Masas n°335
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Editorial
La enorme respuesta popular a los ataques del Gobierno lo obligaron a cambiar las formas pero su plan de guerra sigue adelante
Uno de los proyectos más ambiciosos es la reforma laboral que tenía acordada con la burocracia sindical. El malestar que provocó en los trabajadores hizo que tuvieran que dejar fuera de la ley varios puntos, los más visibles, los que aparecían más violentos.
Las movilizaciones de Diciembre contra la reforma previsional generaron una fuerte crisis política e hicieron desistir al Gobierno de tratar la reforma laboral en Febrero. Y, ante el pronunciamiento de la CGT rechazando la ley, dicen que la van a fraccionar en varias partes para hacerla pasar durante el año. Algunos objetivos de la reforma tratan de imponerlos dentro de las negociaciones paritarias con acuerdo de los burócratas.
El Gobierno quedó golpeado y trata de avanzar gobernando por “decreto” sin pasar por el debate de las leyes en el Congreso, como hizo con el llamado decretazo que anula o modifica más de 140 leyes.
El ataque sigue en todos los frentes
La inflación es imparable, subas en todas las tarifas, en los precios de los bienes imprescindibles, en los combustibles. Los precios no tienen tope. Pero sí quieren poner un tope a la negociación paritaria, que no exceda el 15% de ajuste, cuando ni ellos mismos creen que se pueda alcanzar ese objetivo. Y también quieren eliminar la “cláusula gatillo” que ajuste automáticamente los salarios con la inflación real.
Avanzan los despidos masivos en el Estado, en el Hospital Posadas, cierran Fabricaciones Militares en Azul, hay cientos de talleres con suspensiones y despidos y la situación tiende a agravarse. El Estado busca precarizar en forma permanente a los trabajadores convirtiéndolos en monotributistas individuales (para evitar la relación de dependencia, poder prescindir en cualquier momento y sin costo del trabajador, para impedir su organización sindical).
Y también avanzan sobre los docentes, desconociendo la paritaria nacional, desconociendo al gremio más importante, alentando la desafiliación masiva a los sindicatos, amenazando a sus dirigentes. Los trabajadores de la educación jugaron un papel importantísimo el año pasado en defensa de su salario y condiciones de trabajo. Quieren desgastar y hacer retroceder en toda la línea a los trabajadores de la educación.
El decretazo permite una mayor apertura de importaciones, avanzando más en la destrucción de la producción nacional.
Para imponer su política necesita eliminar todas las resistencias, desarmar y desorganizar a los trabajadores, dividirlos, debilitarlos, golpear a sus organizaciones sindicales. Y trata de liberarse de todas las ataduras institucionales, imponer su política por decreto, con la complicidad de legisladores, politiqueros y jueces que “dejen hacer”.
El Gobierno dirige a la Justicia simultáneamente contra varios sindicatos para inmovilizarlos, con el apoyo de todos los medios de comunicación, como amenaza para el conjunto, creyendo que de esa forma bloqueará la resistencia a sus medidas.
Cambian las formas de gobernar para evitar el choque frontal, generalizado, pero el ataque sigue, sector por sector. No olvidemos que estamos frente al Gobierno del capital financiero, dirigido con las recetas del FMI y el Banco Mundial, y por lo tanto absolutamente antinacional y antiobrero.
El Gobierno no sólo ataca las condiciones de trabajo y salariales para mejorar las ganancias de los capitalistas. También apunta al saqueo de los recursos nacionales para beneficio propio de los empresarios en el Gobierno y de las multinacionales. El endeudamiento externo crece a una velocidad vertiginosa, para financiar la fuga de capitales, dejando nuevamente una hipoteca costosísima para el país.
La perspectiva de esta política no puede ser otro que un desastre para la gran mayoría de la sociedad, que se traduce en crecimiento de la desocupación, subocupación, precarización laboral, salarios y jubilaciones cada vez más lejos de cubrir la canasta familiar, más pobreza y miseria.
Para frenar la rebelión de los oprimidos ante este estado insoportable de cosas recurren a todas las maniobras que mencionamos y también a la represión permanente, sobre las movilizaciones y sobre las organizaciones sociales. Combinada con la impunidad de los crímenes de este gobierno, dando muestras de respaldo total al accionar de las fuerzas represivas, y la búsqueda del perdón para los genocidas de ayer y su liberación.
En la CGT se agrava la crisis
Por el fracaso de sus acuerdos con el Gobierno, y por la ofensiva que desarrolla el Gobierno contra varios sindicatos, por la vía judicial, periodística y el recorte de recursos para las obras sociales. La crisis se agrava por la presión de las bases que apuntó a los dirigentes como traidores por dar vía libre a los ataques contra los trabajadores. El sector que se presenta como “opositor” realiza fuertes críticas pero no convoca a ninguna acción concreta para enfrentar al Gobierno y las patronales. El ataque masivo, con miles de despidos y cierre de empresas, está ocurriendo en este momento. ¡Ahora debemos responder!
Aún con estas dificultades, con estos bloqueos, con estas direcciones conciliadoras y traidoras, los trabajadores se abrieron camino en las calles para enfrentar esta política y dieron un fuerte golpe al Gobierno. Ese es el camino, no hay otro. Nada hay que esperar de los frentes políticos antimacri, o de las elecciones del 2019. Debemos pararle la mano ahora, organizar la huelga general activa, respondiendo con la política de la clase obrera.
El Congreso, los partidos, los politiqueros, son incapaces de poner un freno. Esta política no se la detiene con discursos.
La clase obrera debe desarrollar su propia política, de independencia de clase, para defender consecuentemente las condiciones de vida y de trabajo y para enfrentar la entrega generalizada del país al imperialismo. Esto quiere decir que hay que terminar con la gran propiedad de los medios de producción, desconocer la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Tareas que jamás cumplirá cualquier sector de la burguesía, aunque se pinte de nacionalista y popular.
Artículos exlusivos en la web
La familia del Jefe de Gabinete Peña destruye bosques en Salta con la complicidad del gobernador Urtubey
Se está difundiendo un video mostrando a militantes enfrentando las topadoras que desmontan los bosques en Cuchuy, Salta. A principios de Enero un diario de España colocaba en tapa la imagen de la devastación de esos terrenos. La prensa argentina no abre la boca sobre esta destrucción de bosques.
De 8962 hectáreas que había de bosques protegidos sólo quedan 3000. La zona tiene la superficie de la mitad la Ciudad de Buenos Aires. La región está protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y contiene bosque nativo de la ecorregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I–Rojo y II–Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes.
Entre diciembre y lo que va de enero las topadoras arrasaron con 400 hectáreas y avanzan hacia un poblado en donde viven 10 familias wichi y 7 familias criollas.
La finca pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete y el Secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clusellas, forma parte del directorio de la firma. El gobernador de Salta, Juan Urtubey, rezonificó el territorio por pedido de sus propietarios para plantar soja, burlando la ley.
El gobernador de Salta autorizó el desmonte en 32 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía deforestar por la Ley Nacional de Bosques, un total de 144.984 hectáreas de bosque protegidos.
Por ejemplo en Pergamino, provincia de Buenos Aires, una hectárea cuesta 15 mil dólares, en esa zona se paga 500 dólares. Es más barato comprar un campo allí y desmontarlo, que comprar un campo ‘limpio’ en la pampa húmeda…
El área de monte que queda en pie es fundamental para la vida de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, al tratarse de su único sustento de alimentos y hierbas medicinales.
El desmonte en fincas linderas de la región y las plantaciones de soja ya destruyeron la laguna de la cual estas comunidades obtenían el agua para vivir. Existen denuncias de que la laguna quedó totalmente contaminada por los agrotóxicos de los campos de soja de las fincas linderas. Incluso un cementerio wichi quedó tapado por el desmonte, no saben en dónde está su cementerio.
La zonificación establecida por la Ley 26.331 de Bosques fue modificada por el gobierno salteño, hay otros artículos de esa norma, y de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (ley 26.160), que prohíben el desmonte en la zona. El artículo 19 de la ley 26.331 establece que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras”.
Lo que ocurre con esta deforestación salvaje se repite en todo el país y en todos los terrenos. El Gobierno nacional y provinciales se han lanzado a romper todas las leyes, todas las regulaciones, que ponían algún límite a la voracidad capitalista. Este desenfreno pone en riesgo los bosques, los glaciares, los ríos, la tierra, creando condiciones de desastre para el futuro. Sólo los guía la búsqueda insaciable de ganancias cueste lo que cueste.
El gobernador Urtubey es hoy de los peronistas que colaboran abiertamente con el Gobierno nacional, pero hasta ayer fue parte del entramado del kirchnerismo en el gobierno.
Todas las tierras de los terratenientes tienen que ser nacionalizadas sin pago. Debemos recuperar la soberanía sobre las tierras para poder definir qué se produce, cuánto, dónde y cómo. Restituyendo las tierras a las comunidades y los campesinos que están siendo desalojados.
Fracaso del encuentro de la OMC en Argentina
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países. Opera según acuerdos-negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. Es la plataforma que impulsaron las multinacionales más poderosas para expandir su presencia en todo el mundo, aunque formalmente son los países los que la integran y dirigen.
La OMC surgió tras las negociaciones de la Ronda Uruguay (1986-94) y fue establecida el 1° de enero de 1995. La sede es en Ginebra, Suiza. A julio de 2016, 164 Estados eran miembros. El director General es, desde 2013, el diplomático e ingeniero brasileño Roberto Azevêdo.
Las decisiones importantes son adoptadas por todos, a través de los ministros, que se reúnen por lo menos una vez cada dos años; o por embajadores o delegados, que se reúnen regularmente en Ginebra. Era la primera vez que una conferencia ministerial de la OMC se realizaba en un país sudamericano.
«No hay una ola proteccionista dramática», dijo el jefe de la OMC, pero lo cierto es que el rechazo y críticas de EE.UU. y su posición abiertamente proteccionista, acompañada por otras potencias, dejaron a la organización sin declaración final y sin resolución ni acuerdo en los 5 puntos centrales que debían discutir: Pesca, Agricultura, Desarrollo, Servicios, y Comercio Electrónico. Es una evidencia de que la crisis abierta en 2008 está muy lejos de ser cerrada.
La actitud política servil de buena parte de los mandatarios latinoamericanos que firmaron el Compromiso por el Multilateralismo, llamando a impulsar el libre comercio, fracasó. El presidente de la OMC afirmó que “El multilateralismo significa que… tenemos que hacer concesiones, a veces penosas”,… “Sabíamos que los temas a largo plazo serían difíciles de abordar, pero eso no disminuye la decepción que sentimos”. Pero lo más concluyente es su pronóstico y confesión del fracaso: “Todos lamentaríamos mucho si este sistema se pierde”. Y respondiéndole al representante de EE.UU., dijo: “Muchos anticiparon que este sería el fin del sistema multilateralista de comercio, pero no es así, vamos a seguir adelante”
Susana Malcorra que encabezó la OMC por Argentina, compartió su balance del fracaso: desde el primer día dijo que el vaso estaba “casi vacío” y que tampoco veía probable un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “En las condiciones actuales, no hay acuerdo posible”. El Ministro de Producción, por el contrario, afirmaba que en Diciembre se cerraba el acuerdo, luego cambió el pronóstico estirándolo unos meses.
La confirmación de EE.UU. de imponer un arancel de 72% al biodiésel argentino, pese a todos los esfuerzos del Gobierno por mostrarse sometido al amo imperial, es una clara muestra de su papel miserable y el claro proteccionismo norteamericano, violando todos los acuerdos previos en el marco de la OMC:
La marcha contra Cumbre de la OMC terminó militarizada y con detenidos. Las fuerzas represivas desplegaron un impresionante y desproporcionado operativo que incluyó disparos de bala de goma. Un anticipo de las jornadas que vendrían.