El hundimiento del ARA San Juan un ejercicio de máxima perversión
El submarino no estaba en condiciones de salir a navegar. En febrero de 2017 se habían listado 33 reparaciones a realizar que cuando salió en noviembre no se habían hecho, lista confirmada por auditoría. El submarino llevaba tres años sin entrar a dique para una revisión general.
Los familiares de los tripulantes fallecidos fueron espiados ilegalmente por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri. ¿Para qué? Para conocer sus movimientos, sus reclamos, qué acciones emprenderían y también qué conocían del estado precario del submarino por comentarios de sus familiares embarcados. O hasta dónde conocían cuáles eran los objetivos de la misión que les encomendaron
Quienes dieron la orden de salir a navegar sin las condiciones de seguridad elementales son responsables de la muerte de los 44 tripulantes.
La justicia se había apurado a eliminar de la lista de responsables políticos y penales a Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la armada Marcelo Srur. Ahora, ante el escándalo que sale a la luz, decide investigarlos. El Ministerio de Defensa no podía desconocer las tareas de reparación del submarino como tampoco de la misión que se le había encomendado. Como tal, no podía desconocer los desperfectos que presentaba la nave.
Se agrava el delito porque el ex Presidente y su ministro de Defensa ocultaron la verdad. Sabían, a menos de un mes de la desaparición del submarino, donde estaba localizado y no lo comunicaron a la sociedad.
Uno de los marinos procesados, el contraalmirante Enrique López Mazzeo habló, reconoció que el gobierno sabía dónde estaba el ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, a dos semanas de su desaparición. El dato le había llegado a la Armada Argentina a través de un buque chileno.
El escándalo alcanza nivel internacional porque ante las distintas hipótesis de auxilio y rescate de los tripulantes que efectuó el gobierno, se realizó el mayor despliegue de la historia entre flotas nacionales y extranjeras con 27 buques y 11 aeronaves. Además, semejante operación de rescate, representó un presupuesto millonario.
Los familiares, que desde el principio lucharon tenazmente para que ubicaran y rescataran a los tripulantes y luego para investigar quiénes fueron los responsables, deben tener el control de la investigación convocando a los organismos de derechos humanos. La Justicia ya demostró que por largo tiempo encubrió a los responsables.
De todos los delitos cometidos referidos al hundimiento del submarino ARA San Juan el más aberrante y maquiavélico es haber espiado a los familiares de las víctimas. ¿Quiénes tomaron esa decisión? ¿Quiénes la ejecutaron? Los responsables siguen libres, buscando impunidad. No les sirve a los tripulantes muertos, ni a sus familias, ni a sus colegas, que esta causa demore 40 años para conocer los culpables y que se les aplique la condena que merecen. Se debe hacer Justicia ya mismo.