Mendoza:  LA IMPONENTE RESPUESTA POPULAR DERROTÓ LA POLÍTICA MINERA DE ALBERTO FERNÁNDEZ

La legalización de la megaminería en mano de las multinacionales fue impulsada por el gobierno nacional. El pueblo mendocino los obligó a derogar la Ley en sólo 10 días.

 

La decisión del gobierno de Mendoza estaba alineada 100% con el gobierno nacional. El partido Justicialista y el Frente de Todos apoyó la reforma de la Ley.

 

Antes de que se realizaran las elecciones presidenciales, a fines de septiembre, y sabiendo que sería presidente, Alberto Fernández se reunió en San Juan con representantes del sector minero.

 

Recibió, invitada por el Gobierno sanjuanino, a una comitiva de Mendoza compuesta por representantes del sector industrial y minero

 

En “Suractual” del 3 de Octubre se señala: “Fernández brindó claras definiciones sobre cómo considera el rol de la minería como generadora de divisas a partir de la exportación, y de fuentes de empleo genuinas…”

 

“Fernández recibió a la comitiva de Mendoza, provincia que, como Chubut, tiene gran potencial minero pero que se encuentra a la espera de una decisión política para desarrollar la industria por la existencia de legislaciones que restringen la actividad minera con determinadas características”.

 

Desde Mendoza viajó una comitiva conformada por todos los representantes de las cámaras mineras del país y especialmente Mendoza. Se hizo un fuerte hincapié en que las actividades mineras en “toda la Argentina tengan un desarrollo sostenible”. Entregaron al mismo tiempo un documento que “destaca la necesidad de la actividad minera como generadora de divisas genuinas, lo que impulsará el ingreso de divisas extranjeras que ayudarán al cumplimiento de los compromisos internacionales del país, es decir la deuda externa”.

 

Inmediatamente asumió el gobierno, convocó a las autoridades de Chubut a una reunión para tratar nuevamente la cuestión de la minería. Anunció que bajarían las retenciones del 12% al 8%, a las exportaciones mineras

 

El 12 de diciembre se decía: “El flamante secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, trabaja para avanzar con proyectos mineros en las provincias en las que actualmente está restringida la actividad, como por ejemplo Chubut con el Proyecto Navidad” (diario El Zonda, de San Juan). Hensel fue elegido debido al desarrollo de la minería en San Juan en sintonía con las multinacionales y las principales empresas del sector

 

Hensel aseguró que, “ya trabajando con la gente de Mendoza, entró la modificación a la ley 7.722. Por supuesto, no solamente hablamos con quienes hoy representan al Gobierno de Mendoza sino con nuestros compañeros… La única manera de que se resuelva es que los radicales, los justicialistas y los conservadores de Mendoza entiendan que todos van a poder hacer su aporte y desprenderse de sus cuestiones ideológicas”.

 

“… la idea mía es estar convocando para el martes a las provincias que tienen el mayor potencial minero, como Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, San Juan, Mendoza, que tiene una problemática distinta, pero que tiene mucho potencial y después vamos a convocar a una reunión al sector empresario y vamos a comenzar a trabajar”.

 

El lunes 16 en la reunión de Fernández con los gobernadores radicales en la que estuvo presente el gobernador Suárez se tocó expresamente la cuestión del apoyo nacional a la megaminería.

 

Alberto Fernández decía el 19 de diciembre en la Asociación Empresaria Argentina, la cámara de los empresarios más concentrados: “En Mendoza logramos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”. Allí compartió mesa con Héctor Magnetto, de Grupo Clarín; Jaime Campos, presidente de AEA; Luis Pagani, presidente de Arcor: y Paolo Rocca, CEO de Grupo Techint ente otros.

 

No cabe ninguna duda que la Ley fue apoyada e impulsada por el gobierno nacional, que sufrió su primera gran derrota a manos del movimiento popular

 

Es mentira lo que dice ahora Cabandié, ministro de Ambiente de la Nación, cuando dice que “el Gobierno nacional ‘no interviene’ en Mendoza”. Dijo que “la competencia en materia de explotación minera es exclusivamente provincial”. La realidad es que intervino todo lo que pudo para impulsar la actividad, desde antes de asumir.

 

LAS JUSTIFI CACIONES PARA IMPULSAR LA LEY Y LAS VERDADERAS RAZONES

 

El discurso justificativo es: “a los primeros que hay que tenderles una mano es a los sectores vulnerables, teniendo en cuenta lo que representa para las arcas estatales el dinero de retenciones que puede ser redistribuido de forma que beneficie a los sectores menos pudientes”.

 

El senador-pastor evangélico Héctor Bonarrico del Partido Intransigente afirmó que «si queremos salir de la pobreza no podemos impedir que vengan los inversionistas».

 

Otra justificación es la creación de empleo. Recordemos que el gobierno de Kirchner ya había pronosticado que la minería crearía 500.000 puestos de trabajo, ¿han dado explicaciones de por qué erraron por tanto? Otra es que las mineras pagarían una sobretasa para mejorar el sistema de riego, etc. etc. En fi n, todas maniobras para hacer pasar los intereses de las multinacionales.

 

El Gobernador aseguró que: “Se estima que la actividad pueda generar 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios)”… “se posibilita no solo la diversificación de la matriz productiva, sino que además se reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de u$s 349.234 millones (valor bruto del mineral), …”.

 

La única verdad es la realidad: los gobiernos endeudados entregan la minería a las multinacionales para que ingresen dólares para pagar la deuda externa. La verdad es que hay 19 proyectos ya elaborados por las empresas esperando el momento para ejecutarse, metiendo fuerte presión a los gobiernos.

 

EL GOBERNADOR SUAREZ DEROGÓ LA REFORMA A LA LEY MINERA

 

El martes 17 de diciembre se suspende la sesión en la Legislatura, que debía comenzar a tratar la Ley, debido a los cacerolazos. Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantuvieron una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. “El agua de Mendoza, no se negocia”.

 

El viernes 20 de diciembre se aprueba la Ley, en tratamiento exprés, por mayoría en ambas cámaras legislativas.

 

El lunes 23, pese a la masividad de las protestas, que son fuertemente reprimidas, el gobernador promulga la Ley 9209, que modifica la anterior. Se publica en Boletín Oficial el día 24.

 

Ante la tenaz persistencia de las movilizaciones en toda la provincia, el jueves 26 el Gobernador anuncia que “la ley no se va a reglamentar” y planteó una “consulta popular vinculante”, en el caso de que no hubiera consenso para mantener vigente la reforma. “Voy a hacer una gran convocatoria al diálogo e información con distintos sectores de la sociedad”. La movilización interpretó esta suspensión como una maniobra y mantuvo la presión.

 

El sábado 28 anuncia que derogará la Ley y que el mismo lunes 30 sería tratado en la Legislatura. Lo que finalmente se concreta. Recordamos que Suarez asumió el gobierno el 9 de diciembre y Fernández al día siguiente.

 

LA ESTAFA DE LA DEMOCRACIA BURGUESA

 

Durante el año hubo varias campañas electorales y los partidos burgueses no abrieron la boca diciendo que si ganaban iban a impulsar el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto.

 

Esperaron a ocupar sus puestos en el gobierno y la legislatura para lanzar aceleradamente esta modificación a la Ley. Lo hicieron de espaldas al conjunto de la población. Así es el funcionamiento fraudulento de la democracia. El Gobierno nacional que dio luz verde para avanzar en este sentido ahora se hace el desentendido, como si fuera una decisión autónoma de Mendoza. No hay que creerles nada de nada, todo es un embuste. Así funciona la dictadura del capital.

 

el presidente de la Corte Suprema, Carlos Ronsenkrantz, son denunciados por tener intereses mineros y algunos en relación con la empresa brasileña Odebrecht. Se sumaría el asesor macrista Ernesto Sánz, mendocino de San Rafael, quien días antes de que asumiera el nuevo gobernador radical, Rodolfo Suárez, constituyó una sociedad minera-hidrocarburífera. Y agregar a dos hermanos dirigentes del PJ, el diputado nacional Omar Félix y el intendente de San Rafael, Emir Félix, quienes en octubre pasado constituyeron la sociedad anónima minera “Sierras del Nevado”. Además, es cuestionada “la legitimidad de su posesión de la parcela de Malargüe donde se proponían la explotación del oro. El padre de ambos, Chafi Félix, fue intendente de San Rafael durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Esas tierras son reclamadas como propias por la comunidad mapuche Rukache” (informa Horacio Verbitsky).

 

En apenas dos semanas quedaron al desnudo. Toda la politiquería burguesa representa a una minoría, a las multinacionales y al capital financiero que quiere cobrarse la deuda. Desde las asambleas se los señaló como traidores.

 

La única, la verdadera democracia, es la que se expresó en las calles, en las rutas, en las asambleas populares, imponiendo la voluntad de la inmensa mayoría con su acción directa, para defender sus derechos. Y que no bajó la guardia hasta que pudo confirmar que la ley era derogada por los mismos que 10 días antes la había votado por amplia mayoría. La violenta represión no alcanzó para intimidar al movimiento popular

 

Es necesario sacar todas las conclusiones políticas de esta experiencia extraordinaria.

 

EL PUEBLO MENDOCINO FUE EL PROTAGONISTA OTRA VEZ DE UNA GESTA HISTÓRICA

 

La respuesta inmediata de la población contra la megaminería derrotó al gobierno y a su oposición burguesa. El peronismo que votó a favor de la Ley terminó pidiendo que se derogue. La Ley fue aprobada por la legislatura mendocina con acuerdo del oficialismo (UCR-Juntos por el Cambio) y el PJ.

 

Todo el mundo sabe que es verso eso de que el gobierno controlará a las mineras. No hay quien controle a las multinacionales porque los gobiernos actúan por cuenta de ellas. Todos los “accidentes” que hubo en los últimos años demuestran contundentemente que no hay control. Todos lo sabemos. Podrán formar mil organismos para supervisar, aprobar y controlar pero son una pantalla para encubrir los desastres ambientales incalculables e irreparables que producen. La defensa del agua fue la bandera principal del movimiento que se extendió por todo Mendoza y repercutió fuerte en el país. Todos quieren olvidar este choque, que no se hable más del tema. Taparlo con otros temas.

 

El gobernador Suárez reconoce en conferencia de prensa que tuvo que derogar la Ley para “garantizar la paz social”. Fernández se mostró preocupado por la “tensión social” que se produjo. Si no hubiera habido semejante reacción popular ya estarían en marcha los proyectos.

 

No rechazamos la minería en general. Rechazamos la minería como propiedad privada en manos de las multinacionales, expresión del atraso y sometimiento del país a los intereses del imperialismo.

 

El desarrollo de la minería debe estar vinculado al desarrollo industrial de la nación. Debe estar en manos estatales para garantizar que cuide el ecosistema, que no afecte otras actividades económicas. Esto sólo puede ser producto de otra clase social en el poder, que tenga como interés el conjunto de los oprimidos, la clase obrera y su dictadura de clase.

 

La burguesía miserable, de rodillas frente al capital financiero no puede hacer otra cosa que entregar la minería para que se lleven los minerales en bruto, dejando desastres donde actúa. Para que queden migajas de regalías para pagar la deuda externa. Ese es el papel que el cabe al gobierno nacional y los provinciales, respaldados por sus legislaturas.

 

Las luchas en Mendoza y Chubut son parte de las movilizaciones que recorren América Latina, los gobiernos cada vez más de derecha chocan con la resistencia activa de las masas. Rápidamente va quedando claro que Fernández gobernará para el FMI y las multinacionales petroleras y mineras. El peronismo, como expresión del nacionalismo burgués, es incapaz de sacar al país del atraso y construir una nación soberana. Solo el proletariado unido en todo el continente puede liberarnos de la opresión imperialista con su programa revolucionario, acaudillando a todos los oprimidos tras la bandera de los Estados Unidos Socialistas de América.

 

(nota de MASAS nº 363)

 

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