La lucha por el derecho al aborto también es contra la demagogia del gobierno nacional
La Mesa Nacional por el derecho al aborto, integrada por más de 300 organizaciones, es producto de la organización de miles de mujeres que vienen participando y sosteniendo el Encuentro de Mujeres. El proyecto de ley presentado por la Mesa es fruto de ese largo debate sostenido en las calles, con movilizaciones que tuvieron su máxima expresión en 2018. En mayo de 2019 fue presentado por octava vez, generando expectativas en un sector importante de mujeres que confiaron en que el Gobierno lo aprobaría al asumir su mandato.
Fernández tomó demagógicamente el reclamo en su campaña electoral. Luego con la excusa de la pandemia, planteó que no era prioritario el derecho al aborto. Al mismo tiempo, desde su gobierno reconocen que hay entre 370 mil y 520 mil abortos por año, y entre 38 mil y 40 mil ingresan a los hospitales por abortos mal practicados en la clandestinidad. En este sentido, la presentación de su propio proyecto, negando los debates y lucha del movimiento de mujeres, es parte de su política demagógica y conciliadora con la Iglesia. No confi amos en un Gobierno que, frente a la crisis sanitaria, ha permitido a las clínicas privadas continuar con sus negocios por encima de la salud de la población y las mujeres continúen muriendo por abortos clandestinos.
El Gobierno Nacional también presentará un proyecto de acompañamiento a la maternidad por mil días. No es cierto que un proyecto de esas características pueda resolver la situación de las mujeres que quieren ser madres y no cuentan con las condiciones materiales básicas de existencia. En un contexto de aumento de la desocupación, de la crisis habitacional y profundización de la precarización laboral
La lucha por la legalización del aborto está vinculada a la defensa de un sistema único, estatal y gratuito de salud. No hay posibilidad de que el aborto sea un derecho con el grado de privatización del sistema de salud, es urgente expropiar las clínicas privadas. La lucha por el derecho al aborto y por nuestras condiciones de vida es en unidad con el resto de los trabajadores. Las centrales sindicales tienen que convocar a un paro por el derecho al aborto, por un plan de viviendas, por jardines materno-infantil gratuitos, contra la desocupación, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Demandas que chocan con la política del Gobierno de Fernández que tiene como eje central el pago de la deuda externa a costa de nuestra miseria.