En enero de 1964 el presidente Arturo Illia envió al Congreso un proyecto de ley de control de los medicamentos que sería aprobado unos meses más tarde con los números 16.462 y 16.463, conocidas también como “Ley Oñativia” (en referencia a su ministro de salud).
El objetivo de la ley era establecer un control de precios, congelándolos a los vigentes a fines de 1963, limitar la publicidad de los medicamentos y el envío de regalías al exterior por parte de los laboratorios farmacéuticos. Por otro lado Oñativia pretendía que los medicamentos fueran declarados bienes de interés social de modo que en caso de emergencia sanitaria “el derecho al lucro no primara sobre el derecho a la vida”. Esta definición, sin embargo, fue eliminada por el Congreso.
Una comisión se dedicó a investigar más de 300.000 medicamentos y encontró que muchos de ellos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un mil por ciento al costo de producción.
En la reglamentación de la ley, en 1965, se estableció un plazo de 6 meses para que los laboratorios presentaran una declaración jurada respecto a los costos de producción y sus contratos de regalías.
El propio Illia así lo recordaba: “Los señores tuvieron otra entrevista conmigo, volvieron a decir que la ley era arbitraria, que atentaba contra la libre empresa, yo les reiteré que me expusieran cuáles eran sus objeciones y me dijeron: en pocos días le contestamos. A los diez días me derrocaron…”.
La importancia de estos hechos radica en poder extraer conclusiones políticas. Todo gobierno burgués se encuentra con límites infranqueables hasta donde le es posible avanzar. Su incapacidad no es fruto de una cualidad personal o cobardía, sino más bien reflejo de la clase social a la que representa y de cuyas ataduras no puede desprenderse.