Ante los reclamos policiales en la Provincia de Buenos Aires – El gobierno va a conceder el ajuste salarial y otros reclamos porque necesita el aparato represivo disciplinado
* El movimiento policial ha tenido repercusión especialmente en la Provincia de Buenos Aires, aunque estuvo precedido por la policía de Misiones, La Rioja, Chaco y Santa Fe. Hubo 25 concentraciones en el Gran Buenos Aires y en el interior provincial. De hecho se produjo una ruptura de la disciplina de la fuerza, aunque en general no hubo abandono de tareas.
Hubo marchas en patrulleros, asambleas de hombres y mujeres de uniforme, con sus armas reglamentarias enfundadas, ruidosas concentraciones frente a dependencias y unidades de comando. Una medida de acción directa que la policía bonaerense tiene prohibida.
* El reclamo central es por aumento salarial. Todos en el gobierno coinciden en que existe un notorio atraso salarial. El sueldo básico de un agente de calle apenas supera los $30.000 y deben sumar varias horas adicionales para mejorar su ingreso.
Piden también que los servicios de Policía Adicional, que son las horas extras, no se demoren 120 días, que se aumente el valor de las horas Cores (Compensación de Riesgo de Servicio) que es de $40, que haya atención en materia de medicamentos y que se les suministren los elementos necesarios frente a la pandemia. Los policías señalaron que su jornada es de 16 horas, “ya que el doble turno implica llevar algo más de dinero a la casa”.
Reclaman un sueldo igual al de la policía Metropolitana donde un agente cobra $ 60.000 y cuenta con el servicio de salud de una prepaga.
En los meses de cuarentena los policías se quedaron sin los adicionales con los que suelen completar sus haberes: partidos de fúbol, recitales, zonas comerciales.
El reclamo se puede extender a otras fuerzas represivas, ya que en la Federal, los agentes cobran un sueldo básico de $ 39.000 que con suplementos puede llegar a $ 45.000, en Gendarmería el sueldo que cobra un efectivo sin antigüedad, apenas supera los $ 40.000. Los montos salariales se repiten en la Prefectura donde el sueldo básico es menor a $ 37.000.
* No es sólo salario. Reclaman por las condiciones en las que prestan servicio: patrulleros destartalados, falta de elementos de seguridad, de barbijos. Que tienen que comprar sus uniformes. Denuncian 7.000 contagiados de coronavirus.
Pero aparecen también los reclamos de impunidad para su accionar, en momentos en que el Gobierno lanza un “plan de seguridad” para enfrentar “la creciente criminalidad”, cuando les ordenarán desalojar las ocupaciones de terrenos, enfrentar los conflictos sociales que se avecinan.
Se les escucha defender a Chocobar, con todo lo que implica (matar por la espalda a quien no presentaba ninguna amenaza) en este momento donde todo un sector está acusado de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, con toda una trama de complicidades y encubrimientos. Uno de los referentes de la protesta también se pronunció contra la prisión domiciliaria a Baez.
Qué quieren decir cuando dicen “hay un discurso anti policía, entonces tenemos un problema grave», están diciendo que necesitan impunidad para su accionar. Que no se difundan y condenen sus crímenes, especialmente contra los jóvenes, contra los más pobres, que no se difunda su represión sobre los trabajadores.
La derecha más reaccionaria impulsa estas medidas, montándose en el reclamo. Los medios de comunicación más poderosos le dan una cobertura de 24hs a este conflicto, dándole gran repercusión, como parte de su enfrentamiento con el gobierno nacional y provincial. Anunciaron en los días previos que se realizaría este movimiento y Arietto, una de las voceras, fue la segunda de Patricia Bullrich en seguridad (previo paso por el massismo). Nada es casual en esta utilización política del conflicto con la presencia de expolicías, retirados y exonerados.
* Si bien el movimiento es minoritario está expresando el malestar de la mayoría por sus condiciones de servicio y por sus salarios. Hipócritamente el gobierno y sus aliados se muestran sorprendidos frente al conflicto, dicen ¿por qué ahora? Justo en medio de la pandemia. ¿Por qué no le hicieron esta movida al gobierno anterior que les hizo perder más del 30% del poder adquisitivo de sus ingresos? Reafirman su rechazo a la deliberación de la fuerza, rechazan su sindicalización y sus medidas de fuerza, reafirman que el Estado debe tener el monopolio de la fuerza y que debe ser ejercida verticalmente, sin cuestionamientos. Así es que ante el rechazo de los policías a sus mandos, a los que acusan de no defender sus reclamos, se produce un estado de caos, donde no aparece quien represente los reclamos.
Berni ha mantenido al frente de la fuerza a la mayoría de los jefes designados por el gobierno anterior, lo que confirma la continuidad de la política represiva. Él mismo ha jugado un papel nefasto en el gobierno de Kirchner.
El gobierno sabe que cuenta con 90.000 efectivos en la bonaerense, la fuerza represiva más grande del país. Un ajuste salarial le absorbe buena parte de su presupuesto, pero tendrá fuerte repercusión, en primer lugar en el resto de las fuerzas policiales, pero también entre los trabajadores estatales, los docentes, el personal de salud.
Al mismo tiempo se verá obligado a conceder el ajuste salarial, que niega a otros sectores, porque necesita a todas las fuerzas disciplinadas para reprimir.
* La bonaerense no es cualquier policía, es la “maldita policía”. Hubo intentos por depurarla que fracasaron, está íntimamente vinculada con su pasado en la dictadura, con la trata de personas, con la red de prostíbulos, con el narcotráfico, con el robo de autos, con secuestros, con el armado de causas, carga sobre sus espaldas con cientos y miles de asesinatos del “gatillo fácil”. Está entrelazada con la justicia y el poder político. Cada tantos años echan a cientos con frondosos prontuarios haciendo como que limpian la fuerza, pero la naturaleza no cambia. Los elementos desplazados terminan formando una fuerza paralela, apta para todo servicio.
¿Cómo hacer para desengancharse de esta historia criminal? ¿Cómo hacer para separar el reclamo salarial y de condiciones de trabajo del uso que hacen del movimiento sus cabecillas? De la derecha y todos los elementos que buscan impunidad para su accionar.
No puede haber tal separación si no se condena el accionar de los mandos, su política criminal represiva contra los trabajadores, contra la juventud, contra los barrios. Si no condenan a los mandos comprometidos con todas las formas de criminalidad y que conocen perfectamente.
* Aparece entre los reclamos policiales el derecho a la sindicalización y la «democratización de la fuerza«.
El diario La Nación reproduce el reclamo diciendo: “Uno de los reclamos clave de la fuerza es poder discutir de manera horizontal las condiciones en las que prestan el servicio, tener derecho a reclamar y a discutir salarios, y régimen de carrera”. Al mismo tiempo advierte: “Una protesta y un peligroso precedente, con la sindicalización como mar de fondo.” “La Policía Bonaerense entre otras cosas pide que se reconozca una representación gremial de la fuerza”. Y muestran foto de Nicolás Masi, del “Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA)”.
El Sindicato de Policías Bonaerenses no tiene personería gremial. En 2017 la Corte la negó y determinó que la fuerza no tiene derecho a huelga. Esta decisión es cuestionada en tribunales internacionales.
Si bien los policías no son trabajadores, la sindicalización debe estar ligada al derecho a deliberar, a realizar asambleas, a elegir los delegados que representen a los policías según su categoría. Y que debatan cuál es la forma de organizar un sindicato. Es el camino para empezar a producir una diferenciación dentro de la policía y romper la cadena de mandos, romper su disciplina “castrense”, que no sean sancionados o expulsados aquellos que no quieren comprometerse o encubrir la criminalidad en la fuerza, aquellos que rechazan la impunidad. La tarea de terminar con la “maldita policía”, de terminar con el aparato represivo, está indisolublemente ligada a la tarea de derribar con la dictadura del capital, con la toma del poder por la clase obrera acaudillando a todos los oprimidos.
Los oprimidos debemos explotar las contradicciones internas de las fuerzas represivas, y la sindicalización está relacionada con la posibilidad de poder explotar esas contradicciones Quien renuncie a hacer política dentro de las fuerzas represivas está renunciando a la lucha revolucionaria.
La bonaerense no es reformable, no se puede democratizar, adquirió todos los vicios y todas las características del Estado burgués en descomposición, toda la pudrición de la fuerza debe ser combatida sin ninguna ilusión en que podrá ser otra cosa que una mafia. Luchar contra la verticalidad de los mandos, contra todas sus arbitrariedades, debilitará su poder mafioso. Es eso lo que no quiere que suceda el Estado burgués, que necesita de esa fuerza represiva fundamental para controlar la rebelión de los oprimidos concentrados en esta región más explosiva del país.
Rechazamos el uso que hace la derecha del conflicto, rechazamos la política del gobierno de alimentar la represión en los barrios en nombre de garantizar la seguridad, rechazamos la desocupación de las tomas, rechazamos toda política de impunidad para las bandas criminales que trabajan con la policía desde adentro y desde afuera.
9 de septiembre de 2020