En la primera semana de noviembre ha tenido lugar en Siglo XX la huelga general de 48 horas en protesta por el asesinato de dos o más obreros en Huanuni, donde también se ha registrado un paro de labores.

En Huanuni un trabajador había sido victimado por un elemento uniformado. Los obreros se apresuraron en responder con un paro de labores, calificado por el Ministerio del Interior como intrascendente. Los organismos de represión han procedido a la captura de los activistas considerados como los más peligrosos.

Este hecho adquiere enorme significación porque constituye un anuncio de las futuras batallas que librará el proletariado contra la dictadura. El gobierno, con su típica mentalidad policial, considera que puede aplacar la tormenta en sus gérmenes procediendo a la captura y alejamiento de los centros de trabajo de los elementos más avanzados de la clase. La experiencia se encargará de demostrar que por cada obrero de avanzada capturado aparecerán decenas. Lo sucedido demuestra que los trabajadores están convencidos que sólo ellos y utilizando la acción directa pueden acabar con el estado de persecución que actualmente soportan.

Los trabajadores de Siglo XX no han necesitado asambleas y ni siquiera de una dirección legalizada que coordinen sus movimientos. Si se exceptúan algunas escuelas y un pequeñísimo grupo de obreros, el paro ha sido total y desafiante.

Este acontecimiento cobra enorme importancia porque está mostrando el camino por el que seguirá la evolución de la clase obrera. Los abusos y excesos del gorilismo despierta la gran resistencia en el seno de los explotados y, en determinadas condiciones, se convertirá, como prueban Siglo XX distritos, en poderosa palanca que empuje a los mineros trabajadores en general a ganar las calles.

La noticia de dos u ocho muertos en manos de elementos uniformados electrizó a todo el distrito y casi automáticamente se pasó al paro. Los mineros estaban extremadamente molestados por el toque de queda que acarrea una serie de abusos (multas, apresamientos, malos tratos y hasta violaciones) y por todos los desbordes de prepotencia de los gorilas.

El gobierno fue cogido de sorpresa y únicamente atinó a capturar a algunos elementos que los consideró como agitadores. El observador seguramente esperaba una represalia masiva y extremadamente drástica, cosa que no ocurrió. Con todo, los uniformados han violado el acuerdo que dio fin a la huelga de julio, que determinaba el no apresamiento de los trabajadores.

Entre los mineros apresados, como consecuencia de la huelga, se encontraban los siguientes:

Marcelino Pardo, secretario de Hacienda del Sindicato

Hipólito Gutierrez

Mario Cussi, delegado de la Planta Sink and Fleat

Florencio Ortuño

Gilberto Bernal

Algunos parece que han sido liberados, pero hasta el momento de escribir esta nota en lugar de los sucesos, seguían presos los menos, Pardo, Florencio Ortuño y Gilberto Bernal.

Ha habido también amenazas de despido, pero la cosa no ha pasado de amenazas.

Los obreros actuaron formando un granítico frente único entre las diversas tendencias políticas que existen en dicha región.

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Presentación

Redacción Internacionalismo

Este segundo número de «Internacionalismo» constituye un paso de afirmación política en la meta establecida por la TCI de luchar por la reconstrucción de la IV° sobre la base de principios políticos claros. Se condensa, en este número, un nivel de elaboración .mayor que en el precedente, y se destaca también la incorporación de nuevos colaboradores —militantes de las organizaciones de la Tendencia.

Los cuatro meses que han transcurrido entre el primero y segundo número de la revista, han sido de una riqueza excepcional en lo que se refiere a la crisis mundial del imperialismo y al desarrollo de la revolución. En las páginas que siguen se encontrará una elaboración cuidadosa de estos acontecimientos.
El trabajo teórico que aquí se vuelca busca destacar, invariablemente, en cada hecho o combate, el punto de vista del trotskismo, es decir, de los intereses de conjunto e históricos del proletariado internacional.

El centro del escenario mundial del período transcurrido lo ocupa, por lejos, el desarrollo de la revolución política en Polonia. Se trata de un fenómeno auténticamente histórico-universal: el proletariado, que supera su atomización y fragmentación, y se levanta como clase (cualquiera sea la distorsión que introduzcan sus direcciones transitorias) contra el régimen contrarrevolucionario de la burocracia. Se trata de una confirmación abrumadora de las previsiones y de las reivindicaciones consignadas en el Programa de Transici6n.de la IV° Internacional. Constituye un acontecimiento de dimensión internacional, que tiene por consecuencia impulsar todo el proceso de reestructuración del movimiento obrero mundial, que, en un sentido concentrado, significa la liquidación de sus direcciones traidoras, cristalizadas en los años de grandes derrotas del movimiento obrero. En esta gran recomposición convulsiva del movimiento obrero internacional (porque se procesa como un componente de la degradación del capitalismo y de tremendos combates de masas) se asienta, como su elemento subjetivo y creador la lucha de los trotskistas por la reconstrucción de la IV° Internacional.

En el Medio Oriente, en Irán; en Centroamérica, en Nicaragua y El Salvador; la revolución mundial tiene, junto con Polonia, sus expresiones más elevadas y encarnizadas de lucha. En todos ellos el problema de la dirección del movimiento revolucionario se plantea de un modo descomunal. En Polonia, la Iglesia, disminuida por la insurgencia del movimiento de masas, se vale de la presión del imperialismo y del stalinismo para, junto a la confusión inicial inevitable de todo gran movimiento de masas, introducir una cuña a través del ala oportunista del movimiento sindical independiente. En Irán, los sectores más avanzados entre las grandes corrientes de masas, se manifiestan incapaces de seguir un curso independiente del liderazgo de Komeini. En Centroamérica, en fin, las direcciones pequeño burguesas persisten en una política de colaboración con las fracciones burguesas opositoras, e incluso con algunas fracciones del gran capital de la región y del imperialismo. De conjunto, estos planteamientos políticos se producen en el contexto de revoluciones que están lejos de haber agotado sus fuerzas, factor que permite que las masas puedan educarse y sacar sus conclusiones en períodos históricos más breves. En sentido contrario, no existe en ninguno de estos países una vanguardia proletaria en el pleno sentido de la palabra, es decir con concepciones poli-ticas claras y consecuentes. Y esto no se puede improvisar. Es posible que se deba hacer el gasto de retrocesos y derrotas, estructurar a partir de aquí al partido revolucionario (el programa), y arrancar con esta herramienta en la siguiente fase del ascenso.

Pero una constatación se impone; la historia no se limita a girar como tiovivo. En todo el ascenso posterior a la segunda guerra, las direcciones que se encontraron a la cabeza de las masas fueron el stalinismo y el nacionalismo burgués de características conservadoras y declamatorias. Estas fuerzas están hoy, en todas partes, o emblocadas con la reacción o como sodas superminoritarias de direcciones de tipo diferente -pequeño burguesas radicales, centristas. Expresan una fase diferente del movimiento de las masas, una evolución, si no en los planteamientos políticos, sí en las conclusiones prácticas más avanzadas de aquellos. Toda la capitulación política de lo que llamamos pseudotrotskismo consiste en esto de que, si en la postguerra se postergaron ante el nacionalismo burgués y el stalinismo, ahora lo hacen ante estas nuevas direcciones transitorias del movimiento revolucionario.

La TCI lucha por superar esta fase y por estructurarse en función de la reconstrucción, de la IV Internacional, partido mundial de la revolución socialista. Es por esto que, ocupando siempre el primer lugar en toda batalla sea parcial, elemental, defensiva o directamente revolucionaria de los explotados, se esfuerza por destacar los intereses de conjunto del proletariado mundial, que se condensa en darle su plena actualidad al objetivo de la dictadura del proletariado.

30 de noviembre de 1980

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Polonia: La revolución política está en marcha

Secretariado Europeo de la TCI

El 10 de septiembre de 1980, al día siguiente de la firma de los “acuerdos de Gdansk” entre el gobierno polaco y el MKS, comité de huelga interempresas de la ciudad, toda la prensa burguesa de los países imperialistas y la prensa stalinista al unísono ponían como titular: «Polonia: se acabó”. Justamente cuando, por el contrario, todo comenzaba. Cuando, después de esta formidable victoria de la clase obrera polaca, el país entero entraba en un período de profundas convulsiones internas, imperialistas y stalinistas intentaban convencerse ante todo a sí mismos que “lo peor había sido evitado”. En el fondo, alababan los méritos del gobierno de Gierek, su «sentido de la responsabilidad”, a la par que encomiaban la “moderación” de los obreros polacos que habrían sabido detenerse a tiempo. Al no haberse repuesto aún de su espanto, la firma de los “acuerdos de Gdansk” los lleva a tomar sus deseos como una realidad: todo vuelve a estar en orden. Aun cuando reconocen que “la reconstrucción del país (léase: ponerlo de nuevo bajo control) será larga y difícil”, todos ellos esperan que él proceso revolucionario abierto por el proletariado va en el futuro a retroceder, que va a quedar delimitado al litoral Báltico, que “se acabó”. Sin embargo, sólo pasan tres días y nos enteramos que 320.000 obreros de Silesia, de los que 208.000 son mineros, han obtenido en menos de una semana de huelga más concesiones que los del Báltico. Cada día que pasa trae su cuota de nuevos movimientos, en primer lugar la creación de sindicatos libres en todas partes, hasta en los rincones más retrasados del país, allí donde no había ninguna tradición de lucha obrera. El 12 de septiembre, el diario “Matin de Paris” titula: “Polonia: los sindicatos oficiales agonizan”, citando así al nuevo responsable de los mismos, Romnald Jankowski, quien acababa de ser nombrado en el cargo: ‘las estructuras organizativas de los CRZZ (movimiento sindical oficial) han estallado”. Si bien peleando palmo a palmo para conservar sus posiciones, la burocracia se ve obligada a retroceder sin cesar. A pesar de la clara intención de presentar un frente unido, las fisuras se hicieron cada vez más numerosas, las tensiones y los conflictos internos exacerbándose y minando, en consecuencia, su poder.
El nombramiento de Stanislas Kania en lugar de Eduard Gierek (repentinamente “enfermo” como lo estuvo diez años antes su predecesor, Gomulka) se habría efectuado, según insistentes rumores circulantes en Polonia, al cabo de una formidable lucha en la cúspide del aparato entre diversas tendencias, en la noche del 30 de agosto (dos días antes de la firma de los acuerdos, fecha en que comenzó la huelga de los mineros de Silesia), situación en que Gierek se habría puesto a la cabeza de los partidarios de enfrentar de inmediato a los huelguistas. La subida de Kania no puede ocultar el hecho que en numerosos lugares de trabajo, y cada vez más, se va efectuando el desplazamiento de los burócratas bajo la presión de los obreros organizados en sus nuevas estructuras sindicales. En Polonia nada terminó, al contrario, bajo el impulso y la dirección de la clase obrera, es la revolución política lo que se ha puesto en marcha.

La crisis económica mundial y los estados obreros deformados

¿Quién se acuerda hoy de las fanfarronadas de un Kruchtchev cuando declaraba, a fines de los años 50, que en veinte años, o quizás en quince y aún en diez, «el socialismo en la URSS habrá superado su retraso respecto del capitalismo”? Los jefes del Kremlin que lo sucedieron rápidamente han puesto fin a este género de afirmaciones pomposas. Más tarde, sin embargo, los stalinistas de todo pelaje no paraban de demostrar que la crisis económica que corroe al imperialismo no trae consecuencias para la economía de los países dominados por la burocracia. Ni de citar, con cifras en mano, las tasas de crecimiento anuales del Producto Bruto Nacional, de la producción de acero o de electricidad, silenciando prudentemente las cifras relativas a la producción de tecnología avanzada, como la informática o derivados de la petroquímica, así como de la productividad media. Argumento contundente que dan los stalinistas: la desocupación y la inflación galopante, los dos males actuales del capitalismo, no existen en los regímenes burocráticos. Cuanto más se agravaba la crisis económica del imperialismo, más insistían los stalinistas en la teoría de la “inviolabilidad” de las economías de los países de Europa del Este.

El origen de esta actitud consistente en negar de la influencia directa de la crisis de la economía sobre los estados obreros deformados es simple: es consecuencia de la glorificación del aislamiento de los estados; obreros que sirve para ocultar los intereses parasitarios de la burocracia y se expresa ideológicamente en la “teoría del socialismo en un solo país”, adaptada a las condiciones presentes. Si es posible “construir el socialismo en un solo país”, entonces el porvenir del socialismo no depende de la victoria de la revolución mundial sino, al contrario, está restringido a un estado o a un número limitado de estados capaces de aislarse del merca o mundial, sometido en su enorme mayoría a las leyes de la economía imperialista. Esta teoría, erigida desde 1924 en dogma absoluto por Stalin, a despecho de todos los principios defendidos hasta su muerte por Lenin y que Trotsky continuara defendiendo y profundizando, esta teoría cuyo sentido es, en esencia, la autarquía, supone que pueden coexistir a escala internacional dos mercados distintos e independientes uno del otro, uno dominado por el imperialismo y otro, el mercado “socialista”.
Este último puede, en consecuencia, desarrollarse en forma autónoma y lineal sin necesidad de estar subordinado a la extensión de la revolución socialista mundial y al aplastamiento del imperialismo.

La “teoría del socialismo en un solo país”, construcción ideológica al servicio de los intereses particulares de la casta burocrática que detenta el poder en estos estados, fue de nuevo socavada en la práctica con la crisis que sacudió Polonia y que sobrevino al día siguiente de una poderosa escalada inflacionaria. Esta, que sucede a las de 1970 y 1976, ha sido la manifestación práctica de la enorme presión que hace soportar el imperialismo a la economía polaca y, además, en un mayor o menor grado de importancia, a todas las economías e estados obreros degenerados y deformados. La primera lección que todo obrero consciente debe sacar de los recientes acontecimientos polacos es simple: el mercado mundial en nuestra época es uno e indisoluble y fundamentalmente está regí o p las leyes de quienes lo dominan: las potencias imperialistas pesar de la defensa que representa la propiedad estatal e medios de producción y la planificación de la economía, en tanto que las relaciones de clase no hayan sido transformadas a escala internacional, los estados donde la burguesía fue expropiada continuarán sometidos a las presiones del imperialismo: políticas, militares y económicas. La propiedad estatal de los medios de producción y el monopolio del comercio exterior constituyen una defensa de los estados obreros ante las consecuencias dislocaduras del mercado mundial. Pero la gestión burocrática cuestiona esta defensa, el desarrollo de las fuerzas productivas de los estados obreros tiene un carácter internacional. A través de la gestión burocrática, se expresa en la forma del endeudamiento y la tendencia a la dislocación de la propiedad estatal y del monopolio del comercio exterior: contratos entre empresa y empresa, mercado negro de divisas, etc… La desocupación, la liquidación de las ramas “improductivas”, la inflación, están a la orden del día por culpa de esta política.

El origen de estas presiones se encuentra en la incapacidad básica del capitalismo, llegado a su fase superior, la de repartición del mercado mundial, para admitir nuevas conquistas obreras y, en primer término, la pérdida de los mercados que representan los países donde fue expropiada la burguesía. El imperialismo en ningún momento abandonó su proyecto fundamental de desembocar en la victoria de la contrarrevolución en estos países que restauraría el poder político de la burguesía y restablecería el predominio de las leyes de su mercado. Sin embargo, luego de los acuerdos de Yalta-Potsdam y sobre todo con el fin de la guerra fría, durante la que el imperialismo se mostrará demasiado débil para hacer replegar a la clase obrera internacional y llegar a restablecer su hegemonía sobre los países del “glacis” del este de Europa como así también sobre China y Corea del Norte, el equilibrio mundial tal como fue establecido (la “coexistencia pacífica” y su continuación, la “détente”) tuvo por principal consecuencia un relativo retroceso de la capacidad del imperialismo para presionar política y militarmente (con la guerra de Vietnam como ejemplo de su más agudo fracaso). Paralelamente, cuanto más veía estallar el imperialismo su crisis económica a la luz del día en las más poderosas de sus metrópolis, en particular después de los primeros años de la década del 70, más ha tendido a incrementar el peso de sus presiones económicas sobre los estados obreros deformados, más ha hecho caer sobre ellos una parte creciente deformados, más ha hecho caer sobre ellos una parte creciente del peso de su propia crisis interna. Sin embargo, de la misma manera que sería falso afirmar que las presiones directamente políticas y económicas no están más a la orden del día, es necesario cuidarse de considerar que las presiones de tipo económico no tienen más que un carácter… “económico”. Detrás de ellas, está todo el régimen social que abolió el reino y el predominio de la propiedad privada de los medios de producción que el imperialismo intenta cuestionar. Detrás de sus presiones, y más precisamente toda la política de créditos otorgados a lo largo de un decenio, está la tentativa de las grandes potencias imperialistas y sus grupos financieros de fragmentar la muralla constituida por la economía estatizada y la planificación a fin de conseguir su destrucción y obtener así la ansiada apertura de nuevos mercados. Como se ve, estas presiones económicas tienen un carácter eminentemente político.

Dos meses antes del inicio del “verano polaco”, en un artículo titulado “Las estrategias económicas de los países del Este”, el diario más importante de la burguesía francesa (Le Monde, 7 de mayo de 1980) decía:
“En el curso de la reciente reunión del consejo del Comecon, se constató que la ausencia de un “rublo convertible”, y el hecho de que la potencia soviética, si bien realiza fuertes compras a sus aliados no los retribuye convenientemente, crean graves distorsiones. Los pequeños países, no teniendo que comprarle a la URSS, son a veces acreedores del mastodonte soviético. Por otra parte, con lo que venden a la URSS, no pueden cobrarle a Occidente las instalaciones necesarias para continuar la revolución tecnológica.

“El intercambio de la URSS y sus aliados ha alcanzado de esta manera un estado de saturación (1). Como consecuencia, el viraje de la estrategia económica de Moscú trajo aparejado un viraje equivalente en los otros países: se trata de exportar al Oeste, con el fin de procurarse las instalaciones y las tecnologías susceptibles de llevar la producción nacional a niveles competitivos, tanto de los mercados de Oriente como de Occidente.

“Para abordar este viraje, hacían falta capitales. (…) Fue necesario apelar al crédito. Los países de Occidente por un monto de 32.000 millones de dólares en 1976, para pasar a 62.000 l año siguiente, previéndose alrededor de 80.000 millones para el año en curso. (…) Las importaciones aumentan en el transcurso del mismo periodo con ritmo acelerado: Hungría 35 por ciento anual, Polonia 15 por ciento (y tenía de antes una tasa muy elevada), Rumania 32 por ciento. Aún los países más ortodoxos y autárquicos, con Bulgaria y Checoslovaquia, aumentaron sus importaciones de Occidente un 25 y un 20 por ciento. Así el déficit con el Oeste registró un aumento del 40 al 98 por ciento.

“Las economías occidentales han tenido un interés evidente en secundar tal evolución (subrayado nuestro). Dada la extrema incertidumbre de los mercados “clásicos”, se replegaron hacia los mercados alternativos, más estables y más prometedores en virtud de la garantía del estado. En segundo lugar, tomaron en cuenta el estímulo a la diversificación entre los países del Este y el aliento a la “multilateralización” de las relaciones interempresas, milagro jamás alcanzado por la Ostpolitik de M. Brandt. (…) Europa necesita de los mercados socialistas.”

Tenemos aquí una síntesis de las presiones económicas ejercidas sobre los países del Este y de las esperanzas que éstos crean entre los medios financieros imperialistas. Más todavía que, como era fácilmente previsible, el aumento de los créditos no ha sido «gratuito». En plena crisis polaca, el Financial Times, expresión de los medios empresarios de la City, decía (26/8/80) en referencia al otorgamiento de nuevos créditos al gobierno de Varsovia:

“Se podrá alegar que Polonia ha recibido un tratamiento preferencial por parte de los bancos internacionales. Hasta cierto punto la razón es política. (…)Pero la cuestión esencial reside en que es del interés de los bancos ampliar el apoyo financiero a Polonia. (…) Los bancos siguen atentamente la situación. (…) Un consuelo importante es que Polonia debe en lo venidero someter a consideración una información más detallada que la dada hasta ahora sobre su economía”.

“Someter a consideración una información más detallada que la dada hasta ahora» quiere decir, hablando claro, una acentuación del derecho a la inferencia de las altas finanzas imperialistas en el sentido de sus propios intereses privados sobre la economía polaca. Es la clave de toda la política de los créditos imperialistas a los países del Este.

Finalmente, este breve resumen sería incompleto sin aludir al rol preponderante que jugó la gestión burocrática en los problemas económicos de los estados obreros deformados. En efecto, las presiones imperialistas, si bien son el punto de partida de las dificultades económicas de estos países, no alcanzan por sí mismas para explicar que en 1979 los países de Europa del Este hayan registrado la más baja tasa de crecimiento después de la segunda guerra mundial, que en ningún lado se hayan cumplido las tasas de crecimiento del Producto Bruto Nacional o del industrial previstas por el plan; que, por último y sobre todo, la productividad de la industria esté a la deriva. Dejando a Hungría de lado en cierta medida, por todas partes se ve que el marasmo y la recesión se imponen, que aumenta la falta de productos de primera necesidad, en primer lugar los alimentos básicos, que la principal víctima de esta situación es la clase obrera. Pero también por todas partes hace estragos el despilfarro, los mercados paralelos, el caos y el desenvolvimiento anárquico del plan, cuyas pautas han sido burocráticamente fijadas en función de intereses y objetivos que escapan completamente al control de la clase obrera. Por todas partes hace estragos una capa burocrática que, durante estos últimos años ha visto crecer sus privilegios de manera exorbitante a costa de la clase obrera. No contenta con saquear las reservas del estado y de desviar en su beneficio una parte de la plusvalía producida por el trabajo obrero, la casta burocrática parasitaria no ha dudado en usar en su beneficio el endeudamiento creciente de los países que dirige aprovechándose escandalosamente de las sumas remitidas por los gobiernos y bancos imperialistas. Bajo su impulso, el mercado negro, que ha existido desde siempre en los estados obreros deformados, ha tomado una formidable extensión, siendo los burócratas sus principales beneficiarios.

Las particularidades del «caso polaco»

Si la crisis económica generalizada de los países del Este condujo a la explosión en Polonia, y si esta explosión se convirtió aceleradamente en una crisis política de primer orden, esto es debido a que desde hace más de diez años en adelante Polonia ha sido el “eslabón más débil” de los estados obreros deformados en Europa. Esta debilidad de la casta burocrática dirigente ha tenido una causa directa: el poderoso proletariado polaco.

Exánime después de cinco años de ocupación nazi, el proletariado polaco debió soportar al término de la segunda guerra mundial un golpe como sólo el cinismo sanguinario del stalinismo es capaz de dar. Ante el avance acelerado del Ejército Rojo y la desbandada de las fuerzas nazis, el 2 de agosto de 1944, el proletariado de Varsovia se subleva. Inmediatamente, Stalirí da órdenes al mariscal Rokossovski de parar el avance y sus tropas se detienen a 10 km de la capital polaca. Cuando, dos meses más tarde, el Ejército Rojo hizo su entrada, la ciudad estaba totalmente destruida, y los nazis habían tenido tiempo para asesinar a 200,000 personas y deportar a otras 100.000. Como vemos, el stalinismo cuenta en Polonia con sus “referencias” en el dominio de la traición. Después de esto, pudo realizar durante los años 1947 al 50, la estructuración dé un estado obrero deformado en este país esencialmente agrario donde, paralelamente a la expropiación de la gran burguesía industrial y terrateniente, pudo establecer un régimen burocrático dirigido por una casta enteramente afecta a los intereses de la camarilla dirigente de Moscú, sin mayor dificultad ya que la clase obrera había salido físicamente desgarrada de la guerra.

Esta clase obrera, sin embargo, iba rápidamente a levantar cabeza hasta llegar poco a poco a lo que hoy es: una clase cuyo peso social se ha reforzado considerablemente en relación a las otras clases de la sociedad y, en particular, al campesinado (quedando en Polonia constituido en más de un 70 por ciento por pequeños propietarios de tierras privadas), una clase cuya edad promedio es excepcionalmente juvenil, liberada del yugo de las grandes olas de terror stalinista de los años 30 y 40, una clase enriquecida con la más importante tradición de luchas obreras en los países del Este. En efecto, es a través de las grandes movilizaciones obreras y estudiantiles de 1956, 1968, 1970/71 y 1976 que el proletariado polaco ha podido forjar su conciencia de clase y su auto-organización independiente que le permitieron en 1980 vencer al cabo del más amplio movimiento jamás visto después del establecimiento de los regímenes burocráticos en Europa del Este.

En 1956, fue sólo el retomo al poder de Gomulka y de otros dirigentes en prisión por orden de Stalin que permitió a la burocracia resistir el empuje obrero, en momentos en que Polonia empezaba a cubrirse de consejos obreros, para finalmente volver a contenerlo y restablecer el yugo dictatorial. Luego de haber despertado las más grandes esperanzas en el seno de la clase obrera, Gomulka y su fracción se vuelcan a limitar las reivindicaciones del movimiento, a retomar el control del deteriorado aparato partidario y a volver a infundirle confianza, a reconstituir el aparato del estado y su apéndice sindical sacudido por la embestida de los consejos obreros. Finalmente, después de haber depurado progresivamente su propia fracción de todos los elementos que habían tomado parte en mayor o menor medida en el movimiento de la clase obrera o manifestado en algún momento signos de debilidad frente a él, Gomulka pudo, al cabo de 18 meses de esfuerzo, vaciar a los consejos obreros de todo contenido, someterlos al partido y a los sindicatos para, en abril del 58, decretar que desde entonces las huelgas iban a ser ilegales nuevamente. La burocracia había salvado el pellejo y había retomado el control de la situación. Pero, en la conciencia colectiva de la clase obrera, las lecciones de esta experiencia debían abrirse su camino.

Cuando en diciembre de 1970 los obreros de Sczeczin, de Gdansk y de Gdynia, con los trabajadores de los astilleros a la cabeza, se ponían en movimiento en respuesta al anuncio de aumento de los precios de los productos de primera necesidad y en primer lugar de la carne, Gomulka, con el objetivo de evitar toda extensión de la movilización en el resto de Polonia, decidió de inmediato utilizar la fuerza represiva.
Nueva experiencia y nuevas lecciones para el proletariado polaco. La burocracia, al recurrir a la fuerza bruta, al asesinar a decenas y quizás centenares de obreros (jamás se va a saber la cifra exacta), mostró en sus aspectos más mostró su verdadera cara: la de la contrarrevolución. A pesar de ello, la huelga no sólo continuaba sino que se extendía, sostenida por la población del litoral báltico. La burocracia estaba obligada a ceder. Gomulka, repentinamente «enfermo”, era removido y Gierek ocupaba su lugar. Sin embargo, a pesar de su aceptación de las reivindicaciones obreras, de su autocrítica y promesas de cambio, Gierek fue incapaz de suscitar las mismas ilusiones que había despertado 14 años antes Gomulka y los miembros de su fracción. El resultado de la reunión habida en Sczeczin el 24 de enero de 1971 entre Gierek y los trabajadores de los astilleros es muy claro a este respecto. Lejos de recibir un cheque en blanco, Gierek chocó con la desconfianza de los obreros que declaraban abiertamente que le acordaban un plazo a la burocracia y aguardaban a ver cómo se cumplían sus promesas en la realidad. Desde entonces, es evidente que para los elementos más avanzados del proletariado polaco, ya no sería tal o cual fracción de la casta dirigente la cuestionada, sino la burocracia en su conjunto.

Durante los años 70, a pesar de la represión que se abatirá sobre los dirigentes obreros, la relación de fuerzas entre la burocracia y la clase obrera va a desenvolverse en forma cada vez más favorable para esta última. La burocracia, aterrorizada por los acontecimientos del litoral báltico y su significación política para el mantenimiento de su régimen en el corto plazo, va a comprometerse con una política económica que, ligada directamente al incremento de la deuda con Occidente, tendrá dos consecuencias favorables al fortalecimiento de la clase obrera. Esta antes que nada, va a acrecentarse numéricamente en una importante proporción, debido a la furiosa industrialización que llevará adelante Gierek durante 1971-75, que implicará un aumento anual de más del 10 por ciento de la producción industrial. Por otra parte, no sólo el peso social del prole» tañado saldrá reforzado de este primer período, sino que verá también acrecentar sensiblemente su nivel de vida, ya que la burocracia buscaba ante todo evitar nuevas explosiones sociales, desarrollando por este hecho conscientemente el mercado de bienes de consumo corriente.

Las primeras recaídas de esta fase de crecimiento comenzarán a aparecer desde 1975. Cambiando el rumbo, y para detener el círculo vicioso que consiste en endeudarse de nuevo con el fin de… reembolsar las deudas existentes (en 1980, según los expertos, el servicio de la deuda absorbería el 70 por ciento del ingreso por exportaciones), el gobierno polaco va a intentar poner en pie una política económica que apunte a reducir el consumo interno, a limitar las importaciones (lo que tendrá como consecuencia inmediata una reducción de las materias primas y de la tecnología disponibles para la industria). Para los trabajadores, va a significar una reducción del nivel de vida, alza de precios en los bienes de consumo corriente, y de la carne en particular, determinando una reacción instantánea de la clase obrera. A partir de su anuncio, en 1976, se levantaron los obreros de Ursus y de Radom y la burocracia se vio obligada a recular en desorden. Después de entonces, toda la actitud de los burócratas, espantados por la potencia del movimiento obrero, va a consistir en el intento de hacer equilibrio entre las necesidades de su propia administración económica, con la desorganización, las pérdidas y el engaño que le son inherentes, y las reivindicaciones de una clase obrera cada vez más organizada y confiada en sus propios medios. Golpe tras golpe, los burócratas van a ensayar la imposición de un descenso del nivel de vida de los trabajadores, reculando cada vez en forma precipitada cuando amenazaba estallar la oposición de estos últimos. Esta política de zig-zags, en poco tiempo, llena de temor y postergaciones, de la misma manera que el enriquecimiento a paso redoblado de una gran parte de los círculos dirigentes, ávidos de llenarse los bolsillos antes de que todo explote, son índices infalibles no sólo de la debilidad distintiva de la casta burocrática, sino también de una crisis social larva-da, que no podía conducir más que al enfrentamiento directo.

Otro índice infalible: desde 1976 hasta el verano del 80, la oposición no va a cesar de fortalecerse. El KOR (Comité de Defensa Social), dirigido por Jacek Kuron (2), Janzitinski y Adam Michnik, va a decuplicar sus actividades y el número de sus adherentes crecerá sin cesar, a pesar de la represión que se abate sobre ellos. Sus periódicos, como Glos (La Voz) o Robotnik (El Obrero) van a ser difundidos en forma cada vez más abierta en miles de ejemplares. Es gracias a sus actividades de solidaridad que militantes obreros e intelectuales afectados por la represión no serán eliminados y podrán subsistir.
Desde comienzos del año 80, la tendencia hacia el enfrentamiento directo adoptó proporciones mucho más importantes. Durante los seis primeros meses del año se produjo una caída de la producción industrial, que sufrió un retroceso en términos absolutos mientras el plan preveía un crecimiento del 4.9 por ciento. La producción de mercaderías de menudeo, que se consideraba iba a aumentar 7.7 por ciento durante este semestre, quedó en un nivel cero de crecimiento. Ciertas ramas como los transportes o la siderurgia conocieron una recesión sin precedentes. Un burócrata ligado a Gierek, Babiuch, había sido nombrado, sin embargo, en febrero como nuevo primer ministro con el objetivo inmediato de remediar el marasmo económico. En mayo sucedió un hecho sin precedentes en la historia de la Polonia moderna: fueron destituidos 300 directores de empresas y altos funcionarios del estado, de los cuales 150 del área de la construcción. Aumentos de precio de un 30 a 50 por ciento afectaron a productos como lavarropas, las máquinas de coser y las heladeras, pero también las bebidas, la harina y los cigarrillos. Las tarjetas de racionamiento, que permitían comprar azúcar a precios subvencionados, fueron suprimidas. Por último, el 24 de junio Gierek presentó a la Dieta un nuevo plan de austeridad. El plan previsto para 1980 fue anulado. El crecimiento de la producción industrial fue llevado al 2-3 por ciento, el de la rentabilidad del trabajo al 2,5 por ciento en lugar del 4.4 por ciento inicialmente previsto. No fue encarado ningún progreso referido al ingreso nacional en reemplazo del 1.5 por ciento previsto. Obligada a limitar en forma draconiana el objetivo de crecimiento de la economía polaca, la burocracia debía asestar en lo inmediato un golpe definitivo al nivel de vida de los trabajadores. En Varsovia, el corresponsal permanente de Le Figaro, gran católico y “especialista internacional» distinguido sobre los asuntos polacos, vocero oficioso de la tendencia Rakovski, llamada «modernista” del aparato hacia el extranjero, escribía:

“Hay indiscutiblemente un tono, un estilo y acentos nuevos. El señor Babiuch, a la cabeza del gobierno durante cuatro meses ha tomado un buen punto de partida. Sus esfuerzos por hacer economías en todas partes donde sea posible reintroducir el orden en la economía presentando las cosas coií realismo y preparar un vasto programa de reforma de estructuras son evidentemente bien recibidas por la opinión” (Le Fígaro, 26/6/80).

Cinco días más tarde comenzaba el movimiento de la clase obrera que iba a barrer con Gierek y Babiuch. «Evidente-mente», y en contra del sentimiento del distinguido especialista burgués, “la opinión» no había “recibido bien» el aumento brutal del precio de la carne.

El desarrollo del «verano polaco»

En el ambiente de malestar general reinante en Polonia el aparato stalinista conoció tensiones y conflictos internos, en la cúspide y desde arriba hacia abajo. Gierek, aparentemente cada vez más aislado, eligió la solución de la huida de antemano y produjo el vacío alrededor de él. En febrero del 80, al tiempo que nombraba a su compadre Babiuch a la cabeza del gobierno, obtuvo la eliminación del Buró Político del POUP de representantes de la fracción Opszowski (él mismo un viejo miembro del grupo «partisanos” del general Moczar, y partidario de una represión creciente contra el KOR para poder llevar adelante una controlada liberalización del régimen). Como en otras situaciones de crisis grave, se crearon por todas partes en Polonia «grupos de discusión”, manifestación del descontento general. En este país, donde el pequeño propietario agrícola y la pequeña burguesía urbana son más importantes que en cualquier otro lugar de Europa del Este y, por estar sometidas a la muy importante influencia del clero católico, igualmente punta de lanza del imperialismo en Polonia, las tendencias favorables a la restauración del capitalismo no podían dejar de aparecer ante el poderío enorme de la clase obrera y a la impotencia de la burocracia. El grupo de discusión denominado «Experiencia y porvenir» (D.I.P.) ha sido la expresión pública más marcada de estas tendencias. Reuniendo 140 personalidades, de las que un gran número son científicos y profesores, buena cantidad miembros del Club de Intelectuales Católicos pero contándose también a 51 miembros del Partido, en lo esencial nacionalistas polacos, el D.I.P. publicó a comienzos de junio de 1980 un texto de 75 páginas titulado “¿Cómo salir?». De entrada, el texto planteaba una cuestión fundamental: “¿Qué puede y qué debe hacer la sociedad en la situación que nos hallamos en el presente, para que el poder no pueda continuar gobernando como hasta ahora y, al mismo tiempo, para evitar provocar una tragedia nacional?”. Confusamente, este texto presentaba una serie de propuestas urgentes:

-“crear las condiciones en que la cultura nacional pueda vivir plena y libremente”;

-«crear una sociedad con un buen funcionamiento económico y desarrollar la capacidad de cogestión democrática”;

-“ desarrollar las empresas pequeñas y medianas porque es anormal que Polonia no cuente sino con un 11.3 por ciento de empresas de menos de 100 empleados”;

-«un cambio total en la manera que funcionan la prensa, la radio y la televisión” y “una limitación de los poderes de la censura”;

-una autoreforma del partido con “democracia interna” y una “limitación temporal de las funciones dirigentes”;

-los sindicatos deben “convertirse en la representación auténtica de los trabajadores” y los campesinos deben tener asegurado el porvenir y ser “liberados de la presión burocrática”;

-la discriminación de los católicos debe ser abandonada;

– “cortar o debilitar los lazos con Occidente pondrá de inmediato a Polonia bajo la amenaza de la parálisis económica”.

Así, a medida que avanzamos hacia el enfrentamiento, cada campo se va preparando para intervenir. De un lado, la clase obrera como clase, con sus elementos, los más revolucionarios y resueltos, que ven aumentar su importancia cada día; del otro lado, todos sus enemigos: burocracia, reformadores de todo pelaje, “duros” y “liberales”, jerarquía católica y elementos restauracionistas. De un lado, aquellos que no tienen nada que perder; del otro los que quieren «evitar de provocar una tragedia nacional”. De un lado los sindicatos libres; del otro la transformación de los llamados «sindicatos” oficiales. De un lado la organización independiente de la clase obrera según sus propios intereses; del otro una autoreforma del partido dirigen-“democracia interna». De un lado la defensa de las condiciones de vida del proletariado; del otro, un “buen funcionamiento económico” y… el desarrollo de la pequeña empresa.
De un lado los derechos democráticos para todos, incluyendo la libertad de culto; del otro la primicia de las reivindicaciones de la jerarquía católica.

El 1 y el 2 de julio, al día siguiente del anuncio del aumento en el precio de la carne con recargos de un 50 a un 100 por ciento según el caso, estallan en Ursus, cerca de Varsovia, y en Tczew, cerca de Gdansk, las primeras huelgas. En pocos días, aparecen huelgas, sean esporádicas o prolongadas, en numerosas zonas del país con una reivindicación unánime: anulación del alza en el precio de la carne y aumento inmediato de salarios. El día 10, la gran fábrica de automóviles de Zeran con sus 20o0d0 obreros, adhiere al movimiento huelguístico Del 15 al 18, toda la ciudad de Lublin está paralizada poruña huelga general. De aquí en más, cada nueva jornada aporta su cómputo de nuevos movimientos de lucha, la burocracia pierde cada vez más el control de la situación sus repetidas amenazas contra los huelguistas resultan estériles y cuando el 31 de julio Gierek vuelve de sus “vacaciones” rusas constata que cientos de empresas están paradas. Durante las dos primeras semanas de agosto, la huelga se extiende a los servicios públicos, recolectores de basura de Varsovia y conductores de ómnibus. En todas partes, sector por sector, los burócratas comienzan a retroceder en forma desordenada, aceptando todas las reivindicaciones salariales de los huelguistas a la par que proponen menos en las otras empresas para verlas más tarde entrar también en huelga hasta obtener lo conseguido en otros lados. Durante estas dos semanas se hace cada vez más claro para la clase obrera de todo el país que la huelga es un recurso efectivo y que no sólo es posible obtener en lo inmediato la satisfacción de los reclamos salariales sino también mucho más, ante la debilidad y la impotencia que demuestra la burocracia. Al retroceder en todos los frentes, ella no espera sino una cosa: obtener la vuelta al trabajo. Esto se produce en buena medida hacia el final de la segunda semana y Lubascewicz, miembro del Buró Político, anuncia el día 13 que las “huelgas masivas” han terminado y que no hay más que «movimientos parciales de carácter económico”. Al día siguiente, los 17.000 empleados de los astilleros Lenin en Gdansk, el Viborg polaco, entran en huelga contra el despido de Anna Walentynowicz, militante de los “sindicatos libres” ligada al KOR. Inmediatamente exigen la reincorporación de Lech Walesa, despedido también luego de los acontecimientos de 1976. Con la reincorporación a la lucha de los obreros de los astilleros Lenin, la primera fase del movimiento ha terminado, se acabaron los “movimientos de carácter económico”, ha comenzado la revolución política.

Se trata de la revolución política porque a partir de este momento los obreros, en un movimiento por su emancipación enfrentan como clase a la burocracia dando un salto cualitativo en su movimiento al dotarse de un instrumento organizativo que les permitirá aparecer como clase frente a los que dominan: el MKS o Comité de Huelga Interempresas. La conciencia obre» ra representa su grado de organización. Con la formación del MKS en Gdansk y al día siguiente en el puerto vecino de Sczeczin, el proletariado polaco renueva la tradición y la experiencia de 1956 y de 1970, que integra a su propia conciencia colectiva demostrando que ha sabido sacar la principal lección (3).

En Gdansk, en Sczeczin, ciudades aisladas de inmediato por los buenos oficios de la burocracia de toda posibilidad de contacto con el resto de Polonia -lo que demuestra nuevamente que ahora ha comenzado una nueva etapa- la huelga se extiende como un reguero de pólvora y deviene generalizada, bajo el impulso y la dirección del MKS local. De inmediato, por otra parte, los dos órganos entran en contacto a pesar de la represión y las otras dificultades de comunicación para empezar a coordinar la acción. En estas ciudades, en que toda la población sostiene a los huelguistas, el MKS comienza a tomar con toda evidencia marcados rasgos pre-soviéticos: en primer lugar, es un órgano de doble poder frente a la burocracia paralizada, que reacciona con retraso cada vez que aparece un elemento nuevo. El MKS dirige la ocupación de las empresas y de los servicios públicos, organiza la distribución de los productos de primera necesidad garantizando así la subsistencia de la población. El es amo absoluto en su propia casa -es decir en las fábricas y astilleros. Sólo él decide quién puede entrar, asignándose sus propios locales dentro de los astilleros Lenin. Por último, el MKS constituye la expresión misma de lo que es la democracia obrera: sus debates son públicos, la composición de sus miembros, todos ellos elegidos por la base, es revocable en cualquier momento, nada puede decidir que vaya contra la voluntad de las masas obreras que representa. Con este instrumento de extraordinario poder, y cuando los ojos del proletariado de todo el país los está observando atentamente, los obreros del litoral báltico no quisieron limitarse a la obtención de sus reivindicaciones sino que van a mostrarle a toda una clase que lo estaba esperando el camino de su auto-organización independiente y contra la burocracia en el poder.

El detalle de los acontecimientos que van a sacudir las tres semanas siguientes, luego de la formación del MKS de Gdansk hasta la irrupción en todo el país de Comités de Sindicatos Libres, está suficientemente fresco aún en la memoria de todos. Recordemos no obstante los fenómenos más importante.

El primero es sin ninguna duda el establecimiento el Io de agosto de un pliego de 21 reivindicaciones, encabezadas por la de formar ‘‘sindicatos libres, independientes de los partidos y los empleadores”. Y a continuación “el respeto del derecho de huelga y de la seguridad de los huelguistas y de quienes los apoyan”, luego la libertad de expresión y de organización, la liberación de los presos políticos, la veracidad en la informa» ción del país, la participación de la clase obrera en las decisiones económicas, el pago de los días de huelga y la escala móvil de los salarios, la abolición de los privilegios de la burocracia y particularmente de los comercios especiales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de sanidad, de las facilidades para las mujeres trabajadoras, para finalmente abordar las cuestiones de alojamiento, transporte y descanso semanal.

El primero es sin ninguna duda el establecimiento el 1° de agosto de un pliego de 21 reivindicaciones, encabezadas por la de formar «sindicatos libres, independientes de los partidos y los empleadores”. Y a continuación «el respeto del derecho de huelga y de la seguridad de los huelguistas y de quienes los apoyan», luego la libertad de expresión y de organización, la liberación de los presos políticos, la veracidad en la información del país, la participación de la clase obrera en las decisiones económicas, el pago de los días de huelga y la escala móvil de los salarios, la abolición de los privilegios de la burocracia y particularmente de los comercios especiales, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de sanidad, de las facilidades para las mujeres trabajadoras, para finalmente abordar las cuestiones de alojamiento, transporte y descanso semanal.

Al leer el pliego de reivindicaciones del MKS, se impone subrayar dos puntos: ante todo, la reivindicación de que baje el precio de la carne y que suban los salarios, desencadenante del movimiento huelguístico en Polonia, ni aparece. En efecto, esta reivindicación es considerada como tan evidente por los huelguistas, y tan fácil e inmediatamente aceptada por las autoridades, que no es necesario mencionarla, perdiendo toda actualidad. El segundo punto es que este pliego tiene todo el carácter de una carta de reivindicación nacional, cuyos artículos iniciales están constituidos por las reivindicaciones políticas de tono general y que tocan los problemas fundamentales de los estados obreros deformados: la democracia obrera, la abolición de los privilegios de la casta burocrática y las libertades democráticas. Finalmente y sobre todo, esta Carta no retoma ninguna de las reivindicaciones sociales de la pequeño burguesía urbana o rural y no pone en cuestión de ninguna manera el principio de la propiedad estatal de los principales medios de producción y la planificación de la economía. Esta carta del MKS de Gdansk va a servir de punto de referencia para todo el movimiento obrero polaco que, cobrando confianza y luego de las primeras victorias, va todavía a afirmarla y mejorarla. Su elaboración, la lucha sin flaquezas de la clase obrera polaca en pos de su realización, son una confirmación brillante de las consignas elaboradas por Trotsky en el Programa de Transición referentes a las tareas de nuestra época en la URSS y en los estados obreros deformados:

«El nuevo auge de la revolución en la URSS comenzará, sin ninguna duda, bajo la bandera de la LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD SOCIAL Y LA OPRESION POLITICA. ¡Abajo los privilegios de la burocracia!
¡Abajo el stajanovismo! ¡Abajo la aristocracia soviética con sus grados y condecoraciones! ¡Más igualdad en el salario de todas las formas de trabajo!

“La lucha por la libertad de los sindicatos y los Comités de Fábrica, por la libertad de reunión y de prensa, se desarrollará en la lucha por el renacimiento y regeneración de la DEMOCRACIA SOVIETICA.»

En segundo lugar, estas tres semanas se caracterizan por la afirmación serena y creciente de la voluntad obrera de no ceder ni una pulgada en las cuestiones esenciales, ante la actitud anárquica, desamparada y temerosa de la burocracia.

Casi desde el comienzo, en todo caso a un mes del desencadenamiento del movimiento en Gdansk, la burocracia polaca, había ya hecho uso de su arma suprema: la intimidación con la amenaza de una intervención soviética. Desde el 15 de julio, el buró político recordaba sobre las huelgas que «por su naturaleza iban a despertar la inquietud de los amigos de Polonia». Estas amenazas reiteradas encubiertamente por Babiuch y luego Gierek surtirán tanto efecto como un petardo mojado, a pesar del formidable apoyo que le procurarán la prensa y los otros grandes medios de información de los países occidentales que no van a cesar durante todo el tiempo de invocar una posible intervención inmediata del Ejército Rojo. Luego de haber intentado sin ningún resultado usar el cañón, la burocracia no tendrá otra opción que retroceder, batiéndose con el fusil, luego con revólver y más tarde con cuchillo, para finalmente, desarmada y con las manos vacías, «firmar» y acordar a los huelguistas todas sus reivindicaciones. Nada logrará doblegar a los obreros. Ni la remoción del primer negociador, T. Pyka, y su reemplazo por el vice-primer ministro Jagielski. Ni el anuncio hecho por Gierek sobre la “desburocratización” de los sindicatos oficiales para una “defensa auténtica de los intereses de los trabajadores” (Ningún obrero polaco lo cree. Por otra parte, el discurso por televisión de Gierek es recibido con una indiferencia general en el seno de la clase obrera. El enviado del periódico de los stalinistas franceses “L’Humanité”, por el contrario, escribe al día siguiente que «los conceptos del primer secretario han sido en conjunto bien recibidos por la población”!). Ni el desplazamiento de Babiuch, ni las purgas en la cúspide, ni la remoción del presidente de los sindicatos oficiales, Szydlak, ni aún el fantástico apoyo dado a la burocracia por el clero, quien el 21 de agosto leerá en todas las iglesias de Polonia, y en Gdansk en particular por boca del obispo Kaezmarek una homilía del cardenal primado de Polonia llamando a los huelguistas a volver al trabajo, y quien pondrá en el primer plano al mismo cardenal Wiszynski que el 26 va a pronunciar ante 300.000 campesinos un vibrante llamado al sacrosanto respeto a la familia y al trabajo y… al cese inmediato de la huelga. Pero nada se conseguirá. La burocracia se verá obligada a aceptar lo inaceptable. Jagielski y su par Barcilowski, después de haber reconocido la representatividad del MKS cediendo a su reclamo de venir a negociar en sus locales, deberán en Sczeczin entablar las negociaciones sobre la base de la carta de reivindicaciones establecida por los huelguistas garantizando desde el inicio el reconocimiento del derecho de huelga y la garantía de no represalias contra los huelguistas.

Durante una semana, los negociadores gubernamentales intentarán todavía desviar las negociaciones, aplazándola en múltiples encuentros. Pero el 28, toda la situación se define: al unísono, entran en huelga las acerías de Nowa Huta todos los mineros silesianos del carbón. A partir de este momento, la vanguardia del movimiento en el litoral báltico no está aislada, los grandes batallones de la clase se han puesto en marcha. Ahora, todo va a acelerarse. Lleno de pánico Jagielski, por propia iniciativa o por orden de sus mandatarios, no se sabe muy bien quién, en la cúspide dl aparato, toma las decisiones, Jagielski entonces propone esa misma tarde un “trato” al MKS de Gdansk y el resto de Polonia como contrapartida de un llamado de MKS a la vuelta al trabajo en lo que otras regiones además del litoral. Si bien una parte del MKS y en particular Walesa mismo, alarmado por la amplitud de un movimiento cuyas dimensiones nacionales lo superan, parece favorable a la propuesta, ésta es rápidamente dejada de lado dada su flagrante ineficacia ante la profundidad y la potencia del movimiento de Silesia, que tiene las riendas de toda la producción energética de Polonia. En dos días, la clase obrera lleva la ofensiva. El día 30 por la mañana, la radio de Sczeczin anuncia la firma de un acuerdo entre el vice-primer ministro Barcikowski y el MKS local reconociendo el derecho de constituir un sindicato “independiente y autogestionado”.

Dos horas más tarde, se anuncia un acuerdo sobre idénticas bases en Gdansk. Esa misma tarde, el pleno del Comité Central del POUP se reúne de urgencia y ratifica los acuerdos. Al día siguiente, delante de todos los delegados obreros del MKS que en ese momento agrupa a centenares de empresas, delante de todos los observadores enviados por los huelguistas de todo el país, delante de las cámaras de la televisión que muestran las imágenes de la “ceremonia» a todo el país, Jagielski pone su rúbrica el pie del texto de los acuerdos.

“La huelga se acabó», declara Walesa. “Todo ha concluido», gritan al unísono burgueses y stalinistas. Por el contrario, todo comenzaba. Manteniendo su huelga, los mineros de Silesia obtienen el 3 de septiembre aún más reivindicaciones que las arrancadas en el litoral báltico, y entre otras: la remoción de una serie de burócratas y funcionarios “sindicales” locales, un mejoramiento sustancial de las condiciones de trabajo (la cesación de hecho del stajanovismo) y, sobre todo, la supresión lisa y llana de los «sindicatos» oficiales y la puesta de sus locales a disposición de los nuevos delegados electos por lo obreros. En la mina de Jastrzebié, el corresponsal de Le Monde (5/9/ 80) pregunta a los obreros: “¿y si algunos mineros desearan seguir siendo miembros del sindicato oficial?” Respuesta: “No hay tal clase de mineros. Si los sindicatos oficiales quedan en pie, eso va a permitir todo tipo de maniobras. Con los sindicatos libres, podremos elegir democráticamente a los responsables y cambiarlos cuando sea necesario”. En tres breves frases, se expresa aquí todo el grado de organización y de conciencia alcanzado por la clase obrera polaca y su vanguardia, reencontrándose con la lógica política y el contenido histórico del movimiento obrero moderno: los consejos obreros, los soviets.

En momentos en que se escribe este artículo, cuando apenas han pasado 10 días, toda Polonia se ha cubierto de Comités por la creación de sindicatos libres. Detrás del proletariado industrial que dirigió toda la lucha, es ahora el conjunto de los asalariados que se están organizando: los diferentes servicios públicos, los docentes y otros trabajadores intelectuales. El 13 de septiembre por la tarde, la radio francesa anunciaba que los obreros agrícolas de las granjas estatales se habían organizado en Comité independiente, demostrando así la profundidad de un movimiento que arrastra a las capas más alejadas y despojadas de tradición de combate de la clase obrera Sin lugar a dudas, la tendencia dominante en el seno de la clase obrera polaca es hacia la unificación y centralización de los sindicatos libres. Para lograrlo, ésta deberá sortear los obstáculos que le antepondrán la burocracia y sus aliados. En Polonia la constitución de un Sindicato Libre de los Trabajadores unificado a escala nacional está a la orden del día.

Primeras enseñanzas y perspectivas

Si aún es demasiado temprano como para sacar un balance del “verano polaco”, más aún que la revolución política no hace sino comenzar, es sin embargo necesario que la IV Internacional y aquéllos que luchan por su reconstrucción saquen las primeras enseñanzas a fin de tener una perspectiva clara de coyuntura próxima y de las tareas a que se enfrentará el proletariado Porque todos son conscientes, los gobiernos imperialistas y las burocracias stalinistas en primer término, de que el listas y que revolución política en Polonia no es un problema únicamente polaco, sino que está amenazando todo el equilibrio político existente desde hace 35 años en Europa, y a partir de allí, a escala mundial. El “verano polaco” es un acontecimiento de importancia a la vez histórica y mundial, y sus consecuencias pueden significar un cambio en la relación de fuerzas entre el imperialismo y el proletariado internacional, extirpando de su cuerpo definitivamente el cáncer stalinista que lo corroe desde hace medio siglo.

La principal característica del movimiento emprendido por los obreros polacos ha sido sin ninguna duda su independencia política frente a la burocracia y al partido stalinista en el poder en conjunto. He ahí la gran diferencia entre el desarrollo de la revolución política en la Polonia de 1980 y sus predecesores: Polonia y Hungría 56, Checoslovaquia 68 y, en un grado menor, Polonia 70. En cada uno de estos casos, se encontró una fracción del aparato que pudo obtener el apoyo de la clase obrera, atrayéndola para sí y controlando las aspiraciones e ilusiones de las masas. Sin duda que Gomulka en 1956 y Gierek en 1970 fueron buenos y leales servidores de sus amos del Kremlin, lo que explica su llegada y permanencia en el poder con el apoyo del aparato internacional, a diferencia de Imre Nagy en Hungría y de Dubchek que se deslizaron en una pendiente centrista de ruptura parcial con este aparato, terminando uno en la horca y el otro en el aislamiento. Pero, en estos cuatro casos, el movimiento de masas abrigo siempre grandes ilusiones en la posibilidad de que el partido comunista en el poder, o una parte del PC, se pasara de su lado, es decir, en una posible autoreforma de la burocracia stalinista. Esta vez, en ningún momento ha sido éste el caso. «Le Monde” del 26 de agosto de 1980 cita las palabras de un obrero:

“En 1956, recibí con entusiasmo la llegada de Gomulka. Fui engañado. En 1970, recibí con esperanza la de Gierek. Fui engañado. Hoy yo no tengo más confianza que en nosotros mismos, en nuestra fuerza…”

Y el enviado del diario comenta:

“Todos tienen la misma actitud, Han escuchado a Gierek, por otra parte, por distracción, quieren un sindicato de ellos, independiente: un poco de contra-poder. No es que se esté contra el partido, es más profundo: nadie le presta atención, nada se espera de él, su vida interna le atañe a él solamente. ” (subrayado nuestro).

He ahí la diferencia esencial, cualitativa, con todos los movimientos anteriores de revolución política en Europa del Este. Esta vez, no se espera nada del partido, de ninguna de sus fracciones. La clase obrera nada puede obtener de los autodenominados «liberales” y otros “modernistas”. Esta vez el choque es frontal, neto, sin equívocos: la clase obrera contra la burocracia. Sin lugar a dudas, la lección de las experiencias precedentes ha sido conscientemente asimilada, y su traducción a la práctica fue inmediata desde el inicio del movimiento.

Lech Walesa y a continuación los representantes del KOR, han repetido incansablemente: «nosotros no hacemos política, somos sindicalistas y no deseamos más que obtener la creación de un sindicato Ubre”.
Hay en esta actitud dos aspectos diferentes: uno, táctico ante el poder burocrático; pero el otro, el más esencial, se corresponde con el hecho de que, como se da generalmente en las primeras fases de un movimiento revolucionario, la masa obrera está ella misma mucho más avanzada que sus dirigentes.
Repetidas veces, los dirigentes de los huelguistas y los del KOR se mostraron amedrentados por la amplitud y los “riesgos” del movimiento, Personas como Michnik o Pomian han declarado más de una vez que hacía falta dar pruebas de moderación y saber limitarse a sí mismos, llegando Michnik a declarar, al día siguiente de la firma de los a-cuerdos de Gdansk, que estaba sorprendido por la victoria conseguida por los obreros. Para estos últimos, en efecto, estaba claro que al declarar “no hacer política”… decían eso y nada más. Al luchar por sus sindicatos libres, ellos luchaban por «un poco de contra-poder”. Como el apetito viene comiendo y la confianza en sí viene con la victoria, es evidente que, con el despliegue de Comités de Sindicatos Libres por toda Polonia, éstos, aún sin llamarse formalmente “partido”, no podrán menos que jugar cada vez más de hecho el rol político de un partido de la clase obrera que defiende sus intereses.

“Pero, de vuelta en Silesia, en la mina del Treintanario». Un miembro “sin partido” del comité de huelga:

«Queremos mejorar las cosas. Los sindicatos independientes jugarán el rol del partido de oposición que no existe en Polonia y crearán una libre competencia entre dos representaciones.

Ignora aparentemente que está precisamente allí el vínculo con el poder, quien ha obtenido, de los huelguistas de Gdansk el compromiso de que los sindicatos no intentarán jamás jugar el rol de un partido”. Escribe el corresponsal de Le Monde (5/9/80).

Nosotros creemos estar en condiciones de tranquilizarlo: «aparentemente”, el delegado minero que él reportea sabe “precisamente” que está allí “el vínculo con el poder”, pero sabe también, porque la experiencia se lo ha enseñado y porque conoce suficientemente bien a la burocracia, sus maniobras y sus intereses, que todo es política, que la lucha contra la burocracia es política bajo cualquier forma que adopte, que él tiene necesidad de su propia expresión política si quiere avanzar y consolidar sus conquistas actuales.

El movimiento emprendido por el proletariado no podrá ser congelado en su situación actual. Si la revolución política apenas ha comenzado y si los grandes enfrentamientos aún no se desarrollaron, es por una razón muy sencilla: ninguna “libre competencia» puede existir entre la burocracia stalinista en el poder y los delegados electos por la clase obrera. Lo deseen o no, los nuevos sindicatos libres se verán presionados por la fuerza de las circunstancias a adoptar un carácter cada vez más político. O bien se orientarán hacia la confrontación política abierta con la burocracia stalinista, o bien ésta, de una manera o de otra, logrará quebrarlos, bajo la forma en que esto se de la lógica política de la lucha de clases en Polonia se dirige desde ahora hacia su punto culminante: sea la victoria de los obreros y la revolución política, preludio de la revolución política en todos los estados obreros degenerados y deformados, sea la victoria de la contrarrevolución stalinista.

La tercera enseñanza del “verano polaco” que salta a la vista se manifiesta bajo un doble aspecto, cuyas dos caras están indisolublemente ligadas una a la otra: por un lado, en ningún momento ha cuestionado la clase obrera el carácter social de clase del estado polaco y, por el otro, detrás de la apariencia de una inconmovible estabilidad, la burocracia se mostró como lo que realmente es -una casta privilegiada de carácter históricamente transitorio.

En lo que respecta a la fidelidad del proletariado hacia sus conquistas y en primer lugar al carácter de clase del estado y la expropiación del gran capital bancario, industrial y terrateniente de Polonia, las declaraciones tanto de los dirigentes como de los militantes huelguistas, no ha habido flaquezas.

Le Monde cita las reflexiones hechas por los obreros de Silesia ante su corresponsal:

Como decía Lenin, que no era ningún idiota, el objetivo es darle el poder a la clase obrera. Por mi parte, yo no quiero comprarme un Mercedes ni aún un Volkswagen, sino que las mujeres de los huelguistas no tengan que hacer más cola delante de comercios y que la gente viva correctamente”.

Y también:

“Nosotros no estamos contra el socialismo: queremos que Polonia se quede como está, que el partido haga lo que tenga que hacer en su terreno pero que tengamos la posibilidad nosotros mismos de ocuparnos, como sindicatos, de nuestros asuntos”.

Y finalmente otro, un miembro del comité de huelga de la mina Treintenario:

“El sistema como tal es el mejor que uno pueda imaginar. Pero hace falta cambiar el modo en que se ejerce el poder y que los que tienen cuentas en Occidente dejen de enriquecerse y comiencen a reflexionar sobré lo que el país debería ser (Le Monde, 5/9/80).

En cuanto a la burocracia, la manera en que pudo cambiar y transformar en un santiamén no sólo su personal político sino sobre todo una parte de sus propios miembros en ejercicio de funciones económicas allí donde eran impugnados prueba por sí sola que no es una clase poseedora de la industria y los servicios a título privado, sino una casta parasitaria que no puede subsistir más que en una situación donde, en ausencia de la burguesía, la clase obrera está privada del poder político y del gobierno del aparato productivo. El pronóstico de Trotsky sobre la total inviabilidad de esta casta fue ampliamente verificado durante el “verano polaco” y va a serlo aún más con toda seguridad en el período que se abre.
En efecto, ella no puede continuar mucho tiempo más acordando concesiones a la clase obrera sin arriesgarse a que esta última sobrepase lisa y llanamente su poder y lo capture. Al mismo tiempo, la burocracia no puede apoyarse en las fuerzas burguesas y pequeño burguesas del interior y del exterior para resistir el avance del movimiento obrero sin dar un redoblado impulso a los elementos restauracionistas capitalistas, cuyo desarrollo ulterior es también una amenaza directa contra la perdurabilidad de su régimen y que no lo han apoyado a fondo y particular la Iglesia Católica- más que coyunturalmente estas condiciones, la casta burocrática no puede en las situaciones de crisis sino tender a fisurarse y marchar hacia su propio estallido, lo que ya se manifestó durante los dos últimos meses y se irá reforzando en el período que se abre. La eliminación de Babiuch después de la del propio Gierek, acompañadas por una sucesión de purgas internas, son los primeros signos de este fenómeno.

“En el pleno del sábado del Comité Central, que dio la luz verde a la firma de los acuerdos de Gdansk, al no tener otra política para proponer, nadie se opuso abiertamente a las concesiones hechas a los obreros. Pero las reticencias evidentes o perceptibles eran muy fuertes, y la partida fue difícil para los hombres que impusieron el diálogo. Aún en el seno de estos hombres y quienes los apoyaron, la unanimidad está lejos de ser total, entre aquéllos que ven en el compromiso un retroceso táctico y necesario para salvar lo esencial y los que, en grados muy diversos, están dispuestos a jugar la carta del ímpetu que subleva al país» (Le Monde, 5/9/80).

Tal es la situación actual. Sin duda, una tendencia puede desgajarse del seno mismo de la burocracia para “jugar la carta del ímpetu que subleva al país». Pero ésta no puede ser sino minoritaria. Poniendo a Kania a la cabeza del Partido, la burocracia mostró cuál es hoy la tendencia mayoritaria. Kania es el hombre vinculado a la KGB, responsable en el anterior Buró Político por el ejército y la policía política. Si logra en una primera etapa controlar la crisis, aunque sea en forma efímera, la tendencia más izquierdista del aparato será la primera en ser reprimida, como fue el caso en 1957 con Gomulka. De todas maneras, Kania va a desarrollar su acción, sin ninguna duda, según cuatro ejes:

a) restablecer al máximo la confianza interna y el equilibrio del aparato duramente golpeado, a lo que se halla dedicado y que primero encaró;

b) socialmente, apoyarse cada vez más en las otras clases de la población en relación al proletariado, en particular el campesinado y la pequeño burguesía urbana, medianamente acomodados;

c) hacer todo lo posible para retacear las conquistas de la clase obrera: tratar de limitar las prerrogativas de los sindicatos libres, comprar a sus dirigentes, sobornar a sus mejores militantes, con el objetivo de arribar en una segunda etapa a la represión abierta contra ellos;

d) al mismo tiempo, preparar el baño de sangre, la guerra contra el proletariado si no quedara otra solución.

De todas maneras, entre estos objetivos del aparato de realización hay un obstáculo de envergadura que se llama clase obrera. Esta es hoy el elemento más dinámico de toda la sociedad, el que más confianza tiene en sus propias fuerzas. Y la burocracia actualmente no tiene otra opción más que pagar el precio de su derrota, un precio que, tanto en el plano político como en el económico, es extremadamente caro. Para mantener su régimen, la burocracia ha tenido que aceptar de todo: el congelamiento de los precios, el aumento de salarios, mejores condiciones de trabajo. Si bien los gobiernos y los grandes bancos imperialistas han acudido a socorrerla desbloqueando los créditos y la entrega de productos de primera necesidad (lo que no puede sino agrandar aún más la deuda exterior de Polonia en la misma proporción), las conquistas obtenidas en el campo de batalla por el proletariado no pueden sino significar para la burocracia una limitación de sus privilegios y una acrecentamiento de las dificultades económicas, lo que equivale a un formidable factor de agravamiento de la crisis actual.

Un factor determinante en el desarrollo ulterior de la situación polaca lo constituyen los límites actuales, en el plano político, del movimiento obrero y, más específicamente, de su dirección. El límite principal es la ilusión de la posibilidad de una “coexistencia” entre la burocracia en el poder y un movimiento obrero organizado: “que el partido haga lo que tenga que hacer en su terreno pero que tengamos la posibilidad nosotros mismos de ocuparnos, como sindicatos, de nuestros asuntos”, como lo expresaron los obreros de Silesia. Está claro que cuando más vaya creciendo el enfrentamiento, más se disipará esta ilusión. Pero hoy le da al aparato la principal oportunidad para desviar el movimiento emprendido por la clase obrera para hacerlo retroceder con maniobras. A pesar de su formidable poderío, la clase obrera polaca no se ha liberado aún de las consecuencias de 35 años de dominación stalinista. Además la crisis que atraviesa la IV Internacional después de una generación debe ser absolutamente tomada en consideración al analizar las debilidades actuales de la dirección obrera en Polonia La evolución de un Jacek Kuron, fundador y principal dirigente del KOR, es significativa a este respecto: hace quince años en su “Carta Abierta al Partido Obrero Polaco», redactada en común con Modzelewski, Kuron se acercaba a las posiciones del trotskismo acerca de la naturaleza de los estados obreros deformados y las tareas políticas que se derivan de ello Hoy Modzelewski se plegó al catolicismo y Kuron está él mismo mucho más cerca de las posiciones de reforma de la burocracia. Junto con JCichnik, se mostró muy moderado luego del comienzo de la crisis, mucho más que la masa obrera, y después de ser liberado de la prisión al día siguiente de los acuerdos de Gdansk, sin por ello acordar un crédito absoluto a la burocracia, se convirtió en el vocero de las tendencias “sindicalistas-apolíticas alentando la esperanza en una posible “coexistencia pacífica entre los sindicatos “que no se dedicarán a la política y la burocracia en el poder.

“Sindicalistas-apolíticos”, “demócratas-liberales”, católicos, tales son los obstáculos que se oponen a la evolución de la clase obrera hacia la construcción de una dirección revolucionaria y la victo na de la revolución política. Hasta el presente, éstos han sido totalmente desbordados, sobrepasados por el movimiento proletario. En ningún momento han estado en condiciones de pretender su dirección. A pesar de la campaña de intoxicación e os grandes medios de prensa burgueses que intentaban demostrar que las masas obreras eran impulsadas ante todo por motivos religiosos y ligadas al clero, pronto se comprobó que la Iglesia era incapaz de hacer volver al trabajo a los huelguistas a pesar de su firme voluntad al respecto. Después de la homilía pronunciada por el obispo Kaczmerek, los hueleguistas de Gdansk le contestarán: “que él se ocupe de Dios, que de la huelga nos ocuparemos nosotros”. El llamado del cardenal Wiszynski chocará contra un muro de indiferencia.

Mientras tanto, la victoria de la clase obrera implica un formidable salto adelante para las libertades políticas en Polonia. El avance de la revolución política significa en efecto la liquidación de los instrumentos de la dictadura burocrática, la abolición de la represión bajo todos sus aspectos y en primer lugar de la censura la democracia obrera y el derecho de expresión, de publicación y de organización política. Es sobre la base de todas las conquistas democráticas ya obtenidas por el proletariado que todas las tendencias que mañana serán un obstáculo para victoria de la revolución política van hoy a organizarse. Ellas aparecieron ya y van sin dudarlo a tomar envergadura en la fase venidera, beneficiándose con la libertad lítica parcial reconquistada por las masas y apoyándose en las ilusiones existentes entre ellas de lograr sus propios objetivos De todas las tendencias que aparecen y que van a aparecer la jerarquía católica representa el peligro más grave para la clase obrera. Con los campesinos privados, la pequeño burguesía y hasta con cierta parte de la burocracia como base de apoyo social, la Iglesia es hoy en Polonia el Partido organizado de la contrarrevolución burguesa. Con una demagogia d de se mezclan democratismo y nacionalismo polaco (muy poderoso en el país, incluyendo a la clase obrera, en particular resto de los rusos, dado el sometimiento de Polonia a los intereses de Moscú), la Iglesia va a querer utilizar las reales aspiraciones de la clase obrera por la democracia política y la independencia nacional como palanca para la realización de sus propios intereses totalmente antagónicos a los del proletariado. La actitud de un Walesa poniendo un crucifijo sobre su escritorio en los locales del sindicato libre de Gdansk -aún en caso que la prensa burguesa haya inflado esta actitud en comparación con la influencia real de la Iglesia sobre la dirección del movimiento a escala nacional— es a este respecto sintomática de los peligros que por parte del clero acechan la futura independencia del movimiento.

El comienzo de la revolución política en Polonia no sólo ha demostrado la debilidad de la burocracia stalinista local sino que permitió comprobar la debilidad política manifiesta tanto del aparato internacional del Kremlin como del imperialismo y la fuerza del proletariado mundial.

La rapidez con la que se constituyó un verdadero bloque entre el imperialismo, Washington y Bonn a la cabeza, y el Kremlin, con el apoyo del santo padre romano que daba sus directivas a la jerarquía católica polaca, ha sido pasmosa. En ningún momento el imperialismo estuvo en condición de sacar algún beneficio político de las dificultades-de la burocracia en Polonia. Al contrario, desde el primer instante manifestó su inquietud, que fue creciendo a medida que se extendía el movimiento de la clase obrera, y sus llamados a la mesura, depositando toda su confianza en el aparato stalinista para disolver la crisis. El New York Times del 1° de septiembre de 1980 decía: “hubo gran sorpresa aquí respecto de la moderación con la que los Estados Unidos han respondido ante los acontecimientos en Polonia, a pesar de que la campaña electoral está en su apogeo”, agregando: “los trabajadores polacos reclaman ‘más socialismo’, siendo Occidente y en particular los Estados Unidos que han en cierta forma ‘exportado’ su recesión y su inflación a Polonia: a través del creciente intercambio con este país”. Como decía el diario Matin de Paris (30/8), “Occidente está dispuesto a pagar la cuenta, Jimmy Cárter y Helmuth Schmidt lo han hecho saber, probablemente en la preocupación de que se apacigüe la crisis actual. El canciller Schmidt, después de haberse declarado ‘enteramente de acuerdo’ con Cárter, estimó que la ayuda económica a Polonia era indispensable ‘por razones políticas’ ”. Desde comienzos de agosto, Bonn movilizó 25 bancos oeste-alemanes para acelerar una ayuda de 1.200 millones de marcos alemanes para el gobierno de Varsovia, e “intentó convencer a los Estados Unidos para que movilice sumas importantes, tres veces y media superiores” (Les Echos, 5/9/80). Al mismo tiempo, Bonn participaba de la iniciativa referente a montar un consorcio europeo de bancos con la finalidad de acordar un crédito suplementario de 325 millones de dólares a Varsovia. “Le Monde» del 3 de septiembre dice: “M. Chylinski, el embajador polaco en Bonn, habría manifestado, sino reconocimiento, al menos la satisfacción del gobierno de Varsovia ante la actitud adoptada por las autoridades de Alemania Occidental durante la crisis que Polonia acaba de atravesar. Se ha sabido que en esta ocasión el embajador polaco mantuvo contactos permanentes con el gobierno de Bonn durante todo el transcurso de la huelga en Gdansk y que se entrevistó con Schmidt”. ¿Se puede ser más claro? Esta actitud del imperialismo se materializó en forma evidente con la posición adoptada luego del pedido realizado por el embajador polaco ante el ministerio de agricultura norteamericano de un aumento de los créditos cerealeros de 550 a 670 millones de dólares. El 29 de agosto, el Herald Tribune decía que “medios autorizados del Departamento de Estado anunciaron que este requerimiento será tratado con actitud favorable”. Ante algunos titubeos por parte del Congreso, Muskie, el secretario de estado, declaró que «los EEUU no deben poner en peligro sus relaciones económicas con Polonia” (Financial Times, 8/9), presionando, por el contrario, para liberar los créditos agrícolas lo más pronto posible. Mientras tanto, habiendo aprobado la dirección de los sindicatos norteamericanos en principio una primera ayuda de 250000 dólares a los sindicatos libres polacos, Muskie declaró estar “desconsolado” con esta decisión e hizo presión de inmediato sobre la AFL-CIO para que sea anulada! En tanto Cárter enviaba una carta a principios de septiembre a todos los dirigentes de las grandes potencias europeas para presionarlas en el sentido de acrecentar su ayuda financiera y material al gobierno polaco, en tanto esta ayuda alcanza ya miles de millones de dólares, Muskie se
subleva contra una donación de 25.000 dólares solamente para los nuevos sindicatos libres.

Así, en la crisis actual, y tomando en cuenta la relación continuación, fundamentalmente los de Alemania Oriental y Checoslovaquia, se empezaron a escuchar otros tonos de voz al respecto. A comienzos de septiembre, el diario oficial del partido rumano, “Scinteia”, decía: “lo que pasó en Polonia bien podría pasar también en otros países”. Hay que agregar que el 29 de agosto, un grupo de firmantes rumanos de la Carta 77 debió ser impedido por la fuerza de presentarse en Polonia para manifestar su apoyo a los huelguistas. Durante el congreso de los “consejos populares”, en su discurso de cierre el 12 de septiembre, Ceaucescu afirmaba que el partido debía liquidar «las contradicciones que se siguen manifestando en las condiciones de existencia del socialismo” y pretendía que en el último período el Partido había “impuesto reducciones a los miembros rentados quienes por vía de la acumulación se benefician con ingresos excesivos». Conociendo las riquezas fabulosas, acumuladas por la familia Ceaucescu, uno podría reírse. Pero lo importante no está ahí: lo importante es que los burócratas del Este temen todos un rápido contagio del “verano polaco” en su propio país. Por eso tratan de tomar la delantera, anunciando reformas y disminución de los privilegios, predicando la “concertación”. La misma “Pravda” del 15 de septiembre, sin hacer ninguna referencia a los acontecimientos polacos, criticaba de pronto en su editorial: “los responsables en la URSS que ignoran la opinión de los obreros y rechazan discutir con ellos francamente los problemas de la empresa”. Siendo que en todas partes, y en particular en el seno de la clase obrera, la burocracia stalinista impone la obsecuencia, la sumisión a los superiores jerárquicos y la delación ¡veámosla como bruscamente es abrazada por el deseo de »discutir francamente” con los obreros!

Este «deseo» no es otra cosa que el miedo visceral de la burocracia que detenta el poder en los estados obreros degenerados y deformados de asistir a un estallido del proletariado que la hará volar en pedazos.
Como hemos visto, numerosos indicios van en esta dirección, aunque todavía latentes y aislados. La movilización del proletariado polaco no puede sino imprimir un enorme impulso en este sentido para todos los países del Este y la URSS. No es un secreto para nadie que los obreros y los intelectuales de toda Europa del Este están desde hace tres meses pegados a sus radios, ávidos de toda información suplementaria sobre lo que pasa en Polonia. En efecto se trata de millones de hombres y mujeres de los que la burocracia sabe bien que no esperan más que la primera ocasión favorable para aprovecharla y emprender el camino de la revolución. He ahí su dilema y la más grande amenaza que tiene que enfrentar.

Ante esta amenaza mortal para ella, la burocracia sabe conscientemente que la utilización del arma última, la represión militar, el uso de la fuerza bruta, implica un enorme riesgo. Indiscutiblemente, si la burocracia soviética no intervino militarmente durante el “verano polaco”, no ha sido por la falta de medios militares, entiéndase bien, sino por debilidad política. Y cuanto más pasa el tiempo, mayor es la envergadura de la movilización de masas, y cuanto más se acumulan las dificultades políticas para el Kremlin, mayores son los problemas que plantea una intervención militar para restablecer el orden burocrático en Polonia. Por supuesto que Moscú tiene en reserva la “solución” del baño de sangre. Sin embargo, los burócratas son conscientes de los riesgos en que incurrirían si lo usaran. Estos riesgos, esencialmente, son de dos órdenes:

a) que Polonia no sea Checoslovaquia, es decir, que una intervención soviética se enfrente con un levantamiento popular generalizado y que se abra una verdadera guerra civil en Polonia. La burocracia es incapaz de predecir cuál será el resultado de una eventualidad tal. Mientras se acumulan sus propios problemas internos, mientras su relación con el imperialismo atraviesa un brote de tensión, un levantamiento de la nación polaca, ubicándose una parte del ejército del lado de los insurgentes, sea bajo la dirección de la clase obrera o bajo la bandera del nacionalismo, amenaza con provocar una onda de choque en la misma URSS y en todos los países del Este, que podría ser el preludio de un hundimiento general de los regímenes burocráticos.

b) el segundo riesgo, en gran medida función de las dimensiones tomadas por el primero, es evidentemente un derrumbe de todo el aparato internacional del Kremlin. Sacudido, éste podría no sobrevivir luego de una intervención soviética y áreas enteras podrían desplomarse o aún volverse contra él.

Cuanto más se profundice el proceso revolucionario en Polonia, y cuanto más agudamente se plantee la posibilidad de una intervención militar soviética, cualquiera sea el resultado de esa eventual intervención, sus consecuencias serán enormes para el proletariado mundial y, sobre todo, el europeo. Su tarea inmediata es movilizarse, a través de sus organizaciones políticas y sindicales, por la defensa incondicional del proletariado polaco y sus conquistas, contra las amenazas que el imperialismo y la burocracia stalinista esgrimen sobre la prosecución de la Revolución Política y su victoria en Polonia. La TCI pone manos a la obra para organizar esta defensa y participar en la construcción de la dirección revolucionaria de la clase obrera polaca, única garantía de la victoria del socialismo.

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Bolivia: Crónica del abortamiento de la “democracia”

Donato Torrijo

Justificación

La brutal represión gorila contra los trotskystas forma parte de la confirmación de nuestro pronóstico en sentido de que en las actuales condiciones bolivianas la democracia burguesa se toma inviable (V. “In viabilidad de la democracia burguesa» y “Los electoreros sirven a la burguesía y al golpismo gorila”, ambos de 1980).

La crónica del abortamiento de la presunta democracia burguesa no es otra cosa que el relato de la manera dantesca en que se ha producido la confirmación de la tesis porista por el desarrollo histórico. A su modo, es también el balance de las posiciones adoptadas por las diversas organizaciones políticas.
Bolivia se convirtió en el escenario del enfrentamiento de dos posiciones:

1) el poco desarrollo capitalista y la ausencia de una clase media rica no permiten el auge generoso de la democracia burguesa, que no puede menos que aparecer como envoltura formal del Estado nacional soberano; 2) la papeleta electoral, libre y adecuadamente empleada contribuiría a crear una democracia al servicio de los bolivianos, como una genuina expresión de la voluntad popular.

¿Quién tenía razón? Los hechos inobjetables han dado la respuesta y están ante nosotros que somos sus víctimas propiciatorias.

La lucha de clases, por tanto la política, tienen en su base una contradicción que supone constante polémica. Los actores de la política también asumen posiciones polémicas cuando se ven colocados ante la necesidad de justificar sus posturas, sus teorías, su conducta.

Antecedentes

Cuando los comandantes de algunos regimientos de La Paz, entre ellos el todopoderoso «Tarapacá», en cuyo historial se cuenta el haber definido varios golpes de Estado, le impusieron a la Presidenta Lydia Gueiler el nombramiento del Gral. Luis García Meza como Comandante General del Ejército, en reemplazo de otro jefe que en alguna forma era complaciente con el Poder Ejecutivo, se consumó ya el tan pregonado golpe de Estado Esto lo expresamos oportunamente, pero los democratizantes parecieron no percatarse de lo que había sucedido. Este acontecimiento encerraba en germen todo el desarrollo político posterior.

Una de las piezas maestras de la política boliviana es el ejército convertido en el poder por excelencia como consecuencia de la inexistencia de la democracia como forma gubernamental del Estado burgués sometido a la metrópoli imperialista y de la desintegración del nacionalismo que ha cumplido todo su ciclo, que ha dejado de ser la gran perspectiva política que apasione a las multitudes. En 1952 el MNR subió al poder en la cresta de una descomunal conmoción social y no se tomó la molestia de estructurar la democracia, no la necesitó y prefirió usar la violencia despiadada para aplastar a sus enemigos políticos.

El general García Meza, dueño del Ejército, se convirtió automáticamente en el amo del país y la Presidenta “constitucional” y su equipo ministerial pasaron a depender del rústico militar, de quien en tono halagador dijo Banzer que «al fin el ejército está comandado por un verdadero soldado”. Bien pronto se encargaría de imponer su pétrea figura y de evidenciar sus virtudes castrenses, pasando por encima de los intereses y el porvenir político de quien estaba seguro de concluir adueñándose del país inclusive mediante elecciones.

El nuevo Comandante General, que se hizo famoso por defender el principio institucionalista, aunque no constitucional, de que el ejército posee total autonomía frente al Ejecutivo y que nadie puede meter las manos en la conformación de sus mandos superiores, se apresuró en ajustar el mecanismo castrense, relegando a un segundo plano a todo elemento sospechoso de oponerse a la conjura armada que ya estaba debidamente preparada.

Lo único que faltaba era que García Meza cumpliese la marcha ritual hacia el Palacio Quemado y la fijación de la fecha del acontecimiento dependió de dos circunstancias: la acentuación del descontento popular que podía traducirse en una especie de caos social y el logro del aval del imperialismo para el golpe. Con una torpeza indisimulable, los servicios de inteligencia del ejército (Sección II) desencadenaron la ola terrorista, buscando convencer a propios y extraños y particularmente al personal de la embajada estadounidense, que ha dado pruebas de controlar policialmente a la población y a los políticos mejor que los organismos nativos, que Bolivia se encontraba frente a una descomunal arremetida comunista destinada a ahogar en sangre el proceso democrático, etc. Estos planes que han dejado muchas víctimas, no lograron su objetivo: el gobierno Cárter apostó con firmeza a la carta democrática y los partidos que cifraban todas sus esperanzas en el verificativo de elecciones limpias se esforzaron por alinearse detrás del que aparece como campeón de los derechos humanos; ya en ese momento se podía percibir que existía un frente único entre las que se autocalifican como expresiones políticas de la víctima y el verdugo, frente al que se sumaron entusiastas los “izquierdistas” pro burgueses.
Los acontecimientos posteriores probaron que los gorilas altiplánicos ya contaban con la ayuda material de sus iguales de los países vecinos.

La fiebre democratizante fue vigorosamente repudiada, desde la izquierda, por las masas radicalizadas que retomaban a su eje revolucionario tradicional y que habían ganado las calles para imponer, mediante la acción directa, soluciones a sus problemas cotidianos; y también desde la derecha por los grupos gorilas fascistas, en ese momento la expresión más acabada de la parte más cavernaria de la clase dominante (particularmente de un sector de los empresarios privados), que se les antojaba que el verificativo de las elecciones importaba dar luz verde al desenfreno comunista de los explotados. El escenario aparecía, a simple vista, dominado por el choque entre la democracia y el fascismo, éstos, como recordó el POR, no son más que formas gubernamentales del Estado burgués. Ni los “demócratas”, incluidos sus seguidores de izquierda, ni los generales gorilas buscaban una transformación cualitativa, de clase, del Estado; todos ellos, los que se afanaban por abandonarse a la papeleta electoral y los que sostenían que las elecciones estaban ya viciadas y amenazaban con desenvainar sus sables, decían que su marcha por caminos tortuosos y diferentes les llevaría indefectiblemente a la defensa de la sacrosanta democracia. No hay que engañarse, el violento choque entre gorilas y democratizantes fue, en gran medida, la pugna entre diversos sectores de la clase dominante por adueñarse del aparato estatal, por afianzarse como instrumento de opresión en manos de la burguesía contra la mayoría nacional. La contradicción fundamental fue planteada entre el gorilismo y las masas que amenazadoramente se incorporaban a la lucha. “Demócratas” y fascistas dieron su propia respuesta a la necesidad que tenían de embridar a los explotados que más amenazadoramente comenzaban a dominar el escenario. Los primeros estaban seguros que con ayuda del parlamentarismo y del control burocrático de las organizaciones de masas, lograrían encasillar a éstas dentro de las normas de la democracia burguesa, de manera que quedasen inmovilizadas y sirviendo los fines burgueses de manera indefinida. Los gorilas se encaminaban sobre todo a destruir físicamente, a las organizaciones obreras y populares, y para efectivizar sus planes estaban obligados a pulverizar también a las agrupaciones democráticas. Estas últimas, como quiera que su acceso al poder pasaba por la victoria electoral, debían apoyarse en alguna, forma en la propia movilización de la mayoría del país, lo que no suponía que en su momento no concluyeran aplastándola violentamente, esto no bien se tomase peligrosa para su estabilidad.

Poco antes del verificativo de las elecciones generales, el golpe de Estado, cuyo dirigente más visible era ya el general García Meza, estuvo a punto de estallar y fue contenido por la intervención directa del embajador norteamericano.

Esta descarada y abierta injerencia de la metrópoli opresora en la política interna de la semicolonia se la hizo a nombre de la democracia y nadie desde la izquierda, si se exceptúa el categórico pronunciamiento del POR, acertó a repudiar la política norteamericana. “Izquierdistas” y demócratas respiraron a pulmón lleno y afirmaron estar seguros de la llegada de las elecciones, que para ellos equivalía a la misma consolidación de la democracia y a la satisfacción de todas sus ambiciones, todo bajo la todopoderosa protección de los Estados Unidos. Los “izquierdistas” echaron por la borda a Marx y Lenin.

La UDP, para los «izquierdistas”, la encamación misma del proceso electoral, se esmeró en desmovilizar a las masas y sintetizó su programa en el slogan del paso pacífico de la dictadura a la democracia. Para el hipotético caso de un golpe propuso nada menos que la resistencia civil pasiva. El apego reverente a la ley, uno de los presupuestos del respeto a la propiedad privada, se exageraba con fines propagandísticos y para impresionar bien a los Estados Unidos de Norte América. Sería absurdo sostener que dicho frente ignoraba que los gorilas preparaban febrilmente sus planes golpistas, pero estaba seguro que la amalgama del voto bien dirigido con la decidida actuación del imperialismo en favor de la democratización, sería suficiente para desarmar el aparato montado por los generales fascistas. Sin embargo, esta desmovilización se convirtió, precisamente en uno de los elementos que contribuyeron al éxito del cuartelazo del 17 de julio. Para ellos, el apoyo de la administración Cárter al proceso democrático hacía definitivamente imposible el golpe fascista, los más convencidos de ello eran los “izquierdistas” enfeudados al democratismo burgués. Sencillamente era imposible que los militares de la semicolonia violentaran los deseos del amo del norte. El esquematismo de esta forma de razonar perdía de vista que el sometimiento del país atrasado a la metrópoli imperialista es antes que nada una realidad económica. El manipuleo político del país atrasado por el imperialismo es una consecuencia del control económico del segundo sobre el primero y no a la inversa, es por ello que aunque parezca difícil no es imposible, como ha ocurrido, que los fascistas bolivianos materialicen el golpe a pesar y contra los deseos del gobierno Cárter, lo que no significa que vayan a romper los lazos de dependencia económica. Todo lo contrario, uno de los puntos centrales del programa del gobierno gorila no es otro que el de dar las más amplias garantías y el clima adecuado para la inversión de capitales es decir para el saqueo imperialista.

Este falso convencimiento fue el que impidió que los burgueses democratizantes y los izquierdistas pro burgueses, vieran que García Meza, a la luz pública, había creado un aparato golpista en el que se habrían creado ambiciones desmedidas y en el que se había invertido mucho dinero al punto que no bastaba una simple orden del Departamento de Estado para que desapareciera del escenario sin resistencia. Este aparato tenía vida propia, caminaba por su propios pies a pesar de todas las razones que en contra del golpe esgrimían los políticos burgueses para convencerlos de que no era viable ni conveniente el golpe.

Quiroga Santa Cruz, el más izquierdista de la «izquierda» pro burguesa, al ingresar a la COB para la reunión del CO-NADE declaraba a la prensa que el levantamiento en Trinidad no era más que una aventura sin ninguna perspectiva y desauciaba toda posibilidad de triunfo al golpe porque: las condiciones internacionales no lo permitirían. Mientras después, ese golpe imposible, cobraba su primera víctima en la persona del líder del PS 1.

Los grupos burgueses democratizantes en general y los «izquierdistas» que los seguían se jugaron del todo a las elecciones y deshecharon airados todas las actitudes y acciones que pudieran obstaculizarlas, que se convirtiesen en pretexto para justificar el golpismo, como si éste hubiera necesitado realmente pretextos de existencia efectiva para ser desencadenado. Cuando los golpistas creyeron que las condiciones estaban maduras para sus operaciones, sacaron de la manga del saco el justificativo traído de los cabellos de la existencia de una descomunal conjura comunista con la ayuda de URSS y de Cuba. Al no apoyarse en la movilización de las mayorías, los «demócratas» comenzaron capitulando ante el gorilismo conspirador, contribuyeron a eliminar del escenario a la única fuerza que podía terminar con la amenaza gorila: las masas dirigidas por el proletariado. No es que creyeran sinceramente en las bondades de la democracia formal, los más de ellos desde el poder se esmeraron en establecer regímenes de corte nítidamente dictatorial, estaban confiados que el poderío norteamericano concluiría convirtiéndose en el basamento de un gobierno democrático boliviano.

Esto explica el que prácticamente casi todos los partidos se hubiesen concentrado en el CONADE, un bloque político de largo alcance estructurado alrededor de un programa burgués y con contornos limitadamente democratizantes y electoralistas. CONADE pretendió jugar el papel de chaleco de fuerza de los explotados y prácticamente actuó como un importante canal por el que se difundía la política burguesa, con muchas posibilidades de impacto en el seno de las masas. Este frente declaró pomposamente que recurriría a la huelga y al bloqueo de caminos por los campesinos en caso de que un golpe de Estado buscase truncar o deteriorar el «proceso de democratización». La resolución, aparentemente radical, no pasaba de ser eso: una resolución para no ser cumplida debidamente, pero que podía funcionar como una seria amenaza lanzada al gorilismo para que no efectivizara sus planes golpistas. CONADE no preparó debidamente las acciones que anunció y ni siquiera había designado una dirección clandestina que fuese capaz de orientar las acciones en caso de represión, de clandestinidad, de una prolongada guerra civil, etc. Descabezarlo fue cosa de niños para los generales.
CONADE, mientras tuvo vida y pudo actuar públicamente, tuvo algún éxito en el propósito de subordinar a la clase obrera a la burguesía y al parlamentarismo: en cierto modo la inmovilizó y jugó el papel de freno en la lucha por sus reivindicaciones inmediatas, de la misma manera que la COB, cuyo equipo burocrático estaba controlado por la UDP.

No puede haber la menor duda de que la clase obrera y las masas en general precisaban constituir un frente político, que pudiese ser la palanca que impulsase aún más su movilización y la dirección que les asegurase la victoria. No se ponía en duda la urgencia del frente sino que la discusión se centraba acerca de su orientación política y de su dirección. Los partidos de «izquierda”, que tercamente se empecinaban en permanecer dentro del democratismo burgués, imprimieron contornos populares y «revolucionarios” al CONADE, lo que contribuyó a que volviese a frustrarse la conformación del frente antiimperialista dirigido por el proletariado, es decir, de una de las condiciones para la victoria de la revolución.

Cuando el golpe gorila encabezado por García fue frustrado por la acción del embajador norteamericano, aquel resultó enarbolando la bandera de la autodeterminación de los pueblos, sobre todo porque los demócratas e «izquierdistas” aparecieron como filo imperialistas. Lenin enseñó en la IC que era indispensable saber distinguir entre nación oprimida (semicolonia o colonia) y la nación opresora (metrópoli imperialista) y que siendo la liberación nacional uno de los objetivos capitales de la primera se debía rechazar toda injerencia colonizadora u opresora del imperialismo. Un oportunismo chato y la certeza de que una real república democrática no puede darse contra la voluntad del explotador foráneo llevó a la gente concentrada en CONADE a colocarse a la cola del imperialismo intervencionista. La actual conducta de la UDP no es más que la continuación de esta política.

Los sectores revolucionarios tenían la esperanza de que las organizaciones de base de CONADE pudiesen actuar revolucionariamente, de acuerdo con la estrategia del proletariado, y así dar una orientación no burguesa a dicha institución. No ha habido el tiempo suficiente para probar las bondades de dicha táctica.

Cuando a los observadores se les antojaba que la cúpula de las fuerzas armadas había perdido la batalla, éstas remitieron una sugerente carta abierta a la Presidenta y cuyos alcances no supieron comprender debidamente los políticos profesionales que se habían embriagado con su propia palabrería democratizante. En dicho documento se pedía el aplazamiento del verificativo de las elecciones por lo menos por un año, por no haber sido debidamente preparadas, porque se observaban muchas deficiencias y menudeaban las acusaciones de fraude. El general Banzer a la sazón en Buenos Aires, se mostró molestado por tal actitud y mucho más si para ello no había sido consultado. Hasta ese momento venía moviéndose como el virtual director intelectual del equipo golpista, posteriormente será posible percibir profundas fisuras y contradicciones en las altas cumbres castrenses. Banzer apostaba también a las elecciones y sus seguidores, algunos doctores que a la sombra amasaron grandes fortunas, en público difundían generosamente sus protestas de adhesión a la democracia y de respeto a la voluntad popular; equivocadamente o no, ADN parecía estar segura de alcanzar el control del poder con ayuda de las elecciones y el juego parlamentario, tal vez alentada porque el juicio de responsabilidades a su jefe le permitió convertirse, en cierto momento, en polo aglutinante de la atención de la derecha y prácticamente llegó a tragarse a la militancia y audiencia tradicionales de FSB. En vísperas del cuartelazo, el grupo de García Meza ya estaba en posiciones muy diferentes a las sustentadas por Banzer y muy pocos percibieron que podía golpear sin pedir la venia a este último. Seguramente fue éste uno de los factores que contribuyeron a desorientar a los políticos acerca de los verdaderos proyectos de los dueños del Alto Mando: Banzer estaba empeñado en sacar todas las ventajas posibles de la cantidad de votos que había acumulado, aunque las cifras no alcanzaron a sus expectativas.

Los asesores norteamericanos y la CIA se limitaban a observar los acontecimientos desde el balcón. Los servicios de inteligencia castrenses y la elaboración y retoque de los proyectos de operaciones que llevaron a las jomadas del 17 de Julio, pasaron al control directo de un equipo de militares argentinos y elementos de la Policía Federal, dirigidos por el Tte. Cnel. Durand. El temible Luis Arce Gómez se movía como la figura visible de las tenebrosas maquinaciones que en las sombras realizaban esos elementos foráneos. Muchos agentes de la Sección II de las FFAA y los jefes de los grupos paramilitares habían recibido entrenamiento en la triple A. La escuela de inteligencia del Ejército estaba también dirigida por quienes habían sido enviados por los órganos de represión del vecino país y algunos de los bolivianos que oficiaban de catedráticos pasaron luego del golpe a desempeñarse como ministros de Estado. Las campañas terrorista y publicitaria digitadas por el Alto Mando pecaron de extrema torpeza y era posible percibir las manos de extranjeros y de políticos poco avezados. El plan consistía en dar la apariencia de que la descomunal ola dinamitera había sido desencadenada por el comunismo (para fines propagandísticos la UDP era presentada como sinónimo de ultraizquierda), en proporción suficiente para que las operaciones golpistas apareciesen como necesarias para precautelar la integridad nacional y democrática. Ni siquiera el sainete del “descubrimiento” de tres elementos vinculados a una organización “izquierdista” como autores de los dinamitazos llegó a convencer a nadie que las granadas no salían de los almacenes militares

Por si fueran pocos los indicios de que el golpe era inminente e inevitable en medio de la euforia democratizante, los generales García, Bernal, etc. se dieron la tarea de proclamar a grito pelado que el ejército estaba obligado a salir en defensa de las virtudes patrióticas y ciudadanas en caso de existir indicios de desvirtuación de las elecciones o de avance de los efectivos comunistas.

El trágico 17 de Julio

A las 6 de la mañana de este día la poco importante guarnición militar de Trinidad, en el Norte del país, se levantó en armas, lanzando una proclama a todo el país en la que se desconocía el gobierno Gueiler y demandaba la anulación del resultado de las elecciones, todo para evitar que el país cayese en manos del comunismo y así defender la democracia. Con anterioridad hubo una actitud similar en la misma región y que fracasó rápidamente.

Cuando las radioemisoras difundieron la noticia muy pocos percibieron su gravedad y los que estaban seguros que nadie podía desconocer el resultado de las elecciones no daban crédito a sus oídos. Esto explica por qué el CONADE y los partidos democratizantes, más sus aditamentos izquierdistas, tardaron tanto en volver a la realidad y lanzarse a aplastar el golpe gorila que marchaba apresuradamente y con paso seguro tras el logro de los objetivos que se había fijado. Un obrero de Colquiri, en su relato sobre estos acontecimientos, sostiene: “El día 17 la población, como el mismo centro minero, amanecieron luego de que, como todos los años, festejaron a la virgen del Carmen, cuando se consume abundante bebida alcohólica. En estas circunstancias se conoce el movimiento de Beni, al que no se le da mucho crédito…”.

Los pretextos que invocaron los conjurados carecían de importancia, lo evidente era que el golpe estaba ahí, palpable y brutal, ejecutado a sangre fría y con la decisión de imponerse no importa a qué precio. No pocas veces vimos a cabecillas de los cuartelazos dándose la mano con los que oficiaban de portavoces de la voluntad popular, buscando soluciones intermedias, salidas forzadas, todo para evitar el derramamiento de la sangre entre hermanos, etc. Esta vez los fascistas pregonaban su convicción de que la sangre debía correr generosa para poder fecundar una nueva realidad social y así fue.

Los democratizantes y sus seguidores izquierdistas se entretuvieron jugando con ficciones: no ir más allá del apotegma de que todos los hombres son iguales ante la ley, no detenerse a desentrañar el engaño que contiene y pretender resolver todas las dificultades con esa vacuidad, lo que demuestra que los demócratas llegaron a un grado extremo de cretinización; de la misma manera que importa al extremo del cretinismo parlamentario aferrarse a la especie de que ya es presidente constitucional el candidato que logra reunir algunas unidades más de votos que sus contendores, por muy pequeño que sea el volumen de los electores que se atrevieron a apersonarse a las ánforas a depositar las tiras multicolores de papel, que no por descomunales dejaban de ser papeluchos. El fenómeno dominante, con referencia a 1978 y en cierta medida también a 1979, en las elecciones del 29 de junio de 1980 fue la masiva ausencia ciudadana en el proceso electoral y la importante cantidad de ella que mostró su repudio en las mismas ánforas (votos blancos y nulos). La UDP ganó las elecciones, pero quedó en minoría (no más del 20 por ciento de sufragios) con relación al electorado de 2.600.000 ciudadanos. El último proceso electoral, relativamente el más puro de los realizados hasta ahora, resultó tremendamente débil por la poderosa tendencia abstencionista que lo minó internamente. ¿Producto de la propaganda partidista? Ciertamente que no. El hombre de la calle no sólo estaba cansado de las periódicas elecciones que concluían invariablemente en una farsa, sino que la necesidad impostergable de luchar contra la miseria siempre en aumento le colocó de espaldas al parlamentarismo. La acción directa llevó a las masas al descreimiento acerca de las bondades de la papeleta electoral, en las que, contrariamente, confiaban a pie juntillas los burgueses democratizantes y los “izquierdistas” aburguesados. Acertadamente dijo el POR que la tarea revolucionaria en ese momento era el esforzarse por dar un alto contenido político a la poderosa corriente abstencionista, antes de agotarse en la búsqueda de un puesto parlamentario, considerado por los arribistas como una canongía. Esporádicamente se escuchó que algunos grupos derechistas propugnaron el sobre vacío como voto, pero lo hicieron pretextando la defensa de la democracia que se veía amenazada, según ellos, por un descomunal fraude. Sería absurdo confundir o identificar a esas dos posiciones políticas, porque obedecían no sólo a contrapuestas posiciones de clase, sino porque invocaban motivaciones también diferentes.

Lo que queremos subrayar es que la extrema debilidad del proceso electoral se convirtió en uno de los justificativos de los golpistas. La UDP alcanza su mayor popularidad y fuerza electoral en 1978 (alrededor de 700.000 votos) y no supo defender oportunamente su victoria recurriendo a medios no parlamentarios, esto no por una férrea convicción democrática sino para complacer al imperialismo: se puede decir que es entonces que dicho frente puramente electoralista se agota y pierde una coyuntura excepcional para llegar al poder. Una serie de circunstancias, entre ellas el que apareciese ante todos como la mejor opción para oponerse al candidato oficialista-gorila Pereda que era tanto como decir Banzer. La UDP no comprendió el fenómeno y actuó en el futuro como si los votos recolectados constituyesen un compromiso político imperecedero contraído por los ciudadanos. Para las elecciones de 1979 lanzó el slogan del millón de votos y los escrutinios demostraron que había disminuido su influencia electoral con referencia al año anterior. En 1980 apenas si sobrepasó los 500.000, pese al natural crecimiento de la ciudadanía apta para sufragar. Pese a todo, siguió siendo la fuerza política ganadora; pero, al no contar con la enorme fuerza interna que nace de saberse apoyado multitudinariamente se abandonó íntegramente en manos del presidente imperialista Cárter y del apoyo al proceso de democratización por parte de los gobiernos latinoamericanos.

Al promediar el medio día se realizaron sincronizadamente vastos operativos castrenses en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, la primera sede del gobierno y la segunda económicamente importante aunque no desde el punto de vista militar.

La realidad se presentaba desconcertante:

Se habían realizado las elecciones generales y de su vientre nació el golpe gorila.

El coronel Natusch (primero de noviembre de 1979) y el general García Meza consumaron sus golpes de Estado invocando la urgencia de preservar la integridad del proceso de democratización iniciado en 1978 y rectificar radicalmente las deformaciones sufridas por el parlamentarismo. El coronel estaba seguro que sus consignas correspondiesen o no a sus ideas más profundas, y sus primeras actitudes (no tomó presos, garantizó la libertad de prensa, el funcionamiento del parlamento, etc) le permitirían ganar el apoyo y la confianza de los sectores mayoritarios del país y ser apoyado por el mismo Legislativo, no olvidemos que el golpe contó con el apoyo inicial de Paz Estensoro. Ya entonces los alzados se vieron colocados en una difícil situación cuando el Departamento de Estado desahució públicamente la actitud asumida por los militares.

El general demostró desde los primeros intentos que su plan consistía en descabezar a las organizaciones políticas democráticas e izquierdistas y también a los sindicatos, inmovilizar a las masas y acallar violentamente a todo el país; las declaraciones de adhesión a la democracia no pasaban de ser palabras dichas a veces en tono de sorna para encubrir la impresionante brutalidad de las acciones. Todo había sido minusiosamente planificado y los actores se limitaron a cumplir los papeles que con anterioridad se les había asignado. Si tanta sangre corrida, los asesinatos, las torturas con métodos refinados, etc. no rodeasen de una descomunal dramaticidad a estos acontecimientos, nos había ganado la tentación de decir que se había montado el tinglado para que en medio de una farsa fuese coronado el mandarín de turno. No. El pueblo boliviano volvió a vivir una de sus grandes tragedias, de las que sin embargo, invariablemente sale fortalecido y rejuvenecido.

Todos esperaban que en el hipotético caso de producirse la locura del golpe de Estado sería protagonizado por elementos uniformados. García Meza después de haberse impuesto como Comandante General, estuvo muy atareado ajustando los mandos de tropa y los cargos claves de las FFAA como quien limpia su arma antes de entrar a la acción. Por esto mismo, los opositores no ocultaban que habían realizado su propio trabajo entre los oficiales y que, en determinado momento, podían inclusive inmovilizar al ejército.

Contrariamente, el grueso de los uniformados fueron marginados del asalto del poder. Grupos paramilitares, ocupando ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social, asaltaron simultanea-mente el local de la Central Obrera Boliviana, ubicado en el paseo del Prado, y el Palacio de Gobierno (Plaza Murillo), en plena luz del día y en medio de espectadores que quedaron turulatos por la veloz sucesión de los acontecimientos, cronometrados al segundo.

La Sección II, dirigida visiblemente por el coronel Luis Arce Gómez, aunque entre bambalinas todo estaba planificado y resuelto por el equipo argentino y policías experimentados como el ministro coronel Loayza, fue organizando cuidadosamente grupos paramilitares, que probaron el grado de su organización en la campaña terrorista, en el ajusticiamiento de algunos opositores y otras acciones similares. La técnica que demostraron en los asaltos fue del más alto nivel y en muchos aspectos recordó a la triple A. Algunos de los cabecillas prestan sus servicios en el ejército y seguramente también actuaron, perdidos en medio de los fascinerosos, algunos oficiales vestidos de civiles.

Otro grupo de paramilitares asaltó el Palacio Quemado y se llevaron presos al Estado Mayor a la Presidenta Gueiler y a sus ministros, que se encontraban reunidos pretendiendo encontrar alguna fórmula que les permitiese llegar como gobernantes al 6 de agosto.

La universidad, uno de los centros peligrosos de actividad de los izquierdistas todavía siguió funcionando a medias hasta que conocieron los primeros datos de la acción relámpago de los paramilitares. La ocupación pacífica de las instalaciones de la UESA tuvo lugar a las 14 horas. Las organizaciones estudiantiles lanzaron pronunciamientos de repudio al golpismo y los estudiantes se apresuraron en levantar barricadas en las calles adyacentes a los predios universitarios, que más tarde las tanquetas vencieron con mucha facilidad. Los directores de la asonada habían meditado una maniobra que luego fue utilizada a fondo como justificación por las fuerzas armadas en el poder, esto, inmediatamente después del verificativo de elecciones generales: la renuncia de la Presidenta “constitucional” (la propaganda posterior sostuvo que de constitucional no tenía nada) y la entrega del poder al Alto Mando. En el momento de escribir estas notas no es posible establecer con toda nitidez las circunstancias en las que se produjo dicha renuncia, que, arrancada a la fuerza o no, lleva a su punto culminante las relaciones de la
Presidenta constitucional con el grupo de gorilas golpistas.

La Gueiler intentó consolidarse como autoridad bajo la amenaza y la tolerancia concertada del Alto Mando y particularmente del equipo de García Meza, que socarronamente dijo en alguna oportunidad que era primo de la Presidenta. Todo hace suponer que ésta pidió una gracia a sus verdugos: que le dejasen sobrevivir hasta el 6 de agosto y darse el lujo de transmitir el mando al ganador de las elecciones.
Corren rumores de que los conjurados se limitaban a recibir con sonrisas burlonas los ruegos de la dama.

Ciertas o no estas versiones, lo evidente es que la primera cabeza del Ejecutivo era una virtual prisionera de las fuerzas armadas ¡Y todavía se hacía correr un torrente de verborrea acerca de las promesas democráticas para el futuro inmediato! La Gueiler juró una y mil veces que ofrendaría su vida para poder consolidar lo que consideraba su máxima proeza: estructurar un Estado moderno conforme a las normas de la democracia formal. Más tarde dirá que no pudo vencer el terror que le produjo una pistola apuntando su pecho.

En las últimas semanas que precedieron al golpe, el gobierno convirtió al Alto Mando en un niño mimado y secretamente la señora Gueiler tomó para sí la tarea de halagarlo a fin de poder aminorar el Ímpetu que ponía en la preparación de los planes golpistas. Los recursos estatales prácticamente se habían agotado, al extremo de que no se encontraba dinero para pagar los sueldos y por decreto se obligó a las empresas cerveceras, las únicas prósperas, a depositar semanalmente en las oficinas del Tesoro el importe de los impuestos a los que están obligados. Pese a todo, la Presidenta obsequió un avión al Alto Mando y dispuso la adquisición de dos cargueros con el mismo fin.

El sentido común aconsejaba que la operación de asalto al poder se realizase después del deterioro del gobierno de la UDP (podía presumirse que se diese a breve plazo debido al tremendo malestar económico), cuando grandes sectores de la población ya no pudiesen ocultar su descontento y oposición al nuevo régimen, o bien aprovechando al inevitable conflicto político e institucional que se motivaría en ocasión del cambio del Alto Mando, particularmente del Comandante General, al que se habría visto obligado Siles. En estos casos el cuartelazo habría sido más popular y tenido mayores posibilidades de arrancar el consentimiento del imperialismo. Como se sabe las cosas sucedieron de otra manera. El descomunal aparato montado por los gorilas se movía por su propio impulso, arrastrando a quienes lo habían engendrado; las ambiciones de los grupos y personas comprometidas en la conjura obligaron a precipitar los acontecimientos. El retardo de las operaciones podía concluir desquiciando a la cumbre golpista y ya se perfilaban figuras de reemplazo de García Meza, una de esas era, precisamente, el banzerista coronel Mario Vargas, dueño y señor en ese momento de la guarnición de Cochabamba. Todo este cúmulo de circunstancias explican por qué se precipitó el golpe faltando 20 días para la transmisión constitucional del mando presidencial.

Había transcurrido gran parte de la mañana del 17 de julio y recién la dirección de CONADE atinó a reunirse en el local de la COB, después de una convocatoria por radio y en forma pública, sin que se hubiese tenido el cuidado de montar el menor operativo de seguridad, lo que viene a demostrar que se consideraba dueño de la situación, con la intención de aventar a los insurrectos de Trinidad con un enérgico comunicado, en el que, como era ya habitual menudeaban las amenazas. CONADE y la alta dirección de la COB no pasaron a ocupar su lugar en las trincheras de la lucha, se limitaron a aprobar mecánicamente el enésimo pronunciamiento de adhesión a los principios abstractos de la democracia. Se consideraban ya usufructuarios de la victoria electoral de la UDP y se limitaban a buscar los medios que les asegurasen llegar sanos y salvos al ceremonial de transmisión del mando presidencial. Los paramilitares se llevaron a todos los que asistían a la reunión y a sus ilusiones, entre ellos a Lechín, a los dirigentes sindicales y políticos, al cura Tumiri, a la secretaria, a la chica que servía el café, a los periodistas, sólo una o dos personas lograron escapar. Marcelo Quiroga, según la versión de un periodista que estuvo preso, sacó de su bolsillo un arma de fuego, la dejó en la mesa y advirtió que estaba desarmado, en ese momento algunos paramilitares pretendieron sacarlo del grupo y él se aferró a sus compañeros, es entonces que fue ultimado a balazos. Más tarde se difundió la especie de que cayó después de haber disparado contra un «capitán» del ejército. Una edición clandestina de “Aquí” sostiene que fue llevado herido a las dependencias militares y ultimado en ellas.

Las autoridades difundieron la especie de que en la COB se registró un choque entre un grupo civil nacionalista y los extremistas. Los prisioneros fueron conducidos al Estado Mayor y encerrados en las caballerizas, tirados boca abajo sobre el estiércol, con las manos en la nuca sin poder moverse y hablar porque soldados armados les impedían hacerlo. Así permanecieron durante la tarde del jueves 17 y parte del viernes. Algunos fueron bestialmente golpeados y otros heridos. A los ministros también los trasladaron a dependencias militares, donde fueron colocados de plantones, como soldados rasos, algunos posteriormente concluyeron presos en sus domicilios y otros continúan en poder de los órganos de represión hasta el momento en que escribimos estas líneas. Según un cable de AP («Presencia” 3 de agosto) en la redada ejecutada en el Palacio de Gobierno cayeron 24 periodistas que se encontraban cumpliendo sus tareas rutinarias.

Las radioemisoras tuvieron algún tiempo para informar sobre los sorprendentes acontecimientos, lo hicieron de manera parcial e incoherente. No se precisaron muchas horas para que sus instalaciones fuesen ocupadas militarmente. Después se denunció que la radio Fides (católica) y San Gabriel (protestante) fueron asaltadas y la primera destrozada, donde apresaron a todo el personal que encontraron en las oficinas ubicadas en el colegio jesuita San Calixto. «Ultima Hora” alcanzó a lanzar a la calle su última edición de la temporada que la población hizo desaparecer casi instantáneamente. Los periódicos, sin excepción, fueron también puestos bajo severo control militar y herméticamente silenciados.

La técnica que emplearon los gorilas demostró ser muy refinada. Un tenebroso silencio facilitó el cumplimiento de todas las operaciones del golpe. Las informaciones hacia el exterior fueron también cortadas en su flujo normal. Efectivos militares y elementos de los servicios de inteligencia se apostaron en las oficinas de radiocomunicaciones y se prohibió terminantemente el envío de cables. Finalmente, el aeropuerto de El Alto fue cerrado. Bolivia quedó momentáneamente aislada del mundo, aunque tanto necesitaba ligarse a él. Pese a todo las radios de otros países destilaban con dificultad una que otra noticia; fueron las mineras las que comenzaron a informar a la ciudadanía acerca de todo lo que venía sucediendo, una información deficiente, pues no contaban con corresponsales en el interior del país y, las más de las veces se limitaban a repetir lo que captaban del exterior.

Menudearon las redadas, los apresamientos masivos, inclusive de gente desvinculada de la política, las ejecuciones sumarias, las torturas y el desmantela-miento de domicilios particulares y de oficinas fiscales (Corte Electoral, por ejemplo) y privadas, todo en medio de un total silencio aunque a plena luz del día. La carencia de informaciones dio ancho margen para que proliferasen los rumores, las insinuaciones mal intencionadas, las pequeñas hojas conteniendo noticias que se decían ser las últimas y que invariablemente llevaban al pie la inscripción de «saque copias y haga circular”. Solamente entonces se comprendió en toda su magnitud la gran importancia de los medios de difusión, su enorme poder para formar la opinión pública y también su potencialidad subversiva. Fue impuesto el toque de queda desde las 21 hasta la 6 de la mañana. Las tropas hacían vomitar fuego a sus armas toda vez que veían caminar a alguien después de la hora señalada, todo como en los dominios de Pinochet. Cada noche caían decenas y decenas de hombres, mujeres y niños por haberse atrevido a romper la orden militar.

La Junta de Comandantes y el Gobierno de las FFAA

A las radioemisoras silenciadas sustituyó una cadena para todo el territorio denominada “nacionalista” y timoneada por el castrense Batallón Colorados, que difundía únicamente noticias de los asaltantes del poder y música folklórica boliviana. La excesiva torpeza de las informaciones oficialistas permitía adivinar lo que realmente estaba ocurriendo.

El día 18 los bolivianos se informaron que desde la víspera estaban gobernados por una Junta de Comandantes de las FFAA (generales Armando Reyes Villa, Waldo Bernal Escalante, Luis García Meza, Contra Almirante Ramiro Terrazas Rodríguez), que se habría constituido según informes proporcionados por la nueva institución, después de que la Gueiler hizo entrega de su dimisión al ejército. Sólo más tarde, el 21 de Julio El Diario registró el texto de esta nota llamada a convertirse en la pieza clave de los intentos militares por legitimar el cuartelazo:

«A los señores generales Comandante en Jefe y Comandantes de Fuerza de las FFAA de la Nación.

Presente.

Señores generales:

En todo momento, el pueblo boliviano y el Alto Mando Militar han tenido conocimiento de la permanente preocupación que ha guiado todos y cada uno de mis actos, de conducir al país por la senda de la democracia y la convivencia pacífica.

Con esta decisión hice cuanto estuvo en mis manos para conducir a la ciudadanía a elecciones generales, aún, por encima del llamamiento histórico que en su momento hicieron las FFAA de la Nación para reencauzar el proceso electoral. Invoqué patriotismo y desprendimiento en procura de una solución que significara un reencuentro nacional, con la única mira de precautelar el porvenir de la democracia en libertad y justicia social. Debo confesar con amargura que mi exhortación al entendimiento no mereció una respuesta adecuada en función de la realidad que vivíamos.

Contra la permanente acusación a mi gobierno de falta de coherencia y ausencia de poder, impuse el diálogo y la persuasión como medio encaminado a evitar que circunstanciales intereses se antepusieran a los objetivos trazados por mi gobierno.

He intentado llegar hasta el final del camino con el deseo de cumplir con mi pueblo, pero, ante los hechos que se hallan más allá de mi capacidad, creo de mi deber evitar días dolorosos y luctuosos para el pueblo.
Por ello, consciente de mi responsabilidad de gobernante, me corresponde expresar con absoluta consecuencia con mis ideales, que me veo ante la circunstancia de tener que renunciar con gran sentimiento a la Presidencia de la República, resignando dicho mando a las FFAA de la Nación.

En la esperanza de que en su condición de representantes de las FFAA de la Nación, sabrán actuar a la altura de este momento histórico y por los senderos que nos han señalado los Manes de la Patria, los saludo con mis consideraciones más distinguidas.

Dios salve a Bolivia.

Lydia Gueiler Tejada, Presidenta constitucional de la República”.

Será más tarde que se pueda establecer en qué medida los golpistas dictaron el documento, aunque hay párrafos que expresan a cabalidad el espíritu mesiánico que se apoderó de la mujer que estaba segura de estar haciendo historia perdurable. El acápite que habla del «llamamiento histórico que en su momento hicieran las FFAA a la Nación para reencauzar el proceso electoral” y el empleo de la frase “resignación» del poder en favor del ejército, exteriorizan perfectamente los planes y los intereses del gorilismo. Acaso lo exacto sería decir que hubo una conciliación de puntos de vista. En fin, con el tiempo podrá decirse toda la verdad, por ahora el protagonista sigue en la nunciatura, pese a haber recibido su pasaporte para viajar al exterior, seguramente en espera de que pase el 6 de Agosto, y el cronista se mueve dificultosamente en las catacumbas de la obligada clandestinidad. «El Diario» del 6 de Agosto insertó la siguiente declaración de la Gueiler que echa luz sobre el tema que tratamos:

«Santiago, 3 (APF).- La ex presidente de Bolivia, Lydia Gueiler, afirmó que el golpe de estado dado por el general Luis García Meza comenzó a gestarse cuando éste la obligó a nombrarlo Comandante en Jefe del ejército, según se informó hoy aquí.

En la entrevista exclusiva concedida por la ex mandatario al diario La Tercera de esta capital, cuando, se encontraba asilada en la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en La Paz, Lydia Gueiler dio a conocer algunos entretelones de la acción que el 17 de Julio pasado la marginó del gobierno. ‘El quería ser presidente y se estaba preparando para eso desde que asumió la jefatura del Colegio Militar’, aseguró la ex Jefe de Estado de Bolivia.

Indicó que fue obligada a firmar su renuncia a las 23.00 de ese día. ‘Si le digo que me pusieron la pistola al pecho, le digo poco’, expresó al enviado de La Tercera.

Luego de esto, fue sacada de su casa en un vehículo militar fuertemente armado y copiosamente escoltado ‘como si se llevaran con ella todo el Tesoro de la Nación’ en el decir de su secretario –agregó el periódico.

Lydia Gueiler manifestó que ‘no había por qué dar este golpe, nada lo justificaba ahora… ni el fraude electoral del que ellos hablan, ni el caos que no existía… pudieron esperar a ver qué pasaba con Hernán Siles Zuazo… tres o cuatro meses habrían bastado. A lo mejor la oposición que le iban a hacer al gobierno de la UDP, iba a impedir que Siles gobernara y entonces muchos se habrían alegrado del golpe…pero ahora…’

Afirmó que Siles Zuazo le había confiado que tras una entrevista sostenida después de la elección con el general García Meza, éste le prometió que no habría golpe de estado y que el proceso de democratización se respetaría.

‘El (Siles Zuazo) estaba convencido de que no habría golpe, porque así se lo habían asegurado los altos mandos militares’, agregó Gueiler.

La ex presidente de Bolivia indicó que García Meza contó con una excelente asesoría para llevar a cabo su acción. El jamás estuvo en La Paz. Siempre cambió de residencia y, ‘ya ve ud. que hasta su mujer v sus hijos no estaban en La Paz. Adios los mandó a Lima’ agregó.

Lydia Gueiler no se pronunció sobre si el general García Meza habría recibido ayuda de un país sudamericano para llevar a cabo su acción militar. ‘Yo eso no puedo responder… imagínese, con lo mucho que quiero a Chile, con lo mucho que los quiero a ustedes, quisiera contestarles pero no puedo’, expresó.

Lydia Gueiler, que vivió durante muchos años en Santiago de Chile, señaló su propósito de regresar algún día al país (Chile), pero antes viajará por Miami, para llegar luego a París donde se encuentra con su hija.

La ex mandatario concluyó que durante sus ocho meses de gobierno pudo hacer grandes progresos en el bienestar de los bolivianos y ‘mi meta era entregarle el mando de la nación a la persona que el pueblo designare… faltaban 20 días para que eso se cumpliera, por suerte, siempre dije que hasta aquí nomás llegaba, que yo creía, que había cumplido en cierta medida mi misión. Con esto abandono definitivamente la política”.

Todo se desarrolló conforme a un plan meticulosamente elaborado. Un cable de la UPI (18 de Julio) hizo saber que “La señora Gueiler, en una dramática alocusión por la radio militar, renunció a la Presidencia de la República dejándola en manos de las FFAA”.

Dos palabras sobre la señora que llegó a la presidencia con el rótulo de “constitucional”.

Lydia Gueiler es sobre todas las cosas, la ambición y el arribismo hechos mujer, caso típico de la pequeña burguesía. Esos rasgos personales encontraron el marco adecuado para desarrollarse dentro del nacionalismo, cuyas expresiones políticas más diversas la conocieron como mujer dispuesta siempre a hacer algo. No hay por qué extrañarse que a lo largo de su existencia hubiese adoptado las posiciones más contradictorias, al margen de toda consideración principista o teórica, siempre buscando acomodarse a las circunstancias y no importándole a qué precio.

Muy tarde se acordó que desde su lejana adolescencia tuvo inclinaciones socialistas. En el relato de su vida (La mujer y la revolución, 1959) nos dice que cultivó la amistad del universitario comunista José Aguirre G. (muerto en 1938), que será uno de los fundadores del FGR. Si el marxista dejó algunas ideas en la colegiala éstas no llegaron a fructificar en momento alguno.

Durante el sexenio Rosquero (1946-52) se desempeñó como empleada bancaria ocasión en la que se topó con el sindicalismo y se destacó como activista, que eso será por el resto de sus días en las trincheras políticas más opuestas.

Mientras la clase obrera se movilizaba vigorosamente teniendo como norte la TESIS DE PULACAYO, una anticipada réplica al nacionalismo burgués, las capas más impactadas políticamente de la pequeño burguesía desembocaron de manera natural en el MNR, fuerza política que entonces llegó a conocer su etapa de mayor popularidad y que ofrecía a los ambiciosos una carrera casi segura. A comienzos de 1948 la Gueiler juró lealtad al MNR, y desde entonces se moverá describiendo descomunales zigs-zags, pero sin nunca salirse del marco nacionalista. Le recibió el juramento Luis Peñaloza; ex teniente del ejército, que pasó por las filas trotskystas, y que entonces ya se había definido como uno de los dirigentes del ala derechista del MNR.

Llegó a ser una figura femenina de relieve, pero siempre como emeenerrista de derecha. Actuó bajo la dirección de Rios Gamarra y de quienes protagonizaron el golpe contrarrevolucionario del 9 de Enero de 1952. Después de la victoria de Abril hizo carrera a la sombra del poder y llegó al parlamento. Como nacionalista intervino en el movimiento femenino y llegó a la presidencia de UMBO. Zarandeada por la lucha fraccional oficialista, llegó a alinearse junto a Lechín y actuó como dirigente del PRIN. De esta época arranca su leyenda de luchadora de izquierda. No dubitó en romper su partido para ir a aliarse con Paz, en vísperas de las elecciones de 1979, segura como estaba de poder mejorar su carrera. Nuevamente parlamentaria, fue llevada a la presidencia de la Cámara de Diputados como figura decorativa. Después del golpe de Natusch, la casualidad hizo que fuese designada Presidenta Interina, en una salida nada constitucional del impasse político de ese momento y siempre como instrumento del pazestensorismo.

Los militares pusieron al país en “Estado de Guerra Interno” (Cable de UPI), lo que justificaba el toque de queda, la vigencia de la Ley de Seguridad del Estado y las ejecuciones sumarias. El jueves las nuevas autoridades decretaron feriados los días viernes y sábado y convocaron a todos a concurrir a las oficinas y fábricas. Los obreros y sectores de la clase media, a su tumo, estaban seguros de que no asistían al trabajo cumpliendo la orden de Huelga General en oposición a los golpistas. La Junta de Comandantes, o mejor, el equipo de Arce Gómez se empleó a fondo para controlar la situación durante ese fin de semana. En ese empeño arrancó al prisionero Lechín un documento clave: la exhortación a abandonar la Huelga y el Bloqueo de Caminos. La cadena radial nacionalista difundió in extenso el mensaje: “En aras de la paz, que no se ha logrado conseguir a pesar de nuestros esfuerzos y pensando en la inutilidad de un derramamiento de sangre que en determinado momento ocasionaría cualquier resistencia de los bolivianos que no están inmersos en la política; exhorto a los Comités de Defensa de la Democracia a reconsiderar las medidas tomadas con respecto al Bloqueo de Caminos y a la resistencia civil en todo el país. No quiero que esta exhortación se considere como una traición a la clase trabajadora por la que siempre he luchado, sino que por el contrario como un intento de parar los ríos de sangre que se ciernen sobre nuestro país. Volveremos a hablar de nuestros problemas y ambiciones en otro momento, pero ahora evitemos derramar inútilmente sangre obrera. Vuelvo a repetir: Exhorto a los campesinos, obreros, al pueblo en general a abandonar los bloqueos y la resistencia civil.
Juan Lechín O., La Paz, 17 de Julio de 1980.”

Dentro del país todos estaban seguros que el documento había sido fraguado y en el exterior se tenía el mismo criterio.

En el testimonio de un obrero de Colquiri se lee: “El ejército estaba buscando cómo debilitar la resistencia, en el Ínterin se conoce que Siglo XX-Catavi habrían firmado un convenio de suspensión de la Huelga, la gente no cree, como no cree en la declaración de Lechín, el ánimo de los trabajadores sigue firme, al igual que en Viloco y otras pequeñas minas con las que tenemos contacto”.

Circularon los más variados comentarios acerca de la forma como se arrancó la declaración-clave al dirigente obrero. Los más dijeron que fue bestialmente golpeado, que se lo colocó al borde de la muerte.
“Aquí” sostuvo que se le amenazó con asesinar a su hijo, etc.

El gobierno debutante adopto el rótulo de Reconstrucción Nacional, extrañamente coincidente con el que ostenta el régimen de Nicaragua, que casi inmediatamente después será señalado como enemigo de Bolivia.

El gobierno militar, lejos de repudiar formalmente las formas democráticas, aunque en los hechos ya estaban destruidas, expresó que su objetivo era-nada menos que el establecimiento de un régimen basado en la voluntad popular, sólo que su materialización sería el producto de un largo proceso de preparación. Eso se desprende del documento titulado “Normas Fundamentales del Gobierno de Reconstrucción Nacional”, fechado el 18 de Julio:

“El Gobierno de las FFAA ejecutara las tareas que sean necesarias a la concreción de un proyecto nacional de desarrollo y potenciamiento, tomando en cuenta la seguridad interna y externa:

a) En lo político, sentar las premisas para el establecimiento de la institucionalidad democrática en Bolivia.

b) En lo económico procurar el desarrollo integral de la nación en función del bienestar del hombre boliviano.

c) En lo social, establecer los mecanismos que aseguren la convivencia armónica de nuestra sociedad”.
Todo esto para lograr no sólo el desarrollo y la integridad territorial, sino también para efectivizar el retorno al mar, aunque ya no mediante la guerra como anunciara García Meza con anterioridad, sino mediante la definición de una estrategia especial, es de suponer que en el campo diplomático.

A las protestas de adhesión a los principios de la democracia surgieron las hechas en sentido de que se procuraría “La plena aplicación de la Declaración de los Derechos Humanos y de la ONU”. Tales arengas estaban destinadas a la exportación, buscando neutralizar principalmente a los norteamericanos, pues internamente el terror se implantó sin ningún atenuante; fue el último esfuerzo que hicieron los gorilas para pasar como demócratas.

Se esperaba que luego de descabezado el movimiento sindical las masas podrían ser fácilmente ganadas, por eso se recalcó que se buscaba una sociedad “justa”: “El Gobierno de las FFAA reconoce
la necesidad de crear una sociedad justa en la que los beneficios del desarrollo sean equitativamente distribuidos, incorporando a la vida activa de la Nación a los trabajadores del campo, las minas y las ciudades, para una efectiva práctica de la justicia social, la real participación del pueblo en el proceso democrático…”

Igual que en los días precedentes al golpe, la cúpula castrense se esmeró en aparecer como abanderada de la soberanía nacional: “Reducirá la dependencia externa, además restituirá los fundamentos de la libre determinación y soberanía nacionales, erradicando la desnaturalización política y la subversión y promoviendo la reactivación del desarrollo integral, basada en el examen de las condiciones propias de la Nación, preservando los valores tradicionales y su contenido cultural autóctono”. Aquí ya era posible percibir que los generales esperaban que la masa campesina pudiese convertirse en el mayor soporte social del nuevo gobierno.

En la enunciación de las medidas a tomarse de inmediato no había casi nada nuevo, todos los candidatos que terciaron en las elecciones prometieron lo mismo: Frenar el proceso inflacionario; rentabilidad de las empresas estatizadas; limitación del crecimiento del gasto público; elevación de los ingresos ordinarios y ‘moralización y control de los mecanismos de recaudación tributaria”; programas de “inversión estrictamente prioritarios en el marco de generación de divisas”; adecuación de la “política monetaria a la real capacidad productiva” y orientación del “crédito preferentemente a los sectores productores de bienes”; renegociación de la deuda externa y «política de endeudamiento externo compatible con la utilización de recursos externos en proyectos rentables”; intervención estatal en el ordenamiento del sector privado; “integración territorial del país a través de obras de infraestructura en los campos del transporte, energía eléctrica, comunicación y obras de regadío”; desarrollo minero y agropecuario.

Se puso énfasis en la promesa de adoptar medidas encaminadas al “Desarrollo integral basado en la solidaridad, justicia social, y distribución equitativa de ingresos, con miras a disminuir la desocupación y las marcadas contradicciones propias de países en vías de desarrollo”, que como aseveración tampoco constituye ninguna novedad.

El gobierno dio pruebas de que estaba seguro de que el apoyo campesino podía materializarse solamente a cambio de grandes concesiones, por eso y desde el primer momento, se nota un esfuerzo por delinear un programa de real mejoramiento del habitante del agro:

«Formación de unidades económicas de producción y detener el fraccionamiento de la tierra”. Para los generales esto sólo puede lograrse mediante el desarrollo capitalista en el campo, lo que parece haber sido planteado de manera clan por el presidente García Meza en Orureña (2 de Agosto), cuando dijo que
«Es preciso fomentar el surgimiento de la empresa agrícola” y que se procedería a crear un banco de crédito campesino. Siguiendo las promesas hechas anteriormente por militares y políticos civiles se prometió acentuar la educación, la reivindicación de los valores culturales y la puesta en marcha de la tan pregonada «Universidad Campesina”.

La dictadura militar no ocultó su decisión de actuar como gobierno totalitario:

«En la fase inicial las FFAA asumirán la responsabilidad del gobierno. Dictará los correctivos necesarios y los organismos públicos y de otros niveles estatales y para-estatales a fin de que dimanen eficiencia y anules privilegios.

Decidirá la remoción de los órganos directivos del sector administrativo público, con prescindencia de toda acción político partidaria”.

La cosa no quedó a nivel técnico, sino que la purga se extendió a toda la administración pública y con motivaciones estrictamente políticas. El ministerio del Interior demandó las listas de los funcionarios y se las purgó por los servicios de inteligencia, los más favorecidos fueron sancionados con despidos y otros concluyeron entre rejas.

Hasta ese momento todos, propios y extraños denunciaban en los tonos más diversos la creciente inmoralidad de los funcionarios públicos. Los gorilas no perdieron la oportunidad de aparecer como elementos empeñados en sacar al país del atolladero y de curarle de todos los males: «Aplicará las normas legales que hagan efectivas las responsabilidades referidas al desempeño de la función pública”.

El equipo castrense que se hizo cargo del poder mostraba tremendas contradicciones que pueden dar al traste con todas sus solemnes declaraciones. La cúpula militar arranca de una sociedad tremendamente empobrecida y muchos de sus componentes, con poquísimas excepciones, ya han dado pruebas de su tremenda sed de enriquecimiento y de su inclinación a la inmoralidad. Pese a esto, un gobierno de corte fascista, obligado a resolver los agudos problemas sociales emergentes de una difícil situación económica, no podría menos que imponer drásticas medidas de austeridad y buen manejo de los pocos dineros estatales. Algunos, entre ellos García Meza, se inclinarán por esta conducta, pero motivará resentimientos y resistencia de quienes se vean frustrados en sus ansias de rápido mejoramiento económico. Pocos días antes del golpe, las comilonas, los regalos, los negociados, se convirtieron en otros tantos recursos para unir a los conjurados. En su cumpleaños (8 de Agosto) el general presidente pidió como obsequio una oración para Dios y una hora más de trabajo para la grandeza de la Patria.

En política internacional se prometió el respeto de los tratados y compromisos internacionales contraídos. Se hizo un otro y último esfuerzo por neutralizar a los países vecinos:

“El nuevo gobierno fortalecerá y dinamizará los pactos de integración física, económica y social suscriptos tanto a nivel regional como subregional, en el entendido que los referidos acuerdos deben contribuir al desarrollo y a la unidad de los estados de América Latina”.

Las circunstancias obligaron a subrayar la necesidad de precautelar el principio de no intervención foránea y autodeterminación de los pueblos:

“Debe destacarse la necesidad de afianzar la independencia y soberanía Nacional frente a los intereses y a las pugnas ideológicas de las grandes potencias, evitando que el territorio de la República se convierta en escenario de dichos antagonismos a fin de preservar la seguridad interna y externa del país y el derecho a la libre determinación del pueblo boliviano”.

Un decreto de la Junta de Comandantes emitido en la mañana del 18, designó como Presidente de la República al general de Brigada Luis García Meza Tejada. El general de aviación Waldo Bemal vio así frustradas sus ambiciones de llegar hasta ese cargo. Hubieron roces y acuerdos circunstanciales. Bemal se esforzó durante el gobierno de Gueiler de ganar posiciones como opositor y como posible sustituto de García, puso esmero en endurecer sus ataques al extremismo y a los políticos.

En los días posteriores la Junta de Comandantes siguió actuando, incluso por encima o al lado del equipo ministerial como si fuera una junta suprema de asesoramiento. Si vuelven a presentarse discrepancias de consideración dentro del ejército adquirirá nuevamente enorme importancia decisoria.

Como prueba de que todo había sido anteladamente preparado, por la tarde juraba el primer gabinete golpista (en el otro polo Natusch pasó días y días buscando ministros), constituido en la siguiente forma: Ministro de Relaciones Exteriores, general Javier Cerruto Calderón; Ministro del Interior, coronel Luis Arze Gómez; Ministro de Defensa, general Armando Reyes Villa; Ministro de Planificación, general Oscar Larraín Frontañilla; Ministro de Finanzas, general José Sánchez Calderón; Ministro de Educación, coronel Ariel Coca; Ministro de Transportes, coronel Rene Guzmán; Ministro de Industria y Comercio, coronel Mario Guzmán; Ministro de Trabajo y Asuntos Sindicales, general Augusto Calderón; Ministro de’ Previsión Social y Salud Pública, capitán de fragata Avelino Rivero; Ministro de Minería y Metalurgia, coronel Carlos Morales Nuñez del Prado; Ministro de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, coronel Julio Molina; Ministro de Energía e Hidrocarburos, capitan de fragata Lider Sosa; Ministro de Urbanismo y Vivienda, general Arturo Veizaga Barrón; Ministro de Información y Deportes, Lic. Fernando Palacios; Ministro de Integración, capitán de fragata Francisco Mariaca; Ministro Secretario de la Presidencia de la República, coronel Mario Escobari Guerra.

Como se ve, fue formado un gobierno estrictamente militar, habiéndose puesto especial cuidado en marginar a los sectores políticos, aunque se les presionó para que prestasen apoyo al nuevo orden establecido.

El presidente García leyó un discurso-programa que echa mucha luz acerca de la conducta de los generales oficiando de estadistas. El orador se esforzó por demostrar que no hubo ningún “alzamiento militar”, como se atrevió a calificar el matutino “Presencia” (23 de Julio; este diario volvió a reaparecer recién esa fecha), sino una especie de sucesión constitucional ocasionada por la “voluntaria entrega del poder” hecha por la Gueiler a las FFAA. Reiteró el tema de la vigencia de una auténtica democracia, pero añadiendo la necesidad de hacer respetar la Constitución:

“Para el momento histórico que se vive era necesaria esta actitud de las FFAA, a fin de definir la vida nacional en la estrategia de la seguridad integral con desarrollo y por la defensa del imperio de la Constitución Política del Estado, restituyendo la plena expresión de la voluntad popular manipulada y distorsionada por otro fraude electoral basado en la conculcación flagrante de la Constitución… y de toda la estructura jurídica Nacional”.

Los generales tomaron para sí la representación de la ciudadanía que la suponían desilusionada por el reiterado fracaso de las elecciones y recordando que nunca las avalaron, llegando a sacar la conclusión de “que las elecciones para presidente, vicepresidente, senadores y diputados en nulas de pleno derecho, razón por que los poderes del Estado no podían caer bajo el control de usurpadores de la voluntad soberana y falsificadores de la democracia”. El ejército, actuando como máximo e infalible poder, decreta la anulación de las elecciones y erige su voluntad en ley suprema! Toda esta arbitrariedad es consumada a nombre de la democracia! Ya se conoció la repulsa internacional al golpe y es por eso que García se detiene a subrayar que cuenta con el apoyo de “una ancha base popular pronta a responder a las provocaciones demagógicas y la subversión de fuera y dentro del país combatiendo las violaciones de los derechos humanos, ante todo, defendiendo el derecho humano social, la seguridad y tranquilidad colectivas que estuvieron en grave peligro ante la conjura antipatriótica”.

No puede negarse que el párrafo resume Demagogia y cinismo. Los autores del genocidio de todo un pueblo hablando de respeto a los derechos humanos y de seguridad y tranquilidad colectivas.

Lo que el terrorismo dirigido desde las cumbres castrenses y la propaganda mal intencionada no pudieron convencer, ahora aparece como una verdad impuesta desde arriba: la acción militar se limitó a ser la respuesta a la conjura extremista internacional: “Tarea Magna, por lo demás, que sin embargo nos ha sido impuesta por el terrorismo subversivo de la izquierda internacional que no escatima ni escatimará esfuerzos para convertir a Bolivia en una nueva Nicaragua o en otra Cuba, nos impuso el caos económico, la aguda y desesperante pobreza del pueblo, el deterioro salarial inocultable…”

Fue presentado un cuadro tenebroso de la realidad Nacional como antecedente de la conjura, como si fuera el llamado al patriotismo de los generales.

El general anunció que se acabó la época de las aventuras electorales no para sostener abiertamente que se abría una dictadura por tiempo indeterminado, sino para añadir que su finalidad era para preparar al pueblo para la democracia, establecer un régimen de contornos populares para que los obreros y campesinos saliesen del hambre y conociesen una ilimitada prosperidad económica.

Es fácil comprender que los generales buscan descabezar a las direcciones obreras, campesinas y políticas para adueñarse más fácilmente de las masas, a fin de poder obligarles a trabajar más y disciplinadamente.
Esperan que sobre el sudor y la sangre de los bolivianos pueda aumentar la producción e imponerse la prosperidad económica. La dictadura apoyada por el descontento de amplios sectores sociales y descargando la violencia estatal contra las organizaciones revolucionarias, configura perfectamente lo que es la esencia del fascismo gorila.

Ese mismo día 18, el Arzobispo de La Paz, Monseñor Jorge Manrique Hurtado, lanzó una exhortación acusatoria sobre los sucesos vividos y que fue leída en todas las iglesias y publicada por algunos periódicos. Se aseguró que ejemplares falsificados fueron distribuidos abundantemente, sobre todo en los barrios populares. El texto que copiamos ha sido tomado de Presencia:

“La Iglesia de Bolivia contempla con dolor y honda preocupación los acontecimientos políticos que están sucediendo en el país.

Han sido detenidos e incomunicados muchos ciudadanos, cuyo número no ha podido ser establecido todavía. Varios religiosos y sacerdotes, también en número no confirmado, han sido detenidos y se ignora el paradero de alguno de ellos.

Las emisoras de la Iglesia, radio FIDES y Radio San Gabriel han sido asaltadas y brutalmente destruidos los equipos e instalaciones de Fides; directivos y periodistas de ésta han sido detenidos.

El periódico católico Presencia ha sido ocupado por gente armada.

Una casa religiosa ha sido allanada por fuerzas militares, aunque luego se han retirado.

La falta de libertad y de medios de información mantiene al país en un silencio temeroso y, en este momento, carecemos de informaciones completas sobre los acontecimientos.

Pero tengo el deber de condenar los atropellos que se cometen y el propósito de acallar la voz de un Pueblo como es el Boliviano, sencillo y Patriota, que demanda Justicia y Bienestar social.

La Iglesia tiene el Deber de orientar esas justas demandas sobre las bases de la doctrina social que han elaborado los Papas, el Concilio Vaticano II, y los documentos de Medellín y Puebla, así como las orientaciones dadas por el Papa, Juan Pablo II, últimamente.

Ante los difíciles momentos por los que pasa el país:

— Pido con toda energía a los responsables de la actual situación, que ahorren a este pueblo mayores dolores y padecimientos.

— Exijo con toda energía se ponga en Libertad a los que han sido detenidos sin causa penal alguna.

— Demando la reparación de los daños inferidos a las emisoras de la Iglesia, también su inmediata puesta en funcionamiento y su libre expresión. ‘Presencia’ debe ser desocupada y debe garantizarse su inmediata libre circulación.

— Protesto por el escandaloso uso de las ambulancias por fuerzas militares armadas para fines de represión y para el cumplimiento de misiones militares no humanitarias.

—Pido al Pueblo todo que vigorice sus mejores energías en la práctica de la caridad fraterna, que recurra el poderoso medio de la oración para lograr la serenidad que exigen estos momentos.

—Imploro al todopoderoso convierta los corazones de aquellos que se han dejado arrastrar por los sentimientos de odio y pido a la Santísima Virgen intermedie con su Hijo Jesucristo para que ampare al pueblo de Bolivia y lo libre de mayores males”.

Manrique pertenece a los cuadros derechistas de la alta jerarquía eclesiástica que prácticamente monopoliza el grueso de los descomunales recursos de la poderosa Iglesia, que para formar las corrientes de opinión dispone no solamente del pulpito y del confesionario, muy importantes por sí mismos, sino de modernísimos medios de comunicación social (periódicos, radios e innumerables instituciones). Su valiente actitud frente al atropello del gorilismo, que osó meter las manos en las pertenencias del clero, se vio inmediatamente potenciada y prácticamente apareció como el símbolo de la resistencia a la arbitrariedad y de la justicia divina y terrena, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El Consejo Episcopal Permanente se reunió de inmediato, bajo la presidencia de Monseñor Luis Rodríguez y contando con la presencia del Cardenal José Clemente Maurer, Presidente Honorario de la Conferencia Episcopal de Bolivia y de Monseñor Alejandro Mestre, entre otros. La reunión se solidarizó con Manrique y censuró acremente a los golpistas.

La Iglesia, representada por su derecha, apareció como la cabeza dirigente de la oposición democratizante y liberal. Se trata de una oposición poderosa y sumamente poderosa porque actúa libremente en todos los rincones del país. La Iglesia es una potencia internacional y esto se puso en evidencia casi de inmediato. El gobierno tardó en ceder ante la presión clerical; los sacerdotes fueron liberados (8 de Agosto) y se prometió que ya no serían apresados otros.

El 31 de Julio el Papa expresó su apoyo al episcopado Boliviano y elevó oraciones por la salvación de los bolivianos del infierno en que vivían. El cable de EFE: ‘‘Ciudad del Vaticano. El Papa Juan Pablo II envió hoy jueves un mensaje de aliento a los obispos bolivianos por su defensa de los derechos humanos del pueblo de Bolivia.

El Papa hizo llegar el mensaje a través del Nuncio Apostólico en La Paz, Monseñor Alfio Rapisarda (el
Nuncio cumple funciones de Decano del Cuerpo Diplomático y prestó amparo a Lydia Gueiler, Red.) al transmitir la noticia, la radio vaticana recordó que el pasado Domingo los Obispos de Bolivia hicieron un llamamiento conjunto en favor del respeto a los Derechos Humanos y del reestablecimiento del orden Constitucional. Además, exhortaron a todos los sectores de la vida pública a trabajar por la pacificación para devolver la tranquilidad al país”.

Todavía la prensa del 5 de Agosto (v. Presencia) seguía registrando pronunciamientos de respaldo a la actitud de Manrique de procedencia boliviana e internacional (Consejo Mundial de Iglesias, Hermanas de Maryknoll, Consejo Superior de Maryknoll, Misereor, Obispo Auxiliar de Madrid, Paz para el Mundo, Iglesia Metodista de los EEUU, de religiosos de París, de Lima, de Caracas, de México, etc. Los documentos hablan desde el apoyo a la persona del arzobispo por haber sido ofendido hasta los expedidos de retorno «A las libertades constitucionales”.

El 8 de Agosto el CELAM expresó su solidaridad con “Las decisiones del Episcopado Boliviano” (Presencia, 9 de Agosto).

Para tener una idea de lo poderosa que es la Iglesia suficiente recordar que el gobierno militar se limitó a agachar la cabeza ante la tormenta y no se atrevió a acusar al Vaticano y a sus dependencias nacionales de intervención foránea en los asuntos internos de Bolivia. Los yanquis y otros gobiernos fueron repudiados por esta causa y los pronunciamientos de organizaciones obreras e izquierdistas de todo el mundo simplemente silenciadas e ignoradas.

Bajo cuerda lo más que pudo hacerse fue mover algunos curas bolivianos, “nacionalistas”, que acusaron a Manrique y a otros sacerdotes extranjeros de ser simples instrumentos de los extremistas y de meterse en política, violentando así las recomendaciones del Papa.

En este terreno la mayor de las maniobras consistió en designar como Subsecretario de Culto a un sacerdote afín al oficialismo, para dar a entender que el régimen castrense no sólo se apoyaba en los católicos, sino que estaba dispuesto a satisfacer sus demandas o necesidades.

La huelga general y la represión en las minas

La resistencia y repudio en las minas al golpe gorila fue la única acción de gran envergadura y que se desarrolló más o menos orgánicamente. Sólo después de 19 días de huelga pudo Comibol anunciar que habían sido reanudadas las labores en todas las minas. Según “Presencia” (5 de Agosto), el comunicado oficial al respecto decía: “Todos los distritos mineros dependientes de Comibol reanudaron ayer (4 de Agosto, día lunes, Red.) sus actividades, con lo que quedó superada una situación conflictiva que se presentó desde el pasado 17 de Julio, según informó la Dirección de Relaciones Públicas de esa empresa.

El reinicio de actividades en las minas nacionalizadas, fue paulatino. Hasta el pasado fin de semana (2 de Agosto, Red.) las labores eran normales en los principales centros mineros, restan sólo la reanudación del trabajo en los distritos de menos importancia, según el informe.

Ayer se completaron las negociaciones en los distritos que permanecían inactivos.

La reactivación de las minas fue posible por la suscripción de convenios entre las autoridades de la Comibol, jefes militares y representantes de los trabajadores mineros. Los convenios garantizan la estabilidad de las fuentes de trabajo y la libertad de los mineros y comprometen a estos a dedicarse exclusivamente a las actividades de producción.

No se conoce todavía el monto de las pérdidas ocasionadas por la paralización de las minas. Se informó que en tas próximos días se conocerán datos precisos al respecto”.

El día 18 la cadena radial minera informó que efectivos militares ocuparon la localidad de Uncía, capital de la minera provincia Bustillo y que está al lado de Miraflores y a unos 6 kilómetros de Siglo XX y Catavi. Este distrito no sólo que es la mina que más produce, sino que políticamente constituye la vanguardia de todo el proletariado nacional, acaso por ser la concentración obrera más grande y también por su propia historia.

Los gorilas asaltantes del poder y todo el país sabían perfectamente que la resistencia no estaría aplastada mientras permaneciese en pie Siglo XX, pero habría sido imprudente atacarla frontalmente, por eso se le fue tendiendo un cerco de fuego y utilizando una serie de recursos para amedrentar a los trabajadores combatientes. La arremetida comenzó por el sector más débil, por las dispersas minas del Sud. Los generales demostraron, inclusive, a través de las operaciones bélicas que desencadenaron, que veían en los mineros a sus peores enemigos y que realmente los temían.

El 19, a horas 16:20, las radios mineras informaron que efectivos del regimiento Loa habían ocupado Santa Ana, pero luego fueron desalojados por las amas de casa. Posteriormente los militares retomaron esta plaza. El corresponsal de “El Diario» en Oruro transmitió la noticia de que «Luego de combates con trabajadores mineros, las tropas militares controlan los centros mineros de Telamayu y Huanuni” (21 de Julio). Más tarde se comprobó que la información sobre Huanuni no era del todo exacta. Por su parte, Presencia 923) sostuvo: “Efectivos militares procedieron, en los últimos días, a la ocupación paulatina de los distritos mineros… Las radioemisoras sindicales de los trabajadores mineros que, desde el pasado jueves, trabajaron en cadena difundiendo consignas de apoyo a la Huelga General decretada por la COB informaron que el primer distrito ocupado por las tropas militares fue el Consejo Central Sud, sede de la empresa minera Quechiela de la Comibol.

Transmisiones radiales captadas en La Paz dieron cuenta que, a horas 16:15 del Sábado 19, se produjo un primer enfrentamiento entre efectivos militares y trabajadores mineros, aproximadamente una media hora más tarde, dejó de transmitir la radio Animas”.

Desde Telamayu se anunció que fueron apresados catorce trabajadores entre dirigentes y elementos de base.

Un regimiento logró reducir a Chocaya. Los campesinos de Sud Lípez se movilizaron hacia los centros mineros próximos.

Las tropas del ejército se aproximaron amenazadoramente a Huanuni, conforme iba anunciando, minuto tras minuto, Radio Nacional. Una y otra vez la cadena minera sostuvo que ese centro fue copado por efectivos militares. La verdad es que se realizó una especie de operación comando, con apoyo de la aviación: ingresaron avanzadas armadas con la finalidad de silenciar la radio y capturar a algunos elementos, cosa que efectivamente sucedió y dejó algunos muertos y heridos.

Una asamblea de los obreros de Siglo XX acordó convertir al distrito en dirección de la huelga de resistencia decretada por la COB y por la FSTMB. Es ya una tradición que toda vez que se presentan grandes movimientos sociales, Siglo XX emerge como su virtual dirección, lo que permite que aflore lo mejor de las adquisiciones logradas a lo largo de la lucha de clases en Bolivia.

La misma reunión acordó enviar a una delegación a entrevistarse con los militares acantonados en Uncía, a fin de exigirles que abandonasen el distrito, retirasen su piquete de Catavi y diesen garantías a los obreros. La radio 21 de diciembre (Catavi), que difundía por onda corta y se desempeñaba como timonel de la cadena minera, anunció que tal encuentro se realizaría por la tarde.

Poseemos un documento sobre lo que ocurría en Colquiri y que ilustra acerca de los que fueron los sucesos en las minas. Copiamos lo fundamental:

“El día 17… luego del medio día de conocer la determinación de la COB ordenando la huelga general y el bloqueo de caminos como respuesta inmediata al golpe gorila. Los trabajadores reunidos en una asamblea general poco concurrida (el día anterior fue festivo, Red) organizó su comité de Huelga, poniendo a su disposición Radio Vanguardia, desde donde se convocó a los campesinos a proceder al bloqueo de caminos.

El día 18 la gente fue tomando mayor conciencia de lo que estaba sucediendo en el país y en el resto de las minas. Entre las 10 y 11 horas realizamos una asamblea en el local de la emisora, circuntancias en las que apareció un avión militar que lanzó dos bombas y en un segundo ataque ametralló el lugar donde estaba el equipo trasmisor, no muy distante de algunas viviendas de la empresa y de personas particulares el resultado fueron dos muertos: el trabajador Elíseo Clemente y Antonia Quispa de Cachi, esposa de un obrero. Esta actitud de los golpistas, lejos de sembrar desmoralización, tonificó a toda la población y entonces se decidió a tomar en serio la organización de la defensa del distrito ante la posibilidad de nuevos ataques del ejército. Nos preparamos para tal emergencia y nuestra radio se orientó al trabajo de dar instrucciones y organizar a los campesinos de la región que no cesaban de llegar para mostramos su adhesión y retomaban a las comarcas portando las decisiones adoptadas. Sin embargo, los informes que nos llegaban no eran muy halagadores, el bloque no tuvo la misma fuerza que en noviembre del 79.

El lunes 21 realizamos una nueva asamblea masiva, en la que se acordó continuar con la Huelga General.
Nos llegaron noticias en sentido de que en San José habrían levantado la Huelga, según esas versiones Ordoñez, Secretario General del sindicato habría aceptado las propuestas de los gorilas sin consultar a las bases. Indicaron que, luego de firmado el convenio, habría ingresado la segunda punta a la mina; sin embargo, los de la primera punta del día siguiente habrían desconocido lo acordado y nuevamente se habrían sumado al movimiento.

Martes 22. Nuevamente la aviación volvió a ametrallar, sin haber logrado su objetivo de matar más trabajadores. El ejército estaba buscando cómo debilitar la resistencia.. El ánimo de los trabajadores sigue firme, igual que en Viloco y otras minas. No sabemos nada de Huanuni y menos del Consejo Central. Los amigos de los golpistas hacen circular el rumor de que en las otras minas ya están trabajando normalmente y que tampoco existen bloqueos en la troncal Oruro-La Paz-Cochabamba. Tomamos decisiones para impulsar el bloqueo y observamos que el ejército se va pertrechando mejor para atacamos. El 29 ó 30 los efectivos de soldados llegan hasta Khakka Puncu en horas de la tarde y se llevan el teléfono, este puesto de sereno está ubicado antes de emprender la subida propiamente a Colquiri.
Conformamos equipos de reconocimiento que llegan hasta el lugar aludido y comprueban que además del teléfono se llevaron varios sacos de papa; trigo, cinco cerdos, etc., que pertenecían al sereno. Un poco después regresaron en un jeep con más un oficial y pocos soldados que chocaron con los trabajadores que se retrasaron en el repliegue; ante los diparos y el ruido de las explosiones se retiraron los del jeep a su puesto de concentración, a unos diez kilómetros, un lugar denominado Santa Fe.

Los militares nos convocaban, una y otra vez, a parlamentar. Consultadas que fueron las bases, se rechazó todo diálogo.

La última proposición vino el jueves o viernes (13 ó 18), la portadora fue la religiosa que venía de La Paz con otros trabajadores y en Caracollo les invitaron a conversar con el Comandante de la ciudad de Oruro, donde dijeron que proponían el diálogo. Nuevamente se consultó a los obreros en una masiva asamblea, que airados volvieron a rechazar la propuesta.

Se acerca el día del desenlace. El primero de agosto recibimos un telefonazo de la cumbre que informaba que el ejército se estaba acercando en caimanes. Llamamos a la movilización general. La gente responde en forma magnífica y decidimos atacar al ejército en su reducto de Santa Fé, decisión adoptada a las 17 horas. Conformamos piquetes armados en tres columnas , aunque tenemos pocas armas. Nos encaminamos con el propósito de sorprender a los soldados y animados por los informes que teníamos de que estaban dispuestos a rendirse al primer ataque, lo que no era exacto. La maniobra sorpresiva falló porque uno de los nuestros disparó antes de tiempo y alertó a los centinelas, que gritaron ¡A las armas!

Fuimos repelídos duramente con ametralladoras, morteros. La retirada nos aniquiló, aunque no tuvimos bajas. Algunos se replegaron recién a la madrugada, muy agotados. La guardia de vigilancia salió a sus puestos muy disminuida. A eso de las 10.30 nos telefonean de que el ejército avanza sobre Khakka Puncu, luego sigue avanzando y se percibe que la defensa es muy débil. Se llama a la movilización gene al y la respuesta ya no es la misma que en días anteriores, sobre todo por que hay fatiga.

Nos reunimos en el salón de la Radio y ya se escuchaban las voces de los blandos, de los fascios, en sentido de que hay que parlamentar para evitar un baño de sangre. Respondo que no se podrá evitar la masacre y los hechos me dan la razón. Hay muertos y heridos en el hospital.

Nos bombardean con informes de todo tipo. Alguien nos dijo que en Uncía, el pueblo (obreros y campesinos) habría asaltado el cuartel y sacado armas y que los dirigentes traicionaron al firmar el acuerdo con los milicos, particularmente Gilberto Bernal…”.

El lunes 21, contrariando las disposiciones del gobierno militar, el país prácticamente se encontraba paralizado. Las minas no solamente se que estaban en huelga sino que rechazaron violentamente a los efectivos regulares. En la ciudad de La Paz, el objetivo prioritario del oficialismo, las fábricas permanecieron sin actividad, la administración pública funcionó a medias, los bancos y los almacenes no atinaron a abrir del todo sus puertas. El servicio de transporte, pese a que los choferes propietarios ya juraron adhesión al dueño de tumo del poder, funcionó irregularmente por la mañana y por la tarde cuando los conductores se mostraron atemorizados por algunos atentados, paralizó del todo. Las autoridades no tuvieron más remedio que declarar suspendidas las actividades, así sucedió dos días más.

Las barricadas en los barrios marginales y hasta en la Plaza Perez Velasco no cesaban de aparecer. La gente se agrupaba sin cesar para mostrar su hostilidad a los carros llenos de soldados y a las tanquetas que operaban sin tregua. Se disparó contra toda agrupación y así cayeron las más de las víctimas. Con todo, la resistencia continuó con reciedumbre durante todo el día.

Por las noches los carros provistos de reflectores y luces de Bengala recorrían las calles en busca de la guardia de los franco-tiradores y los efectivos dirigidos por elementos del servicio de inteligencia asaltaban todo domicilio sospechoso, dejando detrás de sí únicamente escombros, robaban todo lo que podían y apresaban a quien tuviese la desgracia de toparse con ellos.

Por la noche el carnicero Arce dio su golpe maestro: La TV, cuyas transmisiones seguramente eran seguidas por toda la población sedienta de noticias, transmitió un film de la entrevista que sostuvieron el Ministro del Interior y Lechín, sobre el paradero de este último circulaban las versiones más contradictorias y las más sostenían que había sido asesinado. En la cámara de la TV apareció sentado junto a Arce, fumando un cigarrillo, enflaquecido, y mostrando cierto nerviosismo. El ministro utilizó al dirigente de la COB y de CONADE para cumplir tres de sus objetivos más ambicionados: Que estaba vivo, esto porque los generales respetaban los derechos humanos; que no había recibido malos tratos; y, principalmente, que ratificaba su pedido a todos los trabajadores a abandonarla resistencia. Ultima Hora (22 de julio) al dar cuenta del importante acontecimiento dijo: “Desde el pasado jueves 17, cuando a medio día un grupo de paramilitares tomo la sede de la COB, circularon versiones que afirmaban que el líder obrero había muerto. Con la aparición de Lechín en el programa de anoche, quedaron desvirtuadas esas versiones…”

Juan Lechín, asimismo, reiteró declaraciones difundidas y aparecidas en medios oficiales de información, y dijo que para evitar un inútil derramamiento de sangre pedía a los obreros la suspensión del bloqueo de caminos y el paro general de labores…

Al comenzar el programa en el que a-pareció frente al Ministro del Interior, declaró que no había sido objeto, durante su detención, de malos tratos, agresión opresión sicológica”.

La actuación de Lechín ha motivado una apasionada discusión. Algunos que no han seguido su tortuosa y contradictoria historia o que parecen desconocer su verdadera posición política (conservadora por su vergonzante nacionalismo movimientista), sostienen que las circunstancias, las presiones y la tortura le obligaron a ello. Que sepamos unicamennte el POR creyó de su deber señalar que Lechín había cometido una traición más contra los trabajadores. Los obreros de las minas parecieron ignorar en el calor de la batalla lo que dijo su dirigente.

Nos parece oportuno transcribir la versión que dio de la entrevista El Diario (23 de julio) y no sabemos por que fue ligeramente retocada. Lechín llamó invariablemente “mi coronel’ al Ministro y le agradeció efusivamente cuando éste le entregó un ejemplar de El Diario de fecha 21:

Autoridades demostraron que J. Lechín esta vivo

A continuación transcribimos la entrevista realizada en TV., por el Ministro del Interior, Coronel Luis Arce, con el dirigente obrero J. Lechín, habiendo demostrado de esta manera, el gobierno, que el lider sindical se encuentra en perfecto estado de salud.

—Ministro: Don Juan, ¿cómo se encuentra Ud? ¿cómo lo están tratando?

-J. Lechín : Quiero responder con la franqueza necesaria en este caso Cnel, que desde que he llegado he recibido buen trato. En ningún momento me tocaron, ni me molestaron, no sufrí impacto sicológico de ninguna clase.

-Ministro: Las radios mineras, Don Juan, indican de que Ud. está muerto, indican también que el mensaje que Ud, ha lanzado al pueblo trabajador es falso. Yo quisiera que Ud. de a conocer esta situación.

—J. Lechín: Lo que yo hago, lo repito. He sido bien claro y bien consciente. El motivo que me ha inducido a suspender este paro, yo tendré oportunidad hoy día, mañana o dentro de un mes o varios meses, tendré ocasión, tengo que hacerlo, tengo que dar una explicación completa y cabal a mis compañeros por haber cambiado la determinación que tomamos en CONADE posteriormente.

—Ministro: Don Juan…

—J. Lechín: Hasta ahora estoy muy bien, hasta este momento le digo que no he sufrido, no he recibido presiones materiales ni morales.

—Ministro: Don Juan, nosotros queremos evitar un derramamiento de sangre, deseamos como todos los buenos bolivianos que en este país exista cordura, exista trabajo. ¿Qué les puede decir a base de esto que yo le digo a los trabajadores bolivianos?

—J. Lechín: Uno de los más interesados en este país para evitar el derramamiento de sangre, sin lugar a dudas es la clase trabajadora y el pueblo humilde, las únicas armas que tienen son sus manos para ganar y sustentarse. A veces lucha por los medios legales que tiene y los mismos derechos que le asisten a los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida que, como todos sabemos, el pueblo boliviano está al borde del hambre. Por eso lucha y por eso trabaja. De modo que a los que más nos interesa la pacificación sin lugar a dudas es a este pueblo humilde y a esta clase trabajadora y como dirigentes es esa nuestra principal preocupación. Para mi, la vida de los humildes y de los pobres y la vida de cualquier persona no tiene precio.

—Ministro: Don Juan, las FFAA han recibido el gobierno de la Pte. Gueiler por que verdaderamente estaba en descalabro. La actitud de las FFAA no es encaramarse en el poder. La actitud de las FFAA es para reestablecer el orden y los que más se deben beneficiar pienso y especialmente, que debe ser la clase trabajadora y el campesinado. ¿UD. coincide conmigo, Don Juan?

—J. Lechín: En cierto aspecto,Cnel., ¿ Claro, naturalmente ud. como militar, tiene otras características en su lenguaje Nosotros queremos, hemos luchado y trabajado por un mejoramiento del pueblo y no solamente del pueblo. Nosotros sabomos que si no hay un mejoramiento del país y un mejoramiento sostenido de la clase obrera y del pueblo humilde de este país, por eso creemos en el destino de la patria, y es innegable, los trabajadores no tienen otro medio de subsistencia que su tierra, no tienen la posibilidad de emigrar, no tienen la posibilidad de nada de eso, de tal modo que están aferrados sólidamente a su tierra, a las condiciones que se les de acá de trabajo, de vida y mejoramiento.

—Ministro: Su hijo, en Francia, acaba de tomar la embajada y dice que le mandemos su cadáver, ¿qué hacemos con ud, Sr. Lechín?

—J. Lechín: Mandarme como estoy, Cnel., yo creo que sería… Bueno, este mensaje, yo creo que va a llegar a oídos de mi hijo que es lo único que tengo. Le siento un gran cariño y una gran admiración.

—Ministro: Vamos a hacerle saber a su hijo que está ud. muy bien. Le quedo muy agradecido, una vez más vamos a demostrar al pueblo boliviano de que la falacia y el engaño están en boca de la ultraizquierda, de aquellos que buscan el enfrentamiento entre los bolivianos. Uds. han visto al Sr. Lechín, máximo dirigente de la COB que se encuentra en las dependencias del Departamento Segundo y que se encuentra en perfecto estado de salud. Demuestro al mundo entero de que se quiere enfrentar a los bolivianos.
Clarín de Bs As., según cable de AP, registró el siguiente comentario sobre estos sucesos:
BS. AS., 23 (AP).- Bajo el interrogante de : ¿Otra muerte para Juan Lechín? el diario Clarín se refiere hoy al sorpresivo llamado en favor del cese de la Huelga General formulado por el detenido dirigente sindical boliviano.

Acompañado por el Ministro del Interior del nuevo régimen militar, Cnel. Luis Arce Gómez, Lechín fue presentado en el canal oficial de televisión de La Paz a través del cual exhortó a los afiliados a la COB a dejar sin efecto la huelga general en protesta por el golpe militar del pasado jueves. El enviado de Clarín refirió que el líder obrero llamó al ministro “mi coronel”, en tanto que el militar respondió con un condescendiente “Don Juan”

Luego de asegurar que no había sufrido “presiones materiales ni morales”, Lechín dijo que «ya tendré oportunidad hoy día, mañana, dentro de un mes o dentro de varios meses, tengo que hacerlo, tengo que dar una explicación cabal a mis compañeros por haber cambiado la determinación que tomamos en el CONADE (de decretar huelga general y bloqueo de caminos).

Afirmó también que sentía, “un gran cariño, una gran admiración” por su hijo, quien en París, junto con otros bolivianos ocupó la embajada de Bolivia en protesta por el golpe militar.

El hijo de Lechín afirmó que su padre había muerto. «Muy bien, don Juanito, vamos a hacer saber a su hijo que Ud. está muy bien”, declaró el Ministro del Interior, según la versión del enviado de Clarín en La Paz.
Luego de preguntarse si los trabajadores bolivianos acatarán el pedido de su veterano dirigente, Clarín añade:

“Algunos observadores estiman que las palabras del veterano líder obrero tienen un peso sicológico decisivo y más allá que su figura parece entroncada a la historia, antes que a la compleja realidad, habrán de influir en el ánimo de las masas laboriosas.

Otros, en cambio, sostienen que la pública aparición de Lechín y su llamado sella, dramática y angustiosamente, su dilatada trayectoria, provocando su definitiva muerte sindical”.

Finalmente, este es el artículo aparecido en el Nº 689 de Masas:

La inconducta de Lechín

El 21 de Julio fue posible constatar que la resistencia de la población al gorilismo era imponente y, según todos los observadores, constituía el presagio de una lucha sostenida y larga. Las radioemisoras del exterior indicaron que el 95 por ciento de la actividad económica quedó paralizada. Los usurpadores del poder fracasaron en su intento de normalizar la vida nacional. Las ametralladoras, el asesinato, las torturas, la sañuda persecución, las amenazas, etc., no lograron romper la decisión de la mayoría nacional en sentido de luchar hasta derrocar y aplastar a los generales golpistas. Esta debilidad interna, del gobierno, que tan irónicamente se autotitula de “Reconstrucción Nacional”, se veía acentuada por su total orfandad en el plano de las relaciones internacionales. Las dificultades de toda especie que encontraban los flamantes “estadistas” en su intento de poner en marcha al aparato estatal, no tardó en repercutir negativamente en el seno de las FFAA, su aparente unidad de los primeros momentos comenzó a resquebrajarse, circuló el insistente rumor de que la División asentada en Cochabamba, timoneada por Mario Vargas expresó sus reparos a lo que hacía García Meza. No olvidemos que Vargas es un
incondicional de Banzer, que parece estar marginado de la ofensiva golpista.

Los efectivos militares y policiales se emplearon a fondo para obligar a los o-breros a trabajar; menudearon los tiroteos y se tuvo que utilizar la violencia para impedir que volviesen a levantar barricadas en la ciudad de La Paz, como sucedió en los barrios populares. Las fábricas permanecieron cerradas. El tráfico fue restablecido parcialmente, pese a todas las protestas de adhesión al “nacionalismo” por parte de los choferes-propietarios. La actividad bancaria fue mínima. Los almacenes permanecieron cerrados en su mayoría. Inclusive las oficinas estatales apenas si dieron muestras de vida.
Las escuelas y la Universidad permanecieron cerradas por voluntad de las autoridades que a-sí esperaban anular activos centros de resistencia.

El cuadro más impresionante era el preferido por las minas, que lograron movilizar’ integralmente a toda la población y a concentrar a importantes sectores del campesinado. La lucha fue librada tercamente para arrancarle al gorilismo toda influencia sobre el agro. La TV y la «red nacional de radio-difusión se esmeraron en presentar a “dirigentes” indígenas como adictos al oficialismo. Las mujeres de Santa Ana lograron desalojar a las tropas del ejército, que muy difícilmente lograron controlar los campamentos. La huelga se generalizó y con decisión de ser indefinida, esto pese a los muertos a las presiones y los cercos de fuego.

Es en este ambiente que el 22 de julio por la noche, la TV Boliviana, transmitió un film que mostró al coronel Arce, Ministro del Interior, y al Sr. Lechín, dialogando frente a frente. El dirigente sindical comenzó ratificando que había pronunciado un mensaje a los trabajadores en los siguientes términos: “En aras de la Paz, que no se ha logrado a pesar de nuestros esfuerzos, y pensando en la inutilidad de’ un derramamiento de sangre que en determinado momento ocasionaría cualquier resistencia de los bolivianos que no están inmersos en la política, exhorto a los CONADES a reconsiderar las medidas tomadas con respecto al bloqueo de caminos y la resistencia civil en todo el país. No quiero que esta exhortación se considere como una traición a la clase trabajadora, por la que siempre he luchado, sino por el contrario como un intento de parar los ríos de sangre que se ciernen sobre nuestro país. Volveremos a hablar de nuestros problemas y ambiciones en otro momento pero ahora evitemos derramar inútilmente sangre obrera. Vuelvo a repetir, exhorto a los campesinos, obreros, al pueblo en general a abandonar los bloqueos y la resistencia civil. La Paz, 17 de julio de 1980”.

Cuando dicho mensaje se difundió todos dijeron, que era una falsificación extrema que fue repetida por toda la prensa extranjera también. Cayó como un balde de agua fría sobre todo el país cuando se escuchó y se vio la confirmación hecha por Lechín.

Se sabe con certeza que el dirigente político y sindical fue maltratado y vejado en las reparticiones del Estado Mayor, pero este se esmeró en subrayar que fue tratado con toda cordialidad, que no tuvo que soportar presiones de orden moral o material. Los carniceros del pueblo, los sátrapas y sádicos enfermizos fueron presentados como carceleros humanitarios, en fin, como buenos amigos.

En el diálogo Arce-Lechín, este último sostuvo que los obreros y la mayoría Termal estaban interesados, más que nadie, en la inmediata pacificación, porque Sólo buscaban ganarse el sustento de cada día. Arce dijo que él, portavoz del gorilismo asesino, coincidía con esas apreciaciones. La pacificación, el desarme del pueblo, el cese de la resistencia, de las huelgas, de los bloqueos, de toda hostilidad a los asaltantes del poder, no harían otra cosa que contribuir a la estabilización de la dictadura, allanarían el camino para que los bolivianos soportemos todas las consecuencias de un régimen fascista y bestial A eso conduce la pacificación Sr. Lechín. Como se ve el dirigente de la burocracia sindical apareció como un instrumento en manos del gorilismo, les ayudó a sacar las brasas del fuego, a superar el mayor de sus obstáculos: la insurgencia popular. Acallada la protesta, gracias a la ayuda de Lechín, el gorilismo tendrá el tiempo suficiente para descabezar al sindicalismo y el movimiento revolucionario; cuando se afirme en sus propios pies tendrá la oportunidad de acabar con la misma burocracia traidora.

El tenebroso Arce, el autor de todas las atrocidades, cometidas en estos días y antes, estaba feliz y acentuaba su tono cariñoso y protector toda vez que se dirigía al “dirigente máximo de la COB”. Lechín es ahora dirigente reconocido por el gorilismo, cuando en los hechos y en el lenguaje de los decretos han sido canceladas las direcciones sindicales, cuando se ha dejado en suspenso el fuero que se venía reconociendo por las actividades gremiales, cuando se amenaza con la cárcel y la muerte a todo activista que haga propaganda en favor de la huelga Lechín y los gorilas son ahora buenos amigos, esta es la horripilante conclusión a la que se llega observando atentamente la inconducta del burócrata conservador. No en vano Paz, Siles y Lechín se prestaron a reorganizar al ejército, de cuya entraña ha salido el monstruo gorila. Lechín, de progenitor, se ve convertido en lacayo de los masacradores de obreros.

¡Si el gorilismo logra estabilizarse uno de sus autores será el traidor Lechín!

El 22 se pudo constatar que en La Paz las actividades tendían a normalizarse y crecía insostenible la protesta popular por la inconducta del traidor. En las ciudades ya se palpan las consecuencias de la prédica de Lechín, todas ellas perjudiciales políticamente para las masas, favorables para los generales gorilas, convertidos en amos del “dirigente máximo de la COB”. Ayer como hoy, se limita a desarrollar la política de sectores burgueses. Con todo, hay casi seguridad que los mineros no hagan caso de los planteamientos de Lechín y sigan su propio camino revolucionario. Así se darán las condiciones para desterrar del seno del movimiento obrero al traidor.

En algunos distritos mineros la maniobra de Arce no surtió efecto alguno En Siglo XX no se pudo observar la entrevista porque los trotskystas volaron la repetidora de TV. Cuando los propagandistas difundían el tenor de la conversación de Lechín con el Ministro del Interior se limitaban a responder: «quién le hace caso al Viejo…”, añadiendo un grueso adjetivo.

Ese mismo 21 fueron desconocidas las directivas sindicales, más concretamente, se las declaró en receso.
El fuero sindical fue suspendido. Se volvió a hablar del servicio civil obligatorio, aunque más tarde se lo llamó servicio patriótico. También se ordenó el congelamiento de los dineros de las organizaciones obreras. En el exterior se comentó que esta medida podría facilitar al gobierno neutralizar a sus adversarios. También se dispuso la vigencia condicional de la Constitución de 1967, la que fue dictada durante el régimen de René Barrientos, reconocido como uno de los precursores del gobierno de Reconstrucción Nacional.

El 22 de Julio se pudo constatar que la aparición de Lechín en la TV y sus declaraciones causaron un tremendo impacto no sólo entre los trabajadores, sino en toda la población, que se mostraron sorprendidos, desorientados y desalentados. Cuando la resistencia marchaba vigorosa, cuando todos tenían ganas de luchar y derrotar a los golpistas, desde la cumbre democratizante se pedía doblegarse, agachar la cabeza y soportar los golpes. Seguramente también en las minas no dejó de molestar la inconducta del Secretario Ejecutivo de la FSTMB, que tantas heroicas batallas había librado en el pasado, pero los obreros parecieron no haberse percatado de los manipuleos del Ministerio del Interior con la finalidad de desarmarlos políticamente.

Ultima Hora (22 de Julio) dijo lo que sigue después de su encuesta realizada durante la mañana: “El sector obrero, que ayer pareció dispuesto al acatamiento del paro general, fue sorprendido anoche con la aparición en las pantallas televisivas del canal estatal de su máximo líder el veterano dirigente minero J. Lechín Oquen do…

La entrevista, de indudable impacto sicológico en los televidentes, tuvo por propósito demostrar el buen estado físico del líder minero y difundir su exhortación a la suspensión de la huelga y el bloqueo…»
Sigue la información del mismo órgano de prensa: «El gobierno militar intentaba hoy por segundo día consecutivo normalizar las actividades laborales en el país y neutralizar los alcances de una huelga general decretada en defensa del interrumpido proceso democrático.

Esta capital (La Paz), de 700.000 hab., pareció recuperar hoy paulatinamente su habitual imagen de trabajo con un disminuido servicio de transportes urbanos y todavía reducido el funcionamiento del comercio, la banca, la industria y la administración pública.

Al comenzar la mañana, la actividad era un tanto similar —aunque con mayor ritmo— a la registrada ayer en que intensos tiroteos registrados en la zona céntrica provocaron el desbande de trabajadores, empleados y oficinistas y la posterior parálisis de esta capital.

Un recorrido por el cinturón industrial dejó hoy entrever una mayor concurrencia obrera, aunque varios establecimientos fabriles dijeron que subsistía un ‘importante margen’ de ausentismo, presuntamente derivado de las dificultades en el transporte desde las zonas suburbanas y barrios periféricos».

Los fuertes tiroteos nocturnos se debieron, según fuentes oficiales a las operaciones de rastrillaje que tuvieron lugar en los barrios marginales, en busca de “extremistas y francotiradores». El periódico que mencionamos sostuvo que en esas refriegas murieron por lo menos tres extranjeros. Uno de los temas preferidos de los organismos de represión fue la especie de que la agitación se debió a la presencia de comunistas extranjeros que habrían venido al país para entrenar a los izquierdistas en actos de terrorismo. El Ministro del Interior no ocultó que continuaban las actividades terroristas: “Admitió la existencia de grupos de agitadores en las zonas fabriles pero que las FFAA están dispuestas a garantizar la normalidad y tranquilidad ciudadanas.

También hizo referencia a un atentado terrorista que se registró anoche (22 de Julio) en la zona de Pampajasi, situación que estuvo a punto de alterar el suministro de agua potable a la ciudad, pero las previsiones que tiene SAMAPA evitaron que esta situación prospere” (informe de la reunión de gabinete, Presencia, 23 de Julio).

Siglo XX y Colquiri fueron los distritos que mostraron mayor firmeza en la lucha. Emisarios de este último distrito se desplazaron hacia La Paz para tomar contacto con la resistencia que se la suponía en pleno vigor. Seguramente las minas al sentirse aisladas se inclinaron a negociar, en las mejores condiciones posibles, las bases de acuerdos para retomar al trabajo.

En la Unificada (Potosí) las tropas tuvieron que ocupar, cierto que pacíficamente, las instalaciones de Pailaviri y Velarde para obligar a los trabajadores a suscribir el acuerdo de cese de la huelga, que tuvo lugar el 2 de Agosto.

Siglo XX, San José, Colquiri, Coro-coro, Bolívar y otras minas lograron contener a las tropas en las proximidades y evitar que los campamentos fuesen asaltados.

En casi todos los centros mineros se concentraron miles de campesinos y el bloqueo de los caminos se efectivizó sin atenuantes. El 9 de Agosto el Servicio de Caminos informó que se empleaba a fondo para habilitar las carreteras a las minas. En las zonas propiamente agrarias los bloqueos tuvieron carácter esporádico y parcial, algunos caminos resultaron dañados; las voladuras de los puentes fue obra de los obreros, particularmente de los mineros, como en los Yungas, en la ferro-vía de las proximidades de Oruro, de Tupiza, etc. En el distrito de Catavi se podían leer enormes cartelones convocando a los soldados a no disparar contra sus hermanos. Las radioemisoras difundían arengas dirigidas al ejército y por sus micrófonos hablaron los elementos que tenían a su cargo los piquetes de control. Como se ve, la huelga se tradujo en una poderosa y multitudinaria movilización.

El mismo seis de Agosto, el gobierno seguía confrontando dificultades en el frente minero, cuando las ciudades parecían totalmente controladas y los campesinos vendían normalmente sus productos a los mercados. Tomamos de El Diario (6 de Agosto) la siguiente información: “Anoche (4 de Agosto), efectivos de las FFAA ingresaron a la mina de Caracoles en la que no encontraron resistencia.
El comandante del Primer Cuerpo (con sede en Oruro, Red.), Gral. Hernán Ferrel Lobo, informó que algunos dirigentes fugaron y que están próximos a caer. «Pasados los sucesos de anoche, informes de última hora indican que existe completa tranquilidad”.

La noche del 5 de agosto por la TV se leyó un comunicado del Comando General del Ejército haciendo saber que el subteniente Luis Fernando Encinas Pereyra murió, “derribado a traición en una emboscada por terroristas al servicio de las internacionales marxistas, cuando marchaba al frente de sus tropas cerca de Caracoles”. Al día siguiente se dijo que un sargento había caído en similares circunstancias.

El panorama resulta claro: en la persecución de los dirigentes obreros y el asalto a los campamentos de Caracoles hubieron refriegas y en una de ellas murieron elementos del ejército. De manera innoble el Alto Mando utilizó esos cadáveres para justificar el genocidio del pueblo boliviano; “Sirve también este doloroso ejemplo como advertencia para todos los bolivianos honrados, civiles y militares, acerca de la amenaza latente y constante de un enemigo artero y cobarde, habituado a atacar por la espalda y en el momento más inesperado, debiendo extremarse las medidas de precaución individuales y colectivas ante personas o movimientos sospechosos que deberán ser denunciados a la autoridad policial o militar más cercana. Por su parte las FFAA y de Orden Público mantendrán su más atenta e intensa vigilancia para defender el derecho del pueblo de Bolivia a vivir y progresar en paz y unidad.

En la discusión de los acuerdos de cese de la huelga participaron personeros de las FFAA, de Comibol y de los trabajadores. las más de las veces los representantes de estos últimos fueron elegidos en asambleas.
Los obreros se reunieron una y otra vez para deliberar acerca de las proposiciones de las autoridades. Los diversos documentos suscriptos parecen vaciados en el mismo molde, todos ellos hablan de las concesiones que se tuvieron que hacer y del mínimo de garantías que se pudo defender. Transcribimos el acuerdo concluido en San José y que bien puede servir de modelo:

Oruro, 27 (El Diario), El siguiente es el texto del convenio de “pacificación y armonía social” que suscribieron representantes del gobierno, jefes del Primer Cuerpo de Ejército, Comibol y delegados de los trabajadores de la empresa “San José”; a fin de lograr la normalidad en las labores de ese importante distrito:

En la ciudad de Oruro a hrs. 24 del día 24 de julio del año en curso, se reunieron los personeros mencionados anteriormente con el objeto de encontrar puntos coincidentes destinados a lograr un ambiente de normalidad de las labores en la empresa minera San José, habiéndose llegado luego de amplio análisis al siguiente acuerdo basado en los siguientes puntos:

Primero.- El Gobierno Nacional y las FFAA de la Nación, garantizan la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la Empresa Minera San José, sin efectuar ni transferencias de dirigentes a otras empresas.

Segundo.- Estudio de la co-gestión obrera ofrecida por el Sr. Presidente de la República del modo más adecuado y acorde a los intereses de la empresa del sector laboral, visando la participación activa de los trabajadores, de acuerdo a las características especiales técnicas y administrativas que permitan la representación de éstos, elegidos por ellos mismos.

Tercero.- Libertad para los trabajadores detenidos, que pertenezcan a otros sectores laborales de Oruro, que no tengan vinculación con hechos delictivos comprobados o que comprometan la seguridad nacional.

Cuarto.- Los trabajadores de la empresa minera San José, recibirán el pago de las obligaciones contraídas por la empresa, primer y segundo 25 por ciento y bono patriótico sin modificación alguna, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia.

Quinto.- A la firma del presente documento los trabajadores se comprometen a levantar la huelga decretada y normalizar las labores productivas en la empresa minera San José.
En conformidad de todos los anteriores puntos se firma el presente documento, quedando concluido el problema planteado en la Empresa Minera San José.”

Seguramente en los planes iniciales del Alto Mando estaba la ocupación rápida de los centros mineros, el total aplastamiento de los obreros, el apresamiento y el asesinato de los cuadros dirigentes, para luego imponer una severa disciplina en el trabajo. Esta no es una conclusión arbitraria, sino la consecuencia de los grandes planes con los que los gorilas llegaron al poder. El Ministro del Interior, el hombre fuerte del régimen, ha revelado algo de esto en una entrevista concedida a la TV la noche del 5 de Agosto. Cuando se le preguntó si eran ciertos los insistentes rumores sobre la prolongación del tiempo del toque de queda, respondió con firmeza y hasta eufórico que no se acortaría ni alargaría porque esa disposición formaba parte de los planes del Alto Mando y que buscaban nada menos que disciplinar a los bolivianos para que después pudiesen usar las más amplias libertades. Que la revolución buscaba reestructurar toda la vida nacional y que por eso se impondría una servera disciplina, una especie de regeneración de los bolivianos.

La terca resistencia de los mineros y el hecho de que su unión con los campesinos amenaza convertir la lucha en demasiado larga, obligó a los generales a modificar sus esquemas originales, las FFAA fueron detenidas en las puertas mismas de los campamentos y se procedió a utilizar recursos de presión para obligar a los huelguistas a entablar negociaciones. El Sud, Huanuni y Caracoles quedaron simplemente como ejemplos de lo que podía haber sucedido de no mediar la resistencia organizada. El cerco de fuego no se atrevió a cerrarse sobre Siglo XX. Catavi quedó como la más seria amenaza. Así, el núcleo fundamental de la clase obrera permanece, una vez más, relativamente intacto, en espera de poder incorporarse totalmente para reiniciar su arremetida contra las fortalezas del gorilismo.

La recia resistencia ofrecida por los mineros al gorilismo les ha permitido imponer el respeto de la inamovilidad en el trabajo, el que no se apresara a los obreros, la no hostilización a los dirigentes y algunas otras pequeñas concesiones más, pero han tenido que aceptar la cesación de la actividad sindical. Las radioemisoras y bienes sindicales han pasado en depósito a manos del verdugo.

Esto contrasta con lo sucedido en las ciudades, donde los organismos de represión han podido ejecutar su tarea sin ningún impedimento; todo como consecuencia del precipitado e inesperado fin del paro general.

Los gorilas han encontrado en los burócratas sindicales a sus mejores aliados, conforme demostró el último conflicto huelguístico.

La asamblea general de Siglo XX acordó que para firmar cualquier convenio con los jefes castrenses se debía exigir el respeto de la libertad de todos los trabajadores en escala nacional.

Los burócratas violentaron esa decisión y estamparon sus firmas al pie del documento que había sido redactado por las autoridades castrenses, en el que se violentaba la demanda de los obreros.

A la próxima asamblea esos malos elementos se presentaron con el convenio ya firmado, razón por la que se los censuró acremente y concluyeron siendo repudiados por los asambleístas. Pecistas y miristas fueron inclusive físicamente agredidos.

La capacidad de resistencia y de lucha de los mineros ha permitido que en sus distritos actualmente se pueda vivir con alguna libertad, al margen del famoso toque de queda, etc.

¿Hasta cuándo imperará esta relativa libertad? Si se produce una nueva derrota que alcance a los mineros, los gorilas desconocerán todas las concesiones que ahora se han visto obligados a otorgar.

La huelga en las minas ha sido rica en enseñanzas y puntualizamos algunas:

En el momento más tenso de la lucha de clases, las bases obreras han hecho saltar en pedazos, acaso sin proponerse, toda la influencia de los sectores burgueses democratizantes. En la propaganda se hablaba de rechazar la invasión armada, de la COB y de la FSTMB y únicamente los locutores de Radio Nacional (Huanuni) se acordaron, de tarde en tarde, del CONADE. De una manera natural las masas, marchando bajo la dirección proletaria, se encaminaron más allá de los límites del democratismo burgués.

Cuando los campesinos se desplazaron hacia la izquierda, quedó sellada la alianza obrero-campesina, habiéndose dado los ejemplos más elevados en Colquiri y Siglo XX. Esa alianza no es otra cosa que la movilización de los hombres del agro detrás de la dirección proletaria.

Cuando Siglo XX decide convertirse en la dirección de la lucha de todos los bolivianos, y no es la primera vez que esto sucede, se materializa la tendencia de la clase revolucionaria a convertirse en la dirección política de toda la Nación oprimida. En esta medida quedan superadas las posiciones más avanzadas de la izquierda burguesa.

Los sindicatos, los comités de huelga, los piquetes de autodefensa, se transformaron en las únicas y soberanas autoridades de todas las regiones en conflicto. Las asambleas generales efectivizaron la democracia más amplia en favor de los trabajadores. Estas son expresiones de los órganos de poder de las masas. En Siglo XX tal proceso se dio con toda nitidez: en cierto momento habían dos gobiernos, uno que representaba al poder central a través de los mandos militares y el otro embrionario que era el poder obrero.

Los mineros, como tantas veces anteriormente, actuaron conforme a las decisiones de sus asambleas y al impulso interno dado por el propio movimiento, al margen de la carencia de una dirección centralizadora de la FSTMB o contra los pedidos de Lechín. Hay, pues, una poderosa tendencia latente a sobrepasar a la burocracia sindical, a echarla por la borda.

Las luchas futuras permitirán el desarrollo de estos embriones de las organizaciones de masas y el afloramiento de la experiencia acumulada por los explotados en su lucha contra el gorilismo.

Si los distritos como tales sobrepasaron a la burocracia, las bases sindicales se mostraron siempre más radicales que los dirigentes locales, estos no en pocas oportunidades traicionaron a la masa sacrificada y heroica.

Tenemos en nuestras manos un relato de primera mano que ilustra la forma como lucharon los mineros, se refiere a los encuentros habidos entre efectivos del Regimiento Camacho y los mineros de Caracoles:
Los días sábado y domingo (2 y 3 de agosto) se bombardeó y ametralló las minas Pongo, Molinos, Pacuni, y Argentina.

El lunes a las 8:00 de la mañana hubo un enfrentamiento. Las tropas y los blindados entraron masacrando los campamentos. El combate duró desde las ocho de la mañana hasta horas 18:00. Se registraron bajas de ambas partes. Los mineros lucharon hasta acabar toda su munición.

Es entonces que aparece un helicóptero ametrallando a los mineros, mujeres y niños fueron llevados a la iglesia del lugar; cuando los soldados ingresaron a dicha población comenzó el saqueo de las casas. Los cadáveres fueron recogidos en camiones caimanes y llevados con rumbo desconocido. Los prisioneros, casi todos niños y jóvenes, fueron trasladados a La Paz, en un número aproximado de 100. Las mujeres fueron violadas y azotadas con “guías” de dinamita.

El martes, 5 de agosto, los soldados asaltaron la iglesia y el colegio de monjas de la localidad de Quime, que queda algunos kilómetros más allá de las minas. Los curas, acusados de alentar a los mineros, tuvieron tiempo de escapar monte adentro.

Aproximadamente mil soldados, trasladados en alrededor de 25 o 30 caimanes, intervinieron en esta horrenda masacre, llena de incontables excesos. Seguramente fue aquí donde los gorilas mostraron mayor crueldad; estaban enfurecidos porque descubrieron que los obreros poseían algunas ametralladoras y dos morteros.

Por razones obvias no consignamos los nombres de las personas que nos proporcionan estos datos y que fueron protagonistas de la lucha contra el fascismo golpista.

La prensa

El 21 por la mañana el Ministro de Informaciones se reunió con los representantes de la entidad empresarial denominada Asociación Nacional de la Prensa y les aseguró que el gobierno respetaba la libertad de prensa, pese a todo lo sucedido y que también soportaban los periodistas.

La concesión hecha por los diarios fue la autocensura, que no por primera vez se impone en Bolivia con todo su rigor.

Hubo otra reunión similar con ASBORA y también se prometió que las radios podrían funcionar con toda libertad, que cesaría la cadena nacionalista.

El gobierno militar ha dado pruebas suficientes de que tiene una particular concepción de la libertad de prensa. Los periodistas pueden transmitir informaciones a condición de que no contraríen los planes e intereses gubernamentales. El periodismo apetecible sería aquel que da cuenta únicamente de los hechos, ocultando los que puedan desagradar a las autoridades, y absteniéndose de comentarlos.

En esas reuniones y en otras se demandó la libertad del gran número de periodistas que habían sido apresados por los organismos de represión. Las autoridades libertaron a los que creyeron que nada tienen que ver con la política y dijeron que evaluaban los casos de los sospechosos de tener la menor vinculación con las tendencias extremistas. Para el Coronel Arce y sus secuaces son partidos extremistas el MIR, el MNRI, etc.

La actitud de los propietarios de periódicos y radios es explicable cuando se trata de la actividad de los hombres de prensa, están de acuerdo que deben ser libertados los “apolíticos”, los que han dado pruebas de ser únicamente profesionales. Pero, la actividad periodística y la militancia, una de las emergencias de la ciudadanía amparada por la constitución, no son incompatibles. Las autoridades han sometido a una estrecha vigilancia a los corresponsales de prensa y han comenzado a expulsar a los que se atrevieron a transmitir algunas noticias que no fueron del agrado de aquellas, ese es el caso de los periodistas de la UP y de Reuter-Latin, etc.

La autocensura es muchas veces más perjudicial para la difusión de la verdad que la censura abierta de las autoridades. Los directores y los encargados de la redacción de los periódicos sólo dan paso a las informaciones oficiales y rechazan todo lo que se refiera a los puntos de vista de los opositores.
Presencia apenas si ha publicado la lista de los sacerdotes presos (diez de un total de 500 detenidos) y se niega a registrar los nombres proporcionados por familiares, bajo el argumento de que primero se deberá conocer la lista oficial, que tarda demasiado en llegar, lo que redunda en perjuicio de las condiciones de salud de los apresados. Ante el sistemático silencio oficial, los organismos internacionales demandan se publique la lista de muertos y presos.

El 30 de julio El Diario de La Paz apareció como vocero oficioso del gobierno, defendiendo cerradamente los excesos cometidos por los nuevos gobernantes. Sus columnistas, particularmente el envilecido Fernando Diez de Medina, hacen gala de sus ideas e inclinaciones fascistas y se esmeran en echar lodo a los caídos y a los extremistas. Mueve a risa leer los editoriales del decano de la prensa atacando frontal y sañudamente al imperialismo y a los EEUU. A nombre del cristianismo y de los derechos humanos se justifican y loan los excesos que viene cometiendo el Alto Mando Castrense.

Podría haberse que Hoy, de propiedad del Gral. Banzer, se hubiese convertido en el puntal periodístico del gobierno castrense, pero, contrariamente observa un tono más moderado que El Diario, seguramente como resultado d las discrepancias de ADN con los golpistas.

Ultima Hora se esfuerza por acomodarse lo mejor que puede a la nueva situación y se resiste a registrar en sus páginas algo que pudiese molestar a los nuevos dueños del poder.

Si se exceptúa a El Diario, el gobierno desearía que todos los periódicos dejasen de aparecer y contra ellos va aplicando sutiles métodos de presión.

En un país en que la gran minería, es decir, gran parte de la economía, ha sido estatizado, el Estado no sólo es el mayor empleador, el mayor comprador, sino también el mayor avisador; tiene en sus manos la llave maestra que puede condenar a un periódico a una difícil y larga agonía por carencia de recursos.
Las ediciones de Presencia, el mejor periódico del país hasta el 17 de Julio, aparecen muy disminuidas, con pocas páginas, sin todas sus secciones habituales y casi sin noticias políticas. En cada número se leen las disculpas por omitir tal o cual sección.

El día 30 de Julio se publicó un decreto obligando a los semanarios, cartas confidenciales y publicaciones ocasionales, a renovar sus registros ante el Ministerio de Informaciones. Esto equivale a la clausura. El gobierno tiene en la mano la posibilidad de impedir la publicación de las hojas que le resulten molestas.
Los semanarios y las hojas confidenciales permitían la difusión de noticias y comentarios que la gran prensa, que obedece a poderosos intereses económicos y que siempre está tan estrechamente vinculada al oficialismo, no publicaba. Constituían valiosas fuentes de información y hasta de discusión. Su desaparición convierte en gris la vida de las noticias y del periodismo.

El gobierno no ha cumplido hasta ahora con la promesa de permitir el libre desenvolvimiento de las radioemisoras. Nadie ignora que este medio de comunicación tiene una enorme importancia en un país de elevado porcentaje de iletrados y donde la red de caminos es pequeña. Por otro lado, una radio es muy difícil de ser controlada, no ya por organismos de represión, sino inclusive por su director, esto porque su técnica preferida consiste en dar la noticia al segundo. Se puede decir que las autoridades han acallado de manera secante a las radios.

Aparentemente ya no existe la red nacionalista de radiodifusión, pero las pocas emisoras que han salido al éter como independientes se han comprometido a no propalar noticias propias y están obligadas a tomar cadena con la oficialista Radio Illimani para la difusión de los boletines que emite el gobierno.

El Ministro de Informaciones ha dicho que no se trata de un control o disminución de la libertad de prensa, sino de que se ha descubierto que desgraciadamente el 99 por ciento de las radios habían estado funcionando ilegalmente, sin tener su documentación de registro al día. Nuevamente las autoridades tienen la posibilidad de impedir la salida de toda radio que pueda ser víctima de la sospecha de opositora.

La lucha política se torna difícil en un país sin prensa, sin radio y sin posibilidad de conocer y difundir noticias que corresponden a la realidad; esto sin correr muchos riesgos; contrariamente, estas circunstancias, facilitan las tareas de estabilización gubernamental y de limpieza de los opositores por parte del ejército. Por todo esto, tendrá que pasar algún tiempo antes de que pueda establecerse la llamada “libertad de prensa”. El silenciamiento de las radioemisoras mineras ha constituido un rudo golpe en este aspecto.

Los sectores que se ven mayormente perjudicados por el aplastamiento de los medios de comunicación social son los burgueses democratizantes. Con anterioridad manejaban a su antojo a una serie de organizaciones paralelas, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, y estas veían potenciada su actividad gracias a la caja de resonancia de la prensa y de la radio que ellos controlaban directa o indirectamente. Lo que decimos se confirma porque en la actualidad tales organismos parecen haber desaparecido del todo, únicamente está presente la derechista alta jerarquía de la Iglesia, que no ha perdido del todo sus tradicionales canales para difundir noticias y rumores.

En tales condiciones necesariamente el rumor se convierte en un instrumento poderoso para quienes saben manejarlo. En nuestra historia hay casos en que sectores de la clase dominante han sabido minar al gobierno enemigo mediante la campaña de chismes. Eso sucedió en 1946. La pequeña burguesía, los grupos que giran alrededor de algunos intelectuales, y los círculos formados teniendo como eje a ciertos empresarios, que ofician de mecenas de malentretenidos, gentes aficionadas al buen vivir en los salones, etc. saben manipular los rumores y tienen posibilidades de inundar con ellos toda la sociedad. Pero, si no se maneja con cierta habilidad pueden resultar perjudiciales para sus prohijadores. Algo de esto ocurre hoy entre nosotros.

Todo el mundo andaba nervioso porque sacudieron a toda la sociedad los rumores sobre el apresamiento de García en Cochabamba, las rebeliones de los regimientos Tarapacá y Colorados en La Paz, el ingreso de Siles desde Perú por determinado punto de la frontera, el funcionamiento del parlamento, el descontado reconocimiento del nuevo gobierno por parte de Venezuela, la transmisión del mando por la Sra. Gueiler, etc.

El malestar e inquietud llegó a tales extremos de que el Gral. Presidente que no se había movido de La Paz, tuvo que trasladarse al Tarapacá fingiendo un desayuno-trabajo, y desde allí arengar a la prensa, a la TV, a la radio y a todo el país subrayando que la unidad de las FFAA era inquebrantable alrededor del gobierno de Reconstrucción Nacional. La prensa del 6 de agosto registra un comunicado en el mismo sentido del Comando General del Ejército.

Claro que no funcionó el Parlamento, la Gueiler permaneció en la Nunciatura bien custodiada y no hubo
rebelión militar. De esta manera el rumor se gasta y los que lo difunden, todo el mundo sabe quienes son, pierden toda credibilidad.

Los partidos revolucionarios, que se organizan tanto para la actividad legal como la clandestina están debidamente preparados para seguir realizando campaña política subterránea. La prensa obrera llena el vacío dejado por el perididsmo legal. Es claro que el periódico revolucionario no puede ni debe limitarse a ser un simple canal de difusión de noticias, preocupado de no salirse de la objetividad, de no banderizarse con ninguno de los bandos en combate, etc. No, tiene que cumplir la función de vehículo transmisor de las ideas que son propias de la dirección política. Por otra parte, el movimiento revolucionario precisa de hojas impresas para dilucidar los problemas políticos, para ajustar cuentas con las otras tendencias, para realizar el balance de todo lo acontecido, de ahí que sean necesariamente polémicas. Esta actividad periodística permite a la vanguardia asimilar críticamente todo lo logrado por las masas en su lucha cotidiana.

Los campesinos

García Meza, en Ucureña el 2 de agosto, proclamó que su gobierno era de los campesinos, que éstos y el ejército constituían la vanguardia del pueblo boliviano.

Por otra parte, oficialmente el gobierno ha declarado que está en vigencia el pacto militar-campesino, un instrumento que los golpistas vinieron manejando desde mucho antes del 17 de julio.
No puede haber la menor duda de que los generales se han empleado a fondo en el propósito de ganar la confianza de la mayor parte de los sectores campesinos. Los amagos golpistas del período electoral ya contaron con algunos enclaves en el agro del norte cruceño, donde lacraran, inclusive blaaviesr las cosa que también sucedió en menor medida en la región cochabambina.

En las ciudades los golpistas sólo han movido, al menos hasta ahora a la costra sobomable de la población. Contrariamente, se puede decir que en el campo cuentan con puntos de apoyo de alguna importancia; hay que exceptuar de esta afirmación a la región altiplánica próxima a La Paz, que parece permanecer reacia en su aplastante mayoría a las tentaciones que oferta el general. Han habido concentraciones campesinas en la región beniana, en Santa Cruz, en alguna población del valle cochabambino y en Ucureña. El oficialismo, siguiendo una vieja tradición, llega al campo con algunos regalitos, con obras concluidas o proyectadas, con halagos y promesas muy generosas. Es claro que un campesino mayoritario y militante constituiría un valioso apoyo para cualquier gobierno, como ya se demostró en la época del Gral. Barrientos.

El pacto militar-campesino, que se inició después del golpe contrarrevolucionario de 1964 (Barrientos-Ovando), constituye una de las formas más sofisticadas que puede esgrimir la jerarquía castrense, actuando como portavoz de los interesa de la clase dominante, para someter a su voluntad secante y totalitaria a la masa campesina, y porque puede aparecer, al mismo tiempo, como recurso liberador de ésta al ofrecer una serie de mejoras materiales e inmediatas. El empleo de los recursos estatales en obras a realizarse en el campo adquiere automáticamente una inconfundible proyección política reaccionaria.
Mucho se ha criticado al pacto, pero esto no quiere decir que hubiese perdido del todo su vigencia. Ha sido uno de los mayores aciertos de los generales el volver a retomar la maniobra ideada por Barrientos para poder controlar de cerca a la masa campesina; para cerrarla a la propaganda de los opositores. A medida que los militares logren dar un contenido material a la fórmula del pacto militar-campesino, avanzarán en su propósito de llegar a ser amos indiscutidos del agro.

Existe una razón, relacionada, con el carácter de clase del campesino, que puede permitirle oscilar entre los sectores democratizantes y fascistas de la clase dominante, de la burguesía. La gran masa de pequeños productores empobrecidos conforman la pequeña burguesía rural, que por ser tal no puede desarrollar consecuentemente una política propia, adquirir conciencia de clase y expresar políticamente sus intereses, es decir, de una manera generalizada y nacional. Por esto, de una manera natural, sigue a las clases polares de la ciudad: burguesía y proletariado. La primera, por ser dueña de los medios de producción y porque las ideas dominantes son las suyas, normalmente arrastra detrás de sí a las .masas del agro, cuya capacidad y tenacidad de lucha son período de ‘hiena por las garantías democráticas conoció del profundo desplazamiento de los campesinos y los proletarios hacia posiciones burguesas democratizantes, una especie de izquierda burguesa, muy bien representada por la UDP. A diferencia de la clase obrera, los campesinos no han logrado en su totalidad abandonar esa posición y desplazarse hacia el proletariado. Lo que ha sucedido últimamente en las minas, constituye un anuncio promisor de lo que sucederá en el futuro.

Durante las campañas electorales una parte del agro, aunque minoritaria, se alineó detrás de los grupos derechistas burgueses (Banzer, Paz Estenssoro). Es en estas capas en las que los generales lograron recolectar a sus primeros seguidores. Los caciques corrompidos comenzaron a girar alrededor del Alto Mando para poder satisfacer sus ambiciones personales y con la esperanza de que por este canal podrían volver a las graderías del Palacio de Gobierno.

Como se ve, existe una razón de clase que puede permitir a los gorilas apoyarse, de la misma manera que lo hizo Barrientos e introduciendo las variantes que imponen los tiempos nuevos, de manera creciente en la masa campesina.

Como quiera que demagógicamente García Meza y sus seguidores dan rienda suelta a un fingido indigenismo, algunos grupos y líderes campesinos creen que ha llegado el momento de utilizar la espada de los generales para entronizar sus ideas, inclusive los racistas. En los primeros momentos apareció en la TV Eufronio Vélez Magne, que fuera candidato a vice-presidencia por el MITKA, para tronar contra los políticos e intelectuales y anunciar que se abría, a través de los gorilas golpistas nada menos que el período histórico del poder indio; parece que los dueños del poder se dieron cuenta rápidamente que esta propaganda no les favorecía.

Si las llamadas organizaciones de obreros independientes no pasan de ser vulgares mascaradas, la Confederación Campesina oficialista, en la que pueden verse elementos totalmente corruptos pero vinculados al agro, tiene posibilidades de mover alguna gente, como lo ha probado la concentración de Ucureña por ejemplo. Vélez ha desaparecido del escenario, seguramente porque sus postulados resultan comprometedores en extremo para los actuales gobernantes, Pero se mueve activamente la Confederación y han pedido ser reconocidos oficialmente como organización sindical.

Las dificultades económicas que tendrá que afrontar el gobierno pueden impedir que satisfaga las exigencias y necesidades de los campesinos, en esta medida pueden nuevamente alinearse gradualmente detrás de los opositores burgueses democratizantes. El que vuelvan a concentrarse alrededor del proletariado, como lo hicieron en la segunda quincena de Julio, es un poco más improbable y una cuestión de futuro.

Intervención imperialista

El gobierno Cárter se limitó a cumplir lo que había anunciado; producido el golpe retiró a su embajador de La Paz y cortó la ayuda económica. Los países imperialistas de Europa, incluso la parsimoniosa Inglaterra siguió el mismo camino. En los mismos días se indicó que Londres había levantado el bloqueo de armas en favor de Pinochet.

Los países del acuerdo de Cartagena repudiaron a los generales gorilas por haber interrumpido el proceso de democratización y así se sumaron a la condena que poco antes acordó la OEA. La representación de Nicaragua jugó un papel de importancia en todos estos trámites y planteó la necesidad de que la reunión de cancilleres acordase sanciones más concretas. La Paz se limitó a romper relaciones con Nicaragua, cuya cancillería respondió que no deseaba mantener relaciones con fascistas.

El capitalismo democratizante se alineó con firmeza contra el nuevo régimen de La Paz, colocándolo en una difícil situación, pues ve, por el momento, cortadas las posibilidades de recibir la tan necesitada ayuda económica de las fuentes “democráticas».

El golpe del 17 de julio-se relievó porque permitió al Cono Sur adquirir consistencia y cohesión ideológica frente a la avalancha democratizadora dirigida por Washington. Los gobiernos militares de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pueden sentirse fortalecidos porque han encontrado la oportunidad de afirmarse en sus posiciones y convertirse en factor decisivo dentro del Continente y del mundo. La política exterior de Cárter ha recibido un serio revés que pesará negativamente en su campaña electoral. Los regímenes militares esperan la victoria de Reagan como el anuncio del cambio político de los EEUU frente a América Latina, victoria que fortalecerá a García Meza.

Hay indicios de que el Brasil puede ocupar el lugar de mantenedor económico de Bolivia, que desde hace algún tiempo le interesa como cabeza de puente para afirmarse como dominador continental. García Meza ha anunciado que venderá gas a dicho país, a fin de poder hacer frente a las necesidades económicas inmediatas.

Copiamos las declaraciones del presidente argentino Videla que ponen en claro su estrecha identidad ideológica con los golpistas del 17 de julio:

“Córdoba, 6 (TELAM) – El presidente Jorge Rafael Videla declaró ayer en esta capital, al concluir la visita que durante dos días realizó a la provincia que las autoridades argentinas veían con simpatía al gobierno militar Boliviano y sostuvo que en ningún momento ‘se propició en Bolivia ni se asesoró acerca de cómo llevar a cabo la acción militar que derrocó a las autoridades porque los golpes no se hacen por receta ni existen métodos que puedan aconsejarse para llevarlos a cabo’.

Agregó Videla que ‘la información llegada del exterior sobre el tema debe haber nacido por confusión o distorsión ya que desde hace mucho tiempo la Argentina mantiene comisiones de asesoramiento militar en Bolivia, como las tuvo en Paraguay, en Panamá y EEUU. Son grupos de trabajo que se envían a pedido de los gobiernos para asesorarlos en determinadas prácticas o hacerles conocer experiencias que nuestro país ha vivido en el marco militar.’

‘Lo que ocurrió realmente con Bolivia, sostuvo a continuación, es que entre las dos opciones que estaban por darse en el vecino país: la formalmente correcta, que era la asunción de un gobierno surgido de elecciones pero que presentaba para nosotros un alto grado de riesgo en cuanto a la posibilidad de difusión de ideas contrarias a nuestro sistema de vida y la existencia de un gobierno militar, hemos visto con simpatía esta última opción, porque no queremos tener en Sudamérica lo que significa Cuba para Centroamérica. Entonces, adoptamos la actitud que consideramos lógica. el reconocimiento como una forma concreta en hechos nuestra simpatía. Y no descartamos que a ello siga el aporte de alimentos y aún de créditos para que el pueblo boliviano pueda reflotar.

Es decir, no estamos ayudando a los militares bolivianos. Estamos ayudando al pueblo de Bolivia para que no caiga en lo que nosotros casi estuvimos a punto de caer’.»

Han reconocido al gobierno castrense únicamente los países del Cono Sur y el Egipto, Israel, China Nacionalista, Filipinas, Guatemala y algunos otros. Se puede afirmar que, partiendo de las tradicionales vinculaciones internacionales de Bolivia, esta ha quedado relativamente aislada.

Los boycoteadores han dicho con claridad que persiguen el retorno del país altiplánico a las prácticas democráticas y los norteamericanos no han medido sus palabras el referirse a qué tipo de gobierno preferirían. Se trata, no hay la menor duda, de un franco intervencionismo de la Metrópoli en los asuntos internos de la semicolonia y la cosa no es ninguna novedad, siempre ha sido así. Los revolucionarios no pueden ver con indiferencia tal actitud colonizadora y prepotente de la nación opresora y menos solidarizarse con ella cuando está en juego la soberanía de la nación oprimida. La izquierda proburguesa se sumó a la posición lógica que adoptó la burguesía democratizante: alinearse detrás del amo foráneo y actuar como su aliado porque promete restaurar la “democracia” altiplánica. El imperialismo continúa en su función de sustituto político de la burguesía caduca.

Parece que se esperaba que el boycot internacional pudiese acabar rápidamente con los gorilas golpistas, como quiera que estos se han estabilizado, por lo menos aparentemente, esta tendencia ha ingresado a su etapa de declinación. Se ha adelantado que la OEA no tomará mayores sanciones contra el gobierno de La Paz. El Departamento de Estado se resiste a reconocer a un gobierno en la clandestinidad y el sabotaje económico está muy lejos de ser total.

El tremendo error cometido por la “izquierda” pro-burguesa ha permitido que los gorilas aparezcan como abanderados de la liberación nacional, como enemigos jurados de la opresión imperialista, es decir, como nacionalistas puros. Al boycot han respondido con energía y hasta han llegado a expulsar a tres marines yanquis (5 de agosto).

Este “anti-imperialismo” rápidamente se ha convertido en un pretexto para una amplia campaña demagógica. Ha sido incluido como un punto del programa de los golpistas la necesidad de luchar por un gobierno independiente de toda influencia imperialista y foránea. Tal vez alguien diga que ha llegado la oportunidad de crear el Estado Nacional Soberano, sólo que eso no será posible por no existir posibilidades de un pleno y libre desarrollo capitalista, sobre todo si el régimen permanece enfrentado a las potencias poderosas que podrían prestarle decisiva ayuda económica y técnica. El sueño de la autarquía boliviana parece rondar por la mente confusa de los generales, pero no sería más que un sueño reaccionario

Hay un otro movimiento internacional que repudia a los golpistas y que apoya decididamente a la resistencia del pueblo boliviano, estamos hablando de las tendencias obreras y revolucionarias. Es en este elemento en el que deben apoyarse los revolucionarios. Si la actitud del imperialismo puede concluir acentuando el sometimiento de Bolivia a la Metrópoli, la movilización de las masas de otros países en su favor, fortalecerá todo el movimiento revolucionario internacional, que es lo que cuenta.

»Democracia» a la boliviana

Cuando el Gral. García Meza se estaba encaramando en la Comandancia Gral. de las FFAA habló de una “democracia a la boliviana”.

No solamente las acciones brutales del nuevo gobierno contra las masas y los partidos de izquierda y democráticos, sino los mismos enunciados de los documentos programáticos del gorilismo, y vienen a demostrar que nos encontramos frente a una forma gubernamental fascista del Estado burgués. Si los fascistas hablan de “democracia” es porque sus necesidades de supervivencia les obliga a presentarse en el plano internacional como defensores de los derechos humanos y como portavoces de las mayorías nacionales. Los generales hipócritamente van haciendo algunas concesiones puramente formales a los portavoces foráneos de la democracia. La viveza criolla está segura de poder engatuzar a los gringos.
¿Qué sería la democracia a la boliviana? Algo así como una Constitución Política que sólo tiene vigencia en la medida en que no violenta los intereses de los dueños del poder, cuya voluntad se convierte en ley suprema.

Esa “democracia” tendría que adaptarse a una Bolivia convertida en un descomunal cuartel o campo de concentración, donde imperen el servicio patriótico y una disciplina de cuartel como pregona el Cnel. Arce. Las “libertades” estarían condicionadas a los planes y dictados del gobierno gorila. García ha dicho que se respetarán los derechos de los trabajadores, pero también que se les impondrá el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Ya está anunciado que la quiebra de las empresas estatizadas y de la economía del país será superada a costa del mayor sacrificio de los explotados.

La “democracia a la boliviana” puede sintetizarse en la siguiente fórmula: primero seguridad interna, que supone el uso de la brutal violencia para imponer la “paz social”, y sólo después las garantías constitucionales. En su mensaje García expresó: “el gobierno de las FFAA ha declarado pleno respeto a los derechos civiles de los ciudadanos, y garantizará el ejercicio de los derechos y libertades. Pero este derecho inalienable del hombre, es ejercido a su manera por la izquierda internacional, porque con este principio se pretende menoscabar la seguridad interna del país, buscándose carta blanca para cometer actos de terrorismo y crímenes políticos”. Así el respeto irrestricto de los derechos humanos es calificado como comunismo. Subordinar a la seguridad interna, a la voluntad del gorilismo, el respeto a la libertad del hombre, significaría prácticamente desconocerla, hacer que deje de ser inalienable. El gorila apostrofó: “ ¡No toleraremos el libertinaje, ni permitiremos que se confunda la tolerancia con la debilidad!».

La “democracia a la boliviana” nos llevaría a trabajar siempre más y en silencio. Los que piensan y exijan el derecho de difundir libremente sus ideas, que se las supone subversivas, son los peores enemigos de esta “democracia”.

Los generales dicen que no son enemigos del sindicalismo, pero su existencia está condicionada a que se despolitice, a que se someta a los dictados gubernamentales. Los gobiernos burgueses nacionalistas de los países atrasados (el de García es Nacionalista de extrema derecha) llevan la tendencia de estatizar los sindicatos, porque así pueden fortalecer y cumplir más fácilmente sus planes. Esta estatización llegará a su extremo máximo bajo el actual régimen. La voluntad de los trabajadores de base, punto de arranque del auténtico sindicalismo, se verá sustituida por los dictados gorilas. Los sindicatos deberán dejar de ser núcleos de resistencia y de defensa de los derechos y conqusitas de los obreros, porque el gorilismo se propone imponer un régimen de mayor trabajo, la cancelación de importantes conquistas e inclusive el despido masivo de las empresas estatizadas. García ha dicho que sólo en COMIBOL hay 4.000 obreros excedentes. Ese sentido tiene la tan pregonada despolitización de los organizaciones obreras.

La universidad

Tomamos el mensaje del 6 de agosto del Gral. García una declaración programática sobre la Universidad y que ya señala cuál será la suerte en el futuro próximo: “los claustros universitarios se habían desvinculado de la realidad nacional y de sus necesidades y lo que es peor dejaron de lado la educación superior para convertirse en centros del foquismo internacional. Grupos políticos y partidarios habían convertido a la universidad en centros de agitación y difusión de ideologías extremistas, llegando, incluso, a financiar y organizar festivales internacionales políticos, malversando ignominiosamente los fondos que el pueblo boliviano aporta generosamente para la preparación de profesionales.

Sus claustros se transformaron en centros de cultos y adoración de efigies de Castro, Marx, Lenin, Che Guevara y Trotsky, reemplazando a los manes de la patria. Y la tricolor nacional fue cambiada por la bandera del extremismo, la docencia universitaria fue puesta al servicio del favoritismo político izquierdizante y donde los Catedráticos independientes más capaces fueron destituidos para ser reemplazados por quienes eran obsecuentes con la anarquía y la demagogia.

Ante esta situación, el gobierno de reconstrucción nacional dictará las medidas adecuadas que permitan devolverle a la Universidad la función que el pueblo boliviano espera de ella para la formación profesional de sus hijos”.

El golpe ha destruido momentáneamente el régimen de la autonomía universitaria y del cogobierno paritario docente-estudiantil, máximas conquistas de los estudiantes y de las masas en el plano de la educación superior. Volverá a reponer, en sus grandes líneas, la Universidad Banzerista.

La preocupación mayor del gobierno es liquidar a la Universidad como poderoso foco de resistencia y de movilización de los sectores mayoritarios de la población, por eso plantea como tarea prioritaria su despolitización. A los generales les agradaría una Casa Superior de Estudios dedicada únicamente a vomitar de tarde en tarde camadas de tecnócratas con mentalidad cuadriculada, una universidad de neto corte norteamericano, dedicada preferentemente a los deportes y a un programa agobiante de estudios y exámenes a fin de que los jóvenes no puedan tener tiempo de ocuparse de los problemas sociales y nacionales.

Bajo un régimen totalitario fascista no puede haber universidad autónoma, pues tiene que funcionar como una dependencia gubernamental, como un centro de control y persecución de los estudiantes, como ya sucedió bajo el gobierno de Banzer. Ese es el destino de la Universidad.

Necesariamente será destruida la libertad de pensamiento y de cátedra por ser incompatibles con el fascismo. Podrá darse una educación técnica mediocre, pero la ciencia quedará marginada de la Universidad gorila, porque no puede florecer de espaldas a una amplísima libertad. Los profesores y alumnos harán todo lo posible por no pensar para evitar ser víctimas de la represión cavernaria. La militancia política de catedráticos y estudiantes constituye una garantía de honestidad y es un certificado de su apego a la investigación y a las tendencias progresistas o no. La universidad apolítica es una Universidad castrada.

Sólo queda luchar sin tregua por la reposición de la Universidad autónoma, convertirla en una reivindicación de alcance nacional y propia de las masas.

Con fecha 25 de julio, cincuentenario de la autonomía, el funcionario Ramón Rada pidió al general García la reposición del régimen autonomista, no sin antes recordarle que fueron otros militares los que consagraron tal sistema y olvidó decir que al Cnel. Toro se le debe la autonomía económica, etc. Ese es el camino del servilismo pequeño burgués; la autonomía será repuesta o no conforme al nivel que alcance la lucha revolucionaria de las masas. Esta reivindicación adquiere carácter nacional y se inscribe entre las democráticas que imponen las actuales circunstancias.

No nos engañemos, el oficialismo encontrará secuaces entre los malos universtarios y estos se prestarán a respaldar sus medidas anti-autonomistas, igual cosa se observa entre los maestros, donde ya se mueven unos pretendidos “comités de base . Una supuesta Comunidad Universitaria Autonomista ha salido a la palestra, el de agosto, para denunciar que el malestar de la universidad se debe a la acción de los extremistas, etc. Toda esta basura será barrida por el impetuoso empuje de las masas.

Las tareas

Los sectores burgueses democratizantes y los “izquierdistas” que están detrás de ellos sueñan con establecer un gobierno de coalición clandestino, que pueda dirigir una larga lucha contra el gorilismo. Su maniobra pretenden consumarla como una conspiración de las altas cumbres políticas y de espaldas a las masas. Esta conducta, por muy “democrática» que sea no tiene nada de revolucionaria y es extraña a la actividad de los explotados. Por estas consideraciones no podemos compartirla. Otra cosa sería concluir un acuerdo con ellos sobre algunas actividades concretas. El objetivo central por el momento consiste en configurar el frente antiimperialista, al que pueden ingresar los democratizantes, a condición de que se subordinen a la estrategia del proletariado. No luchamos por el verificativo de una cuarta elección general, sino por aplastar por la acción de las masas al gorilismo y al capitalismo

La táctica tiene que consistir en lograr que las masas se movilicen y arremetan de nuevo contra la dictadura, sólo en función de esta movilización podrá esperarse que el ejército se escicione y flote de su seno la tendencia izquierda que existe.

Esta táctica debe consistir en afirmarse en todos los brotes de resistencia en los centros de trabajo, que se dan por reivindicaciones por demás modestas. Estos brotes deben ser potenciados y generalizados. Sólo así se logrará una nueva arremetida revolucionaria contra los usurpadores del poder.

Hoy más que nunca no hay que apartarse de las masas, sino que, contrariamente, habrá que penetrar con vigor en ellas y seguir todos sus movimientos, todas las modificaciones que se produzcan en su
conciencia.

Este trabajo nos permitirá el real fortalecimiento de nuestro Partido, requisito imprescindible para la victoria revolucionaria. En esa lucha ajustaremos debidamente nuestro programa e iremos afinando nuestra táctica al calor de la experiencia histórica.

Un severo trabajo clandestino, sin que esto suponga no aprovechar toda coyuntura de legalidad para llegar más fácilmente hasta el grueso del país, nos permitirá templar y seleccionar a nuestros cuadros. La fortaleza de nuestra organización no arranca sólo del vigor y justeza de nuestro programa, sino de la existencia de cuadros capaces de llevarlo hasta las masas y de efectivizarlo. La verdad está de nuestra parte, por eso debemos prepararnos debidamente para la victoria de nuestra causa. También tendremos que esforzarnos por lograr que el POR se fusione con el movimiento revolucionario internacional y en este trabajo nos toca desenmascarar a los falsos trotskystas electoreros.

La nueva situación política creada en el país y que se caracteriza por el predominio del gorilismo y su control del aparato estatal, lo que importa el desconocimiento de las garantías democráticas y sindicales, la virtual cancelación de la autonomía universitaria, etc., esto cuando las masas han ingresado por lo menos a un estado de inmovilización, impone que se señale con precisión cuáles son los objetivos por los cuales luchar cotidianamente.

La batalla se librará alrededor de la defensa de las garantías democráticas y sindicales más elementales, de las conquistas sociales, del derecho al trabajo, del pedazo de pan (salario), del derecho a la existencia de las organizaciones obreras y de su libre desenvolvimiento, de la reposición del fuero sindical, de la entrega de los bienes sindicales a los trabajadores, del reconocimiento de la autonomía universitaria y del co-gobierno paritario docente-estudiantil, de la libertad de cátedra. La lucha por la libertad de los presos políticos y sindicales, por su mejor trato en las cárceles, por la oposición a que sean enviados a campos de concentración y sometidos a trabajos forzados, como ha anunciado el gobierno, por que sean sometidos a los tribunales ordinarios de justicia, etc., puede ser el punto de partida de una gran movilización.

Esta lucha por reivindicaciones tan elementales debe tener la tendencia a generalizarse, a convertirse en política, en esta medida servirá para convertirse en el punto de arranque de la futura ofensiva que, al estar dirigida por la clase obrera, tenderá a romper el marco de la democracia formal, aunque será la única forma de efectivización en favor del grueso de la población de las garantías constitucionales y sindicales.

Si se nos plantease la cuestión de si se debe o no incluir la reivindicación del respeto del resultado de las últimas elecciones, responderemos que sí. Que traducir en hechos esos resultados es siempre mejor y mas “democrático” que la permanencia de los gorilas en el poder. Pero, el respeto de los resultados del “proceso democrático” debe lograrse por medios nada democráticos, por la movilización y acción directa de las masas. Sin embargo, esa reivindicación no debe servir de pretexto para subordinar a la clase obrera a la dirección política de la burguesía. La lucha de los explotados, aún teniendo el pretexto del respeto de los cómputos electorales, deberá estar subordinada a la estrategia de la revolución y dictadura proletarias.

Hay algo que es preciso dejar claramente establecido, la poderosa presión de los sectores burgueses democratizantes y del imperialismo internacionales tiende a que los bolivianos abandonemos toda política revolucionaria y nos limitemos a luchar por la estructuración de la sociedad limitadamente democrática, a poner en pie un gobierno burgués a gusto de los EEUU. A esta presión hay que oponer la estrategia revolucionaria y ver con claridad que esta finalidad se logrará a través de la lucha por imponer la materialización de las elementales garantías democráticas y sindicales.

El “gobierno en la clandestinidad” puede ser una consigna que adquiera una gran capacidad movilizadora, esto cuando corresponde a una determinada situación política, o bien concluir como una fórmula hueca, como una alegoría literaria, cuando es lanzada sin tener en cuenta el estado real por el que atraviesan las masas. Como toda consigna, no puede tener un valor permanente, por encima de la cambiante política.

El “gobierno clandestino” de Siles habría adquirido significación durante el período de las huelgas y bloqueos de caminos, de la gran movilización de las masas esto por su capacidad potenciadora de la actividad de esta, porque les habría dado un objetivo palpable por el cual luchar.

Cuando la mayoría nacional retrocede, cuando se afianza el gorilismo, el “gobierno clandestino” se queda como fórmula sin contenido, como consigna equivocada. Ahora corresponde trabajar para poner en pie a las mayorías y para ayudarles a organizarse y politizarse pues sólo así se logrará que pasen en breve tiempo a la arremetida frontal contra el gorilismo.

El “gobierno clandestino” apoyado en las masas en pie de combate, habría adquirido poder por representarlas, por tener la posibilidad de convertirse, cada día en mayor medida, en una verdadera autoridad para los explotados. Ahora, nada de esto puede darse y se esfumará en la medida en que el gobierno central descargue su puño de hierro sobre la mayoría nacional y sobre los propios “clandestinos”. Inclusive un “gobierno en el exilio” tendría dudosa viabilidad.

Siles autoproclamado gobierno durante las grandes huelgas, habría logrado que su parcial victoria electoral se trocase en victoria nacional palpable. Como esa oportunidad ha sido perdida, el excelente pretexto del “respeto a los resultados de las elecciones” puede esfumarse en la misma medida en que se esfume el “gobierno clandestino” por su gradual insuficiencia gubernativa. El gobierno no debe ser una ficción, incluso partiendo como simple propuesta debe tender a convertirse en realidad tangible. El juego y el ridículo en política tienen siempre efectos desastrosos.

Los poristas habríamos sido la oposición obrera al gobierno burgués de Siles, pero después del 17 de Julio no hubiéramos tenido más remedio que apuntalarlo dado su carácter de ariete en manos de las masas y dirigido a derribar al gorilismo, salvando, claro está, nuestra estrategia, que es la del proletariado. Pero, ahora Siles se trueca en una ficción, en lugar de empeñarse en la lucha política, se diluye en la maniobra burocrática. ¿Cómo pueden las masas asirse de algo que no ven ni tocan? El jefe de la UDP está jugando a la clandestinidad, no está proyectándose desde ésta hacia el porvenir. El “gobierno clandestino” sólo puede ser una cosa: la dirección de la UDP pero incluso a ésta todavía le falta tomar el poder para ser gobierno.

El “gobierno clandestino” u otro cualquiera lanzado desde la oposición sirven si pueden impulsar a la mayoría nacional hacia el poder, pero no si le dicen que ya son gobierno, pese a que tienen que soportar todos los días la feroz represión y opresión del gorilismo asentado en el poder. El “gobierno clandestino” es, pues, una consigna fallida.

Cuando se dice “yo soy gobierno clandestino», interesado en no dejar huella de lo que hago y deambulando subrepticiamente para que el gorila no me agarre, condiciones elementales de la clandestinidad, he dejado de decir a los explotados que se incorporen para imponer una determinada forma de gobierno, a estructurar de nuevo al Estado capitalista que es preciso destruir. Este contrasentido no es más que la traducción de la fórmula gubernamental de la táctica central de la UDP: la resistencia civil pasiva. Bueno, esta es una curiosidad burguesa digna de Gandhi, pero no es propia de los revolucionarios bolivianos, no expresa su voluntad de derribar al gorilismo en las calles y menos de conquistar combatiendo la liberación de Bolivia y del proletariado.

No, el POR no puede seguir a la UDP en su gravísimo equívoco. No bien se esfume el “gobierno clandestino”, se habrá esfumado la posibilidad de que la burguesa UDP llegue a ser efectivamente gobierno. Peor para ella, pero es nuestra obligación decir toda nuestra verdad al pueblo boliviano y ella está dicha en el presente escrito.

En una etapa de convulsión social lo que ahora se llama “gobierno clandestino” tendería a afirmarse en determinado territorio arrancado al control del gorilismo, entonces sí sería realidad, independientemente de su contenido de clase. El “gobierno clandestino” vaciado en frío está condenado a perecer como tal, como clandestino, sin que nadie se percate del suceso, lo que es sumamente lamentable.

Cuando el “gobierno clandestino” se proclama “constitucional” quiere decir que practicará una democracia propia de las catacumbas. Hablando en nombre del “pueblo” no tiene posibilidades de consultarlo ni de poner en marcha al Legislativo, que se lo supone constituido por representantes de la soberanía popular. Este gobierno constitucional-clandestino será necesariamente despótico y autoritario, por no poder llevar vida legal pública y multitudinaria. “Constitucional», pero carente de poder y fuerza para imponer la vigencia de la Constitución. La historia les ha jugado una mala pasada a los democratizantes. Hasta un partido clandestino se ve obligado a cercenar la democracia interna. El sentido común sienta una premisa: el gobierno clandestino no puede ser constitucional y si lo fuera tendría que comenzar encarcelando a los usurpadores del poder.

10 de Agosto de 1980.

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El Salvador: La política de la izquierda y el problema de la insurrección

Pablo Rieznik Aníbal Romero

Es en la segunda mitad del siglo pasado cuando se impone en El Salvador el dominio indisputado de la burguesía terrateniente cafetalera, matriz sobre la cual se constituye y consolida el Estado en este país centroamericano. La base de dominación de la clase explotadora es la propiedad privada sobre la tierra tremendamente concentrada, concentración cuyas raíces se encuentran ya en la dominación española, iniciada en 1524.

El resultado principal de la conquista por España del territorio que hoy constituye El Salvador fue la organización de la agricultura en empresas comerciales encaminadas a la exportación. La expansión de la agricultura comercial, durante el período de casi tres siglos que abarca la colonia, fue lenta pero sistemática y su consecuencia fue la progresiva destrucción de las comunidades indígenas, la explotación y pauperización de los Indios. El proceso de desintegración de la aldea indígena dará origen a los “ladinos».
Estos son indígenas que hablan el español, y que entonces abandonaban sus aldeas, huyendo del trabajo forzado semiservil, que se combinaba con los altos impuestos exigidos por los españoles. Los ladinos se convirtieron en su mayoría en trabajadores de subsistencia, colonos usurpadores o trabajadores migratorios, y no dejaron de crecer, al punto de constituir en la actualidad la masa fundamental de los pobres de las áreas rurales de El Salvador (1).

La agricultura salvadoreña desde la época colonial hasta la introducción del café reposó en el cultivo del añil. Para el cultivo del añil se agrupaban, en grandes haciendas, millares de pequeñas y medias unidades productivas que utilizaban la mano de obra indígena. Hacia el final del período colonial existían un total de 400 haciendas en El Salvador cuyos propietarios constituían la clase dominante, que se aseguró el control del Estado luego de la independencia, en 1821. La independencia no significó ninguna alteración fundamental en este cuadro porque fue prácticamente un acto administrativo: fue uno de los últimos episodios de la liquidación del imperio colonial, no estuvo precedido por luchas significativas y no contó con ninguna resistencia por parte de España, que se desembarazó de la Capitanía General de Guatemala en uno de los ciclos económicos más críticos de la región. Así, “el tránsito de la Colonia a la República se hizo pacífica y sorpresivamente, a través de una virtual declaración normal que dejó intacta, incluso en la persona física del último Capitán General y primer jefe de Estado, la estructura administrativa y política de la colonia.” (2).

El Salvador se organizó entonces en la República Federal que agrupaba a las cinco provincias de la Capitanía General de Guatemala. Esta República, fundada en 1824, tuvo una vida efímera, pues fue desintegrada en virtud del agudo localismo (atraso) de las oligarquías de las exprovincias coloniales, cada una de las cuales concluiría como país independiente luego de una guerra civil prácticamente ininterrumpida. Lo cierto es que no existió una clase nacional capaz de unificar al territorio centroamericano, una región que los españoles centralizaron por razones puramente administrativas y que, carecía de una base económica indispensable para gestar una nación común. Por otra parte, América Central constituía una región importante desde el punto de vista geopolítico, para la comunicación interoceánica y para el predominio económico y militar en la zona del Caribe. Así, a los factores de disgregación de orden interno es necesario agregar la presión externa: los ingleses, primero, y los yanquis, después, se opusieron siempre a las tentativas unionistas de la región.

En estas condiciones, El Salvador surgió como nación independiente en 1839, cuando la República Federal ya está liquidada. La clase dominante se escindía todavía en dos grupos fundamentales: por un lado, los viejos propietarios de tierras, la ex-burocracia colonial y la Iglesia; por el otro, un nuevo sector de propietarios de tierras que pugnaban por un nuevo reparto de éstas, y mayores oportunidades productivas, junto al cual estaba el grupo de profesionales e intelectuales ilustrados, receptores de la Influencia de la Revolución Francesa y del liberalismo inglés (3). En esta división predominaron los intereses de la vieja oligarquía en tanto se mantuvo la economía basada en la exportación del añil, como centro de la economía salvadoreña. Este predominio, sin embargo, no fue duradero porque la producción del añil entró rápidamente en decadencia cuando la industria química europea comenzó a producir anilinas o colorantes sintéticos a partir de mediados del siglo XIX. De esta manera, la plantación del café, que fue introducida por primera vez en la década del 40 del siglo pasado, conoció una rápida expansión y acabó por desplazar el viejo producto de exportación de todo el período colonial.

Desde el punto de vista de la conformación de las clases en El Salvador, el desarrollo de la producción cafetera tiene una importancia decisiva. En primer lugar “la expansión del café reemplazando ol añil significó cierto cambio en la clase gobernante: cierto número de familias cuya riqueza se había basado en el añil se opacaron, mientras que otras que tempranamente vieron la oportunidad presentada por el café ocuparon sus puestos. Estas provinieron principalmente de las filas de los inmigrantes extranjeros y las clases medias urbanas, no de orígenes rurales. Nació así una “oligarquía cafetalera” que llegó a ejercer control casi total sobre el país.” (4).

En segundo lugar, mientras el cultivo del añil se mantuvo en convivencia con pequeñas unidades de producción, con aldeas indígenas y los éjidos municipales (terrenos adscriptos a las necesidades del municipio organizados en la época colonial que agrupaban a los indígenas en torno a los núcleos urbanos), la plantación del café modificó radicalmente esta situación. Primero, porque la expansión comercial del café planteó la acumulación de grandes extensiones de tierra, y, técnicamente, no requiere ningún trabajo aplicado masivo salvo en los tres meses del año en los que se realiza la cosecha, a partir de noviembre.
Segundo, porque “las tierras adecuadas para el café estaban ubicadas en los altiplanos centrales, justamente la zona más poblada del país, cubierta de pueblos y aldeas que poseían tierras comunales y éjidos” (5). En consecuencia, la expansión del café, que se impone definitivamente en la década del 80, significó la extensión universal de la propiedad privada de la tierra y una expropiación brutal de miles y miles de campesinos. En 1882 se decretó la abolición de los éjidos, mientras que poco antes un decreto similar había acabado con las tierras comunales, también fueron confiscadas las tierras y otros bienes eclesiásticos. Todo esto marcó el triunfo de la nueva oligarquía liberal del café: en 1886 se estableció una Constitución de características liberales, que permanecerá vigente durante casi 60 años, y se consolidó al Estado, profesionalizando al Ejército con la fundación de la Escuela Militar.

La extensión del modo de producción capitalista y la formación definitiva del Estado nacional salvadoreño no fue el resultado de la movilización nacional de la mayoría explotada -los campesinos (que para ello habrían debido ya haber conquistado una elevada independencia económica)- y de una amplia distribución de la tierra, sino exactamente lo opuesto. El Estado salvadoreño nació sobre la base de una poderosa concentración de tierras en manos de la nueva oligarquía y en la represión y superexplotación a los campesinos y pobres del campo: “la abolición de éjidos y comunales fue acompañada de leyes que trataban de controlar a los campesinos, expulsándolos de tierras ocupadas sin título de propiedad y forzándolos a cumplir con sus trabajos en las firmas que los empleaban” (6). Este proceso de expropiación (acumulación primitiva) provocó resistencias y revueltas campesinas que el Estado reprimió desde el inicio con toda dureza: la primera revuelta de magnitud se remonta a 1889, en la parte oeste del país, aplastada por la policía montada, creada a tal efecto, y que luego se extendería a todo el país.

El carácter progresivo de la burguesía terrateniente salvadoreña, históricamente hablando, se consuma en su carácter de agente del mercado capitalista internacional, cuya demanda —de café-obligó a quebrar las trabas remanentes del período colonial. Pero de esta forma, sólo se daba paso a un capitalismo de base agraria y a un Estado dependiente de las potencias capitalistas emergentes en Europa primero y en América del Norte después. Un estudio aquí citado resume de la siguiente manera esta realidad: “la república liberal basada esencialmente en la producción de café fortalece el ciclo capitalista al que Centroamérica se incorpora desde la colonización española: el sistema recibe un notable impulso con el auge de la economía mercantil facilitada por la vinculación al mercado internacional. Pero se desarrolla sin resolver la contradicción interna de las relaciones de producción precapitalistas basadas en formas variadas de semiservidumbre; más aún revive, modifica y adapta formas tales como el trabajo forzado, la sujeción a la tierra, el pago en especie, etc., para dar impulso al capitalismo en el campo y, en general, a un tipo de capitalismo ‘colonial’, que luego se convierte en capitalismo ‘sub-desarrollado’ ” (7). El modo de producción capitalista se estructura sometiendo (pero no revolucionando) a las necesidades, las relaciones de trabajo (de producción) precapitalistas. En esto consiste el desarrollo combinado de El Salvador.

La República del café, aunque formalmente encuadrada en los moldes de una constitución liberal, no estableció la democracia, sino la fachada parlamentaria de un régimen oligárquico, en el cual los explotados no gozaban de ningún derecho democrático real, ni, por supuesto, disponían de la representación política más elemental. No existía la base material de la democracia en un país fundado en el dominio irrestricto de un puñado de familias y apoyado en una masa de semi-siervos y miserables del campo. En el plano político los gobiernos se sucedían mediante el fraude y la imposición de los sucesores por el precedente Presidente de la República.

En casi medio siglo de existencia, la república del café permitió una consolidación del grupo burgués cafetalero que extendió sus negocios a la órbita bancaria y crediticia así como a los de la comercialización del café: “En los bancos y en la comercialización del café el peso de los intereses nacionales fue siempre mucho mayor que, por ejemplo, en Guatemala o en Costa Rica” (8). Todo el sistema oligárquico reposaba en la demanda internacional del café y no puede extrañar que fuera extremadamente sensible a las caídas de precios del producto, que significaba el 90 por ciento del total exportado. La situación semiservil de la población rural impedía que en los momentos de auge el flujo de divisas significara el más mínimo estímulo al mercado interno mientras que las depresiones provocadas por la caída de los precios del café provocaban nuevas ondas de concentración de la tierra y de superexplotación y miseria para los campesinos. Se incubó así un verdadero volcán social, que estallaría a comienzos de los años 30, cuando la crisis internacional llevó al colapso a la república del café. Se abre entonces una nueva etapa en la historia de la lucha de clases y de la política salvadoreña.

En resumen, la labor histórica de la burguesía terrateniente del café consistió en la liquidación parcial de los resabios precapitalistas heredados de la época colonial, disolviendo —bajo los estímulos del mercado mundial-, sólo en parte, las relaciones de producción que obstaculizaban la expansión de la economía mercantil y la acumulación de capital. La extensión de la propiedad privada de la tierra y la constitución del Estado nacional son la base y la expresión, respectivamente, de un desarrollo capitalista del país. Pero quien se encargó de llevar a cabo la disolución de las viejas formas de producción precapitalista era una burguesía latifundista y gamonalista, interesada en una acumulación capitalista que planteaba límites infranqueables al desarrollo ulterior de las fuerzas productivas nacionales, o sea, al desenvolvimiento interior de la nación. Los intereses de la burguesía terrateniente la asociaban al mercado externo y no al interno; a la exportación de materia prima y a la importación de manufacturas y no al desenvolvimiento de la industria; a la explotación semiservil de la gran masa campesina y no a su transformación (sea como pequeña propietaria, sea como fuerza de trabajo de una gran industria) en la base del mercado interior. El capitalismo salvadoreño nació contra la mayoría de la nación, sobre la base no de una revolución democrática, sino sobre su aborto, y —por esto mismo—, dejó sin resolver las tareas burguesas esenciales para un pujante desarrollo capitalista: la revolución agraria, la industrialización y la independencia del país de su condición de semicolonia del capital extranjero.

Los militares en el poder

Los efectos del “crack” del 29 fueron inmediatos en El Salvador y su influencia económica perduró por más de 15 años. Los precios del café salvadoreño comenzaron a bajar ya desde 1925; en 1928 cayeron en casi un 10 por ciento en relación a aquel año y a partir de ahí el descenso fue en picada: en 1933 los precios representaban apenas un 36 por ciento del equivalente en 1925, nivel que sólo se recuperaría en 1946. El impacto fue brutal sobre la población explotada, y fue entonces (diciembre de 1931), frente al avance de una crisis social evidente, que el ejército asumirá el poder mediante un golpe de Estado, encabezado por el General Hernández Martínez. La situación de las masas era desesperante, al punto que “el deterioro de la situación económica y social continuó hasta amenazar la mera subsistencia de los campesinos hambrientos. Simultáneamente se difunde en círculos minoritarios cierta ideología revolucionaria, y los comunistas ganan algunos pueblos en elecciones municipales, aunque sus victorias les serán negadas. Crece la penuria e inquietud popular. Por fin en 1932 estallará una revuelta indígena-campesina en la parte occidental del país.1′ (9).

La insurrección rural fue reprimida con una ferocidad sin precedentes y concluyó en una masacre: fueron liquidados por la represión del gobierno militar más de 30.000 campesinos. Luego de la sangrienta represión se consolidó la dictadura del General Martínez que se extendería hasta 1944, periodo conocido como el «martinato”. Es a partir de aquí que queda conformada la alianza entre la oligarquía y el Ejército que signa la historia reciente de El Salvador. A partir de entonces no hubo más presidentes civiles: “los militares dirigen El Salvador desde 1931 y la historia del gobierno de la nación ha sido en gran medida la historia de las viscisitudes de la alianza política entre oligarcas y oficiales”. (10).

Durante este largo período de gobiernos militares el Ejército asumió, por una parte, su papel esencial como guardián del Estado burgués oligárquico contra los renovados levantamientos campesinos y, por otra parte, expresó en diversas oportunidades ciertos planteamientos de orden democratizante y propuestas desarrollistas.

Se trataba de tentativas por encontrar una vía alternativa burguesa al dominio oligárquico históricamente superado. Es justamente por esto que los militares toman el poder, para ejercer un arbitraje político frente al principio de descomposición de los métodos de control oligárquico; arbitraje entre las fracciones oligárquicas (algunas de las cuales buscaban vincularse a un cierto desarrollo industrial e imponer restricciones al libre comercio en detrimento de los sectores tradicionales) y entre la oligarquía y la burguesía, de un lado, y la pequeño burguesía ciudadana, del otro, de cuyas filas se nutría el propio ejército. Las propuestas de orden desarrollista se limitaron siempre a ciertas tímidas medidas de fomento industrial, que la oligarquía no veía con malos ojos porque abrían una vía para la capitalización de la renta agraria, y que reposaban en la colaboración con el capital externo.

Internacionalismo

Las diversas tentativas de «abertura» que se sucedieron buscaron, sobre todo, ampliar las bases de sustentación de los gobiernos militares, procurando una restringida participación en el poder de grupos burgueses y pequeño burgueses urbanos marginados, así como la eventual captura de un sector de los trabajadores urbanos mediante una burocracia corrupta, con el objetivo de quebrar el Garácter explosivo de la movilización obrero campesina. Todos los intentos de “apertura» encontraron su límite, como veremos, en el ascenso de la movilización de los sectores proletarios y pequeño burgueses (estudiantes) urbanos, frente a lo cual el régimen militar volvía a “cerrarse” y a enfrentar con el expediente prioritario de la represión.

Es en 1948 cuando aparece por primera vez un grupo de oficiales y de intelectuales de la pequeña burguesía (triunfantes a través de un golpe de Estado liderado por el teniente coronel Carlos Osorio) que plantean introducir una modificación en el régimen oligárquico en favor del «desarrollo nacional”. La nueva coalición gobernante se plantea modernizar al país con un cierto desarrollo industrial, diversificando la estructura productiva y planteando una reforma en el régimen político, que se concretará en la constitución de 1950. En un clima de bonanza económica, debido al estímulo externo provocado por la reconstrucción económica de la postguerra, “el gobierno fomentó la industria, firmó los primeros tratados de integración centroamericana, estableció salarios mínimos y comenzó un sistema de seguridad social, incrementó las provisiones estatales en educación y de crédito a los pequeños agricultores, …modernizó la administración pública y legalizó los sindicatos de trabajadores industriales” (di).

Lo que importa es caracterizar este nacionalismo militar, que entonces debuta en El Salvador y que resurgirá en las décadas posteriores. En lo esencial se trata de un nacionalismo de contenido oligárquico burgués, no sólo porque nunca se propuso una genuina reforma agraria para acabar con el latifundio terrateniente y dar tierras a la mayoría nacional, sino porque su propia constitución expresó a todo un sector de los propios propietarios de la tierra que, luego de la brutal crisis del 29, buscó establecer mecanismos de defensa de la frágil economía que reposaba exclusivamente en el café. Este proceso se fue operando ya en la década del 30, cuando los elementos de la oligarquía, unidos a comerciantes urbanos que dominaban el circuito comercial y financiero comenzaron a invertir en la industria liviana, expandiendo y diversificando sus negocios. “Estos cafetaleros advirtieron, además, que el tipo de acumulación basado exclusivamente en el monocultivo tenía demasiados altibajos y había que intensificar la agricultura hacia el algodón y el azúcar. Los antiguos intermediarios en el beneficiado y exportación de cafó entraron a una fase de alianza con los terratenientes que pronto devino en una fracción de la clase dominante, de origen agrario, pero esta vez desplazada a la actividad financiera e industrial» (12). Este sector agrario industrial fue la base del movimiento político militar que triunfa el iniciarse la década del 50, que contó con la adhesión de “cafetaleros influyentes, en particular aquellos más inclinare a la modernización agrícola» (13).

La burguesía industrial salvadoreña nace umbilicalmente ligada a la oligarquía y encuentra su base de acumulación en el propio , es decir, en la posibilidad de la superexplotación de los campesinos.

La inmensa masa de desheredados de la tierra y el régimen de propiedad rural garantizaban las bases de la superexplotación del naciente proletariado urbano. La masa campesina pobre garantiza un permanente ejército industrial de reserva, que actúa como fuente inagotable de fuerza de trabajo barata; en segundo lugar, los minifundistas pobres, que auto-explotan la fuerza de trabajo familiar, son una fuente de aprovisionamiento de alimentos baratos para los núcleos de trabajadores urbanos (todavía en 1971 entre dos tercios y tres cuartos de la producción nacional total de maíz, frijoles y arroz eran producidos en fincas de menos de dos hectáreas. En el mismo año, el 95 por dentó de toda la tierra cultivada en unidades de menos de dos hectáreas estaba dedicada a la producción de granos básicos, una operación de trabajo intensivo).

Ahora bien, el régimen militar surgido en la década del 50 continuó con modificaciones poco significativas a lo largo de los años 60. Hacia 1959/60, la crisis económica provocada por una nueva calda de los precios del café y la creciente movilización de trabajadores urbanos y estudiantes, organizados en la CGTS (Confederación General de Trabajadores de El Salvador) y la AGEUS (Asociación General de Estudiantes Universitarios) incentivó un nuevo golpe militar de la oficialidad, que instaló una junta con planteos nacionalistas más desarrollados. La experiencia fue rápidamente abortada y bajo la presión de la oligarquía un contragolpe del Ejército retomó la conducción gubernamental. Se mantuvo entonces el tipo de política inaugurada por el golpe de Osorio en 1948: una cierta abertura política en las dudados —se legalizó al Partido Demócrata Cristiano y se permitió una actividad semilegal del PC-, intangibilidad de la propiedad agraria terrateniente y represión sistemática en el campo. Esta relativa flexibilidad del régimen militar -que se perpetuaba en elecciones regimentadas ganadas siempre por el candidato del partido de los militares, el PCN (Partido de la Conciliación Nacional)- se fundó, en la década del 60, en un nuevo auge del café, en la expansión del mercado centroamericano y en la aún débil estructuración del movimiento de los explotados. Recién en 1967 y 1968 surgen movimientos huelguísticos importantes que marcarán, desde entonces, una linea de ascenso del movimiento de masas. Este, junto a la quiebra del ciclo económico expansivo, a la desintegración del mercado centroamericano y a los resultados de la “guerra del fútbol” con Honduras, marcan la abertura de la década del 70, que se caracterizará por una gran agudización de la lucha de clases, antecedente de la situación de guerra civil actualmente en curso.

La génesis de la crisis revolucionaria

Si los gobiernos militares que se suceden desde la década del 30 en El Salvador fueron una expresión del agotamiento de los métodos de dominación oligárquica, su completo fracaso en sacar al país del atraso es el factor esencial que explica la abertura de un período revolucionario en el país en la década del 70. El militarismo desarrollista fue incapaz de industrializar al país, única forma de desarrollar sus fuerzas productivas. La estrechez del mercado interno salvadoreño es un elemento agravante pero no determinante de este fracaso. Lo determinante es la limitación de clase de las propuestas desarrollistas de los militares: siempre temieron, más que a cualquier cosa, al desborde de la movilización de los campesinos y de los explotados de las ciudades. Es decir, siempre consideraron como enemigo fundamental al movimiento de las masas oprimidas, único capaz de reunir la fuerza necesaria para acabar con la burguesía latifundista, eje del atraso e país, esto es, de su raquítico mercado invierno de su deficiente y parasitaria industrialización.

La impasse del militarismo salvadoreño y de los sectores financiero-industriales de la propia oligarquía estalla a comienzos de los años setenta con la desintegración del Mercado Común Centroamericano, expediente mediante el cual la clase dominante salvadoreña logró un transitorio respiro durante la década precedente. Tal expediente tenía un doble aspecto, en primer lugar, creaba un mercado para la industria de El Salvador (calzado, textiles, ropa, plásticos, etc.), en segundo lugar, posibilitaba la “exportación” de campesinos, actuando como válvula de escape a la brutal presión social acumulada en el campo. Debe tenerse en cuenta que El Salvador es el país más densamente poblado de Centroamérica mientras que en Honduras se presenta la realidad inversa. Fue justamente la canalización hacia el país vecino de una serie de bienes industriales y de campesinos hambrientos, lo que provocó la reacción “de grupos capitalistas emergentes de Honduras que calificaban a los salvadoreños como los japoneses e imperialistas de Centroamérica” (14).

Con la guerra entre Honduras y El Salvador se quiebra el Mercado Común Centroamericano, se cierra el mercado hondureño y regresan al país más de 300.000 trabajadores agrícolas. Se reúnen así los ingredientes para una crisis de grandes proporciones que se revela en el completo estancamiento de las fuerzas productivas del país. Con los desajustes económicos que siguen al conflicto bélico y el regreso de millares de campesinos, la producción nacional se desarticula y estanca, como lo revela el hecho de que entre 1962 y 1971 el crecimiento económico per capita fue como promedio de 1.8 por ciento. La burguesía latifundista buscó enfrentar la situación agravando aún más las miserables condiciones de vida de las masas. La ofensiva contra los trabajadores del campo alcanzó una dimensión sin precedentes: si en 1961 el 11.8 por ciento de las familias rurales de El Salvador no tenían tierra para uso personal la cifra se elevó al 29.1 por ciento en 1971 y el 40.9 por ciento (!) en 1975; en 1971 apenas el 7.5 por ciento del total de las explotaciones rurales del país incluían al 73 por ciento de la superficie agrícola. De esta manera se pone de relieve toda la impotencia del desarrollismo oligárquico-burgués del régimen militar; el crecimiento de la movilización de trabajadores y campesinos que se procesa desde los primeros años de la década no es sino la rebelión de las fuerzas productivas del país contra las relaciones de producción que las atenazaban, sometiendo a la mayoría nacional a la más brutal explotación.

En un primer momento, la repercusión de la crisis derivada de la “guerra del fútbol”, se expresó en un crecimiento importante de los partidos burgueses de oposición al gobierno militar -particularmente del PDC — y en una creciente derechización del régimen militar. En 1972, la Unión Nacional Opositora (UNO) conquistó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales, dándole el triunfo al demócrata cristiano José Napoleón Duarte, que contó con el apoyo del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Con el apoyo de los norteamericanos, el Ejército dispuso un resultado fraudulento de los comicios, reprimió la protesta popular y llevó al poder al candidato de los militares, el coronel Arturo Molina. La represión que siguió sistemáticamente desde entonces, provocó un importante reanimamiento del movimiento de masas, que marcó una nueva etapa en la lucha de clases en el país: el centro de gravedad se trasladó del campo a la ciudad (en 1971 la clase obrera industrial representaba el 11 por ciento de la población activa contra apenas el 3.6 por ciento en 1950). La impotencia del frente burgués opositor y el fracaso de la estrategia burguesa electoralista provocaron sucesivos desprendimientos hacia la izquierda en la DC y fracturas en el partido comunista, que dan lugar al surgimiento de los primeros grupos guerrilleros en El Salvador. En 1970 se fundaron las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), basadas en un sector disidente del PC. Un año más tarde una nueva disidencia del stalinismo, junto a un desprendimiento de la DC, dio origen al ERP que, en 1975, se dividirá en dos, creándose las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN).

La crisis en la DC y el PC son la expresión de un proceso más profundo, en el cual se altera toda la fisonomía de las relaciones de las clases en El Salvador. Es. ta será la manifestación concreta, en el plano político, de la impasse en la cual había desembocado el capitalismo semicolonial salvadoreño. Una de las consecuencias más importantes que se observa en esta transformación de las relaciones entre las clases son las modificaciones que se producen en el movimiento obrero, quebrando la semiestatización existente de sus organizaciones sindicales. Hasta comienzos de la década del 70 los sindicatos salvadoreños se encontraban regimentados en la Confederación General de Sindicatos (CGS) progubernamental. En 1972, 18 sindicatos que agrupaban a la mayoría de los sindicalizados en la CGS rompen con aquélla y forman la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), Antes todavía, en 1968, se había separado de la CGS otra serie de sindicatos que formaron la todavía hoy poderosa Federación de Sindicatos de la Industria de la Construcción, Similares, Transportes y de Otras Actividades (FESINCONSTRANS).

La FESINCONSTRANS protagonizó importantes movimientos huelguísticos victoriosos en 1973-74. En la actualidad la FESICONSTRANS “conserva un carácter híbrido de influencias y alianzas más o menos veladas entre las que se destacan, a nivel internacional, la conexión con sindicatos estadounidenses y, a nivel nacional con la organización campesina progubernamentista UCS en la Central Nacional de Trabajadores (CNT) de creación reciente (enero de 1979)” (16).

La FENASTRAS, por su parte, se unió a otras federaciones menores, en 1978, en la CUTS (Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños) controlada por el PC e influenciada por la izquierda en numerosos sindicatos.

Esta profunda tendencia del movimiento de masas hacia su independencia explica el verdadero carácter de masas que asumen las organizaciones de izquierda que se funden con los núcleos guerrilleros, originalmente surgidos de rupturas en la DC y el PC. En julio de 1975, se forma el Bloque Popular Revolucionario en el cual se integra la Federación de Campesinos Cristianos (FECCAS), la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), los Universitarios Revolucionarios UR-19 de julio, la Asociación Nacional de Educacadores Salvadoreños (ANDES), la Unión de Pobladores de Tugurios (UPT), el Comité Coordinador de Sindicatos José Guillermo Rivas, el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria, las Fuerzas Universitarias Revolucionarias FUR-30 y la Asociación de Educadores Universitarios (AEU). Varias informaciones coincidentes indican que el BPR contaba, en 1979, con más de 60.000 miembros.

Ahora bien, la propia burguesía buscó algún camino para intentar una salida a la impasse que estalla con la desintegración del Mercado Centroamericano. Esta búsqueda de una salida a la crisis provocó una serie de escisiones debido a un cambio de frente de un conjunto de grupos capitalistas, conscientes de que el modo histórico de acumulación capitalista, basado en la superconcentración de la propiedad de la tierra, se hacía ya absolutamente insostenible. Se dio así un “divorcio progresivo entre los sectores modernizantes del capital nacional cuyos intereses se orientan primordialmente a la industria, y el sector más retardatario vinculado al agro» (17). En 1973, los altos mandos militares comenzaron a discutir la implementación de una reforma agraria que pudiera provocar una reestructuración de la atrasada economía nacional y consiguiera neutralizar a una, , parte del campesinado, creando una base social más amplia para el propio régimen. Un proyecto que decretaba la “transformación agraria” fue presentado por el gobierno del coronel Molina en 1976, provocando una enérgica reacción de la oligarquía tradicional. La reacción concluyó esterilizando completamente el proyecto reformista, el que terminó en la nada,. En ese mismo año la movilización campesina se incrementa, y también surgen los grupos paramilitares financiados por los propios terratenientes, que imponen un clima de guerra civil en el campo.

Lo destacado es que la llamada burguesía modernizante giraba en el círculo vicioso de intentar algunos tímidos golpes a la oligarquía mientras procuraba quebrarle el espinazo al ascenso revolucionario de las masas. La agudización de la lucha de clases imposibilitaba una y otra vez cualquier tentativa reformista: en la misma medida en que ésta abría algunas brechas entre las clases dominantes, por la cual se proyectaba la movilización independiente de los explotados, la burguesía “modernizante” se volcaba abiertamente a la contrarrevolución. El aplastamiento de las masas insurrectas es la condición para cualquier saldo de cuentas entre la fracción industrial financiera de la burguesía y los más tradicionales y antiguos latifundistas. Esta es la lógica básica del desarrollo político reciente.

Luego del fracaso de la “transformación agraria” el ejército impondrá como candidato, en las elecciones presidenciales de 1977 al general Humberto Romero, que accederá al poder mediante un escandaloso fraude. El período de la lucha de clases abierto entonces en El Salvador es el más agudo de toda su historia. A partir de agosto de 1979 las tomas de tierras y huelgas obreras comienzan a sacudir el país. Entre agosto y noviembre se dieron cerca de 11 huelgas industriales. Las tomas de tierras a su vez, se intensifican. Entre octubre y noviembre, .la actividad de los trabajadores del campo crece y se desarrolla con manifestaciones en varias ciudades del interior del país. “Los campesinos no aparecían de esta manera desde la matanza de 1932. El resurgimiento del movimiento obrero tiene como base el hecho que, ante la falta de dinamismo de las inversiones, ante los mercados industriales disminuidos, el modelo vigente opta por sustituir la carencia de capital por trabajo, intensificando a través de la violencia y el ‘terror’ en la fábrica la extracción del trabajo excedente” (18).

En noviembre de 1977 Romero se lanza a un brutal operativo represivo, amparado en la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, e implanta el “Estado de Excepción”. El movimiento campesino recibe duros golpes en estos meses mientras en el campo se despliega impunemente el trabajo de los grupos paramilitares. La resistencia obrera se mantiene firme: en los dieciséis meses en que rige la ley (hasta febrero de 1979) se registran más de 40 huelgas en todo el país. En los primeros meses de 1979 el movimiento huelguístico adquiere todavía más fuerza “de enero a mayo hubo cerca de 30 huelgas de distinto tipo; huelgas de solidaridad de sindicatos fuertes ante los conflictos de otros sindicatos en distintas ramas de la producción; huelgas por distintos conflictos laborales; huelgas de protesta y defensa ante la persecución y ola de asesinatos en contra de grandes sectores populares” (19). Las huelgas continuaron sistemáticamente en los meses siguientes. Una nueva etapa se abrió entonces, en octubre cuando se produce el golpe contra Romero, esto luego de la victoria de los sandinistas en Nicaragua.

La violencia creciente y el antagonismo profundo entre las clases sociales que desde 1977 signan el desarrollo de los acontecimientos en El Salvador reactualizan el balance de media década de gobiernos militares. En lo esencial, este “ciclo militar”, que arranca con la crisis del 30, puso de relieve, desde el inicio, su completa incapacidad para emancipar a los explotados del campo, base de cualquier genuino desarrollo nacional. El raquitismo de la burguesía industrial, nacida en parte como diferenciación de la propia oligarquía y estrechamente asociada a ésta, así como su temor a cualquier desborde de las masas, explican su carácter tremendamente parasitario cuya expresión es la absoluta incapacidad por realizar la más leve modificación en el régimen fundiario. Es esta, indudablemente, la base de la tremenda polarización de clases existente en El Salvador y la fuente de la movilización revolucionaria que protagonizan los explotados del campo y la ciudad. La pequeño burguesía urbana, que se encontró en algún momento representada en el PDC, se ha escindido brutalmente, y mientras su cúpula se ha pasado con armas y bagajes al campo abierto de la contrarrevolución, otros sectores se han unido a las organizaciones de masas de la izquierda desarrolladas impetuosamente desde 1975 aproximadamente: el Bloque Popular Revolucionario -ya mencionado-, el Frente de Acción Popular Unida y las Ligas Populares.
Toda la experiencia histórica del desarrollo salvadoreño prueba que la base de la liquidación del atraso nacional y de la opresión imperialista son tareas que escapan por completo al marco de cualquier régimen burgués y que sólo podrán ser materializadas por la alianza revolucionaria de los campesinos y de los obreros. Esta no puede concretarse sincí bajo la dirección del propio proletariado, lo que significa romper con la ilusión de cualquier compromiso con la burguesía y la pequeño burguesía, por la expropiación de los terratenientes y del gran capital agrario e industrial, por el gobierno obrero y campesino.
El golpe de octubre de 1979 y el retraso de la revolución

Luego de la caída de Somoza parecía que la revolución en América Central tendría su episodio siguiente en El Salvador y así, de hecho, lo anunciaron en reiteradas oportunidades dirigentes de la izquierda salvadoreña. Los acontecimientos sin embargo, no siguieron un camino rectilíneo y la revolución salvadoreña ha encontrado desde entonces una serie de obstáculos. Estos obstáculos provienen, en gran medida, de la tentativa de la propia izquierda de El Salvador por copiar, mal, el “modelo” nicaragüense. Se creyó que la victoria de la revolución sería inevitable si se seguía la conducta política de los sandinistas.
Esto, no sólo en el sentido de unir a los distintos grupos de izquierda en un frente común, sino, esencialmente, en el de armar una alianza con la burguesía buscando los Chamorros y Robledos salvadoreños. Así es que, en febrero pasado, se constituyó la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) integrando a las principales organizaciones de izquierda y luego, en abril, esta CRM se sumó a partidos y personalidades burguesas para formar el Frente Democrático Revolucionario (FDR), cuyo secretario general es Enrique Alvarez Córdoba, rico hacendado latifundista. Sin embargo, este intento por repetir el FSLN por parte de la dirección salvadoreña, implica dos errores básicos de estrategia y apreciación política.

Lo que se ha hecho es computar como positivos lo que son elementos negativos de la estrategia sandinista, y no se entiende que la victoria sobre Somoza fue posible, no gracias al frente con la burguesía sino a pesar de éste. Esto se evidencia, por un lado, en que este frente ha limitado las medidas sociales de la Revolución y, por lo tanto, la movilización de las propias masas. Por otro lado, no fue la incorporación de la burguesía al campo del FSLN lo que abrió la vía a la revolución; al revés, el avance irresistible de la revolución obligó a una parte de la burguesía a buscar maniobrar en el campo de los insurrectos como única manera de salvarse y buscar minar las perspectivas de la revuelta de las masas.

En El Salvador se creyó, también, que la clave de la victoria residía en la amplitud frentista y se dedujo que la insurrección sería su resultado. Sin embargo, ese frente democrático no es un frente cuya finalidad esencial sea la organización práctica de la insurrección. En realidad ha sido concebido para ganar el apoyo internacional (en especial de México, Costa Rica y Venezuela), pensando que de este apoyo vendrían las armas para la victoria y para la consolidación del nuevo gobierno. Esto constituye un grave error, porque el estallido de una revolución es el resultado de un proceso profundo de los explotados, que ha estado latente en El Salvador, y que resuelve el problema de su armamento por sí mismo, dentro del país, como en Nicaragua (el exterior, por lo contrario, sigue apoyando a la Junta).

Ahora bien, para comprender la situación actual de la revolución en El Salvador es necesario tomar en cuenta también la actitud asumida por los explotadores. La burguesía salvadoreña también extrajo sus conclusiones de la revolución nicaragüense y buscó nuevas alternativas de maniobras políticas en función de desarmar a la revolución. En este contexto se encuadra el golpe que derrumbó al general Romero en octubre del año pasado, tres meses después de la caída de Somoza, y las vicisitudes de la Junta de Gobierno entonces impuesta. La liquidación “manu müitari” de Romero fue una operación de rescate efectuada bajo comando directo de los yanquis. Según el “Foreigs Affairs”, luego de la revolución nicaragüense, “El Salvador ascendió rápidamente al primer plano de la agenda política americana: la administración Cárter decidió no repetir los errores cometidos en Nicaragua, cuando no se animó a romper abiertamente con Somoza y alistarse enteramente en el campo de la oposición moderada». El plan yanqui consistía en adelantar las elecciones, previstas para el 82, con el objetivo de dar paso a un gobierno de demócratas cristianos y socialdemócratas, susceptible de desviar el ascenso revolucionario contra la dictadura de Romero. Cuando este último se negó a endosar la propuesta del Departamento de Estado, los yanquis dieron visto bueno al golpe.

Del golpe emergió una Junta de oficiales, en alianza, precisamente, con demócratas cristianos y socialdemócratas, que proclamó la realización de un programa de reformas solicitado por el «Foro Popular». Este «Foro Popular» era una alianza de la DC, socialdemócratas, stalinistas, algunas centrales sindicales y una organización de la guerrilla que, reunida poco antes del golpe, lanzó una plataforma que postulaba una serie de reformas en el contexto del régimen burgués. Hay que concluir que el planteo estaba dirigido a una fracción del ejército porque la propia realidad demostró que el frente golpista se integraba, días después, con la mayoría de las organizaciones firmantes de la plataforma del Foro Popular.
La Junta, no sólo se integró de entrada con los dos partidos burgueses de oposición —la democracia cristiana y los socialdemócratas del MNR— sino que convocó a la izquierda a la colaboración llamándola a “comprender que el gobierno no es más un enemigo”. En el campo de la izquierda fue el PC, a través de su organización de fachada, la Unión Democrática Nacional, quien primero se sumó a la convocatoria de los golpistas y se integró al nuevo gobierno. Al cabo de 15 días, las tres mayores organizaciones de izquierda —el Bloque Popular Revolucionario (BPR), las Ligas Populares (LP) y el Frente de Acción Popular Unido (FAPU)-, habían declarado una especie de “tregua” a la nueva Junta.

Es evidente por lo tanto, que el golpe consiguió desarmar, en ese momento, la presión revolucionaria en ascenso. El alcance de la maniobra, sin embargo, fue relativamente precario, es decir, no resolvió, ni mucho menos, la crisis revolucionaria. La Junta fue incapaz de hacer frente a la presión de la derecha militar y el gran capital, y por lo tanto, no sólo no se jugó a mantener un gobierno de frente popular que integrara, de alguna manera, a la guerrilla, sino que luego del golpe la represión siguió tan brutal como siempre. Tampoco el imperialismo quería este curso, que consideraba peligrosísimo. Esto derivó en una crisis. Se retiraron del gobierno los miembros de la UDN, de la socialdemocracia y una parte de los democristianos, que reclamaron, infructuosamente, la renuncia del ministro de defensa José Guillermo García, considerado como elemento de derecha y conservador que bloqueaba la labor reformista de la Junta y la perspectiva de una alianza con las izquierdas.

La Junta se recompuso entonces, en enero pasado, con el apoyo apenas de la democracia cristiana y declaró que se pondría en marcha la reforma agraria y la nacionalización de los bancos.

La diferencia clave entre la estrategia de este nuevo gobierno de la Junta y su predecesor es que su propósito no es ya desviar la presión revolucionaria sino acabar con la revolución y con las organizaciones armadas, y esto aunque todavía no se haya podido deshacer por entero del ala militar reformista, ni de las promesas “democratizantes” (lo que ha mantenido en pie a los reformistas ha sido exclusivamente el imperialismo yanqui, que quiere integrar el aplastamiento de la Revolución a un plan político “institucional”).

La reforma agraria fue impulsada, por sobre todas las cosas, como un operativo de ocupación militar del campo y, sólo en segunda instancia, se planteaba el objetivo de producir una diferenciación burguesa de una capa del campesinado para utilizarlo como base política de apoyo.

Con este viraje a la derecha de la Junta es que se producirá el reagrupa-miento de la izquierda en el CRM, agrupando al BPR, las Ligas, el FAPU y la UDN (PC). El programa lanzado por la Coordinadora planteaba la lucha por la “instauración de un gobierno democrático con la participación de todas las camadas sociales… pequeños y medianos empresarios industriales, comerciantes, artesanos, agricultores… Comprenderá también a los profesionales honestos, al clero progresista, los partidos democráticos como el MNR, los sectores avanzados de la Democracia Cristiana, los oficiales dignos del Ejército”. La propuesta de la izquierda para una nueva coalición gubernamental era prácticamente la misma que fracasó en Octubre y hasta se ve la expectativa de atraer al ala militar del coronel Majano.

El programa de la CRM de febrero era un programa de unión de la izquierda, no en función de delimitarse de la burguesía, sino como un puente hacia una alianza más amplia con esta última; será lo que sucede en abril con la conformación del Frente Democrático Revolucionario.

Lo que se planteó en El Salvador desde marzo-abril en adelante fue una nueva polarización de la lucha de clases, con la Junta dividida (es la fachada del grupo militar de derecha y la hoja de parra que trata de mantener EEUU) y las masas retomando sus movilizaciones. A mediados de mayo se produce una onda de huelgas que abarca a estibadores, empleados de obras públicas, ferroviarios y médicos mientras la burguesía, financiando a grupos paramilitares con la colaboración del Ejército —armado por los yanquis- se lanza a verdaderas matanzas en el campo y las ciudades.

Todo indica que es en estas circunstancias cuando la estrategia del frente con representantes burgueses se reveló más nociva. Sembró la ilusión que, “aislando» al gobierno mediante maniobras con emigrados del campo burgués, la vía hacia la toma del poder es más fácil y rápida. En este caso el gran peligro del frente burgués está en el hecho de servir para paralizar a las direcciones de izquierda en la tarea de impulsar la sublevación nacional, y en crear la ficción de un desmoronamiento de la Junta por una especie de vaciamiento. Todo indica que detrás de esta perspectiva, el FDR lanzó la huelga general del 24/25 de junio, luego de una intensa campaña de figuras burguesas del FDR en Europa y Estados Unidos, que días antes habían anunciado en Madrid que “la huelga será el golpe final de nuestra lucha y por eso la utilizaremos en la hora exacta”. Pero no se lanza una insurrección con un paro reglamentado de 48 horas…

Cuando en agosto se convocó un nuevo paro general -el 13, 14 y 15- los resultados fueron más precarios porque una parte de la industria (30/40 por ciento) y la mayor parte del comercio no adhirieron (según informa el Latin American Report). Se planteó no obstante que la huelga era parte de un proceso de ‘‘acumulación de fuerzas” y se mantuvo una apreciación exitista de la situación: “es generalizada la convicción en toda América Central que, en el período agosto-septiembre, las fuerzas de oposición revolucionaria en El Salvador iniciarán una ofensiva final contra el gobierno ‘cívico militar’ ” (En Tempo, San Pablo, 28/8).

En el período siguiente se observan, sin embargo, tendencias negativas en el desarrollo de la situación.
Por un lado, la Junta ha pegado un nuevo viraje a la derecha con la adaptación al elemento más antiobrero de la misma, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, que limpió de los puestos de comando de tropas a los oficiales adictos al coronel Majano, el otro miembro titular de la Junta que había buscado una composición con las guerrillas de las FARN, brazo armado del FAPU (“The Economist”, 13/9). Majano habló de resistir la remoción de sus oficiales pero terminó cediendo en toda la línea. Por otro lado, los anuncios reiterados del «enfrentamiento final” que no se produce estarían provocando una cierta desmoralización, como apuntan informaciones de la prensa de izquierda centroamericana que indican que la situación está “comenzando a pudrirse”: “la izquierda hace algunos meses perdió un terreno que la derecha todavía no ha ocupado… pero el pueblo necesita retomar confianza…, si antes de fin de año el Frente es capaz de dar golpes serios al Ejército, todo es posible. Pero si hasta enero esto no sucede el ‘modelo salvadoreño’ implantado por la democracia cristiana y los militares puede durar” señaló un dirigente guerrillero recientemente (Le Monde, 13/11/80). A su vez, en opinión de The Economist (1/11/80), “las guerrillas de izquierda en El Salvador han estado a la defensiva desde marzo, pero ahora están en un retroceso en gran escala” (curiosamente este semanario, es el que da la mejor caracterización del Frente Democrático: “este frente no ha hecho hasta ahora, poco más que una campaña en Europa occidental y Estados Unidos»).

Finalmente, el gobierno ha planteado un plan de “institucionalización”, al cumplirse el aniversario del golpe de octubre, que incluiría elecciones para una Asamblea Constituyente en 1982 y presidenciales en 1983. La Federación de Industrias y la Asociación de Comercio reclamaron el mismo día el “cese del programa de reformas», el “fin del gobierno de facto y el retomo a un gobierno constitucional”, lo que indica que la burguesía aprecia la posibilidad de revertir el proceso de algunas nacionalizaciones y expropiaciones dictadas por la Junta.

Poco después el gobierno firmó (30 de octubre) un tratado de paz con Honduras. Éi primer objetivo del tratado es liquidar la zona desmilitarizada existente entre los dos países que servía de refugio para campesinos y guerrilleros. Pero su alcance contrarrevolucionario es más amplio: el tratado ha reestructurado el “Consejo de Defensa de América Central (CONDECA)» organismo originalmente fundado en 1965 como parte del “sistema de Defensa del Continente Centroamericano (frente) al carácter permanentemente agresivo del comunismo internacional”. El CONDECA es un instrumento de los americanos y su rearticulación indica que es a través de éste que los yanquis pueden pasar a la intervención directa en El Salvador: “si la situación se agrava la Junta podría más fácilmente recurrir a la colaboración regional sin dirigirse directamente al Ejército de los EEUU».

Es difícil definir a distancia el carácter preciso de la situación en el país centroamericano y el estado de ánimo de las masas. Es evidente, sin embargo, que el desarrollo de una política consecuente en favor de la revolución y su victoria cabal, supone la crítica de la estrategia de colaboracionismo clasista puesta en marcha por los grupos de izquierda dirigentes que se manifiesta en una política de disipación de la tendencia insurreccional de las masas, y que está conduciendo al desgaste y a la desmoralización. Las masas no han sufrido ninguna derrota fundamental y la consecución del actual combate y sus perspectivas de triunfo se vinculan a la capacidad de la vanguardia de elaborar una estrategia de ruptura con la burguesía, por la dirección obrera de la revolución de los explotados salvadoreños, por la liquidación del Estado burgués y un gobierno obrero y campesino. La crítica esencial al frente de las organizaciones revolucionarias de la izquierda y de las masas con la burguesía “opositora”, consiste precisamente en que este frente ha planteado un desvío de la estrategia política de la insurrección, es decir, formación de consejos de obreros, de campesinos y de soldados, y por la huelga general indefinida.

25 de noviembre de 1980

Nota:
(1). KARUSH, Geratd: ‘Tierra, población y pobreza: las raíces de la crisis demográfica en El Salvador»; Estudios Centroamericanos (ECA), Revista de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, El Salvador, diciembre 1977.
(2). TORRES RIVAS, Edelberto, «Interpretación del desarrollo social centroamericano». Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 1971.
(3). TORRES RIVAS, op. cit.
(4). WHITE, A.; «El Salvador», Praeger Publi-shers, New York, 1973, citado en Estudios Centroamericanos (op. cit.), marzo 1979.
(5). CARDOSO, Ciro F.S. y PERES BRIGNOLI, Héctor; «Historia económica de América Latina», Ed. Crítica, Barcelona, 1979.
(6). Idem.
(7). TORRES RIVAS, op. cit.
(8). CAROOSO y PERES BRIGNOLI, cp. cit.
(9). MARISCAL, Nicolás; «Regímenes políticos en El Salvador», ECA (op. cit.), El Salvador, marzo 1979.
(10). LEO GRANDE, William y ROBBINS, Cario Anne; «Oligarchs and Officers the crisis In El Salvador» en «Foreing Affairs», 1980.
(11). MARISCAL, Nicolás, op. cit.
(12). LOPEZ VALLECILLOS, Italo; “Fuerzas Sociales y Cambio Social en El Salvador» en ECA, julio-agosto 1979.
(13). Idem.
(14). LOPEZ VALLECILLOS, Italo; «Rasgos sociales y tendencias políticas en El Salvador», en ECA octubre-noviembre 1979.
(15). BURKE, Melvin; «El sistema de plantación y la proletarización del trabajo agrícola en El Salvador», en ECA septiembre-octubre 1976.
(16). SAMOYOA, Salvador y GALVAN, Guillermo; «El movimiento obrero en El Salvador», en ECA, julio-agosto 1979.
(17). FLORES PINEL, Fernando; “El golpe de Estado en El Salvador…», en ECA octubre-noviembre 1979.
(18). GUIOOS VEJAR, C.; «La crisis política en El Salvador», en ECA julio-agosto 1979.
(19). Idem.

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Brasil: El carácter del “Partido dos Trabalhadores”

Atilio de Castro

En segundo lugar, por la crisis política, el gobierno Figueiredo abre en octubre del 79 el proceso de “Reformulación Partidaria”, con el objetivo de impedir las posibles victorias electorales de) MDB, que cuestionarían las reglas del juego del gobierno militar y tratando de mantener la posición privilegiada de las fracciones burguesas que usufructúan los favores de la camarilla militar. En los planes originales, la “Reformulación Partidaria” debía dar lugar a tres partidos que surgirían del MDB: los sectores más conservadores del partido constituirían el llamado partido “independiente”, dispuesto a realizar alianzas con Arena, el partido del gobierno (después transformado en PDS); al centro quedaría una agremiación liberal de verborragia democrática, y finalmente, la pequeño burguesía izquierdista, integrada por numerosas sectas centristas y el PCB, formarían un tercer partido de “izquierda legal”. Fue en base a este esquema que el ala de izquierda del MDB buscó cooptar a los dirigentes sindicales, que ya habían lanzado la propuesta del PT, para constituir un tal partido “policlasista”, que inicialmente denominaron “partido popular”.

El máximo representante del PT —Lula- ya había intentado, por su parte, una aproximación con el MDB, apoyando, en las elecciones de noviembre de 1978, al candidato a senador Fernando Henrique Cardoso.
Esta tentativa tiene su explicación: la dirección lulista buscaba una representación política en el MDB para proseguir el objetivo de obtener un espacio político para los sindicatos en el cuadro de la apertura.
Su estrategia básica era la de conseguir una reformulación de la CLT (legislación sindical en vigor) para poder manejar, con cierto margen de libertad, el sindicato: implantar el delegado sindical por fábrica, obtener el derecho de negociación directa, derecho de huelga, etc. Lula no estaba en contra de formar un partido con la izquierda emedebista, pero no estaba dispuesto a dejar la hegemonía del proceso de formación del partido, ya que la única dirección de hecho de la clase era él.

Así, las negociaciones en torno de un partido de izquierda legal en los marcos de la apertura de Figueiredo no llegaron a nada: no hubo acuerdo sobre el papel que los sindicalistas auténticos deberían tener en el nuevo partido. La izquierda emedebista se dividió: por un lado, la intelectualidad, el PC y el PC do B maoísta permanecieron en el MDB, que quedó mejor estructurado de lo que el gobierno pensaba cuando lanzó la “Reformulación partidaria”; por otro, una serie de grupos menores centristas y vinculados a la iglesia se pasaron para el PT, que quedó con los sindicalistas lulistas en la dirección del nuevo partido.

Conclusión: si, por una parte, la propuesta del PT tuvo vigencia práctica desde su origen, gracias al ascenso del movimiento obrero, al que las direcciones del PT estaban íntimamente ligadas, por otro, la propuesta de los sindicalistas auténticos se formuló tras el fracaso de las negociaciones con la izquierda emedebista.

En realidad, la dirección sindical, no teniendo en los partidos de oposición burguesa ningún tipo de representación política, y frente a la reformulación partidaria, lanzó la cuestión del PT como un medio de buscar un lugar en el arreglo y evitó en todo momento volcar la autoridad de los sindicatos de masas que dirige en la construcción del partido. Desde el primer momento, se lanzó la teoría de que las organizaciones obreras de masas —los sindicatos- no tendrían que entrometerse en cuestiones políticas.
Este surgimiento empírico del PT, como expresión de las contradicciones que marcan la nueva situación política brasileña, es importante para entender la característica de su intervención en la lucha de clases y el significado del programa que más tarde adoptará.

III. Programa

El PT tiene dos documentos básicos, el “Manifiesto” y el “Programa”, el primero aprobado en el Encuentro Nacional de febrero y el segur do en el Encuentro Nacional de Mayo/Junio. Mientras tanto, el documento “Puntos para la elaboración de un Programa”, lanzado por la Comisión Nacional Provisoria como proyecto preparatorio del II Encuentro Nacional, se constituyó en importante pieza programática pues reflejaba la influencia de los intelectuales en el PT y, también, porque su orientación básica triunfó en los Encuentros. Algunas diferencias particulares pueden existir, pero lo que importa es que en esencia son la misma cosa.

La principal característica de estos documentos del PT es que plantean que el objetivo estratégico del proletariado y de las masas es luchar “por la democratización del Estado”. Este objetivo aparece explícitamente en “Puntos para la elaboración de un programa”: «El PT lucha por una democracia más profunda; la democratización de la economía, de la sociedad y del estado deben caminar juntas. Mientras en el manifiesto y en el programa esta idea aparece en forma más generalizada en fórmulas como: “democratización de la sociedad en todos los niveles”; “Compromiso con la democracia plena ejercida directamente por las masas” (Manifiesto); o, “Luchamos por la construcción de una democracia que garantice en todos los niveles la dirección de los trabajadores en las decisiones políticas y económicas del país de acuerdo a sus intereses y a través de sus organismos de base” (Programa).

Detrás de esta orientación de democratizar la sociedad se plantean los puntos programáticos de reivindicaciones sindicales, de libertades democráticas y una vaga bandera de independencia nacional. En realidad, la plataforma de lucha aparece como un recetario de consignas carentes de contenido, pero lo que interesa realmente es que la naturaleza del programa es burguesa, pues atribuye a los explotados la tarea de democratizar la sociedad capitalista, opuesto al objetivo histórico del proletariado de conducir a las masas oprimidas a romper la estructura capitalista, destruir el Estado burgués y abolir la propiedad privada. La estrategia de la democracia burguesa es contradictoria con este objetivo y significa integrar el proletariado al Estado capitalista.

Algunos puntos deben ser comentados en relación a esta línea. Primero la democracia no es una categoría neutra; la democracia es una de las formas del régimen burgués basado en la propiedad privada y en la cual los trabajadores tienen “libertad” de elegir periódicamente los representantes y agentes de los patrones que los van a gobernar. La más democrática de las democracias tiene como fundamento último el poder represivo del Estado burgués que monopoliza las armas y la organización profesional que las usa (el ejército). Es por esto que la república más democrática no deja de ser una dictadura de la burguesía.
Por lo tanto es ilusionar a las masas señalar el camino de la democracia burguesa como salida para sus problemas. Esta afirmación del programa demuestra bien ese carácter ilusionista: “El PT nace en una coyuntura en la que uno de los grandes problemas de la sociedad brasileña es el de la democracia: garantizar el derecho a la, libre organización de los trabajadores en todos los niveles hoy es, para el PT, su lucha democrática concreta”. Es verdad que uno de los grandes problemas de hoy es el de la falta del derecho de organización del proletariado, pero es preciso señalar el camino correcto de la lucha; levantar las consignas democráticas para movilizar a las masas contra la dictadura militar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Establecer la “democracia burguesa”, basada en la propiedad privada de los medios de producción, sostenida por las masas? No, profundizar la lucha contra la burguesía, estructurar el proletariado como dirección de la mayoría nacional oprimida para liquidar el estado burgués e implantar el gobierno obrero y campesino, sostenido por las organizaciones soviéticas (soviets). El objetivo de un programa obrero solo puede ser el de liquidar él régimen de la propiedad privada. Y esto sólo puede ser conseguido a través de la revolución social, dirigida por el proletariado, con el claro objetivo de resolver las tareas democráticas pendientes del Brasil semicolonial, combinado con la construcción del socialismo.
La estrategia obrera está contrapuesta a la estrategia de la construcción de la democracia burguesa defendida en el programa, que comete el error terrible de confundir ia lucha por las libertades democráticas con la defensa de una forma de re-gimen burgués explotador.
En segundo lugar, la democracia burguesa (que los trabajadores saben distinguir de las formas totalitarias de la dictadura burguesa) es, incluso, un lujo que los países atrasados y semicoloniales, como el Brasil, no se pueden dar. La democracia es un privilegio de los países imperialistas, financiada con los recursos de sus ricas burguesías expoliadoras de su proletariado y de todas las naciones oprimidas del mundo. La historia de Brasil y de todos los países latinoamericanos nos probó, miles de veces, la completa incapacidad de las democracias para resolver los agudos conflictos de clase con los que se enfrentan. El reciente golpe de García Meza en Bolivia es una prueba más que evidencia esta cuestión. Por lo tanto, entre la contrarrevolución burguesa y la revolución proletaria, los países atrasados no tienen la posibilidad de encontrar un camino intermedio democrático burgués que abra todo un período de desarrollo económico y social. Tal camino está históricamente superado a nivel mundial.
En tercer lugar, es preciso decir que la lucha por las libertades democráticas no se confunde con el objetivo de enchalecar a los trabajadores dentro de los límites de la democracia parlamentaria. En un país semicolonial como Brasil, gobernado casi permanentemente por dictaduras, las cuestiones como la reforma agraria, libertades de organización sindical y partidaria, asamblea nacional constituyente libre y soberana, etc, asumen tremenda importancia para la movilización de los trabajadores. Sin embargo, esas banderas no tienen un fin en si mismo. Son tomadas por las masas para oponerse a la dictadura y a la burguesía y a través de la acción directa, impulsar sus organizaciones independientes, dirigidas para expropiar el capital y construir el socialismo. Las banderas democráticas son instrumentos de la lucha de dase para profundizar el abismo, entre las masas y los explotadores y no para democratizar el Estado burgués.

En cuarto lugar, la cuestión de la independencia nacional planteada por el PT es un palabrerío nacionalista que se resume en dos consignas: «Contra la dominación imperialista” y “por una política externa independiente”. La independencia nacional forma parte del conjunto de tareas democráticas propias de un país oprimido por el imperialismo. Está demostrado que dentro de les marcos del imperialismo no existe posibilidad que los países capitalistas de economía atrasada alcancen su independencia nacional.
No se alcanzará la independencia nacional, ni tampoco la revolución agraria, si no se rompen todos los vínculos de dependencia político-económico con el capital internacional. Para esto sólo hay una vía, dotar al proletariado de un programa democrático y antiimperialista que conduzca a la revolución social.
Entonces, debe quedar claro que se trata, sí, de proclamar la expropiación de las empresas imperialistas y de gran capital nacional y no la consigna abstracta de «contra la dominación imperialista”; se trata de defender la ruptura de los acuerdos secretos y de todos los pactos con el imperialismo y no de «una política externa independiente , consigna burguesa que tendría que ser substituida por la reivindicación del internacionalismo proletario y por la lucha contra el imperialismo que domina nuestro continente, en la perspectiva de los «Estados Unidos Socialistas de América Latina”.

Concluyendo, es necesario observar que el Programa del PT está atrás de todos los programas obreros ya elaborados en el país. Lejos de constituirse en un programa centrista o con muchas imperfecciones, se constituye en un programa burgués, pues procura limitar la acción de las masas a la democracia burguesa, esto es, a las fronteras de la propiedad privada. Los intelectuales y las corrientes nacionalistas que militan en el PT y elaboraron su línea programática explican que en el interior de un país atrasado sólo hay lugar para un frente de clases y no para un partido obrero. Esta explicación viene de la observación del escaso peso numérico del proletariado frente a la gran masa campesina. De aquí deducen que el PT debe ser un frente de clases, donde se expresen los más variados intereses de las diversas capas explotadas, constituyéndose el partido en un defensor de los intereses comunes de todas ellas. Es por esto que, según los «Puntos Programáticos…”, el partido no puede tener como meta el socialismo (por lo tanto, el «interés común de las masas es la democracia burguesa, según la interpretación de syss defensores) de ahí sacan otra deducción: un partido obrero se limitaría a organizar estrictamente a la clase obrera.

La distorsión de esta concepción es fabulosa. Al contrario de lo que dice el programa del PT, solo un programa obrero respondería globalmente a los intereses de todas las capas oprimidas por la burguesía. Algunas razones pueden ser apuntadas: A)la resolución de los problemas de los varios estratos populares no podrá darse en los marcos del capitalismo. ¿Podrán resolverse los problemas de los pequeños propietarios al lado de los grandes monopolios? ¿Y los del trabajador autónomo al lado de las grandes corporaciones industriales y comerciales? Está claro que no. B) el proletariado es la única clase, por su posición en la producción y por su radical antagonismo con la burguesía, capaz de plantear la expropiación del capital como objetivo de una lucha que podrá emancipar a todos los explotados. Ninguna otra capa explotada tiene esa cualidad esencial. C) reconocer que la clase obrera brasileña es minoritaria en relación a la mayoría nacional explotada no significa concluir que ésta deba renunciar a su papel dirigente de las masas para abolir el capitalismo. Lo que importa es su peso social y político: como las experiencias nacionalistas lo demostraron, o el proletariado encabeza la lucha antiimperialista de las masas o la burguesía nacional será la dirección y el resultado será la frustración de las amplias masas. Por lo tanto, sólo a través de la dirección de la clase obrera es que el pequeño comerciante, el indio o el jubilado pueden incorporarse a la movilización de todos los oprimidos para acabar con el dominio del capital. D) En realidad, lo que está en cuestión es saber bajo que orientación las capas explotadas se organizarán. Si lo hacen bajo la orientación del proletariado, asimilarán sus métodos y sus tácticas de lucha y.caminarán para expropiar a la burguesía,; En caso contrario, sólo podrán alinearse tras una orientación burguesa o pequeño burguesa y terminarán aplastadas cuando éstas se doblen frente al imperialismo, como nos enseña nuestra propia historia.

IV. Una práctica y una teoría para apartarse del movimiento de masas

La función de la crítica al programa del PT no es la de establecer una discusión doctrinaria-académica. Es tratar de comprender cual es la relación existente entre el programa adoptado y la conducta práctica del partido en la lucha de clases. Esto porque, en el caso del PT actual, no estamos frente a un partido que empíricamente trata de canalizar y dirigir el movimiento de masas, con un programa inacabado, incompleto, equivocado, sino frente a una organización que renuncia explícitamente a asumir la dirección del movimiento de masas„ Es este, hoy, el problema clave frente al cual se encuentra el PT: sólo una intervención de combate, sólo en un partido que intente centralizar realmente el movimiento de masas y que, por lo tanto, sea un canal para la organización de los explotados, se darán .las condiciones para corregir un programa equivocado. Los oportunistas de todo tipo (nos referimos a infinidades de organizaciones pequeño burguesas que constituyen hoy la fuerza de un PT carente de presencia real de masas) ha lanzado la teoría de que el programa no tiene ninguna importancia o es secundario —esto en el momento en que estaba en discusión un programa de características burguesas—, pero al mismo tiempo ocultan que el problema central del PT es su negativa a asumir un papel dirigente de la lucha de los trabajadores.

Desde el principio, como vimos, los dirigentes sindicales del PT se negaron a volcar la autoridad de los sindicatos que dirigen para transformar el partido en un vehículo de verdaderas organizaciones de masas que están siendo recuperadas por los trabajadores. En vez de un partido basado en tales organizaciones, surgió un PT de 11 núcleos” con prácticamente ninguna presencia del proletariado industrial en sus filas. Esto quedó claro en los encuentros nacionales del PT, dominados por representantes periféricos del proletariado y por una predominancia de elementos de clase media y de militantes de organizaciones pequeño burguesas de izquierda. En la propia huelga del ABC, protagonizada por el sindicato dirigido por Lula, la presencia del PT fue prácticamente nula y el partido no tuvo una intervención centralizada, permaneciendo como tal en un completo segundo plano, sin ninguna directriz para la intervención de los militantes y sin delimitarse de la oposición burguesa que, solidarizándose de palabra con el movimiento huelguístico, trató de evitar su generalización y de contenerlo dentro de un cuadro de compromiso con el gobierno militar.

El PT nació, así, apartándose del movimiento real que le dio origen, la movilización huelguística que comenzó a re-erguir a los sindicatos, rechazó esta base para desarrollarse y acabó siendo fundado como una federación de grupos pequeño burgueses de izquierda y con una influencia marcante de la Iglesia, cuyos sectores llamados progresistas no esconden su apoyo al PT. (En los medios rurales las comunidades de la Iglesia son la base fundamental del desarrollo de los núcleos del partido). En la actualidad, se desarrolla toda una línea de liquidación de los núcleos iniciales del partido, formados por gremios, para transformarlo en un partido apoyado en «directorios municipales”, en los términos de la legislación e-lectoral de la dictadura militar. La línea que está siendo aplicada es la de una adaptación mayor al cuadro del parlamentarismo regimentado por los militares y a la reformulación partidaria del gobierno, borrando toda característica clasista en su organización y limitándose a una preparación electorera para las elecciones de gobernadores, que tal vez se realicen en 1982. La izquierda de la Iglesia apoya esto en la misma línea que apoyó la reciente visita reaccionaria del jefe del vaticano, que anduvo pregonando que los justos movimientos reivindicativos debían apartarse de toda lucha de clases y violencia contra los ricos.

Esta concepción de un PT ajeno al combate real de las masas fue elevada al plano de la teoría, cuando en sus documentos programáticos, se planteó que “el PT, está presente en todas las luchas del movimiento popular, pero respetando y defendiendo la autonomía de las organizaciones populares”. Cabe preguntar: ¿autonomía en relación a qué, o a quién?

Las organizaciones «populares” ¿pueden ser autónomas de la perspectiva obrera, burguesa o pequeño burguesa, que sus direcciones pueden imprimir a la lucha y movilización popular?; ¿vale lo mismo para un partido que se declara formalmente por la lucha por una «sociedad sin explotadores ni explotados”? En lugar de una declaración de respeto a la autonomía, lo que corresponde es lo contrario: un partido que pretende centralizar la lucha de los trabajadores debe señalar que intervendrá, a través de la experiencia propia de las masas, para imponer un curso y una perspectiva consecuente a su lucha reivindicativa, para arrancarlas de la influencia de direcciones ajenas al movimiento obrero, que no pueden pretender otra cosa sino esterilizar y limitar su movilización.

La peor consecuencia de semejante “teoría” es el “modus vivendi” que la dirección sindical auténtica del PT ha encontrado con los burócratas que dirigen la mayoría de los sindicatos. En lugar de lanzar la consigna fuera los burócratas y organizar un movimiento real en este sentido, el PT, con la ayuda de la teoría de la “autonomía” de los sindicatos, renuncia a organizar fracciones sindicales propias en éstos y a darle un carácter centralizado al combate por una nueva dirección del movimiento obrero contra los agentes de la burguesía en sus filas.

La actual etapa política es de ascenso de las masas. Este ascenso ha pasado principalmente por los sindicatos. En ellos, el PT debe intervenir, presentándose como alternativa de dirección, para combatir a los burócratas, organizando comisiones de fábrica, levantado la bandera de independencia de los sindicatos frente a la burguesía y centralizando las luchas sociales contra la dictadura militar. Lo mismo decimos en relación a la juventud estudiantil y obrera y a los diversos movimientos reivindicativos. El PT debe disputar la organización de la juventud, que se caracteriza por el combate anti-dictatorial y antiimperialista, con la oposición burguesa que trata de ganarlos con sus maniobras democratizantes. La defensa de la “autonomía” de los movimientos populares en relación al PT es el resultado práctico de todos los fundamentos burgueses de la línea programática. Al contrario de diluir el papel centralizador del movimiento de masas, el PT tiene que aparecer como un verdadero canal de movilización y organización de los trabajadores, formando las fracciones sindicales, la juventud de masas y dando una expresión organizada a la movilización de las diversas capas explotadas. Fundar sólidas organizaciones de masas que arranquen a los explotados de la influencia burguesa es una condición para el desarrollo de un partido de combate de los trabajadores.

V . Perspectivas

Los trotskistas comprenden que sólo un partido revolucionario de la IV Internacional podrá cumplir la tarea de conducir al proletariado y a las masas explotadas a la destrucción definitiva de la sociedad de clases. No hay substituto para esta tarea histórica del proletariado.

Sin embargo, el partido revolucionario no será construido sino en el interior de las experiencias del movimiento de los explotados.

La existencia del PT en Brasil planteó en forma concreta la tarea histórica pendiente, dejada en abierto por el PCB, de estructurar un Partido obrero independiente. Esta es una de las mayores cuestiones presentes para el proletariado y, como experiencia de clase, plantea para los trotskistas la obligación de agotarla.

La intervención en el PT pasó a ser una obligación para construir un partido revolucionario. Y esta obligación no quiere decir acompañar la trayectoria del PT para asistir a su fracaso, sino para intervenir firmemente en la defensa del partido obrero de masas, que adopte un programa por el Gobierno Obrero y Campesino, que declare la inviabilidad de la democracia en nuestro país y defienda por lo tanto, que los intereses comunes -agrarios, democráticos, antiimperialistas— de las más amplias masas explotadas sólo pueden ser resueltas en el cuadro de la liquidación del Estado capitalista, como parte de la revolución mundial y del combate por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

En esta línea, es. inevitable un trabajo de fracción en el PT, diferenciándose nítidamente de las corrientes pequeño burguesas nacionalistas y oportunistas, que hacen de todo para fundir el movimiento independiente del proletariado con el nacionalismo burgués. Por la propia experiencia de la lucha de clases pasada, quedó comprobado que la burguesía nacional está completamente caduca para realizar las tareas democráticas en nuestro país semicolonial. Esta tarea cabe al proletariado, que, dirigiendo la mayoría nacional oprimida, podrá romper las cadenas imperialistas de la opresión nacional e implantar el Estado Obrero. En este sentido, luchamos en el PT para que éste ayude a las masas a .diferenciarse del nacionalismo y del aparato contrarrevolucionario stalinista y le facilite la tarea de realizar sus objetivos históricos.

Esto supone una clara delimitación política de la orientación y práctica actual del PT desde que se lanzó la propuesta de construir un PT sin patrones, los trotskistas, agrupados en la sección brasileña de la TCI, señalaron que la tarea de construir un partido de clase independiente correspondía a una tendencia del proceso político actual en Brasil. La intervención crítica de la OQI en el PT estuvo marcada desde el comienzo por una cuestión central: no es suficiente proponerse dar a los trabajadores una representación política propia, es necesario definir una estrategia, un programa de clase. Una representación política de los trabajadores sujeta a los límites de la apertura, limitada a reivindicar una democracia inviable, no podrá jamás poner en pie un PT realmente de masas.

En la actualidad, el movimiento de masas no pasa por el PT y su orientación es una traba para abrirse un camino hacia las masas. Por otro lado, la estructuración del partido a nivel nacional i corresponde a la derrota de la última huelga de los metalúrgicos del Gran San Pablo, que abrió u-na etapa de reflujo transitorio en el movimiento obrero. Como la tendencia general del ascenso no ha sido revertida y la crisis económica agrava las condiciones de vida de las masas a niveles insoportables, son inevitables nuevos combates ¿Utilizarán las masas el PT? Esta es una pregunta que la propia lucha de clases tendrá que responder .Si las masas entran en el PT, se crearán las condiciones para romper la línea pequeño burguesa de conciliación de clase y para superar el programa burgués adoptado en los Encuentros. Ahora, si las masas no entran al PT, no hay forma de construirlo. El gobierno y los partidos bloquearán completamente su camino y lo sofocarán. Una variante de esto sería la integración del PT a una alianza con partidos burgueses opositores, que comenzó a ser negociada recientemente. Sería un frente popular en el que los trabajadores sacrificarían su independencia política en los límites de un programa burgués. Esta es la situación real del PT y no hay por qué no señalarla. El camino para intentar la superación de este impasse (dado por las características pequeño burguesas del PT) es trazar una línea de acción para intervenir en los sindicatos y en los movimientos populares: convocar una Conferencia del Partido para discutir la situación nacional y las tareas del movimiento de masa. Armar las campañas, llamar a las masas a movilizarse y aparecer como un canal centralizador y aglutinador de las luchas obreras. Fuera de este terreno no vemos cómo podrá mantenerse el PT. Salir del terreno parlamentario, tomar por referencia la acción directa de las masas y penetrar en sus aspiraciones es una condición de vida o muerte para el partido. La lucha presente es vencer este poderoso obstáculo.

VI. Un comentario final y necesario: Los pseudo trotskistas y el PT

Como no podía dejar de ser, la propuesta del PT exigió una rápida respuesta de todas las alas que se reivindican del trotskismo en Brasil. Dos de esas organizaciones son la OSI, sección nacional del Corci, y Convergencia Socialista, ligada a la Fracción Bolchevique de Nahuel Moreno. Lo que nos interesa es la actitud de estas organizaciones, que se dicen trotskistas, frente a la importante cuestión del partido obrero independiente, planteada por la existencia de la propuesta del PT.

Ni bien fue lanzado el PT por las direcciones sindicales, la OSI lo definió como “una articulación burguesa que juega un papel de apoyo a la dictadura” (Resolución, julio de 79).. Casi un año después, en enero de 80, la OSI cambia radicalmente su opinión sobre el PT, afirmando: “el PT es una respuesta del movimiento del proletariado en el sentido de una organización independiente”. Y para explicar su posición reaccionaria inicial explica: “El PT nace como una articulación de agentes de la burguesía en el movimiento obrero, pero no evolucionó como un pilar de la dictadura” (como la OSI preveía). Y continúa:
“La fuerza motriz de su articulación es la lucha de los trabajadores y no los partidos burgueses, ni la dictadura militar”. Un esclarecimiento: la OSI consideraba al PT un pilar de la dictadura porque nacía de las direcciones sindicales que ellos consideraban representantes directos de la dictadura y del Estado Burgués, y los sindicalistas no eran obreros, sino burgueses. De esta forma, dedujo que el PT sería un organismo reaccionario (por lo tanto, fueron coherentes con su razonamiento ultraizquier-dista). Ahora, sin ninguna autocrítica, ni explicación, pasan a defender al PT como un factor progresivo en la organización de la clase obrera. Es importante notar también que ahora se habla de «agentes de la burguesía”, refiriéndose a los dirigentes sindicales. Con esto los coloca en el mismo campo que las burocracias stalinistas y socialdemócratas, mientras que hasta ahora se hablaba de una diferencia “cualitativa”, en la medida en que los “pelegos” (burócratas sindicales brasileños) eran funcionarios directos del Estado. En segundo lugar, la afirmación genérica de que la “fuerza motriz” del PT son las masas es un cuento que la OSI usa para desbarrancarse hacia el oportunismo. Esto porque desprecia el hecho concreto de que el PT ha sido levantado por iniciativa de los dirigentes sindicales de la corriente lulista que buscan, a través del PT, un medio de acción política en el cuadro de la apertura regimentada del gobierno militar. La afirmación genérica sustituye la crítica concreta: en lugar de planificar una intervención crítica en el PT, la OSI señala que la estrategia central consiste en “resaltar, en la plataforma propuesta por los articuladores del PT, las convergencias en relación de nuestro programa”. Esto, cuando la plataforma del PT plantea, como perspectiva estratégica, lograr la “participación política de los trabajadores en el parlamento y el Estado burgués”.

En realidad, .la OSI sustituye la crítica por la provocación: “Para la mayoría de los trabajadores -dice- no es evidente que todos los articuladores del PT están a-poyando a la dictadura”, oscilando, así, entre el sectarismo original de la tesis de los sindicatos fascistas y la capitulación sin principios.

Los morenistas, por su parte, diferentemente, revelaron desde el inicio su oportunismo crónico. Antes del lanzamiento del PT, intentaron construir un Partido Socialista en los moldes de la II Internacional, llamando para eso desde Almino Affonso (ex ministro de Joao Goulart) hasta las tendencias “marxistas”.
Esto porque preveían que la socialdemocracia iría a tener un período de florecimiento en el país y para eso era importante tomarle la delantera. Cuando esta propuesta fracasó, pasó a apoyar la candidatura del presidente del Sindicato Metalúrgico de Santo André para diputado del MDB. Después, cuando apareció la posibilidad del surgimiento del PT entre los sindicalistas, redactaron el primer proyecto de programa. Trataron de pasar al frente del proceso con una propuesta de programa caracterizado por un amontonamiento de viejos clichés nacionalistas, como erradicación del latifundio improductivo y no expropiación del gran capital agrario; congelamiento de los precios y no control obrero de la producción; política externa independiente y no internacionalismo proletario. La principal consigna fue la de “gobierno de los trabajadores”. A pesar del odio de las corrientes pequeño burguesas nacionalistas del PT, la consigna “gobierno de los trabajadores” no ofrece dudas sobre su ambigüedad, y por eso mismo de su característica pequeño burguesa. “Gobierno de los Trabajado-* res” es una fórmula contraria a la consigna de gobierno obrero y campesino, que por su origen histórico en la revolución Rusa, significaba la alianza del proletariado con el campesinado, cuya dirección hegemónica cabe al proletariado. La tendencia de oscurecer el contenido preciso de la estrategia del partido revela el oportunismo de la posición programática de Convergencia Socialista en el PT. De la misma forma, la consigna de PT sin patrones (progresiva a nivel general), no tuvo un contenido definido por la defensa del PT como un partido obrero de masas.

La actitud ultra izquierdista y oportunista, revelada como rasgos fisonómicos de estas tendencias, frente al hecho concreto de la construcción del PT, es la demostración más clara de la degeneración del Corci y de la FB. Con esta línea política no es posible construir un partido obrero independiente en Brasil. Si la OSI, al nacer, tuvo el mérito de levantar en su programa la consigna de Partido Obrero Independiente, hoy, con las oscilaciones entre el sectarismo y el oportunismo, nada tiene que ver con aquella idea original. Sólo le resta el mérito del pasado. Cuanto a Convergencia Socialista, no le resta nada, pues su concepción de partido de masas nada tiene en común con la tarea de construir el partido obrero independiente.

*Miembro del C.E. de la Organización Cuarta Internacional (Brasil)

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Brasil: La cuestión de la Asamblea Constituyente”

Adelaide N. Castela

El problema de la Asamblea Constituyente (AC) se transformó en tema de debate nacional en Brasil. El conjunto de los partidos de la oposición burguesa (PMDB,PP, PDT) y la mayoría de las organizaciones de izquierda sostienen hoy en el país la necesidad de una Asamblea Constituyente. En el PT, la bandera de la AC fue excluida del programa adoptado en su Reunión Nacional, realizada en junio del 80, ya que su dirección considera inoportuno levantarla en la actual situación. El propio gobierno, que no oculta su oposición a la Constituyente, admitió la posibilidad de una reforma constitucional a través del actual Congreso.

En pocas palabras, lo característico del debate sobre la Asamblea Constituyente es que salió del círculo de la izquierda minoritaria, que hasta entonces era la única que levantaba esta consigna, para convertirse en debate nacional. Por lo tanto es fundamental examinar que significa, en la situación actual, la AC, cual es el interés de las distintas clases en su convocatoria y cual debe ser la posición de los marxistas; no sólo para la comprensión teórica del problema, sino para intervenir en la actual situación política, señalando el camino para la solución radical de los grandes problemas nacionales y democráticos.

La descomposición del régimen militar

La situación política brasileña se caracteriza actualmente por un proceso de descomposición y agotamiento del régimen militar, que se combina con un claro ascenso de la lucha obrera. Desde un punto de vista más genérico podemos afirmar que el período contrarrevolucionario abierto con el golpe del 64 comenzó a agotarse a partir del 74 y se cerró con el estallido de las primeras grandes huelgas obreras de 1978 en el ABC (región de concentración metalúrgica de San Pablo), que desencadenó una ola huelguística que atravesó el país. Varios gremios de trabajadores, en varios estados del país, recurrieron a la acción directa como medio para solucionar la miseria y superexplotación de la clase trabajadora.

Tomamos el año 1974 como referencia, en primer lugar, porque el partido del gobierno (ARENA-Alianza Renovadora Nacional) fue estruendosamente derrotado en las elecciones de entonces; en segundo lugar, porque la pequeño burguesía también desde entonces y, a diferencia de ’1968,, (cuando no llegó a acompañar en su conjunto la gran resistencia del movimiento estudiantil), se vuelca hacia la izquierda, como una reacción defensiva frente al avance de la crisis económica y, sobre todo, como un reflejo de la impasse creciente de la dictadura; en tercer lugar, porque como resultado de la crisis económica el frente burgués ve quebrado el equilibrio alcanzado durante la fase de expansión del ciclo económico de 1965 a 1973.

Podemos decir, por lo tanto, que el régimen político surgido de serias derrotas políticas del proletariado y de las masas comenzó a entrar en contradicción con una etapa política marcada por nuevas relaciones de fuerza entre las clases. La contradicción estalla en forma abierta cuando en 1978 el proletariado, a través de su acción directa, ocupa un lugar de primer plano en la situación nacional.

El gobierno militar tuvo que considerar esta situación. Con Geisel, el gobierno toma la iniciativa de desencadenar un proceso que el mismo denomina de «abertura política», buscando modificar ciertos métodos de dominación de la dictadura, con el propósito de abrir válvulas de escape para el régimen militar e impdir que los explotados busquen su propia organización. La “abertura” tenía como objetivo abrir un espacio en el aparato estatal para fracciones de la burguesía separadas del poder y abrir un período de maniobras políticas para mantener un régimen que no podía más apoyarse exclusivamente en la represión. A pesar de toda la imaginación creadora aplicada en buscar medios para cerrar la brecha abierta entre el régimen y el proletariado en ascenso, el desarrollo de los hechos ha demostrado que el cambio en los métodos de dominación no puede darse en frío, o sea, sin choques y roces graves.

Una de las primeras manifestaciones de esta evolución crítica en el plano de la abertura fue el cierre del Congreso en abril del 77, para el lanzamiento de una serie de medidas antidemocráticas que fueron conocidas como el “Pacote de Abril”. Estas anularon las elecciones directas para gobernadores previstas para principios de 1978 e instituyeron la figura del senador “biónico” —elegido indirectamente— con el objetivo de mantener la mayoría gubernamental en el senado, aun perdiendo las elecciones. Recordamos este hecho porque fue en este contexto que el MDB (Movimiento Democrático Brasileño-partido de oposición creado por el gobierno) lanzó la bandera de Asamblea Constituyente. La reivindicación de AC tenía, por un lado, un carácter preventivo, es decir, fue levantada como alternativa para encuadrar el ascenso de masas -cuya tendencia era entonces indicada por la movilización estudiantil-frente a la intransigencia de la camarilla militar. Por otro lado, fue la expresión de la reacción de clase de los sectores burgueses que temían que el plan de abertura abortase, pues para sectores de la burguesía que estaban alejados del poder en los últimos años, la abertura no es sólo una tentativa de controlar a las masas en la nueva etapa política, sino también un recurso para dividir los costos de la crisis económica entre las diversas fracciones capitalistas.

Evidentemente, la burguesía intenta que las necesarias modificaciones del régimen frente a la nueva situación política no se den de forma revolucionaria y lleven a la eventual caída de la dictadura militar; intenta evitar la intervención directa de las masas en defensa de sus propios intereses, contra la opresión brutal que hace 16 años impera en el país. La burguesía se empeña, en ese sentido, en que los militares comanden la «redemocratización” del país. Conciben la constituyente desde un punto de vista puramente formal, o sea el de enmendar la presente constitución en un cuadro de compromiso con la dictadura. La AC surge como parte de una maniobra para interesar a las masas en el problema parlamentario, dentro de los límites que pueden servir para desviarlas de su movilización revolucionaria.
En síntesis, la AC es el resultado de las contradicciones políticas planteadas por la nueva etapa frente a la que las diversas clases intentan reacomodarse.

La Constituyente en los países semicoloniales

El que la propia burguesía proclame la AC frente a la emergencia de la crisis política que se agrava debe llamar la a-tención en otra dirección: el de la existencia de un problema constitucional para los propios explotadores, o sea, el problema de su centralización política en el estado y como plantear, a partir de esto, sus relaciones con los explotados.

Este es un problema no resuelto por la burguesía brasileña en la historia del país, marcada justamente por una gran cantidad de asambleas constituyentes y de modificaciones en la “Carta Magna de la Nación» que, nunca permaneció sin modificaciones por más de una década. El propio régimen militar dio lugar a una “nueva constitución” en 1967, en la que se introdujeron empíricamente diversos tipos de “enmiendas” al sabor de las circunstancias. Los constitucionalistas burgueses dicen que en realidad el país carece de constitución y que el texto actualmente existente es tan solo una “colcha de retazos”.

Sería unilateral, o superficial, vincular el re aparecimiento de la AC solo al carácter de excepción del régimen militar. De forma más genérica debemos señalar que el propio régimen militar es una consecuencia de la fragilidad de la burguesía y del atraso del país. Ambos factores, íntimamente vinculados explican que no estuviesen dadas las condiciones para la implantación de un régimen constitucional burgués estable, cuya base material es, justamente, un amplio desarrollo capitalista, que el país, semicolonial y oprimido por el imperialismo, desconoce. Esto explica que en Brasil, como en el conjunto de los países atrasados, la centralización de la burguesía se realiza, frecuentemente, no a través de una representación orgánica de las diversas fracciones en el juego parlamentario y de los tres poderes, sino mediante gobiernos de tipo dictatorial recurriendo en mayor o menor grado al fusil y a la fuerza de los militares. Es en este sentido que Trotsky decía que los gobiernos en los países atrasados tendían todos a adoptar, frente a la debilidad de la burguesía, una forma bonapartista o semibonapartista. En Brasil el régimen militar, ahora en crisis, es la expresión de este problema de fondo, o sea, de la no realización de las tareas democráticas en un país que se incorporó a la economía mundial capitalista sin haber alcanzado internamente la base para una democracia clásica. Ahora que el régimen está en crisis, estos problemas democráticos y nacionales vuelven a adquirir fuerza renovada y es, en este contexto, que debe analizarse el problema de la AC.

En realidad, no es que los representantes de la burguesía nacional no hayan intentado resolver el problema, plantean-do la necesidad de un poderoso desarrollo de las fuerzas productivas y del mercado interno en el contexto de la unidad nacional. Lo fundamental, sin embargo, es que fracasaron completamente en esta tarea.

Este es, en definitiva, el balance histórico de la revolución de 1930, es decir, la revolución que se inició como un movimiento de unidad nacional contra el federativismo oligárquico acabó en una dictadura bonapartista que centralizo burocráticamente al Estado, sin golpear de hecho la oligarquía, maniatando a las masas con una implacable regimentación política. El período varguista (30-37) marca el agotamiento de la burguesía nacional como clase con pretensiones de estructurar un Estado independiente y democrático, poniéndose a la cabeza de las masas oprimidas. La dictadura que hoy impera en el país se instauró con el fracaso del nacionalismo burgués y fue expresión e instrumento de las tendencias centraliza-doras del gran capital nacional e imperialista para someter aún más las fuerzas productivas al imperialismo y para profundizar el atraso y sometimiento de los diversos Estados de la Unión. Si es cierto, que la dictadura tuvo un papel centralizador con métodos autoritarios, también es cierto que fue está centralización autoritaria hecha bajo la bota militar la que agravó y llevó a mayores extremos la desigualdad del desarrollo económico y político de la Nación y sus estados.

En el período de crisis que se abre las fuerzas integradoras reflejadas por la dictadura militar abren paso a las fuerzas desintegradoras del Estado Nacional.

Es la prueba de la caducidad histórica de la burguesía nacional y de su incapacidad para resolver las tareas de la Nación, -independencia y unidad nacionales, revolución agraria -la que permite afirmar que las banderas de la democracia política solo serán consecuentemente resueltas por la revolución proletaria. Por eso la vigencia de la AC como un aspecto de las tareas democráticas históricamente no cumplidas en el país, no significan que el país pasará por un período histórico de democracia burguesa bajo la dirección de la burguesía nativa. Es este, precisamente, el punto de partida para integrar correctamente el planteo de AC en el programa revolucionario.

Las diversas posiciones sobre la Asamblea Constituyente

La reivindicación de AC por diversas fracciones burguesas indica, como acabamos de ver, que con el agotamiento del régimen militar, los explotadores se plantean el problema de su centralización en el Estado. Al plantear la constituyente, por lo tanto, los diversos sectores de la burguesía no sólo buscan un recurso para desviar las masas de una movilización independiente contra el Estado capitalista, sino que buscan también un medio para reconstruir su representación política en el aparato estatal. Por esa razón es que buscan atraer las masas hacia diversas maniobras en función de su propia perspectiva y transforman el problema de la AC en un problema nacional, o sea, que interesa al conjunto de las clases sociales (en este sentido es que es necesario fijar un punto de vista de clase, revolucionario).

Examinar brevemente como tomaron posición los diferentes partidos de la burguesía y también aquellos que se reivindican de los trabajadores frente al problema de la constituyente posibilitará una caracterización más precisa del problema.

El partido del gobierno -ARENA antes, hoy PDS (Partido Demócrata Social)— se ha opuesto hasta ahora, como indicamos en la introducción, a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, limitándose si es necesario a aceptar una reforma de la Constitución en el cuadro del actual congreso fantoche, elegido bajo la legislación proscriptiva vigente. Representa el punto de vista de la camarilla militar que intenta mantener firme la conducción del proceso de “apertura», dando con gotero un espacio mayor para el parlamento regimentado y para la autonomía de los estados, actuando empíricamente en función del ascenso de masas y de compromisos con diversas fracciones burguesas para ampliar su base de apoyo.

El Partido Popular (PP), formado a partir de algunos sectores disidentes del ARENA y de la llamada “ala moderada» del viejo MDB, mantiene la tesis original de aquel partido sobre la necesidad de convocar a una constituyente. Sin embargo, uno de sus principales líderes, el senador Rancredo Neves, admitió reiteradamente que aceptarían negociar una reforma de la constitución a partir del actual parlamento y sus poderes “constituyentes”. Aparentemente en el PP se agrupan sectores del gran capital financiero e industrial del centro sur del país, lo que explica que esté articulado con mayor fuerza en los estados de San Pablo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Paraná. Estos sectores buscan posiciones en el aparato estatal con el objetivo de una “justa» distribución de la crisis económica entre las diversas fracciones de los explotadores. Es significativo que los representantes del PP condicionen un pacto con el gobierno, que incluiría una Constituyente regimentada, a una Reforma Ministerial y, particularmente, a un cambio de la política económica. Una revista burguesa (ISTO E) decía recientemente que el nombrado Tancredo Neves aspiraría sustituir al actual ministro de economía Delfin Neto. En el PP y el PDS se articulan los intereses del gran capital agrario y bancario del país. En el plano político buscan establecer una coalición, ya sea a través de una división del trabajo a partir de la cual el PP accedería a la gobernación de algunos estados importantes del país, ya sea por medio de la distribución de cargos en el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta al PMDB la bandera de la AC parece ser sobre todo un recurso político de quien se candidata como abogado del Estado burgués frente a un desarrollo explosivo de la crisis social. El planteo de la Constituyente, levantado por este partido, encubierto por una amplia verborragia democrática, forma parte del plan de rescate del régimen vigente frente a la proyección revolucionaria del movimiento de masas. Ulisses Guimaraes, presidente del partido y clásico representante de la «sombra de la burguesía» ya adelantó en varias oportunidades que la Constituyente no alteraría el mandato presidencial de Figueiredo, lo que demuestra que se trata de armar una composición con el régimen militar inconstitucional y no de proponer una genuina alternativa de democracia política irrestricta.

Quién apoya este planteo de la constituyente es el PCB -que está disuelto en el PMDB-. El stalinismo buscó en forma insistente señalar que la constituyente es compatible con el actual gobierno militar y que podría ser convocada por el propio Figueiredo. Esto demuestra que la función de la AC según el PCB, no es la de centralizar la movilización de masas contra el régimen dictatorial sino la de salvarlo de una eventual caída.

La reivindicación de “constituyente con Joao» del PC dio lugar a un debate en el cual posiciones supuestamente contrarias no rompen, al mismo tiempo, con la concepción burguesa sobre el problema.
Es lo que consideraremos enseguida.

Cómo debe estar planteado el problema de la Constituyente

Ciertamente, cuando el stalinismo plantea la “Constituyente con Joao» expresa que, en su afán de seguir a la burguesía está dispuesto a sacrificar las reivindicaciones democráticas más elementales. Si algo está claro es que el gobierno militar no puede, ni quiere, una Constituyente democrática basada en la libertad irrestricta de movilización y organización de los explotados.

Precisamente, un mérito de la posición adoptada por el Partido de los Trabajadores -PT-, que rechazó el frente que le reclamaban los partidos burgueses para una campaña por la Constituyente, es el de haber señalado que ésta es incompatible con el gobierno militar. Los dirigentes del PT han indicado que no es oportuna la consigna de la constituyente cuya realización sólo sería factible después de la caída del régimen» y “sin Joao».

El planteo, sin embargo, es insuficiente, La última constituyente convocada en el país -en 1946- se produjo luego de la «caída del régimen” (de Vargas) y fue un instrumento de la política burguesa e imperialista para recomponer sus métodos de dominación contra las masas, (la «caída del régimen” fue operada en el 45, no por el movimiento de las masas, sino por i un golpe militar). Por esto es fundamental | plantear que las masas no luchan por j cualquier liquidación del régimen sino por su derrocamiento revolucionario, como j resultado de la movilización independiente de los explotados. En este sentido la consigna de Asamblea Constituyente debe ser considerada desde el punto de vista de su valor para desarrollar el movimiento independiente de las masas para tirar abajo la dictadura.

El aparente enigma del huevo y la gallina (se plantea primero fuera la dictadura para luego convocar a la constituyente o se levanta la constituyente para oponerla a la continuidad del régimen) se resuelve planteando cuál es el carácter de esta reivindicación. Es decir, plantéame, la 1 Constituyente Democrática y Soberana en oposición a la dictadura, con libertades democráticas plenas, con voto para los analfabetos) con derecho de organización para los soldados y en estrecha relación con las reivindicaciones democráticas agrarias y antiimperialistas de la mayoría nacional: por la expropiación del gran capital rural e industrial, por la ruptura de todos los tratados de subordinación al imperialismo, por sindicatos independientes del estado y la burguesía, etc.

El planteo de la Constituyente Democrática y Soberana debe dejar claro que su valor como consigna no reside ‘ en las reformas jurídicas que realizaría; su utilidad y eficacia está determinada por el hecho de servir como instrumento para movilizar a las masas contra el régimen dictatorial. En este sentido la reivindicación de la Constituyente está subordinada a la acción directa y a la organización independiente de los explotados. En otras palabras: luchando por la Constituyente, recuperando sus organizaciones de dase, delimitándose de la burguesía, la clase obrera y la mayoría oprimida pueden llegar a imponer su propio gobierno -el gobierno obrero y campesino- sin nunca ver realmente una constituyente. Debemos agregar que la Constituyente es una institución burguesa, basada en el sufragio universal y en la que el peso social del proletariado aparece diluido, que ni antes ni después de la «caída del régimen” es una solución en si misma. Por esto mismo, en un período revolucionario, el peligro de la AC es que sirva como instrumento para estrangular él desarrollo del movimiento de los oprimidos bajo la dirección del proletariado. Hacer de la constituyente un fetiche es propio de las democracias formales, o sea, burguesas. Lamentablemente esto es lo que han hecho las organizaciones que se dicen trotskistas vinculadas al Comité Paritario (OSI, Convergencia Socialista). Los seguidores de Lambert hace un par de años cayeron en la vulgaridad de presentar la constituyente como expresión de la soberanía de las masas ocultando que inclusive en su forma más revolucionaria continúa siendo una institución burguesa, sostuvieron/, en cambio, que de ella surgiría el gobierno obrero y campesino. Recientemente, un documento común firmado por las tendencias estudiantiles vinculadas a la OSI y a Convergencia Socialista afirma que la Constituyente “abre la posibilidad de acabar con toda forma de explotación y opresión”. Se trata obviamente de un abandono completo de los principios del marxismo.

Trotsky, cuando defendía la consigna de AC para China decía, justamente, que era importante combatir las tendencias mencheviques y oportunistas que pudieran surgir en el PC en relación a la cuestión. Pero, decía, de ello resulta la necesidad de no tachar de oportunismo las consignas democráticas, sino de prever garantías y elaborar métodos de lucha bolcheviques en favor de las mismas. En grandes líneas estos métodos y garantías son los siguientes:

1. El partido debe recordar que, en relación con su principal objetivo, la conquista del poder con las armas en la mano, las consignas democráticas no tienen más que un carácter secundario, provisional, pasajero y episódico. Debe explicarlo. Su importancia fundamental reside en que permiten desembocar en la vía revolucionaria.

2. El Partido debe, en la lucha por las consignas de la democracia, arrancar las ilusiones constitucionales y democráticas de la pequeño burguesía y de los reformistas que expresan sus opiniones, explicando que el poder en el Estado no se obtiene mediante formas democráticas de voto, sino mediante la propiedad y el monopolio de la enseñanza y del armamento.

3. El Partido deberá explotar a fondo las divergencias de puntos de vista que existen en el seno de la burguesía -pequeña y grande- con respecto a las cuestiones constitucionales, creando las vías posibles hacia un campo de actividad abierta; combatir a favor de la existencia legal de sindicatos, clubes obreros y de prensa obrera, crear, cuando sea posible, organizaciones legales del proletariado situadas bajo la influencia directa del Partido tender cuando sea posible, a legalizar más o menos los diversos terrenos de actividad del Partido, pero, ante todo asegurar la existencia de su aparato ilegal, centralizado, que dirigirá todas las ramas de la actividad del Partido, tanto la legal como la ilegal.

4. El Partido debe desarrollar un trabajo revolucionario sistemático entre las tropas de la burguesía.

5. La dirección del Partido debe desenmascarar implacablemente todas las vacilaciones oportunistas que tienden hacia una resolución reformista de los problemas planteados al proletariado chino, y deben separarse de todos los elementos que se esfuerzan conscientemente en subordinar al Partido al legalismo burgués.

No es más que teniendo en cuenta estas condiciones que el Partido asignará a las diversas ramas de su actividad sus justas proporciones, no pasará al lado de un nuevo cambio de situación en el sentido de un resurgimiento revolucionario y entrará, desde un principio, en la vía de la creación de soviets, movilizará a la masa alrededor de éstos y se opondrá desde su creación, al Estado burgués, con todos sus camuflajes parlamentarios y democráticos».

Resumiendo, la vigencia general de la consigna está determinada por el no cumplimiento de las tareas democráticas en un país atrasado como Brasil y su función es la de agotar las ilusiones y la experiencia de las masas en la democracia formal burguesa que sus direcciones le presentan como solución universal.

Debemos unir la constituyente al programa de transformaciones radicales democráticas, agrarias y antiimperialistas que están a la orden del día -libertades democráticas, independencia de las organizaciones obreras del Estado, confiscación del gran capital agrario e industrial, ruptura de todos los tratados con el imperialismo —y debemos decir con toda claridad: en este combate los trabajadores se enfrentarán también con la caduca burguesía nacional, incapaz de dirigir la movilización revolucionaria por la victoria cabal de un genuino programa de independencia nacional y revolución agraria, abrirán camino no para una democracia burguesa plena regida por la AC y el sufragio universal, sino para su propio régimen político, el gobierno obrero y campesino apoyado en las organizaciones políticas de lucha de las masas —los consejos— “soviets».

Actualmente, cuando el planteo de AC está determinado por las fórmulas burguesas esta aclaración es fundamental. En la agitación debemos evitar generalidades y decir concretamente: la Constituyente Democrática y Soberana es incompatible con la dictadura militar. Es necesario denunciar el carácter burgués y de compromiso con la dictadura, de la constituyente reclamada por la oposición burguesa. Para los marxistas, el combate por la AC es el combate por poner en pie las organizaciones independientes y revolucionarias del proletariado y las masas, sindicatos y consejos (soviets). Sólo así se puede combatir por consignas democráticas sin ilusiones burguesas.

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Brasil: La crisis del PC Brasileño

Pablo Rieznik Ricardo Guerra Vidal

La situación actual

Se ha abierto una nueva crisis en el seno del PCB. Tiene, hace tiempo características de debate público, donde los principales dirigentes del partido levantan violentas acusaciones a través de la prensa burguesa; la crisis ya ha provocado una reformulación de la composición del Comité Ejecutivo del Comité Central, la división del Comité Estadual de San Pablo en dos (el mayor centro industrial del país), así como en otros estados, al punto de que algunos afirman que, ya, en todo el país existen dos partidos.

Esta crisis comenzó en el exilio y envuelve a la figura del principal dirigente del partido, Luis Carlos Prestes, famoso por su liderazgo en el movimiento “Tenentista” de 1922, líder de la histórica Columna Prestes-Miguel Costa y secretario general del PCB desde 1943.

Prestes discrepa hace ya tiempo con la orientación que el actual Comité Central ha impreso al PC y lo acusa de socavar por dentro el partido, y más grave todavía, de ser responsable por la represión que alcanzó al partido en el período 74-75, cuando éste perdió varios militantes, entre los cuales se encontraban 9 miembros del CC, dejándolo prácticamente desarticulado.

El viejo dirigente hizo públicas sus críticas a principios de abril de este año en un documento de 25 páginas titulado “Carta a los Comunistas” que distribuyó entre las bases del partido, y públicamente. En este documento, Prestes acusa al actual C.C. de ayudar al régimen a «minar el PCB, por dentro, transformándolo en un dócil instrumento de los planteos del régimen”; dice que «el PCB no está ejerciendo un papel de vanguardia y atraviesa una crisis flagrante y que es de conocimiento público; que está siendo hábilmente aprovechada por la reacción para transformarlo en un partido reformista, desprovisto de todo carácter revolucionario y dócil a los objetivos de la dictadura militar”. El documento apunta a “falencias de la dirección que entre otras graves deficiencias, no fue capaz de preparar al partido para los negros años del fascismo, facilitando a la reacción obtener éxitos en su propósito de desbastar profundamente las filas del PCB”, y más aún, que “innumerables compañeros cayeron en las manos de la reacción como consecuencia de la incapacidad de la dirección, que no tomó las medidas necesarias para evitar el rudo golpe que recibió el partido en los años 74-75”.

El documento, agrega, que la dirección “se niega a la seria y profunda autocrítica” y hace de la «justa preocupación de los comunistas por la unidad”… “un biombo para ocultar la falta de principios reinantes en esa dirección, el apego a los cargos y puestos, al oportunismo de los que cambian de posición política para servir a sus intereses personales, la tradicional conciliación alrededor de formulaciones genéricas y que sólo pretenden mantener el «status-quo”.

Finalmente, Prestes, acusa a la dirección de pretender hacer del VII Congreso del Partido, que está convocado para el año próximo, un «Congreso-farsa”, propone su postergación hasta que se consiga la legalización del partido (a pesar de que hasta ahora no existe ningún indicio de que el partido sea legalizado a corto plazo), y señala divergencias con la actual política del PC que dice «ha actuado como freno de las luchas populares” y está «a la cola de los aliados burgueses” y, concluye, llamando a las bases del partido a “romper con la pasividad y tomar los destinos del PCB en sus manos, y a rebelarse contra los métodos burocráticos de la dirección”.

La «Carta” tuvo repercusiones inmediatas en el aparato; Gregorio Bezerra, uno de los líderes “históricos” del PCB, propuso la disolución del Comité Central y su substitución por una dirección formada por representantes de los Comités de ¡cada estado. Al ver que su propuesta era rechazada pidió dimisión de su cargo en el CC “para no comprometerse con la división”.

El siguiente paso fue dado por el propio CC. En la reunión convocada para discutir el problema, se decidió la substitución de Prestes en el secretariado general por Giocondo Días, representante del “centro”, fracción mayoritaria dentro de la dirección que se equilibra entre Preste^ que cuenta con apenas dos votos en el CC, y los llamados eurocomunistas inmediatamente, Hércules Correa y Armenio Guedes, representantes de los “euros», fueron excluidos del Comité Ejecutivo, lo que demuestra la fuerza del “centro» y su intención de arbitrar entre las dos a-las, aunque se apoye en los “euros” contra Prestes.

El CC aprobó, entonces, una respuesta a Prestes, publicada en el semanario oficioso del partido “Voz da Unidade” (Voz de la Unidad) acusándolo de tener una “actitud señorial», de liquidacionismo, personalista, y de renegar su propia línea política. También no dejaron de sacarle los trapitos al sol al ex-secretario, apuntando que el “secretario general, durante el exilio, llevaba adelante una dirección paralela al CC, que tomaba medidas que no eran discutidas ni aprobadas por el CC o por la Comisión Ejecutiva. (Documento de respuesta del CC del PCB publicado en “Voz da Unidade”).

La carta de Prestes llevó a la prensa a destapar aún más la cloaca de la política de los bastidores del stalinismo. Así se conoció que en ocasión de la vuelta de los miembros del CC al Brasil, Prestes había presentado la propuesta de que todos, con excepción de él mismo, a pesar de estar amnistiados, volviesen al Brasil, clandestinamente; la consecuencia lógica de ésta propuesta sería que, en este caso, solamente él hablaría públicamente en nombre del PCB (Revista “Veja”28/5/80).
El panorama de la disputa interna del stalinismo no está totalmente claro. Aunque Prestes es muy minoritario en el CC, muchos afirman que tiene gran prestigio en las bases del partido e inclusive, que la mayoría de la base obrera del partido estaría con él, particularmente en San Pablo, el mayor centro industrial del país.

Lo cierto es que el viejo caudillo está buscando apoyo fuera del partido y lo ha conseguido ampliamente del MR-Q un ex-grupo foquista, escisión de 1968, que viene apoyándolo, a través de las páginas de su periódico “A hora do Povo”, en su lucha contra el CC.

La proximidad del VII Congreso (es preciso señalar que los Congresos, tan raros en la larga vida del partido, son un tormento para el PCB pues, con excepción de los dos primeros, todos fueron oportunidad para importantes rupturas) aviva la lucha interna del CC. Prestes propone un “Congreso abierto” donde participarían no sólo los militantes del partido; una puerta abierta para el MR-8 donde Prestes contrapondría su prestigio a los obscuros miembros del CC.

El Comité Central, por su lado, rechaza tal propuesta y la de postergar el Congreso, asegurando que se realizará, “con o sin legalidad”, en 1981.

Una historia de crisis

El PCB fue fundado en 1922 y como la mayoría de los partidos de la III Internacional, nació bajo el impacto de la Revolución Rusa de 1917 y de la desagregación de la llamada “República vieja”, gobierno de la oligarquía rural. La tradición del movimiento obrero brasileño estuvo ligada desde comienzos de siglo al anarquismo y no al marxismo. La clase obrera brasileña, muy reducida y heterogénea, se resentía por la predominancia del elemento artesanal y pequeño burgués. Sobre esta base, el PCB surge con extrema fragilidad teórica y ninguna experiencia de la historia del marxismo en Brasil para ser aprovechada. Es importante resaltar que de los participantes de su congreso de fundación sólo dos provenían de las filas anarquistas. Inmediatamente después de su fundación, el PCB participó del IV Congreso del Comintern, al cual no fue admitido como miembro pleno por interferencia directa del propio Trotsky, debido a las influencias anarquistas y franco-masonas que Canellas, el delegado al congreso dejó traslucir. (El año Rojo, N. Bandera, A.T. Andrade).

La influencia y la organización del PCB crece lentamente durante la década del 20. El II Congreso, realizado en 1924, contó con la presencia de 17 delegados. Atravesó por dificultades debido a la represión bajo el gobierno de Arbur Bernardes (24-25) y después por la famosa “Ley Celerada” del gobierno Washington Luiz (27) (una ley antiobrera que prohibía las huelgas, permitía la intervención en los sindicatos y preveía penas rigurosas para la “subversión”). El PCB sufrió su primera gran escisión cuando la llamada “oposición sindical» liderada por Joaquín Barbosa dejó el partido por discrepar con la disciplina stalinista del CC sobre el partido y de su orientación izquierdista para el movimiento sindical. Barbosa y su oposición sindical fueron seguidos por varios líderes sindicales: del partido. En esa ocasión, un grupo liderado por varios jóvenes intelectuales (Lívio Xavier, Mario Pedrosa, Fúlvio Abramo)rompieron con el PCB por discordar de la stalinización del partido y de la orientación ultraizquierdista del Comintern, formaron la Liga Comunista y se ligaron a la oposición de izquierda trotskista.

La juventud comunista perdió 4 de los 5 miembros de su comisión ejecutiva que se unieron a la oposición sindical.

A partir del III Congreso (1928) se acentúa la crisis del PCB. Dominado por la línea del tercer período de la Internacional stalinizada, el PCB entra en la década del 30 caracterizando el movimiento nacionalista de esa época como un conflicto entre dos fracciones del imperialismo (Inglés y americano) negándose a levantar las banderas democráticas y aplicando, con resultados desastrosos, la política izquierdista del Comintern para los sindicatos: declaró que los sindicatos se habían vuelto organizaciones fascistas y se lanzó a la formación de los ultraminoritarios sindicatos libres» (teoría revivida, como sabemos, recientemente, en el Brasil, por los lambertistas). (J.W.F.Dulüs, “Anarquistas y Comunistas en el Brasil»).

La detención de la mayoría del CC en 1931 durante la huelga de los gráficos en San Pablo fue el punto culminante de la crisis del PCB que hasta 1934-1935 estuvo virtualmente desarticulado.

En 1931 Luis Carlos Prestes, desde fuera del Brasil, opta por el PC y es invitado a ir a Moscú donde trabajará con el ejecutivo del Comintern. En agosto de 1935 Prestes es elegido miembro del Comité Ejecutivo de la I.C. y, en octubre, por influencia de Moscú es electo para el CC y para el Buró Político del PCB, sin nunca haber militado en la base del Partido. La popularidad de Prestes atrae para el PCB un gran número de militáis 10 que dió al partido stalinista un carácter “putschista” pequeño burgués.

A partir de 1933 con la “debacle del PC alemán y la ascensión del nazismo la política bukharino-stalinista del tercer período pasa a ser substituida por la política oportunista de los “frentes populares”. Todavía Dimitri Manuilsk, entonces presidente del Comité Ejecutivo de la internacional, mantenía cierto prestigio y defendía las posiciones ultraizquierdistas tercer período. En 1934 fue realizado en Moscú un Congreso Latino-America donde las posiciones de Manuilsk, apoyadas por Prestes y por los delegados brasileños, prevalecieron sobre la de los «frentes populares” de Dimitrof, en lo que refería a la línea a ser adoptada para Brasil. Aunque para otros países de América Latina, como por ejemplo Chile, la orientación era la creación de un “frente Popular”, en Brasil era la de la preparación e levantamiento armado. (J.W.F.Dullis…).

Dos factores desequilibraron la balanza a favor del putch, la adhesión e Prestes al PCB, que contaba con gran popularidad en los escalones inferiores de la oficialidad en el ejército, y los entusas as informes del secretario general del P0*5’ Antonio Maciel Bonfin Miranda, sobre a situación política en Brasil.
Es con este objetivo que, a fin de 1934, el PCB impulsó la formación de la Alianza Nacional Libertadora, para lo cual Prestes fue electo presidente honorario. Sobre la bandera de ALN fue organizado el levantamiento del 35. Con características nítidamente golpistas, el movimiento del 35 fue llevado adelante por los militares del partido, dentro de los cuarteles, completamente desvinculado del movimiento de masas. Sin ninguna sincronización y conocido de antemano por las fuerzas policiales, el “levantamiento” estalló en algunos cuarteles y fue rápidamente liquidado.

El levantamiento del 35 fue, por lo tanto, nada más que un “putch” en los cuarteles y su inevitable fracaso, fue uno de los motivos para el inicio del período de mayor represión que se conoció en Brasil y que preparó el terreno para la instauración del “Estado Novo» de Getúlio Vargas, régimen policíaco-militar que eliminó el parlamento y los partidos políticos, colocó interventores en los estados, prohibió las huelgas y decretó la legislación de estatización de los sindicatos.

Después de este levantamiento, el PCB enfrentó una de sus peores crisis; fue desmantelado por la represión y dejó de existir en 1940. (L.Basbaun, “Una vida en 6 tiempos»). El PC había sufrido en 1937 una profunda división. Un ala liderada por Herminio Sachetta, miembro del CC, Comité Regional S.P., discordó con la orientación de los frentes populares. Mientras que el partido, por orientación del Comintern, se proponía apoyar a José Américo de Almeida, candidato de Getu-lio para las elecciones presidenciales, del 36, el ala liderada por Sachetta proponía la candidatura simbólica de Prestes, entonces preso, y se dio la ruptura. Sachetta y su grupo quedaron con 6 Comités Regionales, toda la infraestructura del partido e inclusive el periódico del PCB. El ala disidente formó en 1943 el Partido Socialista Revolucionario y posteriormente se afilió a la IV Internacional.

En 1942 comienza la disgregación del “Estado Novo»; Vargas, que hasta entonces había apoyado al fascismo, se ve obligado a declarar la guerra a Alemania y reorientar su política en dirección a los aliados y alinearse con los Estados Unidos. Toma algunas medidas liberales. Algunos grupos de stalinistas se reúnen para reorganizar el PCB. En 1943 se realiza la “Conferencia de la Mantiqueira» donde se elige una comisión nacional y Prestes, todavía preso, es electo secretario general. En 1945, Vargas que se ve privado del apoyo de la burguesía, decreta una amnistía y le da la legalidad al PCB que lanza su política de “orden y tranquilidad” y llama a la clase obrera a “apretarse el cinturón”, concordando con la política del Kremlin de “coexistencia pacífica”. Vargas es destituido en 1945 por un golpe palaciego y pasivamente renuncia; son convocadas elecciones y se instaura una asamblea constituyente. El PCB, que hasta entonces había apoyado a Vargas, al percibir que el golpe no era dirigido contra él, y que no amenazaba su legalidad, no preparó ninguna reacción y comenzó a organizarse para la Constituyente.

La legalidad de 45-47 es un período de gran crecimiento para el PCB que llega a conquistar 180.000 militantes. El PCB crecía principalmente entre la pequeño burguesía y su crecimiento no era el reflejo de una movilización de masas; un mero producto de la política legalista y electorera del partido.

Este desarrollo explicara en parte el gran retroceso que sufrirá el PC después de su proscripción.

A pesar de su política abiertamente colaboracionista, proclamándose el “sostén máximo del orden y la tranquilidad», el PCB es nuevamente ilegalizado v sus 17 diputados proscriptos, incluido Prestes, senador por el partido. Una nueva crisis para el partido, ve disminuir sus cuadros a menos de 50.000, al mismo tiempo que cunde la desmoralización en sus filas, que ven proscribir al PC sin ninguna reacción de su parte. (L.Basbaun, “Historia sincera de la República»). Esta proscripción marca un viraje brutal y desesperado del stalinismo. El PCB, que, hasta aquel momento, fuera campeón de la política de “unidad nacional» con toda la burguesía, exige la renuncia de Dutra y en 1950 inicia una política sectaria atacando a Vargas, reelecto en 1950, como “agente del imperialismo”, abandonando los sindicatos y realizando en la práctica un frente único con la proimperialista UDN que haría una violenta campaña contra Vargas, que en esa época se presentaba como nacionalista y antiimperialista.

En 1957, el PCB sufre una nueva división provocada por el “informe secreto” de Kruschev al XX Congreso del PCUS y una fracción liderada por Agildo Barata, líder militar del 35, se retira del partido declarando su repudio a los métodos burocráticos, ya que la dirección hizo todo lo posible para impedir la discusión, llegando a invadir la redacción de uno de los periódicos del partido que había publicado un material al respecto y expulsándo a los periodistas. Los militantes de base sólo tomaron conocimiento a través de la prensa burguesa. El IV Congreso (1954) ya había iniciado un proceso de disgregación interna con la elección burocrática de los delegados y la aprobación de una resolución que tuvo que ser modificada rápidamente con la muerte de Vargas, quien pasó de “agente del imperialismo” a defensor de los intereses nacionales.

En 1960 el PC, que en 1946 tenía 180.000 militantes y 9 diarios, cuenta con diez o quince mil militantes y sólo un semanario. Bastante desmoralizado enfrenta una crisis todavía más grave con la salida de la mayoría del CC dirigida por Arruda Cámara en el V Congreso; contra la cual Prestes se apoyó en el actual “centro”, que ahora domina el partido y acaba de destituirlo del secretariado general. La fracción de Arruda, adhirió al maoísmo y formó el Partido Comunista de Brasil (PC do B) criticando al PC como revisionista.

La línea trazada en el 58 establece un nuevo curso que el PC seguirá desde entonces y como veremos más adelante, está en la base de la actual crisis.

Los efectos de una política contrarrevolucionaria.
El sectarismo proimperialista del PCB durante el gobierno de Vargas, el súbito cambio de posiciones luego de su suicidio, la farsa del IV Congreso y el informe de Kruschev de 1956 sobre los crímenes de Stalin que acabamos de enunciar en el capítulo anterior, van a dejar al PC desmoralizado y debilitado. El gran partido de 180.000 militantes contaba en 1958 con apenas 3.600 militantes. (La democracia y los Comunistas en el Brasil, L. Konder, página 106).

Es en este panorama de intensa crisis que aparece el “Manifiesto de 1958”. Este documento es el fruto de la alianza entre Prestes y los moderados que actualmente controlan el aparato. Esta alianza va a expulsar del partido en 1960, en el V Congreso, a los antiguos dirigentes Diógenes Arruda, Mauricio Grabois, Pedro Pomar, Joáo Amazonas, etc., defensores intransigentes del stalinismo y que fundarán el PC de B que pasará poco después para el maoísmo. En este manifiesto se declara el apoyo al gobierno del entonces presidente Juscelino Kubitschek, uno de los mayores impulsores de la penetración del capital extranjero en Brasil, y se propone la formación de un “frente único” democrático y nacionalista para las elecciones del 58, donde se dice que “los comunistas apoyan a los elementos nacionalistas que existen en todos los partidos», se señala, también “que existe hoy en nuestro país la posibilidad real de conducir, de forma y con métodos pacíficos la revolución antiimperialista y antifeudal»(…)“El camino pacífico significa la actuación de todas las corrientes antiimperialistas dentro de la legalidad democrática y constitucional, con la utilización de formas legales de lucha y de organización de masas. Es necesario, por lo tanto, defender esta legalidad y extenderla en beneficio de las masas (“PCB,Veinte años de Política 1958-79)»,
Este manifiesto marca, por lo tanto, la adaptación del PC a los cambios operados en la burocracia soviética en la época de Kruschev y liquida del programa del PCB los restos de demagogia “putchista» que venían del pasado. De ahí el énfasis dado al legalismo y en favor de “un camino pacífico” para la revolución brasileña.

El V Congreso ratifica las posiciones del manifiesto del 58 que se traducirán en una política de total apoyo al gobierno de Joáo Goulart (61-64)- Jango-ex ministro de trabajo de Vargas. Durante el gobierno de “Jango”, la colaboración y sumisión del PCB contaba con simpatizantes dentro del propio gobierno federal y en varios organismos estatales, por ejemplo la Petrográs, a tal punto que L.C. Prestes llegó.a declarar que “el PCB todavía no es el gobierno, pero ya está en el gobierno». El PCB encontrábase, por lo tanto, hasta el último pelo con el gobierno de Goulart y consecuentemente va a participar de su capitulación ante el golpe del 64.

El stalinismo creó en esta época un Comando General de los Trabajadores (CGT) en colaboración con los burócratas nacionalistas, cuyo papel fue el de evitar la acción independiente de la clase obrera del cobarde nacionalismo burgués y de enfrentar al golpismo reaccionario. La orientación del PC, cuando el golpe era ya casi un hecho, fue la de no movilizar para no radicalizar la situación. En lugar de llamar al movimiento independiente de las masas, el PC llamaba a confiar… en el legalismo de las FFAA.

Así, apenas 8 días antes del estallido del golpe el 22 de marzo de 1964, Prestes escupía arrogancia: “Si los conspiradores levantan la cabeza, el ejército la cortará! ” Confiaba en el ejército para defender la legalidad y no hacía nada para organizar a los obreros en la resistencia al golpe, el que era inevitable: tal era la política stalinista. La CGT dirigida por el PC, no hacía más que emitir proclamas, sin pretender organizar ningún movimiento real de los sindicatos y de las organizaciones obreras. El golpe triunfó así sin mayor resistencia, debido a este trabajo de desarticulación de las organizaciones obreras desarrollado por el nacionalismo y por el PC.

Los acontecimientos del 64 abren, otra vez, una crisis en el PCB donde una serie de sectores se lanzan a cuestionar la orientación política “pacifista” aprobada en el período 58-60. El principal disidente fue entonces Carlos Marighela que será expulsado antes de la realización del VI Congreso en 1967. En este período posterior al golpe salieron también otros grupos, la mayoría alineándose con el castrismo y el foquismo incapaces de elevarse a una crítica programática al menchevismo y por lo tanto conservando una estrategia de “revolución por etapas” favorable a la colaboración con la burguesía.

El VI Congreso de 1967 reafirma la política de frente democrático burgués, y propone “la unificación de todas las fuerzas y personalidades políticas que resisten al régimen y se oponen a él, incluyendo ahí la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Se le atribuye al MDB, único partido legal de oposición, en aquel momento un mero apéndice de la dictadura militar, el papel de oposición y es en este partido que el PCB irá a desarrollar su trabajo político.

Ya en los documentos del VI Congreso se plantean algunas críticas a las vacilaciones que teóricamente habría tenido el partido, en la aplicación consecuente de la línea del “camino pacífico brasileño para el socialismo», aprobadas en 58-60, vacilaciones que indirectamente son atribuidas a la presión de los grupos finalmente expulsados y que optaron por el foquismo. Estas vacilaciones debían ser corregidas en favor de una línea más firme y consistente de colaboración con la burguesía. Sólo que en ese momento tal línea debía ser puesta en práctica en el cuadro de la dictadura militar. La consecuencia más brutal de esta política la va a sufrir el propio PC y su dirección. La década del 70 parece tener una importancia decisiva en el debate sobre la crisis actual.

Ocurre que en 1974 el entonces presidente Geisel anuncia el principio de una política de “distensión lenta y gradual” previendo la necesidad de acomodar el régimen dictatorial a las modificaciones que comienzan a manifestarse en la situación política (reanimamiento de las luchas por las libertades democráticas y contra la represión en 1973, gran derrota del partido del gobierno (Arena) en las elecciones del 74, debilitamiento del frente burgués a partir de la crisis mundial, etc).

El PCB busca, entonces, rápidamente, una aproximación con la dictadura militar, aceptando la dádiva del gobierno militar. Según militantes del PCB, se habría formado en ésta época un “Comité de
Aproximación” encargado de negociar con el régimen. El PCB, a través del MDB, participa activamente de las elecciones creyendo en la apertura y en el progreso democrático a través de ella y del parlamentarismo maniatado: algunos comunistas son elegidos diputados por el partido “legal” en 1974.

Los frutos de estas ilusiones son bastante amargos: la dictadura militar a través de sus organismos represivos golpea brutalmente el PC, asesinando 9 miembros del CC y varios militantes de base y casi lo desarticulan, justamente en esos años 74-75. Lo que restó de la dirección fue obligado a exiliarse en el extranjero.

La catástrofe, o las catástrofes, resultantes de la política aprobada en el VI Congreso germinación la actual crisis. Así, la discusión estalló ya durante el exilio, en el aparato stalinista, sobre los métodos seguidos y sus nefastos resultados.

La crisis, originada por los resultados de la política contrarrevolucionaria, quedó incubada en el aparato durante el exilio, pero surgió con violencia en cuanto los dirigentes amnistiados volvieron al Brasil. Es importante por lo tanto, caracterizar esta discusión y las divergencias planteadas, como paño de fondo en la actual crisis que atraviesa el stalinismo.

Una divergencia sin principios

Una de las primeras manifestaciones públicas de la ruptura que se procesa en el aparato stalinista fue una entrevista concedida al diario “Jornal do Brasil” por Armenio Guedes y Hércules Correa, porta voces de los “eurocomunistas” en el CC, en la cual hacen una “autocrítica” con relación al desempeño del PC en el 64:…teníamos por ejemplo un gobierno como el de Joao Goulart… En ciertos momentos… pasamos a verlo como un gobierno de conciliación. Y a combatirlo” (Entrevista dada por Hércules Correa al “Jornal do Brasil” en 1979, en La clase obrera y su Partido,HC).

La declaración, como ya dijimos, no corresponde en nada a la verdad, pues la crisis política staliniana durante el período anterior al golpe consistió en la defensa del gobierno de Goulart y más todavía pisaba fuerte en el supuesto legalismo de las FFAA. Pero, las declaraciones de estos dos dirigentes son sintomáticas de que una fracción del aparato cuestiona la política del 64 dando a entender que la línea correcta habría sido una alianza todavía más amplia con otros sectores de la burguesía, incluyéndose ahí la derecha, en una especie de “compromiso histórico” (en el modelo de la propuesta de Enrico Berlinger de alianza del PCI con la Democracia Cristiana Italiana). Esta interpretación es reforzada por el hecho que “las personas ligadas a Prestes acusan al otro grupo de estar sobornado por la línea del partido italiano para llevar al PCB en una posición antisoviética” (Folha de Sao Paulo, 23/4/80).

Así, a primera vista, la división del PCB parecería ser un reflejo en Brasil del surgimiento del “eurocomunismo”, expresión de la crisis de la burocracia soviética y de su política de “coexistencia pacífica’1 con el imperialismo. El surgimiento de un sector disidente en el aparato stalinista internacional, dispuesto a someterse en gran medida al imperialismo, corresponde al desarrollo de una corriente similar en el aparato soviético. Hércules Correa y Armenio Guedes señalan la perspectiva de que frente a los avances de la revolución y las presiones de la burguesía es necesario profundizar la línea de colaboración contrarrevolucionaria. A pesar de todo, esta hipótesis es frágil ya que como dijimos al comienzo, los “euro-comunistas” son minoría en el CC y además, el PCB en su conjunto, apoyó la invasión de Afganistán, y fue uno de los pocos PPCC en apoyar sin reservas y públicamente dicha invasión.
Por último, tanto prestistas como antiprestistas en el CC buscaron en Moscú el aval de la burocracia soviética para sus posiciones. Hasta el momento sin embargo, el PCUS no mostró inclinaciones por ninguna de las fracciones.

Los “moderados” que actualmente dirigen el partido, tienen trazada una perspectiva de trabajo férreo de compromiso a largo plazo con la burguesía en su conjunto, incluyendo a la dictadura militar. En esta línea el CC ha lanzado la propuesta de «Constituyente con Figueiredo» para reforzar la idea de que están dispuestos a conservar un cuadro de conciliación con el régimen militar.

Frente a las posiciones del CC, Prestes formalmente pretende colocarse a la izquierda de la dirección, a quien acusa de conducir el partido “a renunciar a su papel revolucionario y asumir el papel de freno de los movimientos populares, de actuar como garante de un pacto con la burguesía”. Sin embargo la estrategia propuesta por el secretario general en nada difiere de la clásica formulación stalinista de revolución por etapas, es decir, que coloca la necesidad de sometimiento del proletariado a la burguesía en una revolución que no será socialista, sino “antimonopolista y antilatifundista”. De este modo, Prestes concuerda con la propuesta del CC de formar un “frente democrático” burgués y con el llamamiento a los trabajadores de ingresar en el partido burgués de oposición, el PMDB.

La única propuesta política concreta presentada por Prestes en sus diferencias con el CC es su posición favorable a la formación de un “trente de izquierda” dentro del frente democrático, esto es la unión de todas las fuerzas de izquierda”, “aquellas que se reclamen del socialismo”, como “fuerza motriz” del frente democrático. ¿A qué viene esta propuesta de Prestes? La mayoría de las organizaciones de izquierda están en el Partido de los Trabajadores, encabezado por un sector de la burocracia sindical. En este sentido el “frente de izquierda” se constituye en una propuesta alternativa contra el PT: desde el primer momento el stalinismo se opuso a la construcción del PT y Prestes no indica ninguna diferencia respecto a esto. Además, la propuesta apunta a una alianza con el MR8, que se ha alineado definitivamente con Prestes. Este está tratando de incorporar este sector al partido para aumentar su margen de maniobra con vistas al VII Congreso que él acusa de estar siendo manipulado por el CC.

La división del PC gira, por lo tanto, en tomo a las divergencias sobre cómo contener mejor la revolución y adaptarla a la burguesía y es esto lo que la izquierda brasileña ha buscado ocultar al saludar el giro de Prestes a la izquierda.

La “unidad” de las fracciones en torno de las posiciones antiobreras fueron confirmadas a través de la última gran huelga de los obreros de ABC, enorme concentración obrera en la periferia de San Pablo. Ambas fracciones apoyaron la política de aislamiento de la huelga desarrollada por los burócratas de los sindicatos más importantes del país.

El PC formó en conjunto con estos burócratas un agrupamiento denominado “Unidad Sindical” cuya función política es bloquear el desarrollo de la tendencia que el movimiento sindical ha presentado en dirección a recuperar sus organizaciones, manteniendo la estatización de los sindicatos. Los prestistas no sólo apoyaron la política de la mayoría del PC de formación de la “unidad Sindical” sino que después de la huelga del ABC fueron los que más trabajaron por la afiliación de los burócratas que la componen al PMDB, para dejar clara su hostilidad al sindicalismo auténtico, dirigido por Lula y a su propuesta de construcción de un Partido de los trabajadores.

Queda claro, por lo tanto, que la crisis del PCB es resultado de toda una política de andar a la cola de la burguesía, política que ha provocado el retroceso del partido y que preparó el camino para la represión que se desató sobre el partido en 1964. Frente a esto y a la recuperación del movimiento de masas, el aparato stalinista se divide en torno de disputas de camarillas y de orientaciones que en ningún caso rompen con la línea de colaboración de clases. Las posiciones de ambas fracciones son una divergencia sin principios, en una lucha por el control del aparato, sin diferencias de fondo en la actuación concreta de la lucha de clases. Por estos motivos ambas deben ser clasificadas como contrarrevolucionarias.

Conclusión: Es necesario aprovechar la crisis del P C para construir el Partido Obrero.

La crisis del PC brasileño puede ser sintetizada como una expresión de las dificultades encontradas por el stalinismo para desarrollar una política segura de contención de la revolución. Que tales dificultades abran un proceso de desarticulación en el seno de un aparato con larga historia de traiciones a la causa del proletariado es el aspecto progresivo de esta crisis cuando la situación del país se caracteriza por la tendencia al ascenso del movimiento de masas.

Un aspecto de esta evolución de la clase obrera es también la liquidación del monolitismo del aparato sindical, el surgimiento del movimiento de los “auténticos” y del PT.

Si la propuesta de construir el PT tiene en la actualidad un carácter progresivo es precisamente porque el PC fracasó en la tarea de construir un partido obrero de masas que separe a los explotados de la burguesía, en una organización política obrera propia, fracaso que debe sumársele a la cuenta de la política antiobrera del stalinismo. Superar este fracaso del stalinismo significa, por lo tanto, en última instancia superar el programa y la estrategia de colaboración de clases, propia de aquél, y esto es imposible sin intervenir en la experiencia del propio movimiento obrero, sin trabar una lucha política concreta para disputar la dirección del movimiento de masas a los PC y a los burócratas, a los cuales está aliado.

El punto de partida de tal intervención es tener claro que la perspectiva de la ruptura total dentro del PC no es la de colocar al prestismo en una posición más próxima a la revolución sino abrir un cuadro de disgregación del stalinismo. Esta abre una buena oportunidad para el desarrollo y el crecimiento del PT porque pone de relieve toda la podredumbre de la estrategia antiobrera de sustentación del PMDB. Para los militantes del PT lo que importa es aprovechar la crisis para la construcción de un auténtico partido de clase, el que es imposible sin una delimitación del stalinismo y su política de apoyo al Estado burgués. No podemos olvidar que el PC tiene más de 50 años de historia y su política fue un factor clave en las derrotas de la clase obrera en las últimas décadas.

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Chile: Las tareas del movimiento obrero en actual situación política

Roberto Gramar

Pinochet acaba de convocar a un plebiscito para el próximo 11 de septiembre con el fin de «legalizar” con una fantochada electoral su régimen dictatorial. Sin embargo, sería un error considerar este hecho como una simple farsa, sin ninguna consecuencia política. En realidad, la decisión de Pinochet pone de relieve la profunda crisis en que se debate su régimen y las crecientes dificultades que encuentra para hacerle frente. La decisión del gobierno ha dado lugar a una intervención de la población oprimida, a un debate político nacional; una asamblea de obreros del cobre se pronunció contra el plebiscito en Chuquicamata afirmando que «no estamos de acuerdo con el plebiscito y menos con el ‘sí’. Si decimos ‘sí’ seguiremos en el estado de cosas en que estamos y legitimamos a un gobierno de transición «(«El Mercurio», 23 de agosto). Desde ya se puede formular el pronóstico que, luego del 11 de septiembre con el infaltable resultado positivo, los problemas de Pinochet se van a agravar.

En el centro de estos problemas, de las crisis y las fisuras del régimen militar, se encuentra el proceso de reorganización del movimiento obrero. Luego de largos años, entre 1973 y 1976, de ofensiva contrarrevolucionaria de la burguesía y el imperialismo sin resistencia organizada del proletariado y las masas, si proletariado ha iniciado un proceso de reorganización, cuyo punto de inflexión puede ubicarse en la huelga de El Teniente de fines de 1977. Con una serie de dificultades, este combate de clase se ha mantenido desde entonces con tendencia a su extensión y profundización.

Por su parte el régimen militar ha perdido su capacidad de centralizar a las diversas fracciones burguesas, tal como sucedió en 1973 e inmediatamente después. Ya no tiene el capital político del que disponía en el momento del golpe, cuando contó a su favor con la unanimidad de las fracciones burguesas y con la movilización de diversos sectores de la pequeña burguesía. Su política de penetración irrestricta del capital extranjero provoca la oposición cada vez más abierta de los sectores sometidos al peligro de la quiebra y a la pérdida de posiciones en el proceso de obtención de plusvalía y de acumulación de capital.
Son estas fracciones las que ahora plantean abiertamente la necesidad de un plan político de recambio, sobre la base de un gobierno de las Fuerzas Armadas, que incorpore a través de un «gran acuerdo nacional” a los partidos tradicionales del movimiento obrero, el Partido Comunista y el Partido Socialista.

El despertar político de los sectores más activos del movimiento obrero, la reorganización y extensión de sus luchas reivindicativas y la movilización democrática de diversos sectores de la población en especial los estudiantes, ponen a la orden del día en Chile las cuestiones del programa político, de los métodos de lucha, de las formas de organización y centralización del combate contra la dictadura Son estas cuestiones las que ocupan un lugar central en las preocupaciones de los militantes obreros de vanguardia y las que deben estar en el eje de la elaboración programática que permitirá avanzar en la construcción del partido revolucionario en el país. Los trotskistas carecemos en Chile de una definida delimitación política como intervención en la lucha de clases, como expresión de una orientación programática, al interior del movimiento obrero y su vanguardia y tenemos que salvar esta dificultad histórica a través del método bolchevique de definir con claridad nuestras posiciones y asumir la paciente tarea de su penetración en el seno del proletariado.

La evolución del régimen militar

La así llamada institucionalización atrae la atención de los ajetreos del gobierno y sus partidarios desde 1978 en a-delante. Los proyectos de constitución se han sucedido desde entonces y el tema ha dado lugar a un enfrentamiento entre los ‘duros” y los «blandos”.

Pinochet realizó una “consulta nacional» el 4 de enero de 1978 y proclamó en ese momento, triunfalmente, que ya no iba a haber en Chile ningún tipo de e-lecciones durante los próximos 10 años. El objetivo del plebiscito que se convoca ahora es fundamentalmente el mismo que el de 1978 —sancionar y reforzar el rol de Pinochet— pero en condiciones que han cambiado cualitativamente. El movimiento obrero lanzó sus primeras acciones huelguísticas a fines de 1977. Esta actividad del proletariado precipitó un cuadro de deliberación política al interior de la burguesía. El plan económico del equipo Cauas-Sergio de Castro-Ñaraona terminó por imponerse en 1975-76, con su política de shock. Se eliminaron las barreras aduaneras, se redujeron drásticamente los gastos estatales y se favoreció indiscriminadamente la entrada de capitales a corto plazo La privatización de las empresas estatales, la brutal reducción de los salarios reales y la recomposición de la gran propiedad en el campo habían sido objetivos más o menos compartidos por el conjunto de la burguesía en un período de borrachera contrarrevolucionaria.

El triunfo de la política de Cauas provocó, en cambio, una diferenciación cada vez más aguda de posiciones, puesto que condenó a la quiebra a los sectores más débiles y colocó a los otros como tributarios de las ganancias especulativas del gran capital financiero. Luego de la crisis se produjo una recuperación del ciclo económico, pero extremadamente débil y cuyos beneficios se desplazan por completo al mercado financiero -que entrega ganancias anuales, en dólares, del 30 y 40 por ciento, de 3 a 4 veces por encima del nivel del mercado mundial. Para ello se mantiene congelada la relación peso-dólar, favoreciendo aún más la invasión de mercancías extranjeras, deprimiendo a la agricultura y restringiendo la expansión de los núcleos exportadores. El endeudamiento del país es colosal y hay que desmar el 50 por ciento de las exportaciones a pagar los servicios e intereses de la deuda externa. La recuperación se ha demostrado como completamente incapaz de revitalizar el mercado interno que, por el contrario, está condenado a un raquitismo cada vez más estrecho. La crisis del mercado mundial capitalista se vuelca sobre el país, que ha desmantelado prácticamente todas sus defensas.

La centralización de la burguesía en el aparato estatal es una necesidad en el país atrasado y semicolonial a fin de que la débil clase dominante pueda resistir las presiones disgregadoras de la economía mundial y hacer frente a la actividad de las masas. En este sentido la política de Pinochet es un factor centrífugo, precisamente porque anula esta función del aparato estatal. La penetración irrestricta del capital extranjero —el gobierno contrarrevolucionario deviene un agente dócil del mismo para someter al proletariado a las cadenas de la dictadura policial— opera como un elemento disgregador del bloque constituido para perpetrar el golpe de 1973. A su vez, la capacidad del gobierno de aplastamiento del movimiento de masas es cada vez menor ante su incapacidad de frenar con sus métodos represivos el proceso de reorganización del movimiento obrero y ante su pérdida de autoridad frente a la pequeña burguesía. La crisis política del imperialismo cataliza este desarrollo. El golpe fue estructurado por Nixon-Kissinger para hacer de Pinochet un modelo de régimen policial para los países de América Latina. Las derrotas del imperialismo a escala internacional y sus propias dificultades interiores lo obligan a un viraje: Cárter se da la política de tratar de asimilar al conjunto de las fracciones burguesas, para profundizar el intervencionismo imperialista, en lugar de contener a los regímenes dictatoriales. Se ve obligado a una serie de concesiones ante la opinión pública democratizante.

En el actual régimen político, la unidad del aparato del Estado y de la representación de la burguesía están encarnadas en las funciones e intervención de Pinochet, como árbitro supremo, sin ningún tipo de deliberación. Es el conjunto de las relaciones materiales entre las clases, entre la burguesía y el proletariado, al interior de la propia burguesía, entre el país atrasado y el imperialismo, el que no se corresponde, en estos momentos, a estas funciones de árbitro. Pinochet no puede satisfacer su rol en base al apoyo, con todas las manipulaciones del caso, de sectores pequeño burgueses del campo o la ciudad, aunque sistemáticamente lo tienta con su demagogia de orden y tranquilidad. Aparece como la encarnación pura y simple de un régimen de dictadura policial, pero cuando esta dictadura es cada vez menos eficiente en sus funciones inmediatas de represión. Las fracciones de la burguesía comprueban que la camarilla militar es una sanguijuela que lo devora todo mientras entrega muy poco.

La actual coyuntura política

Al igual que en 1978, Pinochet quiere cerrar todas las brechas con su operación plebiscitaria. Por la lógica de su propio lugar en el dispositivo político del régimen, no puede encontrar otra respuesta que la de agudizar y entronizar su rol personal. Es así como el proyecto de Constitución sometido a plebiscito tiene que descartar aquellas disposiciones del proyecto anterior del Consejo de Estado destinadas a plantear la perspectiva de una asimilación de las diversas fracciones burguesas, como la de la existencia de un Parlamento cuya Cámara de Diputados iba a ser nombrada por la Junta Militar. Pinochet no puede aceptar ningún mecanismo que ponga en cuestión su autoridad, porque ello aceleraría la descomposición del régimen; a su vez, su operación plebiscitaria tiene que agudizar todas las contradicciones. Es así como
El Mercurio critica el llamado a plebiscito: “No todos los ciudadanos que adhieren a la línea del gobierno han recibido bien esta fórmula…»(17 de agosto).

En los dos últimos años han ido tomando forma en el país los rasgos de la lucha de clases resultantes de un progresivo agotamiento de los recursos contrarrevolucionarios de que disponían la burguesía y el imperialismo el 11 de septiembre de 1973: un aislamiento social cada vez más agudo del gobierno, la reorganización del movimiento obrero, la generalización de las movilizaciones democráticas, una diferenciación creciente al interior de la burguesía, la disgregación y el enfrentamiento entre las fuerzas partidarias del régimen. El salto cualitativo que se está produciendo ahora está marcado por la intervención de sectores del movimiento de masas en oposición directa al régimen político; luego de 7 años, los núcleos más avanzados del proletariado se dan los medios para intervenir en la discusión sobre el régimen político del país. Se trata del despertar político del movimiento de masas, del intento de sobreponerse, también en este terreno, a los efectos de la derrota.

Desde comienzos de este año, el gobierno lanzó una nueva ofensiva represiva —con detenciones masivas, relegamientos e incluso la reaparición del asesinato de militantes. Sin duda que esta ofensiva provocó un retroceso circunstancial del movimiento obrero y de los oprimidos, no tanto por sus efectos concretos, sino porque la política de las direcciones impidió que se organizara la movilización unitaria que podía hacer frente al gobierno. Es así como el 1ro de mayo fue una jornada que desmoralizó al proletariado. A diferencia de 1979, no hubo una movilización callejera unitaria, sino actos separados en locales cerrados de los distintos bloques sindicales. Sin embargo, esta ofensiva represiva terminó convirtiéndose en un elemento de crisis del gobierno. La cúpula del aparato represivo se fisuró como expresión del enfrentamiento de las diversas alas. Los “duros» trataron de imponer un retomo a las condiciones de los años 1973/75, que chocó con la oposición de los otros sectores y que obligó al propio Pinochet a una intervención de urgencia. El cuadro degeneró en un verdadero ajuste de cuentas, con elementos de descomposición: un negociado de centenares de millones de dólares y la evidencia de que fue un núcleo del gobierno el responsable del asesinato de un alto oficial de Informaciones.

Por primera vez, el gobierno tuvo que entregar a los secuestrados y desaparecidos y, más aún, tuvo que retroceder al punto de reconocer la intervención policial en estos secuestros y convertir a algunos detectives en chivos emisarios. La consecuencia política es que el plebiscito se hace en condiciones en las cuales las organizaciones del movimiento obrero, los partidos políticos burgueses opositores y otros sectores pueden expresar en forma más o menos abierta su oposición a la operación de Pinochet, y hacer una campaña por este objetivo. Esta capacidad de intervención política de la población oprimida es incompatible por completo con la naturaleza del régimen político de Pinochet y exacerba el enfrentamiento entre las alas que lo sostienen. El resultado formal del plebiscito no está en duda, pero la sanción ‘‘constitucional” del rol dictatorial de Pinochet va a chocar abiertamente con las realidades de la lucha de clases. De allí que no sea difícil pronosticar que el acto del 11 de septiembre va a resultar un fracaso, más allá de los ritmos y modalidades a través de los cuales se va a desenvolver y va a estallar la crisis política del régimen.

Si Pinochet tiene cada vez un margen más estrecho para sus iniciativas políticas, la oposición a su gobierno aparece encuadrada y dirigida por la burguesía, a través del PDC y la Iglesia. El movimiento obrero y de masas ha superado cualitativamente su situación de atomización posterior al golpe, pero todavía no puede elevarse a una intervención política independiente. Ello es responsabilidad de la política de sus direcciones.

La progresión del movimiento obrero

El movimiento obrero se está recuperando de las consecuencias de la derrota de 1973 -la peor de las derrotas, porque fue una derrota sin combate a causa de la política traidora del PC y PS-y de la ofensiva contrarrevolucionaria posterior. Esta ofensiva no sólo liquidó las libertades democráticas y diezmó las filas de la vanguardia obrera; disgregó socialmente al proletariado con la desocupación masiva y permanente, empujando a diversos sectores a la atomización social y a la miseria más absoluta. En las condiciones de la derrota, este retroceso social fue una causa adicional de desmoralización. La derrota física fue seguida de la dispersión política y en Chile estuvo ausente la intervención de una organización revolucionaria que con su autoridad pudiera aglutinar a los militantes de vanguardia y limitar en el terreno político los costos de un retroceso desesperado.

El proceso de reorganización del movimiento obrero comenzó a manifestarse en forma abierta en aquellos núcleos del proletariado menos afectados relativamente por la derrota y sus consecuencias como es el caso de los obreros del cobre. A partir de allí se extendió a otros sectores. Sus características están dadas por el reagrupamiento de la clase obrera en sus organizaciones sindicales, los intentos de dotarse de dirigentes representativos y del funcionamiento a través de asambleas, para enfrentar a la patronal y el gobierno por sus reivindicaciones inmediatas. La recuperación económica, con toda su mezquindad, ha favorecido este movimiento.

Aún en las condiciones de la ofensiva contrarrevolucionaria posterior al golpe el régimen militar no logró borrar la existencia de los sindicatos e imponer una forma de corporativismo. Fracasó incluso en su intento de organizar a los “dirigentes” sindicales adictos; no logró reunir más que a unos pocos títeres, sostenidos en sus puestos por las bayonetas, que fracasaron estrepitosamente cuando trataron de impedir la organización y estallido de huelgas y movilizaciones. El gobierno impuso un control represivo extremo a los sindicatos y la recomposición de la actividad del proletariado comenzó por manifestarse en las fisuras de esta carcaza represiva. Las primeras evidencias de crisis política y de ruptura del bloque golpista favorecieron esta recomposición. Una camada de activistas obreros logró quebrar la represión para pasar a una actividad cotidiana y efectiva de organización de su clase. Hay que indicar, con todo, que este proceso se desarrolló sólo en algunos núcleos de la clase obrera, como no podía ser de otra manera.

La aplicación del Plan Laboral tuvo, en este sentido, un resultado contradictorio. La dictadura consiguió, momentáneamente, impedir la generalización del movimiento huelguístico por las reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo pero al costo de que la cuestión de la presentación de pliegos, de la lucha contra la patronal, del funcionamiento democrático de los sindicatos y la existencia de direcciones representativas y combativas, pasara a estar a la orden del día en los sectores más amplios de las masas obreras. Si no existió una actividad unificada contra el Plan Laboral es porque las direcciones de los nucleamientos sindicales se adaptaron a su vigencia. No plantearon, por ejemplo, ninguna campaña nacional de movilización por un aumento general de emergencia y cada sindicato aislado tuvo que enfrentar a su patronal y al gobierno en las peores condiciones. Los sindicatos no se atomizaron, tal como lo pretendía el plan del gobierno, y ésta fue una importante línea de resistencia, en un nivel cualitativamente superior al existente antes de 1977.

El proceso de reorganización del movimiento obrero impulsó una movilización democrática del conjunto de la población, centrada en la lucha contra la represión. Su aspecto más significativo está dado por la actividad del movimiento estudiantil. Por su propio carácter, en las condiciones del régimen político de la Junta Militar, el reagrupamiento obrero en los sindicatos se liga a las cuestiones generales de la democracia, de la vigencia de las libertades democráticas, del régimen político. En realidad, el combate de la clase obrera tiene todavía un carácter políticamente desarticulado por el comportamiento pasado y presente de sus direcciones.

El sector que está ingresando con más atraso en la recomposición del movimiento de masas es el campesinado, tanto porque fue uno de los más duramente golpeados por la ofensiva contrarrevolucionaria, como por su dispersión y desorganización. Este retraso toma toda su importancia si tenemos en cuenta que la lucha de masas contra la Junta Militar será una movilización democrática del conjunto de la población oprimida; el proletariado debe acaudillar de conjunto de los explotados y ante todo al campesinado. Corresponde que el movimiento obrero organizado levante un programa de reivindicaciones agrarias para impulsar la organización del proletariado agrícola y el campesinado pobre.
Hace pocas semanas, se produjo una toma de terrenos en Santiago, en una acción sin precedentes desde el golpe. Este es un indicio que no engaña. Es el conjunto de la población oprimida, incluidos los sectores más golpeados, la que está dispuesta a luchar por sus reivindicaciones. La dispersión actual, el carácter puntual de cada enfrentamiento, se explican ante todo porque las masas carecen de toda centralización política y organizativa independiente, porque sus direcciones no hacen otra cosa que ir a remolque de la burguesía y sus planes de “acuerdo nacional”.

Los problemas de la centralización del movimiento de masas

Los partidos obreros tradicionales fueron diezmados por la represión pero desarticulados por la cobardía del comportamiento de sus direcciones ante el golpe. Sería un error, no obstante, identificar esta quiebra histórica con la desaparición de los mismos en el movimiento obrero. Fue el golpe militar el que sancionó, a su manera, el destino de la UP y no el ascenso del movimiento obrero, su viraje hacia el programa revolucionario. Como señala el Programa de Transición «es preciso que la vanguardia obrera encuentre nuevas perspectivas, un nuevo programa y una nueva bandera no infamada. Aquí está el obstáculo principal. Resulta extremadamente difícil para los obreros de los países fascistas elegir un nuevo programa. Los programas se verifican por la experiencia. Y es precisamente la experiencia de movimientos de masa lo que falta en países con despotismos totalitarios». En las condiciones de la represión, de la miseria cotidiana, del atraso y la colonización exacerbados del país, los militantes obreros tratan de recurrir nuevamente a sus instrumentos tradicionales de lucha política para alzarse contra el régimen de opresión de la burguesía, por más que lo hacen ahora sin el entusiasmo, la energía y la confianza que depositaron en esos partidos 10 años atrás. Los trotskistas, por su falta de tradición, de fisonomía política, y por su aguda endeblez organizativa carecen de la posibilidad de emerger, en este período, como una dirección del movimiento de masas. Les corresponde «realizar ante todo un trabajo propagandístico, preparatorio, que sólo rendirá sus finitos a gran escala en el futuro», lo que supone una intervención enérgica, concentrada y cotidiana en la lucha de clases.

La respuesta que el movimiento obrero ha encontrado en sus partidos tradicionales en el combate por su reorganización como clase ha sido miserable y está marcada por el acentuamiento de su política de colaboración de clases. El cuadro político y organizativo del PC y del PS ha estado ausente como palanca, como instrumento, que facilite la agitación democrática, el esfuerzo por poner en pie a fábricas, poblaciones y fundos, la generalización del combate contra la Junta en el cual los sectores más débiles puedan apoyarse en los más avanzados. EL stalinismo no ha logrado reconstruir el trabajo de su aparato, mientras el PS está fraccionado en una interminable lucha de camarillas. El punto común de su política es el sometimiento a la burguesía “opositora» y sus planes.

Estas organizaciones tratan de liquidar todo intento de organizar un combate democrático independiente, con el proletariado a la cabeza, contra la Junta Militar, en nombre de un acuerdo con el PDC y los militares, para la “lucha común contra el fascismo”. El PC es el que ha ido más lejos con esta orientación. No se trata, simplemente, de un abandono, que no tiene nada de original, de la defensa de la independencia de clase del proletariado; lo que significa en la práctica cotidiana de la ludia de clases es la traición a las necesidades elementales de organización y de combate de los oprimidos; es un sabotaje a las luchas democráticas. Es así como son el PDC y la Iglesia los abanderados de la oposición a Pinochet. Es esta la raíz y la forma material de los obstáculos que encuentra el movimiento obrero y de masas para articularse políticamente, para elevarse a una intervención centralizada, contra el régimen de la Junta Militar.

La modificación de las relaciones materiales entre las clases que se desenvuelve en el país desde 1977 en adelante tiene sus consecuencias políticas al nivel del rol de los partidos obreros tradicionales y del PDC. El papel de los aparatos como instrumentos de control del movimiento obrero se ha («valorizado en la misma medida en que fracasa la represión. La Democracia Cristiana postula la necesidad de un pacto social — e invocan el ejemplo español de Moncloa- para evitar una irrupción independiente del movimiento de masas. Aún sin haber sido firmado, este pacto dicta la política del PC y del PS; tienen una política particularmente sumisa y miserable de colaboración de clases.

El reagrupamiento del movimiento obrero en sus sindicatos y el desarrollo de las huelgas y otras acciones reivindicativas han permitido la constitución de diversos núcleos sindicales nacionales —la CNS, el grupo de los diez, el FUT, la CEPCH. Estos núcleos aparecen como una instancia de centralización y su existencia como tal permite plantear una actividad de frente único a escala nacional por las reivindicaciones del movimiento obrero, sobre una base organizativa concreta. Pero estos núcleos son también un resultado deformado, en el prisma de la política del PC y del PS y del PDC, de la progresión del movimiento de masas. No son el producto directo de una progresión en la centralización de las organizaciones obreras, sino que responden a un agrupamiento de carácter político impuesto desde arriba por la filiación de los dirigentes: el grupo de los diez con el PDC, la CNS con la izquierda, el FUT con el socialcristianismo. Son una correa de transmisión de la política de esas organizaciones.

Es así como estos agrupamientos no levantan ningún programa de frente único; más aún, no se proponen ninguna actividad de reconstrucción de la unidad sindical del movimiento obrero chileno. Sus manifiestos están plenos de elogios a los militares patriotas, a la Iglesia.y a la conciliación de clases y la CNS no es una excepción en este sentido. Ha llevado su política “unitaria” al punto de las demostraciones comunes con sectores golpistas, ligados al ala “dura” del gobierno. Es un error considerarlos como un estadio intermedio en la centralización nacional del movimiento obrero, porque su objetivo político no es la unidad y la independencia del proletariado sino el de servir a los planes de «acuerdo nacional» y de gobiernos de transición. Un llamado a la unidad que coloque como centro el acuerdo entre el grupo de los diez, la CNS y el FUT es una abstracción que sólo puede llevar al seguidismo de su política. Hay que distinguir claramente entre la exigencia a una actividad contra la Junta y por las reivindicaciones obreras y la creación de las condiciones que permiten una actividad independiente del movimiento de masas.

El PDC se ha elevado al nivel de un factor político de primera importancia porque es la única fuerza burguesa que tiene autoridad sobre la pequeña burguesía y porque, gracias al PC y al PS, puede imponerte una camisa de fuerza al movimiento obrero que impida su intervención independiente. Su rol es el mejor termómetro para medir de que manera se disgrega el régimen militar y como la burguesía y el imperialismo se proponen una solución de recambio que preserve su continuidad. Por eso Frei lanza una campaña callejera contra el plebiscito y pide abiertamente la salida de Pinochet, al tiempo que proclama su admiración por el régimen brasilero. El PDC está muy lejos de ser un caudillo de la lucha democrática; su planteo de Asamblea Constituyente es simplemente el adorno destinado a una sanción “democrática» de un acuerdo con los militares y el imperialismo, contra las masas y sus reivindicaciones democráticas y nacionales. En función de sus propios intereses, trata de introducir un elemento de deliberación en el régimen de la Junta Militar que permita contemplar los intereses de las fracciones burguesas actualmente al margen del poder, preservando a su vez los intereses generales de la burguesía ante el peligro de la intervención de las masas.

La política del PDC, su oposición cada vez más marcada a Pinochet y su “apoyo» a ciertas .movilizaciones democráticas indican que en la situación actual esta fracción de la burguesía se ve obligada a tratar de ponerse a la cabeza de las movilizaciones democráticas para ahogarlas desde adentro. De esta manera, Frei y su equipo, sostenido por el imperialismo, quieren impedir un desplazamiento hacia la izquierda, hacia una lucha democrática consecuente, de sectores de la pequeña burguesía, conteniéndolas en el marco estrecho y espúreo de sus transacciones con la oficialidad militar, al tiempo que controlan, limitan y ahogan cualquier iniciativa de los explotados. La Iglesia está directamente al servicio de esta necesidad de la burguesía y el imperialismo.

Es completamente insuficiente limitarse a una denuncia genérica del carácter de clase del PDC; si ésta gana influencia es por la ausencia de una perspectiva independencia del movimiento obrero. Hay que contraponer un programa democrático consecuente a las maniobras de Frei, denunciarlo y enfrentarlo en el terreno de la lucha cotidiana contra el régimen de la Junta Militar.

Combatir por la movilización y la independencia de las masas

La cuestión del régimen político está planteada en el país, como una cuestión que interesa a las grandes masas y atrae su intervención y su actividad. La organización revolucionaria está obligada a plantear este problema desde una doble perspectiva.

El régimen de Pinochet ha agudizado todos los problemas del atraso y del carácter semicolonial del país.
Esto se traduce cotidianamente en la vida de las masas. El gobierno de Pinochet está sometido a un profundo aislamiento social; se mantiene gracias a la política del PDC y de los partidos obreros que castran las luchas democráticas. El gran capital financiero lo sigue financiando por las enormes utilidades especulativas que obtiene, condenando al país a la miseria y a la barbarie para que pueda extraer sus beneficios. Tenemos que sintetizar estas condiciones de la lucha de clases con un programa revolucionario que indique que la solución de los problemas del país requieren una lucha democrática consecuente con el proletariado a la cabeza, que las tareas fundamentales que hay que resolver son la independencia nacional y la revolución agraria, es decir, la liquidación del yugo imperialista, que estas tareas sólo se pueden saldar con el gobierno obrero y campesino y que el requisito para avanzar en esta perspectiva histórica es que el proletariado organice su intervención política independiente.

Toda la demagogia del PDC deja completamente de lado las cuestiones agrarias y de la independencia nacional. Nuestra tarea es ponerlas a la orden del día a través de una propaganda sistemática; las cuestiones del régimen político se ligan directamente a los grandes problemas del país.

El despertar político del movimiento de masas es el cambio cualitativo que se está operando en esta etapa. Como sostiene Trotsky, en una situación que no es revolucionaria resulta imposible dar una respuesta a la cuestión del régimen político que no sea la de las consignas y las fórmulas de la democracia política. La situación chilena es un largo intermedio entre la situación revolucionaria que históricamente caracterizó al período anterior al golpe y la que va a producirse si la irrupción política del movimiento de masas que madura logra barrer con el control de la burguesía y los aparatos. En esta etapa, las consignas transitorias democrático revolucionarias son una fuerza impulsora del movimiento de masas; lo ponen de pie contra el régimen de la Junta Militar y contra las maniobras burguesas de salida negociada. En el terreno del régimen político, debe conducir a la de una Asamblea Constituyente soberana. Para nosotros se trata del cuadro para plantear los grandes problemas del país: la miseria y la desocupación, el atraso, la tierra para los campesinos a través de la confiscación, la independencia nacional, y no del perfeccionamiento de la democracia burguesa.

Es estéril especular sobre en qué condiciones será posible o no verificar en el país la convocatoria de una Asamblea Constituyente de este carácter; lo decisivo es que opone a las masas al régimen militar y las moviliza por un programa independiente. Nuestra consigna es: Abajo Pinochet. Abajo el régimen de la Junta Militar. Por una Asamblea Constituyente soberana. El proletariado unifica así detrás de su propio programa, de sus propios métodos y de su propia perspectiva al conjunto de las masas oprimidas, al campesinado en primer lugar. Plantea las cuestiones del régimen político en relación directa con las reivindicaciones democráticas y nacionales de la población. Esta actividad no necesita la espera de un futuro indeterminado; si la organización de las masas no permite ahora plantear el objetivo del poder bajo la forma de los soviets y la dictadura del proletariado, permite sí una posición independiente del proletariado, traducida en organización, actividad y centralización en el terreno de la lucha democrática.
La consigna de Asamblea Constituyente tiene que oponerse a los planes políticos de negociación con el régimen militar del PDC y los partidos obreros tradicionales; el proletariado de ninguna manera puede comprometerse con ningún plan de “gobierno de transición” que sólo puede ser un gobierno antidemocrático.

El proletariado debe delimitarse coco factor político independiente en la actual movilización democrática, que la burguesía quiere ahogar. El programa y las consignas no son suficientes; tiene que disponer de los medios organizativos y políticos para llevarlos adelante. No hay partido revolucionario en Chile y su construcción requerirá un enorme esfuerzo histórico; es necesario ganar una clara fisonomía política al interior del movimiento obrero y su vanguardia. En las actuales condiciones mundiales y nacionales de la lucha de clases no se trata de un largo período preparatorio en el cual el partido se forma en la experiencia que lentamente el proletariado va ganando mientras le arranca al capitalismo una serie de conquistas inmediatas. Por el contrario, el proletariado puede y debe elevarse a una actividad revolucionaria, a la lucha por el poder, a partir de sus combates cotidianos, gracias a sus métodos de clase, a la huelga, a la movilización callejera, a la formación de comités, y a la existencia de un sólido núcleo revolucionario a su interior que devenga en su partido dirigente.

En la actual situación, corresponde plantear el combate por la unificación nacional del movimiento obrero, por la reconstrucción de la Central Única de Trabajadores. Clotario Blest ha hecho un llamado concreto en este sentido, se propone convocar a un Congreso de la CUT para febrero de 1981. El eco que tienen las acciones del fundador de la CUT ponen de relieve la aparición de una nueva camada de militantes obreros, que no han sufrido directamente la experiencia desmoralizante de la política de los aparatos. Más allá de las posibilidades efectivas de concreción de este llamado, que sólo se podrán apreciar en el curso mismo de la lucha de clases, corresponde lanzar una campaña por la reconstrucción de la CUT como la forma que toma la reconstrucción del frente único elemental del movimiento obrero a escala nacional, su unidad sindical. Para impulsarla, hay que enfrentar el Plan Laboral a través de un combate por un aumento general de salarios, por la democracia y la independencia de los sindicatos, por la expulsión de todos los agentes de la Junta Militar, por su funcionamiento en base a asambleas, por la elección de direcciones representativas, por su agolpamiento regional y en-federaciones. Y de esta manera, las cuestiones del Frente Único quedan planteadas en el terreno efectivo de la actividad de las masas y no como un llamado genérico y abstracto a las direcciones; este último tiene que permitir y favorecer la intervención independiente de la vanguardia obrera. La reconstrucción de la CUT es la palanca que puede potenciar esa intervención, dándole un carácter unificado, que supere el localismo y la dispersión.

Todos los aspectos cotidianos de la lucha contra la represión y por las libertades democráticas deben traducirse en términos de enfrentamiento con la Junta Militar, de la exigencia democrática de decidir sobre el régimen político del país y sus grandes problemas.

Este tiene que ser el eje que permita la articulación política del proletariado como clase y de éste con el campesinado y el resto de los oprimidos.

Las masas enfrentan el plebiscito del 11 de septiembre en condiciones muy diferentes a las de la consulta del 4 de enero de 1978. Ahora pueden intervenir a través de sus organizaciones, se pueden aprobar resoluciones en asambleas, se puede ganar la calle. Sin duda que la consigna del boicot expresa políticamente la aspiración del movimiento de masas y no es ahora una expresión de deseos sino una palanca para la lucha contra la Junta y las maniobras burguesas. Sería un error, no obstante, dividir y oponerse a la intervención política de una organización obrera, de una asamblea estudiantil o de otro sector, oponiendo irreductiblemente el boycot al voto negativo. Hay que tener muy en cuenta el grado extremadamente desigual de desarrollo del movimiento de masas. Planteando nuestra posición de boycot, podemos y debemos llevar adelante una actividad común contra el plebiscito y la Junta Militar si se hace a través de la movilización callejera y de la intervención política del movimiento de masas, con un programa independiente.

La derrota de la maniobra de Pinochet, de acuerdo a la forma y al grado que se verifique, puede ser el punto de partida de una nueva situación política en el país, en la cual las masas puedan ir ganando en iniciativa y en capacidad de intervención independiente.

La tarea de la construcción del partido revolucionario avanzará en este combate si logramos estructurar con claridad nuestro programa, damos una fisonomía definida y avanzar en trabajo de penetración en la vanguardia obrera de nuestras ideas y posiciones.

28 de agosto de 1980

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Una nueva etapa de la crisis del sionismo y de la lucha en Palestina

Liga Obrera Palestina

«Uds. no deben tener ninguna ilusión; ningún lugar central activo está reservado para Israel en el cuadro de la estrategia regular que EEUU implementa después de los acontecimientos en Irán y en Afganistán. Pero de esto no hay que deducir que Israel ha cesado de representar un bien apreciado a los ojos de la administración americana. Al contrario, desde el punto de vista de los EEUU, la importancia de Israel es muy grande, no en tanto que participante activo en el desarrollo ligado a la crisis actual, sino como el último bastión que procura a la administración americana la certeza que, si, y cuando sus cartas estén quemadas entre sus aliados musulmanes, ella podrá aún apoyarse en Israel y encontrar en este país un partidario leal frente a cualquier circunstancia». Quien se expresa de esta manera y arenga a los israelíes es el profesor americano Nadav Safran, él mismo, viejo israelí y uno de los autores del famoso «Documento Brooking”, elaborado por un equipo de especialistas del Medio Oriente para definir la estrategia americana en esta región (“Yedioth Aharonoth” -18/1/80). La misma actitud fue expresada de manera todavía más cruda por la gente del Pentágono, en expresiones orales, en sus programas de viajes por la zona, durante los cuales escamotean la escala en Israel o al escoger la utilización de bases de la aviación egipcia antes que de la israelí.

Pero este “frío cálculo” del imperialismo contiene en sí un riesgo fundamental: no que Israel deje de ser su leal servidor incluso en los momentos más difíciles, por el contario. La entrega sin tapujos de Israel al imperialismo ha sido expresada nuevamente por Ezer Weizman quien, en circunstancias de su último viaje a los EEUU, como Ministro de Defensa ha declarado que el ejército norteamericano podía utilizar las bases israelíes sin necesidad de pedir autorización. Los dirigentes sionistas buscan con frenesí probar “la importancia estratégica» de Israel y son incapaces de percibir el rol demoníaco que les reserva la estrategia americana: el de llevar adelante el combate de la última oportunidad contra todos los pueblos de la región “cuando todas las cartas estén quemadas”. El riesgo para el imperialismo, que representa al mismo tiempo^ una formidable palanca para la movilización de las masas oprimidas, es que es muy posible que incluso antes de que se presente tal situación, la carta de triunfo israelí esté ya perdida.

El fundamento de esta ilusión es que el cambio de status de Israel en el dispositivo imperialista es un factor de crisis profunda dentro mismo de Israel. No hace falta profundizar mucho a fin de verificar el congelamiento del monto de la ayuda americana a Israel, e incluso si se tienen en cuenta los 200 millones de dólares que Weizman ha logrado obtener como préstamo de último momento, el significado no puede ser más que una disminución real del valor de la ayuda si consideramos la inflación del dólar.
Consecuencia, es la primera vez en muchos años que Israel se ha visto obligada a reducir sus compras de armamento yanqui y de retrasar algunos de sus proyectos armamentistas. Pero estos no son más que los fenómenos más evidentes y no los más importantes. Lo que interesa es el aspecto político del proceso: desde el “plan Rogers” de 1970 hasta las discusiones sobre la autonomía”, donde, según todos los observadores, “los americanos sostienen en un 90 por ciento las posiciones de Egipto”. El imperialismo yanqui busca obtener concesiones de los países árabes y reforzar entre estos a sus aliados utilizando la amenaza israelí, pero asegurando so re todo un repliegue y concesiones por parte de Israel.

El dilema en el que se encuentra la burguesía israelí, en el conjunto de sus fracciones, entre por un lado a inserción en la estrategia imperialista haciendo concesiones so re aquellos que considera como intereses vitales y, por otro, e riesgo de una desviación en relación a esta estrategia con la posibilidad de una confrontación con los países ara es sin e beneficio del sostén yanqui, este dilema provoca una crisis profunda cuyas raíces hay que buscarlas en el año 19 y que se evidenció a partir de 1973. Esta crisis tuvo ya un rol fundamental en la erosión del llamado Frente Laborista y en su caída y se manifiesta hoy día en la parálisis y el desmembramiento progresivo del Likud desde su ascenso al poder.

La parálisis y la falta de seguridad de la burguesía israelí, paralelas a la quiebra del apoyo americano, se expresaron en su incapacidad de movilizarse y movilizar tras ella a la población judía del país, en la campaña de provocaciones del estilo de la guerra fría que desarrollan los gobiernos imperialistas en sus países contra la revolución iraní y contra la presencia de tropas soviéticas en Afganistán, viejo caballo de batalla israelí está suficientemente cansado como para regocijarse antes de un combate en el cual no está seguro de participar. (En su lucha contra la iraní, el imperialismo yanqui se apoya fundamentalmente en Irak y en Egipto). Las consecuencias de esta crisis interna en relación a la capacidad de funcionamiento estratégico de Israel se manifestaron en el hecho de que durante meses el gobierno se mostró incapaz de entablar una discusión sobre la situación en la zona luego de los acontecimientos iraníes. Cuando a fines de diciembre de 1979, el debate, por fin, comenzó, se remitió esencialmente a… la entrega de armas americanas a la Arabia Saudita y a Egipto, y, sobre esta misma cuestión, el gobierno no logró adoptar una Posición unitaria, qué decir de una verdadera iniciativa política!

El carácter militarista y expansionista que se deriva de la naturaleza misma de la burguesía sionista se manifiesta en relación a su incapacidad de encontrar el mínimo consuelo en los acuerdos de «paz» con Egipto. El primer ministro egipcio mostró su asombro y preguntó por qué entonces Israel se oponía al reforzamiento del potencial militar de Egipto «si tenemos relaciones pacíficas y estas armas no están dirigidas contra ustedes”. La posición contraria en Israel no hace más que confirmar dos hechos fundamentales: primero, que el rol de Israel para el imperialismo fue siempre el de una fortaleza militar, inclusive contra Egipto cuando las condiciones políticas internas cambien en ese país; segundo, que la burguesía israelí veía de muy mala manera la pérdida de su status tradicional de «socio más seguro” en relación a las otras fuerzas de la región, en particular Egipto.

Mientras tanto, la cuestión palestina, sigue siendo un factor político central en la zona, impidiendo toda posibilidad de integración pacífica de Israel al Medio Oriente. Los yanquis buscan resguardarse por todos lados: alcanzar en las apariencias cualquier solución a la cuestión palestina que elimine toda la carga explosiva revolucionaria e impida a las masas palestinas alcanzar triunfos que reforzarían su confianza en ellas mismas y podrían reforzar su lucha y la de todas las masas de la zona; y, al mismo tiempo, sonsacar concesiones a los israelíes sin por ello poner en cuestión la estabilidad interna y a la potencia militar de Israel. Como hemos visto, ninguno de estos objetivos puede alcanzarse sin asestar golpes suplementarios a las masas palestinas -y contra las masas judías— en Palestina. Esta es la razón por la cual el proceso de “acuerdos” diplomáticos en la zona se ve constantemente postergado. Mientras se desarrollan las negociaciones sobre una nueva división de Palestina, y mientras la explosión definitiva no se haya producido, resulta más cómodo para los yanquis, para Sadat y para Israel, que el ejército israelí sea el responsable directo de la opresión de los palestinos en Palestina y en el Líbano del Sud.

La crisis de la burguesía

La guerra de 1973, el golpe recibido por el ejército israelí en sus comienzos y su necesidad de recurrir a un puente aéreo americano, demostraron la dependencia militar de Israel respecto a los EEUU. Los 7 años que transcurrieron después demostraron aún más la dependencia política de la burguesía israelí en cuanto al imperialismo; las relaciones con los EEUU representan el factor central de las discusiones en el seno de los diferentes partidos sionistas y entre ellos. El régimen de Likud vivió su luna de miel con el primer viaje de Beguin a los EEUU, pues mantuvo la fachada de un acuerdo, y posteriormente, con la visita de Sadat y la firma de los acuerdos de Camp David. Sin embargo, detrás de estos breves “períodos felices”, continuaba el proceso de decadencia interno y externo en la situación política de Israel. Seis años después de la guerra del 73, a fines del 79, los EEUU, sometidos a la presión de su propia crisis económica, se negaron a pagar las cuentas en crecimiento permanente de los gastos militares y de la colonización israelí, empujando de esta manera a Israel a una crisis económica sin precedentes.

Beguin, el «hombre fuerte” tan temido por la burguesía, pero a quien ésta recurrió frente a la incapacidad de la llamada Coalición Laborista y de sus partidos en mantener la confianza popular, se convirtió en sólo dos años en el primer ministro más débil de toda la historia del país. La incapacidad de todas las fracciones gubernamentales de presentar una perspectiva para salir de la crisis condujo a la parálisis de sus diferentes fracciones en el seno del gobierno. Beguin permanece en el centro de una coalición paralizada que observa la disminución de sus fuerzas a medida que su objetivo es impedir que sus diversos componentes se dispersen en todas direcciones.

Mientras tanto, la coalición que sostiene el «arreglo» que había comenzado a estructurarse en el seno del gobierno, se disgregó. El Partido Democrático, sucesor de Democracia y Cambio, demostró su nulidad desde los primeros contactos para su integración al gobierno, incluso entre sus propios socios y hoy día es ridiculizado y desdeñado por todos. Los Liberales, el partido de la Confederación de Industriales y Comerciantes, que no representa en este país más que los intereses de la pequeña y mediana industria (no así los de la Histadrut ni de los 3 grandes bancos que dominan en conjunto la mayor parte del mercado), a quienes Beguin había confiado la cartera de Finanzas, fracasaron rotundamente con su política de «mercado libre” en un país donde la burguesía no ha logrado nunca mantenerse erguida sobre sus propios pies. Weizman, que en un comienzo estaba destinado a dirigir la nueva coalición, fue progresivamente aislado al interior del Hérout y terminó por renunciar al gobierno, como lo había hecho antes su colega Dayan. David Levi, el hombre que dirige el aparato del partido Hérout, que en un primer momento se alineó entre los partidarios del “arreglo”, se apresuró a manifestar su lealtad a Beguin y a unirse a él contra los opositores que en adelante tomaron la delantera en su partido. Esta derrota de los «realistas”, de aquellos reconocidos como los más ligados a la administración yanqui y los más decididos a reducir las divergencias con ella, no es obra del azar. ¿Constituye acaso una falta de preparación o una coyuntura desfavorable? Nosotros pensamos que no. La burguesía sionista se encuentra imposibilitada de retroceder en forma ordenada hacia las fronteras de 1967. No hay y no va a haber un De Gaulle israelí, porque la “pequeña Israel” no es una metrópoli imperialista y porque cuando los opositores al “arreglo” reclaman permanentemente a los partidarios del repliegue territorial: «si nos retiramos de Naplouse, ¿por qué no de Haifa? ”, no hacen más que expresar la verdadera realidad del sionismo. La ocupación es una ocupación por todos lados. La ocupación de Palestina se verifica en Naplouse y en Hebrón, pero también en Haifa y en Nazareth. Mientras esta ocupación exista, Israel deberá, en tanto que Estado-ocupante, vivir de las guerras y, en primer lugar, contra aquellos mismos a quienes Israel impuso su ocupación: los palestinos.

Por su parálisis y por su pérdida de iniciativa, el gobierno se encuentra prisionero entre las manos de bandas de tránsfugas y de desequilibrados. La Agoudat Israel, un increíble residuo de castas medievales del judaísmo, no para de “encarecer” el precio de su sostén al gobierno para fortalecer el carácter teocrático del Estado y no teme menospreciar y humillar a sus “socios”. De la misma manera, pero con mayor influencia política se comporta el Goush Emounim (Bloque de la Fe), mezcla de nacionalismo racista y de metafísica religiosa fanática, hoy día punta de lanza de la colonización sionista en los territorios conquistados en 1967. Mientras que el Partido de la Resurrección no cuenta con ningún sostén efectivo, muy poco en el seno de la burguesía, y ciertamente no más del 2 o 3 por ciento del electorado, el gobierno se deshace en elogios a esta organización, que representa a sus ojos el “idealismo” sionista y la confianza en el futuro sionista, empujados hasta el absurdo por la locura ciega en esta perspectiva, que tiende a desaparecer frente a todos aquellos que miran la realidad de frente. El general Sharon, representante oficial del Bloque de la Fe en el gobierno, se comporta a .su interior como un jefe de segunda mano y toma sus propias iniciativas sin preguntarle la opinión a nadie. El Bloque de la Fe no sostiene al gobierno, pero «está dispuesto a no dejarlo caer” mientras éste último le proporcione las monumentales sumas de dinero que le permitan materializar sus proyectos de colonización y su plan de autoarmamento. Sus colonizadores se preparan a la vista de todos a una guerra civil que iniciarán en los «territorios ocupados” en el caso de un repliegue israelí, se arman hasta los dientes y preparan verdaderos stocks de armas a la vista y paciencia de todo el mundo. La Agouda y Sharon personalmente no trepidan en servirse de la Caja del Estado, ya quebrada y medio vacía, para llenarse sus propios bolsillos cuando la ocasión se presenta.

Así como el Likud, desde su acceso al poder, fue inmediatamente contaminado por la crisis del régimen de la llamada Coalición Laborista, ésta última, desde la oposición, a medida que se aproxima la posibilidad de su retorno al poder, se asemeja cada vez más al Likud en vías de desagregación. Como al interior mismo del Likud , la única oposición a los acuerdos de “paz” de Camp David, proviene de la derecha: Alón se abstuvo en ocasión del voto sobre los acuerdos con Egipto debido a la evacuación de las colonias de implantación en el valle de Rafah y Péres acusó a Beguin … de preparar el terreno al establecimiento de un estado palestino… Los «Laboristas” y la burocracia de la Histadrout que le es fiel, aceptaron el Plan Horowitz de saneamiento de la economía a través de un descenso brutal del nivel de vida de la población como una necesidad imperiosa de la burguesía. Como el Likud, los «Laboristas” están carcomidos por conflictos internos permanentes, por una guerra de todos contra todos entre sus diversos diques y fracciones, sin que ninguna sea capaz de plantear una perspectiva política susceptible de despertar algo de la confianza, aunque no sea más que aparente. ¿No es acaso grotesco constatar que la alternativa propagada por los dirigentes «laboristas” en las discusiones Sadat-Beguin sobre la «autonomía” de Palestina en los territorios ocupados en 1967 sea el susodicho «Plan Hussein”, que fracasó desde hace largo tiempo y que fue rechazado por el propio interesado, sabiendo muy bien que no hay solución diplomática sin la participación directa de la OLP en las negociaciones?

Todo programa político de la burguesía israelí plantea como condición primordial quebrar a las masas palestinas y someter a las masas judías. Para perpetrar la ocupación, así como para hacer de un eventual retroceso a las fronteras de 1967 el último repliegue posible, es necesario desarticular no sólo a las masas palestinas de Cisjordania y de la banda de Gaza sino también a las del interior de Israel de antes del 67 y de toda la zona. Para prepararse a una confrontación con los países árabes sin el sostén americano o para hacer de Israel una fortaleza armada hasta los dientes en caso de repliegue territorial, resulta imperioso disminuir radicalmente el nivel de vida de los obreros —árabes y judíos— que pagarán en dinero antes de hacerlo en sangre, el precio de la militarización y de la guerra. Este descenso del nivel de vida no puede efectivizarse sin quebrar organizativa y moralmente a la clase obrera.

La supervivencia del gobierno Beguin proviene antes que nada de los éxitos iniciales del Plan Horowitz, por cuya consecución toda la burguesía está dispuesta a unirse. El informe del ministro de Asuntos Sociales Katz sobre el agravamiento de la desigualdad social, la demagogia de la dirección de la Histadrut y el retardo del ministro David Levi en la aprobación del programa gubernamental de acrecentamiento de la desocupación, ejemplifican el miedo de la burguesía frente a la «agitación social” —es decir, frente a la reacción de la clase obrera y de los barrios pobres— que puede, no sólo hacer fracasar el Plan Horowitz sino también, en caso de que triunfara, hacer que la clase obrera tome conciencia de su propia fuerza frente a la crisis y al derrumbe de la burguesía. Aquí, nuevamente, al igual que en la cuestión del “arreglo” político en la zona, los moderados en el seno de la burguesía no son los “realistas” pero expresan sus temores frente al agudizamiento ineluctable de la crisis y a los enfrentamientos con las masas que ponen en riesgo su propia existencia.

1979: un año de alza de la lucha y de derrotas parciales

Palestina es uno de los raros países del mundo colonial que no ha ni siquiera obtenido la independencia formal, y es por eso que la cuestión de la liberación nacional, más aún que en la mayoría de los países oprimidos, se plantea como la tarea central inmediata de la revolución socialista. Pero, luego del aplastamiento de la “revuelta árabe «de 1936-39, y a través de la expulsión física de la mayoría de la población palestina en 1948 y el establecimiento de una zona de dominación con una mayoría judía, el sionismo logró infligir tales golpes a las masas palestinas que fue necesario esperar 20 años luego de la creación del Estado de Israel para que la cuestión palestina reencuentre su lugar central en la región. Los dirigentes sionistas creían que la cuestión palestina estaba ya muerta y enterrada, llegando incluso a compararla con la cuestión india en los EEUU (Dayan declaró entonces: “Había una Palestina, ella no existe más. Si los palestinos hubieran querido ser una entidad nacional, tuvieron la ocasión en 1948. Pero prefirieron entonces integrarse al reino hachemita y renunciar a su singularidad política palestina propia.
Así fue definitivamente enterrada la Palestina política”). Vino entonces la guerra de conquista de 1967, donde los sionistas contribuyeron con sus propias manos al renacimiento de la cuestión palestina y a la retoma del combate. Nueve años después, con huelgas y manifestaciones de masa en Cisjordania que duraron más de 6 meses, con la huelga general del “día de la tierra», el 30 de marzo de 1976, que por primera vez incluyó a los palestinos que permanecen bajo dominación israelí después de 1948, la lucha de liberación nacional en el interior de Palestina llegó a picos que comenzaron a recordar los de 1936.
Nosotros habíamos considerado el período del “día de la tierra» como la apertura de una crisis prerrevolucionaria en Palestina, en tanto la crisis del sionismo dejaba de concentrarse en los problemas internos de la burguesía, y la iniciativa pasaba del lado de las masas; analizamos el momento de esta crisis como consecuencia de la crisis revolucionaria y de la guerra civil en el Líbano, donde los palestinos habían demostrado en las primeras fases toda su potencia.

La traición vergonzosa de la dirección de las masas en el Líbano, el Frente Progresista de Kamal Joumblatt y la OLP, condujo, como se sabe, a la masacre de Tell-a-Zaatar y de Jishr-el-Basha y al aplastamiento de la revolución en el Líbano a manos de las fuerzas conjugadas de las Falanges fascistas, de Israel y el sionismo y del régimen del Baath sirio. Anta la ausencia de una dirección capaz de promover una perspectiva revolucionaria para las masas en Palestina, se produjo un retroceso generalizado de la lucha por la liberación nacional en Palestina durante la segunda mitad de 1976. Pero, ya en esa época, dijimos que las masas palestinas sometidas a la dominación israelí no habían sido aplastadas como las masas del Líbano, y previmos que este reflujo sería temporario y que el próximo epicentro de la lucha contra el “arreglo» imperialista estaría en el interior mismo de Palestina.

Los meses iniciales de 1979 mostraron los primeros signos de relance del combate en Cisjordania y en Gaza, la fuerza de las masas se manifiesta por el rechazo total y general del «plan de autonomía” y casi no se encuentra un solo dirigente feudal o burgués local que se arriesgue a aprobarlo. Pero, mientras que la firma de los acuerdos de Camp David fueron recibidos con una reprobación general pero silenciosa, los acuerdos de paz de Israel y Egipto en la primavera de 1976 provocaron una serie de asambleas de masas en los territorios conquistados en 1967.

En el interior de Israel, los primeros meses de 1979 estuvieron marcados por una retoma del combate: los estudiantes árabes radicales decidieron a fines del 78 organizarse en el cuadro de un movimiento a escala nacional., el «Movimiento Nacional Progresista”. Las autoridades replicaron con la expulsión de 6 estudiantes árabes de la Universidad de Jerusalem por vía de la aplicación de las leyes de urgencia, que los obliga a quedarse en sus pueblos, lo que provoca la reunión de un mitin de protesta en el local de los «Hijos del Pueblo» (nacionalistas de izquierda). Durante el mismo período, el «Comité de defensa de los presos políticos” retomó su actividad, y el Rakah (PC), que evita siempre toda coincidencia con los elementos nacionalistas para manifestar su compromiso en el mantenimiento de la existencia del Estado de Israel, se vio obligado a participar en la organización de una manifestación en Jerusalem por la liberación de los presos enfermos. Durante un gran mitin en Nazareth, bastión del PC, de preparación de la conmemoración del “Día de la tierra”, los «Hijos del Pueblo”, los estudiantes radicales y otros nacionalistas, se manifestaron por primera vez de manera organizada y potente, contra el “Comité de defensa nacional de las tierras árabes” (compuesto de notables locales y copado por el PC), levantando la consigna de Huelga General. En el “día de la tierra” del 79, mientras que el PC organizaba sus asambleas tradicionales, tuvo lugar en el pueblo de Taibeh una manifestación dirigida por los «hijos del Pueblo», y el servicio de orden del PC tuvo que usar la fuerza física y los golpes para impedir su participación en la asamblea.

Sin embargo, estas movilizaciones en la primera mitad del 79 fueron limitadas. En una gran parte, eran iniciadas por cuadros salidos de la movilización revolucionaria del 75 y 76, que retomaron fuerzas luego del reflujo y fueron confortadas por el triunfo de las masas iraníes al derrocar el régimen del Cha, a principios del 79. Los habitantes del pueblo de Mailiaho llevaron por su lado una lucha de masas, pero aún de carácter esencialmente defensivo, contra la apropiación de sus tierras. Los beduinos del Neguev también se opusieron de manera desesperada a la toma de sus tierras que, si bien representan una parte infinitesimal del Neguev se revelaron de golpe de una importancia esencial para el nuevo dispositivo militar después del retiro del Sinaí. El pueblo de Oum-el-Fahem manifiesta su oposición a la «visita» del rabino fanático Kahans, demostrando en esta ocasión una forma de lucha más alta: una manifestación unitaria bajo la dirección común del PC y de los «Hijos del Pueblo”, que erige barricadas en la entrada del pueblo, obligando a la policía a prohibir el acceso del rabino para evitar los enfrentamientos. (Hay que subrayar que en este caso la policía actúa como un verdadero agente de Kahans, llevando luego al intendente del pueblo a la comisaría más próxima para confrontarlo con el rabino, que vino a «encuestar sobre su lealtad con el estado”!).

El viraje en la lucha vino en noviembre del 79, teniendo como fondo la profundización de la crisis interna de la burguesía israelí. En primer lugar, se produjo la decisión del Tribunal de justicia sobre el desmembramiento de la colonia Elon Moreh del «Bloque de la Fe”, haciéndose eco de la campaña americana de presiones sobre el gobierno israelí. Por primera vez quedó en evidencia de que existe la posibilidad real, de que, bajo el golpe de su propia crisis, el sionismo se vea obligado a recular sobre cuestiones esenciales de la opresión de los palestinos, como son la expropiación de las tierras y el establecimiento de las colonias. Luego vino la provocación de la expulsión de Bassam-a-Chaqua, intendente de Naplouse. Esto fue cocinado por los opositores al «arreglo» en el seno de la burguesía y el ejército, que orquestaron una fuga de supuestas palabras de a-Chaqua con el objetivo de presentar a Weizman como el responsable de la agravación de la situación en Cisjordania, lo que obligó a este último, con el fin de mantener su credibilidad como principal encargado de la represión a los ojos de la burguesía, a utilizar inmediatamente la manera fuerte (contraria a toda su política precedente, cuyo eje era la tentativa de apoyarse en los notables locales para asegurar el mantenimiento del orden). Pero la reacción de las masas palestinas fue todavía más fuerte que lo previsto. Una huelga general paralizó Naplouse durante más de una semana, hasta llegar a transformarse en una huelga general de toda la Cisjordania. Se sarrollaron igualmente mítines de solidaridad y manifestaciones en el interior de las {tonteras del 67, en los pueblos árabes y las universidades. En el miting de Oum-el-Fahem, en el local de los “Hijos del Pueblo”, varios oradores, y entre ellos el representante de la Liga Obrera, declararon: “movilizándonos podemos llegar a impedir la extradición de a-Chaqua. Lucharemos hasta el regreso de todos los refugiados palestinos expulsados de sus tierras».

La gran victoria obtenida al impedir la extradición del intendente —por primera vez desde la ocupación israelí sobre la base de una formidable movilización de masas— fue la expresión de las nuevas relaciones de fuerza creadas, y daba por sí misma un gran impulso a la voluntad de lucha de las masas palestinas.

La situación después del asunto a-Chaqua se concretó en dos nuevos puntos: la tentativa israelí de controlar la Compañía de Electricidad Arabe de Jerusalém y el estable-miento de una nueva colonia de implantación sobre el monte Kabir. En estos dos casos, la iniciativa estuvo entre las manos de la fracción del gobierno israelí que trata de anexar de hecho la Cisjordania y está dispuesta para ello a arriesgar una explosión del “arreglo” bajo tutela americana, y un enfrentamiento decisivo con las masas. Desde el anunció del proyecto gubernamental sobre la Compañía de Electricidad, la movilización de las masas volvió a manifestarse inmediatamente y una huelga general de un día fue organizada por iniciativa del “Comité de Orientación Nacional”, que es de hecho la dirección reconocida hoy por las masas palestinas de Cisjordania, que identifican con lo que es realmente: una correa de transmisión de la OLP.
El carácter de este Comité es por otra parte muy especial. No teniendo ninguna representatividad oficial ante las autoridades sionistas de ocupación de Cisjordania, cada uno conoce su existencia y sabe que es reconocido por las masas palestinas “del interior” como su dirección nacional. Formado únicamente por notables locales salido de los feudales y de la burguesía comerciante, extrae su autoridad del hecho que se identifica políticamente con la OLP y de que todas las fuerzas políticas, ya sea las diversas tendencias nacionalistas o el PC local, le dan su apoyo. Semitolerado hasta hace muy poco por la administración de ocupación israelí, es constantemente el juguete de los antagonismos internos en la burguesía israelí, arrinconada entre la tendencia que representa Sharon y el “Bloque de la Fe”, que busca la confrontación y asestar un golpe definitivo a las masas palestinas en lo inmediato, y la tendencia que representa Weizman, principal responsable hasta su renuncia, de los “territorios ocupados”, que busca apoyarse en parte sobre él, para asegurar el mantenimiento del orden en Cisjordania. (No hay que olvidar que una gran parte de los miembros del “CON” esta formada por los intendentes y dirigentes de las municipalidades elegidos en 1975, bajo la férula del gobierno militar israelí, en las elecciones fraudulentas sobre la cual El Fath se calló prudentemente la boca y que el “Frente de Rechazo” había llamado a boicotear abiertamente). En fin, no hay que olvidar que, en su papel de portavoz local de los intereses de la dirección de la OLP “en el interior”, el Comité de Organización Nacional, está sometido a las perspectivas generales de aquella que como se sabe tienen su eje en la obtención de una solución diplomática, que permita la creación de un Estado palestino al lado del Estado de Israel, y que no cuestionaría para existencia de este último, ni los intereses globales del imperialismo en la región. Burgués por su composición y su política, sometido a los intereses diplomáticos de la OLP, elemento esencial del mantenimiento del orden en el futuro Estado palestino, el “C.O.N.”, hoy a la cabeza de faff m¡iBag obreras y campesinas de Cisjordania, no es el representante de las aspiraciones políticas y sociales auténticas de esas masas, cuya potencia revolucionaria le am^ sino de los burgueses y feudales locales. Esto se pudo verificar en el caso a-Chaqua. En la lucha contra su expulsión, una parte de esta “dirección nacional” de los intendentes y jefes de municipalidades intentó organizar una retirada en el comienzo de la movilización.
Con la aprobación del Fath, ciertos intendentes buscaron impedir la renuncia colectiva en reacción a la decisión de extradición de a-Chaqua. Luego, cuando la movilización llegó a su punto culminante, propuso al gobierno militar, a través del abogado Elias Khouri, una transacción: ¡La no expulsión de a-Chaqua contra el mantenimiento de la colonia de Elon Moreh! Pero en estos dos casos existía potencialmente una dirección de recambio, la del “Frente de Rechazo”, capaz de continuar la lucha y desenmascarar a los traidores —de tal manera que finalmente, esta “dirección nacional”, constatando la potencia de la movilización de las masas, eligió abandonar su proyecto, para mantenerse a la cabeza de la lucha hasta su victoria.

La implantación de la colonia sobre el monte Kabir demostró el sometimiento del gobierno a los dictados del “Bloque de la Fe» y al mismo tiempo su temor a las masas palestinas. Después de *haber aceptado la implantación de la colonia, ordena el traslado de todo el material de construcción por helicópteros, para no tener que pasar, por la ruta que atraviesa el pueblo próximo de Dir-el-Katab, por miedo a la reacción de la población. Ante la debilidad del gobierno militar del lugar y del gobierno israelí en general, dos campos bien delimitados se presentan: el de las masas palestinas dirigidas hoy por el “C.O.N.” y enfrente el de los colonos, que se arman de manera autónoma y se preparan a la guerra civil bajo la dirección del “Bloque de la Fe” y del “Partido de la Resurrección”.

Mientras que se relanza de lo mejor la movilización de las masas palestinas por ^liberación nacional, en el frente de clase la iniciativa quedó en ese momento esencialmente como el hecho de los sectores obreros relativamente privilegiados y mayoritariamente judíos, que luchan por la defensa de sus intereses económicos y sociales, sin elevarse desde el punto de vista de sus reivindicaciones al nivel político. Los obreros palestinos, aplastados bajo el peso de la opresión nacional, forman una gran parte de las capas más desfavorizadas de la clase obrera, numéricamente minoritarios en el seno de la clase (30 a 35 por ciento, pero 80 por ciento en ciertos sectores industriales como la construcción); no logran en ningún momento manifestarse en tanto clase y de manera autónoma, ni en la lucha contra la rebaja brutal del nivel de vida orquestado por el gobierno, y que los afecta directamente, ni en el seno de la movilización popular por la liberación nacional.

Desde el punto de vista económico, la táctica del precedente ministro de Finanzas, apareció de más en más como una seguidilla de concesiones y tentativas de evitar la confrontación con todos los sectores que hubieran demostrado una real voluntad de lucha, al mismo tiempo que resarce a la burguesía, utilizando cada vez más frecuentemente la máquina de billetes, lo que hizo que en el espacio de un año la tasa de inflación aumentara del 40 por ciento a 150 por ciento anual, (esto llevó a una destrucción de la infraestructura económica y a una pauperización inmediata de las mismas capas de la clase que habían llevado adelante las luchas).

La debilidad del gobierno, y la posibilidad demostrada de obtener triunfos a través de las luchas, han alentado la organización de diversos sectores asalariados, pero esto se limitó siempre a sectores particulares, que intentan obtener conquistas para ellos mismos. Las enfermeras que después de largos años han sido las primeras en salir al combate sacaron la lección de sus huelgas precedentes vendidas por la histadrut y pusieron en pie su propio órgano sindical, que en varios mítines y huelgas repetidas obtuvo un contrato colectivo, por el cual las enfermeras luchaban desde hacía años (4 turnos de guardia de 6 horas, semana de 36 horas sin reducción de salario). Los trabajadores de Solel-Boneh, la empresa de construcción más grande del país (propiedad de la Histadrut), formaron por primera vez en la historia de los obreros de la construcción un Comité de Acción fuera del Comité Obrero existente elegido bajo control de la Histadrut. Organizando huelgas y manifestaciones, este comité obtuvo también satisfacción sobre su «cuaderno de reivindicaciones”. Sin embargo, en Solel-Boneh, a pesar del enorme porcentaje de trabajadores árabes, y a pesar de la movilización y la participación de esos trabajadores en la lucha, el Comité se formó sólo con viejos obreros que gozan de la seguridad en el empleo, todos judíos sin excepción, lo que demuestra en sí mismo los límites políticos de esta movilización obrera; con la aplicación del Plan Horovitz, todos los beneficios obtenidos en las huelgas del 79 perdieron rápidamente su valor.

Durante esta primer parte del 79 y hasta agosto, los problemas de vivienda y de la miseria de los barrios pobres van a provocar las luchas más potentes en el seno de las masas judías. El ritmo de aumento del costo de los departamentos precede en medio año al de la inflación general, la crisis económica se hace más sensible primero en la rama de la construcción y la vivienda. La compra de un departamento se volvió absolutamente imposible sin ninguna posibilidad de crédito para la mayor parte de las masas judías, lo que produjo una baja de la “demanda” (según el término de un curso de economía burgués), y una reducción suplementaria de la construcción por las empresas inmobiliarias, se produjo incluso la paralización parcial de construcciones en curso (todo ello según las estadísticas oficiales), con el objetivo de mantener el nivel alto de los precios. (Ahora se puede ver el mismo fenómeno en numerosas ramas de la industria de consumo corriente, que reducen su producción como resultado de la baja del nivel de vida).
Pero los puntos más altos a los que llegaron estas luchas, incluso las ocupaciones por la fuerza de departamentos vacíos, los barricamientos de rutas, las manifestaciones, los choques violentos con las fuerzas del orden, no han llevado a concesiones verdaderas de parte del gobierno. El movimiento, que había comenzado con la esperanza de presionar al gobierno, llegó en agosto a levantar la consigna de “abajo el gobierno de los promotores inmobiliarios”, pero sin por ello acercarse a este objetivo.
Finalmente, las luchas de los barrios pobres se hundieron por falta de perspectivas y porque la clase obrera no las tomó organizadamente a su cargo.

Durante este período, la incapacidad de obtener concesiones significativas de parte del gobierno y, por ende, la falta de perspectiva de las luchas sectoriales centradas en la “presión», han hecho renacer la necesidad del pasaje a formas nuevas de organización, que permitan arrastrar al conjunto de los “sectores” y, en primer lugar, a la clase obrera en tanto que clase hacia un enfrentamiento generalizado con el gobierno.

Las nuevas condiciones que conducen hacia esta confrontación aparecieron a partir de noviembre cuando paralelamente al vuelco en la lucha de liberación palestina, el ministro de Finanzas tuvo que renunciar y fue reemplazado por el siniestro Horowitz, que puso inmediatamente su plan en aplicación.
De golpe, se terminó la política de concesiones limitadas hacia la clase obrera, y fue decretada una disminución drástica y nunca conocida de los subsidios acordados a los productos de primera necesidad, preludio de la verdadera naturaleza del Plan Horowitz: una regresión sin precedentes del nivel de vida de los obreros. Este ataque al nivel de vida de la clase obrera, que tiene su raíz en las necesidades políticas de la burguesía y en la crisis consecuente, representa un atentado sin comparación posible con lo que los trabajadores se habían habituado a considerar hasta el momento como conquistas seguras y su reacción será un test esencial para la clase en el futuro.

1980: Hacia batallas decisivas

Los síntomas que se multiplican de la crisis interna en Israel, empujan a algunos personajes, que no se pueden tachar de antisionistas a la conciencia de que se trata de una sociedad que marcha a grandes pasos hacia su propio fin. Nahum Goldman, uno de los más importantes dirigentes históricos del sionismo, acaba de declarar: “Los árabes, no sólo de la OLP, sino también los de los países moderados, han endurecido su actitud. Cada vez se sienten más seguros de ellos. Piensan que Israel morirá de hemorragia interna y se disolverá sin pasar por una guerra, y puede ser que ellos no estén dispuestos en el futuro a aceptar una paz”(“Le Nouvel Observateur”, 19/7/80). Pero la comprensión de las razones profundas de la crisis del sistema de dominación sionista, y en gran parte del ritmo del proceso de derrumbe del Estado de Israel, está ligada a la comprensión del dispositivo internacional y regional al cual se encuentra vinculado. Sin embargo, en el ghetto judío de Palestina, el aislamiento físico y cultural del mundo hacen que esta comprensión de los sucesos externos sea todavía más difícil.

La crisis económica mundial, prevista hace tiempo, es un hecho establecido. El último informe de la OCDE prevee una baja del PBI, en sus países miembros del orden del 1 por ciento para la segunda mitad del 80, y una baja en la producción industrial del orden del 5 por ciento. En el marco de esta crisis, y de la exacerbación de la concurrencia en los mercados mundiales de exportación, los proyectos del ministro de
Finanzas israelí, concernientes al restablecimiento de la economía a través del crecimiento de las exportaciones, aparecen como totalmente ridículas. En cuanto al último informe sobre Israel del FMI, que es cualquier cosa menos un organismo filantrópico, aconseja a los probables inversores extranjeros de no hacerlo en ese país a un plazo mayor de 5 años, lo que dice mucho sobre las perspectivas que se dibujan en el seno de los grandes bancos internacionales.

A pesar de la baja en el nivel de vida y las restricciones presupuestarias, se prevee que el déficit de la balanza comercial israelí llegará este año a 4,4 miles de millones de dólares. Hay que considerar este fenómeno, también a la luz de la situación internacional, en un momento en que, durante los diez últimos años, los países pobres acumularon deudas hacia los países ricos y los grandes bancos internacionales, que llegan a cientos de miles de millones. Estas deudas astronómicas no pueden crecer indefinidamente, y vemos el ejemplo de Turquía que llegó al borde de la bancarrota económica, que sólo pudo ser evitada gracias a una operación europea de salvataje. Brasil utiliza en la actualidad todas sus entradas por exportaciones para pagar a sus acreedores. Israel, con una deuda monumental en relación a su tamaño, y con el gran bocado que significa la ayuda financiera que viene del presupuesto americano, no podrá escapar, de un lado a la dependencia cada vez más grande y, del otro, a las dificultades de obtención o de préstamo de sumas suplementarias que le son necesarias para financiar sus necesidades militares, para hacer frente a sus deudas y para su desarrollo. La amenaza de una cesación de créditos, o de una incapacidad de adquirir los productos de primera necesidad, incluso las materias primas para el funcionamiento de su industria (materias primas de las cuales Israel está totalmente desprovista), puede concretarse en las circunstancias de un derrumbe del mercado internacional del crédito. Es en este cuadro económico, y en el de las nuevas relaciones establecidas con el imperialismo americano (tal como ha sido analizado), que se desarrolla la crisis de dominación del régimen sionista sobre Palestina.

A comienzos del año 80 se han planteado las primeras luchas contra el Plan Horowitz. Los comités de los barrios pobres de Jerusalem fueron el primer canal por el cual explotó la cólera popular, llamando abiertamente a derrocar al gobierno : luego crecieron como hongos una serie de movimientos espontáneos, que reunieron esencialmente a los habitantes de los barrios miserables y a los jóvenes, de los cuales el más importante, y el que logró estructurarse mejor fue el movimiento llamado “Departamentos inmediatamente”, que manifestó así la profundidad de la crisis de la vivienda en Israel.
Pero el fenómeno sin duda más importante de comienzos de año fue la organización común estructurada por 12 grandes comités obreros: la Unión de Marineros, la Compañía de Electricidad, la Industria aeronáutica, los puertos de Haifa y Ashdod, las industrias químicas del Mar Muerto, los técnicos de Roentgen, los trabajadores terrestres de El Al y el personal de aeropuertos. Estos comités establecieron un secretariado común, que organizó a partir del 27 de enero una huelga de 24 horas. Juntos acordaron un amplio “cuaderno de reivindicaciones», que comprende entre otras, el rechazo a la congelación de los contratos colectivos por un año suplementario y a los planes de despido, en una palabra: contra el “Plan Horowitz”.

Pero estos dirigentes obreros, en su mayoría habituados desde hace años a ocupar su lugar de capa privilegiada en el seno de la clase obrera, tuvieron siempre el hábito de trabajar en común con la Histadrut a fin de obtener conquistéis parciales. Están asustados de la formidable potencia que han reunido tan fácilmente entre sus manos y del significado profundo de la utilización de esta fuerza en la nueva realidad, capaz de provocar una enorme explosión de toda la clase obrera. Esta es la razón por la cual se han limitado al rol de un grupo de presión sobre la Histadrut, y rechazan conscientemente ensanchar su base e incluir nuevos comités obreros. Con la ayuda de estos 12 comités, o a pesar de su voluntad, una Conferencia Nacional Abierta puede dar hoy una respuesta de la clase a Horowitz y a Hechel (secretario general de la Histadrut): la lucha por la huelga general ilimitada, contra los despidos y por la escala móvil de salarios y un aumento inmediato de los salarios para todos compensando las alzas de los precios.

En cuanto a la huelga de los maestros que se producen después, tuvo la gran ventaja de demostrar que una verdadera movilización permitía el retroceso del gobierno y la obtención de la satisfacción de las reivindicaciones. Las particularidades esenciales de esta huelga fueron que no estuvo dirigida “desde arriba”, sino que se debió a la iniciativa de la base, que no tomó en cuenta la decisión del Tribunal de prohibir la huelga, y que movilizó a los maestros, también a los padres de alumnos y a los mismos alumnos, por la victoria de la huelga, en mítines y manifestaciones. Luego, para evitar el hecho de enfrentar nuevas movilizaciones de esta envergadura, y frente a las nuevas huelgas que estallaban en grandes fábricas como Amcor u Ordan, Horowitz tuvo que retroceder sobre algunos puntos esenciales de su plan.
Rápidamente la economía israelí retomó su ritmo de crucero de 10-15 por ciento mensual de inflación, y el ministerio de finanzas se decidió a efectuar cortes suplementarios en el presupuesto de la defensa nacional. Sin embargo, los enormes cortes en los presupuestos de bienestar (educación, salud, etc.), la anulación de las subvenciones a los productos de primera necesidad, y el desempleo creciente, tocan duramente a los obreros más explotados y a los habitantes de los barrios miserables, que hasta ahora no han logrado organizarse.

Lo que está claro es que a pesar de la debilidad de los instrumentos organizativos, existe una gran voluntad de combate en el seno de la clase Obrera: se manifestó en la huelga general contra los despidos en el pueblo de Ofakim, en decenas de huelgas (a veces Contra la voluntad del comité obrero), en paralizaciones espontáneas. Para permitir a cada obrero, árabe o judío, el tomar parte inmediatamente en la organización de esta lucha, la Liga Obrera, en colaboración con otros militantes obreros, llama a la formación de un movimiento por un Partido Obrero —un movimiento al cual podrá sumarse cualquier obrero sin condiciones políticas previas, y en el cual podrá confrontarse con la tarea urgente de la organización de la clase a través de la clarificación de la vía política independiente que permita llegar a eso. En esta necesaria clarificación política, la Liga Obrera propone su propio programa. “La vía de la Revolución Socialista en Palestina”, como programa de fundación y de organización para ese movimiento por un Partido Obrero.

Las capas más fuertes de la clase obrera son las únicas que hasta el momento han podido obtener el estallido del frente burgués. Pero el problema central que la clase obrera debe afrontar en su conjunto, que frena su organización contra los ataques al nivel de vida, ha sido y es la opresión particular de que son víctimas los obreros palestinos. Hasta ahora, ni en las fábricas u obrajes, ni en las movilizaciones populares por la liberación nacional palestina, estos obreros han intervenido en tanto que clase, tan grandes son los obstáculos que se alzan ante esta tarea. En efecto, nada podría conmover tanto las bases del sionismo y profundizar su crisis como la organización de los obreros palestinos sobre una base independiente de clase. En cuanto a las organizaciones nacionalistas burguesas y pequeño burguesas palestinas, rechazan muy conscientemente esta perspectiva. Pero con la profundización de lucha por la liberación nacional en Palestina, la confianza creciente que tienen los obreros palestinos en su propia fuerza puede llegar a manifestarse en las fábricas, y darle a la lucha obrera una nueva capa dirigente, liberada de las influencias ideológicas del poder. A través de la lucha de los barrios miserables, con la marginalización de un número creciente de jóvenes obreros y semiobreros que no se reconocen en el Estado de Israel (cuya expresión más política fue la de Eli Avraham, joven obrero salido de un pueblo pobre que sigue en prisión desde hace 6 meses por su rechazo a enrolarse en el ejército), se puede ver que, entre las masas judías, las capas más explotadas buscan también el camino de la lucha. Nuestra tarea es unificar esta energía revolucionaria de los oprimidos, con la fuerza de que dispone la clase obrera a causa del lugar que ocupa en la producción, sobre la base política de la revolución socialista en Palestina y en primer lugar el cumplimiento de las tareas democráticas de la liberación nacional palestina. La organización política y sindical de los obreros, de todos los obreros, y en particular de las capas más oprimidas de la clase, es en la crisis actual más necesaria y más posible que nunca. Es la cuestión clave para la sociedad entera.

La nulidad de pensamiento, la mezquindad, las pequeñas cuentas del día, son las características esenciales de los dirigentes de todos los partidos burgueses en Israel, que manifiestan así la ausencia de esperanza de toda una clase. Las discusiones sobre la autonomía de Cisjordania no salieron todavía de las cuestiones preliminares de procedimiento, al no estar el gobierno de Beguin preocupado más que en ganar tiempo. Igualmente, la “opción jordana” desarrollada por el partido llamado Laborista no es más que una auto-ilusión. En su conjunto muestran la incapacidad del sionismo de tomarle la medida a los problemas fundamentales de su existencia en Palestina: el “pecado original” que precedió su nacimiento, y el hecho que las luchas palestinas, a pesar de las derrotas, no hayan sido quebradas y siguen siendo un factor político central en la región. Más aún, en el cuadro del debilitamiento del sionismo, la lucha de las masas palestinas se refuerza justamente en los territorios que se encuentran bajo dominio sionista.

Como lo habíamos indicado más arriba, la diferencia fundamental entre la crisis del 75-76 y la actual, es que en ese entonces el centro de la lucha y la movilización palestinas estaba en el Líbano, y hoy ha pasado al interior mismo de Palestina. Ya en esa época existía la crisis del sionismo, pero luego se agravó enormemente. En 1976, el sionismo aparecía como un solo frente ante todas las cuestiones concernientes a los palestinos, hoy, la crisis de la burguesía permite obtener victorias parciales y representa un factor directo en la toma de confianza y la iniciativa de las masas. Sin embargo, el problema clave, ya presente en el 76, sigue siendo el mismo: las masas palestinas sometidas a la ocupación israelí, no pueden vencerla por su sola fuerza, necesitan de sus aliados y del sostén de las masas árabes de los países vecinos, y de las masas judías. En ese sentido, y a pesar de que el centro de la movilización esté, sin ninguna duda, en las masas palestinas, el destino de la revolución socialista se jugará en gran parte en lo que pase en el seno de las masas judías, y en las relaciones que se establecerán entre ellas y las masas palestinas. En este aspecto, opuestamente a lo que pasó en el 76, cuando el período del “día de la tierra” se desarrolló sobre un fondo de calma social relativa y de retroceso de las huelgas, económicas, las condiciones de la crisis del sionismo y el ataque draconiano contra el nivel de vida de todas las masas, crean ahora una posibilidad mucho mayor para que la confluencia entre las luchas de las masas palestinas y judías no sea únicamente de coyuntura temporal (como fue el caso en noviembre del 79) sino también de una coordinación política consciente. Uno de los signos avisores más alentadores de este objetivo es la nueva organización de los barrios miserables de Jerusalem, que bajo la dirección de los Panteras Negras movilizó a sus habitantes contra el establecimiento de las colonias, que se efectúa a cargo del presupuesto de bienestar social. En sus manifestaciones expresaron violentamente su odio hacia los colonos privilegiados. El caso de Eli Avraham, que expusimos más arriba, es otro signo, así como la publicación de la “carta de los 27”, en la cual jóvenes israelíes declaran su rechazo a participar en las acciones del ejército de mantenimiento del orden contra la población palestina. Esos son fenómenos mucho más importantes que el de “Paz ahora”, que moviliza jóvenes pequeño burgueses, completamente aislados de la masa judía explotada, y más aún de las masas palestinas, y que se confina en el rol de “consejero” del gobierno, y se encuentra ahora en su declinación.

Luego del pico de movilización logrado con la huelga general de la población de Cisjordania en noviembre del 79, que llegó a impedir la extradición de a-Chacua, la impotencia demostrada por el gobierno llevó a una fuerte intensificación de la represión por parte de las milicias privadas de colonos: la muerte de un adolescente y de una joven en Kal-khoul, progroms con incendios de departamentos y coches, para llegar finalmente a la tentativa de atentado contra tres dirigentes de municipalidades locales, como resultado del cual Bassam a-Chacua y Karim Khalaf perdieron sus dos piernas. Sin la sombra de una duda estos atentados no se han podido realizar sin un sostén proveniente del interior mismo del aparato represivo.
De hecho, la base del armamento de los colonos y de su milicia privada es perfectamente oficial: ello se hace bajo el ala protectora del ejército, en el cuadro del comité de seguridad de las colonias judías de Cisjordania. A partir de allí, el gobierno ha desarrollado rápidamente una política de mano de hierro, incluso al punto de actuar en contradicción con sus propias leyes a fin de expulsar los intendentes de Hebron y Kalkhoul y el cadi de Hebron. En estos últimos meses, la acentuación repentina de la violencia de la represión por parte del ejército de ocupación, el asesinato de varios alumnos en las manifestaciones, las restricciones a la difusión de la prensa y a la actividad de los dirigentes políticos en los territorios ocupados, muestran que el plomo se ha abatido de nuevo sobre la marmita en ebullición que es Cisjordania, con la evidencia de que el ejército ha retomado su rol represivo. Pero esta ruptura de una situación de parálisis hacia una acentuación de la represión no es más que un callejón sin salida.

Durante este tiempo, mientras la efervescencia se “deslizaba” al interior de las fronteras del 48, entre la población palestina, tampoco aquí la política de mano de hierro quedaba sin respuesta. Es así que las manifestaciones del “día de la tierra” de 1980 fueron las más importantes desde 1976. En los pueblos de Taibeh, Kfar Kana y Arabeh, un frente organizado por los nacionalistas de izquierda, bajo la dirección de los “Hijos del Pueblo”, se llegó a imponer por primera vez en las movilizaciones. Luego de los atentados contra los intendentes de Cisjordania, tuvieron lugar mítines y manifestaciones de solidaridad en los pueblos que hasta el momento no tenían ninguna tradición de lucha, demostrando así la profundidad de la movilización en la base. Los decretos de relegamiento promulgados contra los dirigentes del Movimiento Nacional Progresista, de los “Hijos del Pueblo” y de los dirigentes del Rakah (PC), además de ser incapaces de bloquear el movimiento en lo inmediato, ratifican el hecho de que el sionismo ya no es capaz de mantener la máscara de democracia, incluso en el interior de los territorios conquistados en el 48, sobre los cuales fue establecido el Estado de Israel. El ejemplo más grave de esta política de mano de hierro, es el de “ley Tamir”, votada por todos los grandes partidos sionistas, en julio del 80, que prohíbe toda manifestación, incluso oral, de sostén o de indentificación con la OLP. Pero en la actual situación de crisis, esta espiral de la escalada de represión no podrá detener el proceso de integración de los palestinos que quedaron en Israel en el 48 con la lucha de liberación nacional; al contrario, ella no podrá más que acentuarla.

Hoy, entre las masas palestinas, el objetivo es mantener y reforzar la movilización de masas contra la ocupación y la opresión bajo todas sus formas, en un esfuerzo permanente de búsqueda de las vías de una organización independiente de los obreros y de la movilización de sus aliados en el seno de las masas judías más oprimidas. Es por eso que nosotros levantamos las consignas del “Frente Único por la Defensa del Pueblo Palestino” y de “Partido Obrero”. Sobre toda cuestión sobre la cual se desarrolle un ataque del gobierno o de los grupos fascistas contra los derechos democráticos y nacionales de los palestinos, proponemos una movilización de masas, por medio de mítines, manifestaciones y huelgas unitarias, y llamamos a todas las organizaciones nacionales palestinas y a las organizaciones obreras a participar en estas movilizaciones, a ampliarlas, guardando cada uno su propia autonomía política y pudiendo desarrollar sus propias consignas y sus propias posiciones, pero luchando todos en la unidad contra la opresión. Al mismo tiempo, a través de una lucha común contra la explotación en los lugares de trabajo es como puede establecerse el vínculo de clase entre los obreros palestinos y los judíos, que permitirá a estos últimos abrir sus ojos y comprender cuál es su enemigo común: el régimen sionista, y cuál es la solución común: una Palestina Unificada y Democrática, un Estado obrero y campesino.

Julio 1980

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Argentina: La crisis de la dictadura militar y sus consecuencias

Julio Magri

El golpe militar de marzo de 1976 tuvo por finalidad el aplastamiento del ascenso revolucionario de masas abierto con la huelga general de 1975. y. en general, del ciclo de ascenso político de los explotados iniciado con el “Cordobazo”. Las FFAA actuaron a cuenta de la burguesía y del imperialismo en función de un acuerdo centrado básicamente en restablecer la autoridad del Estado burgués.

El imperialismo yanqui (Ford-Kissinger) estuvo en la primera línea en la gestación del golpe y en la implantación sangrienta de la dictadura militar. Los acreedores extranjeros se convirtieron en su columna vertebral cuando, desde diciembre de 1975, quedó establecido que la orientación económica estaría a cargo de Martínez de Hoz. El agregado militar norteamericano en la Argentina, al ser retirado en 1977 -bastante después de asumir Cárter— expresó su solidaridad con la represión ejecutada por los militares. Idéntico pronunciamiento hizo el agregado militar francés cuando se fue en 1979, y similares planteos formularon los agregados militares yanquis en Chile y Uruguay. Todo esto deja claro el papel central de la CIA en la situación creada en el cono Sur, a partir del golpe contra Allende, en 1973.

El golpe militar vino a hacerse cargo, desde el punto d vista de los explotadores, del fracaso de la experiencia nacionalista abierta en 1973. La huelga general de 1975 reveló que gobierno peronista era incapaz de imponer a las masas su pl¿ de austeridad y de acomodamiento con el gran capital nacional y extranjero, lo que planteó, para la clase dominante nativa, la necesidad de un cambio en lo^ métodos de gobierno y de un cambio de frente ante el imperialismo y las masas. Esta necesidad de un cambio de frente comenzó a expresarse ya bajo la administración peronista, con el viraje proimperialista bajo Gómez Morales, primero, y el “rodrigazo”, después.

El éxito del golpe fue posible por la impasse de la huelga general de junio-julio de 1975. La movilización política de las masas no llegó a liquidar al gobierno peronista, o mejor dicho, si bien agotó las perspectivas de éste, no dio paso a las perspectivas propias del proletariado. Esto quiere decir que no dio lugar a un nuevo reagrupamiento político-sindical del movimiento obrero, independiente de la burguesía, para lo cual era necesario barrer a la burocracia peronista. Esta conservó su dominio sobre los sindicatos y este dominio se convirtió en un factor clave para la desmoralización y el vaciamiento sindical, pavimentando el golpe militar. El proletariado se enfrentó al gobierno peronista, en un paso de ruptura fundamental con el nacionalismo burgués, pero no pudo abrir una alternativa propia debido, esencialmente, al colosal freno de la dirección sindical, aunque también hay que destacar el planteamiento político burgués y los métodos desorganizadores del foquismo, y mencionar la política de colaboración de clases de los que propugnaban la unión nacional a través de la ‘‘convergencia cívico-militar” (PC) o el bloque de los 9 (PST).
Esto traducía en gran medida, y reforzaba, la aún incipiente maduración política de la clase obrera en relación al nacionalismo burgués, es decir, en relación a imponer su independencia de clase y su dirección de la nación oprimida.

El golpe vino a resolver la ruptura del equilibrio implantado en marzo-setiembre de 1973. Su demora (fue concebido desde agosto de 1975) se debió a la necesidad de intervenir en el momento de mayor confusión del movimiento de las masas. El carácter contrarrevolucionario del golpe (lo que se determina por su relación con la lucha de clases) fue señalado por PO desde su origen, precisando que se producía en un cuadro que no se confundía con un aplastamiento prolongado del proletariado y en una situación internacional cuya tendencia dominante era el ascenso de masas y la creación de situaciones revolucionarias.

El choque entre estas dos tendencias -el carácter contrarrevolucionario de la dictadura y la tendencia mundial de la lucha de clases, así como la derrota limitada de las masas— está en la base de las tendencias a la crisis del régimen instaurado en 1976.

Golpe y Semibonapartismo

La dictadura militar no fue un golpe exclusivo de los agentes directos del capital extranjero, sino del conjunto de fracciones de la burguesía nacional y del imperialismo. La articulación política de este bloque, es decir, la forma «Bajo la cual funciona, tiene un carácter especial. Como lo puso de relieve PO, ya en marzo de 1976, el nuevo régimen tiene un carácter semibonapartista, que está dictado por el hecho de que las fuerzas armadas, que asumen el papel de sostenedor represivo directo del Estado burgués, actúan como árbitros entre las fracciones que integran el frente único burgués. Al comienzo esto podía no parecer claro, ya que, en la superficie, y para los superficiales, la dictadura no era más que una guardia pretoriana de la propiedad privada (esto para los lambertistas, porque para los morenistas era una dictadura que articulaba “democráticamente” el frente burgués) (1). La caracterización de semi-bonapartista fue todo un acierto (permitió prever y explicar las crisis del nuevo régimen, incluso en un cuadro de reflujo, y anticipó los choques interburgueses), y eso fue posible porque revela una caracterización correcta del Estado argentino (que es la expresión de la dominación de clase de la burguesía nacional, bajo la presión, en última instancia determinante, del imperialismo), así como una concepción clara de las diferencias entre estas dos fracciones de los explotadores.

Esta característica semibonapartista significa que el gobierno se vio obligado desde el vamos a oscilar entre una función de agencia directa del capital extranjero y otra de circunscriptos planteos nacionalistas, propios de una de las fuerzas en el poder (por ejemplo, oposición a liquidar SOMISA y entregar ACINDAR a la United Steel, resistencia al ritmo y alcance de las desnacionalizaciones).

El ascenso de un gobierno militar significó que los explotadores no fueron capaces de desviar o resolver la crisis anterior por medio de los partidos políticos, sino que debieron hacerlo por una vía indirecta, la de los uniformados que representan el orden burgués semicolonial en general. Esto crea una tendencia general al arbitraje político y, en definitiva, una tendencia al bonapartismo, es decir al arbitraje entre los trabajadores y la burguesía, que asoma en circunstancias de presión especial del movimiento de masas, pero que sólo puede adquirir un carácter agudo ante una recuperación profunda de los explotados. Si en una situación revolucionaria, la emergencia del bonapartismo sólo es posible por un retroceso de las masas, y anuncia un paso hacia la contrarrevolución, en una situación contrarrevolucionaria es una señal de la tendencia hacia la recuperación de las masas y un momento de ruptura de la situación contrarrevolucionaria.

Las características del golpe militar deben entenderse también por referencia al intento de imposición de una salida contrarrevolucionaria alternativa, que estuvo basada en una alianza del lopez-reguismo y del ejército. Esta tendencia estuvo encarnada en los planteos del ex-comandante en Jefe Numa Laplane, y tenía entre sus partidarios a generales como Acdel Vüas. Se trataba (por apoyarse en una fracción de la pequeño burguesía peronista y en los elementos puramente gangsteriles de la burocracia sindical) de un planteamiento fascistizante El desplazamiento de esta alternativa por el golpe militar fue un desplazamiento de método de la contrarrevolución (por inmadurez e inviabilidad del primero). La disputa se resolvió en el sentido de poner a las fuerzas armadas en función de árbitro y no de fuerza de choque de una fracción de la pequeña burguesía, la cual fue políticamente liquidada por el golpe militar.
Todo esto nos permite entender los fabulosos errores de caracterización del golpe cometidos por el PC y el PST (con independencia de las intenciones a los que estos “errores” pretendían servir). Estos caracterizaron al golpe como “democrático”, dentro de las variantes de las dictaduras militares (sic),
porque sólo veían que deshauciaba la solución lopezreguista.

El PST se resistió durante dos años! a decir que el golpe era contrarrevolucionario. Al lado de este planteo oportunista se manifestó también el error sectario, que quedó en evidencia en la polémica con la OCI, la que se empecinaba en negar las funciones de arbitraje del nuevo régimen, esto porque despreciaba las diferentes variantes contrarrevolucionarias; consideraba a todas como la misma. Hoy, la OCI y el PST se unen en considerar a Viola -anticipadamente! – como bonapartista.

Otro aspecto de los que combatieron nuestra caracterización de semibonapartista (por considerarlo puramente imperialista), es que definían la orientación que iría a tener la dictadura de retorno al período agro-pastoril, y que éste era el contenido puramente imperialista del golpe. Según este planteo habría que concluir que el imperialismo se verifica sólo como la explotación de las naciones agrarias; con lo que se vuelve a la definición del imperialismo dada por Kaustky. En realidad, el atraso, ofrecen la posibilidad de una tasa de ganancia superior a la de la metrópoli, y como una forma de detener la caída de objetos de la explotación dependen de las características de la economía mundial en cada etapa. El planteamiento de la dictadura consistió, precisamente, en postular una reestructuración de las relaciones entre la burguesía y el imperialismo, en una reformulación del planteo industrial y no en un retorno al siglo XIX.

El planteamiento económico de la dictadura militar

La burguesía argentina pretendió utilizar la derrota del movimiento obrero para dar una respuesta, no episódica, sino estructural al estancamiento crónico de la economía nacional. Apoyándose en un histórico aumento de la tasa de explotación del proletariado, el programa económico pretendió abrir un nuevo ciclo de acumulación del capital por medio de la integración del mercado financiero nacional al internacional. Para ello levantó todas las medidas restrictivas al capital internacional y montó una escandalosa montaña de subsidios para el conjunto del gran capital, a través de una elevada tasa de interés, sostenida por la intervención del Estado.

Los puntos básicos del programa económico de Martínez de Hoz pueden sintetizarse así: a) imponer un retroceso histórico de las condiciones sociales y económicas de las masas; b) liquidación de una parte del activo industrial obsoleto y de los capitales que no pueden sostener una concurrencia internacional y reactivación por medio del reequipamiento de los sectores capaces de insertarse más profundamente en las corrientes del comercio mundial; c) creación de un fondo de acumulación mediante un endeudamiento general, a través del otorgamiento de concesiones colosales al capital financiero internacional; d) remate de la participación del Estado en la industria privada, determinada en el pasado para salvar a las empresas de la crisis, y desnacionalización de la industria estatizada —esto para promover un masivo ingreso de capitales capaz de sustentar un nuevo ciclo de reactivación; e) reestructuración de la burguesía nacional y una redistribución general de cartas, promoviendo la formación de trusts diversificados en la explotación del petróleo, la celulosa, la exportación de manufacturas agrarias, la petroquímica, la comercialización de materias primas, el acero y la banca.

El método del plan económico es el reflejo del método propio del capitalismo en su período de descomposición, que desarrolla una rama en oposición de las otras, que desenvuelve un aspecto de las fuerzas productivas para frenarlo de conjunto, que extiende y desarrolla el parasitismo -características principales del régimen de monopolio. Por su propia naturaleza es un método de desquicio, que tiene que oponer entre sí a los propios sectores del capital y agudizar la anarquía de la producción, en el contexto de una aguda crisis mundial. Todo esto nos dice que hablar propiamente del “plan económico” es una mistificación, porque lo que impera es precisamente la anarquía, siendo que los grupos dominantes en el aparato del Estado se valen de éste para imponer sus propias soluciones de fuerza en un proceso netamente empírico. Es por no entender esto que se confunden los que buscan en los detalles la coherencia “económica” de un plan que ha cambiado mil veces sus fórmulas técnicas y que no puede sino reflejar el carácter convulsivo de la economía y política mundiales.

La crisis económica

A pesar de la fenomenal plusvalía apropiada por los explotadores en estos 4 años y medio (el salario real descendió un 40 por ciento respecto a 1974), el planteamiento económico de la dictadura fracasó en toda la línea. Si la experiencia del nacionalismo burgués (peronismo) concluyó a los pies del imperialismo, revelándose incapaz de impulsar un programa de desarrollo económico e independencia nacional, ahora ha quedado demostrado una vez más que el sometimiento al capital financiero internacional es un factor de desquicio económico, de desarrollo del parasitismo y, en definitiva, de estancamiento.

Desde principios de año, se ha producido una cadena de quiebras bancarias e industriales que abarcan a empresas y grupos económicos líderes, mientras se encuentran en virtual falencia económica sectores enteros de la burguesía y pequeña burguesía agraria e industrial, sobre todo del interior del país.

Los grupos que han caído son aquellos que el programa económico privilegiaba y que iban a actuar como punta de lanza en la inserción de la burguesía nacional en el mercado mundial, y por lo tanto en la reactivación económica. Estos grupos ascendieron vertiginosamente a partir de 1976, reestructurándose en función de la línea estratégica definida por el gobierno militar. El gran capital aprovechó en parte su libertad para absorber fondos en el mercado financiero para reequipar su activo industrial (casos manifiestos en el acero y la celulosa), pero por sobre todo para lanzarse a fabulosas empresas de concentración económica y de especulación financiera. A partir de 1978, esto se combinó con un vertiginoso endeudamiento externo, debido a la sobrevaluación del peso respecto a las otras monedas.

A su vez los títulos públicos impulsaron un colosal desarrollo del capital ficticio a través del crecimiento de la deuda pública, a lo que hay que sumarle los fabulosos gastos armamentistas que resultan del régimen existente. El endeudamiento externo e interno terminó actuando como una asfixia financiera sobre toda la economía nacional.

El proyecto de insertar a la burguesía nacional en el mercado mundial fracasó estrepitosamente. La producción nacional no encuentra salida debido en parte a la crisis económica internacional (cierre de mercados) y a la baja productividad del capital nacional, entre otros, por las fabulosas cargas financieras. En definitiva, los subsidios estatales de los períodos anteriores fueron reemplazados por un endeudamiento general del Estado y del capital privado y no avanzó un gramo la pretendida inserción competitiva de la industria.

Esto se ve en la evolución que ha tenido la producción. A partir del segundo trimestre de este año, la caída de la producción se ha transformado en depresión lisa y llana. Esta caída es la tercera que se produce bajo el gobierno militar. Esto significa que los ciclos de expansión tuvieron una duración muy breve, menores a un año, mostrando las convulsiones del proceso económico. Además, el volumen de la producción industrial y agropecuaria se colocó nuevamente por debajo del nivel alcanzado en 1974, lo que sumado a lo anterior, marca el prolongado estancamiento productivo.

Un factor esencial de esta caída (además del achicamiento del mercado interno) ha sido el descenso de las exportaciones (este año del orden del 25 por ciento respecto a 1979, mientras crecieron un 30 por ciento las importaciones). La caída de las exportaciones ni siquiera pudo ser “salvada” por las ventas excepcionales, y a precios muy superiores al mercado mundial, a la URSS, con motivo de la negativa del gobierno a sumarse al boycot cerealero yanqui Esta crisis en las exportaciones tiene una gran importancia porque el programa económico apuntaba a privilegiar a los sectores de la llamada «agro-industria”, vinculados al mercado de exportación. Estos grupos en bancarrota reprochan ahora “que la gestión económica iniciada en 1976” preveía “a mediano plazo una muy moderada expansión del consumo acompañada por un fuerte incremento de la inversión y de las exportaciones” (“El Economista”, 26/9).

Todo este proceso explica que la crisis económica explotara como un crack financiero porque se desarrolló sobre la base de un alto ritmo de endeudamiento y porque la pretensión de hacer de Argentina una plaza financiera atractiva al capital externo significó una elevadísima carga financiera para la economía nacional. La deuda externa se triplicó (alcanza los 25.000 millones de dólares), los capitales externos colocados a corto plazo suman otros 30.000 millones y los intereses financieros son del orden de los 5.000 millones de dólares. Por otro lado, que esta situación se ha combinado con una crisis de las finanzas públicas (en los primeros 9 meses de este año, alcanzó un déficit de 6.2 billones de pesos —unos 3.200 millones de dólares- que fueron cubiertos con emisión monetaria). Los intereses de la deuda pública interna y los gastos armamentistas -a pesar del record de recaudación impositiva- han reventado literalmente la financiación del presupuesto.

Todo esto ha llevado a que el equipo económico “liberal”, que se propuso eliminar los subsidios del Estado para implantar la libertad económica, apele ahora al más descarado intervencionismo y a las subvenciones estatales para evitar una bancarrota mayor. El sistema bancario ha recibido más de 4.000 millones de dólares del Banco Central en “adelantos” ante la pérdida de depósitos y la incobrabilidad de los préstamos; la Tesorería más de 3.200 millones de dólares. El Banco Central, a su vez, promovió la formación de clubes de bancos para refinanciar las deudas de los grupos económicos en quiebra.

Sectores de ia burguesía nacional (sobre todo el desarrollismo) señalan que la causa de la crisis está en el ritmo lento de la devaluación monetaria. Esta crítica ha ganado a una buena parte de la izquierda que también propugna una devaluación del peso, para salir de la crisis. Sin embargo, un tipo de cambio más alto no hubiera alterado significativamente las exportaciones, por la menor demanda internacional provocada por la crisis mundial. A su vez, el consumo y la inversión interna aumentaron porque se volcaron hacia los bienes importados, más baratos, pero si hubieran debido volcarse a una oferta más cara tal aumento no se hubiera producido. La crisis económica actual no es un resultado de una medida de técnica económica (devaluación, revaluación) sino de la incapacidad de la burguesía nacional de impulsar ei desarrollo del país y de la inevitabilidad de su postración ante el capital financiero internacional.

La división en la burguesía

Como señalamos, la dictadura se apoyó inicialmente en un determinado equilibrio de los explotadores, cuya base inicial fue una feroz superexplotación de las masas. Por esto mismo el programa económico fue el gran factor de unión de los explotadores. Pero si sirvió para unir a la burguesía detrás de la dictadura, su aplicación la fue escisionando.

Ya en 1977, la oligarquía de la pampa húmeda -fuertemente ligada a la exportación- abrió un frente crítico con el gobierno ante la caída circunstancial de los precios internacionales de cereales y la actualización del impuesto inmobiliario. La presión tuvo su correlato en el terreno político: a esta época corresponden los reclamos por un “consejo asesor” de la dictadura en el que, obviamente, la oligarquía debía tener adecuada representación. La débil reactivación económica y el fenomenal estrechamiento del mercado interno atascaron en otro punto el planteamiento original. La caída del salario real, endeudamiento y costo financieros, el aumento de los alquileres y el alza de los alimentos derivó en una caída del consumo que dio paso a los reclamos de la burguesía industrial más dependiente del mercado interno. La burguesía agraria de las zonas marginales -golpeada, en parte, por el mismo fenómeno siguió un camino similar.

A fines de 1978 el gobierno estimuló una reactivación de corto vuelo por la vía de la inversión pública y el endeudamiento externo; en lo inmediato, tendió a ceder a presiones de todo un frente burgués que reclamaba una reactivación industrial. En los primeros meses de 1979 esa reactivación se había acabado
y con la crisis y depresión económica estalló el acuerdo económico.

La coalición empresaria de apoyo a Martínez de Hoz se fue escisionando a medida que avanzaba la crisis económica. Grandes sectores del gran capital comenzaron a plantear una reformulación del programa económico y, ya producido el crack industrial-financiero, a exigir una línea de rescate de los grupos en bancarrota. Este planteo lo levantaron la Unión Industrial y otras grandes cámaras empresariales.

La lucha entablada en el gran capital está centrada ahora en el destino de estos vastos sectores. Mientras un sector plantea proseguir con el proceso de concentración y liquidación de los sectores en falencia, un vasto frente empresario se ha reagrupado en torno a la exigencia de que el Estado absorba las quiebras, y sobre esa base reformular el acuerdo de la coalición del gran capital con los militares. La crisis de esta coalición se ha convertido en un elemento central de la crisis política, cuyas presiones se concentran ahora sobre la próxima presidencia de Viola.

Por otro lado, se constituyó un bloque burgués que representa a sectores en crisis, atacados por el programa económico de Martínez de Hoz y que están marginados de la coalición gubernamental. Este bloque, que se constituyó recientemente en Rosario (CONAE), tenía como propósito inicial agrupar al conjunto del empresariado contra Martínez de Hoz. No lo lograron, pues las grandes cámaras patronales (UIA. MIA, ADIM, Coninagro, Cámara de Comercio, etc.) rechazaron el planteamiento del CONAE, señalando que eran contrarios a constituir un frente empresario contra el equipo económico, que coincidían con el programa económico de éste y que su crítica se limitaba a la instrumentación y no a la filosofía del mismo. De este modo, el CONAE aglutinó a las fuerzas que básicamente tenía la CGE, la Central formada bajo el primer gobierno peronista, antes de 1972.

La formación del CONAE es, objetivamente, un intento por desplazar a la coalición gubernamental dirigida por Martínez de Hoz. Esto porque, aunque sus planteamientos son económicos, sus alcances son políticos ya que sólo podrían alcanzarse con un cambio de la coalición que sostiene y dirige a la dictadura. Esto debería llevar al CONAE a un planteo de coalición con los partidos democratizantes y la burocracia sindical y entrar en colisión con el propio régimen militar.

La estrategia que se fijó el CONAE fue la de escamotear estos planteamientos políticos y buscar integrar a una buena parte de la coalición de Martínez de Hoz que entró en crisis con éste. Pero, como señalamos, para éstos el problema que está planteado -a partir de la crisis económica y financiera-es reformular los términos de la actual coalición y no derrumbarlo para evitar el peligro de resucitar un frente de características nacionalistas. En definitiva, el régimen militar sigue siendo su régimen y se oponen a impulsar o resucitar bloques burgueses constitucionalistas.

La crisis económica se ha refractado de un modo agudo sobre la pequeña burguesía productiva, sobre todo del interior del país. Esta se sumó a las protestas de la burguesía y contribuyó a masificar los paros empresarios decretados en algunas regiones del país por las cámaras empresariales (Valle del Uco, marchas en Tucumán, Río Negro, etc.).

Por el momento, debido a la posición defensiva de la clase obrera, el centro de la situación política está dominado por la pugna entre los explotadores; se trata de un enfrentamiento entre los enemigos del proletariado. Pero, en tanto se trata de una oposición al enemigo central de las masas, esto es, a la fracción Videla-Martínez de Hoz que comanda el plan hambreador, se plantea a la clase obrera la cuestión de cómo actuar frente a aquellos que, coyunturalmente, se ubican como los enemigos de nuestros enemigos.

Sectores de la burocracia sindical y el stalinismo plantean que el proletariado debe apoyar los planteamientos de la burguesía disidente. Esta posición significa entregarle a la burguesía el control del movimiento de los explotados, condenar al proletariado a la pasividad, porque ningún sector burgués plantea la movilización contra la dictadura, y facilitar que los explotadores resuelvan su crisis en detrimento de las masas.

La estrategia del proletariado es utilizar la pugna patronal para poner en pie a las masas y arrancar a la pequeña burguesía del control del gran capital. Para esto, el proletariado debe concentrar su ataque sobre el enemigo principal, pero sin subordinarse a los planteos disidentes de la burguesía. No sólo esto, sino que hay que criticar despiadadamente a estos últimos, para poner al desnudo el carácter patronal de su política, así como las limitaciones de sus planteamientos políticos reír pecto de la dictadura militar.

Lo fundamental es tener presente que el conjunto de esta situación marca un viraje en la situación política abierta en 1976. Un elemento de la estabilidad del régimen militar, el frente único de la burguesía, se disgrega ante el desarrollo de la crisis económica y social y esos son un motor de la crisis política. Otro elemento, es el pasaje a la oposición activa de la pequeña burguesía productiva. El desarrollo de estas tendencias, unido a la tendencia propia del proletariado a la resistencia, pueden llevar a un punto de estallido las contradicciones vigentes y por esta vía transformarse en un elemento central para que el proletariado revierta su situación de reflujo, y abra el camino para la caída de la dictadura.

La burocracia sindical desorganiza la resistencia del movimiento obrero

La evolución del movimiento obrero durante los últimos cuatro años confirmó dos caracterizaciones fundamentales de nuestra organización: que la clase obrera no ha sufrido un aplastamiento histórico (que desmoralizándola totalmente y reduciéndola a la atomización le hubiese impedido cualquier reacción importante por un prolongado período) con el golpe militar, y la naturaleza orgánicamente ligada a la supervivencia de la sociedad burguesa de la burocracia sindical.

La derrota del proletariado, producto de la traición de su dirección (enfeudada a la política burguesa) y de la ausencia de un reagrupamiento independiente que la expulsara de las organizaciones obreras, fue profunda: se tradujo en el asesinato de miles de activistas sindicales, reducción a la mitad del salario real, desocupación, mutilación de sus organizaciones y pérdida de conquistas históricas tales como los convenios, obras y previsión social, etc. Pero la tradición combativa del proletariado argentino se manifestó en la reacción a esta ofensiva que no conoció interrupciones.

El curso de esta resistencia planteó, recurrentemente, la tendencia hacia la huelga general contra el gobierno militar y por la defensa de las conquistas obreras: 1976, con la huelga de electricistas y mecánicos, 1977, nuevamente los mecánicos, los paros ferroviarios de 1978, 79 y 80, fueron la expresión avanzada de un proceso de vasto alcance, que recoge la experiencia de la huelga general de Junio-Julio de 1975, con la que se paró el “rodrigazo” del gobierno peronista. El rol de la burocracia, verborragia, solicitadas y plenarios aparte, fue el de impedir la generalización de estos conflictos para evitar que confluyesen en un torrente único de lucha contra la dictadura, punto esencial en el que coincidió con ésta, que tuvo éxito hasta cierto punto en su propósito de enfrentarlos aisladamente.

Contra la caracterización unilateral e impresionista del morenismo (“al ser atacados los sindicatos, la burocracia está obligada a resistir”) sostuvimos que la base social de ésta es su relación privilegiada con la burguesía como mediatizadora de la independencia de clase de los trabajadores. Su supremacía está ligada a la supremacía política de la burguesía, de la cual es un agente en las organizaciones obreras. Tal ha sido su origen histórico y tal será su fin.

En las condiciones de un gobierno de reacción política, que es apoyado por el conjunto de la burguesía puesto que surgió como último recurso del capitalismo contra la irrupción revolucionaria de los obreros, toda veleidad “opositora” de la burocracia está subordinada a la evolución del frente burgués. Por esto, la burocracia se ha adaptado a los ataques de la dictadura militar, haciendo primar su solidaridad con el conjunto de la burguesía por encima de los derechos elementales de los trabajadores, y aún por sobre el cercenamiento de gran parte de sus privilegios de burocracia obrera.

Los hechos no hacen sino confirmarlo: los sindicatos fueron atacados como nunca, y la burocracia no ha hecho sino adaptarse sistemáticamente a esos ataques.

La nueva “Ley de Asociaciones Profesionales» disuelve la CGT y prohíbe a los sindicatos su participación en política. A ello se suma el propósito (por ella estatuido) de dividir y atomizar los grandes sindicatos nacionales, a través de la formación de sindicatos provinciales, autorizando la formación de sindicatos paralelos en la misma rama e inclusive abarcando un “ámbito menor”. La Ley liquida virtualmente la institución del delegado de sección, al establecer que serán elegidos a razón de uno cada 100 trabajadores; liquida el “fuero sindical”, dejando a delegados y dirigentes al arbitrio de la patronal y la policía; expropia las obras sociales sindicales, quitando a los gremios la dirección y el manejo de los fondos. El Ministerio de Trabajo tiene poderes omnímodos sobre todo el movimiento sindical, asegurándose el Estado y las Fuerzas Armadas una colosal injerencia en las organizaciones obreras.
Pues bien, frente a esta ley, la conducta de la burocracia fue la elaboración de un plan, al que por antifrase bautizó como “plan de acción”, que consistía en convocar a una reunión multisectorial con las cámaras empresariales, los partidos burgueses y la Iglesia —todo lo cual fracasó estrepitosamente.

La burocracia no ha planteado siquiera una política tradicional de presión y negociación con la burguesía y el Estado. La movilización independiente de los trabajadores, única forma de resistencia real a los ataques antiobreros, está excluida de su perspectiva. Toda su buena voluntad hacia los partidos e instituciones de la burguesía, contrasta con su política de desarticular al movimiento huelguístico que espontáneamente surgía de las fábricas, que planteaba la posibilidad de un combate centralizado contra la ley, que acabó por ser sancionada.

La solidaridad política de la burocracia con los garantes actuales del orden burgués llegó a expresarse más directamente aún: no sólo se integró a las “comisiones asesoras» de los interventores militares en los sindicatos (forma extrema de colaboracionismo apoyado fervorosamente por el PC y el PST), saludó la “lucha antisubversiva» de los militares, sino que llegó a defender encendidamente a la dictadura militar contra las críticas a las que era sometida en la OIT.

La actual división de la burocracia en diferentes bloques (la CNT, los 25, los 20) se corresponde con la propia crisis y división burguesas, cuyas fracciones están sin embargo unidas por una común aceptación del régimen militar.

Esta división favorece asimismo a la dictadura. Esta no alienta a un bloque “preferido», sino que medra con la fractura del movimiento sindical (como un factor supletorio de desorganización) para arbitrar por encima de las diferentes fracciones y arribar a la reselección de un cuadro dirigente digitable por los milicos.

Las posibilidades para la burocracia de superar su división están identificadas a las de la burguesía por superar las suyas. Ya van varios años de cacareo de la “unidad», y aún los intentos de proclamarla formalmente (recientemente, la CNT, los 25 y los 20 aprobaron unificarse en torno a la sigla CGT) no hicieron sino preparar una división mayor aún, profundizando la disgregación: la “unidad” culminó en la reformulación de los bloques originales y en el desprendimiento de éstos de algunas regionales del interior.

La división, sin embargo, es un factor suplementario de debilitamiento de la burocracia, que la torna más vulnerable frente a los ataques del gobierno, y frente a una eventual irrupción de la clase obrera. Lorenzo Miguel, máximo líder sindical peronista en el período previo al golpe de estado, puso por ello -luego de ser liberado por los militares- todo el peso de su autoridad para superar la división de las cúpulas sindicales, cosechando un nuevo fracaso.

Es que la situación de la burocracia sindical no puede dejar de reflejar la del movimiento político bajo el cual se estructuró. El peronismo puede seguir siendo un factor en las combinaciones políticas de la burguesía, y en este sentido aún posee vigencia política. Pero su agotamiento histórico como movimiento nacionalista de masas es irreversible: está condenado a una existencia bastarda, de deterioración y disgregación crecientes. El punto culminante de este agotamiento fue la huelga general de 1975, que lo enfrentó al conjunto del movimiento obrero, y que fue asimismo uno de los puntos máximos de adaptación de la burocracia a la burguesía, cuando se “borró” de las organizaciones obreras para castrarlas y así salvar al gobierno peronista contra los trabajadores, pavimentando objetivamente el camino del golpe militar. La conducta actual de la burocracia no es sino la prolongación de aquélla en las nuevas condiciones.

La tentativa de reunificar a la dilección sindical por el simple expediente de colocarle la camiseta peronista no tiene ni de lejos la fuerza que pudo haber tenido bajo la revolución libertadora, cuando la escena política continuaba dominada por la polarización peronismo-gorilismo. Es este cambio en las relaciones políticas entre las clases, que refleja el incipiente pero seguro pasaje del movimiento obrero hacia posiciones de independencia política, lo que se encuentra en la base de la crisis de la burocracia sindical peronista.

El proceso de recomposición de un movimiento obrero independiente y de selección de su vanguardia ha tenido, sin embargo, un carácter sumamente lento. Esto en primer lugar por la profundidad de la derrota sufrida, con su secuela de represión y eliminación de activistas. Y también por el obstáculo suplementario que significa la presencia de la burocracia, que no fue superado en la fase de mayor ascenso. Pero aún así, la resistencia obrera fue un proceso constante desde 1976, que por momentos amenazó con generalizarse, y que ha ido forjando a una vanguardia obrera, como una fracción más o menos estable de activistas que se destacan en el combate antipatronal y que se orientan hacia los planteos de independencia de clase. Ahora, esta resistencia se combina con la pugna en la burguesía y en el gobierno y con el pasaje de una parte importante de la pequeña burguesía a la oposición activa. En estas condiciones, una acentuación de la resistencia obrera tendría enormes posibilidades de desarrollo, a expensas de las contradicciones de la dictadura. El impulso de las masas puede provenir de un agravamiento de la crisis económica, por una mayor división de la burguesía o por la intervención generalizada de algún sector del movimiento obrero.

La propuesta de PO de impulsar una campaña por un paro nacional tiene por base la presente crisis política, el conflicto interburgués, el agravamiento de la crisis económica, la resistencia de la clase y su tendencia hacia un movimiento de conjunto. Esta campaña se inscribe en la tendencia del proceso político de disgregación de la burguesía y de recomposición del movimiento obrero, agrupa a los activistas obreros que surgen en los movimientos de resistencia y le da una perspectiva política centralizada a las actuales luchas defensivas. Esta campaña va unida a la construcción de una Tendencia Sindical Independiente, expresión organizada del activismo con una activa de acción común y un programa de cabal independencia obrera.

Como la actividad de nuestro Partido lo ha ido poniendo de relieve, es posible afirmar que se está desarrollando una nueva vanguardia, que busca abrirse paso por encima de las traiciones de la burocracia y orientarse hacia posiciones de independencia obrera. Las consignas de PO de organizar una campaña por un paro nacional, de construir una Tendencia Sindical Independiente y por un Partido Obrero Independiente buscan clarificar entre los activistas que van surgiendo en cada fase de la resistencia el carácter de la situación presente, las tareas de conjunto que de ella se desprenden, en la estrategia de independencia cabal y completa del proletariado. Se trata en definitiva de poner las piedras básicas de la nueva dirección del proletariado, que emergerá a la luz cuando el movimiento de las masas inicie un viraje radical.

La crisis política y el gobierno de Viola

El desarrollo de la crisis económica y social y la división que se ha producido en la burguesía frente al curso de la poli-rica económica se refleja directamente en las FFAA, esto es, en los detentores del poder.
La designación de Viola fue una manifestación clara de esto. Es evidente que éste no fue designado unánimemente por las tres armas (la Marina se opuso) y se habría apelado a la simple mayoría para designarlo. Otro elemento es que sectores del Ejército habrían apoyado el planteamiento de la Marina.

No hay duda que Viola representa el más alevoso continuismo. Lo eligió la Junta Militar, representa a la dirección que preparó y ejecutó el golpe de 1976 y se identifica con la línea de Videla. Pero las condiciones políticas generales y la relación entre las distintas clases y el gobierno se han modificado sustancialmente en el curso del gobierno militar. En este sentido, el objetivo definido hace tiempo por la dictadura de montar un proceso ultraregimentado de institucionalización que consagre la supremacía de la coalición política actual está agotado. Mientras Videla se apoyó en la unidad de la burguesía para derrotar al proletariado y buscó, sobre esta base, estructurar un continuismo institucional, Viola tiene planteada la tarea de reunificar a la burguesía, sobre la base de un nuevo planteamiento político y económico.

Existen dos cursos alternativos que puede adoptar la dictadura para hacer frente a este cuadro de crisis.
Uno de ellos es continuar contra viento y marea con la actual política económica, lo que significaría ir hasta el final en la liquidación de importantes sectores de la burguesía industrial, profundizando aún más el proceso de concentración y la penetración imperialista. La trenza que representa Martínez de Hoz está peleando por esta variante, que no debe ser descartada desde el momento que cuenta con importante apoyo del capital financiero internacional. Cuenta también a su favor con la actitud de los otros sectores de la burguesía nacional. La Unión Industrial, Confederaciones Rurales, etc., acaban de ratificar, con su negativa a asistir a la reunión empresaria de Rosario, que no quieren llevar sus disputas con la política económica al extremo de modificar la correlación de fuerzas burguesas establecida por la dictadura (para lo cual deberían apoyarse en los partidos tradicionales y en la burocracia sindical). Se orientan a buscar un acuerdo que reconstruya la coalición del gran capital e impida la desestabilización del régimen.

La elección de esta alternativa tendría como resultado político una polarización aguda, de tipo “nicaragüense”, donde los partidos burgueses pasarían a una oposición más abierta y a sufrir una persecusión en regla. Esto plantearía la postergación por todo un período de cualquier planteo de institucionalización basado en un frente político representativo de la gran burguesía.

La otra alternativa es la instrumentación de una política de reactivación económica por medio de un impulso estatal, que permita recomponer el trente burgués de apoyo al gobierno. Aunque esa política no significaría revertir los grandes “logros” de Martínez de Hoz (liquidación de conquistas obreras, de las barreras proteccionistas de la industria nacional), llevaría a roces con el imperialismo, en especial con la gran banca internacional (que vería recortados los superbeneficios de la escandalosa política de atraer fondos a corto plazo pagando la mayor tasa de interés internacional). Si se concretara una reactivación su resultado sería: a) una oxigenación para el conjunto de la burguesía nacional, pero avivaría la lucha entre sus fracciones y entre éstas y el capital imperialista por la recuperación del mercado; b) y plantearía un reforzamiento de la capacidad de resistencia económica de la clase obrera.

Estas alternativas sólo alteran la modalidad de la crisis política próxima, la que es inevitable por el hecho de no estar planteada una perspectiva de crecimiento económico capitalista, ni mundial ni nacional, en al curso del próximo período.

Pero, además, cualquiera sea la variante por la que opte el gobierno de Viola, una tenderá a engendrar a la otra. Si se aplica un curso duro, el aislamiento a que esto llevará al régimen planteará crecientemente a la burguesía y a los propios militares la necesidad de una alteración del mismo. No hay que olvidar que el imperialismo caracteriza a la situación mundial como convulsiva, creadora de situaciones revolucionarias, y es por ello que propugnan la “institucionalización”, como planteo de absorción de las oposiciones nacionalistas o liberales. De otro lado, si se abre paso a una reactivación, la consiguiente aceleración de los conflictos, de la resistencia de las masas y la probable recuperación de los partidos burgueses tradicionales avivarán las prevenciones de la camarilla militar y del gran capital, que tratarán de contragolpear para que no se reabra la situación del 75.

De todo lo dicho se desprende que no hay por delante la perspectiva de una atenuación más o menos prolongada de los antagonismos interburgueses y de consolidación de un acuerdo político por arriba, sino de una constante crisis de los explotadores. Pero la consecuencia del desarrollo de la crisis económica y de la división del frente burgués es que ya plantea, y tiende a agudizar, la discusión sobre el porvenir del régimen político; esto quiere decir la discusión sobre la fecha y la forma de su salida de escena. Está claro que esto toma la forma de un debate sobre las componendas necesarias para mantener en pie las conquistas principales de la represión contra las masas. De cualquier manera, sin embargo, pone a todas las clases ante al problema de pronunciarse y, a partir de aquí, de sus programas. La cuestión de la democracia, del frente antiimperialista y la de la independencia obrera pasarán a ocupar el centro de la escena política. Contra los que en cinco años pasados de la dictadura veían la institucionalización a la vuelta de cada esquina, esto porque decían que la dictadura era democrática, y que, ahora, desilusionados propugnan la larga marcha por el desierto y las estepas de la resistencia, nosotros decimos que es justamente ahora que se irán planteando abiertamente todos los problemas emergentes de la crisis política, es decir, no porque la dictadura se haya transformado subjetivamente en progresista o democrática.

Frente único antiimperialista y Asamblea Constituyente

La dictadura militar ha llevado hasta el extremo los problemas propios de la Argentina como nación atrasada y semicolonial; la expropiación política de la nación a manos de una camarilla militar; la entrega sin precedentes al imperialismo; la existencia de un estado policial que aterroriza a todos los sectores explotados y progresistas; la superexplotación de los trabajadores bajo salarios que muchas veces están por debajo del mínimo de reproducción de la clase obrera; la colonización clerical, oscurantista y policial de la cultura y la educación; la intervención militar de las organizaciones obreras y la ausencia total de libertad política.

El desarrollo de la lucha de las masas sacará a luz todos estos problemas y los centralizará en la cuestión de la democracia política. Para la clase obrera está planteado organizar y ponerse a la cabeza de la gran mayoría nacional, entroncando con las reivindicaciones democráticas y sociales de las masas explotadas.
Es con este objetivo que el trotskismo avanza la táctica del frente único antiimperialista.

Para la burguesía nacional el problema está planteado de modo inverso: reconstruir el cuadro de sometimiento del proletariado a la burguesía que se rompe con el agotamiento del peronismo. Si el desarrollismo ha ganado un lugar relevante dentro de los críticos burgueses de la perspectiva económica y política del gobierno, es porque se presenta como la corriente que intenta formular de la manera más acabada este planteo. Los desarrollistas han rechazado la noción de “convergencia cívico-militar” como una política de corto vuelo, oponiéndole la de “alianza de clases y sectores sociales”. Se trata del planteo de un frente nacional (“movimiento nacional”) bajo hegemonía de la burguesía. Pero si el peronismo, que fue un movimiento nacional de masas bajo dirección burguesa, concluyó postrado ante el imperialismo y furiosamente antiobrero, el «frente nacional” postulado por el desarrollismo aparece apenas como su parodia. Para éste, “la alianza de clases y sectores no sólo es viable… es indispensable, cualesquiera que sean los caminos que se transiten en plano institucional. Haya o no elecciones, el camino no es escindir el país civil del país militar” (R. Frigerio, “Línea”, octubre 1980). En esencia es, pues, un planteo tendiente a cerrar la escisión creciente e irreversible entre las masas y la dictadura militar, para salvar a esta última.

El desarrollismo se lanza a capitalizar la crisis burguesa proponiendo una “protección de la industria nacional” (para interesar a los sectores burgueses disidentes con la política oficial) y una “actualización de los salarios” (para interesar a la burocracia sindical en la “alianza de clases”). Como programa postula, sin embargo, “el sinceramiento de precios y tarifas” (como si Martínez de Hoz no los hubiera “sincerado” más allá de lo soportable!), la “devaluación monetaria” (que, so pretexto de favorecer las exportaciones, lo única que acarrearía sería un encarecimiento aún mayor del costo de la vida), el «redimensionamiento del sector público” (continuar entregando las empresas estatales al imperialismo, y lanzar a la calle y al ejército industrial de reserva a miles de empleados públicos), para rematarla proponiendo abrir generosas puertas al capital extranjero, cuyo aporte “desarrollaría” la estructura industrial del país —pero Martínez de Hoz ya lo hizo (en una medida diez veces mayor que Frondizi en el 58-62) atrayendo sólo una enorme masa de capital especulativo consagrado al saqueo de la economía nacional. Las reformas de defensa de la industria nacional son sólo un taparrabos utópico y reaccionario. Huelga decir que el desarrollismo es un enemigo jurado de la movilización de masas: ha saludado la sangrienta represión contra éstas llevada a cabo en nombre de la “lucha antisubversiva”. Se trata de un programa crudamente antidemocrático y proimperialista, que demuestra que la reconstrucción de un «frente nacional” con dirección burguesa, que reproduzca relaciones políticas semejantes a las del peronismo, es una perspectiva superada por el desarrollo histórico y por la lucha de clases. El apoyo que le brindan buena parte de las direcciones políticas y sindicales del peronismo (los «25”) retrata su naturaleza contrarrevolucionaria.

El Partido Obrero, al plantear una alianza de todas las clases y sectores explotados (obreros, campesinos y pequeña burguesía), postula un auténtico Frente Revolucionario Antiimperialista, cuya estrategia es el gobierno obrero-campesino. Coloca en su centro la acción directa de las masas y la hegemonía del proletariado. Confronta su programa antiimperialista a las propuestas traidoras de la burguesía nacional: por la estatización de las empresas privatizadas por la dictadura, por la investigación de la deuda externa, por los precios máximos y el control obrero de la industria y los bancos, por la expropiación del imperialismo y los terratenientes, por el derrocamiento de la dictadura militar. Organiza a los trabajadores para el combate por la recuperación de los sindicatos, para que la movilización independiente de éstos los convierta en el eje de aglutina-miento del frente único de las masas explotadas.

Un aspecto central de este combate, en la actual etapa del movimiento de los explotados, lo constituye la lucha por las libertades democráticas y la Asamblea Constituyente. Es un orgullo para PO su participación sin desmayos junto al movimiento de familiares de presos políticos y desaparecidos, que es hoy el movimiento democrático más importante contra la dictadura militar. Se trata de una cuestión que amenaza transformarse en uno de los mayores factores de crisis del régimen militar. Nada retrata mejor el cinismo de los partidos burgueses «democratizantes” que su ausencia de participación y solidaridad con este movimiento, que en algunos casos (Balbín, de la UCR) ha llegado a la convalidación lisa y llana de los crímenes de la dictadura.

Partidarios incondicionales de la profundización de este combate, PO entiende que la lucha por el conjunto de libertades y derechos democráticos (libertad a los presos y desaparecidos, investigación de los crímenes, devolución de los sindicatos, derecho de huelga, plena libertad de organización gremial y política) y, fundamentalmente, por las reivindicaciones antioligárquicas y antiimperialistas puede centralizarse ya en la propaganda y agitación por una Asamblea Constituyente soberana.

El rol más directo de esta consigna es el de mostrar el cuadro de represión y arbitrariedad vigentes, oponiendo la simple idea de la soberanía popular al monopolio político ejercido por una camarilla de militares y representantes de la gran burguesía y el imperialismo. Pero este aspecto, que constituye la gran fuerza movilizadora de la consigna, no agota el análisis de su lugar en la agitación y propaganda revolucionarias.

El debate sobre la “institucionalización” abierto en las filas de la burguesía no es una mera necesidad episódica ni se reduce a una simple maniobra de diversión de las masas. Alejado el proletariado de la escena política, se trata para la burguesía de resolver el problema de la crisis crónica del estado argentino: que para gobernar el país, no lo ha conseguido desde 1930 hasta hoy sino echando mano a recursos de excepción: gobiernos «democráticos” proscriptivos o de crisis, gobiernos bonapartistas, dictaduras militares. La burguesía argentina, como un aspecto del aborto de la revolución democrática, ha sido incapaz de hacer asumir a su estado las funciones que ie son propias: la de centralizarla como clase frente al proletariado y las burguesías rivales. Pero si la burguesía ha sido incapaz de resolver democráticamente esta cuestión durante el período de ascenso del capitalismo, durante el período de su descomposición y crisis histórica sólo atina a intentarlo mediante los métodos más reaccionarios. En el cuadro del inmovilismo político que caracteriza a la fracción burguesa más concentrada actualmente en el poder, un solo punto queda claro: su pretensión de institucionalizar el arbitrio, incorporando orgánicamente a las FFAA, con poder de decisión y veto, a las principales funciones estatales. Se trataría de dotar de un barniz «democrático” -que permitiría ampliar las bases sociales del Estado- a un régimen de arbitrio permanente. Los partidos “democratizantes” de la burguesía y el stalinismo han mostrado toda su miseria e inviabilidad histórica al subordinarse a este planteo de los militares. Se han limitado a reclamar cambios en la política económica (peronismo), la aprobación del estatuto de los partidos políticos (radicalismo), o una “convergencia cívico-militar” (PC), sin cuestionar el régimen militar existente y dejándole enteramente la iniciativa.

Pero la propia evolución de la división burguesa (resultado del agotamiento de la economía semicolonial en el marco de la crisis económica mundial) ahonda la crisis de la dictadura y pone de relieve su ausencia de plan político. Luego del fracasado intento de constituir un «movimiento de opinión” oficialista, el gobierno ha apelado al expediente de abrir un «diálogo” político, recurso de fachada (se ha convocado a los políticos burgueses a discutir la “filosofía del proceso’’) que se ha visto superado una y otra vez por la profundizadón de la crisis económica. Ni aún así han abandonado los partidos burgueses su subordinación al militarismo, pero es vital para el proletariado, en este periodo de luchas defensivas, aprovechar esta crisis para aislar y golpear a la dictadura. La consigna de Asamblea Constituyente permite a la clase obrera terciar en el debate político, oponiendo este real planteo democrático a las combinaciones continuistas de los militares. Al mismo tiempo, permite desenmascarar la miseria antidemocrática de las posturas de la burguesía democratizante —que intenta interesar a las masas en días— mostrando su negativa a formular cualquier planteo democrático y a romper en consecuencia con los militares. Su perspectiva es la de hacer saltar por los aires el contubernio podrido que intenta orquestar la dictadura, y abrir la vía para que el proletariado se perfile como la dirección política de la nación oprimida, liderando la lucha del conjunto de los explotados.

Como parte de una batalla llevada adelante nacional e internacionalmente, contra la degeneración del movimiento trotskista y por la reconstrucción de la dirección revolucionará mundial (la IV Internacional), PO se ha visto obligada a precisar el lugar teórico y el real alcance político de la consigna de Asamblea Constituyente.

a) Contra quienes (como el lambertismo y el morenismo) plantean a la Asamblea Constituyente como una institución que se integra al Estado obrero, negándole su carácter burgués. Esta concepción se aparta de la lucha por los soviets, allí donde aparece un movimiento revolucionario de masas. La Asamblea Constituyente aún en su forma más democrática, no deja de ser una institución de la democracia burguesa. Planteada por los revolucionarios, la función de la consigna consiste en debilitar al gobierno burgués presente y abrir paso a la movilización independiente de las masas (doble poder). Bajo una fraseología revolucionaria, el lambertismo castra la verdadera función progresiva de la Asamblea Constituyente, v al presentarla como el final de la lucha revolucionaria, se bandea hacia la teoría del tránsito parlamentario al socialismo y la revolución por etapas. Esto los lleva a capitular ante la burguesía democratizante que puede llegar a utilizarla para dividir y confundir a las masas (Perú). O peor aún —e incluyendo en este caso también al SU— al dotarla de un valor absoluto (al estilo de los demócratas burgueses), los lleva a colocarse a la derecha del espectro político —como en Irán, cuando propusieron una Asamblea Constituyente “con o sin Bakhtiar” a pocos días de la insurrección popular que lo tumbó.

b) Contra quienes la presentan como la estación terminal de la lucha democrática, que marcaría el inicio de la revolución democrático burguesa. Esta es la postura del neostalinismo y del centrismo (MIR boliviano, UDP). Esta postura concluye desmoralizando y desarmando a las masas, a las que se niega a centralizar al margen de las instituciones burguesas, dejando el campo libre a las componendas entre la burguesía y la reacción imperialista, y pavimentando de este modo el Camino del golpe militar (¡Bolivia!).
Para los trotskistas, la Asamblea Constituyente es una consigna democrática que tiene una función transitoria mientras es una palanca para la movilización independiente de las masas hacia la lucha por el poder. Como toda consigna democrática, que se apoya en el aspecto progresivo y movilizador de las ilusiones democráticas de las masas, conlleva el peligro de encerrarlas a ellas y a los propios revolucionarios en el marco del democratismo. Por ello la agitación por la Asamblea Constituyente debe ir acompañada del señalamiento constante que sólo la organización independiente, la acción directa y el armamento de las masas garantizarán la victoria definitiva contra la reacción. La movilización por la Asamblea Constituyente se transforma así en una fase del combate por la organización de los consejos y milicias obreras.

Los trotskistas participan en el combate por la democracia, y pugnan por conquistar su dirección, no en tanto que demócratas, sino como comunistas, preparando las condiciones para la revolución proletaria.
Por la independencia obrera. Está planteada la consigna: por un partido de los trabajadores.
El proletariado argentino carece de estructuración política propia. Durante tres décadas ha seguido a una dirección política burguesa: el peronismo. Este partido completó acabadamente su ciclo de dominación política. Surgido en 1945 —al calor de una movilización antiimperialista de los trabajadores- como un movimiento nacionalista de masas, culminó en 1975, bajo una nueva movilización antiimperialista, pero esta vez dirigida en su contra. La huelga general de Junio y Julio de ese año (dirigida contra un gobierno peronista totalmente postrado ante el imperialismo) fue el punto culminante, de un proceso iniciado con el “cordobazo» (Mayo de 1969), que comenzó a desbloquear las tendencias hacia la independencia de clase de los trabajadores. Esto se expresó en el florecimiento de agrupaciones sindicales y fabriles antiburocráticas, una de cuyas expresiones más altas fue el Sitrac-Sitram (sindicatos de Fiat). El acceso i del peronismo al gobierno en 1973 no consiguió revertir ese proceso; al contrario, a medida que revelaba ante las grandes masas su naturaleza antiobrera y se rendía ante las exigencias del imperialismo, nuevos sectores del proletariado rompían con el peronismo y la burocracia sindical. Expresión de esto fueron los sindicatos y comisiones internas clasistas en Córdoba, el triunfo antiburocrático en la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución y el reguero de delegados antiburocráticos que surgían en las fábricas de todo el país. Las huelgas de 1975 culminaron la experiencia política del proletariado con su dirección burguesa. Con anterioridad a este proceso, las tendencias siempre presentes hacia la independencia política habían sido combatidas con relativo éxito por la burocracia sindical peronista. La muerte física de Perón precedió en muy poco tiempo a la muerte política de su movimiento. Las direcciones socialdemócrata y stalinista, por su lado, han quedado reducidas a expresiones raquíticas en el movimiento obrero, por su emblocamiento recurrente junto a la oligarquía y al imperialismo.

El golpe militar de Marzo de 1976 alteró el ritmo del proceso de maduración clasista del proletariado. Ciertamente, la feroz represión desatada le ha impuesto a éste un retroceso en todos los planos. Pero no ha logrado impedir que se desarrolló una vasta resistencia a los planes antiobreros. A pesar del ritmo lento de recuperación de la clase, apenas se desarrolla una lucha se destacan a su frente activistas jóvenes con una profunda conciencia antiburocrática, que recogen toda la experiencia política anterior. Es decir, que el golpe no ha logrado erradicar del movimiento obrero su tendencia hacia la independencia política. Este hecho es uno de los factores principales de crisis del régimen militar.

La crisis irreversible del peronismo es una expresión del agotamiento de la economía semicolonial en el cuadro de la crisis mundial del capitalismo. La tendencia a la crisis significa que se agotan los recursos para una política de concesiones a las masas y agudiza la dependencia de la burguesía nacional respecto al imperialismo. El ocaso del peronismo traduce la situación histórica concreta de la sociedad argentina, que se caracteriza por un agotamiento del margen de maniobra de los explotadores nativos frente a los foráneos y a los trabajadores del país.

La política de la burocracia sindical ligada históricamente (a través de las presiones y alianzas) a la burguesía, se encuentra por ello en una impasse total. Las clases dominantes en su conjunto están unificadas en el propósito de reventar la posición de fuerza que, históricamente, han tenido los sindicatos.

Hace tiempo que el desarrollo sindical argentino ha entrado en contradicción con la crisis y decadencia del capitalismo semicolonial. La burocracia se ha ido adaptando crecientemente a este curso, porque su política pretende sólo salvar una parte de sus privilegios, aún a costa del cercenamiento de la mayoría de ellos y de las conquistas sociales y organizativas del proletariado. En el pasado, la burocracia pudo canalizar, con mayor o menor éxito, la resistencia de las masas hacia una perspectiva política burguesa (alianza con Frondizi en el 58, apoyo de un sector a Onganía en el 66, voto al FREJULI en el 73). Hoy en día está pagando su adaptación a una burguesía, que no está dispuesta a ningún coqueteo ni concesión a las masas, con una colosal crisis interna y una total ausencia de perspectiva política.

En fin, el terrible agravamiento de las condiciones de vida de las masas, obliga a éstas a una resistencia creciente, que no se ha interrumpido (peso a los flujos y reflujos) desde el momento mismo del golpe militar. A su turno, esta resistencia obrera obliga a destacar una vanguardia, que se ve confrontada de entrada al problema de desarrollar una lucha antigubernamental, independiente de todo sector burgués, y enfrentada a la pasividad y el rol desorganizador de la burocracia sindical.

Esta tendencia histórica ha cobrado una enorme actualidad a partir del acelerado proceso de crisis de la dictadura militar, que tiene por causa inmediata el fracaso del plan económico. Para el gobierno militar está planteada una alteración de las alianzas políticas que lo sustentan, como una forma de recomponer el frente único burgués. La aguda lucha que se desenvuelve en el campo de los explotadores coincide, más o menos directamente, con una renovación creciente del movimiento de la pequeña burguesía, y con el telón de fondo de una constante resistencia obrera. Como quiera que esta situación coloca en la impasse al gobierno militar, el nombramiento de un nuevo presidente plantea el debate sobre la duración, es decir, la permanencia de la dictadura. Reflejo de esta situación es la presencia cada vez mayor de los partidos burgueses en el proceso político, las discusiones de alianzas y la aparición de rupturas, en definitiva de toda una preparación de fuerzas para intervenir en la salida a la dictadura militar. Está claro que una situación de este tipo plantea inmediatamente la independencia política de la clase, es decir, que el deber de la vanguardia proletaria es señalar la estrategia que delimite a la clase obrera de las maniobras de los explotadores. Ni qué decir que la propia resistencia obrera puede cobrar un vigor mayor si su vanguardia deja de ser confundida por agentes de las maniobras burguesas.

Las tendencias de la crisis política convergen, además, con un debut de recomposición de la vanguardia obrera. Debe entenderse por esto no sólo el surgimiento de activistas en el curso de las luchas parciales -lo que es naturalmente inevitable— sino el carácter conciente de su estructuración, que se manifiesta de diversas maneras: formación de bloques dentro de las fábricas que se delimitan, sistemáticamente, de la burocracia sindical, y crecimiento del número de activistas que trabajan coordinadamente con los partidos que se reclaman obreros o revolucionarios. Ni qué decir que esta vanguardia debe ser conquistada para una estrategia de independencia política, de la cual depende su estructuración futura, y que se concreta bajo la consigna de partido de trabajadores. Esta traducción del planteo del partido obrero independiente corresponde al objetivo de independencia de clase, en una situación en que ésta no se ha delimitado aún de la burguesía.

El conjunto de las luchas contra la dictadura, pero especialmente las del último período (huelgas ferroviarias y de mecánicos) ha ido decantando una nueva vanguardia obrera, que se ha visto obligada a desarrollar desde sus primeros pasos una política antiburocrática. La lentitud en la articulación de esta vanguardia, dificultada por la represión dictatorial, patronal y burocrática, y condicionada por el ritmo lento de la recomposición del movimiento obrero, no le ha impedido llegar a ocupar posiciones organizativas de importancia. El nuclea-miento de numerosos activistas alrededor del boletín sindical lanzado por Política Obrera (Qué pasa en los sindicatos) es otro índice del proceso lento pero seguro de formación de una nueva camada de militantes dispuestos a disputar la dirección sindical a la burocracia.
Pero para preparar a esta vanguardia a hacer frente a la crisis política y a las maniobras institucionalizadoras o democratizantes, capaces de poner al proletariado como furgón de cola de la burguesía, hay que concretar el planteo de la independencia política del proletariado. El planteo de un Partido de los Trabajadores, independiente de la burguesía, se opone por el vértice a la estrategia pro-burguesa de la burocracia peronista, capitaliza la crisis de la perspectiva política de ésta, y coincide con la tendencia objetiva de los nuevos activistas a centralizarse al margen y en contra de la burocracia para el combate antidictatorial.

El Partido de los Trabajadores pasa a ser la estrategia política de todo el proceso de resistencia y recomposición del movimiento obrero. La vigencia de este planteo no se posterga por la imperiosa necesidad de reconquistar los derechos sindicales y recuperar los sindicatos, ya que es la progresiva estructuración independiente de la vanguardia obrera en esa resistencia y en función de darle una perspectiva política lo que garantizará el triunfo de la lucha por la recuperación de los sindicatos para la clase obrera. El eje de la intervención de Política Obrera consiste en hacer consciente esta cuestión en cada lucha, por parcial que sea su carácter.

La perspectiva del partido obrero sólo será viable en la medida que la vanguardia obrera vaya mostrando a cada paso al conjunto de la clase el camino para resistir los ataques reaccionarios de la dictadura, afirmándose como una alternativa de dirección frente al entreguismo de la burocracia sindical. El conjunto de las reivindicaciones actuales del movimiento obrero (aumento y ajuste automático de los salarios, contra los despidos, contra la represión y por la libertad de los presos políticos y sindicales) se centralizan en la cuestión de poner en pie a los sindicatos como órganos de combate de la clase obrera.
Este problema concentra toda la batalla por el frente único de los explotados contra la dictadura militar.
Esto porque implica poner a la orden del día, en cada lucha parcial, la agitación contra la Ley de Asociaciones Gremiales, que pretende liquidar los sindicatos como órganos de lucha y atomizar al movimiento obrero, oponiendo esta perspectiva de lucha a la pasividad de la burocracia, que se limitó a protestar verbalmente contra la ley y a no dar el más mínimo paso organizativo para combatirla (y también a las variantes oportunistas que, como el PC y el PST, la han dado por un hecho consumado luego de su aprobación por la dictadura, y se resignan desde ya con la esperanza de una normalización sindical, de fecha indefinida y orquestada por la dictadura).

La agitación por la puesta en pie de los sindicatos y contra la ley gremial es el mejor instrumento, en el momento actual, para tender hacia la centralización de los combates dispersos que no cesan de estallar. Política Obrera no sólo hace uno de sus ejes de esta agitación, sino que señala a la vanguardia clasista, que comprende la necesidad de agruparse en tomo a ella, la perspectiva de la constitución de una Tendencia Sindical Independiente, para luchar organizadamente contra la normalización sindical de los militares y por la recuperación independiente de los sindicatos. Tarde o temprano, pero en el curso del actual período, la agitación y el combate pondrán a la orden del día la posibilidad de la huelga general contra la dictadura y por el conjunto de los derechos sindicales y políticos del movimiento obrero.

La efectividad del trabajo de agitación, propaganda y organización se mide, sin embargo, en relación al objetivo central del partido obrero independiente. Esto porque la perspectiva del Partido de los Trabajadores -incluida su función propagandística- está inscripta en los datos de la situación objetiva. La burocracia sindical lo comprende bien al insistir en presentarse ante la burguesía como el único dique real “contra el avance del comunismo”. Es evidente que un partido obrero no puede ser auténticamente independiente si no está basado en el programa revolucionario, y esto debe quedar claro en todo el sistema de consignas para la presente lucha contra la dictadura y el capitalismo. No se trata de insertarse «independientemente” en un plan de institucionalización, sino de explotar a fondo la crisis política, para poner en pie a las organizaciones de las masas e imponer la plenitud de la libertad política y sindical.

Para nosotros, pues, la lucha por el Partido Obrero Independiente y por el partido revolucionario no son excluyentes. La lucha por el primero prepara la concreción de la segunda. Esto porque, repetimos, la cuestión del Partido de los Trabajadores se inscribe en el desarrollo objetivo del movimiento obrero, con independencia de los estados de ánimo (subjetivo) pasajeros por los que atraviesan los grandes contingentes obreros. Esto hace, que la agitación por el partido obrero es un elemento fundamental de la delimitación política, con las corrientes oportunistas y reformistas, de la organización revolucionaria.

Ni qué decir que la constatación de la crisis irreversible del peronismo ha hecho florecer infinitos proyectos de maniobras dirigidas al movimiento obrero, lo que prueba que está planteado, justamente, superar la experiencia peronista. Entre los proyectos figuran los de la Internacional Socialista, sector que ha multiplicado su actividad sobre América Latina. Pero la Internacional Socialista orienta a sus escasos partidarios, no al plantearse la formación de un partido de masas delimitado del peronismo y las corrientes burguesas, sino a trabajar con sectores de la burocracia sindical y de diversos partidos burgueses (Partido Intransigente, UCR), con vistas a la formación de un frente democratizante. Esta es asimismo su política en otros países latinoamericanos (eri Brasil con el PDT de Brizóla, en Venezuela con Acción Democrática, en Perú con el Apra, en Bolivia la UDP). Se comprueba que a diferencia de sus planteos en los años de formación (antes de 1930), cuando postulaba la formación de partidos socialistas oportunistas, que en las colonias y semicolonias se traducía en poner en primer plano la hostilidad a los movimientos nacionalistas, la Internacional Socialista postula el sometimiento a éstos, como alternativas a las dictaduras en crisis y sin negarse a despreciar las posibilidades y ocasiones de armar una colaboración con estas (España, El Salvador entre octubre del 79 y febrero del 80, Brasil). Los sectores más combativos que se reclaman aún del viejo partido socialista deben tener en claro que esta línea les significará un nuevo 1945, es decir, un nuevo fracaso.

El desarrollo de la crisis política, que inevitablemente agudizará la resistencia obrera, tendrá, en forma igualmente inevitable, un impacto profundo sobre el movimiento sindical, es decir, que obligará a un realineamiento político de las fuerzas que intervienen en él Puesto que el proletariado argentino tiene su presencia dominante en el terreno de los sindicatos, el planteo de partido de los trabajadores formula una perspectiva a todos los sectores que busquen apoyarse en las masas contra la dictadura en oposición a la burocracia peronista que se apoya en la clase dominante contra el proletariado.

Ningún partido revolucionario puede existir sin definir su estrategia. Esta, es, indudablemente, la de la dictadura del proletariado, la del gobierno obrero y campesino. En las condiciones del desarrollo político de Argentina, la cuestión neurálgica de esta estrategia es la cuestión del partido obrero, como forma concreta y positiva de la ruptura con el nacionalismo burgués y por la independencia de clase integral.

30 de Noviembre de 1980

(1) En la campaña contra PO y por la liquidación del CÓRCI, la OCI tuvo la audacia de acusarnos de apoyar a Videla, esto por el hecho de que caracterizábamos a la dictadura de semi-bonapartista (los lambertistas la adulteraban, adjudicándonos que la caracterizábamos como bonapartista). Ahora, el PST ha decidido (varios años después de 1976) que la Junta Militar es un «bonapartismo colectivo», lo que, por supuesto, ha dejado inmutables a sus aliados lambertistás. Esto prueba dos cosas: 1) que para el CP, la teoría y los principios se usan el gusto de las componendas del momento; 2) que la OCI se enfrentó contra PO sin posiciones de principio.

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Perú: Del gobierno militar a Belaunde

Ángel Dieguez

Este artículo es una colaboración que le fue pedida a un compañero de Política Obrera

El nacionalismo militar peruano, tras 12 años en el gobierno ha concluido en un descomunal fracaso.
En octubre de 1968, una fracción dirigente de las Fuerzas Armadas se apoderó de las riendas del poder-con el objetivo, no ya de dar una respuesta más o menos episódica a la extrema crisis política del país, sino con la finalidad de modificar el conjunto del cuadro político, imprimiendo un ciclo nacionalista.

El gobierno militar lanzó desde su inicio una serie de nacionalizaciones que sirvieron por sí mismas para modificar situación política del país, al crear una nueva referencia política para los trabajadores y al neutralizar a sus direcciones pequeño burguesas.

Desde el punto de vista económico, el objetivo de esas nacionalizaciones era plantear una vía de industrialización mediante la transferencia por medio del capitalismo de Estado, de los recursos de las ramas de producción estancadas (azúcar, alimentos, viejos grupos bancarios) donde se concentraba la vieja oligarquía agrario-financiera hacia las ramas que ofrecían una perspectiva de ascenso en el mercado mundial (nuevos yacimientos de cobre y petróleo), asimismo, con la sanción de la reforma agraria se buscó ampliar el mercado interno y recortar el poder de los latifundistas, al tiempo que a través de la llamada reforma de la empresa (comunidad industrial) se prometió elevar al nivel de vida y la ocupación obreras y facilitar la regimentación de los trabajadores en organizaciones bajo el control estatal (CTRP, Dinamos, etc).

La realidad fue que el gobierno militar no acometió ninguna de sus empresas “modernizadoras” y “nacionalistas” sin caer en una colosal dependencia del capital extranjero que se manifestó, entre o-tras cosas en un colosal endeudamiento externo.

En 1976, a 8 años de nacionalismo en el poder, banqueros privados “señalaron que Perú fue uno de los más grandes receptores de fondos bancarios privados en Sudamérica durante los recientes años 1970, cuando las relaciones norteamericano-peruanas eran tirantes. Más de 1.000 millones de dólares en créditos privados llovieron en el país, principalmente en proyectos mineros, a pesar de los 6 años de bloqueo crediticio instituido por los EEUU después que el gobierno militar peruano nacionalizó una subsidiaria de la Exxon en 1968 sin el pago de la compensación”(“New York Times”4/8/76).

«Entre 1973 y 1976 -señala a su vez el “International Herald Tribune” (junio 1980)- Perú tomó prestado un total de u$s 2.200 millones de los mercados financieros internacionales, fuera de un total de u$s 4.000 millones comprometidos durante aquellos años”.

“Los banqueros del mundo -prosigue el “International Herald Tribune”-estaban bastante contentos en prestar al Perú en esa escala porque conocían que tenía en su suelo suficientes cantidades de cobre y petróleo que lo habilitaba para cancelar los préstamos cuando vencieran”. En 1978 la deuda externa era de 8.000 millones de dólares, 5 veces superior a la de 1968 y las reservas estaban en cero. Oficialmente en bancarrota, el gobierno militar acudió al Fondo Monetario Internacional, para concluir adoptando sus recetas. En definitiva, fue precisamente bajo el gobierno nacionalista cuando el imperialismo logró, como nunca antes, asociarse financieramente a la producción y exportación del cobre y petróleo y estrangular al país mediante una pesada deuda externa.

Ya al borde la cesación de pagos, el gobierno militar, en octubre de 1978, renegoció su pesada deuda externa sobre la base de un acuerdo con el FMI. Para cumplir con los acreedores extranjeros, el gobierno promulgó dos meses después la ley sobre exportaciones no tradicionales lo que significaba sustanciales subvenciones a ese tipo de exportaciones. Así, en 1979, Perú exportó productos no tradicionales por u$s 700 millones contra 170 millones en 1976 pero el déficit fiscal en 1979 fue de u$s 831 millones, debido en parte a esos subsidios.

Esta nueva política económica le permitió al gobierno hacerse de algunas reservas de divisas a costa de un nuevo impulso a la inflación y del empobrecimiento mayor de los explotados. Cálculos recientes indican que los empleados públicos tienen hoy un salario real 75 por ciento inferior al de 1973 y que la desocupación y subempleo es del 70 por ciento.

La resultante de la publicitada reforma agraria fue una exacerbación de los conflictos sociales en el campo. La reforma agraria se aplicó sólo a 220.000 familias campesinas sobre 1.200.000, (la sexta parte), quienes a su vez terminaron fuertemente descapitalizados. El gobierno armó un sistema de indemnizaciones que afectaron al campesinado “reformado” con una tremenda deuda agraria y sin dejar satisfecho a los latifundistas para quienes las compensaciones eran bajas. A esto hay que agregar los impuestos, las dificultades de transporte y comercialización que obligaba a los campesinos a vender a intermediarios a precios más bajos, la falta de créditos, etc. (ver “Cambios Estructurales en el Perú”).

De este modo, la reforma agraria, agravada porque no fue acompañada de una industrialización independiente por parte del Estado, provocó un masivo incremento de la desocupación crónica y la baja de la productividad agraria, con el consiguiente aumento de los precios de los alimentos para la mayor población urbana.

En la industria el fenómeno fue similar. El régimen de la comunidad industrial no benefició al movimiento obrero, y los empresarios, por los controles estatales, desarrollaron el mercado negro y bajaron las inversiones. A través de subsidios y rebajas impositivas, el gobierno favoreció el desarrollo de ciertos grupos empresariales textiles y del procesamiento del pescado con destino a la exportación. “Entre 1972 y 1978, las ganancias empresariales como una parte del ingreso nacional se duplicaron y esto ayudó a estos grupos empresarios a convertirse en los nuevos “señores del Perú”. Bancos y otras instituciones financieras hicieron enormes ganancias que sirvieron como una base para el crecimiento del capital monopolista” (“IHT”)

La sindicalización obrera, motorizada por las reivindicaciones insatisfechas, cobró un fuerte impulso, quebrando la regimentación corporativa.

Más aún, junto al fracaso de las organizaciones de regimentación del nacionalismo, el aparato stalinista que controla la CGTP —ferviente sostenedor del gobierno— sufrió varias escisiones que dieron lugar a la creación de varios sindicatos independientes. Es absolutamente falso que la CGTP preservó durante esos años la independencia de clase del proletariado. El stalinismo fue uno de los principales factores de desmoralización y traición en el movimiento obrero al servicio del nacionalismo gobernante.
El nacionalismo muestra toda su cara.

Ante el estallido de la crisis económica, bajo Velazco Alvarado, en junio de 1975, el gobierno descargó un paquete de medidas antiobreras y antipopulares. Un golpe de estado desplazó a Velazco por Morales Bermúdez evidenciando el giro a la derecha del nacionalismo gobernante, la división en las fuerzas armadas y el fracaso general de sus planes económicos y políticos. La cesión sin resistencia del poder a la llamada “nueva etapa” evidenció la postración total del velazquismo ante la presión imperialista y de la burguesía.

Morales Bermúdez prosiguió periódicamente con esos “paquetes”. La llamada izquierda militar nacionalista se sumó abiertamente a este curso derechista. El general Fernandez Maldonado, entonces líder de esta “izquierda militar”, primer Ministro de Morales Bermúdez, en 1976 no dudó en enviar los tanques y decretar el toque de queda para aplastar la rebelión popular en respuesta a los formidables aumentos de precios y el congelamiento salarial. El gobierno prohibió las huelgas, deportó y arrestó a numerosos líderes obreros y campesinos y cerró una decena de diarios y revistas de izquierda.

“Las duras medidas «capitalistas” tomadas por el gobierno a fines de junio —escribía “The Andean Report” (agosto 1976)— convencieron a los banqueros que un esfuerzo serio iba a ser hecho al final para equilibrar el déficit fiscal y ajustar los gastos externos”.

La adaptación total de la izquierda militar nacionalista al imperialismo animó a un sector de las Fuerzas Armadas a «sublevarse” con el fin de desplazar a Fernandez Maldonado. La derecha militar sabía que esa “izquierda” no podía ni quería resistir. Para preservar la unidad del ejército, la izquierda militar resigno/ sus posiciones y se abrió un sostenido curso proimperialista. El gobierno militar llamó a licitación internacional para explorar y expkv tar los yacimientos pretrolíferos en el mar y la selva oriental y desestatizó parcial mente la empresa Pesca Perú. El nacionalismo militar actuó bajo los dictados del imperialismo. Como señaló entonces “The Andean Report”(agosto 76) “las condiciones impuestas al Perú por los bancos de EEUU son las más duras que se recuerden. No sólo en la tasa de interés… sino también en los plazos que son cortos».

El nacionalismo militar mostró toda su faceta y ya en 1975 era una experiencia histórica cancelada agotó su capital político entre las masas, desapareció la relativa confianza de la burguesía en su capacidad para mantener el “orden”, se resquebrajó la unidad política de las fuerzas armadas, y concluyó virando hacia las posiciones del imperialismo. Lo esencial fue entonces que agotado el capital que le había permitido al nacionalismo apaciguar, dentro de ciertos límites, a los trabajadores, se abrió una nueva situación: el desplazamiento político vertiginoso del proletariado hacia un nuevo reagrupamiento.

La huelga general del 19 de julio de 1977: una situación revolucionaria

Desde 1974, con flujos y reflujos, el proletariado y los explotados se movilizaron contra el gobierno. Sólo la traición de las direcciones obreras (en especial, el PC que controla la CGTP y que apoyó abiertamente al gobierno) explica la relativa lentitud de esos movimientos de los explotados. El fenomenal recrudecimiento de la crisis económica, sin embargo, le dio un formidable empuje al movimiento de reivindicaciones.

En junio de 1977 se produjeron verdaderas sublevaciones populares en el interior del país en respuesta al Plan Piazza (recién nombrado ministro de economía) que preveía el despido masivo de los empleados públicos, la liquidación de los subsidios a los productos de primera necesidad y un congelamiento de salarios, medidas éstas exigidas por el FMI. Las ciudades de Tacna, Arequipa, Ayacucho y Juliaca fueron las primeras en movilizarse; luego Trujillo y Huancayo. Este movimiento, que debutó en el interior, pugnaba por extenderse a todo el país y llegar a la capital. Todas las centrales CGTP (stalinista), CTP (Apista), CTPR (gubernamental) evitaron todo tipo de pronunciamiento de lucha durante todo el mes en que el Plan Piazza era resistido por las masas. Imposibilitados, por la enorme presión obrera, de continuar con ese freno, finalmente decretaron un paro aislado de 24 horas y sin continuidad. Lo que buscaban las burocracias sindicales era poner al movimiento de masas en una situación de impasse por medio de una acción destinada, no a desplegar la potencia de los explotados, sino a crear una medida controlada que mostrara que el proletariado era incapaz de definir la situación política.

Sin embargo, la intervención obrera en el paro del 19 de julio de 1977 transformó por completo la situación. Fue un paro total, histórico, el más importante de los últimos 25 años. Piquetes, bloqueo de rutas, manifestaciones, sacaron al paro del cuadro que querían colocarlo las direcciones sindicales. La crisis económica, por la intervención de las masas, se transformó en política.

El paro histórico del 19 de julio significó el paso de tres años de grandes luchas aisladas a una etapa de movilización de proporciones históricas del proletariado, puso de relieve y radicalizó aún más la tendencia hacia la izquierda de la pequeño burguesía y transformó la impasse gubernamental, determinada por la crisis económica, en un comienzo de disgregación política del Estado. Por todo eso afirmamos que se abrió una situación revolucionaria.

El Plan pseudo constitucional

En ningún momento de su larga trayectoria, el gobierno militar nacionalista propugnó la convocatoria de una Asamblea Constituyente. De ahí que cuando en respuesta al paro histórico del 19 de julio Morales Bermúdez anunció un plan político de entrega del poder a los civiles en 1980, previa convocatoria a una Asamblea Constituyente, en 1978, la explicación surgía nítidamente. Era el fruto del fracaso del nacionalismo burgués; era una medida dilatoria, en busca de un cuadro político para recomponer el frente burgués; reflejo del desacuerdo existente para constituir directamente un gobierno de “unidad nacional»; buscaba desviar el movimiento de luchas del proletariado y los explotados, abriéndole a sus direcciones pequeño burguesas y burocráticas un espacio político más amplio para la defensa del Estado burgués. La CGTP (stalinista) se apresuró en señalar que esperaba “que se cumpla el anuncio gubernamental”).

Para obtener su finalidad de castrar el movimiento independiente de las masas el plan político debía permitir un acuerdo del gobierno con los partidos burgueses y el stalinismo y el aislamiento de la izquierda y de los sindicatos independientes del aparato de la CGTP. En este plano, los términos de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, formulados en octubre de 1977, eran precisos-, no tenían derecho a voto ni los analfabetos ni los soldados, (es decir, más de tres millones de personas- en relación a los 7 millones y medio que constituían la población adulta y que se encuentran en un cien por cien entre los más explotados) y se presentaba una condición proscriptiva para la legalización de las listas (40.000 firmas individualizadas). Se trataba de una convocatoria antidemocrática y proscriptiva que debía asegurar el monopolio político a los partidos que representaban la defensa del orden existente, es decir, quebrar la proyección política independiente de las masas en organizaciones revolucionarias, desviándolas al remanso del orden burgués seudoparlamentario. Las Fuerzas Armadas para la formulación de este plan se basaron en el predominio de la central stalinista en el plano sindical, así como en la innumerable fragmentación (centrismo y sectarismo) de la izquierda peruana en grupos hostiles entre si.

El APRA y el stalinismo aceptaron, más o menos rápidamente, los lineamientos básicos de este plan. El partido comunista llegó a dar su acuerdo a la presencia de una representación de las organizaciones corporativas en la Constituyente. Asimismo, declaró una tregua social de hecho con el gobierno militar, expresado en la ausencia total de medidas de lucha en favor de la reposición de los despedidos represaliados por el paro del 19 de julio y en favor del regreso de los deportados -esto a pesar de una huelga de hambre lanzada por los cesanteados y tus familias. En setiembre del 77 sabotearon el llamado a un paro general, así como también rompieron el frente con los sindicatos independientes, agrupados en el Comité Unitario de Lucha (CUL). En enero de 1978, la dirección de la CGTP levantó, inconsultamente, un paro general ya resuelto por el plenario de la Central, en virtud de un acuerdo directo con Morales Bermúdez. El stalinismo se jugó como el más enérgico defensor del Estado burgués, ya no en virtud del carácter “nacionalista” del gobierno, sino precisamente por el hecho de que éste estaba soldando un frente con el FMI, la banca internacional y el gobierno de Cárter.

El apoyo brindado por el APRA formaba parte de una negociación con el gobierno militar que tenía dos aspectos: reflotar, por medio del proceso seudoparlamentario, a este viejo y desprestigiado partido nacionalista, y, de otro lado, pactar en beneficio mutuo con Morales Bermúdez la salida presidencial de 1980. El APRA aceptó el encuadramiento de la Constituyente, aunque fue imperceptiblemente ampliando su demagogia liberal a medida que la situación iba desbordando los proyectos originales.
En el campo de la burguesía, los planteos más críticos provinieron de la derecha que, en determinado momento, llegó a tener un reflejo importante dentro de las fuerzas armadas. Acción Popular de Belaúnde Terry rechazó el plan militar señalando que debía pasarse cuanto ante a una elección presidencial, pues esto eli minaría la hipoteca política que representaba el gobierno militar y permitiría aplicar consecuentemente un plan proimperialista. Belaúnde Terry se preparaba como alternativa para capitalizar el fracaso del nacionalismo y su plan político, dado el desprestigio del militarismo ante todas las clases. El partido popular cristiano de Bedoya Reyes adoptó una posición similar, con esta variante: apresurar la labor de la Constituyente y adelantar para el 79 la elección presidencial. Esta diferencia estaba explicada por el desigual interés de uno y otro sector frente al plan del FMI y por el deseo de Bedoya de utilizar la e-lección para la Constituyente para efectuar un reconocimiento de su electorado.

La izquierda y el Plan Político

El apoyo del APRA, del stalinismo, del PPC y del gobierno de Cárter al plan constitucional, planteaba a la izquierda la atenta consideración de éste. Se estaba buscando, ni más ni menos, que aprovechar su atomización histórica para aislarla del movimiento de las masas, al tiempo que se pretendía ahogarla, esterilizarla detrás de una perspectiva democratista. La tarea pendiente de dar al proletariado una organización política propia de masas, es decir, proyectar hacia el plano político aluvión huelguístico (única forma en que los trabajadores podían convertir su movimiento objetivamente revolucionario en un movimiento subjetivo hacia el poder), colocaba a la izquierda ante la obligación de dar la batalla política contra el plan de recambio, agotar la experiencia de las masas en relación a él, achicar al máximo el margen de maniobra seudoparlamentario de la burguesía, en fin, elevar la acción directa hacia el plano de la acción política conciente. Todo el plan gubernamental estaba asentado en esa posibilidad de maniobra que le daba la atomización histórica de la izquierda y sus planteos de mocratistas y es en función de aprovechar esto que el APRA y el PC apoyaron justamente la propuesta de Constituyente fraudulenta y de elecciones para las calendas griegas. Con una izquierda más poderosa reconocida políticamente por el proletariado, con hondas raíces en su seno, con una clara estrategia revolucionaria es muy probable que una agitación de boicot contra el plan proscriptivo hubiera arrastrado a la base de los partidos intermedios, condenando de antemano todo el plan de Bermúdez y obligándolo a ejecutar un inmediato retiro político. Pero ésta no era la situación y el abstencionismo o el boicot hubieran condenado a la izquierda a la impotencia, arrumando su perspectiva de transformación en una corriente de masas.

Contra todo lo que podía hacer preveer el pasado ultra de la izquierda peruana (de características centristas, oscilante entre el nacionalismo y la revolución, sectaria, atada a un maoísmo fuera de moda, con sectores ligados a la política foquista del SU) la mayoría de la izquierda (no toda) decidió intervenir en el proceso electoral pero sus planteos políticos y programáticos no salieron del cuadro de la Constituyente fraudulenta.

Un claro ejemplo de esto último lo dio la corriente morenista. Aún en un documento de principios de 1980 sostienen “que la apertura democrática constituye un triunfo parcial del ascenso del movimiento obrero iniciado con los grandes paros nacionales de 1977”, cuando en realidad fue una respuesta fraudulenta, antidemocrática de los explotadores, para ahogar por vía “democrática” el ascenso obrero iniciado en 1977. Con esa caracterización consideraron que “la Asamblea Constituyente” (la de M.Bermúdez) reflejó “un triunfo parcial de las masas”, todo lo cual muestra claramente que el PST no fue más que un firme sostenedor, con verborragia izquierdizante, de los planes “institucionalistas” de la burguesía peruana.

Hugo Blanco basó su estrategia en que la Constituyente debía redactar una Constitución y proponía un texto constitucional… socialista. El POMR no pasaba de una postura de «Asamblea Constituyente soberana y con poder» que, como se reveló con la moción roja, la entendía como de tránsito parlamentario al socialismo.

La tendencia de la izquierda a unirse electoralmente encontraba su explicación en un hecho fundamental: la presión del potente ascenso de las masas. Sin embargo, la posibilidad de un único frente de toda la izquierda no PC quedó frustrada por el planteo de los grupos maoístas que, de un lado, se negaban a sostener una consigna de lucha para desplazar al gobierno militar (decían que no había crisis de poder y que había que limitarse a una acción de propagan da), al mismo tiempo que propugnaban planteos de tipo frente popular y, del otro, a su exigencia de que todas las fuerzas que integraran el frente se disciplinaran a ese programa, renunciando a sus planteos políticos propios. Estas condiciones inaceptables y su hostilidad a todo lo que oliera a trotskismo, llevó finalmente a la formación de la UDP con la exclusión del POMR y del PST de Hugo Blanco, los que junto a personalidades independientes formaron el FOCEP.

Tanto el FOCEP como la UDP no lograron entroncar nunca en las masas, si bien lograron una importante votación en 1978, sobre todo el primero (12 por ciento). Estos frentes no pasaron de ser acuerdos electorales circunstanciales, cuyo fin era obtener una representación parlamentaria y no subordinar ésta a la acción directa de las masas y a la estrategia del gobierno obrero-campesino. El FOCEP, un frente más débil porque no contaba con ciertas direcciones sindicales como la UDP, reposaba en cambio en una cierta popularidad de Hugo Blanco en virtud de sus años de detención y de su demagogia antimilitarista (esto último, dos años después, utilizará Belaúnde Terry para ganar las elecciones).

La OCI francesa se opuso a la formación del FOCEP y exigió que el POMR permaneciera en las filas de la UDP, que exigía entonces como condición para permanecer en él, el acatamiento y la disciplina de todos sus integrantes a la fórmula “gobierno popular revolucionario”. La OCI razonaba que la presencia de dirigentes sindicales en la UDP convertían a éste en un frente antiimperialista de masas y que el lugar de los trotskistas estaba en la UDP a pesar de su ultimatismo proburgués (documento de la OCI del 2/2/78 publicado en el b.i. del POMR). En realidad la UDP de 1978 no pasaba de ser un frente electoral de los maoístas con algunos dirigentes sindicales adictos; las masas no participaban de él.

Posteriormente pasaron a considerar que la unión de la UDP y el FOCEP constituirá el frente antiimperialista y destacaron que algunas acciones comunes parlamentarias entre estos dos frentes así lo demostraba.

La mistificación de este planteamiento está en que ni la UDP ni el FOCEP, ni la suma de ambos, en ningún momento, fueron la dirección de las masas. Una propaganda general antimilitarista frente a partidos que estaban en estrecha convivencia con el régimen militar les permitió obtener una buena votación. Estas direcciones se llenaron de ilusiones democráticas; por eso no pudieron estructurar nunca organizaciones partidarias con una base militante firme y fueron meros sellos electorales.

La huelga de mayo de 1978

El movimiento huelguístico volvió a cobrar un extraordinario impulso con la huelga indefinida de Sider-Perú, que fue sostenida durante un mes por una movilización colosal de toda la población de Chimbóte. Es esto lo que forzó a la CGTP a volver a considerar la necesidad de un paro general, y que determinó un gigantesco mitin de la CUL, el 9 de febrero en Lima. La proyección de esta situación obligó al gobierno a abandonar la idea de la representación de las organizaciones “sociales» porque comprobó que había perdido el control de las principales (por ejemplo, la Confederación Nacional Agraria) y se vio obligado a decir que no impondría limitaciones al temario de la Constituyente. En estas circunstancias, todos los partidos burgueses comenzaron a acentuar su demagogia. Como parte de este proceso se produjo la escisión del partido comunista por el retiro de la mayoría de sus comités regionales y la formación del PC(M), en cuyas filas se encontraban los dirigentes de tres de las cinco principales federaciones sindicales de la CGTP. En abril, el PC(M) ingresó a la UDP. La escición del PC fue el precio que pagó el aparato stalinista por su feroz colaboracionismo con el plan del gobierno en condiciones de un creciente ascenso revolucionario de las masas.

Al mismo tiempo, el gobierno, se encontró en dificultades para aplicar un plan económico que satisfaciera plenamente las presiones de los acreedores extranjeros, en relación al cese de pagos en que se encontraba el Banco Central. El gobierno militar se dividió en torno a un ala que insistía en proseguir el proceso político, chantajeando una tregua al gobierno de Cárter, y negociar un gabinete de unidad nacional (sector encabezado por Morales); y otra ala que reclamó la inmediata aplicación de otro “paquete» antiobrero, un gabinete técnico de emergencia y la postergación de la Constituyente o la convocatoria a elecciones presidenciales en seis, meses (sector del ministro del interior).

El fondo de la dura lucha que sé entabló estuvo constituido por el temor a una gigantesca explosión revolucionaria y los medios para prevenirla o aplastarla. La mayoría del alto mando militar optó por la vía “moderada” y esto por motivaciones sencillas: el planteo de los «duros” llevaba a una ruptura con el APRA, á descolocar a los stalinistas, a apostar al todo o nada a un enfrentamiento directo con el movimiento de masas. De esta manera, se quebró un intento extremadamente importante (estaba apoyado por la mayoría de las entidades empresariales) de retomar el control del proceso político a través de una prueba de fuerza contraías masas.

Una extremada crisis lo constituyó la movilización revolucionaria que se inició en la segunda semana de mayo de 1978 y el paro general del 23 y 24 de ese mes, acompañado de sublevaciones localizadas. Esta acción de las masas fue la respuesta al segundo “paquete» de medidas antiobreras del gobierno militar, que Morales se vio obligado a aplicar, vista la presión de la banca extranjera. La importancia política del paro fue que destrozó las negociaciones en curso para formar un gobierno de unidad nacional. Como parte de esas negociaciones, la CGTP stalinista había expulsado de la Central a los sindicatos dirigidos por el PC (M), en el mes de abril. Otra consecuencia del paro fue impulsar aún más la radicalización política y quebrar la división de la CGTP.

La OCI francesa, mediante un análisis sectario-impresionista del paro del 23 y 24, le planteó al POMR que lanzara el boicot de las elecciones. “Lo que hacía que la cuestión del boicot se planteara, no era únicamente el flagrante cuestionamiento de todas las condiciones de un proceso electoral de por sí poco democrático prioritariamente era el hecho que el ascenso de carácter revolucionario de las masas, materializado en la poderosa huelga general de mayo, dislocaba el plan gubernamental del gobierno y exigía que le fuese formulado a las masas una perspectiva política que superara la constituyente «otorgada», incluso antes de su elección» («La consigna de la Asamblea Constituyente soberana y la revolución proletaria en América Latina” —documento de la OCI — ) y que se abría un curso de guerra civil.

En realidad, ese paro no rompía las grandes líneas del proceso peruano sino que lo confirmaba; no estábamos frente a una insurrección capaz de quebrar el margen de maniobra de los partidos burgueses y del stalinismo. Lo que sí pasó fue que no se aprovechó esta •, gigantesca movilización para llamar a la formación de organizaciones soviéticas de las masas en lucha y, en función de ello, el reclamo de un congreso nacional de delegados de la CGTP, el conjunto de los sindicatos independientes, las organizaciones campesinas y los partidos obreros y antiimperialistas. El motivo de ello es que la relación entre la lucha democrática y la organización de los soviets no formaba parle di1 programa de ninguna de las organizaciones de la izquierda, lo que significaba el estrangulamiento con la soga del parlamentarismo.
La lucha por los soviets es un aspecto decisivo de la acción para liquidar políticamente al APRA y al stalinismo, disolviendo las ilusiones constitucionales de un amplio sector de las masas.

Asamblea Constituyente

La reivindicación de la Asamblea Constituyente tiene para los trotskistas una significación integral, no mutilada; es decir, su elección por medio del sufragio universal, directo, igual y secreto, y todo lo que de aquí se desprende: plenos poderes para la Constituyente y un gobierno responsable ante ella. Pero por grande que sea el valor de la Constituyente más democrática para luchar contra los regímenes autoritarios y desarrollar la participación política en torno a los grandes problemas democráticos y nacionales, la resolución efectiva de éstos sólo es posible por medio de la conquista revolucionaria del poder por el proletariado; la ilusión de un desarrollo progresivo indefinido de orden constitucional es una puñalada reformista contra la victoria de la .clase obrera, más aún en los países semicoloniales donde la viabilidad de una real democracia burguesa está condenada desde el inicio por la agudeza de los conflictos de clase y la debilidad estructural de la burguesía nacional.

La lucha por la Constituyente es para agudizar la lucha de las masas contra la burguesía y sus partidos y debe ser una oportunidad para lanzar -en cierta etapa de la movilización- la consigna de la organización soviética del proletariado, que es un paso esencial para el armamento de la clase obrera.

La OCI francesa que durante años negó la existencia de tareas democráticas y nacionales en los países atrasados, pasó a considerar que «la consigna de Constituyente soberana centraliza el conjunto de las consignas transitorias que conducen el combate liberador de la nación a la dictadura del proletariado. Y es así que el contenido de la Constituyente soberana no es la constitución de la nación burguesa sino la constitución de la nación liberada por el proletariado”. (Pierre Lambert, texto para el XXIII Congreso de la OCI — Julio 1978).

Como se ve, se trata de un planteo estratégico, no para impulsar la revolución proletaria sino para sustituirla. La Asamblea Constituyente, institución democrático burguesa, pluriclasista, tendría intrínsecamente -según la OCI- un contenido proletario y de pasaje al socialismo. No está ligada al desarrollo soviético de las masas ni a una estrategia insurreccional y por es0 refuerza las ilusiones democratizantes de las masas. Se trata de u-na postura menchevique, de revolución por etapas, que alimenta las ilusiones par-lamentaristas de las masas y por este camino es una soga al cuello al proletariado.

Apenas instalada la Constituyente un sector del FOCEP (PST, POMR, Genaro Ledesma), otro de la UDP (Víctor Cuadros, Díaz Causeco) y un diputado del Velazquismo disidente presentaron la moción de que la Constituyente asumiera el Poder Legislativo y Ejecutivo,- desplazando al gobierno militar (“Moción Roja”).

Por eso, el POMR pasó a convertirse en uno de los mayores propagandistas de la “moción roja” y declaró en una resolución de su B.P. al Io Congreso que «El POMR, que combate por el gobierno obrero y campesino, apoyará un gobierno responsable ante una asamblea constituyente soberana que se comprometa en la realización del programa definido antes”. En un discurso en la Asamblea Constituyente, Napurí declaró («Revolución Proletaria 78):»Para decirlo claramente, que la voluntad soberana que la Asamblea interpreta, exige el cese del gobierno. Si así se hace, este pueblo que está maduro para grandes hazañas, apoyará, que duda cabe, con fervor revolucionario, a un gobierno responsable ante la Constituyente soberana”. En el mismo número de «R.P.”, en el artículo “Un debate necesario”, se lee: “Por el contrario, es evidente que si la moción presentada lo es en la Asamblea, es a esta Asamblea que nos dirigimos para que (asuma todos los poderes ejecutivos y legislativos, destituya al gobierno militar) y resuelva las contradicciones fundamentales del pueblo oprimido”.

Está archiclaro que se trataba del apoyo a un gobierno responsable de la Asamblea Constituyente antidemocrática y reaccionaria que bajo cualesquiera di sus formulaciones significaba un gobierno de los explotadores a la que se le encomendaba resolver las tareas de la revolución. Ya no sé trataba sólo de un tránsito parlamentario al socialismo sino de abrir la ilusión en una combinación parlamentaria de la Constituyente reaccionaria de Morales Bermúdez.

La izquierda peruana acentuó sus peores rasgos parlamentaristas. El PST morenista, más de un año antes de las elecciones de 1980, sostenía que la tarea de la izquierda peruana era prepararse para las presidenciales con Hugo Blanco como candidato. El bochorno lo volvió a dar el POMR cuando dio a fines de 1978 por agotada las ilusiones parlamentarias de las masas y planteó que se estaban desarrollando los soviets en Perú. Se pasó así como un año desplegando una campaña solitaria, al margen de la lucha de clases, por una Asamblea Popular en Lima, que terminó en un estrepitoso fracaso.
Toda esta orientación “institucionalista” se revelará con poderosa fuerza para las elecciones generales de mayo de 1980, donde esta estrategia parlamentarista permitirá el triunfo de Belaúnde Terry.

La formación y quiebra del ARI

A partir de un acuerdo entre sectores de la UDP y Hugo Blanco se conformó un frente electoral unitario con la candidatura de éste, el ARI, para las elecciones generales de mayo de 1980. Esto precipitó una avalancha de adhesiones, al punto que salvo el stalinismo y el grupúsculo del PST, toda la izquierda peruana ingresó al. ARI. Se trató de un reflejo defensivo momentáneo de la izquierda para evitar ser pulverizada en 5 ó 6 bloques electorales.

Durante 1979 se produjeron una serie de huelgas y luchas que concluyeron en derrotas del movimiento obrero que, sin embargo, no lograron cambiar la etapa. Entre ellos debemos destacar el paro de 72 horas de la CGTP y las derrotas de las huelgas mineras y docente. El stalinismo jugó un papel de primer orden en estas derrotas, lo que consolidaron relativamente el plan político del gobierno. Se abrió en cambio una presión del movimiento de masas en favor de un frente independiente unitario contra la dictadura y los partidos burgueses para las elecciones generales. El impacto de esto fue acusado por el gobierno, que barajó la posibilidad ya sea de proscribir a Hugo Blanco, ya sea de anular las elecciones. También el stalinismo: conformó rápidamente un frente electoral propio con la candidatura presidencial de Ledesma con el fin de dividir un frente amplio unitario de la izquierda. La Justicia electoral colaboró con esto, otorgándole la titularidad del FOCEP a Ledesma a pesar de que el 95 por ciento de sus integrantes repudiaran el divisionismo de éste.

La UDP y Hugo Blanco representaba tendencias electoralistas que, con la formación del ARI, buscaban obtener una mayor representación parlamentaria. Pero en la situación política peruana, ofrecían un canal político electoral, que, en la medida que agrupaba al conjunto de la izquierda y contaba a su cabeza con candidatos de mayor votación de masas, amenazaba con destrozar los planes gubernamentales y burgueses y abría un formidable paso para la constitución de un frente verdaderamente antiimperialista.

Por todo lo que señalamos de la izquierda peruana la consolidación del ARI estaba por verse. Y precisamente por la envergadura y posibilidades reales de derrotar a la burguesía, los aparatos internacionales burocráticos y contrarrevolucionarios trabajaron por su destrucción.

Primero fue el “frente unidad de izquierda” que conformaron el PC, el velazquismo y Ledesma. Actuando bajo directivas cubanas, Ledesma rompió el FOCEP, denunció a los “trotskistas”, y llegó a un acuerdo electoral con el stalinismo.

Segundo, la embajada china instruyó a sus grupúsculos afines de ingresar al ARI con planteos ultimatistas y exigiendo un record de candidaturas con el exclusivo fin de quebrar al ARI y confundir a las masas.
Pero el verdadero tiro de gracia, lo dio el Comité Paritario. El pequeño grupúsculo del PST que, luego de negociar su entrada al ARI, se mantuvo al margen, logró volcar a los restantes grupos del CP a sus planteos divisionistas. El POMR se retiró del ARI y, con una mayoría inestable dentro del PRT, lograron volcar también a Blanco a sus planteos divisionistas.

Mientras la labor divisionista de los chinos fue sin sutilezas, el CP lo revistió de fórmulas ideológicas y programáticas. Así, el PST acusó al ARI de ser un frente de colaboración de clases, por su composición y su programa. El hecho de que el PST utilizara ambos argumentos simultáneamente, revelaba que se trataba de una maniobra sin principios. Porque si el ARI era un frente de colaboración de clases por su composición de nada importaba su programa (porque por más revolucionario que éste sea, no es más que un adorno para hacer pasar a la burguesía); y en cambio si no lo era por su composición el lugar de los revolucionarios era estar en él, en la medida en que constituía un vasto canal independiente de frente único de las masas, aunque tuviera influencias o planteos programáticos errados.

Pero por su composición el ARI era un frente independiente de la burguesía. El acta UDP-Hugo Blanco, que dio nacimiento al ARI, excluyó del mismo a toda organización burguesa y el controvertido pequeño grupo ARS, de Mario Villaran, expresamente estaba excluido del ARI. El PST y luego el POMR pegaron el grito en el cielo porque Villaran asistió a reuniones del ARI, pero durante más de un año este personaje estuvo en el FOCEP y los “ortodoxos” jamás hicieron la menor objeción. Villaran y los 10 seguidores del ARS no contaban con ningún puesto en el .ARI, ni siquiera en una remota localidad del interior, pero finalmente, el ARS se retiró y entonces el POMR justificó igual su ruptura con el ARI con el increíble argumento de que se fue solo y no echado, lo que demostraría que el ARI no quería romper objetivamente con la burguesía.

Entonces el PST y el POMR esgrimieron otro argumento: el ARI no tenía en su programa la fórmula de “gobierno de los trabajadores”. Pero el ARI era un frente independiente de las masas que amenazaba con derrumbar los planes políticos de la burguesía; por lo tanto,, apoyarlo estaba para los trotskistas, en la línea del gobierno obrero-campesino aunque esta fórmula no estuviera inscripta en su programa . En cambio un frente que no es de masas con un programa ortodoxamente puro, que divide al ARI, no es más que una empresa divisionista, revestida de planteos “revolucionarios”.

El ARI explícitamente dejó en libertad a cada organización de agitar su propia fórmula de poder y esto conscientemente para evitar escisiones. Este planteo fue una victoria de los grupos “trotskistas” contra los sectores maoístas y por eso el POMR lo presentó así al justificar en su momento su ingreso al ARI. En 1978, los grupos maoístas exigieron al POMR y PST que se subordinaran a su fórmula de poder, («gobierno popular revolucionario”), para arribar a un acuerdo electoral para la Constituyente, lo que fue rechazado por éstos quienes conformaron el FOCEP. Ahora, la libertad de agitación de la fórmula de poder constituía un retroceso de los maoístas impuesto por el cambio de la relación de fuerzas entre los sectores del FOCEP y la UDP.

Balance de las elecciones

Las elecciones generales peruanas concluyeron con una aplastante derrota de los partidos burgueses que encamaban el contubernio con la dictadura militar (en especial el APRA), de todos los partidos que se hicieron cómplices de la Constituyente de fachada que montó el gobierno de Morales y de los grupos de izquierda por su fragmentación en 7 u 8 bloques electorales.

Belaúnde Terry (Acción Popular), el candidato triunfante, depuesto en 1968 por el golpe de Velazco Alvarado, apareció ante una gran parte del electorado como el único en condiciones de cerrarte el paso al plan de sucesión política arreglado por el APRA con el gobierno militar: Recordemos que Acción Popular fue el único partido burgués que boicotéó las elecciones constituyentes de 1978, que tenían precisamente la función de preparar y asegurar la sucesión política en favor del APRA. Belaúnde Terry basó su campaña en la denuncia del contubernio militar-aprista.

Pero el gran derrotado es la izquierda peruana, y en especial el bloque PRT-POMR-PST que encabezaba Hugo Blanco. Mientras en 1978, la izquierda pudo vencer parcialmente su tendencia a la disgregación con la formación básicamente de dos bloques electorales (FOCEP-UDP que totalizaron el 18 por ciento), esta vez afloraron las tendencias divisionistas y sectarias y los 40 grupúsculos de izquierda se agruparon en 7 bloques electorales. Mientras en 1978 esos dos bloques expresaron una tendencia unitaria, aunque incompleta, esta vez el proceso fue inverso: un frente electoral independiente que englobaba, al 95 por ciento de la izquierda peruana y que contaba a Hugo Blanco como su candidato central (el ARI), fue quebrado por la acción divisionista, sectaria y oportunista de los maoístas recalcitrantes (UNIR-PC Clase Obrera) y de los seudotrotskistas del PRT-POMR-PST. En esas condiciones las elecciones no le abrían ninguna perspectiva a las masas y efectivamente así sucedió. Más del 30 por ciento del electorado (2.500.000 de votantes) se abstuvo o voto en blanco (el doble respecto a 1979, lo que prácticamente equivale a la cantidad de nuevos electores), cifra que no pudo ser movilizada electoralmente por la izquierda que fue incapaz, por su fragmentación de ofrecerle perspectiva y alternativa de conjunto. Otra demostración del resultado del divisionismo es que una parte importante (3 a 4 por ciento) de los que votaron por los frentes de izquierda para senadores y diputados prefirieron votar por Belaúnde en la contienda presidencial para cerrarle el paso al aprismo y sus bandas.

El morenismo (PST), abanderado de la división de la izquierda, sostuvo que esta división se justificaba como parte de la lucha contra el maoísmo, corriente -según Moreno— en retroceso, que quería “colarse” de la candidatura de Blanco para obtener una representación parlamentaria que no le correspondía. Sucedió exacta mente lo contrario. Levantó cabeza el stalinismo que para Senadores y Diputados
fue el más votado de la izquierda. Levantaron cabeza los maoístas más recalcitrantes (para presidente, UNIR sacó el 4 por ciento y Blanco el 3,5 por ciento) y para Senadores el PRT-POMR-PST se colocó por detrás del PC, de UNIR y la UDP. El bloque seudotrotskista fue sancionado por las masas porque fueron los responsables principales de la división.

La UDP también sufrió una aplastante derrota (2,4 por ciento), aunque obtuvo algunos votos más en Senadores y Diputados. Esto sólo nos está indicando desde ya la extrema confusión de su electorado que se inclinó por Belaúnde. El Proceso de la UDP se reforzó porque colocó a la cabeza de su lista no a sus dirigentes obreros y campesinos, sino a los profesionales pequeño burgueses cuya ambición es la bancada parlamentaria

El resultado electoral sanciona el lamentable papel jugado por la izquierda seudotrotskista y maoísta en la Constituyente.

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Venezuela: Intervenir revolucionariamente en la nueva situación

Tendencia Trotskista del MIR

A la Dirección Nacional A las Direcciones Regionales Al conjunto de la militancia

Nuestro documento de Febrero —La Situación Política y las Tareas del Mir”-al poner de relieve la importancia del ascenso que protagoniza la clase obrera, destacaba que la Ley de Aumentos de Sueldos y Salarios “al no alcanzar a cubrir el último aumento de los precios deja abierta, la perspectiva de un nuevo y más vigoroso ascenso de las luchas obreras por la defensa del poder adquisitivo del salario. El paréntesis que la Ley abrió en 1a efervescencia obrera registrada desde Abril de 1979 se cerrará no bien los trabajadores evidencien (lo que ya ha comenzado) en los a-bastos y mercados, que fueron víctimas de un engaño.

La huelga textil, especialmente, y el conjunto de luchas que se han producido en los dos últimos meses, muestran que ese paréntesis se ha cerrado; y el combate obrero contra el plan económico del gobierno vuelve a ocupar un lugar central en la situación política. La movilización de 20 mil obreros de SIDOR y otras plantas metalúrgicas en Junio, el Paro de 24 horas convocado por Fetramona-gas, el Paro nacional de 24 horas de 35 mil trabajadores de la salud el 23 de Mayo, la huelga de Ensambladora Carabobo son algunos de los principales combates de este período. Particularmente debe destacarse la importancia del Paro de 24 horas en Aragua en solidaridad con los textileros, porque muestra la voluntad de las más amplias capas de trabajadores de movilizarse por la defensa del sala rio; y la llamada “Toma de Caracas” —donde 50 mil estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades manifestaron su repudio a la política educacional del gobierno— porque muestra la magnitud nacional del descontento que se manifiesta entre los sectores medios de la población.

No se trata de una sumatoria de importantes luchas aisladas, sino de manifestaciones de un proceso general de la clase obrera (que se extiende también al estudiantado y a sectores campesinos). Las reivindicaciones de cada lucha tienen el denominador común de la defensa del salario y de los derechos sindicales contra la ofensiva reaccionaria del gobierno.

La conclusión principal de un correcto análisis de la situación del movimiento obrero desde mediados del año pasado, es-que los trabajadores marchan hacia un enfrentamiento general con el gobierno y su plan de carestía, desocupación y entrega al imperialismo.

En la actualidad, la política económica del gobierno parece encontrarse empantanada ya que además de la resistencia obrera contra la liberación de precios y los despidos (la mantención de un ejército de desocupados apunta a elevar la “productividad” y “eficiencia” de la industria mediante la superexplotación), el gobierno. recibe ahora también las críticas de algunos sectores empresariales por la no liberación total de los precios (los ganaderos por los de la leche y la carne; los farmacéuticos, etc), y de otros contra la baja de los aranceles de importación, que de concretarse acabaría con buena parte de la industria instalada en el país Se habla incluso de una posible modificación del plan económico y del fin del llamado “enfriamiento» de la economía (así lo anunció Montes de Oca). Pero es importante señalar que lo que los empresarios reclaman para la reactivación no son aumentos salariales -que eleven la capacidad adquisitiva de las masas—, ni el control de los precios, que reduzcan sus superbeneficios; sino la reapertura del chorro de los créditos baratos del Estado, de las exenciones impositivas, de los incentivos, etc. en resumen, el masivo financiamiento de sus negocios por parte del Estado.

La verdadera importancia del ascenso obrero sólo puede apreciarse a la luz de la crisis y descrédito del gobierno copeyano, que a poco más de un año de haber subido muestran la creciente inviabilidad frente a las masas del eje AD-COPEI en que se sustenta el remedo de democracia INSTAURADO en 1958; el régimen poli tico mediante el cual el imperialismo y los capitalistas garantizaron la sujeción política y la explotación de las masas durante los últimos 20 años.

Estos son los elementos que caracterizan la actual coyuntura, en la cual el partido debe darse una política que ayude a la clase obrera a abrirse un camino político propio, independiente de la burguesía y sus partidos. Sólo así podremos constituirnos en auténtica dirección revolucionaria de los explotados.

Combatir la política de la dirección de la CTV

La burocracia de la CTV ha percibido —antes que muchas agrupaciones de la izquierda— la verdadera dimensión del ascenso obrero iniciado el año pasado. Como lo señalamos en nuestro documento de Febrero, el lanzamiento de la movilización por la Ley de Aumentos de Sueldos y Salarios —que descolocó a muchos izquierdistas rabiosamente “antiburocrático s”— tuvo por objetivo desviar el movimiento de lucha de los trabajadores hacia los canales parlamentarios, donde la Ley fue negociada y considerablemente reducida en sus alcances (el monto del aumento, la inmovilidad).

Esa iniciativa “combativa” fue combinada con el comienzo de negociaciones con Fedecámaras y una presión sobre el gobierno reclamando una “Concertación”; es decir, un pacto social que permitiera contener la lucha obrera. El gobierno no ha aceptado, hasta el momento, la propuesta del pacto social —posiblemente porque necesita antes hacer avanzar más su programa económico—, pero la patronal se mostró dispuesta al acuerdo con la CTV para enfrentar las luchas obreras. El acuerdo de la CTV con los industriales del sector textil, firmado pocos días antes del inicio de la huelga, que preveía la renuncia por parte de los trabajadores a las principales reivindicaciones contenidas en el Contrato (40 horas semanales, aumento de Bs.50) y el compromiso sindical de aumentar la productividad y de gestionarle créditos a los Mishkin y Zarikian, es un claro ejemplo de la orientación de la dirección de la ctv:

Con la huelga de más de un mes, los textileros demostraron su repudio a tal política de “concertación” antiobrera. Pero la huelga no logró quebrar el boicot de la dirección de la CVT, a pesar de que concitó la solidaridad de toda la población trabajadora. Sólo en Aragua se logró arrancar a Fetra-aragua un paro regional de solidaridad.
Que la huelga no haya podido triunfar mediante, la movilización general de los trabajadores y por lo tanto que no haya podido imponer sus reivindicaciones (no se consiguieron las 40 horas y el aumento fue de sólo BS. 13 de los 50 que se reclamaban) se debe a la política de la dirección de la CTV, que la aisló. Pero las direcciones del conflicto tienen en esto parte de la responsabilidad, porque no fueron capaces de quebrar el sabotaje de la CTV, con movilizaciones y reclamos públicos para que se resolvieran otros paros regionales de apoyo a un paro Nacional.
La burocracia no estaba en condiciones de oponerse abiertamente a la huelga, no llamó a que se levantara; se vio obligada a declarar (y sólo a declarar de palabra) su apoyo, lo que muestra su debilidad Pero se esforzó por mantenerla aislada, y varias de las direcciones del conflicto le hicieron el juego evitando que la presión obrera se concentrara en la CTV para obligarla a tomar medidas de movilización.

La orientación que se discutirá en el próximo Congreso de la CTV en Margarita nada tiene que ver con una actitud combativa frente al plan económico antiobrero y proimperialista. El eje del Congreso será la discusión de una propuesta de “modelo” para el país, (siguiendo la moda de las Cámaiks Empresariales) y un planteamiento sobre la co-gestión, cuyo propósito es alejar a los trabajadores de los métodos de la acción directa, y fomentar la conciliación de clases con los patronos y su gobierno.

A pesar de la política capituladora y desmovilizados de la dirección’ cetevista los sindicatos son el canal principal de la movilización obrera, toda vez que son las únicas organizaciones de masas de que disponen los trabajadores. Un aspecto del ascenso es un crecimiento de la actividad sindical de los trabajadores, que necesitan que sus organizaciones encabecen la lucha por las reivindicaciones. La afluencia de los obreros a los sindicatos y sus expectativas en que la burocracia asuma un papel de dirigente en la lucha, abre las más grandes posibilidades para el desarrollo de una corriente clasista en el movimiento obrero, ya que las expectativas e ilusiones de los trabajadores chocan Tapidamente con la política conciliadora de las direcciones burocráticas.

El partido tiene ante sí una gran posibilidad de implantarse profundamente en las fábricas (como lo plantea el Plan de Luchas Populares aprobado por la Dirección Nacional) a condición de que sepa orientar y encabezar el movimiento antiburocrático, contra el colaboracionismo de las direcciones proburguesas de los sindicatos.

Ninguna de las corrientes de la izquierda -y tampoco nuestro partido— ha realizado una campaña de masas entre los trabajadores con vistas a reclamar que el VIII Congreso de la CTV adopte medidas de movilización contra el plan económico. Entendemos que éste es ún grave error que nuestro partido aún está en condiciones de corregir.
El MAS en cambio, no sólo no ha realizado ninguna actividad de masas hacia el Congreso de la CTV, sino que ha integrado finalmente la llamada plancha de consenso, gracias a lo cual recibirá un puesto en la dirección de la CTV a cambio de haber perdido su independencia política frente a AD y COPEI. ¿Qué lucha contra la burocracia adeca y copeyana se puede realizar cuando se forma parte de la dirección de la CTV por acuerdo político con esas corrientes?

No son puestos burocráticos lo que buscamos, sino la construcción de una nueva dirección de la clase obrera.
Como correctamente señala el documento de la dirección Nacional, la presentación de planchas en los sindicatos debe estar en relación con la real implantación del partido en el frente; de lo contrario corremos el riesgo de desarrollar una política de componendas con los burócratas. En este punto la política que sigue el MAS debe servimos de ejemplo de lo que no debemos hacer si pretendemos desarrollar la lucha por dotar a los sindicatos y a la CTV de una dirección clasista.

La clase obrera hacia la izquierda y la «izquierda» hacia la derecha

No sólo el gobierno, los partidos burgueses y los dirigentes sindicales conciliadores han percibido el viraje producido en la situación política. Muchos dirigentes de la izquierda han redefinido sus orientaciones frente a la nueva situación.

La “Carta Política N° 6” de la CPN caracteriza correctamente como frente-populista -es decir, proburguesa— la nueva propuesta de José Vicente Rangel de un frente de “salvación nacional” que renunció a todo planteamiento socialista o clasista. La Carta Política mencionada señala también que “partidarios de este agrupamiento son grupos e individualidades tales como García Pohce y Vanguardia, Américo Martín y la Democracia en Movimiento, Maneiro y la Causa R., Irrigarren y el GAR, Carlos Blanco y Proceso Político”. También señala que “se presume que podría contar con el apoyo del’ PCV”, que el MEP en ciertas condiciones podría integrarlo, y finalmente, que Pet-koff políticamente está cerca de éste planteamiento (aunque lo distancia no su concepción, sino la necesidad de competir con José Vicente por la candidatura para 1983).

A excepción de nuestro partido, toda la izquierda aparece en la actualidad buscando un reagrupamiento Apolítico hacia la derecha, de conciliación de clases, de “salvación nacional”, etc. Se constata el curioso fenómeno de que la “Izquierda” marcha en el sentido exactamente opuesto a la clase obrera. Mientras la primera busca lazos con los partidos burgueses, la segunda evoluciona hacia la independencia política respecto a la burguesía.

Como dijimos antes, la situación política abre grandes prospectivas para una política revolucionaria; pero la política que está desarrollando la ‘izquierda” aparece como contrapuesta a las tendencias y evolución de la clase obrera. En o-tras palabras: estos grupos de la izquierda están diseñando una política contraria a la independencia política de los trabajadores. Aunque puede llegar a tener un éxito momentáneo (éxito en el sentido de concitar el apoyo de importantes sectores inclusive en la clase obrera) como resultado de la descomposición de los principales ‘ partidos de la burguesía AD-COPEI, conduce inevitablemente a las masas al callejón sin salida del cretinismo parlamentario, de la confianza en las instituciones de la ‘ burguesía (aún está fresca la experiencia de la Unidad Popular Chilena para ver los resultados de la conciliación de clases).

La actuación parlamentaria del MAS es elocuente, con el voto a los Créditos Adicionales en Octubre-79 (grave error también participaron nuestros diputados) y más grotesco aún con la participación en el “madrugazo”.No sólo no se está utilizando el parlamento como tribuna para la propaganda revolucionaria y para favorecer la organización independiente de los explotados, sino que se ha llegado al triste papel de cómplices de las maniobras gubernamentales. Hasta1 el momento, los explotados no ven en los parlamentarios de la izquierda a sus representantes, a los defensores de las causas, obreras, a quienes denuncian la corrupción y la entrega al imperialismo, en resumen, a quienes desnudan públicamente la verdadera esencia del régimen político actual. Lo que ven son demagogos, interesados ‘por una migaja de poder; por una migaja del poder que ejercen los explotadores.

(Entendemos que sobre este punto es muy importante abrir el debate interno en el partido, para esclarecer cual debe ser la orientación de nuestros camaradas parlamentarios).

Realicemos una campaña por un paro nacional

La situación política requiere una decidida intervención de nuestro partido, que recién ahora se plantea salir de la parálisis en que quedó sumido luego de las elecciones nacionales y del proceso divisionista de Américo Martín.
Es un importante paso adelante la aprobación del “Plan de Luchas Populares” porque pone de relieve la necesidad de centrar nuestra actividad en el movimiento obrero, con los métodos de la movilización. Consideramos sin embargo, que es un error formular simultáneamente 14 planteamientos, referidos a otros tantos de los principales problemas que afectan a las masas, y darles a todos la misma jerarquía.

Debemos partir de la realidad de la movilización actual de las masas, cuyos centros son la lucha obrera por la defensa del salario y contra los despidos, y «él combate que está planteado en el terreno de la educación (principalmente en las universidades, por el presupuesto y el respeto a la Autonomía, y en el Magisterio). Esto no quiere decir que se dejen de lado las restantes reivindicaciones —cada una de las cuales debe desarrollarse en el respectivo frente- sino que se encare la agitación central, nacional, del partido alrededor de los que son los ejes también nacionales de la lucha de los explotados.

Se trata de desarrollar una actividad de agitación, propaganda y organización nacional, que fortalezca la tendencia de la clase obrera y las masas .hacia una lucha nacional; que la ayude a dirimir sus fuerzas en un solo haz y a poner en pie de lucha a sus organizaciones de masas.

En este sentido, la consigna central de nuestro trabajo debe ser el Paro Nacional por un Aumento de Emergencia, la Escala Móvil de Salarios y el Reenganche de los Despedidos, Este planteamiento nos permite realizar una profunda actividad desde el nivel fabril, hasta la intervención política más general del partido; organizando las fábricas, interviniendo en los sindicatos y Federaciones Regionales, realizando tareas de agitación, etc. El primer paso debe ser reclamar públicamente a la CTV que el VIII Congreso ponga fecha a un Paro Nacional por esas reivindicaciones.

Por una correcta política de unidad

La Unidad es un asunto de discusión en el seno de la izquierda desde hace años (y uno de los puntos principales de la política del partido, de acuerdo a los últimos documentos de la Dirección) pero fuera de las declaraciones y de algunos acuerdos circunstanciales, no se han hecho progresos de importancia, y en los momentos fundamentales continúa presentándose dividida -elecciones nacionales, votaciones de importancia en el Congreso, lucha sindical, etc).

La unidad debe plantearse a partir de las necesidades de la clase obrera y las masas, de su combate presente contra los explotadores y su gobierno, y basarse en los métodos de la acción directa.

No cualquier unidad de la izquierda es progresiva. La Carta Política N° 6 de la CPN lo demuestra claramente al remarcar el contenido proburgués de la orientación actual de todas las organiza-dones de la izquierda. La unidad alrededor de esos planteamientos, lejos de ser positiva, constituiría una traba para la evolución de la clase obrera. Cometeríamos un grave error planteando la unidad como el simple resultado de un acuerdo entre todos los grupos de izquierda por los puntos que tienen en común; hoy, ese programa común sería de conciliación de clases, de desmovilización de los trabajadores, de adaptación al parlamentarismo burgués.

El objetivo de todo planteamiento unitario es el agrupamiento y movilización de las masas en su totalidad —no solamente de los militantes y organizaciones de la izquierda—; por eso las consignas deben responder a las necesidades objetivas del movimiento en su conjunto y no a un compromiso entre las direcciones políticas.
Tampoco podemos esperar que los partidos de izquierda abandonen por si solos sus posiciones proburguesas.
La unidad no es un debate bizantino con los otros grupos de la izquierda, sino una lucha política que debe librar el partido revolucionario en el seno de las masas, señalando un camino de combate que recoja sus aspiraciones profundas y les de una perspectiva de triunfo. Lo que debe hacer el partido al plantear la unidad a las otras organizaciones, es mostrar la necesidad de la acción conjunta y poner en evidencia como sus actuales políticas conducen a la desmovilización de los trabajadores y a la derrota.

Es correcto como objetivo plantear una unidad que vaya más allá de las reivindicaciones inmediatas, pero es absurdo una unidad por un programa amplio, socialista, con quienes no estén dispuestos a la movilización directa por las reivindicaciones inmediatas; pues los programas «socialistas” en boca de quienes no impulsen la lucha obrera son apenas un taparrabos del reformismo.

El primer paso para la lucha por la unidad, hoy, es reclamar la acción conjunta por el Paro Nacional por el aumento de Emergencia, la Escala Móvil de Salarios y el reenganche de los despedidos; es el establecimiento de una política común en las organizaciones sindicales para desalojar a la burocracia proburguesa y conquistar la democracia sindical y la independencia, política de los sindicatos; es la adopción de un plan de luchas para todos los sectores de la educación por el aumento del presupuesto, por la plena autonomía universitaria y por las reivindicaciones de los docentes.

La crítica de los planteamientos proburgueses de las organizaciones a quienes proponemos la unidad, es parte inseparable de la lucha por la unidad, pues ayuda a esclarecer a las masas —así como también a los militantes—, lo que equivale a avanzar en la construcción del partido revolucionario.

Octubre de 1980

Solicitud:

La TENDENCIA TROTSKISTA del MIR considera como un paso muy importante la reaparición regular del periódico nacional del partido, IZQUIERDA porque este puede ser un instrumento de gran valor en la reorganización partidaria y en la difusión de las ideas miristas entre las masas. En ese sentido, pensamos, que es necesario el debate en el partido sobre los objetivos y características de nuestra prensa, como se señala en la Carta Política N° 6.

Entendemos también que el periódico debe reflejar la vida del partido (la vida política), así como las opiniones de los distintos sectores que lo conformamos, en el marco de la orientación general del partido. Así como en las páginas de IZQUIERDA tienen cabida las opiniones de los compañeros criticando al trotskismo, o los aportes de compañeros sobre diferentes problemas nacionales, internacionales o teóricos; nosotros solicitamos el derecho a plantear también nuestras posiciones sobre algunas de esas cuestiones.

Solicitamos a los compañeros de la Dirección la consideración de este planteamiento para establecer una modalidad de participación de nuestra corriente en el periódico.

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Polonia: La clase obrera y los sindicatos

Política Obrera

El movimiento sindical en Polonia tiene una larga historia detrás suyo, que estado vinculada a condiciones políticas extremadamente diferentes y complejas.

Su origen esta relacionado con los comienzos del siglo XIX. Pero a diferencia de la mayoría de los movimientos obreros de los diferentes países, no se desenvolvió en el cuadro de un Estado nacional propio, pues la nación polaca se encontraba dividida bajo las dominaciones de los imperios zarista y austríaca, y de la monarquía prusiana De aquí el peso del problema nacional y de los planteamientos patrióticos en la formación de la clase obrera polaca. A pesar de estas circunstancias desfavorables para el desarrollo de un movimiento obrero independiente, los sindicatos hicieron su aparición hacia fines del siglo pasado y el movimiento huelguístico cobró una gran amplitud. Se destaca, en 1892, la célebre huelga de los tejedores de Lodz.

Polonia reconquista su independencia en 1918, como consecuencia de la derrota de las tres monarquías que se repartían sus territorios. Tuvo el apoyo del imperialismo anglo-francés, cuya intención era dirigir al flamante Estado contra la revolución bolchevique.

En esta etapa se producen choques y divergencias entre los comunistas y los socialistas, pues éstos —junto a la mayoría de las direcciones sindicales— integraron la coalición gubernamental antisoviética en la guerra de los años 20.

Entre la primera y segunda guerras mundiales, el movimiento obrero polaco se desarrolló considerablemente. En comparación con el resto de Europa y de los EEUU, él movimiento obrero en Polonia llegó a Ocupar, en este período, el tercer lugar en desarrollo sindical y el segundo en número de huelguistas. Esta ascendencia fue conquistada a pesar del carácter policial del Estado polaco en este período.

La influencia del PC y del PS, en especial de este último, era dominante a nivel de direcciones y cuadros sindicales Las formas de acción de este movimiento eran muy diversas, pero se destacaban las ocupaciones de fábrica. En los territorios de la ex administración prusiana se desarrollaron considerablemente los comités sindicales en el interior de las fábricas. La influencia del PS era favorecida por la colaboración que entablaban con el Estado, así como por las continuas purgas dentro del PC -hasta su disolución por Stalin en 1938. Así el aparato staliniano en Polonia va a ser reconstruido, a partir de 1941, directamente por Moscú.

Junto a esta amplia experiencia sindical, existía también, en las vísperas de la segunda guerra, una determinada tradición revolucionaria. En 1918-19, por iniciativa de los bolcheviques polacos y de los sindicatos se formaron Consejos Obreros en muchas ciudades, incluida Varsovia. En Lublin se llegó a instalar un Consejo de delegados obreros de toda Polonia. Así se impuso la jornada de 8 horas, se formaron milicias obreras y se llegaron a decidir aumentos salariales sin consulta con los patrones.

El pacto Hitler-Stalin significó un golpe brutal para el proletariado polaco. El fascismo y el stalinismo se ponían de acuerdo para dividir el país y aplastar todo movimiento obrero real. No sólo en la zona de ocupación alemana, sino también en la soviética, fueron suprimidos los sindicatos independientes y el PS.

Pero la derrota el hitlerismo abrió una situación revolucionaria en toda Europa, y especialmente en Polonia. Entre agosto de 1944 y marzo de 1945, que es el período que va desde la progresiva retirada de Alemania y la definitiva ocupación del ejército rojo, se produce un salto fenomenal de todo el movimiento obrero. Se organizan los sindicatos a todos los niveles, y especialmente los comités de fábrica, que toman a su cargo el control y la gestión de las empresas. Los sindicatos se estructuran en federaciones por industria y por regionales, y los representantes de ambos forman el Comité Central de los Sindicatos. En 1945, el 50 por ciento de los obreros (aproximadamente un millón) estaban adheridos a los sindicatos; en 1946 el número de afiliados se había duplicado y cubría al 65 por ciento de los a-salariados. Este período transicional nos demuestra de dónde venía el impulso fundamental para terminar con el régimen del capital: de los explotados de Polonia. Esto ya nos dice cuál va a ser la principal tarea que se van a imponer los burócratas stalinistas, rusos y polacos: estrangular y acabar con este poderoso movimiento obrero independiente.

Pero la resistencia obrera fue feroz. Primero. En las elecciones en los comités de fábrica, a fines de 1945, ios candidatos stalinistas fueron derrotados en toda la línea, a favor de los socialistas (Partido Popular Socialista). En algunos lugares, los votos que recibían los stalinistas eran inferiores al número de afiliados del PC en el lugar correspondiente! Aún en 1947, los stalinistas eran derrotados en la federación de los ferroviarios y de los docentes. Segundo. La oposición a la regimentación sindical, es decir, a transformar a los sindicatos en instituciones del Estado totalitario y en meros instrumentos de la burocracia del PC, condujo, en 1946, achoques violentos en Gdanks, Gdynia, Sczezcin y Lodz. Esto nos demuestra qué la reconstrucción de los sindicatos en la posguerra fue obra de un proletariado independiente, que defendió la autonomía de sus organizaciones con uñas y dientes. Históricamente, la liquidación de esa autonomía por el stalinismo plantea la recuperación de los sindicatos para la clase obrera.

El resultado de la victoria del aparato staliniano fue la disolución del PS y de todos los agolpamientos no stalinistas, y el sometimiento total de los sindicatos. Esta victoria fue impuesta por la presencia del ejército rojo de ocupación.
El Consejo Central de Sindicatos quedó bajo la tutela del CC del PC, quien nombra o destituye a sus miembros. Las federaciones pierden toda autonomía frente a este Consejo, y lo mismo ocurre con los comités de empresa respecto a los sindicatos. Un fenómeno común es que el director estatal de la empresa sea designado presidente del comité obrero! Los sindicatos pierden toda función reivindicativa y, por lo tanto, el derecho de huelga, aunque éste se encuentre establecido en la Constitución. El reclamo de los trabajadores sólo puede ser individual. La función de los sindicatos pasa a ser la ejecución del plan del Estado a nivel de los lugares de trabajo, como ya ocurría en la URSS. En 1950, el número de “dirigentes” sindicales nombrados a dedo por el PC era de 10.000! La burocracia realiza, así, el sueño dorado del fascismo: la organización integral de los trabajadores por el Estado, la transformación del ‘órgano histórico de defensa de la clase obrera en instrumento del empleador (en este caso, el Estado). Este sindicalismo totalitario forma, junto al régimen de represión policial y social, y junto al régimen laboral por piezas, todo un vasto mecanismo de atomización de la clase obrera, un sistema que pretende desintegrar a ésta en su raíz.

Pero lo que ningún régimen totalitario puede hacer es detener la lucha de clases, ni las consecuencias obligadas de la impasse de los regímenes burocráticos. En junio de 1956, el proletariado polaco se insurrecciona, toma la ciudad de Poznan y presenta un amplio abanico de reivindicaciones. Los obreros se levantan contra el aumento de las normas de producción, que entraña una reducción del 4 por ciento del salario, así como contra las pérdidas de salarios provocadas por las interrupciones en la producción, debidas a falta de aprovisionamiento y otras fallas de la administración estatal. Los obreros eligen sus propios delegados en representación directa de las masas en lucha. El aparato stalinista sufre una profunda sacudida. A diferencia de lo que ocurrirá en las grandes crisis futuras, en 1956 toda una parte del aparato trata de colocarse en la dirección del movimiento, de un lado para controlarlo, pero del otro porque existe todo un sector que quiere utilizar esta movilización para aflojar el asfixiante control del Kremlin sobre Polonia. Esta huelga se va a combinar con reivindicaciones contra la dominación de la burocracia rusa.
En noviembre de 1956 un delegado de la fábrica de automóviles de Varsovia, pero con mandato de once grandes fábricas de la capital y de los astilleros del Báltico, plantea de este modo las reivindicaciones sindicales:
a) convocatoria inmediata de un Congreso; b) destitución de todos los dirigentes repudiados por las masas, y su retomo al trabajo; c)elección de abajo hacia arriba de todos los puestos sindicales, sin excepción; d)revocación en cualquier momento de los que se colocan en contra de las masas; e)publicidad de todas las actividades sindicales, para hacer efectivo el ejercicio inmediato de un control desde abajo; f) autonomía de las secciones sindicales g)autonomía de las uniones sindicales, es decir, no un Consejo Central de Sindicatos, sino una Federación de Sindicatos.

La crisis en el aparato sindical se hace evidente en esto: los alumnos de la escuela central de los sindicatos de Varsovia se asocian a las reivindicaciones y al movimiento independiente de los obreros. Delegaciones de comités de sección del PC y de comités de empresa se dirigen a Varsovia para presentar las reivindicaciones.
Pero el aparato staliniano logra controlar la situación, luego de cerrar la brecha con Moscú, apelando a diversas maniobras. Resuelve, por ejemplo, reducir las normas de producción, introducir algunos cambios formales en la estructura sindical, reducir el número de “dirigentes» digitados, incluso plantear la “autonomía” de los consejos de fábrica, etc., pero el resultado general es un reforzamiento de la regimentación de los sindicatos por el PC y el Estado, que queda más o menos completada en 1958-59.

Pero esto no significa que las huelgas desaparezcan por completo, incluso, a veces fuerzan al sindicato local a colocarse del lado de los obreros. Estos movimientos se verifican en 1959, en 1963 y en 1966.

Los acontecimientos revolucionarios de 1956 y los planteamientos de sus dirigentes prueban que el stalinismo había fracasado en el intento de borrar la presencia del proletariado independiente de Polonia. Esto es un factor decisivo en la descomposición del régimen. El régimen totalitario no se atreve a realizar la menor reforma profunda. En 1971, sobre 32.200 presidentes de consejos sindicales de empresa, solamente el 28 por ciento eran obreros. La frustración de la autoreforma postulada por los burócratas que asumen el gobierno en 1956 (Gomulka) es un factor decisivo en el agravamiento ulterior de la crisis: profundiza la impasse del régimen y obliga al proletariado a formularse perspectivas más amplias rompiendo con esta burocracia pseudoreformista.

La oposición entre los planteamientos de democracia e independencia de los sindicatos, que levantan los activistas antiburocráticos, y los planteos de regimentación del aparato stalinista, traduce la lucha entre el movimiento obrero independiente que existe realmente en Polonia y la contrarrevolución antiobrera que encarna la burocracia. Porque lo que importa es esto: en Polonia existe realmente un movimiento independiente del proletariado, y este es incompatible con el régimen totalitario.

En 1970 los obreros del Báltico ocupan los astilleros, destrozan los locales del PC y obligan a la renuncia de Gomulka. El ciclo de engaños 1956-70 está cerrado. Todo lo hecho desde 1956 para borrar el movimiento de independencia de clase se hace trizas. Se forma un comité de huelga, que traduce el movimiento instintivo de la clase hacia su propio poder. Polonia ingresa en un período de crisis económica que traduce la impasse del régimen totalitario y la presión de la crisis mundial del capitalismo sobre los Estados obreros. El nuevo primer ministro Gierek, busca componer, y opera una “apertura» superlimitada. De 1970 a 1976, las huelgas ocurren en distintas fábricas. En junio de 1976, se produce un nuevo movimiento hacia la huelga general, con motivo de los aumentos de precio de los alimentos. El régimen maniobra y reprime. Se ve obligado a dar marcha atrás con los precios; luego a declarar una amnistía. En 1978 vuelven a estallar huelgas. El régimen tantea el terreno para una nueva ofensiva. La lanza el mes pasado. Hace un mes precisamente, Polonia está en virtual huelga general. Ningún sector del aparato atina a tomar una iniciativa en dirección al movimiento de masas. Su impasse es absoluta.

El proceso de esta lucha de clases debía dar, necesariamente, lugar al nacimiento de una vanguardia obrera. Una vanguardia que se desarrolla, de un lado, en el marco de la enorme confusión resultante de décadas de un totalitarismo ejercido en nombre del comunismo; y del o-tro, por la pujanza enorme del ascenso de masas.

Una expresión, al menos visible desde el exterior, del movimiento de ascenso de una vanguardia obrera se expresa en el “Comité de autodefensa social – KOR”, que edita el periódico “Rabotnik”(El obrero) Y Que es el Que ha brindado las informaciones a la prensa extranjera, relativas a las actuales huelgas. Se trata de un movimiento políticamente confuso y heterogéneo, pues en él conviven elementos socialdemócratas (que quieren reconstruir el viejo PPS con apoyo de la Internacional socialista de Willy Brandt) y partidarios de una alianza más o menos informal con la Iglesia. No levanta, por supuesto, un programa de derrocamiento de la burocracia, sino de democratización del Estado, de “rodear al Estado de organizaciones sociales autónomas” (textual). La función progresiva de este movimiento reside en que ha apoyado y ha ayudado a organizar todo movimiento práctico de carácter democrático contra el régimen.

A iniciativa de miembros del “Comité de autodefensa social – KOR” se han formado, en 1978, “Comités de Fundación de Sindicatos Libres” en el Báltico y en la ciudad de Katowice. Estos Comités de Fundación nacen -según lo señalan sus propios patrocinadores- de un gran problema práctico planteado por la lucha huelguística y reivindicad va de los años 1976-79: a saber, que la desorganización posterior a estas luchas permite al aparato stalinista reprimir a los activistas que en ellas más se empeñaron. Para resolver este problema por medio de una organización permanente, se crearon los “Comités de Fundación de Sindicatos Libres», que procuran, además, conquistar una existencia legal.
Es evidente que, en el momento actual, la situación ha cambiado, pues de lo que se trata ahora es de dar una orientación a una movilización que tiene un carácter de masas, que está creando organizaciones presoviéticas y de doble poder (comité de huelga) y que por eso está poniendo en cuestión el poder del Estado.

De lo que se trata es de recuperar los sindicatos, arrancando la plenitud de las libertades de organización y democráticas para este proletariado independiente. Esto significa: elección de representantes surgidos directamente de la lucha en todas las fábricas, su unión en comités de huelga; destitución de toda la burocracia sindical y elección en todos los sindicatos, organizados por los representantes de los comités de huelga en cada fábrica; disolución del Comité Central de los sindicatos y autonomía plena para las federaciones para una unión Ubre; convenciones colectivas de trabajo, barriendo con el trabajo a destajo; total libertad de tendencias, libertad de organización a los partidos que se encuadran en la legalidad del nuevo régimen antiburocrático. Estas reivindicaciones han aparecido de una u otra mane: ra, en una u otra oportunidad, en los movimientos de lucha del proletariado polaco. Abren el camino a la tarea principal de la revolución política: la expulsión de la burocracia y la reorganización social y económica subsiguiente: abolición de los privilegios y reorganización de la fuerza de la nación en función de las necesidades de los trabajadores.

La quiebra del totalitarismo en las organizaciones obreras es el comienzo del fin del régimen burocrático y contrarrevolucionario. Colocan en primer plano todas las reivindicaciones de la revolución política. Solamente siguiendo el movimiento real de los explotados polacos y de todos los países de Estado burocrático, se podrán lanzar las consignas concretas que respondan a ese objetivo estratégico. El programa de la IV Internacional ha sido confirmado en forma colosal en Europa oriental y Polonia. Pero la vanguardia revolucionaria sólo puede forjarse, no en el doctrinarismo, sino en la unión de ese programa con el movimiento obrero real. La revolución política significa la reintroducción de la dictadura del proletariado y la puesta en marcha del programa de extinción del Estado.

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Polonia: el imperialismo mantiene en pie a los regímenes burocráticos

Política Obrera

Ya en plena crisis política, el gobierno polaco acaba de recibir un préstamo de 325 millones de dólares, por parte de un consorcio bancario internacional liderado por el Bank of América.

El 11 de agosto pasado culminaron las tratativas por las cuales un consorcio de bancos alemanes presta a Polonia 1.200 millones de marcos (alrededor de 600 millones de dólares). Un tercio de este préstamo está directamente garantizado por el gobierno de Alemania Occidental.

Antes de la concreción de estos préstamos, la deuda exterior de Polonia con los países capitalistas ascendía a los 19.000 millones de dólares.

La deuda del conjunto de Europa oriental y la URSS asciende a 70.000 millones de dólares.

Lo que todo esto deja bien claro es que es el imperialismo el que viene en socorro de la burocracia stalinista. Los tanques rusos podrían darle sólo una salida represiva y de emergencia al gobierno polaco, lo que rápidamente se vería condenado al fracaso multiplicando las contradicciones al nivel de todos los estados dominados por la burocracia. Por eso, es justo decir que lo que sostiene a estos regímenes, desde un punto de vista más amplio, es el propio imperialismo. Para éste (diga lo que diga sobre Afganistán), el peligro principal no radica en una “exportación” de la revolución por iniciativa de la burocracia, sino en una victoria de la revolución política en esos Estados, que reanime, insufle fuerza revolucionaria y reunifique al conjunto del movimiento obrero de Europa, tanto del este como del oeste.

Se trata de una estrategia de vasto alcance, que fue delineada, justamente, hacia 1970, luego de las crisis en Checoeslovaquia (1968) y Polonia (1970). Esta estrategia fue sancionada por tres tratados diplomáticos: entre Bonn y Moscú, en 1970; entre Bonn y Varsovia, en 1971; y en la Conferencia de Seguridad de Helsinski, en 1975.

En la superficie, pareciera que estos tratados hubieran tenido por objeto normalizar la situación posterior a la guerra, mediante el reconocimiento definitivo de las nuevas fronteras entre Alemania y Polonia, y del status quo global entre el este y el oeste. Pero como quiera que una perspectiva de modificación militar de estas fronteras estaba excluida, ese reconocimiento era secundario, pues consagraba una situación de hecho. La importancia de esos tratados era que – eliminaban los obstáculos a una colaboración entre el imperialismo y la burocracia, y definía los fines y métodos de esa colaboración. En el tratado de Helsinski se establece claramente el objetivo de llegar a implantar el Ubre comercio y la libre circulación de capitales entre el Este y el Oeste, lo que significa que se busca derribar los mecanismos de defensa de los Estados obreros, como lo es el monopolio del comercio exterior y la propiedad estatal. Lo que estos tratados consagran es, como se ve, la estrategia del imperialismo. Para la burocracia, ello es la vía para hacer frente a su total impasse, que se manifiesta en la rebelión de la clase obrera.

Es justamente a partir de 1970 que se da el gran boom de empréstitos en dirección de Europa del Este y la URSS, y que se concretan las grandes compras de granos en Estados Unidos.

Esta política puede ser un alivio transitorio a la impasse burocrática, pero su consecuencia definitiva es la dislocación de la economía estatal. Es lo que pasa en Polonia. A medida que esta dislocación progresa, la dependencia del imperialismo se acentúa. Es lo que revelan los nuevos préstamos.

Todo esto está claro en los planes de austeridad reclamados por Rockefeller y en el préstamo alemán. Este se ha dado “con la condición de que los contratos de entrega de carbón sean negociados con las empresas de energía de Alemania Occidental «(“International Herald Tribune”, 13/8/80).- Es decir, que el imperialismo pasa a ejercer de control del principal recurso energético y natural de Polonia (¡que sufre una crisis de energía!).

Casualmente, el 12 de agosto se cumplió el décimo aniversario del tratado Bonn-Moscú. Es por eso que Breznev y Kosygin mandaron un mensaje a Helmut Schmidt. Allí caracterizan a la política de Alemania Occidental como “factor decisivo para la estabilidad en Europa”. Cuando se ve el socorro que Schmidt le brinda a Gierek. se comprende fácilmente lo que quieren decir los burócratas rusos: que el imperialismo ha contribuido a impedir que la burocracia se venga abajo.

Esto explica la enorme preocupación de los gobiernos y medios de prensa capitalista por encontrar un planteo de “transición” para la burocracia en crisis, que permita operar modificaciones desde arriba, capaces de prevenir y bloquear la revolución. Todos declaran que la lucha por la total libertad política es “utópica” y se esfuerzan por sugerir cómo el proletariado debería recular, aceptando, por ejemplo, un “pluralismo” restringido en ciertos planos del sindicalismo totalitario. La prensa imperialista se esfuerza por orientar en esta dirección a la intelectualidad disidente, por medio de la cual espera llegar a los líderes obreros. Estos, entretanto, machacan donde deben: que se reconozca al Comité de Huelga interfábricas.

La punta de lanza de esta política en Polonia, lo ocupa la iglesia. Esta quiere usar la presión de las masas para imponer su participación en el monopolio ideológico y cultural del Estado totalitario. Es decir, sumar a la brutalidad de la burocracia su propio oscurantismo, y canalizar a la oposición detrás de alternativas capitalistas. El primado de Polonia, cardenal Wyszyuski, se tomó hasta el 20 de agosto para hacer un pronunciamiento. En éste hace un “saludo a la bandera” obligado a los derechos que reclaman los trabajadores (las declaraciones del gobierno hacen lo mismo), llamó a que no se enciendan demasiado los ánimos y a que “se tengan en cuenta las dificultades económicas del país”.
A la convergencia del imperialismo y la burocracia, la única respuesta es la unión del proletariado de toda Europa.

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Polonia: La revolución política

Política Obrera

Publicado en Política Obrera N° 314

Hace ocho semanas, un impresionante movimiento hacia la huelga general comenzó a extenderse por Polonia -un Estado Obrero burocrático, sometido al control de la burocracia del Kremlin. El detonante de esta gigantesca movilización obrera, fue el aumento del precio de la carne ( en un 60 por ciento) y de otros alimentos, así como la decisión de elevar las normas de producción en las fábricas. Estas medidas estuvieron latentes y fueron parcialmente aplicadas desde 1976, cuando en junio de ese año también hubo un debut de huelga general, que obligó al gobierno a recular. Desde entonces se fue dando una situación de carestía efectiva (debido a la escasez o a la falta de productos en los mercados), de presión para elevar los ritmos de trabajo, de despidos de obreros que lideraban las luchas y, también, de huelgas parciales de resistencia en innumerables fábricas. Esta pulseada feroz entre la burocracia y el proletariado se transformó, justamente, en una lucha general a principios del pasado mes de julio, cuando el gobierno decidió encarar una ofensiva en toda la línea contra el nivel de vida de los trabajadores.
Durante, aproximadamente, cinco semanas, las huelgas fueron extendiéndose de un lado a otro, sobre la base del reclamo de un aumento salarial que compensase los aumentos de precios de productos alimenticios. El gobierno se vio obligado, ante la amplitud del movimiento, a tirar la toalla en todos los casos, con la finalidad de evitar la politización de la movilización, que, ya en algunos lugares, se expresaba en el reclamo de elecciones libres en los sindicatos, o en el derecho de huelga y a la existencia de sindicatos libres, es decir, independientes del Estado, y democráticos. Es evidente que estas reivindicaciones se desprendían casi naturalmente de toda la situación de opresión de la clase obrera por parte del Estado burocrático, que es el empleador único del país, es decir, de la falta total de organizaciones de defensa propia de los trabajadores (los sindicatos existentes han sido transformados en una pura correa de transmisión del aparato del PC y del Estado). Un aspecto decisivo que explica la tendencia hacia una huelga política consciente de masas es el hecho de que el proletariado polaco viene de tres grandes experiencias (en 1956, 1970 y 1976), en las que las promesas de autorreformas por parte de burocracia, así como las concesiones económicas, se hacían humo inmediatamente con el reflujo de la crisis política. Lo que está en juego, por eso, en la actual movilización, no es sólo arrancar los aumentos salariales sino conquistar los derechos de organización que permitan derrotar a la burocracia y sus planes antiobreros.

Es precisamente en esta dirección que los acontecimientos dieron un salto hacia mediados de agosto, con la entrada en la lucha de los astilleros de Gdansk, en el Báltico. Aquí se impuso en toda la línea el pliego de reivindicaciones económicas y la reincorporación de los obreros despedidos por su papel en las luchas anteriores, pero quedó en pie la reivindicación del derecho a una organización de los sindicatos independientes del Estado, así como la decisión de continuar la huelga en apoyo a los pliegos de reivindicaciones de las restantes fábricas de la región. En la fábrica Elmor se fue más lejos y se exigió la libertad política y la convocatoria a elecciones libres (“Córriere della Sera”, 17/8/80). Al día siguiente esta reivindicación fue incorporada por el Comité de Huelga interfábricas del Báltico, que, al momento de escribir este artículo representa a 250 fábricas y a 30.0000 obreros en huelga, y al cual se han incorporado otras 50 fábricas, con 30.000 obreros, de la vecina ciudad de Szcsecirio.

El carácter amenazante que va tomando esta movilización se acrecienta por dos hechos que apenas han aparecido en la prensa: un movimiento hacia la huelga en las minas de carbón de Silesia (que constituyen el corazón económico del Estado y, como veremos luego, son objeto de la codicia de los acreedores internacionales de Polonia) y la huelga efectivamente lanzada por los agricultores de la región de Grejek (a unos cincuenta kilómetros de Varsovia), en solidaridad con los obreros del Báltico y en defensa de reivindicaciones propias. Este sector del campesinado resolvió, asimismo, enviar alimentos a Gdansk, para sostener la huelga obrera.

Todo esto ocurre en medio de una fenomenal censura de informaciones y de bloqueo al traslado de activistas por el país.

Lo que se ha establecido en el Báltico, con la formación del Comité de Huelga Interfábricas (las fábricas están ocupadas y los transportes parados), es lo que la historia ha bautizado con el nombre de Soviets (consejos), es decir, una organización de combate, que representa directamente las masas en lucha, es decir, una organización que no sólo constituye la forma más acabada del frente único del proletariado, sino que, por eso mismo, goza de una autoridad indiscutible, y que, por tal razón, limita la autoridad del Estado y se contrapone a ella. Significa que los obreros se encuentran en una contradicción irreconciliable con la dictadura burocrática, y que aspiran a cambios de fondo en el régimen política Que las instituciones del Estado burocrático ya no corresponden con la realidad política del país quedó simplemente probado en el caso siguiente: el comité de empresa de los ferroviarios de Lublin (al sudoeste de Varsovia) resolvió, luego de la huelga, de julio en esa ciudad, “conceder» un 15 por ciento de los pues» tos al comité de huelga, quien no sólo los rechazó, sino que impuso nuevas elecciones, en las que ganó todos los cargos del consejo de empresa (“Jómal do Brasil’’, 29/8/80). Así se efectiviza la expulsión de los burócratas estatales de los sindicatos y se concreta la independencia de estos del Estado.

Ahora bien, por muchas razones, entre ellas el lugar que Polonia ha venido a ocupar en los últimos años en la política internacional, los acontecimientos polacos tienen una proyección directa tanto sobre el este como sobre el oeste de Europa. Sobre el este, porque pone en cuestión todo el sistema de Estados totalitarios liderados por la burocracia rusa. Sobre el oeste, por que Polonia se ha transformado en un experimento avanzado de penetración del imperialismo en el seno de un Estado obrero, es decir, de un Estado donde el capital ha sido expropiado). “La solidaridad occidental (con Polonia) -dice el Corriere della Sera (18/8/80)- debe manifestarse en todas las formas económicas posibles”; ahora ya no parece importar, según se ve, lo elevada que sea la deuda externa polaca. “Helmut Schmidt (que ofreció a Gierek 1.200 millones de marcos -dice también el Corriere (17 /&)- se encontrará siendo otra vez el hombre de punta de occidente en la confrontación con el Este”. Los alemanes opinan lo mismo: “Esta orgullosa suma de dinero del Oeste capitalista debe permitir que Polonia no se pierda” («D’ér SPiegel”, 18/8/80).

Lo que las huelgas, ocupaciones y formación de comités plantean en Polonia es el desarrollo de la revolución política, y esto sin necesidad de que el proletariado lo formule explícitamente, en todos sus términos, al comienzo de esta movilización, o que lo tenga que hacer fatalmente en esta movilización (y no en la siguiente). Porque mientras sería un error criminal jugar la movilización presente al todo o nada (lo que sería negarle el derecho a maniobras, reagrupamientos, etc., para ganar fuerza), es indudable que la presente lucha llevada hasta sus últimas consecuencias, plantea el derrocamiento de la burocracia stalinista.

La impasse del régimen burocrático

La crisis polaca es el resultado ineluctable de la incapacidad del régimen burocrático para desenvolver las fuerzas productivas en el cuadro del totalitarismo interior y de la colaboración de clases con el imperialismo, en el exterior. En los Estados burocráticos sólo la burocracia ha encontrado satisfacción a sus aspiraciones sociales, no así las masas trabajadoras. Incluso el pleno empleo, la seguridad social y el control de la carestía (que son una expresión deformada de las grandes conquistas históricas en la lucha contra el capital) están ahora en cuestión, como lo revelan en primer lugar, las alzas de precios, en segundo lugar, el deterioro de las pensiones y jubilaciones (que los obreros piden que se equiparen con las de la policía) y, en tercer lugar, los despidos y el aumento de los ritmos de producción. .Esto quiere decir que la burocracia asigna los recursos nacionales, no en función del interés de la mayoría trabajadora, no en función de reforzar la cohesión social y política del proletariado, sino en función de sus propios apetitos. Esta orientación antiigualitaria del plan económico se ha agravado, a su vez, por su propio método de gobierno, que está fuera de todo control democrático. La burocracia dirige el país como un cuerpo extraño a su tejido social. Es por eso que en la crisis actual los burócratas no se animan a usar como chivo emisario a la «crisis mundial» y están prestos a admitir sus “errores”.

Hasta fines de la década del 60, los países de la Europa Oriental (y la URSS) se desarrollaron, preferentemente, en un marco autártico, con escasos contactos con la economía mundial. Dentro de ese cuadro regresivo tuvieron que hacer frente a su atraso histórico y ejecutar los pasos fundamentales de las primeras etapas de la industrialización, aprovechando las ventajas del sistema de la propiedad estatal y de las posibilidades de la planificación. Pero la autarquía fio permite ir más lejos y la insistencia en ella conduce directamente a la impasse, esto porque el progreso subsiguiente a la productividad del trabajo exige aprovechar las conquistas técnicas y la división del trabajo internacionales. Esta impasse se tradujo en las rebeliones obreras de 1956 y 1970, cuando el proletariado se negó a cargar con el inviable “socialismo en un sólo país” Claro está que las fuerzas productivas de la humanidad (sin cuyo concurso la edificación del socialismo es imposible) están bajo el control del imperialismo. Pero lo que esto demuestra es que la perspectiva estratégica de la coexistencia o colaboración con el imperialismo es un callejón sin salida para los Estados obreros.

Es precisamente a partir de las crisis polaca (1970) y checoeslovaca (1968), y de disturbios en la propia Unión Soviética, que la burocracia introduce una corrección a la autarquía y se lanza desenfrenadamente a buscar la “ayuda” imperialista; En Polonia, específicamente, el nuevo gobierno de Gierek creyó que podía saltarse la resolución de las contradicciones del Estado totalitario, apelando al capital financiero internacional. Así, hizo un planteo de industrialización acelerada con el uso de recursos externos. Las importaciones subieron un 15,4 por ciento de promedio anual en 1970-75, y-en 1973 crecieron hasta un 23 por ciento. Gracias a esto, las inversiones también subieron un 18,4 por ciento y en 1973, un 25 por ciento. Lógicamente, el producto bruto creció a un ritmo del 9,7 por ciento anual, contra el 6 por ciento en el período de 1965-70. Esto creo» una euforia económica y la ilusión de que las crisis del pasado no se repetirían. La burocracia se hundió más en el inmovilismo, y todas las reformas prometidas en el 77 quedaron en el olvido. Pero las exportaciones polacas no crecieron al ritmo de las importaciones, y esto por la razón de que el mercado mundial está dominado por el capitalismo, lo que plantea hacerle concesiones decisivas en la propiedad de los medios de producción y recursos naturales del país. A esta característica estructural se agregó la crisis mundial, que se iníciate en 1973 y el aumento de los precios del petróleo. El resultado fue: una deuda exterior de 20.000 millones de dólares. La producción industrial que llegó a crecer un 14 por ciento en 1975 fue cayendo en el ritmo de crecimiento hasta reducirse en un 2 por ciento en 1980. Las inversiones, que í llegaron a subir un 20 por dentó, en 1975, fueron declinando hasta reducirse en un 9 por ciento en 1979.

El crecimiento industrial entre 1970»75 fracasó en crear los recursos necesarios para aumentar las exportaciones y la producción interior. La razón de ello pone a luz todo el régimen de impasse burocrática: de un lado, porque creció en gran escala la producción de bienes de consumo durables (grabadores, automóviles, televisores, etc), en dirección fundamentalmente, al consumo de las capas burocráticas. De esta manera, quedaron sin resolver los grandes problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad, y también la renovación tecnológica de la industria. De otro lado, porque la planificación burocrática provocó desperdicios fenomenales: máquinas que no tenían edificios para ser instaladas, edificios vacíos porque no había máquinas, insuficiencia de formación profesional, etc. La economía polaca sufrió brutalmente el aumento de los precios del petróleo, pero este hecho sirve para iluminar la negligencia en volcar una masa de inversiones en los recursos energéticos polacos, lo que se explica por la orientación “consumiste” del plan, así como por el bloqueo internacional a un desarrollo independiente de estos recursos.

El régimen burocrático se encuentra en una impasse fenomenal en lo que respecta a la crisis agraria. Luego de una colectivización forzosa y brutal, la burocracia tuvo que recular devolviendo el 90 por dentó de las tierras a manos privadas. Es capaz, por naturaleza, de impulsar una cooperación libre, se vio obligada a reintroducir el equivalente al minifundio (4,9 hectáreas promedio por productor). Otro signo del atraso es que, aproximadamente, el 40 por dentó de los agricultores, tiene más de 55 años de edad. En estas ‘ condiciones la modernización es imposible. Un ejemplo: la explotación privada usa 24 personas para explotar 100 hectáreas; las granjas del Estado solamente 9 (“Der Spiegel»). Pero, nuevamente, el régimen totalitario es incapaz de operar una transformación libre, cooperativa, a la gran producción, lo que importaría él control de gestión de los trabajadores. Todo esto determina el pasaje de la euforia 1970-75 a la crisis 1976-80.

En estas condiciones para hacer frente el déficit del balance comercial ; y de pagos, la burocracia se lanzó a incrementar la exportación de todo lo que, justamente, era necesario dentro del país: alimentos y carbón (la exportación de automóviles y la construcción naval —donde se da el epicentro huelguístico— queda bloqueada por la crisis mundial). La carestía (y el desabastecimiento) irrumpió, entonces, con toda fuerza: 12 por dentó de aumento en los pre-dos en 1978» 25 por ciento en 1979. Los salarios no siguen esta curva de precios: se opera, vía la inflación, una confiscación de los salarios. Por eso es que los huelguistas han estado reclamando que sólo se exporte lo que sobre del consumo interno. Pero esto significa declarar la moratoria de la deuda externa, golpear la colaboración con el capital extranjero, torpedear la detente, etc, etc, —la estrategia fundamental de la burocracia.

El «remedio» de la burocracia y del imperialismo

Esta solución a los problemas de la deuda externa (Polonia tiene que pagar 7.000 millones de dólares solamente en 1980) es dictada conjuntamente por la burocracia y los acreedores internacionales, es decir, el imperialismo. La austeridad es la condición que pone éste para renegociar la deuda, pero no la única.

En la primavera pasada (europea) viajó a Varsovia David Rockefeller, que representa a la banca más expuesta por los problemas de pago de Polonia. «Es muy verosímil —dice “Corriere della Sera»— que a cambio de una reprogramación de los vencimientos de la deuda, Rockefeller haya reclamado medidas de reequilibrio entre precios y costos, y una reducción del déficit de presupuesto, como acostumbra a hacerlo el FMI con sus “caitas de intención”. Está claro que el plan del gobierno “comunista” dé Polonia fue dictado por el imperialismo.

Otra exigencia de la banca internacional es que Polonia abra sus cuentas y estadísticas a la inspección del FMI, como ya lo vienen haciendo Yugoslavia y Rumania. Esta exigencia fue directamente planteada como condición para otorgar un empréstito de 500 millones de dólares que tomaría a su cargo un consorcio de bancos extranjeros (“Néw York Times”, 14/8/79). La función de este planteo es clara: un primer paso para conseguir voz y voto en las orientaciones de la economía polaca. Desde el año pasado, el Banco del Estado viene proveyendo, a los bancos internacionales, de toda una información “confidencial que nunca antes había sido revelada” (ídem).

De esta manera, la gestión por ese empréstito fracasó, pues sólo fueron reunidos 300 millones de dólares. El motivo de esto no fue sólo la inseguridad de la situación económica polaca, sino toda una disputa interimperialista en tomo al aprovechamiento de esta crisis. Primero Francia y luego Alemania se cortaron solas, y ofrecieron préstamos al margen del consorcio con la clarísima afirmación de que el carbón polaco (en plena alza de los precios de la energía) es suficiente garantía de la deuda contraída. Es evidente que Polonia se ha transformando en un puesto de avanzada de la estrategia de penetración capitalista en Europa oriental, la URSS y China. El sentido último de toda la negociación es poner los recursos polacos bajo la tutela del capital financiero internacional (de los 1.200 millones de marcos que Schmidt logró obtener de un consorcio de bancas alemanes, sólo 400 millones están destinados al pago de la deuda externa, los otros 800 se destinan a financiar la exportación de carbón a Alemania.

La burocracia no puede dar una salida

La situación es bien clara: mientras la burocracia está obligada a impulsar una política de carestía y de crisis (reducción de inversiones), la huelga obrera está arrancando conquistas económicas muy importantes. Esto nos está diciendo que el gobierno maniobra para frenar el movimiento, y de ninguna manera que esté dispuesto a garantizar el mantenimiento de las reivindicaciones que le son impuestas.

Pero a esto se agrega un hecho fundamental: los trabajadores consideran sus planteamientos económicos apenas como una introducción a su reclamo fundamental, que es sindicatos democráticos independientes del Estado burocrático. La revista “Der Spiegel», ya citada, reconoce sin ambajes que “el reclamo de asociaciones libres es, sin duda, irrealizable sin una subversión de todo el sistema dominante».

Sin embargo, en un cable enviado desde Moscú por el corresponsal del “New Yor Times» (18/8/80) se dice que: “la dirección rusa probablemente concordaría con la aceptación, por parte del gobierno polaco… de los sindicatos libres” Lo que el Kremlin no aceptaría sería “la abolición de la censura” (ídem). Es decir, sí a la libertad sindical, no a la política. También el corresponsal del «Corriere” en Varsovia dice que “sólo la propuesta de crear sindicatos libres tiene alguna esperanza de éxito.

Lo que nos parece que deja claro esta información .es que la burocracia está reparando una maniobra final para estrangular la reivindicación de sindicatos Ubres. Porque es obvio que no puede existir un sindicalismo independiente con una libertad de tendencia y organización política sólo para el PC y el Estado. Lo que resulta de aquí es que la burocracia podría llegar a autorizar (¡como lo recomienda “The Economist», 9/8!) un pluralismo en las elecciones para los comités de empresa (no existe sistema de elección directa nacional) y otorgar a éstos mayor autonomía. El objetivo es que la huelga y la crisis refluyan y volver como en el pasado, a reforzar todo el control totalitario. Los obreros han cobrado conciencia de esto, pues el Comité Interfábricas del Báltico, incorporó la libertad política a sus reivindicaciones.

En las condiciones de un Estado totalitario, menos aún que en una democracia burguesa, tiene viabilidad la construcción de sindicatos paralelos; lo que se impone es recuperar los sindicatos dominados por el Estado, expulsando a la burocracia de todos los niveles.

La huelga política de masas en Polonia no está ante la alternativa de todo o nada. Más aún, la ausencia de una dirección revolucionaria hace muy difícil esperar que el poder pase a manos de la clase 3 obrera. Pero en la medida en que la huelga se amplíe y desarrolle, y que cree sus organizaciones de combate independientes, más rápida y profundamente se minarán las bases del Estado burocrático, más firme y claramente se desarrollará la conciencia de la clase y su vanguardia, más rápidamente se pasará a una nueva etapa de la lucha.

¡Fuera los burócratas de los sindicatos y del Estado! ¡Que los comités interfábricas se conviertan en direcciones sindicales provisorias y convoquen a elecciones libres en todos los niveles sindicales! 21/8/80.

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Polonia: Se cerró una etapa

Política Obrera

Política Obrera N° 315
15 octubre 1980

En la última semana de agosto, el poderoso movimiento de huelgas y de ocupaciones de fábrica de la clase obrera polaca forzó a la burocracia en el poder a reconocer al Comité Interfábricas de Gdansk y de Sczezin, a levantar el bloqueo de las comunicaciones entre el Báltico y el resto del país y a firmar un acuerdo por el que reconoce el derecho a la formación de sindicatos independientes del aparato del Estado y del Partido Comunista.

Desde un punto de vista histórico, es decir, desde el punto de vista del movimiento de la clase obrera en su conjunto, en dirección a la revolución política, o sea, al derrocamiento de la burocracia contrarrevolucionaria y a la implantación de una democracia socialista, se trata de una victoria fundamental. Se ha impuesto, a la escala de la nación entera, el principio de la organización independiente del proletariado respecto al Estado totalitario y la expulsión de la burocracia de los sindicatos. Aplicando este principio consecuentemente, esto debe conducir a la expulsión de la burocracia del Estado.

Toda huelga que adquiere un carácter generalizado y consecuente plantea el problema del poder, pues significa que el antagonismo entre los explotados y los explotadores (o los burócratas) se ha transformado en efectivamente irreconciliable. La cuestión esencial en una situación de este tipo (cuando se plantea la cuestión del poder pero aún no una lucha directa por éste) no es simplemente imponer las reivindicaciones que dieron motivo a la huelga, por la simple razón de que el gobierno de tumo puede estar dispuesto a las más audaces concesiones, si ello le permite conservar las riendas del Estado. La cuestión esencial pasa por dotar al proletariado de una organización que termine con su atomización, su dispersión, su regimentación o su sometimiento a direcciones extrañas a sus intereses históricos, y que, de esta manera, lo yerga como un poder del Estado, abriendo paso a una siguiente etapa de lucha directa por el poder. La diferencia entre una victoria aparente y una victoria real reside en eso: en si el movimiento de combate ha llevado o no al proletariado a reestructurarse en torno a un nuevo eje; en si ha quebrado o no las fuerzas y direcciones que lo han frenado históricamente y que lo han desarticulado transitoriamente como clase revolucionaria. En junio y julio de 1975 la clase obrera argentina protagonizó todo un vasto movimiento de huelgas, que culminó en una huelga general y que impuso el 100 por ciento de las reivindicaciones planteadas, Ocho meses después los militares ejecutaban con toda facilidad el golpe militar. Este desarrollo se explica por el hecho de que la huelga de junio y julio no barrió con la burocracia peronista y no puso en pie una nueva dirección independiente que activamente organizara al proletariado con vistas a una lucha decisiva contra el Estado burgués.

El gobierno peronista cedió, incluso por la exigencia de las fuerzas armadas, para que la burocracia sindical no perdiera el control del movimiento obrero y, por esta vía, el Estado no perdiera el monopolio del poder.

Una experiencia de treinta años enseño a los obreros polacos que debían a-tacar la esencia del problema: primero, organizar en todos lados comités de huelga controlados por la base, sin dirigentes stalinistas y plantear la ruptura con el aparato sindical estatizado (lo que significa, en un principio, con el Estado staliniano) y plantear la organización de los sindicatos independientes. Con esto se ha cerrado una primera etapa, pues la coexistencia pacífica es imposible: o la burocracia stalinista destruye a las nuevas organizaciones obreras mediante la violencia y la corrupción, o éstas acaban con la burocracia usurpadora.

Los acontecimientos polacos importan un viraje histórico en el desarrollo de la revolución política en los Estados burocráticos. De un lado, retoman a una escala ampliada la tradición de las revueltas de Berlin Oriental (1953), Hungría (1956) y la misma Polonia (1956, 1970 1976) y el proletariado se pone en pie con organizaciones propias contra la burocracia. La diferencia con el pasado, sin embargo, reside en que el Kremlin no ha tenido ahora la fuerza para aplastar al movimiento obrero en su embrión, es decir, antes de que se propague nacionalmente, penetre en todas las fábricas del país, atraiga a sectores no obreros y se transforme en un poderoso movimiento de masas a escala de todo el país.

Los comentaristas de prensa, los políticos occidentales, los obispos y los charlatanes atribuyen este desarrollo a la «habilidad”, “prudencia” y “realismo” de los líderes como Walesa, o de los asesores católicos de éste. jQué va! No es en «habilidad” que se puede competir con el Kremlin; en realidad, este llamado “realismo” ha sido una traba para el movimiento huelguístico y está planteando formalmente una crisis de dirección. Lo que ha parado al Kremlin ha sido el vertiginoso movimiento hacia la huelga general, la desmoralización del aparato stalinista, la inseguridad respecto al ejército y la división en la alta cúpula stalinista. Lo que ha parado a los rusos ha sido su certeza de que Varsovia podía convertirse en un tyaterloo.

Las luces y sombras del acuerdo

Durante dos semanas el gobierno polaco hizo lo imposible por aislar y derrotar a los obreros del Báltico. ¿Qué fue lo que lo hizo venirse al mazo, reconocer al Comité de Huelga, discutir públicamente las 21 reivindicaciones y ceder luego en su negativa total a reconocer la posibilidad de sindicatos independientes?

La huelga general inminente. Hasta el 25 de agosto, los obreros en huelga eran entre 200 y 250.000; el 27 de agosto eran 500.000. Lk burocracia cede cuando comienzan a entrar en huelga los mineros de Silesia. Según el corresponsal del «Jornal do Brasil” en Gdansk, el buró político del partido stalinista decidió ceder cuando la huelga general abarcaba ya el 40 por ciento de todo el proletariado industrial (7/9). Lo que hizo aflojar a la burocracia fue la inminencia de una huelga general unánime, lo que hubiera implicado la formación de un Comité Nacional de Huelga y, por lo tanto, el acta de defunción inmediata de todas las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y campesinas controladas por el partido stalinista.

Las negociaciones y el acuerdo tuvieron lugar en una situación de correlación de fuerzas favorable al Comité de Huelga. Sin embargo, el acuerdo no registra la rendición incondicional de la burocracia sino que presenta concesiones fabulosas a los stalinistas.

La primera concesión (punto B) es el reconocimiento del papel de liderazgo del PC en el Estado. Los charlatanes opinan que se trata de una concesión puramente literaria, pero no pueden explicar el empeño de los stalinista por arrancarla y la oposición de un vasto sector de activistas y obreros. Es que esta concesión le da al Estado el derecho a intervenir a los sindicatos donde entienda que no se cumple este requisito, y, todavía más, anula la decisión de los huelguistas de qué ningún dirigente stalinista o que haya pertenecido al aparato sindical o estatal, pueda afiliarse a los nuevos sindicatos. Se trata de una concesión de principios mayor, pues coloca a los nuevos sindicatos en una línea de cogestión económica con el poder, y no de estricta independencia política. Ninguna organización de trabajadores puede reconocer la supremacía’ política del Estado que la oprime.

La importancia descomunal de esta concesión (todo el acuerdo es un sistema de concesiones a la burocracia, y no al revés, debido a que ésta ya no puede negar nada) se puso en evidencia recientemente, cuando el tribunal de Varsovia negó el registro a un conjunto de sindicatos, unos, porque no establecían en sus estatutos el rol dirigente del PC, otros, porque prohibían: a los burócratas el ingreso a los nuevos sindicatos; otra objeción es que los sindicatos no eran regionales (!!). Esta situación le da a la burocracia margen para maniobrar, dilatar e incluso dividir, mientras espera que la crisis social desprestigie a los sindicatos independientes.

Otro aspecto ligado al anterior es que el acuerdo, en lugar de determinar la prohibición de toda injerencia del Estado en los nuevos sindicatos, así como la recuperación incondicional para éstos de todas las obras sociales de los gremios, plantea que el gobierno se encarga de asegurar la independencia de los sindicatos en todos los niveles, es decir, se plantea de hecho su derecho a la injerencia ilimitada (punto B del acuerdo).

El acuerdo establece también que “el tamaño de los sindicatos (por ramas o territorial) y la representación de los trabajadores exige las apropiadas enmiendas legislativas” (punto C). Así, simplemente, queda dicho que el Estado es el que determinará la forma de organización sindical. También el derecho de huelga depende de una reglamentación legal, que definirá «las condiciones para decretar y organizar huelgas, métodos para resolver disputas y las responsabilidades para la violación de la ley” (punto G). El acuerdo mete a los sindicatos en el corcet del Estado totalitario. Igualmente la abolición de la censura y la libertad de comunicación esta sujeta a reglamentaciones por ley, lo que significa que el Estado no se ha comprometido a nada, mucho menos se ha golpeado el control de la burocracia sobre los medios de comunicación masivos.

El acta ni siquiera consagra el carácter nacional del acuerdo, lo que le ha dado a la burocracia un enorme margen para bloquear la formación de sindicatos en las fábricas que habían llegado a un menor nivel de movilización e, incluso, negar los aumentos salariales a una masa mayoritaria de trabajadores, que aún no habían ingresado al movimiento de huelgas o lo habían hecho hacia el final.

La verdadera naturaleza de este acuerdo se prueba en estos hechos; a) durante el mes siguiente al acuerdo, Polonia estuvo sacudida por huelgas, pues el acuerdo no zanjaba clara y definitivamente la aceptación de las famosas reivindicaciones para todo el país; el 20 de septiembre se registraban todavía huelgas en 16 localidades; b) cuarenta días después del acuerdo, el gobierno no ha legitimado ninguna de las conquistas obtenidas.

De esta manera, se puede constatar que todo el enorme avance del proletariado polaco es independiente del acta acuerdo; las conquistas son la organización de facto, en los lugares de trabajo y su coordinación regional y nacional El acuerdo va contra este movimiento, plantea enormes concesiones a la burocracia y, lo que es peor, fue firmado a las apuradas, al borde de una huelga general decisiva, o más precisamente, para evitar la huelga general.

El papel frenador de la dirección católica de Walesa

Hasta la primer semana posterior a la huelga en los astilleros del Báltico, se. puede decir que existió un frente único de hecho, por parte de todos los críticos de derecha, centro e izquierda, con el movimiento obrero. Esto era inevitable porque todo el mundo se daba cuenta que el régimen no podía seguir sin cambios y porque es obligado coquetear, en una cierta etapa, con las masas. Pero a partir de esta fecha se opera un cambio de frente de clericales, laicos, reformistas que, junto al gobierno, se alinean para impedir la huelga general “La sombra de la huelga general comienza a planear sobre Polonia” (advierte «Le Monde”, 2/8).

La primera gran manifestación de esto se ve en el pronunciamiento del cardenal primado Wiszynki, llamando a volver al trabajo. Paralelamente a esto comienza a moverse intensamente la corriente católica y reformista para lograr impedir la huelga general desde el propio Comité de Huelga del Báltico.

Esto se manifiesta en el nombramiento, por Walesa, de seis asesores para las negociaciones con el gobierno, todos intelectuales de extracción católica; no sólo esto, sino que también ocuparon funciones estatales hasta hace muy poco, o aún pertenecen a los institutos académicos del Estado. «La red de relaciones personales y académicas (de este sector católico) con el grupo liberal y reformista que ocupó posiciones de control en el CC del partido transformó la política polaca en un juego fascinante: a través de los intelectuales existe ahora una larga y curiosa cadena de relaciones entre el Comité de Huelga y las esferas más altas del POUP” (‘. comunista) (“Jornal do Brasil”,26/8/80). Estos «asesores” fueron llevados con pasaje pago, por el gobierno, a Gdansk.

¿Cuál es la preocupación de estos “intelectuales»? «Estamos próximos a la catástrofe —dice J. Zablocki, diputado y jefe del grupo católico Zwak- por la intransigencia de las dos partes” (“Cbrriere della Sera», 30/8)» Es decir, que los asesores tenían que desarmar la intransigencia de la parte que representaban.

Se realizó un verdadero movimiento de expropiación de la dirección de la huelga. Según el diario brasileño, varios delegados le declararon que el acuerdo no fue mejor por culpa de los «intelectuales”, que les usurparon el control de las negociaciones (31/8).

Con este trabajo de pinzas entre (el gobierno y la fracción católica y reformista, se intentó que el Comité de Huelga y el gobierno emitieran una declaración conjunta, llamando a no proseguir las huelgas. El comité de huelgas se opuso, pero Walesa logró que se contrapropusiera hacer un llamado a parar las huelgas, pero sin el gobierno, y en el que se invitaba a formar comités.

El gobierno no aceptó para no sentar el precedente de los huelguistas usando la televisión, y por lo de los comités. Finalmente, Walesa hace ese llamamiento en su nombre (“Clarín» 29/8).

Esta claro que allí donde estaba toda la fuerza del movimiento, la huelga general, se aplicó la máxima presión antiobrera, y es como resultado de esto que sale el acuerdo mencionado.

La reacción del imperialismo no pudo ser más demostrativa. “La invitación de Lech Walesa a no extender las huelgas en Polonia fue recibida con alivio en Bonn’’ dice el “Corriere», (29/8). Y agrega. Fuerzas superiores empujan a los huelguistas a la moderación y a la prudencia, y a la autoridad al compromiso. Quizás, en las sombras, el propio Papa».
El acuerdo no fue fácil de imponer a los obreros. “Según APF – dice “Clarín” (31/08) – en el seno de los 800delegados reunidos en los astilleros Lenin se constituyó un movimiento radical que protestó expresamente contra esas decisiones” (reconocimiento del rol del partido, etc.). “En el Lenin encontramos un muro de intransigencia siempre más espeso…” (“Corriere”, 30/08).

Los acuerdos se impusieron porque la fracción político sindical ligada a la iglesia sabía lo que quería, actuaba con determinación y contaba con la complicidad, de hecho, de los burócratas. La fracción disidente tuvo que actuar improvisadamente, seguramente no tenía coordinación previa, por lo que no pudo hacer un planteo de conjunto a la masa de huelguistas. Es así que se plantea la maduración del proletariado.

De la primera etapa a la segunda

El bloqueo de la huelga general fue lo que impidió una victoria total de la movilización obrera. Esta hubiera consistido en la centralización del movimiento de un Comité Nacional de Huelga, que hubiera procedido a la organización de sindicatos y de una central independiente, barriendo con todo vestigio del stalinismo y la burocracia en la clase obrera.

El levantamiento de la huelga en las condiciones del acuerdo, le han dado al poder político, debilitado, un margen de maniobra, que está utilizando para confundir y desmoralizar al nuevo movimiento sindical. Los directores de fábricas utilizan todos sus recursos para sabotear la formación de sindicatos, los burócratas oficiales ordenan a un sector del aparato a declararse independiente para infiltrar las nuevas organizaciones, la justicia dilata los registros, el gobierno no otorga los aumentos salariales reconocidos y deja correr la crisis económica y social para desorganizar y exasperar a los trabajadores, dividirlos y comprometerlos a los ojos de otras capas de la población.
Este es el libreto que sigue rigurosamente el nuevo jefe del Estado, Kania, un hombre de los servicios de seguridad. Las amenazas de una invasión rusa siguen presentes en el papel de chantajear al movimiento sindical y aumentar las tensiones en sus filas.

La crisis política ha llevado a una recomposición del aparato del Estado, con el ingreso de sectores “liberales” y a una llamada depuración, cuyo único objetivo es usar los casos más irritantes como chivo emisario.

El nuevo sector gubernamental tiene en proyecto un programa general para desviar la crisis presente y descargar sus consecuencias más graves sobre las masas. Se trata de la llamada reforma económica y de la descentralización. “Tres son las líneas de acción fundamentales para el futuro -dice el viceprimer ministro Kisiel-: descentralización, aumento de la responsabilidad y de la autonomía de las regiones y de los entes locales. El problema de la descentralización vendrá codificado en una ley sobre autogestión obrera” (“C-rriere”, 9/9). La finalidad es desmembrar la organización sindical, desviarla de su función de lucha reivindicativa y corromper a una parte de sus dirigentes en la co-gestión empresarial. Pero esto es todavía cosa del futuro. Para el presente inmediato, la línea es reforzar al partido único, hacer cesar totalmente las huelgas, incrementar el ritmo de trabajo, y entonces, una reforma económica Y esto lo dice M. Rakowski, del ala «más” liberal del CC del P.O.U.P. ‘(‘Bolonia necesita tranquilidad”, en “Der Spiegel” 8/9/80).

En esta etapa, la dirección de Walesa vuelve a actuar frenadoramente, oponiéndose, de nuevo, a las huelgas que se desarrollan en diversos puntos del país (“Clarín”, 24/09) y planteando su oposición a una central sindical y sindicatos por industria, en favor de gremios por región. Finalmente, ante la presión de la crisis plantea un paro nacional limitado, de sólo, una hora, en oposición al reclamo de paro en todo el país, sin excepción por 24 horas, Pero esta «moderación” no ha rendido nada sino que ha exacerbado la audacia del régimen, que, como ya dijimos , ha negado el reconocimiento a un número no determinado de sindicatos, para cooptarlos e integrarlos, el régimen necesita, primero, restablecer su autoridad, desmoralizando y quebrando el impulso obrero actual.

Vista en su conjunto, la acción de la burocracia es todavía una acción de retaguardia y de contragolpe, aunque esta acción responda a una estrategia bien definida, pues la situación sigue caracterizada por la iniciativa de los trabajadores. Nuevos sectores que organizan su gremio, incluso estudiantes, artistas, campesinos. La orientación política de las tendencias que dominan en la nueva dirección obrera está determinada por su descreencia total en la revolución política. La consideran un peligro, entienden esencial evitarla. Al igual que Allende que consideraba un peligro fundamental la dictadura del proletariado. Es por esto que albergan una profunda ilusión en la coexistencia con el régimen burocrático. La fracción católica sigue globalmente la orientación de la Iglesia, es decir, del Vaticano, que se coloca por completo contra una subversión del Estado burocrático por parte del proletariado.

La estrategia del Vaticano, es decir, del imperialismo es, en esta etapa de la situación mundial, la de utilizar la crisis del régimen para acrecentar la dependencia de éste respecto al capital financiero y a la Iglesia. Esta finalidad se presenta encubierta mediante planteos referidos a la democratización progresiva y a la reforma económica. Como quiera que nunca lograron dar un paso en esa dirección fuera de los momentos de crisis creados por la movilización obrera, resulta claro que la línea de esta corriente funciona como expropiación de la lucha de las masas por la revolución política.

Otros sectores filocatólicos o laicos de tipo reformistas no tienen por punto de partida la posición imperialista de la Iglesia, sino que reflejan a todo un sector pequeño burgués y de la aristocracia obrera, enfrentado con las tendencias centralistas del régimen. Reclaman una «modernización” sin revolución y convergen con alas reformistas de la propia burocracia. Para estos vale también que no han creado ni pueden crear (por falta de peso social e independencia política), un movimiento propio de reformas; éstas han sido siempre el subproducto de un movimiento revolucionario de masas.

En un reciente reportaje (“Dfer Spiegel’’, 15/9/80) un hombre representativo de este sector, Adam Michnick, ha caracterizado los acuerdos de Gdansk como un «pacto social”, es decir, y él lo cree, que el régimen burocrático es compatible con la existencia de sindicatos realmente independientes, lo que en definitiva significa que el Estado totalitario es autoreformable. Toda vez que el impulso hacia esa autoreforma no vendría del interior de ese Estado sino de la presión social, la función política de loa reformistas es moderar, limar, disciplinar esa presión desde abajo, lo que equivale a decir, actuar entre las masas como correa de la burocracia en períodos de crisis. Como siempre ocurre en estos casos, Michnick ve peculiaridades del Estado polaco respecto a sus vecinos, a saber, que habría aprendido a “coexistir con cuerpos extraños: con la agricultura privada, con grupos intelectuales de oposición independientes y en especial con la poderosa Iglesia católica” (ídem). La realidad es que los agricultores y la agricultura, están en ruinas; que la inteligenzia independiente está marginalizada; pero, eso sí, la dependencia respecto a la Iglesia es cada vez mayor. Michnick no menciona la coexistencia con el imperialismo.

Ahora bien, todo indica que la situación se deteriora rápidamente. La p» ciencia de los obreros se agota, las maniobras de la burocracia se multiplican y se agrava la crisis social. Pensamos que se entrará próximamente en una segunda etapa, que va a tener que “clarificar”, mediante una prueba de fuerza, los acuerdos de Gdansk,

10/10/80

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Polonia: Así fue el paro general

Política Obrera

Política Obrera N° 315

Al mediodía del viernes 3 de octubre se realizó el paro general de una hora, decidido por los sindicatos independientes polacos. Se trató de un “paro de advertencia” por el incumplimiento, por parte de la burocracia stalinista, de los acuerdos suscriptos el 1ro de septiembre pasado, que permitieron levantar la huelga virtual general que se iba extendiendo por el país. A’ saber: contra el desconocimiento del acuerdo de aumentos salariales, por el pleno acceso de los sindicatos independientes a los medios de comunicación, y en repudio a la acción del gobierno contra la formación de los nuevos sindicatos- en diversas empresas y regiones.
El paro tuvo diversas modalidades, según las características de las diversas fábricas, y ha estado en función, también, del declarado propósito de los dirigentes de limitar las consecuencias que pudiera tener sobre la producción.
En Varsovia pararon siete fábricas (en especial de tractores y automóviles), así como los taxistas y el transporte público. Aquí cabe señalar un hecho trascendental: la fábrica FSO, que produce bajo licencia Fiat, emitió un comunicado de solidaridad con los obreros de la Fiat de Italia, contra los despidos masivos producidos recientemente en Turfn.
Danzing, Gdynia y Sopot, en el Báltico, pararon totalmente. La huelga fue iniciada y cerrada con un martillar de sirenas.
En Danzing pararon, incluso, los campesinos que traen sus productos para la venta en la ciudad. Los comercios bajaron las persianas, las oficinas postales suspendieron su actividad y los mozos dejaron de atender el público en los restaurantes. Incluso una parte de los estudiantes boicotearon las aulas.

En el astillero “Lenin”, la hora de paro fue utilizada en intensas discusiones políticas, mientras centenas de mujeres se reunían frente a los portones.

En todos los lugares de trabajo, incluyendo estaciones de servicio y tiendas, se hizo la bandera polaca entre las 12 y 13 del mediodía, en solidaridad con la huelga. Una multitud se reunió frente a la sede de los sindicatos independientes del Báltico.

En Poznan pararon las 150 empresas adheridas al nuevo sindicato, mientras que escuelas y hospitales hicieron conocer su solidaridad mediante carteles.

Los diarios europeos informan que la huelga fue muy seguida en Lublin, Sczeczin y Cracovia. Lo mismo ocurrió en la moderna acería de Nova Hutta, en las secciones donde no existe la modalidad del trabajo continuo, Eh algunas ciudades llegó a parar el propio personal de justicia.

En oportunidad de la discusión del lanzamiento de este paro, se evidenciaron divergencias, puesto que una fracción numerosa de dirigentes y activistas era partidaria de una huelga de 24 horas. Se impuso, sin embargo, la opinión de la tendencia que compartió la opinión del líder Lech Walesa, en el sentido de que la medida debía tener un alcance simbólico de la fuerza de los nuevos sindicatos, par3 dar una oportunidad al régimen de cumplir con los acuerdos.
Con toda la importancia que este debate expresa en la lucha por determinar el futuro de los sindicatos independientes, el paro de una hora demostró que el proletariado polaco está en pie, organizado alrededor de todo un nuevo eje de independencia frente a la burocracia, y que por este motivo, serán inevitables nuevas luchas para defender y acrecentar las conquistas obtenidas, hasta la liquidación del Estado burocrático.

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Adolfo Gilly “La nueva Nicaragua-Antiimperialismo y lucha de clases”

Aldo Ramírez

Editorial Nueva Imagen, México 1980
Gilly parte de la constatación de que la insurrección de Managua “por su amplitud y radicalidad, seguramente sobrepasó las previsiones del FSLN y de cuantos participaron o siguieron de cerca el proceso revolucionario”, como consecuencia de lo cual, “además de demoler hasta los cimientos al Estado de Somoza, desplazó hacia la izquierda todos los equilibrios y las relaciones de fuerza dentro del bando vencedor y dejó al FSLN dueño de las armas, del ejército y de la situación; relegando a las últimas filas a sus aliados burgueses” (p.15 y 17).

De sus propias palabras se desprende, pues, el realismo de la posibilidad que el FSLN asumiese la totalidad del poder luego del triunfo de la insurrección. Por el contrario, Gilly aprueba a partir de allí la estrategia de alianza con la burguesía elegida por el sandinismo, y más aún, la eleva a la categoría de teoría (y de teoría “marxista”). Los argumentos con los que la defiende son muy pobres (por ejemplo, cita la “fuerza económica” de la burguesía —P.32- lo cual condenaría a todos los revolucionarios a hacer alianzas con sus burguesías en todos los países). Pero lo más notable es que Gilly —a diferencia de la dirección del SU- reconoce que la presencia de los burgueses en la Junta de reconstrucción no es secundaria:» sería un grave error considerar que la presencia de representantes de la burguesía es puramente decorativa, como lo sería también exigir a los sandinistas que excluyan inmediatamente del gobierno a esos representantes y monopolicen todos los puestos de la Junta. Si en la composición del gobierno se encierra un conflicto latente, ello se debe no a una «inclinación conciliadora” de los sandinistas, sino a que ese conflicto está presente en la realidad y no puede ser resuelto en las instituciones antes de serlo en la relación de fuerzas en la sociedad» (p. 113). En esta argumentación todo está patas arriba. Para resolver el conflicto “en la sociedad” entre los obreros y campesinos de un lado, y la burguesía apoyada por el imperialismo del otro, es necesario previamente que las direcciones de los obreros y campesinos rompan su alianza con la burguesía, pues en ningún conflicto se puede vencer abándose al adversario. La burguesía ha elegido precisamente el método opuesto al recomendado por Gilly: ella prefiere vencer primero «en las instituciones”, sabiendo que si gana allí luego le será más fácil ganar “en la sociedad”. Y el conflicto no es simplemente “latente”, como lo muestran las sucesivas crisis de gobierno impulsadas por la burguesía para forzar al sandinismo a un compromiso más explícito para la reconstrucción del Estado; esas son las “relaciones de fuerzas” que la burguesía intenta resolver. Gilly no advierte que a través de la burguesía nicaragüense -que luego de acompañar la revolución le es ahora manifiestamente hostil— es el imperialismo yanqui (el único aliado posible de la raquítica burguesía de Mea ragú a) el que ha conquistado una posición de fuerza, luego de haberla perdido en el campo de batalla de la lucha de clases. En la medida en que la burguesía incline las relaciones de fuerza (económicas, políticas) en su favor, Gilly condena de antemano todo paso de ruptura con la burguesía que eventualmente diese el FSLN.

Un aspecto fundamental para verificar el carácter de la política del FSLN es el de la política exterior. El compromiso político con la extensión de la revolución centroamericana constituiría la mejor defensa antiimperialista de la revolución, y la mejor palanca de su profundizaron al interior. Gilly no dice nada sobre que el sandinismo ha buscado una política de statu quo en la región, comprometiéndose en particular a no intervenir en la evolución de la lucha antidictatorial en El Salvador. Pero sí toca el tema en relación a otra cuestión, y es para apuntalar su argumentación anterior. Aconseja al FSLN que no busque solidaridad de los Estados Obreros, pues si esto fue posible para Cuba en 1961, ello se debió a la crisis en que se encontraba el poder de Krutschev, lo que contrastaría con el asentamiento actual de Brejnev. Esto último es más que discutible, pero además demuestra que Gilly, más que teorizar el “transcrecimiento” de la revolución democrática nicaragüense en revolución socialista (su objetivo declarado), está acumulando argumentos en contra de ella,, De paso, absuelve a los Estados Obreros de todo deber antiimperialista en la defensa de la revolución nicaragüense.

Todo esto ejemplifica la gran confusión que recorre este libro que se presenta como un análisis marxista de la revolución en Nicaragua, pese al loable intento de establecer correctamente los hechos.

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Nahuel Moreno: “La dictadura revolucionaria del proletariado”

Pablo Rieznik Aníbal Romero

Una introducción necesaria

En agosto de 1978 Nahuel Moreno publicó un extenso libro titulado “La dictadura revolucionaria del proletariado”. El objetivo del trabajo es la crítica a la Resolución del Secretariado Unificado sobre “Democracia Socialista y Dictadura del Proletariado» que databa de un año atrás.

La resolución en cuestión —objeto de la crítica Morenista- constituye un total abandono de la teoría marxista del Estado y de la dictadura del proletariado. Para el SU, la dictadura obrera significa, por sobre todas las cosas, la “extensión» de las libertades democráticas y afirma que el aplastamiento de la contrarrevolución burguesa debe estar limitado por el respeto a las libertades individuales. Se trata de un abandono del planteamiento marxista puesto que el Estado obrero debe subordinar las libertades democráticas a la acción directa de las masas y al aplastamiento de la contrarrevolución. Este ha sido el curso seguido por todas las revoluciones (Cromwell, Robespierre, Lenin).

Al revés, el sí plantea que la dictadura del proletariado debe estar restricta desde un inicio a un “Código Penal”, que “defienda y extienda las conquistas más progresistas de las revoluciones democrático-burguesas”. (Es decir, con la Gironda contra la montaña, contra los bolcheviques y con los mencheviques y SR).E1 SU plantea además, el abandono de la caracterización marxista del Estado sobre la base de las relaciones de propiedad en las cuales se apoya. “Democracia Socialista y …»caracteriza que países como China y Vietnam se distinguen porque en ellos ha habido una “restricción” y no una “extensión” de las libertades democráticas y desprecia lo esencial: que China y Vietnam se apoyan —aunque en medida decreciente y favoreciendo tendencias restauracionistas del capital —en la propiedad estatal de los medios de producción.

Es oportuno señalar que “Democracia Socialista y…” fue lanzado en pleno auge del “eurocomunismo”, cuando varios PCs. europeos se lanzaron precisamente a cuestionar el “leninismo” y la dictadura del proletariado, fórmulas que figuraban como reliquias del pasado en sus programas. El SU caracterizó entonces al eurocomunismo como progresivo, y la resolución sobre la dictadura del proletariado procura una convergencia con aquel.

Nahuel Moreno tomará las aberraciones del SU para desplegar un amplio a-taque a lo que juzga “un crimen teórico, político e histórico… un afiebrado liberalismo burgués… una entrega completa a los prejuicios democráticos burgueses de las masas occidentales”.

Moreno reúne tres o cuatro citas “clásicas” relativas a los métodos que la dictadura proletaria de octubre tuvo que imponer para defender al Estado obrero, métodos que “pertenecen a la prehistoria bárbara como el Estado mismo” pero que son los únicos con los cuales se puede abrir la verdadera historia humana” (Trotsky).

Lo que sorprende, en este apego a la “ortodoxia», es que proviene del líder de una corriente revisionista, cuya conducta política está marcada desde varias décadas atrás por el más feroz oportunismo y falta de principios, particularmente en lo que respecta a la cuestión del Estado: el morenismo se ha caracterizado por una defensa principista del Estado burgués “democrático» en los países atrasados. Moreno, ahora encendido defensor del terror rojo, es dirigente de un partido que mandaba telegramas de condolencias a los familiares de militares, asesinados por el terrorismo pequeño burgués, y se declaraba solidario con el dolor de sus familiares porque “nada de lo humano nos es ajeno”.

Pero como la mona aunque se vista de seda, mona queda, la importancia del libro de Moreno reside en que detrás de una posición de defensa pretendidamente ortodoxa de la teoría marxista del Estado, plantea un revisionismo tanto o más profundo que el de Mandel y del Secretariado Unificado.

Un programa de apoyo a la burocracia

Moreno toma un planteo del SU-“el debilitamiento del Estado debe comenzar desde el comienzo de la dictadura del proletariado”- para abrir paso a una revisión del marxismo y a la apología del stalinismo. Esto, porque niega el principio esencial de la doctrina marxista, que dice que a partir de la liquidación del poder burgués y la instauración de la dictadura del proletariado, se inicia un proceso de extinción del Estado, aparato de represión de la clase dominante. La dictadura proletaria significa ya, en si misma, una reversión histórica en la tendencia de desarrollo del Estado, que consiste en el perfeccionamiento de la maquinaria de opresión. Engels analizó esta cuestión en su célebre introducción a la “Lucha de clases en Francia” y destacó que el fenómeno esencialmente novedoso de la dictadura del proletariado consiste en que se trata, por primera vez, de una dictadura de la mayoría sobre la minoría mientras que la constante en la historia del hombre y la lucha de clases era estrictamente lo contrario. Por esta razón, la dictadura proletaria, desde su comienzo, tiende a disolver, a extinguir (el SU y Moreno usan la expresión “debilitar” para deformar paulatinamente el planteo marxista), el aparato especial de represión que es en esencia el Estado. Es que la “mayoría” puede ejercer su coerción clasista contra las presiones contrarrevolucionarias recorriendo el camino inverso a todos los sistemas de dominación de clase previas que, siendo representación de minorías, necesitaban, el fortalecimiento sistemático del aparato estatal.

Moreno niega radicalmente todo esto, afirmando que: “debido a la existencia del imperialismo, no bien el proletariado toma el poder tendrá que fortalecer su dictadura revolucionaria extendiendo y profundizando la revolución y, para ello, tendrá que fortalecer su estado…” (página 135, subrayado nuestro). Existe aquí una confusión total. Las tareas de aplastamiento de la contrarrevolución (cerco imperialista) no están en contradicción con el proceso de extinción objetiva del Estado, porque justamente la diferencia histórica entre la represión estatal proletaria contra sus enemigos y cualquier otra forma previa de represión estatal consiste en que la primera responde a los intereses de la mayoría de la población. La represión ejercida por el Estado obrero corresponde no al perfeccionamiento de la maquinaria de opresión sino a su tendencia a la extinción, es parte del movimiento, de la transición a una situación de desaparecimiento completo del Estado. Habría que suponer que Lenin y Trotsky se comportaron como unos ingenuos fenomenales al plantear en el programa del partido bolchevique (en 1916) la tesis de la dictadura del proletariado y de la extinción del Estado, en medio de una guerra mundial. El Estado no termina de extinguirse sin la victoria en la revolución mundial; vuelve a ser un Estado de explotadores si triunfa la contrarrevolución; puede degenerarse si se aisla en un sólo país; pero significa desde el vamos la tendencia de extinción del Estado y no el reemplazo de un forma de opresión histórica por otra.

Debe reconocerse que Moreno no esconde, que su planteo sobre la necesidad de “fortalecer al Estado” luego de la revolución, constituye una revisión de la teoría marxista: “con la aparición de la indiscutible necesidad de fortalecer a la dictadura del proletariado en toda una etapa, quedó desechada una de las premisas teóricas fundamentales del marxismo’.’ Lo que es redondamente falso es que esta liquidación de “una de las premisas teóricas fundamentales del marxismo» sea obra de Lenin y Trotsky, como sostiene nuestro autor. Trotsky afirma exactamente lo contrario a lo que pretende Moreno en una de sus obras clásicas:

“Desde su formación el régimen de la dictadura del proletariado deja de ser un “Estado” en el viejo sentido de la palabra, esto es, el de una máquina hecha para mantener la obediencia de la mayoría del pueblo. Con las armas, la fuerza material pasa directamente, inmediatamente, para las organizaciones de los trabajadores, tales como los soviets. El Estado, aparato burocrático, comienza a desaparecer desde el primer día de la dictadura del proletariado. Tales son los términos del programa que nunca fue revocado («La Revolución Traicionada», subrayado nuestro).
Contra este demoledor planteo de Trotsky Moreno tiene la osadía de decir que, “en esta conclusión -que es inevitable el fortalecimiento de la dictadura o-brera, del estado proletario — hay una ‘coincidencia’ entre Stalin y Trotsky” (pág. 272). La diferencia entre ambos consistiría en que mientras Trotsky planteaba un fortalecimiento ‘‘revolucionario’, del Estado Stalin propugnaba uno “burocrático» (pág. 265). Todo esto es una total falsificación y una apología del stalinismo, que de acuerdo a Moreno, representa “un fortalecimiento momentáneo que a la postre debilita al estado obrero y a la dictadura del proletariado» (pág. 265). Lenin y Trotsky jamás sostuvieron semejante barbaridad, nunca plantearon que la burocracia significaba un fortalecimiento del régimen proletario. Por el contrario, cuando aparecieron los primeros signos de burocratización en el Estado soviético indicaron que se trataba de un rasgo proveniente de la debilidad de la dictadura y del Estado obrero que debía ser radicalmente combatido. Fue así como Lenin planteó la cuestión, cuando poco antes de su muerte llamó a combatir drásticamente la Inspección Obrera y Campesina dirigida entonces por Stalin.

El planteo de Moreno es la negación del análisis leninista trotskista, la negación de una base teórica para la revolución política en la misma medida en que brinda una justificación programática a la burocracia stalinista. Teórica y prácticamente no existe la posibilidad de un fortalecimiento “revolucionario” del Estado obrero (contrapuesto al “burocrático”). En realidad el fortalecimiento del Estado obrero y las tendencias a la burocratización son un sólo y mismo fenómeno: el Estado obrero se fortalece burocratizándose, de lo contrario tiende, junto con un proceso de victorias sobre el imperialismo, a extinguirse, y no hay aquí sutilezas que valgan. Es negándose a admitir esto, obligado por su lógica de apoyo al fortalecimiento al Estado, que Moreno concluye haciendo la apología de la burocracia.

La “extinción» del Estado significa, no que sus funciones represivas desaparecen (no seria entonces una dictadura revolucionaria) sino que son reabsorbidas por la mayoría de la sociedad. Por referencia al antagonismo histórico entre Estado y Sociedad tales funciones dejan de ser extrañas y hostiles a esta última y en ella tienden a disolverse:

“La Revolución de Octubre proclamó como una de sus tareas disolver el ejército en el pueblo. Se presumió que las
fuerzas armadas se construirían sobre el principio de la milicia. Solamente esta clase de organización del ejército, al hacer del pueblo el amo armado de su propio destino, corresponde a la naturaleza de la sociedad socialista. En el curso de la primera década se hizo una preparación sistemática para la transición de un ejército de cuarteles a un ejército de milicia. Pero desde el momento en que la burocracia logró aplastar toda manifestación de independencia de la clase trabajadora, transformó abiertamente el ejército en un instrumento de su propio dominio… Veinte años después de la revolución el estado soviético se ha vuelto el aparato de coerción y compulsión más centralizado, despótico y sediento de sangre. (“¿Sigue aún el gobierno soviético los principios adoptados hace veinte años?”, 13 de enero de 1938).

La “teoría” de Nahuel Moreno sobre el “fortalecimiento» del Estado obrero es, parafraseando a Trotsky, la “revocación del programa marxista”. Es por esto que los “pequeños burgueses” del SU, que Moreno dice atacar, no tardaron en aceptar la “crítica». Peter Camejo, dirigente del SWP ha reconocido en un texto de su autoría que, en lo que respecta al fortalecimiento del Estado, no tiene ningún reparo en aceptar la tesis de Nahuel contra lo sostenido en “Democracia Socialista y Dictadura del Proletariado”; y agrega: somos partidarios a muerte del fortalecimiento del Estado cubano. Traduciendo: de la burocratización del castrismo y su emblocamiento con su política de conciliación de clases y de compromiso con el imperialismo, como lo demuestra el activo apoyo de Fidel a la estrategia sandinista de reconstrucción de Nicaragua con la colaboración de la iniciativa privada.

Moreno y la defensa de la democracia burguesa

El autor del libro es, como se sabe, el máximo dirigente del PST argentino. Lo que el lector poco familiarizado con la vida política argentina puede no saber es que el PST es conocido por una característica básica: nació y se formó defendiendo la política de la “institucionalización” burguesa que la dictadura de Lanusse puso en marcha en 1971. El periódico morenista argentino caracterizó entonces como “progresiva” la política del GAN (Gran Acuerdo Nacional), denominación que dio la dictadura militar de la época al operativo del retomo de Perón, apoyado en un amplio frente de partidos burgueses argentinos y cuyo objetivo esencial era el de desviar a las masas del ascenso revolucionario que se iniciara con el célebre “cordobazo” en mayo de 1969. Moreno y su grupo proclamaron entonces la necesidad de construir un “partido centrista legal” y entraron en negociaciones con una fracción burguesa descompuesta del Partido Socialista, que integraba un frente denominado “La Hora del Pueblo” con los dos partidos burgueses más importantes del país: el peronismo y el radicalismo.

La defensa de la “institucionalización” fue una constante de la política del -PST: en 1974 se integró al llamado “Bloque de los 8”, frente de partidos burgueses y el stalinismo criollo. El objetivo de este bloque era la defensa de palabra de la “democracia” frente a la agudización de la lucha de clases en el país contra el gobierno peronista. Su función era adormecer a las masas, quebrar la acción directa de la clase obrera y, en definitiva, abrir paso a la contrarrevolución que lamentablemente triunfaría en marzo del 76.

Moreno defendió a muerte esta política frente populista tan miserablemente denigrada por “nuestros maestros”, fórmula que nuestro autor gusta de abusar. En su crítica “revolucionaria” al SU Moreno vuelve ahora en su libro, como de pasada y en apenas algunos párrafos, a defender la misma posición, o más bien a pretender darle un barniz teórico:

“No existe separación entre las dos instituciones (las de la democracia burguesa y las de la democracia proletaria) desde el punto de vista de la movilización obrera. Es muy posible que, por todo un período del proceso revolucionario, la defensa de la democracia burguesa, justamente a causa de los prejuicios democráticos burgueses de las masas europeas, y si la contrarrevolución imperialista se vuelve el peligro más inmediato, sea una gran consigna transicional” (pág. 121).

Lo referido a “los prejuicios democrático-burgueses de las masas europeas” es apenas un expediente en el razonamiento morenista. Toda la política que desarrolló el PST en un país que queda en la» antípodas del continente europeo se desenvolvió exactamente en el mismo sentido: “la defensa de la democracia burguesa por todo un período del proceso revolucionario”. Lo notable es que ahora Moreno se embandera con la defensa de la democracia burguesa en los propios países imperialistas y la levanta como gran reivindicación frente a la contrarrevolución. Esto equivale a abandonar con armas y bagajes el marxismo. La labor de los revolucionarios “en el proceso revolucionario” debe ser exactamente la contraria a la planteada por Moreno: explicar y educar a la clase obrera, a través de su propia experiencia, en la desconfianza más absoluta en la hipócrita democracia burguesa, distinguir el combate por las libertades democráticas —islas de la democracia obrera en el Estado capitalista— de la defensa de una de las formas del Estado burgués.

Es esto último lo que el morenismo siempre confundió deliberadamente, para justificar su adaptación a la burguesía: identificó libertades democráticas con el régimen burgués democrático —que como decía Lenin no deja de ser una dictadura de los capitalistas— y se embanderó en la defensa del Estado burgués. Confirmando esta posición Moreno sostiene ahora en su texto que la distinción crucial entre la democracia burguesa y la democracia proletaria carece de toda importancia en la intervención teórica y práctica de los marxistas:

“El verdadero debate entre los reformistas y los revolucionarios no será sobre las virtudes de ambas democracias en abstracto; sino, muy posiblemente, sobre si para defender las creencias democrático burguesas de la amplia mayoría de la clase obrera utilizamos la movilización y el armamento del proletariado o utilizamos métodos de colaboración de clases. La verdadera polémica con los socialdemócratas y las burocracias oportunistas será respecto a los métodos. Esto es muy importante, porque si no actuamos así, corremos el peligro de transformar el proceso vivo de la lucha de clases en una discusión académica sobre esquemas democráticos” (pag. 122).

La incoherencia de este razonamiento es total. ¿Para qué el propio Moreno escribe 300 largas páginas sobre la teoría del Estado obrero y la dictadura revolucionaria del proletariado si se trata de una mera “discusión académica”? ¿Para qué tanta tinta y papel si no “existe separación” (entre la democracia burguesa y la proletaria) desde “el punto de vista de la movilización obrera”? ¿Desde qué otro “punto de vista”, debiéramos preguntarle a Moreno, existe entonces tal separación entre dos cosas tan antagónicas como la democracia burguesa y un régimen estatal proletario?

En realidad, se trata de algo más que de una incoherencia y de dos o tres párrafos en el texto. Se trata de la esencia de la política real del morenismo de adaptación a las instituciones y a la democracia de la burguesía que es la esencia de su intervención política. La misma política que llevó al partido eje del morenismo —PST—, ferviente seguidor de la fe en la institucionalización burguesa a una total incapacidad para preveer y prepararse frente al golpe contrarrevolucionario argentino, como lo vienen denunciando sistemáticamente los propios militantes del PST en una seguidilla de boletines internos del partido, sumido actualmente en una seria crisis.

Lo verdaderamente interesante es que todo el ataque “ortodoxo” de Moreno a la degeneración liberal burguesa del SU concluye en un acuerdo en lo esencial: la postración frente a la “democracia” y al Estado burgués. La posición de Mandel-SU y la de Moreno siguen aquí el mismo principio. Uno lo aplica para desnaturalizar la caracterización de la dictadura proletaria y al Estado obrero, el otro para justificar una constante de su estrategia política: progresar a la sombra del Estado burgués y del frente popular que lo sostiene en coyunturas convulsivas de la lucha de clases. El libro de Moreno nos brinda la justificación ideológica, “defender la democracia burguesa por todo un período revolucionario” y, también, la tradicional excusa oportunista: la “culpa es de las masas y sus “prejuicios”.

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Stephan Just “A revoluçáo proletaria e os estados operarios burocráticos”

Pablo Rieznik Mario dos Santos

San Pablo, 1980

“La Revolución proletaria y los Estados obreros burocráticos”, tal es el título de un libro que acaba de aparecer bajo la firma de Stephan Just, miembro del Comité Central de la Organización Comunista Intemacionalista (OCI). Se trata de un texto originalmente publicado el año pasado en “La Veritt”, órgano oficial de la OCI, en ocasión del centenario del nacimiento de León Trotsky.

Desde Albania a Cuba, pasando por Chi na y Vietnam, el libro considera la emergencia de Estados obreros a partir de la Segunda Guerra Mundial. El tratamiento de la cuestión es extremadamente superficial; el autor tiene una manifiesta dificultad para la síntesis conceptual y pasa revista a tan amplia temática con descripciones de cada caso, extraídas de textos de terceros, frecuentemente tan deshilvanadas como extensas. Téngase en cuenta que el opúsculo tiene poco más de 100 páginas y casi la mitad del mismo está dedicado a citas y transcripciones sobre todos los países apuntados, donde abundan desarticuladamente fechas, datos y lugares de las más diversas partes del globo.

El interés del libro reside en que se trata del primer texto oficial de la OCI en el cual, 20 años después de la expropiación del capital en Cuba, se reconoce que tenemos en la isla un Estado Obrero. Durante dos décadas la organización francesa sostuvo lo contrario, afirmando que en el país de Fidel estábamos en presencia de un Estado burgués, cuyos “escombros el gobierno castrista se empeñaba en mantener. La modificación, aparentemente, está en la dirección correcta. Sin embargo, el libro de Just pone de relieve que no se trata de una legítima revisión programática y que su fundamento teórico es absolutamente incorrecto. En esencia puede resumirse así: para Just y la OCI el Estado obrero cubano no es el resultado de la expropiación de la burguesía sino funda mentalmente de la reconstrucción del aparato estatal por los agentes directos de la burocracia stalinista. En esto consiste el absurdo teórico, puesto que caracteriza el pasaje del Estado burgués al Estado obrero no en relación a una medida revolucionaria -expropiación del capital- sino, de una contrarrevolucionaria- la confiscación de la independencia nacional en favor de una capa contrarrevolucionaria, que es posterior a las medidas radicales de transformación social. El valor del libro de Just es que pone de relieve la tremenda distorsión de los análisis de la OCI en relación al significado de la revolución proletaria y de la construcción de los Estados obreros.

¿Qué es una revolución proletaria?

De acuerdo a Stephan Just el movimiento que derribó a la dictadura cubana de Batista en 1959 fue una “revolución proletaria». La utilización abusiva de este concepto es una constante en todos los análisis de la OCI, para la cual cualquier movimiento de masas contra el Estado burgués es por definición, una revolución proletaria. El error de la OCI, reiterado en la obra de Just, se encuentra en el desconocimiento de lo esencial para caracterizar una revolución: la dirección que la encabeza y la base social en la cual se apoya. Este criterio responde a un rigor metodológico elemental: revolución social significa sustitución de una clase por otra en el poder y no apenas desmantelamiento del viejo régimen y su aparato estatal. Este último es el lado puramente ‘negativo’ de la cuestión, lo fundamental es ver a partir de que es substituido, con que métodos, porque clase y que dirección.

Just dice que la fuga de Batista y la desagregación de sus fuerzas armadas marcan el “inicio clásico de una revolución proletaria: la disolución del ejército y la policía sancionan una situación de hecho, son sustituidos por el ejército rebelde y por una policía reclutada entre los partidarios de Castro, dirigidos por éste. Por otro lado, el aparato administrativo y la justicia permanecen intactos y, como máximo son depurados. La marina, que se ligó a lastro a último momento, permanece igualmente intacta”-Es decir, revolución proletaria es sinónimo de desmantelamiento, parcial, del antiguo aparato estatal. Es un error, pues esto caracteriza a toda revolución. En realidad el componente específicamente proletario de la revolución cubana es el que precisamente Just no toca, la huelga general de una semana de enero de 1959 termino de liquidar a la dictadura de Batista. No obstante, esta huelga no tuvo un carácter decisivo con independencia de la dirección guerrillera, el movimiento pequeño burgues revolucionario, el castrismo. Pero como este va a ceder el poder normal a los burgueses, se va a iniciar un período de doble poder que culminará con la destitución de los políticos y la constitución de un gobierno independiente de la burguesía. La pequeña burguesía se convierte, momentáneamente, en dirigente del Estado revolucionario. Pero esta clase no tiene política propia: o reconstruye el Estado burgués o se funde con el programa elemental del proletariado (expropiación del capital). El castrismo, al ir más allá de su programa inicial, expropiando al gran capital, perderá la mayoría de su base que tomará el camino de Ib contrarrevolución.

Tal es el movimiento real de la revolución cubana que Just sustituye por un esquema inventado. Desde el punto de vista teórico, definir a la revolución cubana desde su inicio como proletaria, como el uso abusivo “urbi et orbe” de tal concepto, que es tan propio de la OCI, impide un análisis científico del proceso de la revolución social y de las tareas que plantea para los marxistas. Estos errores de caracterización, a los que volveremos más adelante, 9on más flagrantes en el análisis de la cuestión del Estado obrero.

¿Qué es un Estado Obrero?

Un Estado obrero es aquel que se basa en la propiedad estatal de los medios de producción. Transitoriamente, un Estado obrero puede existir en su debut, como un régimen de control obrero de los medios de producción privados, como fue el caso en los primeros meses que siguieron a la revolución rusa de octubre. Se trata, en cualquier caso, de una situación episódica y conflictiva que debe resolverse por la expropiación del capital, colocando las relaciones sociales de propiedad en correspondencia con el Estado obrero o, en sentido contrario, por una restauración contrarrevolucionaria del Estado burgués. Podríamos resumir lo apuntado diciendo que la Expropiación de los expropia-dores», siguiendo la famosa definición de Marx, es el asiento del Estado obrero, Just revisa esta cuestión y, en un abuso de la dialéctica, plantea que así como puede haber un Estado obrero sin expropiación del capital también puede haber expropiación del capital sin que haya un Estado obrero.

Esta revisión fue planteada por la OCI justamente para fundamentar su extraña posición respecto al caso cubano. Just cita en relación a la cuestión un “informe de la OCI sobre la revolución cubana» que data de 1961 y que reivindica plenamente, en el cual se dice: “Un buen número de camaradas recurrieron, con el objeto de definir a Cuba como un ‘Estado Obrero’, al criterio de las relaciones de propiedad. Según ellas, Cuba es un Estado obrero porque lo esencial de la industria, del comercio y del transporte fue nacionalizado luego de la expropiación de la burguesía… piensan, con Trotsky, que la nacionalización de toda la propiedad burguesa por un Estado burgués, posible teóricamente, es imposible en la práctica. Sin embargo, experiencias recientes muestran, que esos argumentos puedan dejar de ser válidos en circunstancias particulares; así la ‘República social-fascista’ de Mussolini expropió a la burguesía italiana en 1944… así también, la nacionalización es una de las soluciones de un Estado burgués en un país atrasado donde la burguesía está en formación…»

Pues bien, el descubrimiento de la OCI sobre la no validez del razonamiento de Trotsky es una completa estafa teórica. En primer lugar, no es cierto que la ‘República Social Fascista’ de Mussolini expropiara a la burguesía. Se trata de una falsedad que Mandel largó hacia 1948 y que Just mantiene con vida como su alban testamentario. La ley de socialización de Mussolini, sólo preveía la reglamentación de la producción y la nacionalización paga de los servicios públicos. Pero Alemania y los pulpos suizos de electricidad se opusieron a esto, y todo quedó en la nada. Trotsky antes ya del inicio de la guerra en “La revolución Traicionada «se había referido a las bravuconadas de Mussolini (que se declaraba dueño del Estado y capaz de hacer con él lo que quería inclusive socializar la producción, afirmando que podía hacer todo lo que quería “menos una cosa: expropiar al capital”. (Just deforma la “precisión teórica» de Trotsky pues para éste nacionalización no era expropiación de los capitalistas, ya que en la primera o se los retribuía con una indemnización o seguían cobrando sus dividendos como accionistas (ver “La Revolución Traicionada»).

Está’ claro que en Cuba no se trata de la nacionalización sino de la expropiación del capital. Un Estado burgués en un país atrasado puede recurrir a algunas nacionalizaciones y eventualmente confiscaciones, pero está excluido que expropie a la burguesía Just, que introduce la cita indicada, que niega el carácter obrero del Estado cubano señalando que la posición allí reflejada “era plenamente justificada», concluirá con una apreciación levemente modificada y dirá que “justo en el momento en que fue realizado, este análisis se tornaba insuficiente… determinando interpretaciones posteriores que deben ser revistas”. No dice cuales son tales interpretaciones erróneas, lo cual es un escamoteo y falta de honestidad, y ‘Sobre la necesidad de revisarlas indica que apenas señalará “algunas reflexiones en vista de la discusión necesaria». Son estas reflexiones las que indican, precisamente, que la discusión necesaria va por muy mal camino.

El stalinismo y Cuba

Uno de los peores vicios del análisis teórico es el esquematismo, es decir, cuando se intenta enchalecar la realidad en un preconcepto. Es lo que lamentablemente le sucede a Just. Así una vez que admite que en Cuba “el mantenimiento de la expropiación del capital… solamente puede servir de prueba de la existencia de un Estado obrero”, el dirigente de la OCI se pregunta: “el movimiento 26 de Julio, movimiento pequeño burgués, podía construir un Estado obrero en Cuba? La respuesta a esta cuestión es importante: si es afirmativa, esto quiere decir que organizaciones pequeño burguesas son capaces de construir Estados Obreros”. Como Just ya tiene por adelantado el esquema de respuesta —pequeño burgueses no pueden construir un Estado Obrero, aún deformado— todo su análisis está dirigido a demostrar como el Estado Obrero cubano es, en verdad, una obra del “aparato stalinista, pieza maestra en la construcción de un nuevo aparato de Estado”.

El error aquí es doble. Por un lado, no se entienden las transformaciones operadas en la relación entre la dirección castrista y su base pequeño burguesa que se volatiliza; por otro lado se concluye embelleciendo a la burocracia stalinista contrarrevolucionaria colocada como “pieza maestra” en la transformación de Cuba en un Estado Obrero.
Así, lo que se niega a un partido pequeño burgués se lo admite sí para la burocracia rusa. Pero esta puede expropiar al capital no como posibilidad en general ( ¡ya que es contrarrevolucionaria! ) sino cuando se le plantea la necesidad defensiva de integrar a otras regiones a su territorio (Polonia 1939) o a Otros Estados a su dispositivo militar básico (Europa Oriental). No es este el caso de Cuba, y es por eso que la burocracia rusa entró rápidamente en colisión con estas dos revoluciones.

En lo que cabe a la dirección castrista fijar y cristalizar el calificativo de “movimiento pequeño-burgués” es incorrecto, el análisis de la evolución de la dirección castrista debe ser integrado con el movimiento de la revolución en Cuba. Impulsando e impulsado por la revolución de objetivos inicialmente democráticos (burgueses), la dirección castrista chocó con el imperialismo y la burguesía y se vio obligada a expropiar al capital, medida revolucionaria con la cual estableció la base social decisiva de un Estado obrero (esto es lo primero que Just se niega a reconocer) y se transformó en una dirección pequeño burguesa (subjetivamente), sin base social pequeño burguesa (esto es lo segundo que Just niega). Esta es la peculiaridad del castrismo, peculiaridad que refleja la contradicción entre una revolución sin igual en la que no se ha formado una vanguardia proletaria (consciente).

En el proceso revolucionario de la isla del Caribe, a la burocracia del kremlin le corresponde, no el mérito de echar los pilares del Estado Obrero sino la responsabilidad (que comparte con el imperialismo) de buscar su burocratización y su degeneración.

Just, forzado por su esquematismo, concluye invirtiendo la cuestión y presentando a la burocracia como el factor clave en la construcción del Estado obrero contra una dirección que por su “naturaleza de ciase pequeño burguesa” no podría jamás realizar tal cosa. El esquematismo ha quedado a salvo, la realidad ha pasado de largo.

Lo que Just no dice ni plantea en su análisis es, sin embargo, revelador: en la crisis de los misiles, cuando Castro se negó a aceptar los términos del acuerdo yanqui-ruso, o en la pugna contra la fracción Escalante, para tomar dos ejemplos, de que lado estaba la OCI: del lado de la burocracia rusa que quería un Estado obrero del lado del castrismo “pequeño burgués incapaz de expropiar al capital”.

Una vez más el análisis esquemático se revela como una fuente de parálisis y estrangulamiento para una real intervención práctica revolucionaria de los marxistas. Es esta una de las características decisivas de la degeneración prematura de la OCI, de la cual el autor del libro que criticamos es uno de sus máximos dirigentes.

Mario dos Santos.