Brasil: 57 años del golpe militar
¡Abajo el gobierno militarista de Bolsonaro!
¡Por un gobierno obrero y campesino!
¡Luchemos por la conquista de la independencia de clase del proletariado y demás explotados!
En 1985 concluyó el ciclo de la dictadura militar, iniciado el 31 de marzo de 1964. En octubre de 2018 fue elegido el ex capitán del ejército Jair Bolsonaro. La particularidad de esta candidatura es que encarnaba las herencias del golpe militar. Hasta entonces, los presidentes de la República apostaron por la llamada apertura política y la re-constitucionalización del país. Había un pacto formal para no reivindicar el golpe de 1964 y, en consecuencia, los gobiernos militares. Sobre este pacto se cernió la Asamblea Constituyente de 1987 y la Constitución de 1988.
El primer presidente de la República, después de la dictadura, fue elegido indirectamente a través de un colegio electoral, determinado por el general Figueiredo y el partido Arena, principal sostén político de la dictadura. El MDB, como partido opositor, en el marco del sistema bipartidista, instaurado por el gobierno del general Castelo Branco, mediante el Acta Institucional nº 2, acabó asumiendo la primera presidencia, que hizo la transición de la dictadura a la primera elección directa a la presidencia en 1989. Cabe recordar que el movimiento democrático-burgués por la bandera de «elecciones directas ya» murió entre las cuatro paredes del Congreso Nacional, controlado por la dictadura y su partido, Arena. Así, la dictadura, ya agotada, aún tenía fuerzas para determinar cómo sería su final, cuya fórmula de «apertura lenta, gradual y segura» había sido prescrita por el gobierno del general Ernesto Geisel.
La Ley de Amnistía de 1979 garantizaba que la «apertura» sería «segura». Su función era mantener en la sombra los crímenes de la dictadura y la inviolabilidad de sus agentes, que torturaron, asesinaron, desaparecieron presos políticos y destruyeron documentación. En 2012, el gobierno de Dilma Rousseff creó la Comisión Nacional de la Verdad. Concluyó, dos años después, sin castigar a los torturadores, asesinos y ocultadores de cadáveres. El proceso más representativo que resultó de la Comisión Nacional de la Verdad fue el del ex jefe del DOI-CODI, el general Carlos Alberto Brilhante Ulstra. En vano fue su condena en segunda instancia. Las presiones de las Fuerzas Armadas, la policía y los congresistas de derecha y ultraderecha tiraron abajo la única condena que podría haber salvado a la Comisión Nacional de la Verdad del fracaso total.
Sucede que las Fuerzas Armadas y el aparato policial son criaturas de la burguesía, destinadas a proteger la propiedad privada de los medios de producción y a contener la lucha de clases, cuando no a aplastarla, como sucedió con el golpe de 1964. Basta con ver los ejemplos de Chile y Argentina, países en los que los golpes militares y la dictadura incorporaron plenamente las leyes históricas de la contrarrevolución sangrienta.
Tenemos la certeza de que el gobierno de Lula se libró del impeachment, no sólo por el impulso económico favorable, sino también por no haber creado la Comisión Nacional de la Verdad. Dilma se enfrentó al colapso económico y se enemistó con los militares, al creer que podría llevar al país a la «reconciliación», ajustando cuentas con los torturadores y asesinos del régimen militar. El fracaso de la Comisión Nacional de la Verdad reforzó el movimiento de la derecha y la ultraderecha. Es en estas condiciones que el diputado Jair Bolsonaro se destacó como portavoz y galvanizador de la defensa del golpe militar de 1964, de la ideología ultraderechista y hasta del método de la tortura.
El golpe de Estado que derrocó a Dilma Rousseff a mitad de su segundo mandato reflejó el fortalecimiento de las tendencias ultraderechistas, que aprovecharon los impases de la política del reformismo y su impotencia ante el cerco burgués de su gobierno. Este fortalecimiento fue apoyado y sostenido por amplios sectores de la clase media. El impeachment de Fernando Collor de Mello en 1992 demostró que era un recurso para resolver las profundas crisis de gobernabilidad, sin correr el riesgo de que los explotados tomaran en sus manos la tarea de derrocar al gobierno burgués. Las diferencias entre Dilma y Collor no eliminan el hecho fundamental de que el parlamento es el encargado de derrocar al gobierno elegido, con el consentimiento del poder judicial y las fuerzas armadas. Es un golpe institucional, que anula el voto de la mayoría que eligió al presidente, sin que sea necesario aplastar un movimiento de resistencia de las masas. Su base social es la clase media. Se diferencia de la forma del golpe militar, que elimina las instituciones de la democracia burguesa y las sustituye por instituciones de la dictadura.
Como parte de esta transformación político-institucional, es imperativo del golpe militar la intervención en los sindicatos, el encarcelamiento, la tortura, el asesinato y el intervencionismo, cuyo alcance de la violencia contrarrevolucionaria depende de la resistencia de la clase obrera y de la profundidad de la crisis instalada en el poder de la burguesía. El golpe de Estado institucional (impeachment) disimula su carácter de golpe, porque se basa en la legalidad (la Constitución), y no necesita esencialmente de la violencia contrarrevolucionaria. Sin embargo, para ello es necesario que la clase obrera y demás explotados sean controlados por la política de conciliación de clases. Este es el papel de las direcciones sindicales burocratizadas y sometidas a los partidos parlamentarios. Esto explica la pasividad de los explotados, ante el golpe que derrocó al gobierno del PT. Así que el poder sigue siendo administrado por civiles y por los partidos del orden, entre ellos, el partido golpista y sus aliados, que pasan a cumplir el papel de oposición. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas no permanecen ajenas al proceso de impeachment. El lugar de Dilma fue ocupado por su vicepresidente, Michel Temer, quien se encargó de completar el mandato, en forma de transición. Por no haber sido elegido, y haber sido parte del movimiento golpista, se caracterizó por ser una dictadura civil. Comenzó a gobernar bajo el mandato del impeachment. La condición del gobierno abrió el camino para que los generales recuperaran la influencia directa sobre la gobernabilidad, e impusieran la reconstitución de los organismos de inteligencia (policía política), creados por la dictadura militar. Cabe destacar que ningún gobierno de la «redemocratización» se atrevió a derogar la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura militar.
La elección de Bolsonaro se debió, fundamentalmente, al golpe de Estado, del que formó parte la Operación Lava Jato, que inicialmente pretendía armar la política al movimiento de impeachment, y desmontar al PT. Es sintomático que detrás del ex capitán y parlamentario Bolsonaro, que se destacó por defender la dictadura, se alinearan militares y policías. La dictadura civil de Temer facilitó el regreso de los generales a la política; y el gobierno de Bolsonaro se estructuró como un gobierno abiertamente militarista. Los generales pasaron a ocupar puestos de responsabilidad y, en última instancia, comandaron la política general de Bolsonaro. El alto mando de las Fuerzas Armadas llegó a amenazar al Tribunal Supremo en 2018, para que el juez Edson Fachin no concediera la petición de habeas corpus presentada por los abogados de Lula, con el claro objetivo de mantener la anulación de los derechos políticos del ex presidente. La revelación del complot del juez federal Sergio Moro con los fiscales obligó al STF a anular la eliminación de los derechos políticos de Lula. Este hecho también demuestra que hubo un golpe dentro del golpe del impeachment. La restitución de los derechos políticos de Lula se produjo en condiciones de creciente aislamiento del gobierno de Bolsonaro, por parte de importantes sectores del gran capital, y por la caída del apoyo entre las masas que lo eligieron. Es un indicador seguro de que la crisis política ha reforzado las tendencias centrífugas en el Estado, ampliando la disensión entre sus instituciones.
En la actual crisis, potenciada por la pandemia, el Ministerio de Sanidad acabó en manos de un general en actividad, Eduardo Pazuello, que acaba de caer, amenazado por la convocatoria de una CPI, para investigar su responsabilidad, ante la ausencia de medidas para combatir los contagios y las muertes. Ya se había producido el estruendoso caso de la renuncia de Sergio Moro, del Ministerio de Justicia, pero el reciente caso de Pazuello es emblemático, porque es un general que sigue respondiendo a las Fuerzas Armadas, y no a otras instituciones.
Los 57 años del golpe militar ocurren en un momento en el que el gobierno militarista de Bolsonaro se hunde. Y la burguesía tiene que encontrar la forma de sustituirlo, siendo la más probable las elecciones de 2022. La bandera del impeachment no puede materializarse sin que los militares se retiren del gobierno, y el gran capital necesita acortar su mandato. El hecho decisivo, sin embargo, que decide la suerte de Bolsonaro, son las masas en lucha, bajo la dirección de la clase obrera. Sucede que los explotados han sido golpeados, desde la crisis de 2015-2016, sin poder romper la camisa de fuerza de la política de colaboración de clases de la burocracia sindical, vinculada a los partidos parlamentarios, entre ellos, el más importante, el PT. La burguesía comenzó a considerar la candidatura de Lula como una de las variables de la crisis política, aunque no fuese deseada, para canalizar una posible revuelta de los oprimidos hacia las elecciones, y dar un nuevo formato a la política de colaboración de clases, que viene prevaleciendo desde hace décadas, y que asumió una característica particular en el marco de la pandemia. Las corrientes de la izquierda, que ya han comenzado a alinearse detrás de Lula, se muestran serviles a la política de colaboración de clases, y se alejan de la tarea de luchar por la independencia política del proletariado y de la mayoría oprimida. La experiencia ha demostrado que el PT tuvo el poder en sus manos y no pudo abrir el camino para que los explotados ajustaran cuentas con el golpe de 1964 y los crímenes de la dictadura, lo que implicaba chocar con las fuerzas armadas, brazo de apoyo de la dictadura de clase de la burguesía, ya sea en el régimen democrático o dictatorial.
Bolsonaro buscó constituir un gobierno de tipo bonapartista, que rigiera las instituciones del Estado, centralizara dictatorialmente la política a desarrollar y sofocase las organizaciones sindicales y populares. Esta era la función de los militares en el gobierno y el objetivo de la rehabilitación histórica del golpe de 1964. La continuidad de la crisis económica hizo inviable el gobierno bonapartista, aunque conservó algunos de sus rasgos. La ampliación y profundización de la crisis con la pandemia debilitó su capacidad de desarrollar las tendencias dictatoriales y fascistizantes. Las constantes amenazas de golpe de Estado no han encontrado eco en el gran capital. Esto no impide que tal o cual reserva militar exprese sus deseos de volver a 1964, y a gobiernos del tipo Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel. Estos deseos sólo podrán tomar una forma concreta, si las masas se levantasen contra el gobierno de Bolsonaro, que comparece como el gran responsable por el flagelo causado por la pandemia.
En lugar de depositar la confianza en tal o cual candidatura para el 2022, se trata de luchar por la independencia política de las organizaciones obreras, que se encuentran envueltas en la política de colaboración de clases de sus direcciones. Las sucesivas traiciones que ha sufrido la clase obrera, el caso más reciente el cierre de la Ford, le han impedido utilizar toda su fuerza social para defender los puestos de trabajo y derrotar las contrarreformas de Temer y Bolsonaro. El gobierno militarista se mantiene, no sólo por la voluntad de los generales, de una facción capitalista y sectores de la clase media, sino fundamentalmente por la política de colaboración de clases desarrollada por las direcciones burocráticas.
La adhesión de estas fuerzas políticas que controlan las organizaciones obreras y populares a la política burguesa de aislamiento social ha conducido al total desarme ideológico, político y organizativo de los explotados. Allí encontramos el sustento, en última instancia, del gobierno que bloqueó las medidas recomendadas por el propio organismo del imperialismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), abrazada por un grupo de gobernadores, con Doria a la cabeza.
Han pasado 57 años desde el golpe militar de 1964, y 36 años del restablecimiento del régimen constitucional. El gobierno de Bolsonaro es la máxima expresión, hasta ahora, de los retrocesos de las conquistas democráticas, sindicales y laborales de los explotados. Fue posible que la burguesía y sus gobiernos impusieran estos enormes retrocesos, debido a la política de conciliación de clases, que alcanzó una dimensión extraordinaria, con el aburguesamiento del PT y la degeneración burocrática de las direcciones sindicales y populares. La bandera que se opone al golpe de 1964 y a la incapacidad de la democracia burguesa para ajustar cuentas con la dictadura militar es la de la independencia de clase del proletariado y de la mayoría oprimida. No se trata de buscar una solución a la crisis del gobierno de Bolsonaro por los caminos de la política burguesa. La bandera de oposición al golpe militar es «Abajo Bolsonaro, por un gobierno obrero y campesino».
La tarea determinada por la situación es retomar la lucha organizada de las masas, con sus propios métodos y su propia democracia, por un programa de emergencia, en oposición al conjunto de medidas, promovidas por los gobernantes y capitalistas, ante la pandemia, que está devastando el país, y cuya victima masiva son los pobres y miserables.
Que las centrales, sindicatos y movimientos populares rompan con la inercia. Que convoquen la primera manifestación nacional en defensa de los empleos, los salarios, la salud pública y la vacunación universal, empezando por los barrios pobres, las villas de emergencia, favelas y lugares de trabajo. Que convoquen asambleas para organizar el movimiento, creando comités de vigilancia y defensa del plan de emergencia de los explotados. Que constituyan un frente único clasista, capaz de movilizar y organizar las fuerzas obreras y populares en el terreno de la independencia de clase y la lucha por el poder propio del proletariado.
Luchemos por barrer los golpes militares e institucionales, con el programa de la revolución y dictadura proletaria; con los objetivos socialistas de transformar la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social, y de superar históricamente la sociedad de clases.
¡ABAJO LOS GOLPES MILITARES E INSTITUCIONALES!
¡ABAJO EL GOBIERNO MILITARISTA Y FASCISTIZANTE DE BOLSONARO!
¡POR UN GOBIERNO OBRERO Y CAMPESINO!
¡POR LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE Y LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS!
CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, COMO PARTE DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO MUNDIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, LA IV INTERNACIONAL.
31 de marzo – POR Brasil (http://www.pormassas.org/2021/03/31/57-anos-do-golpe-militar-31-de-marco-de-2021/)
