La “integración” de la salud que proponen Kirchner y Kicillof es para salvar los negocios de las privadas y la burocracia sindical
Hace algunas semanas los medios oligárquicos y la burocracia sindical se estremecieron al escuchar las palabras de Cristina Kirchner en un acto en La Plata donde habló de “repensar el sistema de salud” y que debíamos ir a un “sistema integrado entre los tres subsistemas que existen: público, obras sociales y privado o prepagas”. Otro tanto hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que unos días más tarde sostuvo que “si están mal integrados estos tres subsistemas, lo que se genera es carencia de un lado y despilfarro del otro… Se puede volver un sistema mucho más eficaz y abarcativo”.
¿Será posible que esta vez el peronismo se proponga una renacionalización y estatización del sistema de salud? Como enseguida veremos, los dueños de las clínicas privadas, de las prepagas y los burócratas que controlan las Obras Sociales no tienen nada que temer, el peronismo no pretende tocar ninguno de los intereses que negocian con nuestra salud. Pero antes detengámonos un momento en un breve repaso de la historia de la privatización del sistema de salud en nuestro país y la política que los Kirchner y Fernández desarrollaron siendo gobierno.
Hasta 1970 el sistema de salud fue prácticamente en su totalidad un sistema nacional y estatal, financiado con el presupuesto del Estado Nacional. La dictadura de Onganía, que llegó de la mano de los laboratorios para impedir cualquier tipo de control sobre su facturación por el gobierno de Illía, se enfrentó a la apertura de un período de insurgencia obrera signado por el Cordobazo y las rebeliones que le sucedieron.
Con absoluta claridad la burguesía vio que precisaba con urgencia fortalecer el control sobre la clase, a través de la burocracia sindical. En 1970 publicó el decreto-ley que formalizaba la creación de las Obras Sociales, poniendo en manos de los burócratas el 4% de la masa salarial, convirtiéndola en agente directo de la privatización de la salud, y permitiendo jugosos negocios para sus amigos. Cuentan que en alguna de estas reuniones uno de los burócratas confesó: “con esto nos hacemos todos ricos, pero se acabó la resistencia peronista”. Aunque con modificaciones a lo largo de los años, al día de hoy este mecanismo sigue aceitando el control de los gobiernos sobre los sindicatos y garantizando la “paz social”. Los Kirchner, Macri y Fernández han utilizado por igual la entrega de los fondos a las Obras Sociales que retiene el Estado como “gesto” hacia la CGT para comprar su gobernabilidad.
Algunos años más tarde la dictadura del 76 comenzó el proceso de provincialización, es decir, el traspaso de los hospitales y escuelas públicas de la órbita nacional al provincial, proceso que fue completado bajo el gobierno peronista de Menem. La provincialización y la privatización son las dos caras de una misma política: la destrucción de los sistemas públicos.
La política llevada adelante por la burguesía en este terreno en los últimos 50 años permite comprender la continuidad que existe entre dictadura y democracia burguesa: ningún gobierno elegido por el voto popular, por más “nacional” y “progresistas” que se presenten, se ha atrevido a dar marcha atrás con los lineamientos generales que las dictaduras, siguiendo los mandatos del imperialismo, establecieron para nuestro país.
Las consecuencias están a la vista: un sistema público destruido, menor inclusive que el que existía 50 años atrás; Obras Sociales y Prepagas haciendo todo lo posible por negarnos la atención, bicicleteándonos con la entrega de medicamentos, postergando operaciones urgentes, y un sinnúmero de etcéteras. En nuestro periódico anterior denunciábamos que en Neuquén no hay camas para la atención de COVID, pero en las privadas te consiguen una por $100.000 por día. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, dueños de clínicas, prepagas y obras sociales se siguen enriqueciendo sobre nuestros cadáveres.
Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto de Kirchner y Kicillof? La realidad es que no hay un proyecto concreto, sino tan solo un documento elaborado para las elecciones del 2019 por el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán y de su vice, Nicolás Kreplak. En el mismo plantean que hace falta una nueva ley de salud que tenga como eje central:
“Poner en marcha del sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales (O.S.) y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las Obras Sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones… Instaurar de una nueva modalidad para la “libre elección” entre Obras Sociales que impida el desfinanciamiento de aquéllas y mejores prestaciones de salud para los afiliados” (las negritas son nuestras).
Belocopitt y Moyano pueden dormir tranquilos, el ala “radical” del gobierno no se aparta un solo milímetro del programa de la dictadura. No habrá renacionalización, ni estatizaciones. La “integración” que proponen se limita a establecer un mecanismo de pago automático por el uso del hospital público por parte de obras sociales y prepagas. Un paso más en la privatización, un viejo anhelo de Menem y de De la Rúa: el Hospital Público de Autogestión, un hospital público que tiene otras fuentes de ingreso además del presupuesto estatal.
La última parte del texto que hemos citado ya se ha realizado. A mediados de junio el Gobierno Nacional giró $2.300 millones a las Obras Sociales, y el 6 de julio firmó un decreto que obliga a permanecer por lo menos un año en la Obra Social correspondiente antes de poder cambiarla, y limitando la posibilidad de cambio a uno por año.
Esta política no nos sorprende. Al comienzo de la pandemia Fernández planteó la necesidad de “centralizar” el sistema de salud, en menos de 24 horas cedió a la presión de empresarios y burócratas y no volvió a mencionar el asunto. Unos meses más tarde Kicillof utilizó fondos de IOMA para subsidiar a las clínicas privadas. Los trabajadores no podemos dejarnos engañar por la retórica rimbombante de los peronistas, detrás de sus palabras se esconde siempre la impotencia y caducidad de la clase dominante.
La clase obrera tiene un programa preciso para defender la salud de toda la población: la salud no puede ser un negocio ni una prebenda. Es necesario y urgente renacionalizar todo el sistema, expropiando sin pago y estatizando todas las clínicas, hospitales y laboratorios privados, terminar con el sistema de Obras Sociales. Al palabrerío de los gobernantes sobre “integración” y “centralización” les respondemos: Sistema único nacional, estatal y gratuito de salud.
(nota de MASAS nº397)