DETRÁS DEL CORONAVIRUS: LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA SANITARIO Y LA CRISIS SOCIAL EXISTENTE.
Mucho se ha hablado estas últimas semanas, y mucho quedará aún por hablar las semanas y meses siguientes, acerca de las condiciones sanitarias argentinas. Las voces afines y condescendientes que parten de los medios de (des)información nos bombardean día y noche mostrando con injustificada soberbia los esfuerzos denodados de dirigentes políticos y burócratas sindicales: prometiendo más respiradores o iniciando su producción, anunciando alguna que otra cama más en terapia intensiva, remodelando un hotel para hacerse de nuevos lugares de internación, agregando salas generales a los ya abarrotados hospitales públicos, incluso prometiendo reanudar su acondicionamiento (hospitales que hace más de una década deberían haber estado listos). Los vemos lanzando ensordecedores anuncios de búsqueda de profesionales de salud y equipos auxiliares de maestranza… todo en aras de la tan mentada “unidad nacional para hacerle frente al virus”. ¡Cínicos! Triste escena que no puede ocultar que son los mismos poligrillos responsables del total desmantelamiento y destrucción del sistema de salud en la Argentina: fiel exposición de la política burguesa.
Ni 24 horas pudieron mantener la decisión política de centralizar los recursos sanitarios del sistema público y privado de la Nación, demostrando el grado de servilismo a la medicina privada. Ni 24 horas tardaron las cámaras empresarias en desoír la prohibición de despidos y suspensiones por 60 días. Ni 24 horas hemos tardado en darnos cuenta que todos y cada uno de los anuncios no modificaban en lo más mínimo la situación real de las masas. Porque estamos ante un gobierno incapaz e impotente para enfrentar a esta pandemia, y necesariamente debe recurrir a un brutal autoritarismo, con las fuerzas represivas totalmente envalentonadas en amedrentar a la población. Esta es el verdadero “plan” del Gobierno frente al Coronavirus.
Pero no podemos comenzar este análisis sin antes dar cuenta de la relación estrecha existente entre el sistema sanitario y las condiciones propias de existencia de la población. Más del 50% de los jóvenes y niños se encuentran por debajo de la línea de la pobreza en nuestro país, donde la mayoría de éstos no tienen siquiera dos platos de comida por día en sus mesas; con un 90% de los trabajadores cobrando menos de lo que cuesta la canasta familiar (hoy en $65.000), que es lo mínimo que se necesita para vivir en condiciones; con caídas históricas en el consumo de leche y de pan; con un Gobierno Nacional que ha priorizado el pago estricto de la Deuda Externa, incluso en plena pandemia (último pago de 250 millones de dólares el 31 de marzo); con un nuevo ajuste a los jubilados que los colocan en un terreno de indefensión y vulnerabilidad estremecedora; con gobiernos provinciales priorizando el pago de deuda externa en detrimento de los salarios de estatales, como en Chubut y Buenos Aires; con innumerable cantidad de barrios insalubres que muestran grados indignantes de hacinamiento y déficit estructurales; en una larga y triste lista con muchos etcéteras. Está claro para el que lo quiera ver: estamos enfrentando a esta pandemia en condiciones catastróficas.
SISTEMA DE SALUD EN LA ARGENTINA ANTE LA PANDEMIA
El Coronavirus no crea una crisis en el sistema sanitario. Así como tantas otras epidemias y enfermedades, como las epidemias anuales de bronquiolitis, como los actuales casos de dengue, como la prevalencia de tuberculosis en la zona sur de Capital Federal (solo comparable con los peores índices mundiales en África), entre otros, lo que hace el Coronavirus, con sus particularidades, es exponer dramáticamente la precariedad del sistema sanitario nacional.
La salud, como parte integrante del régimen social de explotación no puede ser ajena al mismo y expresa, a su forma, la descomposición propia del capitalismo. Vemos, como tendencia general a lo largo y ancho del planeta, la salud como botín de guerra en los procesos de privatización y de obtención de la máxima ganancia. Pero al mismo tiempo es preciso analizar cómo esta crisis general, que hunde sus raíces en el seno de la sociedad capitalista, se refleja en las particularidades nacionales… es decir, cómo se encuentra hoy la Argentina.
La red de hospitales y centros de atención primaria públicos conviven – y no armoniosamente – con las clínicas y sanatorios privados en la Argentina. Sucede que únicamente en base de una profunda destrucción del sistema público, puede prosperar y florecer lo privado, hablamos esencialmente de las Obras Sociales y la Medicina Prepaga. Uno de los indicadores más importantes de este proceso es su disposición creciente hacia la privatización del sistema. Lamentablemente, la burguesía hábilmente mantiene este debate oculto, evitando conscientemente poner estas cifras sobre la mesa, ya que las mismas revelarían cuán comprometida se encuentra esta decadente y cobarde clase social con las condiciones sanitarias del país.
Veamos algunas cifras a modo de ejemplo: de 1946 a 1955 se pasó de un total aproximado de 70.000 camas (48.800 de las cuales pertenecían al sistema público) a más de 130.000, de las cuales 116.000 formaban parte de los hospitales públicos (es decir el 87%). Este fenomenal crecimiento fue el punto máximo que pudo alcanzar el sistema de salud en nuestros países. No debemos perder de vista que en 1955 la población total de Argentina era de aproximadamente 17 millones de personas, es decir que la proporción camas sobre cada mil habitantes era de 7,65 (la OMS recomienda más de 8 camas por cada mil habitantes).
En 2001 después de décadas enteras de furibundos ataques experimentados en el sistema público, las camas alcanzaban un total de 153.000 de las cuales apenas 81.816 (un 53%) pertenecían a la red privada. Para desgracia nuestra, ese proceso no se vio interrumpido en ninguno de los años subsiguientes, llegando hasta nuestros días (según los últimos datos disponibles del 2019) a un total de 163.917 camas con solo 84.612 pertenecientes a Hospitales Públicos (un 51,61%). Sacando en limpio estos engorrosos datos numéricos, señalamos que desde 1955 a 2019, de 17 millones de habitantes a más de 45 millones, el sistema público de salud, como recurso último de la población general, ha perdido más de 30 mil camas. Pasó de 7,65 camas por cada mil habitantes a 3,64 por cada mil habitantes.
Obras Sociales y Prepagas
Como contracara, vemos el enorme florecimiento de lo privado que hoy día huye despavorido en búsqueda de auxilio, exigiendo y reclamando que el Estado colabore en su enfrentamiento a la pandemia. Estas Obras Sociales y Prepagas sin duda aparecen como campeones victoriosos de la destrucción previa de lo público. La red privada pasó de 18.000 camas a casi 80 mil… pasó de una participación del 13% a una participación de casi el 50% desde 1955 hasta nuestros días, con varios cientos de miles de millones de pesos de facturación anual (escalofriante cifra por donde se la mire). Y no es que esos señores (como Belocopitt de Swiss Medical, Fontana de OSDE o Fraomeni de Galeno) se hayan detenido allí por falta de entusiasmo por conquistar la plena privatización de la salud, sino que dos procesos se combinaron para mantener en pie un (frágil) sistema de salud público: la enorme cantidad de desocupados y trabajadores precarizados que se ven imposibilitados de acceder a la red privada; y las enormes luchas que se fueron sucediendo a lo largo de años y años de defensa del sistema público de salud, fiel conquista irrenunciable de las masas.
La Medicina Prepaga se ha concentrado de tal forma que apenas dos empresas (OSDE y Swiss Medical) concentran el 50% de la facturación total, y si se suman Medicus, Omint y Galeno son el 71,3% de la facturación total. Y solo para entender esto como un proceso y no como una foto, señalaremos que la concentración de estas 5 empresas era del 50% en el 2001. Aun así, con todo esto a su favor, van y vienen por distintos medios de comunicación y despachos ministeriales, presionando para exigir mayores beneficios, mayor rentabilidad y seguridad en sus inversiones.
Y están por otro lado las Obras Sociales, fuente inagotable de corrupción y saqueo. Trágicamente nos recuerdan el valioso servicio que prestaron como bolsa de negociación y disciplinamiento social luego de las históricas jornadas del Cordobazo en 1969. La Dictadura sangrienta de Onganía utilizó sus cuantiosos recursos para cederlos a partir del decreto ley 18.610 a los propios sindicatos, preocupado por mantener desmovilizado al movimiento obrero. Ni más ni menos que regimentación de los sindicatos de manos de una dirigencia sindical que acumulaba poder (y fortunas) a costa de entregar las luchas.
Estas Obras Sociales en muchos casos cuentan con prestaciones y servicios rozando lo ridículo, incluso retrocediendo respecto a las condiciones de varios hospitales públicos. Afiliados con turnos que nunca llegan, en establecimientos a horas de viaje de sus lugares de trabajo o vivienda, con recursos edilicios poco menos que ruinosos y debiendo en muchos casos abonar por prácticas o atenciones que deberían garantizarse “gratuitamente”, o sea con el aporte mensual retenido de sus salarios. Obras Sociales, donde los propios profesionales que allí se desempeñan cobrando miserias y a 60, 90 o 120 días, deben responder por los desfalcos y desfinanciamientos realizados por los burócratas despreocupados de sus instalaciones y condiciones. Claro está que no es la situación general de todas las Obras Sociales, pero basta marcar (como señaláramos en el Masas 355) que casi la mitad de las denuncias sobre el sistema de salud que recibe la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires son contra las Obras Sociales y en menor medida la Medicina Prepaga.
Y vemos también año tras año la eterna disputa del cuantioso Fondo Solidario de Redistribución (FSR), hoy en día de unos 30.000 millones de pesos aproximadamente, que las Obras Sociales, o mejor dicho esa cúpula burocrática de los sindicatos, le reclama a los distintos gobiernos, que lo utilizan como mecanismo predilecto (cualquiera sea la variante burguesa en ese momento en el poder) para desactivar planes de lucha, paros nacionales y huelgas generales. A cambio ese burócrata, seguramente recibirá no solo algunas migajas de esos fondos, sino la categoría de “dirigente ejemplar” como lo hiciera Alberto Fernández con Moyano hace pocos días. Una política de clase finamente orquestada que ha cumplido (¡vaya si lo ha cumplido!) con su plan originario.
Podemos pronosticar que basado en su búsqueda de ganancias, “optimización” de recursos y el cuidado de sus gastos, estas Obras Sociales serán impotentes para resolver algún tipo de demanda medianamente importante, poniendo uno y mil obstáculos a sus afiliados en época de pandemia. Su existencia independiente conspira y entra en franco choque contra la propia atención de sus aportantes.
HUNDIMIENTO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD
El deterioro notable en los Hospitales públicos es inmaquillable. Instalaciones infestadas de plagas, donde es habitual que se trabaje entre cucarachas, ratas y palomas. Donde solo gracias a la voluntad de los trabajadores de la salud, y el indispensable personal auxiliar, puede prestarse una atención aceptable. Donde los insumos básicos son retaceados impunemente, incluso en épocas como éstas de pandemias. Este es el resultado de décadas de la política burguesa en la salud: ahorro de los gastos no esenciales para destinarlos a objetivos aparentemente prioritarios: el pago de la Deuda Externa.
¡No se pueden hacer los desentendidos, no pueden tapar el sol con la mano! Todos (¡todos!) los que han venido gobernando han sido partícipes indispensables de esta situación. Desde la descentralización de la década del 50, pero principalmente a partir de 1993 con la bandera menemista de los “hospitales autogestionados” (que los hospitales busquen la forma de financiarse, ya que el Estado no lo hará), bajo expresa dirección de la Organización Mundial de la Salud con su documento “Invertir en salud” (la misma organización mundial que hoy desvergonzadamente señala con el dedo el no cumplimiento de sus pautas para enfrentar esta pandemia). O llegando más acá en el tiempo con la Emergencia Sanitaria promulgada en 2002 y jamás interrumpida hasta nuestros días, o con el Plan Federal de Salud del 2004 por el viejo conocido Ginés González García, que planteaba el anticipo de lo que sería la CUS (reforma sanitaria) macrista, es decir mayor privatización.
Y hoy en día tenemos que agradecerles que recorran los hospitales en helicópteros, que se muestren con orgullo en las instituciones científicas (enormemente desfinanciadas como el Malbrán), que prometan 200 camitas acá, 500 camitas allá, que comprarán 100 respiradores más… y vaya a saber qué otra sarta de barbaridades más prometen. Si más arriba expresamos que son 30 mil las camas que desaparecieron en el sistema público de salud, decimos como consecuencia que son más de 200 mil las que hubiesen correspondido sumar para mantener la misma proporción respecto a la población (se necesitan 350.000 camas en total, más del doble que las actuales). Y hasta estos politiqueros se dieron el lujo de augurar próximas inauguraciones de hospitales que deberían haberse inaugurado hace más de 10 años. Hablamos de los Hospitales Bicentenarios, anunciados con bombos y platillos, que hoy se yerguen como monumentos a la corrupción y a la tomada de pelo de la población. Esos elefantes blancos nos recuerdan día a día en el Gran Buenos Aires lo que son capaces de hacer los politiqueros burgueses para ganar una elección, montando verdaderos circos, como en Laferrere, Rafael Castillo, Ituzaingó, Escobar, Esteban Echeverría, o incluso en Entre Ríos. Hospitales gigantescos sin personal, sin equipamiento y sin atención.
O la rabia que nos ahoga cuando vemos a Larreta (Jefe de Gobierno de Capital Federal), impulsor incansable del cierre de 5 hospitales para favorecer sus ya famosos negocios inmobiliarios multimillonarios, embanderándose con la causa de los hospitales públicos. No existen palabras que puedan describir la rabia que generan estos sátrapas cuando las contrastamos con las decenas de denuncias que aparecen en distintos hospitales a lo largo y ancho del país exigiendo ni más ni menos que los elementos mínimos e indispensables para que esos profesionales de salud puedan hacerle frente al Coronavirus.
Ahora se acuerdan de la salud pública, pero solo para engrupirnos nuevamente. Ahora aparecen todos juntos, en su anhelada “unidad nacional”, apareciendo como los héroes y salvadores, atemorizándonos de cometer algún error que pudiera ser la causa que la pandemia se desate con todas sus fuerzas. Esta es la clase social que debemos destruir… debemos acabarla de una vez y para siempre. Estos son los campeones de la inmoralidad que han jugado y especulado con la salud de la población para ahora endilgarnos de responsabilidades si algo llegase a fallar.
Pero ahí van los trabajadores, los hasta la víspera vapuleados desde todos los frentes. Los que no tienen voz ni voto, los que deben cargar sobre sus espaldas las desastrosas condiciones con el eufemismo siempre traído de las narices de la “vocación”. A los que se le escatiman recursos bregando por su “uso racional”. Claro, la burguesía no ve nada “racional” en que los trabajadores exijan condiciones adecuadas de trabajo. Lo único racional para su concepción política es la disminución de los gastos en salud. Y esos trabajadores que comprenden, que saben y que reconocen que nuestro sistema de salud es una fiel radiografía de lo que es el país, y que no se encuentra preparado ni para épocas de relativa calma. Ellos serán lastimosamente los que recibirán duros reveses si no comenzamos a organizarnos lo antes posible
POLÍTICA PROLETARIA
El Coronavirus expone la crisis social existente, la más pura y descarnada barbarie capitalista. Así como el problema de la salud se encuentra firmemente anclado en la descomposición del capitalismo, la defensa de la salud pública está unida inevitablemente a la lucha contra la desocupación, contra la pobreza, contra la falta de vivienda digna, contra la malnutrición general de la población, contra la depredación brutal del medio ambiente. Por lo tanto no es la solución de la cuestión de la salud lo que resolverá la cuestión social, sino que es la resolución de la cuestión social (abolición del modo de producción capitalista) lo que hará posible sentar las bases para resolver la cuestión sanitaria en el país.
Pero como revolucionarios tendemos puentes desde las situaciones tal y como se nos presentan, mostrando la incompatibilidad de resolverlas bajo el sistema social existente y la urgencia de la lucha revolucionaria, para darles así la única salida progresiva a las mismas. Esto significa que luchamos contra el lucro en la salud (y su evidente proceso de privatización que hemos marcado); contra los monopolios farmacéuticos y laboratorios privados que buscan la ganancia capitalista como único fin; contra el desfinanciamiento y destrucción de lo público; contra la precarización creciente de las condiciones laborales; entre muchas otras, bajo el programa de la clase obrera, de la revolución y dictadura proletarias.
Esto no significa que neguemos la importancia de una mayor realización de test para conocer la cantidad de infectados reales (Argentina ha realizado los escasos 11 mil test en más de dos meses, ubicándose en los últimos puestos en el mundo). No negamos, tampoco, la lucha concreta por mayor presupuesto para salud; por mayor cantidad de camas (hablamos también de mayor cantidad de médicos, de aumentar los recursos de enfermería, personal de maestranza, etc.); por unificar la producción de medicamentos bajo un único laboratorio nacional; o incluso señalamos lo tremendamente progresivo que sería la expropiación de todo el sistema de salud y reorganización de la producción industrial de acuerdo a las necesidades reales del momento. Pero esta lucha no se da, ni tampoco podría hacerlo – para desgracia de nuestros aclamados reformistas – disociada de la lucha por el socialismo, único norte estratégico que encuadra nuestra práctica revolucionaria.
Si comprendemos que no se trata de tal o cual Gobierno, de tal o cual país, sino que se trata de una política de clase, en su conjunto, nos encontraremos en una mejor posición para intervenir en la situación actual, colocando la discusión en sus justos términos. O bien continuamos bajo la égida de la política burguesa, con su autoritarismo y confinamiento, con sus súplicas de pasividad y “unidad nacional”, o bien empuñamos la bandera de la política proletaria, única capaz de darle un curso superador a la crisis social existente, confiando únicamente en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios métodos.
(nota de MASAS nº 367)