la población bajará un 40 por ciento y “la reciente reunión del comité central confirmó que habrá más incrementos de precios el próximo año” («The Economist”, 6/11/82).
Un agravamiento de la crisis económica será un factor fundamental en la disgregación del régimen burocrático-militar.
No es cierto, como sostiene la revista “Inprecor”, del S.U., que la burocracia esté inmunizada frente a un agravamiento de la crisis económica porque «se las arreglará para mantener sus privilegios, reduciendo la parte del ingreso nacional destinado a satisfacer las necesidades de la población” (Jacqueline Allio, «Inprecor”, Nro. 127, 31/5/82).
Ningún régimen social puede quedar impune ante un retroceso constante de sus fuerzas productivas y un acentuado el nivel de disgregación económica. Los capitalistas disponen de mejores medios (la propiedad de los medios de producción) para mantener sus privilegios, pero la crisis disloca al capitalismo y abre la vía de la revolución social. La burocracia polaca no puede impulsar una diferenciación social hacia arriba y neutralizar por esa vía a un sector de la población, sino que tiene que arrebatar a las masas las «diferenciaciones” del período anterior. Si antes la desigualdad social entre la burocracia y las masas mostraba claramente el carácter parasitario de la primera, ahora la desigualdad es «para abajo» porque su gestión es una traba al crecimiento de la producción. Su función de reguladora de la producción social y de distribuidora de la riqueza aparece carcomida por ser ella la fuente del retroceso y de la disgregación social. La burocracia se revela incapaz de defender las bases sociales de sus privilegios, por lo que inexorablemente marcha a su dislocación, y esto es un incentivo a la intervención del proletariado.
Si la burocracia, en cambio, consiguiera paliar la crisis actual, ello sería sólo transitorio, pero esto, a su vez, será un factor de cohesión social de las masas (mayor ocupación, mantenimiento de su nivel de vida) lo que incentivará la lucha política. Una estabilización económica tendría dos componentes fundamentales: amplias concesiones al imperialismo y agudización de la presión del Estado contra la clase obrera (disciplina, intensificación del trabajo, desempleo, etc.). Lejos de atenuar la lucha de clases la agravaría. La dictadura burocrática contempla la conveniencia de un curso como éste para diferenciar y dislocar a Solidaridad.
Jaruzelsky parece dispuesto a un acuerdo con la Iglesia que le permita estabilizar su régimen ante el embate de las masas, de un lado, y las presiones de la burocracia moscovita, del otro, y como base para la implementación de la llamada «reforma económica”. Jaruzelsky podría «suavizar» algunas medidas represivas para que la Iglesia tenga un campo «positivo” de actuación. El imperialismo apunta a esta alternativa (el acuerdo sobre la deuda externa es un ejemplo).
Pero voceros del imperialismo han llamado a la Iglesia a no engañarse y pensar que “otra vez” existen «solo dos actores en Polonia. Existe un tercero, aunque se han dado órdenes para que desaparezca” («The Economist”, 30/10/82). Se trata de la fuerza del proletariado agrupada en Solidaridad. Claro está que la estrategia que ésta adopte será un factor clave en la aceleración de la situación política polaca, pero el hecho irreversible es que el proletario polaco en los últimos 30 años ha tenido en jaque a la burocracia contrarrevolucionaria.
12 de noviembre de 1928

–


El ultraizquierdismo y las Malvinas

Julio Magri

 

Trotsky decía que los ultraizquierdistas «son internacionalistas pasivos en la medida que están dispuestos a rechazar cualquier guerra’ con tal de preservar su ‘neutralidad virginal’, ro cuando los acontecimientos obligan a estos camaradas a seguir entre guerra y guerra, caen fácilmente en el socialpatriotismo». (‘‘Acerca de la resolución sobre la guerra”, 27 de octubre de 1937, en “León Trotsky on China”, pág. 574).
Esta frase cae redondo sobre “Nuevo Curso”, un grupo de ex-posadistas argentinos adherido al Secretariado Unificado, debido a sus posiciones en relación a la guerra de Las Malvinas.
Neutralistas…
‘‘Nuevo Curso” publicó con fecha “mayo, 1982” una declaración política, en la que, sin embargo, en ningún momento se caracteriza como imperialista la guerra desatada contra Argentina (boletín nro. 1). Esto, cuando la flota británica ya se encontraba cerca de las islas y el imperialismo mundial hacía rato que estaba aplicando sanciones económicas y militares contra
Argentina.
Al contrario, para NC el carácter de la guerra debía ser determinado por la naturaleza de los regímenes políticos de los Países en conflicto, en ambos casos burgueses, reaccionarios y antiobreros. De ahí que se declarasen neutrales entre Argentina e Inglaterra, y que plantearan la consigna de ni Thatcher ni la dictadura argentina.
Esta gente eliminó del planeta al imperialismo, para caer en el subjetivismo más abyecto: el contenido de clase de las guerras estaría determinado por la orientación de los gobernantes de turno, y no al revés, a saber, que el carácter concreto de las orientaciones de los gobiernos en guerra depende del carácter de clase de ésta. En este caso, el gobierno de la Thatcher representaba al imperialismo británico y mundial y el de Galtieri a la burguesía de un país oprimido por ese imperialismo mundial. Si se toma en cuenta la orientación “burguesa” y “reaccionaria” de uno y otro gobierno, no se explica que se haya llegado a una guerra. Esta se produjo, precisamente, porque a pesar de sus “orientaciones” similares, entraron en choque los intereses de la burguesía imperialista y los de la burguesía de un país oprimido. La victoria de este último importa un progreso para la revolución mundial, lo contrario ocurre con un triunfo imperialista’
NC dice que “en cualquier conflicto planteado hoy a escala mundial es necesario primero visualizar con exactitud los intereses del proletariado, las relaciones entre las clases. Sin desconocer la existencia de países diversos y la caracterización que se haga de sus regímenes y estados, pero no al revés, con lo cual caemos en el pantano de las tendencias geopolíticas reaccionarias. La característica fundamental de esta etapa es la presencia ascendente del proletariado en cada uno de los conflictos planteados, inclusive en los países donde es una minoría y aún en la carencia de partidos de masas”.
¿Qué significa todo este intríngulis? Para el marxismo, la actitud del proletariado ante las cuestiones nacionales debe estar subordinada a los intereses del proletariado mundial tomado en su conjunto. Esto significa, por ejemplo, que el proletariado británico debe abandonar cualquier cálculo mezquino sobre las ventajas que podría obtener de una victoria de su gobierno contra Argentina, y apoyar la causa nacional argentina contra su propio país. También significa que debe rechazar iodo planteo de llevar la democracia política a la Argentina en la punta de la bayoneta británica, ya que esto reforzaría a la burguesía imperialista de su país y al imperialismo mundial, y prepararía el camino para una dictadura aún más feroz.
Para el proletariado argentino, que debe estar incondicionalmente por el aplastamiento de la flota -porque esto sería progresivo para su ducha y para la de todos los pueblos contra el imperialismo- subordinar la cuestión nacional al internacionalismo debe significar una lucha intransigente contra el chauvinismo de la burguesía de su país, contra la exaltación de la superioridad de la propia nación y en favor de la unidad del proletariado mundial con vistas al derrocamiento de la burguesía.
Para NC «visualizar los intereses del proletariado» quiere decir otra cosa, quiere decir enfrentar estos intereses a los de la lucha contra el imperialismo. En el caso concreto de Argentina significa subordinar la lucha contra el imperialismo a la lucha por la democracia burguesa (anulada por la dictadura), de manera que su posición no es pues la derrota incondicional de la flota sino de la dictadura, es decir, a manos de la flota. Los «intereses del proletariado» «visualizados» por NC son los de la democracia burguesa representativa, aunque venga en las alforjas de la flota. Este es su «internacionalismo” —la clásica formulación democrática en términos imperialistas, que en América Latina tiene la vasta tradición política de un siglo.
Declararse neutrales en una guerra de piratas imperialistas contra un país oprimido o rechazar la guerra de éste, con el pretexto de que este último tiene un gobierno represivo y antiobrero, significa hacer causa común con los bandidos imperialistas.
De la posición de NC se infiere que la clase obrera sólo podría apoyar las guerras antiimperialistas dirigidas por ella misma, o bien que sólo serían antiimperialistas las guerras que tuviesen al proletariado a su cabeza. Pero el proletariado nunca podrá colocarse en la conducción de la nación oprimida si adopta una actitud neutral en una guerra imperialista contra una nación oprimida, porque estaría oficiando de camero, de rompehuelgas, de la lucha antiimperialista. El proletariado debe intervenir en la lucha contra la agresión imperialista, con su programa y métodos, para disputarle a su burguesía la conducción política y militar de la .misma. El proletariado integra así la diferencia de principio entre una nación opresora y una nación oprimida a su diferencia de principio con su burguesía nacional en guerra contra el imperialismo.
En un típico razonamiento ultraizquierdista, NC argumenta que  no hay antiimperialismo consecuente sin una definición y perspectiva socialista», por lo que no se podía apoyar a Argentina gobernada por una dictadura. Se trata de una premisa correcta y de una conclusión redondamente falsa.
Que la burguesía no pueda llevar adelante un programa anti-imperialista consecuente no significa en modo alguno que no existan choques de carácter nacional entre ésta y el imperialismo. NC propone ignorarlos y entonces se traga el sapo, nada más ni nada menos, de una guerra de un bloque de naciones imperialistas contra Argentina. NC «renuncia» a la guerra, como si se pudiese escapar a la realidad. Aunque la guerra sea un hecho, aunque de un lado exista una reivindicación nacional justa y del otro la defensa de una posesión colonial, NC no se inmuta, porque la dictadura y la burguesía argentinas no son ni pueden ser antiimperialistas consecuentes. Pero mucho menos antiimperialistas y mucho menos consecuentes son «nuestros socialistas” porque se abstienen de participar en la lucha concreta contra el imperialismo.
Pero, ¿cómo puede el proletariado aspirar a transformar la lucha antiimperialista en «consecuente» si se mantiene neutral y le da la espalda a la lucha contra la agresión imperialista?
El antagonismo entre la burguesía nacional y el proletariado no queda abolido en una guerra, limitada o no, con el imperialismo, lo que quiere decir que la lucha por la revolución social sigue vigente. Para esto se requiere conquistar a la mayoría de los oprimidos, lo que puede ocurrir si el proletariado participa en el enfrentamiento con el imperialismo, al mismo tiempo que denuncia las traiciones y compromisos de la burguesía con el imperialismo. Para esto, debe señalar el programa y los métodos para que la nación oprimida derrote al imperialismo agresor. La lucha contra la dictadura y la burguesía argentinas no queda detenida ni suspendida ni un minuto, sino que cambia la forma de la lucha por la revolución social.
NC, que se declara neutral en esta guerra, como todos los ultraizquierdistas, pregona el derrocamiento de la dictadura. Esto significa irse por la tangente, ya que el proletariado no ha asumido todavía la dirección de la nación. Esta verborragia tiene un carácter derrotista y, por tanto, es de filiación pro inglesa.
La gran «idea» de NC es que un triunfo argentino hubiera fortalecido a la Junta Militar, pero ni se le ocurre que ese fortalecimiento hubiera sido a costa del imperialismo, es decir, del que fue su principal sostén económico e internacional. Un «fortalecimiento» de este tipo es favorable a la causa de la democracia y del proletariado.
Es evidente que Argentina sólo podía triunfar llevando a fondo la ruptura con el imperialismo. Desde un punto de vista social y político, la dictadura se hubiera debilitado por la quiebra de su alianza con el capital imperialista mundial. Indudablemente dependería de su grado de intervención que el proletariado aprovechara esa crisis en su beneficio.- En cambio, el triunfo británico reforzó el papel de árbitro del imperialismo mundial.
NC sostiene que «cualquiera fuera el resultado de la guerra y su duración, la crisis económica y social seguirá su curso y el proletariado sólo puede esperar una mayor explotación”.
En toda guerra nacional conducida por la burguesía, la finalidad de ésta es extender las bases de la explotación de la clase obrera a expensas del imperialismo. Pero en un país atrasado la extensión de la base histórica de la dominación burguesa, entendida en detrimento del imperialismo, tiene un carácter históricamente progresivo, a condición que el proletariado se separe por completo de su burguesía en la lucha nacional y preserve su independencia de clase, que es la forma en que aprovechará ese progreso general de la nación oprimida.
… en la maniobra de la dictadura…
Para justificar su «neutralismo», NC apela a un argumento por cierto nada novedoso: la ocupación de las islas fue una maniobra de la dictadura con vistas a armar un frente de unidad nacional para rescatar a las FFAA de la crisis política.
Pero lo que NC no dice, y esto PO lo previó y lo señaló cuando el Ejército ocupaba los islas (ver PO Nro. 328,4/4/82), es que la maniobra podía fracasar y abrir una guerra imperialista contra Argentina. Un mes después, NC seguía hablando de la gran maniobra de la dictadura sin ver que había fracasado y que esto, inevitablemente, en lugar de rescatar a las FFAA las habría de hundir aún más.
NC sostiene que para no caer en la maniobra de «unidad nacional” de la dictadura había que mantenerse neutrales en la guerra lo que para NC es sinónimo de independencia de clase. De ahí se deduce que para NC las reivindicaciones nacionales serían reaccionarias, puesto que subordinarían la lucha de clases del proletariado a su burguesía. Este es el fondo del planteo de NC.
Se trata exactamente de lo contrario. La opresión nacional exacerba la lucha de clases de la nación oprimida y opone al proletariado a su burguesía nacional, porque ésta se revela como una clase cobarde, incapaz de emancipar a la nación del yugo imperialista. Ahora bien, si los trotskistas se abstienen de participar en la lucha contra el imperialismo, la burguesía cuenta con las manos libres para manipular a las masas, presentándose como la abanderada de los intereses nacionales. Por ese camino el proletariado no preserva su independencia de clase sino que queda aislado como una clase antinacional subordinada al amo imperialista.
NC podría decir lo mismo de la democracia formal: no luchemos contra los golpes reaccionarios porque haríamos el juego a la maniobra de la unidad democrática de los gobiernos constitucionales. En síntesis, no hagamos nunca nada. Para esta gente lo peor que le pasó a Lenin fue que el gobierno de Kerensky derrotara al golpe de Komilov. El arte de la independencia de clase se pone en evidencia cuando hay que golpear juntos con las fuerzas no proletarias, y no en la soledad del cuarto azul.
… y pacifistas
NC se pronuncia por la «paz” mediante el retiro mutuo de la flota y del ejército argentino. Sensacional: lo mismo que decían la resolución 502 de la UN, el programa de mediación de Haig, las propuestas de Pérez de Cuellar, el Papa y un sector del alto mando.
Ese planteo no prosperó porque la mayoría del alto mando evaluó que las masas habían tomado la reivindicación de Las Malvinas en serio y que un retiro de las tropas argentinas amenazaba con provocar una irrupción popular. Al no abstenerse (como aconsejaba NC), ni subordinarse a la Junta (como aconsejaban la burguesía, la burocracia sindical y el stalinismo), el pueblo argentino se separó, precisamente, de la dictadura y achicó sus márgenes de maniobra y de capitulación ante el imperialismo.
Para NC, en cambio, el único programa justo era el de la capitulación pacífica argentina ante el imperialismo, pero esto era políticamente peor que la derrota militar. Pregonar el pacifismo en medio de una guerra entre el imperialismo y la nación oprimida es pregonar el entendimiento con el imperialismo. Nuestros ultraizquierdistas concluyen como social- imperialistas.
Pero, he aquí, que el 20 de mayo, ante al ataque inglés a las islas, «nuestros trotskistas » con la firma entre otros de Angel Eanjul y Adolfo Gilly, pegan un violento giro y sin decir una palabra de su declaración de «mayo, 1982” toman partido por Argentina contra el imperialismo… Pero la mona aunque se vista de seda…
«Nuestros trotskistas” se lamentan en esta segunda declaración de que «el retiro simultáneo de ambos ejércitos ha sido imposible de lograr», con lo cual demuestran no haber salido de la órbita de la resolución 502. Y entonces como un retiro acordado con el imperialismo no es posible, proponen el retiro unilateral de las tropas argentinas. Es decir, llaman a capitular y asumen como propia la responsabilidad de la dictadura por la forma en que condujo la guerra.
Dice la declaración del 20 de mayo: «Proponemos (¡¡¿a quién?!!) una acción unilateral, única y simultánea, en tres partes inseparables, que golpee al imperialismo y evite nuevos muertos argentinos: 1) la reafirmación unilateral e irrenunciable de la soberanía argentina sobre Las Malvinas (¿y «la geopolítica reaccionaria»?) como condición previa a cualquier futura negociación (¡después de entregar las islas!) sobre las islas;
2) el retiro unilateral (es decir, la rendición) de las tropas argentinas para evitar nuevos derramamientos de sangre; 3) simultánea y contemporáneamente con ese retiro, la ocupación y. la expropiación sin pago de todas las empresas, propiedades intereses británicos…» (¡Por la dictadura!) (Subrayados en el original, lo que está entre paréntesis: observaciones nuestras).
Así como los trotskistas no apoyamos políticamente ni asumimos ninguna responsabilidad por la ocupación de las islas por parte del ejército argentino (por los métodos y fines con que fue realizada), del mismo modo no debemos ni podemos asumir ninguna responsabilidad por ninguna de las vías de capitulación de la dictadura ante el imperialismo. La actitud revolucionaria debía seguir siendo mostrar que existía un curso militar distinto, que la dictadura rechazaba la ayuda militar de Cuba y otros países, que no se movilizaba y armaba a las masas, que se seguía pagando a los acreedores ‘extranjeros en guerra contra Argentina. Denunciar que la conducción de la dictadura llevaba a la derrota se transforma para NC en postular que la dictadura efectivamente capitule. Esto equivale a actuar como los Alsogaray y Camílión y no como revolucionarios. Que al mismo tiempo se plantee la aplicación de una serie de medidas antiimperialistas, ¡por parte de la propia dictadura que comanda el Estado!, revela la bancarrota política e intelectual de los Gilly-Fanjul.
Gilly y Fanjul plantean retirarse unilateralmente de las islas y «pasar a una guerra económico-social contra el imperialismo” («sin derramamiento de sangre»). ¿Y si esa «guerra económico- social» se convierte en lucha armada, nos retiramos de todo el territorio argentino? Para estos «estrategas» pareciera existir una diferencia histórica entre la nacionalización burguesa parcial del imperialismo (que apoyan) y la recuperación de la soberanía sobre una parte del propio territorio: Pero en realidad es la misma cosa. Son ultraizquierdistas que desconocen el problema nacional, sin dejar de ser nacionalistas burgueses.
La matanza de soldados argentinos era una responsabilidad criminal del imperialismo y de la dictadura, que se negaba a impulsar una movilización antiimperialista real. El derramamiento de sangre argentina no se evitaba necesariamente rindiéndose ante el imperialismo (¡Líbano!) y de cualquier manera toda capitulación ante el imperialismo entraña a la larga o a la corta mayores sufrimientos y muertes. La cuestión de la muerte innecesaria y de las penurias espantosas de los soldados argentinos debía abordarse de otra manera, como PO la abordó: «comisiones patrióticas » en lugares de trabajo y estudio para organizar el apoyo a las tropas y la vigilancia contra el sabotaje de la burguesía y del alto mando.
Pero además, esa «guerra económico-social» se justificaría, según Fanjul-Gilly, porque Galtieri «pretendía derrotar con medios puramente militares la agresión combinada del ejército y la flota británica con el apoyo logístico y militar del imperialismo norteamericano». ¡Sensacional embellecimiento de Galtieri! Galtieri no se propuso derrotar militarmente a la flota sino llegar a un acuerdo: de ahí, entre otras cosas, la impreparación militar, la carencia de armamento de las tropas en las islas, etc., etc. Páginas y páginas en la primera declaración para denunciar la «maniobra», y concluyen como apologéticos «militares” y por tanto, políticos, de Galtieri.
Para rematar su “programa», en un agregado a la declaración del 20 de mayo, y que lleva fecha 23 de mayo, los muchachos de «Nuevo (sic) Curso” proponen la renuncia de la Junta Militar y la «formación de un gobierno provisional integrado por la CGT, los sindicatos, las organizaciones populares y los organismos de defensa de los derechos humanos…», esto es, un gobierno de la muí ti sectorial. Los pacifistas se revelan como irremediablemente burgueses y después de pegar el grito en el cielo contra la unión nacional postulan de cuerpo entero un gobierno de unión nacional. Como decía Trotsky, los ultraizquierdistas pacifistas son socialpatriotas, repudian la causa nacional sin dejar de ser incorregibles nacionalistas burgueses.

Julio N. Magri (del C.C. de “Politica Obrera” – Argentina -)

–


Maoísmo y Marxismo. Retrato de una debacle

Claudio Revel

 

En los últimos años una de las pruebas más palpables de la decadencia política del maoísmo fue su presiente identificación con los sectores más reaccionarios del nacionalismo burgués. En la Argentina este proceso se manifestó abiertamente desde 1975 con el apoyo a Isabel y el lopezrreguismo, el seguidismo a la burocracia peronista y la enfermiza denuncia de la infiltración “rusa” en el gobierno militar. El maoísmo fue abandonando progresivamente su primitivo aspecto ultra revolucionario para afianzar una nueva fisonomía tercermundista, totalmente indiferenciada del nacionalismo.

Un economista, Samir Amin, ha sistematizado todo este proceso de involución política y en sus cuatro últimos libros difundidos en la Argentina, incursiona desde la nueva óptica nacionalista en los campos más diversos de la teoría marxista.

La tesis central de Amin es que la lucha de clases en el mundo ha sido definitivamente reemplazada por la oposición entre el “centro” y la “periferia». Considera que el proletariado de las naciones desarrolladas está totalmente integrado al régimen capitalista y que “el internacionalismo proletario de nuestra época, no puede ser otra cosa que la solidaridad antiimperialista con los pueblos de la periferia»(l). Se pronuncia por la «tercera vía”, es decir la constitución de un bloque de los países atrasados encabezados por China con el objetivo de librar una batalla común contra los “dos imperialismos”.

Se trata de una concepción muy poco original y que ha sido repetida desde Perón hasta Komeini por infinidad de líderes nacionalistas burgueses en los países coloniales y semicoloniales. Lo curioso de Amin, es su intento de demostrar la coherencia de estas ideas con el materialismo dialéctico, la ley del valor y los principales fundamentos de la economía marxista.

¿Un proletariado condenado al fracaso?

Para Amin el aburguesamiento del proletariado europeo y norteamericano es un dato de la realidad, no una conclusión política que requiera demostración. “Ni los acontecimientos de 1968, ni los más recientes de Portugal y España indican todavía una perspectiva revolucionaria posible en Occidente” (2) afirma en una oportunidad, “la organización de la clase obrera bajo la hegemonía de la socialdemocracia integra a los trabajadores a la nación burguesa, quiérase o no y los solidariza con su burguesía en la competencia exterior» (3) destaca en otro momento. En todos los casos decreta que las fuerzas reales o potenciales se han transferido a la periferia, sustituyendo el análisis de los procesos políticos concretos por epitafios y condenas a la fracción más importante del proletariado mundial. Para el maoísmo no se trata siquiera de un fenómeno histórico contemporáneo, sino de un mal hereditario e incurable. “Visto desde la perspectiva del tiempo -los movimientos de Europa central, en los que Lenin fundaba todavía tantas esperanzas, estaban condenados ya al fracaso” (4), declara Amin algunos párrafos antes de burlarse del trotskismo por haber considerado viable (entre otros) el triunfo de la revolución alemana de 1921-23.

Así como quien arrastra una condena milenaria, el trabajador nacido en Europa estaría destinado de por vida a soportar la esclavitud capitalista. Sólo le restaría asumir conscientemente la ineficacia de su resistencia y esperar pasivamente el triunfo de la lucha de los explotados de las colonias y semicolonias.

Se trata a todas luces de un planteo categóricamente contrarrevolucionario. Declarando la inutilidad del combate obrero en los países desarrollados, el autor pro-chino se ubica en el campo de los grandes aparatos del stalinismo y la social- democracia que paralizan la acción independiente del proletariado en abierta defensa del orden burgués. El escepticismo de Amin y la labor antiobrera de los aparatos cumplen la misma función desmovilizadora. Unos potenciando la ilusión en un cambio pacífico y paulatino, otros negando la posibilidad de cualquier cambio.

Amin, reproduce en realidad un vicio común a algunas corrientes pequeñoburguesas de post-guerra que deducían de un hecho real como fue el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, toda una teoría sobre el quietismo de la clase obrera. La importante oleada de luchas que abarcó con distintos ritmos y características a la mayor parte de las naciones desarrolladas en la última década, es el testimonio más contundente del carácter puramente superficial e impresionista de todas las tesis sobre el “aburguesamiento” del proletariado occidental. El agotamiento del largo ciclo de crecimiento económico acelerado empuja actualmente a los trabajadores a resistir la desocupación, los* planes de “austeridad” y el avasallamiento de sus conquistas sociales.

Las teorías de Amin no son sólo falsas sino, además, obsoletas. El ideólogo maoísta sigue atado a las formas de razonamiento’ de los economistas que confiaron en la capacidad del capitalismo para posponer indefinidamente el estallido de las contradicciones acumuladas durante el período de desarrollo económico de post-guerra. Amin se niega a tomar contacto con la realidad del mayo francés, de los otoños italianos, y los procesos huelguísticos de Alemania e Inglaterra. Ataca a quienes “buscan las causas de la crisis en el interior de las economías del centro” (5), como si las evidencias de la crisis capitalista -superproducción, endeudamiento, caída de la tasa de beneficio- no afectaran directamente a las naciones más industrializadas.

Amin no se da cuenta que en su afán de ensalzar a las burguesías semicoloniales, establece una separación completamente irracional entre el agravamiento de la explotación imperialista y el curso de la crisis en las propias metrópolis. Pero el imperialismo no oprime por sadismo sino porque es su única forma de supervivencia. Ahoga financieramente a los países atrasados porque necesita vender sus excedentes de mercancías y canalizar el capital sobrante que no puede valorizar en su país de origen. Descapitaliza a las naciones oprimidas y frena el desarrollo de sus fuerzas productivas porque la competencia monopólica le impone la búsqueda insaciable de súper-ganancias. Lo contradictorio, es que Amin realce una y otra vez el carácter mundial de la economía capitalista sin entender que la esencia de esta unidad es el total sometimiento de las economías atrasadas al funcionamiento anárquico del régimen capitalista en su conjunto.
Lo que el economista pro-chino cuestiona, en realidad, es el carácter objetivo e inexorable de las crisis. Se niega a reconocer los límites que brotan del propio desenvolvimiento del régimen capitalista, asfixian su desarrollo y lo conducen al colapso. Para Amin no existe en la fase actual de la economía imperialista ninguna barrera a la valorización del capital, ni frontera alguna a la capacidad de absorción de los mercados. Caracteriza, por un lado, que la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia perdió vigencia a partir de los años 30 (6) y, por otra parte, que el papel activo de la moneda y el crédito han eliminado todos los problemas de realización de las mercancías (7). No aporta ninguna prueba empírica de estas conclusiones y sólo sugiere, en primer término, que ciertas causas contrarrestantes del proceso de disminución del beneficio capitalista (reducción de la composición orgánica del capital, incremento de la tasa de plusvalía), se habrían impuesto a la propia tendencia en las últimas décadas. A diferencia de Paul Sweezy, que ensayó un complejo fundamento de una postura similar, Amin se contenta con sus propias afirmaciones. Tampoco la glorificación keynesiana del papel salvador del crédito, está acompañada de justificación alguna.

Amin declara su profunda hostilidad a todos los marxistas que, como Rosa Luxemburgo, trataron de desarrollar y actualizar —con aciertos y errores— la teoría del derrumbe capitalista y descarta esa perspectiva por la supuesta pasividad intrínseca del proletariado occidental. Si la clase obrera se mueve, hay crisis, si permanece paralizada, no la hay. Este es el gran descubrimiento al que Amin pretende otorgar la categoría de ley: “el capital no conoce más que una ley: la búsqueda de la tasa máxima de plusvalía —afirma el maoísta— en esta búsqueda solo topa con un obstáculo, la resistencia de los productores de plusvalía” (8). Se trata de una vulgaridad que retrotrae más de 100 años el nivel del pensamiento ya que reemplaza el riguroso análisis objetivo del sistema capitalista por el comportamiento subjetivo de las clases que lo integran. El capital encuentra una multitud de obstáculos para la obtención de una tasa creciente de ganancia que a su vez se potencian notablemente por la intervención combativa de los trabajadores. No hay que olvidar que las primeras crisis capitalistas estallaron antes que el proletariado se hubiera conformado como clase y que es la economía burguesa la que atribuye la inflación a la lucha por los aumentos salariales o la que interpreta la recesión por la baja productividad del trabajo obrero.

Intercambio desigual I

La mayor parte de las caracterizaciones burguesas de Amin sobre la posición del “centro” y la “periferia” fueron desarrolladas a principios de la década del 70 por Arrighi Emmanuel, un economista que alcanzó fama internacional por su tesis sobre el “intercambio desigual”. Emmanuel sostenía que el comercio internacional era el único mecanismo de explotación de las colonias y semicolónias por el imperialismo. Planteaba que la retribución comercial que percibían los países atrasados por sus mercancías exportadas era inferior a su valor real y que por el contrario los productos fabricados en las naciones más industrializadas se vendían a precios superiores a su valor de origen. Este intercambio desigual, fragmentaba al mundo no solo en dos bloques contrapuestos de naciones, sino también en dos bloques de trabajadores antagónicos: los beneficiarios y víctimas del creciente deterioro de los términos de intercambio.

Amin saludó de entrada los “aportes” de Emmanuel, aunque cuestionó inicialmente sus conclusiones políticas. Transcurridos algunos años el ideólogo maoísta vuelve al complejo problema teórico de la formación de los precios a escala internacional y la acción de la ley del valor en el mercado mundial.

Si en el mercado interno los precios de producción se desvían de los valores de cada producto, es decir del tiempo socialmente necesario para su producción, razona Amin, porque la competencia de capitales y la formación de una ganancia media imponen transferencias de valor de un sector a otro, también en el mercado internacional debe existir un mecanismo regulador del proceso de producción y circulación que distorsione la formación de los precios. Para Amin, el gran logro de Emmanuel es haber descubierto ese mecanismo, que su creador bautizó con el nombre de “valor mundial”. El proceso de constitución de cada valor mundial sería semejante al de un precio nacional. Habría transferencia de valor, pero no de un sector a otro, sino de un país a otro. Masas de plusvalía generadas en la periferia serían apropiadas por países de “centro” por medio del intercambio.

Una elaboración más seria y minuciosa revela, sin embargo, que Amin apenas ha comenzado a aproximarse al problema que ya considera resuelto. Su habitual altanería le induce a descalificar las reflexiones de los clásicos sobre el tema (9), y a no asimilar especialmente el interesante estudio de Bujarín. (10)

Bujarín sugería que no se podía identificar tan apresuradamente la noción de precios nacionales e internacionales. Planteaba que, efectivamente, bajo el imperialismo, la economía mundial tiende a convertirse en la reguladora de todas las economías nacionales dispersas, lo que estimulaba no solo la internacionalización de la circulación de mercancías y la consecuente formación de precios mundiales, sino también el establecimiento de una tasa única de salarios por el desplazamiento mundial de la fuerza de trabajo a través de las migraciones y la formación de una tasa internacional de interés por la circulación mundial del capital. Pero esta tendencia general a la internacionalización -agregaba- no podía imponerse armoniosamente porque coexistía con el desarrollo de una tendencia opuesta a la nacionalización de la vida económica.

Es que cada economía nacional es una unidad histórica de la clase capitalista cohesionada a través de un Estado en un sistema único de precios, barreras aduaneras y monedas. Estos lazos nacionales se refuerzan con el desarrollo de los monopolios, porque el proceso de concentración y centralización del capital tiende a transformar cada economía nacional en una aglomeración de trusts bajo el comando del capital financiero.

Si en el plano nacional el capital solo puede subsistir bajo una competencia permanente, a escala mundial la concurrencia es más despiadada porque el monopolio apela a la fuerza organizada de sus Estados para imponerse. De ahí, las barreras aduaneras, el dumping, la lucha mundial por apropiarse de los mercados de venta, compra e inversión de las colonias y semicolonias. Por lo tanto, paralelamente al desarrollo de un proceso de internacionalización de las mercancías, el capital y la fuerza de trabajo, existe una fuerte tendencia al aislamiento de los cuerpos nacionales, refractarios unos de otros. La contradicción entre ambas tendencias se resuelve a través de choques y conmociones y por eso el militarismo, la guerra y la expansión territorial son los rasgos característicos del imperialismo.
El enfoque de Bujarín es completamente distinto al de y que establece la contradicción entre el mercado nacional e internacional y niega que se pueda consumar la tendencia al valor mundial único, Amin, por el contrario, tiene una visión armonicista, porque debe suponer que en el mercado mundial existe libre movilidad del capital y que no se interpone ningún obstáculo adicional al proceso normal de formación de los precios. Desconoce que bajo el imperialismo creciente socialización del trabajo en todos los poros de la economía mundial choca con la existencia de monopolios nacionales, que en su lucha concurrencial introducen distorsiones especiales a la formación de los precios distintas a las existentes en el plano nacional. Es una utopía pequeñoburguesa imaginar la constitución de un sistema de monopolios ricos y organizados —el superimperialismo— a nivel mundial, e incluso la sola estructuración de bloques económicos atrévanos países como el Mercado Común Europeo -con un régimen aduanero uniforme y un sistema monetario tendencialmente único- es un proceso convulsivo amenazado de permanentes rupturas.

El intercambio desigual en el mercado mundial no es la arbitraria construcción teórica de Amin, sino una manifestación de las leyes generales del modo de producción capitalista. Mientras que en la época que precede al afianzamiento del capitalismo, es el capital comercial el que se apropia a través del engaño y la estafa de una porción del trabajo excedente al intercambiar valores iguales por sumas de trabajo desiguales, con el desarrollo del mercado mundial esta transferencia de plusvalor se toma objetiva y afecta a las semicolonias en beneficio de los países imperialistas. Pero este proceso se lleva adelante manteniendo valores y precios nacionales diferenciados.

Marx relacionaba este mecanismo de explotación con un fenómeno que Amin rechaza de plano: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Para Marx el sobrebeneficio realizado a través del comercio exterior contrarrestaba la disminución porcentual de la ganancia, provocada por el aumento de la composición orgánica del capital. Sostenía a partir de allí que en el mercado mundial se producía un proceso de compensación que otorgaba mayor remuneración al trabajo más productivo de la nación más industrializada. Para Marx el fenómeno tenía un fundamento objetivo, no era una “cosa en sí”, definida por la subdivisión del mundo en naciones explotadoras y explotadas, Marx lo concebía como un nuevo peldaño del funcionamiento de todo el aparato capitalista, Amin como una condena moral a la rapacidad de las metrópolis. Para los clásicos, además, se trata solamente de uno de los métodos de apropiación de la plusvalía colonial que coexiste en distinto grado según cada época con otras formas de explotación, como la exportación e inversión directa de capital.

Intercambio desigual II

Si para poner en pie su esquema del intercambio desigual, Amin necesitó imaginar la existencia de un “valor mundial», para que el modelo cobre vida le añade un fundamento arbitrario: la existencia de tasas de explotación diferentes en el “centro” y la “periferia”. El economista considera, así, el efecto y no la causa. Rehúye una deducción objetiva de las superganancias del imperialismo a partir de la desigualdad en el desarrollo de las fuerzas productivas entre las naciones adelantadas y atrasadas. La transferencia de plusvalía no fue produciría porque el trabajador boliviano sea más explotado que el norteamericano, sino porque el desnivel en la productividad del trabajo entre ambos países conduce en el mercado mundial, a que una hora de trabajo del primero no equivalga a una hora de trabajo del segundo.

Amin heredó también de Arrighi Emmanuel esta interpretación burguesa y vulgar del intercambio desigual. Emmanuel sostenía directamente que el salario era la “variable independiente”, rectora y determinante de todo el proceso y de todas las relaciones económicas mundiales (“lo único que existe en un’ mundo caótico», afirmaba). Insistía que un obrero de un país avanzado era beneficiario del bajo ingreso del trabajador del país oprimido y propugnaba simples aumentos de salarios para contrarrestar el deterioro de los términos de intercambio. Este enfoque nutrió al desarrollismo en la Argentina (11) y expresó el pensamiento de un sector de las burguesías latinoamericanas nucleadas en tomo a la CEPAy durante un período de limitada y deformada semi-industrialización del continente. El propio Amin le atribuye la patem1′ dad de la teoría del intercambio desigual a Raúl Prebisch (12).

La función de Amin es reprocesar esta misma teoría con algunas pinceladas de marxismo. Necesita convertir al salario en un fetiche autónomo del conjunto de factores que determina el valor de la mercancía fuerza de trabajo en cada coyuntura del ciclo capitalista, para sostener la tesis de subdivisión del mundo en obreros afortunados de las metrópolis y obreros desgraciados de las colonias. Es completamente falso que “el valor de la fuerza de trabajo debe elevarse al mismo tiempo que se desarrollan las fuerzas productivas” (13), como sostiene el auto maoísta en un desliz de apología al capitalismo. El inigualable salto en el desarrollo de las fuerzas productivas que caracterizó el clásico nacimiento del capitalismo en Inglaterra y otros países de Europa, estuvo por el contrario signado por un proceso de pauperización sin precedentes de las masas trabajadoras.

El valor de la fuerza de trabajo se va modificando con los cambios en la productividad del trabajo del sector de bienes de consumo y no con el desarrollo de las fuerzas productivas en general y estas alteraciones están directamente asociadas a las circunstancias históricas que regulan la oferta y la demanda de la fuerza de trabajo y la consecuente magnitud del ejército industrial de reserva.

En todo el debate sobre el intercambio desigual Amin navegó sin rumbo fijo. Quedó deslumbrado inicialmente por las tesis nacionalistas de Emmanuel, suponiendo que ellas marcaban un camino de superación de supuestos baches de Marx en la teoría internacional. Trató de apartarse posterior-mente formulando objeciones irrelevantes hasta concluir confesando la inutilidad de todo el trabajo de investigación económica. Su último libro contiene esta sorprendente afirmación: “No hay leyes económicas autónomas frente a la lucha de clases… (y)… por eso no es posible ninguna teoría económica de la economía mundial” (14). Pero siguiendo este criterio: ¿qué ámbito del conocimiento humano puede abordarse con la esperanza de alcanzar resultados positivos? ¿Existe acaso algún fenómeno social o económico, “cognoscible” en un laboratorio inmune a la lucha de clases?

Es evidente que el propio Amin no puede sustraerse a los interrogantes que emergen del callejón sin salida al que ingresó cuando creyó descubrir en el “valor mundial” un nuevo horizonte teórico. Amin, trata de encontrar las respuestas en una revisión general de los principios metodológicos del marxismo.

Idealismo y subjetivismo

En “La ley del valor y el materialismo histórico”, Amin considera imprescindible distinguir el materialismo histórico, que comprendería el estudio de las luchas de clases, de las leyes económicas del capitalismo. Afirma que “en las relaciones dialécticas” entre ambos “no existe simetría sino una preeminencia de la primera” (15). En reiteradas oportunidades ratifica esta concepción atacando indistintamente al. «economicismo” de los trotskistas, stalinistas y socialdemócratas y criticando su visión “lineal” del desarrollo histórico. La dependencia común de todas estas corrientes del “positivismo burgués les habría impedido captar la incidencia real de las luchas políticas en el proceso histórico y económico global. (16).

El solo hecho de poner en la misma bolsa al trotskismo con el stalinismo y la social-democracia indica ya el carácter superficial de la intrusión metodológica de Amin y de todo el castillo de arbitrariedades que ha levantado. Establecer una jerarquía superior de la “lucha de clases” sobre la estructura económica en el proceso de investigación equivale a desconocer la unidad y el mutuo condicionamiento de ambas. El desarrollo de las fuerzas productivas determina la actuación de las clases sociales y el resultado histórico alternativo de sus enfrentamientos (socialismo ó barbarie), y, a su vez, el desenlace de estos conflictos moldea todo el curso económico posterior de esa sociedad.

En el método marxista de análisis existe una relación constante entre lo abstracto y lo concreto, entre los datos empíricos de la realidad y las generalizaciones conceptuales que surgen de ellos, entre la esencia del fenómeno y sus formas de manifestarse. No existe predominio de la política sobre la economía y la sola búsqueda de un factor “preeminente”, refleja que el teórico no ha asimilado él marxismo y continúa dependiendo de un “punto de arranque”, para sostener su razonamiento, de la misma forma que el religioso necesita apoyar su fe divina en el milagro de la creación del mundo.

El deslizamiento de Amin por el camino del idealismo ya está presente en su negativa inicial a reconocer en las leyes objetivas del capitalismo las causas de la crías del imperialismo.

Amin está atrapado par las formas de razonamiento de la sociología burguesa. Los incontables modelos matemáticos que acompañan sus demostraciones no son meros auxilios pedagógicos. El autor diagrama primero el modelo económico (imponiendo arbitrariamente todos los supuestos)’y posteriormente le “introduce correctamente la lucha de clases” (17). Si no hay luchas políticas y sociales, el esquema funciona sin sobresaltos y nada perturba la reproducción ampliada del capital. Por eso supone, por ejemplo, que solo a partir de un incremento del salario real y el correspondiente combate por conquistado se desencadena el mecanismo que conduce a una crisis de sobreproducción (18). Este punto de vista armonicista se repite una y otra vez y Amin recoge con este enfoque del desenvolvimiento interno equilibrado del capitalismo, toda la tradición de deformaciones reformistas en la interpretación de “El Capital”. La prueba más contundente de que la oposición hecha por el ideólogo prochino entre leyes económicas y materialismo histórico tiene una raíz netamente subjetiva e idealista, es la aplicación que hace Amin del materialismo histórico. En todos los casos se observa una exaltación del oscurantismo acorde a la moda tercermundista. El estudio de “Los Angeles, United States., of Plastika”, por ejemplo, resume una crítica completamente reaccionaria a los distintos aspectos culturales e históricos de la sociedad capitalista norteamericana. Para Amin, Estados Unidos no es siquiera una nación, ya que la carencia de una “cultura común”, solo habría dado lugar a un “conglomerado de inmigrantes  reunidos en un Estado”. En cambio, “China y Egipto han sido naciones desde siempre” y la historia habría permitido “la formación de auténticas naciones en América Latina (19).

La “cultura” como barómetro del desarrollo social, naciones que existen más allá del tiempo y del espacio, republiquetas balcanizadas por el colonialismo como ejemplos de la estructuración nacional, son algunas de las divagaciones propias de quien ha sustituido el materialismo por añoranzas místicas al estilo de José María Rosa. Amin forma parte de la gran clique de teóricos pequeñoburgueses que rechazan lo que Marx llamó la “acción civilizadora del capital”, es decir el extraordinario factor de progreso para la humanidad que significó el advenimiento del modo de producción capitalista. Se identifica, en cambio, con quienes glorifican el atrasó y enaltecen cada limitación del desarrollo capitalista. Solo desde este ángulo embrutecedor puede afirmarse que “no hay duda que un campesino analfabeto de un país subdesarrollado tiene mayor autonomía de pensamiento que un ciudadano norteamericano” (20).

No se trata de una frase al pasar. El maoista está convencido’ de la superioridad de todas las sociedades p re-capitalistas, éstas habrían sido las únicas transmisoras reales de «cultura” (21). Como para Amin el mundo avanza por la evolución de las ideas y no de las fuerzas productivas, el capitalismo yanqui —que él identifica con la pobreza intelectual— sería el punto máximo de decadencia de la humanidad. En el fondo, sin embargo, Amin no menosprecia al capitalismo norteamericano sino que lo- considera- imbatible y todopoderoso. Supone que es una “sociedad sin grietas” que ha impuesto la «fascistización interna” de todas las clases sociales (22).

La ausencia de un razonamiento dialéctico a lo largo de toda su exposición enceguece a Amin, al momento de las conclusiones, y le impide tomar contacto con las innumerables manifestaciones de descomposición política y social que han aflorado en el interior del imperialismo, particularmente a partir de la derrota de Viet-Nam. Solo desde el impresionismo pequeñoburgués se puede hablar de fascismo sin mencionar derrotas históricas del proletariado yanqui Después del “Watergate”, los fracasos de Cárter y las fisuras permanentes de Reagan con el Congreso, Amin debe ser el único escritor del universo que considera que los Estados Unidos es una “sociedad sin grietas”.

La debacle del maoísmo 

Amin escribió la mayoría de sus libros antes de la depuración de la fracción maoista del aparato chino y de viraje pro-imperialista de la burocracia. El mismo destaca reiteradamente la influencia de la «revolución cultural” en sus textos, que naturalmente están en abierta contradicción con lo sucedido en China en los últimos años. Desconocemos cuál es el balance que hace Amin del viraje y si se mantiene fiel al maoismo venido a menos. Su último libro escrito en 1977 no abre juicio sobre el problema.

La importancia del balance radica en que Amin fue un cultor de todos los vicios que el maoismo heredó directamente de Stalin referidos a la posibilidad de construir el socialismo en un solo país. Amin se mostraba partidario de aislar a China del mercado mundial para desarrollar una «tecnología socialista” propia, con independencia de los logros científico-técnicos alcanzados por el capitalismo y contraponía la “comuna china” a un proceso acelerado de industrialización, porque reivindicaba la subordinación de la industria a la agricultura” en una primera larga fase de transición” (23). Hoy, la apertura indiscriminada del mercado chino al imperialismo yanqui y japonés, el endeudamiento y el desbarajuste económico creado por la asociación con el capital para alcanzar en un tiempo récord las “cuatro modernizaciones” amenaza las bases sociales del Estado Obrero. Pero resulta fundamental entender este proceso como una simétrica reacción al fracasado y utópico intento de desligar la economía china del mercado capitalista, que Amin defendió con entusiasmo.

Teórico de una corriente en franco proceso de disgregación, transmisor de planteos stalinistas que han perdido audiencia en los estados obreros, enemigo declarado del proletariado de los países avanzados, propulsor del atraso en la “periferia” y de la pasividad en el “centro”, literato del nacionalismo reaccionario, Amin imagina un porvenir apocalíptico para la humanidad. Considera que tanto el imperialismo como el Estado Obrero soviético tienden a converger en un nuevo “modo de producción estatal… que aseguraría la centralización del capital a esta escala”. La burguesía sería reemplazada por una “clase-estado dominante” que se apropiaría del excedente y a esta sociedad del futuro, Amin la bautiza con el nombre de “1984: reino del hombre unidimensional”, en alusión a una obra de Orwell y un estudio de Marcuse (24). Con estas extravagantes conclusiones pierde definitivamente noción de la realidad política y se desplaza hacia la ciencia- ficción. Reemplaza con la fantasía el análisis materialista de las sociedades en relación a sus clases dominantes y oprimidas. Desde el momento que no distingue la naturaleza social opuesta entre un estado obrero burocratizado y un estado capitalista, se abren las puertas para todo tipo de invenciones como la de un nuevo modo de producción sostenido en un estado pero compuesto por clases desconocidas.

En el fondo Amin no conserva ni un gramo de esperanza en la revolución proletaria y el comunismo. Todo su alegato está recorrido de un profundo escepticismo, que aflora en la analogía que traza entre el capitalismo y el imperio romano decadente (25). Su pesimismo podrá quizá alimentar aún círculos pequeñoburgueses pero no prosperará en el seno de la clase obrera, que, a diferencia de los plebeyos romanos, está llamada a abrir un nuevo horizonte para el género humano en una sociedad sin explotadores ni explotados.

Citas.
(1) La ley del valor y el materialismo histórico. (Editorial Fondo de Cultura Económica. 1981) pág. 116
(2) Imperialismo y Desarrollo Desigual (Editorial Fontanella 1976). pág. 24
(3) La ley del valor… pág. 119
(4) Imperialismo y … pág. 124
(5) La ley del valor… pág. 121
(6) ¿Cómo funciona el capitalismo? El intercambio desigual .y la ley del Valor (Editorial Siglo XXI, 1975) pág. 74-75
(7) Imperialismo… pág 128
(8) Imperialismo… pág. 129
(9) Cómo funciona… pág. 14
(10) La economía mundial y el imperialismo (Editorial Pasado y presente, número 21, 1971).
(11) Víctor Testa, El intercambio Desigual.
(12) La Acumulación en escala mundial, (Siglo XXI, 1975) pág. 65
(13) La ley del valor… pág. 38
(14) La ley del valor… pág.66
(15) La ley del valor… pág. 10
(16)  Cómo funciona… pág. 88-85
(17) La ley del valor… pág. 66
(18) La ley del valor… pág. 29
(19) Los Angeles, United States of Plastika (Cuadernos 1975) pág. 19-20
(20)  Los Angeles,… pág. 15
(21)  Imperialismo… pág. 98-101
(22)  Los Angeles… pág. 31
(23)  Imperialismo… pág. 211-213-214
(24)  La ley del valor… pág. 114 Los Angeles… pág. 56-57 Imperialismo… pág. 103
(25)  Los Angeles… pág. 59

–

“Polonia: ¿Desafío a los imposible?”Maoísmo y Marxismo. Retrato de una debacle

Julio Magri

 

K. Pomian es un profesor universitario polaco que fue miembro del Partido Comunista (POUP) hasta su exclusión en 1966. Dos años más tarde fue privado de su cátedra universitaria en Varsovia. En 1973, y luego de varios meses de desocupación forzosa, se radicó en Francia, desde donde ha contribuido y participado de diferentes movimientos contra la represión burocrática.
El libro «Polonia: desafío a lo imposible?” es una recopilación de artículos aparecidos en diversas revistas entre 1977 y 1980, con un pequeño agregado escrito inmediatamente después del golpe de Jaruzelsky.
El análisis del autor, que es común a diversos sectores de la «intelligenzia” polaca, es que el Estado burocrático polaco, en los últimos 25 años, ha sufrido una creciente disgregación debido a dos factores esenciales: el papel histórico excepcional de la Iglesia polaca (de modo que el Estado «no logra conquistar el monopolio de la creencia”) y la restauración de una explotación privada en el campo (el Estado perdió «el monopolio de la producción agrícola e industrial”, pág. 23). A su vez, entre 1976 y 1979- con la elección de un Papa polaco y el viaje de éste a Polonia en 1979, se abre una nueva fase, pues se «despertaron las esperanzas”, borrando las frustraciones seculares e insuflando un nuevo sentimiento y fuerza en el pueblo (Pág. 33).
Para el autor la emergencia de Solidaridad tiene su raíz en estos dos fenómenos, más aún se nutre de ellos (pág. 34). La escuela de pensamiento con la que se identifica Pomian consiste, precisamente, en afirmar que primero, el desarrollo de la influencia cultural de la iglesia fue un prerrequisito indispensable de los acontecimientos de agosto y, segundo, que ese desarrollo fue una respuesta progresiva de la sociedad al totalitarismo estatal. Para esta tendencia la contradicción del Estado polaco se plantea en términos de totalitarismo y liberad, es decir, que recusan la vigencia de una caracterización clasista. De ahí que pongan un signo igual entre la democracia imperialista, y aún de la Iglesia -oscurantista, jerárquica, totalitaria (la burocracia de los estados obreros se le asemeja en más de un aspecto), con el progreso histórico.
Para el marxismo revolucionario el desenvolvimiento de la influencia política de la Iglesia y la reconstrucción parcial del campesinado constituye, primero, una de las diversas variantes del proceso de descomposición de los Estados obreros burocráticos y, segundo, refleja el lado reaccionario de ese proceso de descomposición, expresando la presión imperialista. El autor ni se detiene a considerar las variantes húngara de 1956 o checoslovaca en 1968, ni la directa y más rica: la del ascenso más o menos directo a la revolución victoriosa. El aprovechamiento de los fenómenos de “liberalización” en esos estados, en los casos de variantes que potencian a sectores como la Iglesia, sólo es posible a condición de marchar contra la influencia de éstos. El acercamiento entre la Iglesia y el PC desde bien antes del 80, como los recientes acuerdos entre Glemp y Jaruzelsky, en perjuicio de Solidaridad, han puesto de relieve la realidad del rol de las distintas tendencias que pugnan en Polonia, y explica por qué la corriente política de los Pomian ha llevado a la derrota a Solidaridad.
No se puede colocar, sin embargo, a la revolución política obrera en Polonia como un sub-producto del campesinado y la Iglesia, sin faltar a la verdad histórica. El primero y el último de los actos de la revolución política hasta hoy, en Polonia, fueron insurrecciones obreras: Poznan, 1956; Gdansk, 1980 (en el medio hubo otros tantos levantamientos proletarios). La burocracia apeló a la Iglesia y a la descolectivización del campo como maniobras reaccionarias para desviar al proletariado de la guerra civil contra la burocracia.
Significativamente, Pomian no señala un factor económico y social esencial del proceso de desagregación de la burocracia: la industrialización operada en Polonia, que le dio cohesión social a la clase obrera y minó la base social de la burocracia y de la Iglesia (en este último caso porque quebró el carácter agrario del país y su base social terrateniente). Sin esta transformación social no se explicarían los levantamientos obreros, ni Solidaridad, una organización eminentemente proletaria que, contra la opinión de Pomian, relegó por completo a la Iglesia. No fueron ni los productores agrarios privados ni la Iglesia las fuerzas motrices de la lucha contra la burocracia. Esta lucha fue obrera y dio lugar a la creación de organismos eminentemente proletarios y clasistas (consejos obreros, autogestión obrera, sindicatos independientes).
Los factores que señala Pomian son expresiones de la dislocación burocrática, pero el proletariado no debe apoyarlos, porque como fuerza política consciente la Iglesia es contrarrevolucionaria, y porque como fuerza social, el campesinado no tiene porvenir histórico. El Estado burocrático debió recurrir a esas «instituciones disidentes» para que cumplan con la función de estrangular el movimiento de la revolución proletaria por una vía indirecta. En el régimen burocrático, la Iglesia pasó a defender al campesino privado y a los intereses generales del imperialismo, y a utilizar el sentimiento religioso de las capas obreras de reciente origen campesino contra el movimiento revolucionario del proletariado en su conjunto. La Iglesia «coqueteó” con los levantamientos obreros, pero para jugar un papel fundamental en su estrangulamiento. En todos los momentos decisivos, la Iglesia hizo causa común contra Solidaridad: se opuso a las huelgas de agosto de 1980 (si hasta Pomian reconoce que «ni tampoco una homilía bastante ambigua del cardenal Wyszynski retransmitida -innovación sin precedentes- por la televisión (después de haber sido censurada, es cierto) lograron debilitar la determinación de los obreros de Gdansk de ver sus reivindicaciones satisfechas»- pág. 31), llamó a no movilizarse contra la burocracia sino buscar un acuerdo social, culpó a Solidaridad por el golpe de Jaruzelsky y ahora pactó con éste un acuerdo político contra Solidaridad. La opresión burocrática en todos los niveles, incluida la religiosa, reavivó ese sentimiento entre las masas en abierta contradicción con el desenvolvimiento social del país.
La influencia de la Iglesia no tiene por base una supuesta hegemonía cultural de ésta, como lo prueba la vida cotidiana en Polonia, que se asemeja a la de Europa occidental en relación a todos los tabúes religiosos (aborto, divorcio, papel de la mujer). La Iglesia quiere usufructuar la derrota obrera de diciembre del 81 y su papel en la misma para ampliar su rol político para que no levante cabeza Solidaridad (acuerdo Glemp- Jaruzelsky), a cuenta de los intereses generales del imperialismo mundial.
El autor se mueve en el círculo de totalitarismo vs democracia y es así que plantea posiciones históricamente reaccionarias. Dice: «Una economía donde toda la esfera de la producción y de la circulación está estatizada y donde existe una planificación imperativa a partir del centro desemboca virtualmente en los campos de concentración» (pág. 40).
Pomian arremete no contra la gestión burocrática sino contra la estatización y la planificación en general, esto es, contra la dirección y distribución conscientes por parte de la sociedad de la producción social. Hay que concluir que para el autor el reino de la libertad es el reino de lo espontáneo y no de lo consciente, el mundo donde la necesidad impone su tiranía bajo la forma del fetichismo de los productos del hombre social.
Pero la planificación, o sea, el dominio consiente de la economía por la sociedad, solamente es posible si las masas democráticamente lo elaboran y ejecutan. En Polonia, como en todos los Estados obreros, lo que existe es una fachada de planificación porque ésta se realiza al margen y contra la voluntad soberana de las masas. Más aún, como surge del estudio del grupo “Experiencia y el Futuro” (Estado de la República) del año 1978, lo que impera es la improvisación, la descoordinación y, las inversiones irracionales decididas por burócratas solamente con el propósito de promocionarse y sacar mayores prebendas. Esto explica, entre otras cosas, las numerosísimas industrias inviables. En definitiva, no una planificación central sino una improvisación burocrática.
Pomian cuestiona los instrumentos políticos de la burocracia y los identifica con la economía estatizada. Pero ésta es una conquista del proletariado que la burocracia permanentemente erosiona. Es una tendencia de la propia burocracia desmantelar el plan en favor de una suerte de reforma de las empresas, de la autonomía de éstas, y de la convergencia con el capital internacional. El problema es que la burocracia, con plan central o no, quiere seguir con el poder exclusivo de nominar a los altos funcionarios de las empresas, asegurándose que el aparato controle el conjunto de la vida social («Nomenklatura”). Pomian, en cambio, apoya los movimientos autogestionarios que reclaman que los puestos gerenciales sean abiertos. Se trata entonces, de una postura que busca cooptar a las capas gerenciales excluidas de la trenza actual al régimen político burocrático.
De lo dicho hasta aquí se desprende lo que es el pensamiento estratégico de Pomian y que comprendió a amplios sectores de la oposición polaca: existiría en los Estados obreros una lucha entre el totalitarismo y democracia, definidos estos al margen de su contenido de clase. Identifican así a Occidente y la Iglesia con la libertad y la economía estatal y el plan central con el totalitarismo. Es notable esto porque la llamada “democracia occidental” se asienta en el totalitarismo más extremo (el imperialismo) y la Iglesia es, por excelencia, una institución totalitaria. La oposición de estos a la burocracia no tiene un carácter progresivo porque la demagogia de la «libertad” tiene el contenido de la restauración capitalista. No hay que olvidar que ambos condenaron los «excesos” de Solidaridad y justificaron el golpe de Jaruzelsky como una necesidad para restablecer la disciplina en las fábricas.
Pomian no analiza muy extensamente el período que va de las huelgas de Gdansk, en el verano polaco de 1980, hasta el golpe de Jaruzelsky. Destaca, eso sí, que Solidaridad tenía una estructura «territorial y profesional” siendo, en realidad, «una federación de sindicatos, no de ramas de la industria o de oficios, ano de regiones…” (pág. 201). La fuerza de Solidaridad radicaba en esa característica soviética, en el agrupamiento de todo el proletariado, sin ningún tipo de distinción, contra el Estado burocrático.-
El autor le reprocha a la burocracia que buscara «politizar cada cuestión y que en cada lucha lo único que persiguiera fuera la derrota del adversario. Y -agrega- no son solamente los hábitos adquiridos durante 35 años, que empujan en ese sentido. La enseñanza leninista sobre la pretendida imposibilidad del doble poder, dogma fundamental inculcado a cada apparatchik, conduce a tratar de enemigo a cualquiera que aspira a la independencia…”(pág. 165). Este «reproche” se vuelve contra Pomian puesto que desmiente la ilusión de que la burocracia podría actuar de otra manera que no fuese la de «mantener la integralidad del poder” (idem). Pero mientras la burocracia actuaba en función de liquidar el poder representado por Solidaridad, Pomian elogia que ésta no actuara para liquidar el poder de la burocracia. El autor arremete contra el supuesto dogma leninista pero no percibe que Lenin la desarrolló para que el proletariado comprendiera que en una situación revolucionaria debe utilizar sus organizaciones de poder para barrer con el régimen opresor. El golpe de Jaruzelsky confirmó, en un sentido contrarrevolucionario, la enseñanza leninista y volvió a pulverizar las teorías gradualistas y pacifistas.
Pomian considera un acierto el levantamiento de la huelga del 31 de marzo de 1981 en respuesta a la provocación burocrática de Bydgoszsz, decidida a último momento por Walesa: «el balance del acuerdo pasado entre el gobierno y -Solidaridad para poner fin a la crisis de Bydgoszsz se mostró desde el punto de vista de este último y del país ampliamente positivo, más positivo inclusive que lo que se esperaba el 31 de marzo” (pág. 162). El acuerdo consistió, sin embargo, en concesiones insubstanciales por parte del gobierno que, en cambio, logró que la dirección de Solidaridad se revelara ante el conjunto de la nación dispuesta a no cruzar los límites del Estado burocrático. Esa huelga precisa-mente venía siendo reclamada en todo el país y amenazaba por esto con abrir las vías a la insurrección. Para la burocracia la lección de Bydgdoszsz fue precisamente esa: puesta ante el umbral de la revolución, la dirección de Solidaridad sacrificaba la movilización obrera en función de preservar el statu-quo con el sistema burocrático. Por esto mismo Bydgdoszsz marcó una inflexión en el movimiento de las masas porque colocó a éstas -por la política de su dirección- ante el límite insalvable del respeto al rol «dirigente” del PC.
Pomian sostiene que a partir de 1980 se habría producido un renacimiento del parlamentarismo y destaca el «inesperado despertar de la Diete, que ha comenzado a comportarse como si fuese un verdadero parlamento”, a pesar de ser elegido entre «obedientes” del aparato (pág. 196). Para el autor, las discusiones operadas en la Diete, donde se registraran votaciones divididas, hicieron que ya no fuese más «una simple cámara de registro de las decisiones del CC del POUP, lo que facilita enormemente el proceso de transformaciones pacíficas y’ en acuerdo con la ley, inclusive si todo el peso de Solidaridad es necesario para mantenerlo en marcha” (pág. 1%).
Se ve aquí claramente el planteo estratégico de Pomian: la reforma pacífica y gradual del sistema totalitario a partir de sus propias instituciones digitadas. ¡.¡Tanta denuncia sobre el «totalitarismo” y del «doble poder” para sostener un parlamento fantoche y títere del régimen burocrático!!
Pomian identifica con un renacimiento del parlamentarismo lo que no es otra cosa que las divisiones y fricciones que se produjeron en el aparato del POUP como resultado de las movilizaciones obreras. Es un rasgo universal de los regímenes en descomposición política. Ni qué decir que no fue la Diete el centro de la situación política polaca sino el enfrentamiento extraparlamentario, la dualidad de poderes, entre las masas y(el régimen burocrático. Lo cierto es que mientras la Diete «discutía” y posaba de «reformadora”, el Ejército iba asumiendo el control de las ciudades preparando el golpe de estado» Los mismos diputados que asombraron con sus discusiones a Pomian, hoy votan «por unanimidad” los proyectos de Jaruzelsky.
El autor ve una oposición entre el parlamentarismo y la burocracia totalitaria. Pero el parlamentarismo, inclusive en las democracias más estables, ni que decir en los regímenes dictatoriales, está caduco porque está sometido a los truts y a la burocracia estatal y militar. El parlamentarismo no puede ser entonces el espejo en el que se refleje el proletariado de los Estados obreros.
Pomian reivindica el parlamento. Este planteo de Pomian se inserta en sus posiciones a favor de la apertura hacia Occidente, el desmantelamiento de la planificación, etc.
En un Estado obrero, el parlamentarismo sólo puede tener ese sentido, ya que las fuerzas motrices de la revolución son el proletariado o las masas pobres, y que no existe la base social de la democracia burguesa. Las reivindicaciones de la democracia tienen un carácter obrero y se manifiestan en la consigna de la expulsión de la burocracia de los órganos del Estado. Todas las insurrecciones en Polonia dieron lugar al mismo resultado.
En los Estados obreros la fuerza social del proletariado le imprime a su movilización un inconfundible rasgo clasista y rápidamente coloca a la orden del día la ocupación de fábricas, la formación de consejos obreros, sindicatos independientes, etc. Sucedió en Alemania (1953), Hungría (1956), Polonia (1956, 1970,1976, 1980).
El libro de Pomian concluye con un «post; scriptum” escrito inmediatamente después del golpe de estado de Jaruzelsky. La conclusión del autor es que el régimen burocrático-militar no podrá erradicar la «disidencia” polaca, asentada en una larga experiencia de luchas, pero, por sobre todo,, porque existe «una institución en la cual (los polacos) se reconocen y que ellos saben no colocará nunca al Cesar en los alta-res: la Iglesia” (pág. 228).
El pronóstico de Pomian se ha revelado completamente falso: la «normalización” de Jaruzelsky se asienta en un acuerdo con la Iglesia y ésta no ha du-dado ni un instante en atacar la resistencia impulsada por Solidaridad. El autor no se arredra ante la bancarrota de su pronóstico. Tenemos en este libro de recopilaciones la sinuosa y dolorosa trayectoria de un stalinista que ha evolucionado al clericalismo.

–

“1880-1982: Historia de las Crisis Argentinas”

Juan Carlos Crespo

 

“¿Qué día es hoy?» Aureliano le contestó que era martes. “Eso mismo pensaba yo”, dijo José Arcadio Buen- día. Pero de pronto me he dado cuenta que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias. También hoy es lunes…» Al día siguiente, miércoles, volvió al taller. “Esto es un desastre —dijo— Mira el aire, oye el zumbido del sol. Igual que ayer y antier. También hoy es ¡unes «.

La cita de García Márquez -incluida al comenzar el texto- es un buen anticipo de la conclusión del autor sobre las distintas crisis planteadas en el país desde 100 años atrás. Según su visión, Argentina ha sido testigo de una larga pugna entre «intervencionistas” y «liberales”, aquéllos, intérpretes de la burguesía industrial, estos últimos, de la hermandad entre los banqueros internacionales, la sub-oligarquía financiera (gestora del capital financiero en el país) y la oligarquía terrateniente. En esta pugna, el último sector ha salido ganancioso una y otra vez: «en los noventa años siguientes (a la crisis de 1890), el mismo sector social que se benefició con esta crisis intentará repetir la experiencia, aún al precio de provocar nuevas crisis, aludiendo siempre a la memoria de los preclaros varones de la Generación del 80”. Como en la ficción del escritor colombiano, en la Argentina siempre sería «lunes”.

En la Argentina las crisis y los protagonistas tienden a repetirse. Partir de este punto es un acierto del autor. Porque si la historia se repite es la comprobación de problemas no resueltos desde la misma formación del Estado nacional. Si aún hoy es materia de discusión la Vuelta de Obligado es porque la cuestión de la soberanía nacional frente a las metrópolis del mundo capitalista sigue planteada: somos un Estado dependiente que ha delegado atributos esenciales de la soberanía (declarar la guerra) a entidades supranacionales sujetas al dominio de los Estados Unidos.

Pero señalar y estudiar las analogías históricas es útil a condición de precisar lo que no se repite, los rasgos diferenciados, pues son estos elementos nuevos los que serán capaces de resolver los viejos problemas no resueltos en el pasado.

Brailovsky traza el paralelo, en particular, entre la crisis de 1890 y la actual, y señala los componentes comunes: el colosal endeudamiento externo, la especulación financiera, la caída del salario de los trabajadores, la trenza financiera que surge como beneficiaria del proceso que llevó a la crisis. Sin embargo, la crisis bajo Martínez de Hoz tendría un matiz diferencial respecto de otras, pues aquí no estuvo presente el ahogo del sector externo, sea provocado por una sequía, por una crisis internacional o la baja de los precios de exportación. «Esta vez (por M. de Hoz) no se trata de una crisis importada. Las dificultades por las que atravesó el país… aparecieron y parecen ser consecuencia de una cierta política económica antes que causa de ella”. Es decir, la crisis argentina no tiene relación con la crisis mundial.

El autor impugna el carácter aventurero del endeudamiento externo propiciado por la oligarquía financiera y es partidario de encauzarlo a partir del Estado. Contrapone el caso de Brasil: “a principios de la década del 70 se criticó en los medios académicos inter-nacionales la política de Brasil, de endeudarse excesivamente en el exterior. Pero ese endeudamiento tenía por lo menos la contrapartida de los dólares aplicados al crecimiento industrial. Con una política aparentemente similar, Brasil salió con una industria fortalecida y la Argentina con una estructura industrial en franco retroceso”.

Brailovsky esboza una salida: reivindica la gestión económica del primer gobierno peronista (1945), en particular la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios, la estatización del comercio exterior. Estas medidas restablecían un equilibrio roto por la concentración en favor de los grandes pulpos «particularmente en el sistema financiero y en el exportador, parte de cuyas utilidades provienen del ofrecimiento de créditos costosos al agro y a la industria -en el primer caso- o de la adquisición de cosechas a precios bajos -en el segundo-”.

¿Qué hacer hoy? Recurrir al viejo arsenal de las políticas instrumentadas por el peronismo en los años más osados de intervención estatal. ¿Quiénes? Brailovsky hace un elogio al levantamiento de «toda la ciudadanía” contra la política de la dictadura y coloca en la primera línea de esta protesta a la Multipartidaria, a la CGT, a la Federación Agraria. Allí apuntan sus expectativas: a la resurrección del nacionalismo burgués de la mano de los políticos burgueses democratizantes.

1890-1980: la ley del capital financiero

Es un hecho que, como sostiene Brailovsky, el desenfrenado endeudamiento externo y la especulación son rasgos comunes a las diferentes grandes crisis económicas argentinas y, en particular, de aquellas en que centra su análisis, las de 1890 y la actual. Pero el autor no va más allá de una interpretación subjetiva: la existencia de un «sector social” que aparece como el demiurgo y el beneficiario de las crisis sin que nadie pueda explicarse cómo es posible que esta fracción pueda imponer una y otra vez su ley a la nación. Sin embargo es la repetición de la historia lo que invalida aquella visión subjetiva y plantea hallar el por qué en la conformación particular del país.
En el período 1880-90 la valorización de la pampa húmeda por la expansión del comercio mundial de granos y carnes planteó el ingreso masivo del capital extranjero y la incorporación plena de la clase explotadora del país al circuito capitalista mundial. Esta inserción tuvo características profundamente parasitarias, con el Estado haciéndose cargo de la mayor parte de los compromisos con los acreedores extranjeros. «Los capitalistas dispuestos a correr riesgos en nuevos campos de empresa, como la comercialización de la carne, eran difíciles de encontrar y se invitaba al estado a que diera seguridades en ese terreno. Un estudioso ha calculado que el 60 por ciento de las nuevas inversiones hechas en los ferrocarriles durante los años 1885-90 se hicieron en títulos con interés fijo. Las cédulas eran también títulos con interés fijo. En suma, las inversiones hechas en la Argentina, se hacían de un modo preponderante en una forma que exigía que la economía argentina produjera y compensara en seguida” (Ferns, “Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX”).

Es decir, el endeudamiento crecía en una proporción muy superior a la capacidad de realización de las inversiones. El capital ferroviario, por ejemplo, aumentaba con mayor rapidez que las entradas ferroviarias, al momento de producirse el colapso financiero. La expansión vertiginosa 1885-90 incubaba así la crisis posterior. Brailovsky trata de resolver esto volviendo a una interpretación subjetiva: critica la forma desordenada” en que se desarrolló e expansión, “un crecimiento rápido e algunas actividades que deja atrás otras» y que provocó mayor importación de insumos y la quiebra del balance pagos. Impugna la violenta inflación que acompañó la expansión, que redujo Poder de compra de los consumidores y condujo a la recesión posterior. Todo se reduce así a una simple elección Circunstancial de políticas económicas: “Lo que estaba en cuestión era si el progreso beneficiaba al conjunto del país o a una minoría de especuladores”.
Bajo el capitalismo la expansión económica no puede ser sino “desordenada” porque lo que “ordena” es la búsqueda del beneficio en un régimen de propiedad privada. Tan inútil como esto es considerar la política inflacionaria como un simple problema de opciones, siendo que allí estaba expresándose la impotencia del régimen para frenar las tendencias a la crisis. Con la ley de Bancos Nacionales Garantizados de 1887, Juárez Celman buscó supeditar de modo definitivo las emisiones de billetes a las existencias de oro en los bancos. Esto fracasó en toda la línea y no sólo por renuencia de la oligarquía terrateniente, que quería papel moneda para pagar los sueldos y créditos fáciles, sino también porque el pago de la creciente deuda externa (una gran proporción de la cual había que pagar en oro) más las compras de insumos, más la corrupción, ponían en dificultades cada vez mayores al Tesoro del Estado. Este precario equilibrio terminó por derrumbarse con la caída de los precios agropecuarios a raíz de la crisis económica internacional.

Todos estos elementos, con su forma propia, volvieron a plantearse en la crisis actual. La dictadura, pretendió poner en pie un mercado de capitales otorgando avales a las deudas con el exterior, utilizando títulos públicos indexados para mantener el proceso especulativo y formando una reserva de divisas mediante el endeudamiento de empresas estatales que no necesitaban esos fondos. La deuda externa creció sin relación alguna con la capacidad de realización de las inversiones. Hubo que abandonar la política de sobrevaloración del peso frente a la necesidad de reacomodar las exportaciones del país.

¿Qué revela esta historia repetida? La profunda debilidad de la burguesía industrial frente al capital financiero. Si el Estado debe salir de garante de cada operación con los acreedores, si el beneficio industrial no puede respaldar un proceso amplio de endeudamiento se debe al raquitismo de la industria por referencia al mercado mundial.

La burguesía industrial nace, en gran parte, como una prolongación de la clase terrateniente. Y nace y se desarrolla en la época del imperialismo, en momentos en que el desarrollo de la técnica exige de las empresas grandes masas de capital. Esto impide que la industria crezca desde abajo como en Inglaterra o Estados Unidos. La burguesía industrial se une desde el vamos con el gran capital proveniente de actividades extraindustriales: comercio, banca, y en particular con el capital imperialista. La burguesía industrial se une así al imperialismo desde su primer vagido y crece en constante dependencia del capital y la técnica imperialistas. Esta conformación determina otra diferencia con los países imperialistas: en éstos la gran burguesía financiera surgió de la capitalización del beneficio industrial, de la fusión de la banca con la industria. En nuestro país, como en el resto de países oprimidos, el capital financiero no se sustenta en la gran burguesía industrial sino en otras formas capitalistas paralelas a la industria (comercial, intermediaria del capital extranjero, terrateniente).

El capital financiero es el capital de los monopolios y como tal ha perdido todos los rasgos progresivos de su juventud. No liquida las viejas clases poseedoras, sino que se asocia a ellas. No impone la libre competencia, sino que pasa a controlar ramas enteras de la producción nacional. La con-secuencia de todo esto es la liquidación de los sueños de dominio de la burguesía industrial y la preponderancia de la oligarquía, la burguesía financiera y el capital imperialista en el terreno económico y social.

Si no fuera así, ¿como se explica el poder de esta fracción ultra-minoritaria de banqueros y gestores? Brailovsky se niega a abordar la cuestión, porque significaría cuestionar la principal conclusión de su libro: que un frente nacionalista burgués sea capaz de acometer un programa de desarrollo nacional independiente.

¿Endeudamiento productivo vs endeudamiento especulativo?

Brailovsky ha hecho suya una conclusión repetida por Aldo Ferrer y otros teóricos del nacionalismo burgués. El endeudamiento de Brasil sería productivo, habría permitido fortalecer la industria y el de aquí no ha tenido otro fin que la especulación. Va de suyo que una conclusión de este tipo permite hacer creer que el problema no reside en el capital financiero internacional, que puede ser utilizado para un endeudamiento “productivo”, sino en los ejecutores de la política económica en el país. Queda así un único culpable: M. de Hoz y la trenza financiera.

El origen del endeudamiento argentino y brasileño debe encontrarse en la crisis de la economía capitalista mundial a partir de los años 70, fin del ciclo de expansión asentado sobre la colosal destrucción de fuerzas productivas en la segunda guerra. La crisis es producto de una sobreacumulación de capital que no encuentra canales para la inversión productiva. Esto se expresa en el colosal desarrollo de los mercados financieros internacionales en el último período (euromercado).

Es la fenomenal presión de la banca internacional para la colocación de estos fondos ociosos lo que llevó a la dictadura a impulsar un plan de concentración industrial apoyado en este financia- miento y en la reducción del nivel de vida histórico de las masas. El propósito era potenciar una serie de sectores -agroindustria, petroquímica, acero- y se perseveró en esta línea hasta que se fundió el plan de M. de Hoz. En realidad si se quiere comprender la crisis en el país hay que trazar la analogía con el proceso brasileño. La experiencia de ambos países es casi un calco: en ambos casos fracasó en toda la línea el intento de poner en pie un mercado de capitales sin la intervención del Estado. A partir de la política eco-nómica del golpe de 1964, se montó un endeudamiento “aventurero” (un manejo “monetario” del balance de pagos) y un “bicicleteo”, que culminó en la crisis de 1967. Pero aquí Brasil halló una salida momentánea en el ciclo de expansión especulativo del comercio mundial en 1969-73 (y es del caso recordar que M. de Hoz tuvo como contrapartida sólo una pequeña “primavera” de reactivación en un largo período recesivo). Además Brasil tiene una tercera parte de su frontera agrícola sin colonizar, lo que significa una vía de acumulación propia del capitalismo de la primer época y la expulsión de campesinos, es decir de mano de obra barata para la industria (en nuestro país este proceso, vía inmigración europea, culminó hacia principios de siglo y el de la inmigración interna provocado por la crisis agraria de 193045, terminó en 1950).

Estos rasgos diferenciales no anulan la crisis, que se presenta descomunal. Dos complejos siderúrgicos -Acominas y Vibasa, éste el más grande proveedor de aceros especiales de Brasil -van camino del desmantelamiento porque no tienen a quien venderle su producción.
El conjunto de la industria del acero tiene una capacidad ociosa del 60 por ciento. Complejos enteros en otras ramas van camino de la liquidación. Aquí puede decirse que cuanto mayor sea el gigante de pies de barro, mayor será el desastre. Por haber alcanzado un cierto nivel de industrialización la crisis será más profunda. Llevará al desmantelamiento efectivo de toda una parte de la industria a miles de desocupados, a una hecatombe económica y social.

En el caso de Argentina, debe tomarse en cuenta el agudo proceso de desinversión industrial que se remonta a la crisis de 1962, luego del ciclo de inversiones imperialistas bajo el frondicismo.

La burguesía industrial se orientó hacia los activos financieros, el oro y los títulos públicos (uno de los primeros intentos fue el bono oro de Alsogaray). Esto se expresó en el fracaso de los sucesivos planes de equipamiento y reactivación industrial bajo Illia, Onganía y Perón (Plan Trienal). Los datos de inversión industrial son brutos, es decir, están inflados porque incluyen las variaciones de inventarios y no tienen en cuenta la amortización del activo fijo. Los fondos de amortización empresarios son inexistentes y en la estimación de su cálculo debería incluirse el costo de reposición, más alto que el valor de depreciación.

La desinversión industrial significa que el capital productivo se metamorfosea en dinero, que hay un proceso de desvalorización del primero (caída de la tasa de ganancia) que el capitalista busca superar huyendo hacia el oro (garantía universal del valor). Dada la existencia de activos financieros de alta rentabilidad y garantía del Estado, el oro es sustituido por la formación de un capital de papeles, es decir, ficticio.

El punto más alto de este proceso se produjo a partir del “rodrigazo”: la fuga del capital hacia los títulos. La acción del Estado en este sentido respondía plenamente a la necesidad de salvar al capital de la quiebra, constituyendo una enorme hipoteca sobre el conjunto de la nación.

En condiciones “normales” este proceso debe culminar en la catástrofe por la desvalorización de los títulos. Esta tendencia se dio a nivel mundial, cuando la onza de oro se acercó a los 1.000 dólares. Para contrarrestarla se produjo una nueva emisión de títulos y papeles, que llevó al mercado del eurodólar a cifras impresionantes. Lo mismo hizo M. de H. en Argentina: dar toda clase de oportunidades para “bicicletear” como la forma capitalista más rentable de evitar la fuga de capitales y la catástrofe instantánea.

Hacer la crítica al plan de M. de H. es hacer la crítica a la lógica capitalista que expresó; cualquier otra cosa es subjetivismo, es formular opiniones arbitrarias sobre el remedio a los males del presente.

Un recurso de emergencia como el plan de M. de H. (que seguía toda una línea de comportamiento mundial del capital y que se insertaba dentro de la más grande expansión del capital ficticio en toda la historia mundial) sólo puede encontrar salida en una recuperación del comercio mundial. M. de H. supuso que la masa de capital -dinero inflado por la política estatal-podría ser la base de un nuevo proceso de concentración industrial (agro, industria, acero, petróleo, papel), y que permitiría a- la burguesía industrial una inserción mayor en las corrientes del comercio internacional. El “boom” comercial esperado no se produjo nunca y el plan se fundió a partir de 1979. Es a todas luces un despropósito señalar, como dice Brailovsky, que esta crisis “no fue importada”.

Para Brailovsky la crisis actual tuvo su punto de partida en 1974 bajo el gobierno de Isabel Perón, pero, a diferencia de otras crisis, ésta no tuvo origen en un estrangulamiento económico -“no había crisis del balance de pagos» sino en una determinación política del gobierno de ese entonces: no adoptar medidas de intervención del Estado en la economía para que el régimen no fuera acusado de socializante.
Brailovsky recoge aquí una novedosa “teoría” que ha alcanzado importante difusión en sectores peronistas. Según ella, la Argentina ha dejado atrás el período de crisis de su balance de pagos. Esto por las tendencias deficitarias que estarían operando en el mercado de alimentos -demanda de la URSS- y en contrapartida la lenta capitalización del agro, que ha permitido un aumento de la productividad agrícola por hombre a partir de la década del 60.

Lo decisivo es que se ignora aquí la actual crisis económica mundial. Estamos en presencia de una crisis de sobreproducción y de un crecimiento de la banca mundial a una tasa que no tiene parangón en la historia, fruto de la imponente masa de capital ficticio (especulativo) acumulado en estos últimos 10 años. Es un hecho que la presión de la banca mundial va dirigida a reclamar el endeudamiento por la necesidad de colocar lucrativamente el capital-dinero que va a sus arcas, movilizando los excedentes acumulados por la crisis. Brailovsky, como los fallecidos peronistas Armando Braun y Ber Gelbard, que participaron en su momento de la misma idea, se plantea un modo de integración al mercado mundial pero esto imposible sin los banqueros y la coyuntura actual del capital financiero.
Un signo del período actual son los países petroleros, superativos con holgura tiempo atrás, luego endeudados y actualmente con déficits en el balance de pagos. Sin ir más lejos, México e Irán. La “teoria” sobre el balance de pagos es, en definitiva, un espejismo.

1880-1980: La Multipartidaria, ayer y hoy

En la Unión Cívica –que dirigió la oposición al régimen juarista en la revolución del 90— confluyeron la oligarquía terrateniente, la burguesía ganadera y la propia burguesía comercial (Mitre), y se trató por lo tanto de un frente único de sectores distintos y antagónicos. Fue la burguesía comercial la que ofició de bisagra para un acuerdo con el juarismo y el roquismo, y militó desde el primer momento para neutralizar toda radicalización del movimiento en tomo a las denuncias antiimperialistas del ala Alem-Del Valle.

Brailovsky dedica a la revolución del 90 dos frases (Allí se enfrentan) “los que perciben rentas legítimas contra los que perciben rentas ilegítimas” y “fracasó en el terreno militar”. Pero no arriesga explicación alguna sobre este fracaso, que invariablemente los historiadores de cuño radical atribuyen a la traición de uno u otro jefe militar o a razones técnicas. El propio Alem, uno de los jefes de la asonada del 90, sostuvo en su balance: “Por el cambio de plan, de dueños de la ciudad que debíamos ser tan luego como llegaran las fuerzas al Parque y atacaran inmediatamente a la policía y las tropas del gobierno, apenas dominamos la plaza del Parque y sus adyacencias, dejando la ciudad en poder del enemigo, que reaccionó enseguida de la sorpresa y nos sitió más tarde. . . Reconozco que fue un error de graves consecuencias el haber aceptado yo esas modificaciones al plan militar» (impuestas por el General Campos, ligado a la oligarquía terrateniente y en componenda con la trenza financiera a través de Roca) (Alem, carta al Dr. Barroetaveña).

La Unión Cívica fue un movimiento burgués de defensa nacional frente al imperialismo, bajo la dirección de la oligarquía, y es esto lo que determino su fracaso. La oligarquía intentaba poner un límite a las concesiones en beneficio del capital extranjero, pero era orgánicamente incapaz de formular una política de desarrollo nacional que planteaba como condición una ruptura en toda la línea con el imperialismo británico, su socio mayor desde la primera hora. Por eso al revolución del 90 no estuvo dirigida a provocar un alzamiento revolucionario de las masas y las reivindicaciones de los trabajadores no fueron consideradas, si bien interesaba a éstos la reivindicación del sufragio universal, levantada en particular por Alem-Del Valle. Por eso se trató de restringir el movimiento a los militares y un puñado de civiles.

Sobre el fracaso del golpe cívico-militar, se armó un nuevo acuerdo nacional que preservo los intereses del capital financiero internacional del primer movimiento antiimperialista en la historia argentina. Como bien dice Peña «Roca y Pellegrini llegaron en el momento oportuno para salvar los intereses generales del imperialismo en base a concesiones parciales a los productores nacionales, de cuyo programa nacional del 90 tomaron algunas consignas -como la anulación de la venta de las obras de salubridad, que se llevó a cabo indemnizando al imperialismo con una millonada de oro» (Peña, “Alberdi, Sarmiento, el 90”). Fruto de esta “concertación” el capital inglés consiguió aumentar la deuda pública del Estado a su favor, que era de 115 millones de pesos oro en 1887, a 425 millones en 1893.
Si Brailovsky se hubiera detenido en este punto hubiera podido establecer una legítima comparación histórica: la Unión Cívica de ayer, enterradora de las aspiraciones antiimperialistas de las masas, jugó la misma función política que la Multipartidaria hoy. Es decir, sacar a la oligarquía y a la gran burguesía industrial de la bancarrota a que ha sido conducida por la crisis mundial y el gobierno de los intermediarios de la banca internacional, preservando el dominio del capital financiero sobre el país.

El autor adopta el ángulo del nacionalismo burgués frente a la crisis. Pero la historia también se repite con el nacionalismo burgués!! Este ha sido incapaz de romper con los mecanismos de exacción imperialista. No se trata de negar la eventualidad de un desarrollo de las fuerzas productivas en ciertos países y ramas, ni que puedan aparecer tendencias políticas que levanten banderas de desarrollo planteando la intervención del Estado. Lo que sí debe ser señalado es el fracaso inevitable de estas propuestas en un período de destrucción de fuerzas productivas a nivel mundial y de acentuada presión del imperialismo. Y su limitación, dado que el primer paso del Estado como impulsor del desarrollo nacional es la confiscación de la banca, y la investigación y correspondiente desconocimiento de la fraudulenta deuda externa (sobre lo que ninguna fracción del peronismo o la Multipartidaria o el propio Brailovsky, acuerdan).

El autor señala que la solución en 1974 pasaba por la centralización de los depósitos bancarios para continuar con una política de reactivación.

Esta era, ciertamente, una alternativa, igualmente capitalista, bastante menos rentable para los capitalistas que lo de M. de H. Pero era también una alternativa inviable, porque no respondía a sino que chocaba con, las tendencias del conjunto de la burguesía. Brailovsky quizá identifica la centralización de los depósitos por el BCRA como una real centralización forzada del capital por el Estado. Cuando el Estado burgués choca con las tendencias del capital (y esto ocurre, a veces, con los gobiernos de unidad popular, o pequeño burgueses nacionalistas); el conjunto de las formas del capital se metamorfosean a su forma primitiva, dinero (oro, divisas), se desplaza al campo de la .usura, se enriquece con el intercambio no equivalente (mercado negro), y descompone el mecanismo del Estado burgués hasta obligarlo a capitular, generalmente por medio de la fuerza intacta de éste: el ejército.

Las medidas de 1945/46 pudieron ser sostenidas durante un cierto tiempo, dada la solidez financiera del Tesoro. No debe olvidarse que sirvió para que el Estado rescate a las ramas capitalistas en quiebra (ferrocarriles, frigoríficos) y, más adelante, para subsidiar a la oligarquía (el déficit del IAPI). No tuvo la función progresiva que le adjudica Brailovsky. El experimento fue aniquilado por el movimiento de conjunto de la burguesía, en 1955, en 1973 no se volvió a repetir.

La “estatización” no siempre es sinónimo de antiimperialismo. M. de H. impuso un encaje mínimo del 50 por ciento de los depósitos (con cuenta de regulación monetaria), lo que es una forma de estatización (como los avales), y sirvió a la finalidad de organizar la transición al nuevo sistema financiero. Hay que precisar el contenido de clase de la estatización y su función histórica y política. Bajo Perón 1945/55 la nacionalización del Banco Central como la centralización de los depósitos bancarios no alteraron en su fundamento el tradicional conglomerado de intereses nacionales y extranjeros que controlaban la economía argentina. Además, cuando llegó la crisis -1952- como el propio autor reconoce: “las herramientas existían, pero faltaba la voluntad o quizás el poder político necesario para aplicarlas”. Es cierto, no había voluntad política siquiera para aplicar las leyes vigentes, pero las “herramientas” no servían.

1890/1982: el partido obrero

La crisis del 90 se resolvió con los métodos clásicos del capitalismo: caída de la tasa de ganancia, caída del salario real de los trabajadores. En 1892, un obrero carpintero cobraba, en términos reales, el 55 por ciento de su salario de 1886. La caída era aún mayor en el caso de los peones rurales. Los explotadores nativos habían consumado el proceso de colonización interna del país y se habían integrado plenamente al circuito capitalista mundial. El rasgo progresivo de esta asimilación era el surgimiento de la clase obrera, única capaz de liquidar el atraso junto al propio capitalismo. La gran tarea planteada ya en 1890 era la conquista de la independencia política para el proletariado, la construcción de un partido obrero. Es en relación a esta gran crisis que surge el Partido Socialista en la década del 90.

A noventa y dos años, aquella tarea sigue planteada. Pero con una gran diferencia a favor del proletariado: el desarrollo de la clase obrera es hoy, infinitamente mayor que en 1890 y se ha forjado una importante vanguardia revolucionaria. En este sentido, en la Argentina ya no es «lunes». No ha variado, sin embargo, la tesis central que debe presidir su construcción: la conquista de la democracia política y de la emancipación nacional sólo será posible bajo la conducción política de la nación oprimida por el proletariado. Esto significa independizarse de la tutela burguesa del peronismo y lanzarse a construir un poderoso partido de la clase.
La Multipartidaria transita hoy, con mucha menos osadía, el mismo camino de la Unión Cívica. Es un frente de agitación cuyo programa máximo es lograr un reordenamiento interno de la burguesía dentro del Estado en detrimento relativo de un sector de la fracción financiera, sin alterar las bases de dominio del capital extranjero y la casta de oficiales. Su perspectiva no es otra que el acuerdo con la camarilla militar y el imperialismo yanqui, que reeditaría en el tiempo, el pacto Roca-Pellegrini.
Es legítimo comparar las distintas crisis y este propósito es un mérito de Brailovsky. La analogía histórica permite sacar a la superficie la similitud de problemas no superados: el atraso del país, la subordinación de las clases dominantes al imperialismo, la inviabilidad del nacionalismo burgués para resolverlos. Estos problemas se concentran en uno: la dirección del movimiento revolucionario de las masas en el próximo período, la construcción de un partido obrero que oponga el programa democrático, antiimperialista y anticapitalista contra la burguesía nacional en todas sus variantes. Es el modo de superar históricamente la frustración de los líderes radicales de la revolución del 90, expresada vivamente por Alem al momento del suicidio: “Mis fuerzas, tal vez gastadas ya, han sido incapaces para detener la montaña y la montaña me aplastó. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir» (Testamento de Alem, «La Revolución del 90»).