Brasil: Policía ejecuta 24 personas en la favela de Jacarezinho (RJ)
El gobernador, Bolsonaro y el general Mourao aopyan la matanza. El prefecto Eduardo Paes lamenta en palabras el baño de sangre producto de la barbarie capitalista
Los fusilamientos en las favelas de Río de Janeiro son constantes. Pero esta vez, el asesinato de 24 residentes, denunciados por la policía como traficantes, superó la marca histórica de las masacres. La invasión de la favela de Jacarezinho el 6 de mayo se caracterizó por ser una operación de guerra. La Policía Civil y Militar lanzó una ofensiva con el objetivo claro y explícito de hacer una limpieza en la favela bajo la justificación de defender a los niños y jóvenes que estaban siendo reclutados por el narcotráfico.
En enero de 1998, la policía mató a 23 personas en Vila Operária, en Duque de Caxias. Es bueno recordar este baño de sangre, ya que las organizaciones de derechos humanos y la prensa denunciaron la existencia de grupos de exterminio formados dentro de las fuerzas de represión en el estado de Río de Janeiro. La relación entre la policía y el narcotráfico quedó clara. De esta relación nacieron las milicias violentas. No fue posible ocultar la existencia de una poderosa facción criminal dentro de la estructura del Estado. Está presente en el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y la Policía. No podía ser de otra manera, ya que el narcotráfico y el crimen organizado en general expresan un importante movimiento económico-financiero. La política del Estado, como superestructura, se acerca y se vincula inevitablemente a este mundo de la delincuencia. El narcotráfico y los delitos menores son reconocidos como financiadores de las elecciones.
Es imposible disociar la criminalidad de la política burguesa. Esta relación se materializa en el brazo armado del Estado. Esto explica por qué ningún plan para reducir la letalidad policial y controlar el crimen organizado ha tenido éxito. Pero esta no es la única razón. La crisis estructural del capitalismo, que se refleja más plenamente en su última fase, que es el imperialismo -la fase de los monopolios y del capital financiero parasitario-, potencia formas económicas descompuestas, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la esclavitud, etc. Los más de 500.000 millones de dólares que se mueven en este submundo de la economía mundial se procesan en medio de las masas empobrecidas y miserables.
América Latina, sumida en el atraso y profundamente marcada por el desempleo, el subempleo y el hambre, se ha convertido desde hace tiempo en un semillero del narcotráfico y en una zona de contrabando de armas desde Estados Unidos. Esto explica, en gran medida, el constante refuerzo de la policía, el astronómico gasto parasitario en aparatos represivos y la importación de técnicas y materiales bélicos para ser utilizados contra las manifestaciones obreras. El estado policial creció en tamaño, con características comunes en todo el continente.
Brasil se destaca como el más poderoso de ellos, con una policía altamente capacitada y vinculada orgánicamente a la política, hasta el punto de haber constituido lo que llamó la «Bancada de la Bala» en el Congreso Nacional. El Presidente de la República fue elegido con la activa y amplia participación de la Policía y las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, el proceso judicial, que investiga los vínculos de sus hijos con las milicias de Río de Janeiro, sigue abierto. El apoyo del gobernador de Río de Janeiro Cláudio Castro, que ocupó el lugar del gobernador destituido por corrupción Wilson Witzel, a la matanza refleja la posición del Presidente de la República. Recientemente, en el conflicto de los gobernadores en torno a la pandemia, Bolsonaro y sus generales orientaron al diputado del PSL, el mayor Vitor Hugo, a impulsar el proyecto de ley que subordina la policía estatal al presidente de la República. Esta embestida puso de manifiesto la tendencia hacia un estado policial.
Río de Janeiro, por concentrar las contradicciones entre riqueza y pobreza, desarrollo y atraso del país, expone el fracaso de la burguesía para frenar el crimen organizado, impulsado por el estado policial. El intento de integrar a la policía con lo que se llama la «comunidad» se vino abajo con las UPPs, del gobernador Sérgio Cabral, ahora encarcelado por corrupción. La desaparición del albañil Amarildo de Souza, secuestrado por la policía en Rocinha, puso en evidencia la hipocresía de la integración favela-policía. La violencia policial resurgió con el furor de la matanza en Jacarezinho de jóvenes negros y pobres. Y, con ello, las voces de «los pacificadores», que piden el cumplimiento de las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instan a la creación de un «plan para reducir la letalidad policial en Río de Janeiro». Piden que la Defensoría Pública actúe a favor de los derechos humanos.
Apenas comenzamos a olvidar una matanza, se produce otra en algún estado del país. Y las mismas voces repiten la misma letanía. Intentan ocultar las raíces de la violencia policial, que se encuentran en la propiedad privada de los medios de producción y en el Estado capitalista. Más a la izquierda, hay voces que reclaman la desmilitarización de la policía y su democratización, como forma de hacer compatible el brazo armado del Estado burgués con la sociedad. La tendencia del capitalismo en decadencia es potenciar aún más el estado policial. No hay manera de que la mayoría oprimida pueda enfrentar esta situación, si no es con su programa de poder, que presupone la destrucción del Estado burgués y con él todo el aparato militar y policial. Sólo con la estrategia de la revolución proletaria, la vanguardia con conciencia de clase tiene cómo guiar a los explotados en medio de la barbarie.
El hecho es que ninguna norma de derechos humanos ni las medidas de democratización de la policía servirán para erradicar las raíces de la violencia. Por el contrario, es necesario exponer a los ojos de los explotados que las matanzas y muertes diarias causadas por la acción policial -sólo en el primer semestre de 2020, 3.181 personas fueron asesinadas por la policía en Brasil; en Río de Janeiro, de enero a marzo de 2021, ya fueron 453- resultan de la descomposición económica y social del capitalismo y, por lo tanto, del avance de la barbarie. Hay que tener en cuenta que el número de muertos no es una excepción en el estado de Río de Janeiro. De enero a mayo de 2020, São Paulo batió el récord, en las últimas dos décadas, con 442 personas asesinadas por la policía.
La facilidad y la impunidad con que la policía mata en las favelas y los barrios empobrecidos indican no sólo el recrudecimiento de la militarización de la policía, sino también la ausencia de respuestas del movimiento obrero y popular. Los barrios pobres están bajo el control de la política burguesa, que se lleva a cabo a través de asociaciones, ONG, iglesias y partidos. Para romper la camisa de fuerza de estos organismos, que sirven para contener la revuelta instintiva de los oprimidos, es necesario que la clase obrera, organizada en sus sindicatos, se ponga a la cabeza de las reivindicaciones de los explotados. El desempleo, el subempleo y el salario mínimo, que no cubre las necesidades de la familia trabajadora, están en la base de todas las tragedias que se viven en los barrios y favelas. No es desconocido que los jóvenes se ven arrastrados al tráfico de drogas y a todo tipo de delincuencia a causa de la pobreza y la miseria.
La innoble frase del vicepresidente de la República, general Mourão, de que «eran todos bandidos», da la dimensión precisa de lo que los representantes de la burguesía piensan sobre las condiciones vividas por la inmensa mayoría de la población. No reconocen ni un pelo que estos «bandidos» son jóvenes rodeados de pobreza, miseria, promiscuidad y completamente sin perspectivas de una vida productiva. No pueden reconocerlo, porque eso significaría admitir la bancarrota del capitalismo y la condición parasitaria de la burguesía y su burocracia estatal, de la que forma parte el aparato represivo. Los representantes de la burguesía y la pequeña burguesía, que se resisten a adaptarse al derechismo burgués y al fascismo, hacen uso de los derechos humanos en abstracto, de las lamentaciones y del pacifismo impotente. Estas dos tendencias -la de la mentalidad fascista y la del pacifismo- predominan en toda situación de barbarie explícita. Son distintos, pero se complementan porque constituyen dos variantes políticas e ideológicas de la misma clase opresora. La ausencia de la clase obrera, organizada en base a su propio programa, hace posible que ambas tendencias burguesas, cada una con su propio método, mantengan desorientados y pasivos a los explotados.
Ante una masacre como la de Jacarezinho, los sindicatos, las centrales y los movimientos populares se encuentran en estado de letargo. Durante un año y tres meses de la pandemia, la política de estas direcciones fue impedir la revuelta instintiva que se está gestando en la población afectada por los contagios, las muertes y las consecuencias económicas. Ni siquiera el 1ero de mayo sirvió para realizar protestas en todo el país. Ni los despidos masivos ni la escalada del hambre rompieron la pasividad de las direcciones burocráticas y burguesas.
Es en esta situación desfavorable para la mayoría oprimida es que la policía invadió la favela, sabiendo perfectamente que el objetivo era la masacre. Impresiona ver a los partidos y burócratas sindicales decir que es necesario reaccionar, como lo hizo la población negra estadounidense, ante el asesinato de George Floyd. Dijeron que no llamarían al 1 de mayo presencial, para no romper el aislamiento social. Cinco días después, dicen que es necesario salir a la calle, pero solo de palabra. No tengan dudas de que si la clase obrera y los demás explotados estuvieran organizados para la lucha, la reacción de las masas ante esta matanza sería diferente. Hemos asistido a una ofensiva sin precedentes contra el empleo y los salarios. Hemos visto multiplicarse el hambre en los barrios obreros, en las barriadas y en las favelas. Y también hemos visto el avance de la represión policial en estos barrios, dirigida a perseguir y disparar a los jóvenes, hayan sido o no arrastrados por la delincuencia.
El Tribunal Supremo recomendó que la actuación de la policía fuera comedida en la delicada situación de la pandemia. La policía bolsonarista de Río de Janeiro hizo exactamente lo contrario. El Ministerio Público fue advertido de la «Operación Exceptis» poco después de la invasión de Jacarezinho. Es evidente que esta conducta se enmarca en la crisis política que viene afectando al país, debido a los desacuerdos entre los gobernantes sobre la pandemia. Esta demostración de fuerza por parte de la policía de Río de Janeiro se produjo después de que los bolsonaristas salieran a la calle el 1ero de mayo, con pancartas pidiendo un golpe militar.
Todos estos factores exponen la traición que han sufrido y sufren los explotados durante la pandemia, por parte de sus direcciones sindicales y políticas. El resultado es que otra masacre más pasará como una simple eliminación de «bandidos», como quieren hacer creer el general Mourão y Bolsonaro. Este acontecimiento debe servir para alertar a la clase obrera y a su vanguardia, sobre la gravedad y los peligros de la pasividad en la que están sumidos los trabajadores.
Se trata de defender la convocatoria inmediata de una Jornada Nacional de Lucha, para responder a la incapacidad de la burguesía y de sus dirigentes de proteger a las masas de la pandemia, para levantar el programa de emergencia de los explotados y para establecer un tribunal popular que investigue la masacre de Jacarezinho y todo tipo de violencia policial. Este paso podrá crear las condiciones para trabajar por la autodefensa de los explotados, frente a la policía y el narcotráfico.
¡POR EL FIN DE LAS MATANZAS!
¡NO MÁS ASESINATOS DE JOVENES POR LA POLICIA!
POR UN TRIBUNAL POPULAR QUE INVESTIGUE LA ACTUACIÓN POLICIAL EN JACAREZINHO