Peru: La crisis de gobernabilidad y el levantamiento de masas convulsiona al país
El 9 de noviembre, el Congreso peruano destituyó al presidente Martín Vizcarra, acusado de “incapacidad moral permanente”, por favorecer a empresas a cambio de dinero y favores. Es así como, tras la fracasada tentativa del 17 de septiembre, ahora, por 105 votos favorables (se requerían 87), 19 en contra y 4 abstenciones, Vizcarra fue destituido de la presidencia.
La conspiración contra Vizcarra se ha extendido desde que intentó disolver el Congreso, apoyó procesos de corrupción contra más de la mitad de los parlamentarios, y pretendía aprobar una “reforma universitaria” que cerraría universidades que no tuvieran una “evaluación mínima de calidad educativa”, abriendo decenas de universidades públicas. Esto explica por qué, entre los sectores más activos del golpe, estaban los capitalistas de la educación privada, que empezaron a denunciar que Vizcarra pretendía favorecer a las empresas constructoras.
Estas maniobras golpistas llevarían a la destitución temporal de Vizcarra en septiembre. Fue su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien asumió el cargo. Pero renunciaría unas horas después, presionada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. A pesar de ser reinstalado en la presidencia, Vizcarra siguió sin poder afirmar sus posiciones políticas, contener la conspiración de sus opositores y frenar la parálisis económica en la que se hundía el país. Lo que aumentaría la presión de la burguesía y convencería al alto mando de las Fuerzas Armadas de no manifestarse en apoyo del tambaleante presidente.
Al unificar la mayoría de las fuerzas políticas opositoras, y contar con la pasividad cómplice de las fuerzas armadas, todo parecía indicar que el nuevo golpe institucional podría finalmente cerrar dos años de crisis de gobernabilidad ininterrumpida y problemática, desde que Kuczynski había sido derrocado. Pero el error de los golpistas, acostumbrados a resolver las disputas intestinales burguesas por encima de las masas, fue asumir que los oprimidos quedarían pasivos y aceptarían el nuevo golpe como un hecho consumado.
Sin embargo, lo cierto es que el golpe abrió la puerta a la crisis más profunda de los últimos 20 años. Aunque fracciones de la burguesía criticaron el golpe, denunciándolo como un ataque a la estabilidad institucional y la democracia, fue la contienda de los explotados en las calles lo que convulsionó al país. Según las encuestas, el 82% de la población no confía en el Parlamento y el 78% dijo estar en contra del golpe. Sin embargo, esto no significó que aceptaran la continuidad de Vizcarra en el poder estatal. De hecho, solo el 25% de la población quería que continuara como presidente.
En la base de este camino de desilusión y rechazo popular a las instituciones, se agudiza la miseria y la pobreza de las masas. La burguesía y sus sucesivos gobiernos (tres en cuatro años) se han mostrado incapaces de garantizar sus condiciones mínimas de existencia, ante el agravamiento de la crisis capitalista, que avanza destruyendo puestos de trabajo, salarios y derechos sociales. Por eso, una vez que se dio el golpe, las masas tomaron las calles masivamente. El estallido generalizado y radicalizado de los explotados asombró al gobierno recién instalado. Lo que llevaría a Merino a intentar ahogar las manifestaciones con una represión brutal. Dos manifestantes cayeron bajo las balas de la policía y cientos resultaron gravemente heridos. Sin embargo, los explotados no fueron intimidados ni detuvieron su ofensiva. Y pronto todo el país fue tomado por manifestaciones, barricadas, bloqueos y decenas de miles de jóvenes y trabajadores, enfrentando la represión con lo que tenían en las manos.
El avance de las tendencias de la lucha de clases llegó a converger con la denuncia de sectores de la burguesía imperialista y de organizaciones de derechos humanos sobre los asesinatos de manifestantes por parte de las fuerzas policiales. Al ver erosionadas sus bases de apoyo nacional e internacional, y amenazadas fundamentalmente por la proyección insurreccional de los explotados, la burguesía y los partidos del orden buscaron una salida. Decidieron abandonar a Merino a su suerte, que renunció cinco días después del golpe.
Reunidos con carácter de urgencia, los parlamentarios establecieron una «lista de consenso» para un nuevo gobierno, cuyo presidente debe venir de entre los que votaron en contra del juicio político. Tras el rechazo de la candidatura del Frente Amplio (reformista), se nombró como presidente a Francisco Sagasti, y se conformó un “gabinete interino” con representantes de todos los partidos.
Sin embargo, lo más probable es que el nuevo gobierno no pueda resolver la crisis y se vea obligado a continuar la represión contra los sectores más radicalizados de las masas; esto, mientras se negocian pequeñas concesiones con la burocracia sindical -que ya se ha mostrado dispuesta a paralizar a las masas, bajo el lema de la defensa de las instituciones- y reducir los choques intestinales en la burguesía y las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de la crisis, la burguesía demostró ser incapaz de resolver los graves problemas de la población y la nación oprimida. Es así como el Perú entra en la convulsiva situación política latinoamericana, reproduciendo las tendencias de descomposición del gobierno, de la crisis de poder y de la irrupción nacional y radicalizada de la lucha de clases, que se están dando en todas partes.
Es en este convulsivo escenario donde se destaca la ausencia de una dirección revolucionaria. Sin él, las masas no pueden transformar las explosiones de furia instintiva en combate de un gobierno revolucionario, obrero y campesino.
Esta contradicción en la etapa actual de convulsiones y descomposición capitalista está sobradamente demostrada por la experiencia de los levantamientos de 2019 en Ecuador, Chile y Colombia. La vanguardia con conciencia de clase se encarga de asimilar las vivencias de los explotados y las tendencias de descomposición burguesa, que abren el camino a la centralización autoritaria y al Estado policial. Se trata, por tanto, de trabajar en el seno de las masas en lucha, desarrollando las tácticas y métodos que permitan avanzar en la independencia política de las masas, bajo el programa del gobierno obrero y campesino.
(nota de MASSAS Nº 624 – POR Brasil)