Como la gran mayoría de las grandes empresas está marcada por la represión de la dictadura, sin que hubiera pagado todavía por su responsabilidad.
22 obreros sufrieron represión por su rol en la empresa, 14 eran delegados. Muchos estuvieron en la cárcel de Coronda.
Oscar “Cacho” Zarza, miembro de la comisión interna, fue secuestrado el 2 de noviembre de 1976 dentro de la planta de la compañía. Antes había sido secuestrado el 30 de enero, todavía bajo gobierno de Isabel Perón.
Recuerda, en el Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Justo, en Reconquista, que la primera vez lo fueron a buscar a la planta de Vicentin de Avellaneda y lo tuvieron detenido hasta el 12 de febrero. Las fuerzas represivas se llevaron primero a Aníbal Gall, que era jefe de caldera en la planta.
Cuenta cómo fue la segunda vez: “Me detienen en mi casa. Salgo de la fábrica a las 6 y media, y a las 7 menos cuarto me cayó la patota. Me llevan a la jefatura, me ponen en un calabozo”. “No sabe con certeza dónde estuvo durante los primeros días, aunque sospecha que pudo ser en la Base Aérea de Reconquista. El 10 de diciembre de 1976 lo llevaron hasta la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe y más tarde, el 5 de enero, a la cárcel de Coronda, donde estuvo detenido hasta el 25 de diciembre de 1978. En verdad, la liberación estaba anunciada para el 24, pero los llevaron a Reconquista, aunque les avisaron a las familias que fueran a buscarlos a Santa Fe. Lo cierto es que terminó saliendo en Navidad”.
Alejandro Córdoba fue detenido en septiembre de 1976 y comenta que “cuando se estaba haciendo la instrucción de la causa, empezaron a aparecer por correo electrónico amenazas a algunos de los que actuábamos como testigos, al fiscal de la causa y al secretario de la fiscalía… Amenazas que provenían de la computadora de un ex agente de la guardia rural Los Pumas, que después aparecería en las listas como Personal Civil de Inteligencia… Juan José Luis Gil”.
Gil “fue citado a declarar como autor de las amenazas, le allanaron la casa y lo detuvieron inmediatamente. Y en una parte de la declaración él dice que en 1975 estuvo infiltrado en la fábrica Vicentin. … para marcar la relación entre la empresa y las fuerzas de represión de aquel momento porque él no fue por sí solo a infiltrarse. Era una política de la fuerza de seguridad y de la empresa, y seguramente era para detectar a delegados o activistas…”
Ante estas denuncias la Fiscalía decidió abrir una investigación sobre delitos de lesa humanidad por parte de Vicentin. La Federación de Aceiteros de la Argentina acompañará a Cacho Zarza a declarar –y a todos los compañeros que lo hagan-, y tiene la decisión política de presentarse como querellante.
La Federación es querellante desde 2015 por la desaparición de una veintena de obreros de Molinos Río de la Plata “para nosotros siguen siendo afiliados porque están desaparecidos, tenemos que seguir defendiéndolos como a un trabajador activo. Nos parecía oportuno que como organización fuéramos querellantes para apoyar a las familias que tienen esos familiares desaparecidos”, expresó Yofra.
No habrá justicia hasta que hayamos terminado con las bases materiales de la represión genocida: la oligarquía terrateniente, los pulpos exportadores, los banqueros, los grandes capitalistas, EE.UU. y su plan Cóndor. Ellos fueron los que ordenaron, financiaron y se beneficiaron con la política de la dictadura.
(nota de MASAS nº 373)