El gobierno de Fernández entrega la soberanía nacional, lo esencial de las políticas neoliberales no se toca
El gobierno se niega a recuperar el manejo estatal de la ruta navegable Hidrovía Paraná, por donde circula el 75% del comercio exterior del país. Resolvió que seguirá en manos privadas, tal como reclamaban los exportadores. Es una medida antinacional para favorecer que siga el saqueo de nuestros recursos.
En agosto Fernández anunció la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, en la que participarían Nación y las siete provincias costeras del Paraná, y de un Consejo Federal Consultivo para atender las políticas de transporte a través de la vía navegable integrada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, ante el próximo vencimiento del contrato de la actual concesionaria -Hidrovía S.A., integrada por la compañía belga Jan de Nul y la argentina EMEPA. Concesión otorgada por Carlos Menem en 1995, por un plazo inicial de 10 años, prorrogada en varias oportunidades. La recuperación del control, el manejo y la explotación de este recurso es vital para el desarrollo nacional y regional.
A fines de noviembre da marcha atrás con su anuncio: se publicó el decreto 949/20 que “habilita al ministerio de Transporte a seleccionar mediante licitación pública internacional al mejor operador de la hidrovía que mediante el cobro de la tarifa de peaje deberá afrontar las obras e inversiones sin ninguna clase de subsidios del Estado”, para controlar la traza que va desde el punto de confluencia entre los ríos Paraná y Paraguay, en la provincia del Chaco, en la frontera con Paraguay, hasta su desembocadura al Río de la Plata y el Océano Atlántico, por Buenos Aires.
¿Por qué se abandonó la creación de la Administradora Federal? ¿Quién toma las decisiones por encima del Presidente? ¿Cuál es el negociado? ¿Es una imposición de la Embajada, del FMI? La decisión de seguir con la concesión y el llamado a licitación para el dragado y balizamiento que permita la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal” comprendida por el Río Paraná, el Río de La Plata y el Canal Punta Indio (ruta que une los puertos de Montevideo y Buenos Aires). La decisión se complementa con la demora en la construcción del Canal Magdalena, una vía de entrada directa al puerto de Buenos Aires para evitar la escala obligada actual en Montevideo. La obra fue incluida en el Presupuesto 2021.
Esta medida tiene importancia estratégica ya que por esa vía fluvial circulan anualmente 4600 embarcaciones transportando 125 millones de toneladas de la producción agropecuaria e industrial.
Se denuncia también que carece de sentido que la Argentina acondicione el acceso por el Río Paraná Bravo al puerto uruguayo de Nueva Palmira si por allí no salen cargas argentinas, y se facilitan las condiciones para el contrabando y la evasión tributaria a través de ese puerto. Se trata de negocios incalculables de las agroexportadoras, corrupción así indetectable.
De esa forma los empresarios que se han radicado en Paraguay y Uruguay hacen la triangulación que les ha permitido eludir el pago de retenciones y evadir toda clase de impuestos. Maniobra ya denunciada en el fraude de Vicentin.
El subsecretario de Vías Navegables ha sido denunciado por sus vínculos con empresas multinacionales. Leonardo Esteban Cabrera Domínguez fue relacionado con el gigante multinacional de granos Dreyfus, y a Jan de Nul, actual concesionaria de la hidrovía, y contaría con el apoyo de la pastera UPM (ex Botnia).
Todos los canales y puertos fueron construidos, dragados, señalizados, estudiados y construidos por el Estado. La privatización fue una entrega de soberanía sostenida por todos los gobiernos.
A partir de la década del ´90, cuando se privatiza todo, los puertos pasaron a estar en manos de las cerealeras, son los grandes grupos los que manejan, y este era un pedido de las multinacionales para tener el control de todo el funcionamiento. Buscan que toda la producción salga a través del puerto de Montevideo, que les resulta más rentable.
Desde el sindicato de Dragado y Balizamiento, titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA) se declaraba que “Es sabido que el 90% del movimiento de contenedores y la comercialización de granos se da por el entramado portuario y las rutas fluvio-marítimas, por eso la participación de los gremios es vital a la hora de instrumentar un diseño capaz de mejorar la logística y que tengan como eje la recuperación de la navegación interior”.
Desde otro sector se agrega que “Por allí sale toda la producción del Cono Sur, no sólo de Argentina, también de Brasil, de Bolivia, de Paraguay. Por eso es una ruta estratégica. La Hidrovía comienza en puerto de Cáceres, en Amazonia, Mato Grosso, y llega a Palmira en Uruguay. Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge, Noble. Toda esta ruta que viene por el río Paraguay, que después confluye con el río Paraná hasta el Río de La Plata, es territorio argentino, jurisdicción nacional”.
“Lo que se plantea ahora, dejando de lado a la Administradora del Estado, es usar las dos terminales, el Canal Magdalena y el de Punta Indio, que desemboca en Montevideo. El punto es que las multinacionales van a tratar de llevar todo a Montevideo”.
El terreno de defensa de la soberanía no es el Congreso. Los sindicatos y las instituciones que denuncian esta nueva entregada deben declararse en estado de alerta, promover el debate y prepararse para la lucha. Todos los medios de comunicación, oficiales y opositores ocultan esta cuestión. Sólo la clase obrera puede defender consecuentemente el interés de la Nación oprimida, con sus propios métodos, exigiendo a la CGT y las CTAs que adopten medidas de acción directa, la huelga y la movilización para impedir que se consume otra medida antinacional e imponer la estatización del comercio exterior. Así logrará arrastrar a otros sectores de las clases medias. No desconocemos que la cúpula de la CGT es aliada y socia de esas multinacionales, pero le debe ser impuesto desde las bases esas medidas, como ya se le ha impuesto en los últimos años.
(nota de MASAS nº386)
