El diario La Nación portavoz de la oligarquía terrateniente, el agronegocio, los exportadores, pone el grito en el cielo por la “expropiación” de Vicentin. La oposición lo califica como un «giro a lo Venezuela».

Es la principal empresa de molienda de oleaginosas. Puede producir 29.500 toneladas por día. Es la mayor productora de biodiesel del país. En 2016 fue el primer exportador de aceites y el segundo de harinas. Tiene dos terminales portuarias. En 2017 produjo el 21% de la molienda de soja, en 2018 el 27%. Se ubica en el sexto puesto del ranking de exportadores agroindustriales.

El gobierno anticipa que será un modelo similar al de YPF, que como denunciamos en su momento, no era ninguna expropiación (sino compra de las acciones a Repsol a precio elevado), y dejando el 49% de las acciones en manos privadas.

En Masas n°365, de marzo, en el artículo titulado “Vicentin: un modelo de saqueo agroexportador” decíamos: “Este fraude de la cerealera número uno muestra cómo opera la burguesía desde su origen. Ahora con métodos más sofisticados.

Pone de manifiesto la importancia de nacionalizar y monopolizar la banca en un sistema único bajo control de los trabajadores.

La banca estatal destina el crédito a sectores poderosos que no lo necesitan y es frecuente que no recupere lo prestado. ¿Cómo puede ocurrir que se presten cifras enormes sin control, sin garantía, sin reclamar su devolución?

Las maniobras descaradas de venta de granos a precios irrisorios a empresas fantasma – en paraísos fiscales para que los empresarios garanticen sus ganancias afuera – pone en evidencia la necesidad de monopolizar el comercio exterior. Terminar con las triangulaciones que impiden conocer quién es el verdadero comprador y qué precio paga.

Mecanismos habituales para evadir cuánto se vende y cuánto se gana. No sólo en los precios sino también en las cantidades que se exportan. Todos los puertos deben ser nacionalizados.

Las medidas urgentes: defensa de los puestos de trabajo, y en recuperar el inmenso agujero producido en el Banco Nación. La respuesta inmediata debe ser estatizar sin pago a todo el grupo, no solo a la empresa que se endeudó y que seguramente ya es una cáscara vacía.

González Fraga y quienes autorizaron los préstamos deben responder con su patrimonio personal por el perjuicio que originaron. Todos los directivos de las empresas del grupo también deben pagar por los fraudes de las empresas.

Es necesario terminar con el régimen de impunidad para los capitalistas que saquean la nación”.

La decisión del gobierno no se ubica en este terreno de defensa de la soberanía nacional. Será una nacionalización parcial, con pago. Limitada a una empresa de grandes dimensiones que se encuentra en proceso de concurso de acreedores y cruzada por varios juicios por estafas.

Cuando hablan de expropiación confunden. No se le está quitando la propiedad a nadie. El gobierno de Fernández, como los anteriores gobiernos kirchneristas, son contrarios a la estatización de las empresas. Lo hacen en situaciones extraordinarias, cuando no hay alternativa, y lo hacen muy limitadamente. La prueba es que las privatizaciones neoliberales de Menem no fueron revertidas. La exigencia del capital financiero es que el Estado se desprenda de las empresas y que si alguna no es viable económicamente, que quiebre.

La Nación titula: “Alberto Fernández interviene Vicentin y buscará expropiarla” “El Presidente nombró como interventor a Gabriel Delgado y enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación de la firma agroexportadora”.

El anuncio del interventor nombrado por el gobierno, Roberto Gabriel Delgado: «… estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentin, para que el Estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo van a pasar a formar parte de un fondo fiduciario, y le encomendaremos la gestión de ese fondo a YPF Agro».

Dice La Nación que “… dirigentes políticos y sociales habían propuesto al Presidente que impulsara la transformación de la compañía en una empresa pública no estatal, argumentando que la Argentina ‘necesita una empresa testigo en el comercio exterior de granos y en la producción de aceite y alimentos’”.

El rechazo histérico de la medida por parte de de la derecha, la oligarquía, sus medios de comunicación, es un hecho que no debe confundir sobre su carácter real.

¿Por qué toma esta decisión el Gobierno?

No se debe olvidar que la empresa se declaró en cesación de pagos en Diciembre, que el Estado es uno de los mayores acreedores de la empresa y que los préstamos fueron otorgados por el Banco Nación en forma fraudulenta, además debe una fortuna en impuestos. Que el concurso de acreedores recién se abre en agosto. Que existe una deuda de 100 millones de dólares con 2.600 productores que le entregaban su producción. Que se estiman en 7.000 los puestos de trabajo que dependen de esta empresa. No cabe duda que se trata de una situación extraordinaria. Que la empresa podía terminar desguazada o en manos de alguno de los grupos más poderosos del sector.

¿Es un peligro que una empresa de esta magnitud quede en manos del Estado? Para los poderosos empresarios del sector es un problema porque pueden quedar al desnudo todas las maniobras, todas las trampas, que son habituales, para declarar menos ganancias, dejar dólares en el exterior, etc.

Pero también es un peligro porque no olvidemos el carácter burgués del Estado, no está previsto que sean los propios obreros los que controlen colectivamente y ordenen el funcionamiento de la empresa, sino una fracción capitalista ocupará ese lugar. Es siempre una fuente de corrupción, prebendas de todo tipo, negociados de los “amigos” del sector. Ya sabemos que no se puede controlar, ni regular desde los organismos del Estado, ni del Congreso. El mayor peligro en esta operación es que el Estado asuma como propias las deudas de Vicentin con privados, locales y del exterior.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dice: «No nos gusta que el Estado intervenga en las empresas privadas del país. A lo largo de la historia, se ha visto que el Estado no es un buen administrador de las empresas privadas. Y ha quedado demostrado que no ha sido eficiente. Todo lo contrario, ha sido un sector de corrupción”. Parece que no quiere darse por enterado de que Vicentin es un escándalo gigantesco de corrupción que dejó a una empresa del sector más rentable de la economía en default.

Lo que corresponde es expropiar sin pago ni compensación a esta empresa. Desconocer todas las deudas con los bancos, no la Justicia cómplice y corrupta, sino los trabajadores, colectivamente, con la ayuda de técnicos, profesionales, estudiantes, que puedan desmenuzar todas las trampas. La experiencia de Vicentin es una demostración que los sectores vitales de la economía no pueden seguir en manos capitalistas.

 

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