Cuba: Nuevas medidas económicas restauracionistas

Desde el 1 de enero, rige en la isla la moneda única y convertible. Aprobada el 10 de diciembre de 2020, se adoptó como referencia el Peso Cubano-CUP (24 pesos cubanos por 1 dólar) y se retiró de circulación el Peso Convertible-CUC (1 peso cubano por 1 dólar). También se anunciaron medidas que amplían la autonomía de los municipios para establecer políticas fiscales “competitivas”, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, que favorezcan el inicio de actividades comerciales, donde se ofrecerán productos en moneda libremente convertible (solo mediante tarjeta de crédito), que “estimulen” la participación mayoritaria del capital extranjero en todos los sectores de la economía (con excepción de los de extracción de recursos naturales y  prestación de servicios públicos); Las empresas estatales tendrán un año para “poner en orden sus cuentas”, ya que se eliminarán los subsidios y se crearán “líneas de crédito” condicionadas a la mejora de los índices de productividad.

Este camino quedó definido en sus objetivos generales, cuando se aprobó la nueva Constitución en enero de 2019. Con ella se crearon bases legales y se establecieron los procesos administrativos, que conducen al desarrollo de las relaciones capitalistas de producción en todas las áreas del trabajo social y de la economía estatizada. Y que ahora se materializa con la política de promover la “confluencia” del capital privado y estatal en el establecimiento de metas productivas, precios de bienes y salarios diferenciados y ligados a la productividad. Lo que significa asestar un golpe definitivo a la planificación económica e inocular los gérmenes de la anarquía de la producción capitalista en el interior de la producción social estatizada.

La “unificación” monetaria y cambiaria es un paso más en este camino, cerrando definitivamente toda una etapa histórica. Después de la revolución, Cuba se unió al COMECOM (bloque comercial que aglutinaba a los países de Europa del Este y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-URSS). Esto permitió a la revolución cubana resistir el cerco imperialista, y creó un amplio mercado para las exportaciones de azúcar y el turismo, durante décadas, las principales fuentes de divisas. Entretanto, esta integración se reflejó en la rápida degeneración del estado obrero nacido de la revolución. Así como el persistente atraso en el desarrollo industrial y tecnológico del país.

Una vez extinguida la URSS, Cuba se hundió en una grave crisis económica: el llamado “período especial”, caracterizado por el cierre del principal mercado exterior, y fuente de financiamiento barato e importaciones de productos de alto valor agregado a precios subsidiados. El violento cambio de situación obligó a la burocracia castrista a mantener en pie las actividades económicas, reduciendo al máximo el nivel de vida de las masas y las importaciones de bienes de alto valor agregado.

En estas condiciones, el gobierno adoptó la circulación de moneda dual, con el objetivo de proteger la economía y preservar a las empresas estatales de las poderosas fuerzas económicas y las leyes de la competencia monopolística y el mercado mundial. Condiciones en las que el abismal déficit comercial se manifestaban – y se manifiesta – el bajo valor agregado y el escaso volumen de exportaciones; altos precios y grandes volúmenes de importación de productos y bienes necesarios para la reproducción de las condiciones materiales de la industria y el consumo de la población (materias primas y semielaborados industriales, combustibles y derivados, maquinaria y herramientas, trigo, arroz, maíz, leche, harina soja, pollo, etc.).

Esta política se mantuvo cuando el gobierno cubano se acercó al gobierno nacionalista burgués de Hugo Chávez. Lo que permitió equiparar la pérdida del principal socio histórico, importando petróleo venezolano a precios subsidiados, con el ingreso de divisas para la exportación de mano de obra especializada (médicos) y el crecimiento del turismo mundial. Sin embargo, el empeoramiento de la tendencia a la desintegración de la economía mundial, el agravamiento del embargo económico norteamericano y, más recientemente, la parálisis agravada por la pandemia, terminaron hundiendo la economía cubana en un -19%. Entonces el Estado se encontró sin liquidez financiera para seguir apoyando la política que ha sobrevivido por más de 25 años. E incapaz de responder a las nuevas condiciones, el régimen de Castro decidió seguir el camino de la burocracia rusa: romper definitivamente con el pasado revolucionario y dar un salto en la restauración del capitalismo.

Según el gobierno, no hay otra forma de reanudar el crecimiento económico. Sin embargo, lo cierto es que las medidas aprobadas impulsarán un violento aumento de los precios de los insumos industriales (medios de producción y materias primas), y de los productos y bienes de consumo popular. Según varios analistas, las tarifas de energía y telefonía podrían aumentar entre un 300% y un 600%. Medicamentos, como analgésicos y antibióticos, hasta 13 veces su precio actual. Productos importados, hasta 1200%. En cambio, los aumentos salariales aprobados recientemente llegarían hasta el 800%. Ante la contundencia de estas medidas, el gobierno cubano ya anunció el mantenimiento de la distribución por parte del Estado de varios productos básicos a precios subsidiados.

Resulta que la “adecuación” de los precios de los productos y bienes de consumo industrial y popular a los valores del mercado mundial -este es el contenido real de la unificación monetaria y cambiaria- constituye una forma de llevar a cabo una transferencia progresiva de ingresos de los bolsillos populares y del Tesoro a manos de empresarios y directores de las empresas estatales y “mixtas” (formadas por capitales privados y estatales). A su vez, el ajuste de los precios internos a los valores internacionales impulsa el aumento de la productividad empresarial, a través de ataques a las condiciones de vida de los asalariados. De hecho, esta ruta se trazó en la Gazeta Oficial No. 69 (10 de diciembre), que, junto con el anuncio de quintuplicar el salario mínimo (elevándolo a 2.100 pesos cubanos mensuales) y la pensiones, anunció la implementación de incentivos salariales, condicionados por la productividad y una escala salarial acorde al nivel de educación y “responsabilidades”.

El aumento de los salarios aparece de hecho como un ajuste del valor de la fuerza laboral nacional a los precios internacionales. Por eso, a pesar de los altos incrementos, los salarios siguen estando muy por debajo de la media mundial. Esto favorece en gran medida a las empresas extranjeras y “mixtas”, que podrán explotar mano de obra en pesos cubanos, y podrán exportar y vender bienes a valor en dólares. Mientras que las diferencias salariales en las empresas estatales impulsarán el corporativismo y la diferenciación social entre el obrero ante el capataz y el director.

Las nuevas medidas salariales y laborales rompen más de 50 años de existencia de un piso salarial, pensiones, pensiones y condiciones laborales mínimas y comunes, garantizadas a todos los empleados. Tales cambios están, de hecho, en línea con el nuevo “Código de Trabajo”, que forma parte de la nueva Constitución y que, entre otras cosas, facilita el despido “sin causa”, y extiende la jornada laboral de 8 a 9 horas (en el sector privado es hasta 12 horas), en empresas y comercios estatales.

Las medidas también pueden entenderse como una muestra de “buena fe” por parte del gobierno cubano para retomar los vínculos diplomáticos y económicos establecidos durante la administración Obama, que pronto fueron deshechos por la administración Trump. La elección de Biden es tomada por la burocracia estalinista cubana como una nueva oportunidad para reconstruir los acuerdos rotos. Favorecer la penetración de los monopolios en la isla se convierte, en este sentido, en un recurso diplomático, para crear una base para el lobby empresarial a favor de la reanudación de las relaciones.

Sin embargo, dar pasos tan audaces también significa agravar las contradicciones sociales y apalancar la lucha de clases en todos los ámbitos del trabajo social y la distribución de productos, intensificando así la lucha por la apropiación de la plusvalía dentro de la producción y en la esfera del consumo. No por casualidad, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCCh), Raúl Castro, y el primer ministro, Miguel Díaz-Canel, advirtieron que “la tarea no está exenta de riesgos”, y que “uno de los principales es que ocurra una inflación mayor a la proyectada, agravada por el déficit de oferta”. Pero, destacaron que el éxito de las reformas no se puede lograr “mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo”. Pero, señalaron que esto no significaba desconocer que “nadie quedaría desprotegido”, y que “no se permitirán precios abusivos y especulativos”. Con esta redacción, los burócratas esperan no tener que enfrentarse a las revueltas de los explotados.

Al avanzar en la destrucción de lo que queda de las conquistas de la revolución, la burocracia del Partido Comunista de Cuba se presenta como árbitro entre la propiedad privada, que se recompone, y la propiedad social, que se descompone; entre la burguesía imperialista y sus agentes internos, y el proletariado y demás oprimidos. La supervivencia de la burocracia estatal y la casta privilegiada depende de mantener el control de los sectores estratégicos de la economía y el aparato estatal.

La lucha de la vanguardia con conciencia de clase contra la restauración capitalista y en defensa de los logros de la Revolución de 1959 requiere el establecimiento del partido marxista-leninista-trotskista. La dictadura burocrática del castro-estalinismo ya no puede esconderse detrás de la ban dera del comunismo. O será derrocado por la revolución política, o la restauración avanzará a pasos agigantados. Es parte de esa tarea, impulsar una campaña que esclarezca a la vanguardia latinoamericana sobre el contenido real de las medidas restauracionistas, que resalte la imperiosa necesidad de defender las conquistas revolucionarias de las masas cubanas, y que enarbole bien alto la bandera del internacionalismo proletario.

(nota de MASAS nº 626 – POR Brasil)

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