Registro de piqueteros, para avanzar en su institucionalización
El “Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica” del Gobierno, permitirá a las agrupaciones formalizar la recaudación de recursos propios entre sus afiliados, mediante el pago de una cuota.
Sobre la base de “cotizaciones ordinarias o extraordinarias de los afiliados, que podrán fijarse en un monto mínimo para la actividad esencial” desarrollada por los beneficiarios de los planes sociales, o bien de “los bienes adquiridos y sus frutos” así como “las donaciones, legados y aportes y recursos no prohibidos por las leyes”. Para ser inscriptas las organizaciones deberán presentar actas de constitución, un proyecto de estatuto, una lista de afiliados (DNI y actividad de cada uno), fijar domicilio y un patrimonio básico de afectación”.
La resolución fue presentada en un acto con Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo y los dirigentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois. Para ellos se trata de una iniciativa que asimila sus organizaciones a los sindicatos. Los movimientos de desocupados buscaban establecer un reconocimiento administrativo para acudir a mesas de negociación y petición ante foros gubernamentales.
El gobierno busca una forma de encaminar la protesta social bajo el “diálogo institucional” en lugar de afrontarla una vez que se manifiesta en las calles, como es habitual. El registro les permitirá obtener “personería social”. El Ministerio de Trabajo señala que la formalización apunta a “preservar la paz social” con ese sector.
La mayor parte de esas organizaciones se estructuró en la crisis de 2001 y la UTEP es uno de los mayores referentes, integrado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Barrios de Pie más el Frente Darío Santillán.
Con la personería social la organización podrá “representar a sus afiliados, en forma individual o colectiva, en toda cuestión que haga a su interés y ante los organismos públicos o privados pertinentes”; “peticionar a las autoridades nacionales, provinciales o municipales y cualquier organismo, en defensa de los intereses y derechos de sus afiliados”, así como promover la formación de cooperativas o mutuales, entre otras incumbencias.
La norma avanza sobre la posible existencia de controversias interentidades por la representación de un mismo colectivo. Para las organizaciones sociales quedará establecido que ante un diferendo, “la representación ante los organismos públicos la ejercerá, exclusivamente, aquella que posea mayor número de afiliados en el semestre anterior” según el registro creado. Y que los conflictos deberán ser resueltos en una Comisión de Controversias, Mediación y Planteos de la Economía de Subsistencia.
La resolución identifica “a sujetos de la economía popular como todos aquellos que se desempeñan de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo o pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales”.
También contempla a quienes “bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley 20744, participen del proceso de producción de bienes y servicios con relaciones asimétricas, con la finalidad de subsistir”.
Ante la incapacidad de generar puestos de trabajo genuino el gobierno y las organizaciones reconocen que hay relaciones de explotación que ni siquiera alcanzan a incluirse en la Ley de Contrato de Trabajo y que van a estar incluidas en este Registro.
El Registro apunta a institucionalizar totalmente a las organizaciones de desocupados, legalizando sus ingresos, formalizando sus autoridades y quiénes serán reconocidos en las relaciones con los gobiernos. De esta forma pretenden reducir las protestas y canalizarlas a través de las organizaciones reconocidas a las que les garantizaran capacidad de negociación. Buscarán disciplinar detrás de las reconocidas como mayoritarias a las decenas y cientos de agrupaciones que existen.
Los movimientos piqueteros ocuparon un lugar importante en la lucha de clases desde fines de los ’90 como parte de la lucha por trabajo genuino y no necesitaron ningún estatuto, ni reconocimiento oficial para agrupar a decenas de miles de desocupados y poder negociar e imponer sus reclamos. El gobierno pretende disciplinar a todo este sector y elige quién será la burocracia que los represente.
La lucha por terminar con la desocupación y con toda forma de trabajo precarizado mediante el reparto de todas las horas de trabajo entre todos los trabajadores impone la más amplia y democrática organización de todos los trabajadores desocupados, exigiendo que la CGT y los sindicatos tomen también la lucha en sus manos. La desocupación y la precarización es el peor flagelo que golpea a millones de trabajadores.
