Brasil: ¡Abajo la reforma administrativa de Bolsonaro/Guedes/congreso nacional!
¡Abajo la reforma laboral!
¡Abajo los ataques de Doria a los trabajadores de la educación!
¡Por la estabilidad laboral de los trabajadores de la administración pública y de las empresas privadas! ¡Por una Carta de Reivindicaciones que exprese las necesidades más sentidas de los explotados, empezando por los salarios, el empleo, la vivienda y los derechos! ¡Por un Día Nacional de Lucha con huelgas y bloqueos! ¡Organizar la lucha nacional y unitaria de las masas, a partir de asambleas presenciales!
(18 de agosto de 2021 – POR Brasil)
La reforma administrativa es un ataque brutal contra los trabajadores del sector público. Los salarios de la mayoría se reducirán al nivel de los salarios generales. Es una necesidad de los capitalistas, que buscan una reducción general del valor de la fuerza de trabajo, que se hace precarizando el trabajo y destruyendo los derechos laborales, así como reduciendo los salarios con jornadas más cortas, y contratando a los jóvenes por la mitad del salario mínimo, subvencionado en un 50% por el gobierno, todo ello en empresas privadas. Para la burguesía, no es aceptable que se conserven los salarios y los derechos de los funcionarios, mientras se recortan drásticamente los del sector privado. La ruptura de la estabilidad permitirá la contratación de forma arbitraria, mientras se extinguen los cargos concursados.
La reforma administrativa ataca aún más la organización y el derecho a la huelga de los trabajadores del sector público. Mientras tienen estabilidad laboral, los trabajadores del Estado son más propensos a sindicalizarse, a ir a asambleas y a hacer huelga. Sin estabilidad laboral, la tendencia es un debilitamiento general de los sindicatos, y de la organización y voluntad de lucha, así como de la adhesión a las huelgas. Cabe recordar que en los últimos años, la administración pública ha llevado a cabo varias huelgas y manifestaciones contra los gobiernos.
La reforma administrativa es otro brutal ataque contra los asalariados y la población más empobrecida. ¿Quiénes son los que más utilizan los servicios sociales públicos y sus servicios que se verán afectados en su atendimiento? La educación pública, la asistencia sanitaria, los servicios del INSS y del FGTS, son los más pobres los que los utilizan. Ante el terror del desempleo, de los bajísimos salarios que conviven con la alta inflación, de los altos alquileres y la falta de vivienda, de las enfermedades -entre ellas la pandemia-, la población asalariada tendrá que seguir enfrentándose a la descomposición de los servicios sociales públicos.
La reforma administrativa del gobierno es una ramificación de la reforma laboral de Temer. El golpe de Estado de 2016 tenía como objetivo central abrir el camino a las contrarreformas. Estos corresponden a la fase de descomposición del capitalismo, y a su crisis económica global más amplia, que lleva a los gobiernos burgueses, ya sean de derecha o de izquierda, a realizar una serie de ataques a los salarios, a los empleos, a los derechos, y a cualquier control estatal sobre los sectores económicos, todo en beneficio del parasitismo del capital financiero. Así llegó la Reforma Laboral de Temer. Su objetivo era y es la precarización general de las relaciones laborales, para rebajar de forma generalizada el valor de la mano de obra, y aumentar la superexplotación laboral, para proteger sus beneficios, ante la crisis económica. La regresión es tan brutal que lleva las relaciones laborales a finales del siglo XIX. Esta reforma se sigue aplicando, con más medidas que están en su ámbito. El gobierno de Bolsonaro siguió con la aprobación de la Reforma de la Seguridad Social, que pretende garantizar el sostenimiento del parasitismo financiero del Estado, a costa de eliminar el derecho a la jubilación de millones de personas.
Las direcciones fueron incapaces de organizar la lucha nacional de masas para derrotar estas reformas. No es que las masas no estuvieran dispuestas a luchar, al contrario, hubo una gran adhesión a la huelga general de 2017, desmontada al día siguiente por las centrales; y hubo una importante adhesión a la huelga general de 2019, también abortada en parte y luego nuevamente desmontada por la burocracia sindical. Al no organizar la lucha contra la Reforma Laboral, las direcciones la negociaron en el terreno impuesto por el gobierno y el parlamento, y ahora ya no pueden revertir esta conducta traidora, cuando se discute la reforma administrativa, que continúa la destrucción de los derechos laborales.
El liberalismo burgués admitió la llamada función social del Estado, aunque limitó su intervención en el sector privado. Según este concepto, los servicios sociales públicos, como la sanidad y la educación, deben ser ofrecidos por el Estado como parte de los salarios indirectos, que garantizan la supervivencia y la reproducción de la mano de obra. Hoy, debido a la descomposición de la economía capitalista, el liberalismo burgués tiene que atacar esta concepción, modificándola según otra ideología, que apunta a que el Estado ni siquiera garantiza estos derechos básicos de la democracia burguesa. Para la mayor parte de la burguesía, el Estado sólo debe ser un protector del gran capital, salvaguardando únicamente a las capas burocráticas más privilegiadas, como jueces, oficiales de las fuerzas armadas, burócratas de los ministerios y secretarías, etc. Esta ideología se corresponde con la defensa de la privatización generalizada y la destrucción de gran parte del actual aparato estatal, pasándolo al sector privado, que pretende convertirlo en un medio de valorización artificial del capital, y de superexplotación del trabajo.
La reforma administrativa no es exclusiva del gobierno federal. En los estados y municipios ya se están tomando medidas para atacar los salarios, los puestos de trabajo y los derechos. Doria, en São Paulo, por ejemplo, impone medidas de reducción salarial, mayor control y represión sobre los profesores, precariedad y privatización.
La reforma administrativa no será derrotada de forma corporativista. Como parte de una serie de contrarreformas y ataques a los asalariados y otros oprimidos, sólo será derrotada a través de un movimiento nacional unido, dirigido por la clase obrera, levantando las demandas más sentidas por las masas. Se trata de convocar asambleas presenciales en todos los sectores, discutir y aprobar las reivindicaciones más sentidas, y las formas y métodos para conquistarlas. El primer paso en esta dirección es la convocatoria de un Día Nacional de Lucha, con huelgas y bloqueos. Esto sería un paso concreto hacia la organización de una huelga general nacional. Esto sólo no es posible hoy, porque las masas están contenidas por la política de colaboración de clases de las direcciones sindicales, estudiantiles y populares, que se niegan a reabrir los sindicatos, a convocar asambleas presenciales y a organizar la lucha con independencia de clase. Y porque el sector de la clase media y la juventud que sale a las calles en grandes manifestaciones está sometido a la política burguesa de formar una alianza con los partidos patronales, los mismos que votan los ataques a las masas en el parlamento, para lograr el impeachment de Bolsonaro, o un frente electoral para 2022. Esta política es defendida por las direcciones burocráticas y por la gran mayoría de las corrientes políticas de la izquierda.
¡Tiremos abajo la reforma administrativa! ¡Nada de negociar su contenido en el parlamento! ¡Ganar las calles para derribar todas las contrarreformas de Temer y Bolsonaro! ¡Defendamos la estabilidad laboral para todos! ¡Y una Carta de reivindicaciones que levante a las masas, de forma independiente y con sus propios métodos de lucha, para enfrentar a la burguesía y sus gobiernos! ¡Movilizadas y con independencia de clase, las masas darán un paso hacia la constitución de su propio gobierno, ¡a través de la revolución proletaria!
