Brasil: Luchar y derrotar la gran ofensiva de los gobernantes contra el empleo público

Contrarreforma – PEC 32 –

Declaración del Partido Obrero Revolucionario – 24 de septiembre de 2021

El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales van en la misma dirección con la reforma administrativa: reducir la nómina, penalizar a los jubilados, acabar con el régimen de estabilidad, destruir derechos, tercerizar, privatizar y aumentar la explotación. Todo esto de un lado. Favorecer a los especuladores de la deuda pública, proteger las funciones parasitarias del Estado, abrir el camino a la entrega de los servicios públicos a las empresas privadas y aumentar la presencia de las empresas tercerizadas como proveedoras de servicios al Estado, por el otro. Esta embestida se impone desde hace tiempo. Ahora, se ha ampliado y consolidado con la PEC-32. Gobernadores y alcaldes aprovecharon las contrarreformas de los gobiernos de Temer y Bolsonaro, para imponer también retrocesos a los trabajadores del sector público de estas esferas subnacionales. Como puede verse, se trata de un plan sistemático, destinado a reducir los gastos esenciales de la máquina pública, y a aumentar los gastos en funciones parasitarias.

Estas contrarreformas reflejan la descomposición del capitalismo, ya que provocan un retroceso en lugar de un progreso. Para derrotar este ataque sistemático, es necesario unir a los trabajadores del sector público en una sola lucha. Y fusionar sus reivindicaciones con el movimiento general de la clase obrera y de los demás explotados. La vanguardia con conciencia de clase tiene la tarea de combatir esta ofensiva en su conjunto. Esto implica luchar no sólo contra los gobernantes sino también contra las direcciones burocráticas, corporativas y conciliadoras.

Esta declaración del Partido Obrero Revolucionario (POR) es un llamado a la unidad de los trabajadores públicos y de los trabajadores privados.

 

El Gobierno aprueba el informe sobre la reforma administrativa (PEC 32)

El 23 de septiembre, la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara (CCJ) aprobó el informe del diputado Arthur Maia (DEM), por 28 a 18 votos. Ahora se votará en el pleno de la Cámara de Diputados. Los partidos que votaron en contra cuentan con su rechazo en el pleno, bajo el argumento de que se necesitan tres quintos de los diputados.

Desde hace unos meses, el Gobierno y el Congreso intentan aprobar la Propuesta de Reforma Constitucional (PEC-32). Como afecta a los intereses de los grupos parlamentarios, vinculados al empleo público, se vieron obligados a hacer algunos arreglos, para obtener los tres quintos de los votos, porque se trata de cambios en la Constitución. Sin embargo, en paralelo, el Senado aprobó la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC-13), que elimina la obligación de los gobiernos de aplicar porcentajes mínimos de gasto en educación en 2020 y 2021.  Esto destruye innumerables demandas, presentadas por los sindicatos contra los gobiernos estatales y municipales, que no cumplieron con la Ley de Piso, e impusieron la extensión de la congelación salarial.  Y los gobernadores buscan anticipar aspectos de la reforma administrativa, como ocurre en Sao Paulo, con el PLC 26, y en Río de Janeiro, con el nuevo Régimen de Recuperación Fiscal (RRF). La PEC-32, por tanto, se está materializando, independientemente de la decisión final en el Congreso Nacional. Recordemos que esto también ocurrió con motivo de la Reforma Laboral. Es decir, antes de ser totalmente ratificado, la tercerización, los contratos temporales, etc. ya se estaban extendiendo, tanto en el ámbito privado como en el público.  Lo mismo ocurrió con la Reforma de la Seguridad Social, en la que parte estaba siendo aplicada por los estados y municipios, mucho antes de su aprobación a nivel federal.

Las contrarreformas son una exigencia del capital financiero al gobierno de Bolsonaro. Esta demanda estuvo en la base del golpe de Estado de 2016, que derrocó al gobierno del PT, y en la constitución de la dictadura civil de Temer. El gobierno de Bolsonaro es el fruto de esta directiva. Temer aprobó la reforma laboral, y Bolsonaro, la reforma de la seguridad social. Ahora, continúa con la reforma administrativa, que precariza las condiciones de trabajo de la mayoría de los trabajadores del sector público, y protege a las corporaciones policiales y judiciales. Culpa a la mayoría como una carga para el presupuesto, y exime a la minoría empresarial, cuya función es completamente parasitaria.  Bolsonaro y el Congreso Nacional, no sólo dejaron fuera a militares y policías de la reforma previsional, sino que les asignaron subsidios. Se puede ver que la reforma administrativa, como parte de la reforma del bienestar y del trabajo, debilita las funciones sociales del Estado y refuerza las funciones parasitarias.

La reforma administrativa pretende liberar al Estado de sus obligaciones en materia de servicios públicos. Su punto central es la privatización y la tercerización. Esto implica romper los viejos logros de los funcionarios públicos, eliminando la responsabilidad del Estado en los servicios sociales. Se trata de una contrarreforma destinada a garantizar el pago continuo de la voluminosa deuda pública.  Las contrarreformas fueron y son exigencias del capital financiero, que parasita del Tesoro Nacional, y del gran capital industrial y comercial, que explota brutalmente a la fuerza de trabajo. Con el falaz argumento de que es una reforma «necesaria» para que los servicios públicos sean de mayor «calidad» y más «ágiles», y que pretende despojar de sus privilegios a la función pública, el Gobierno y sus aliados, incluida la gran prensa, hicieron una intensa campaña para su aprobación.

La reforma (PEC 32) recae íntegramente en la gran mayoría de los trabajadores del sector público.  Entre las medidas que golpean a casi todos los funcionarios se encuentran: 1) el fin de la estabilidad laboral, excepto para los cargos considerados de Estado; 2) la creación de tres tipos de contratos: a) cargos típicos del Estado, con estabilidad laboral para aquellos funcionarios que trabajan en actividades finales, consideradas indispensables para la existencia del Estado, como los diplomáticos y los auditores del Servicio de recaudación de Impuestos (Receita Federal). Para estos puestos no se puede recurrir a la tercerización; b) puestos sujetos a evaluación del rendimiento. En este caso, el funcionario será sometido a una evaluación del desempeño, pudiendo perder el puesto tras dos evaluaciones que se consideren «insuficientes». La contratación y, en consecuencia, la estabilidad, sólo llegará después de algunos años de «experiencia», y a través de «objetivos «cumplidos»; c) contrato temporal, a través de un proceso de selección, por 10 años. Una vez finalizado el contrato, el funcionario no puede ser contratado durante dos años. Habrá, así, una cuarentena; 3) permite una reducción del 25% de la jornada laboral y de los salarios, bajo la justificación de crisis fiscal; 4) impone la pérdida del puesto de trabajo si éste se considera obsoleto.

Otros puntos también son drásticos. Se recortará: a) el adicional por antigüedad; b) las vacaciones que superen los 30 días al año; c) los aumentos retroactivos; d) los permisos por bonificación; e) la incorporación al salario de cantidades referidas al ejercicio de cargos o funciones, etc.  Como puede verse, la reforma administrativa, por tanto, integra la reforma laboral y la de la seguridad social.  Al delegar en el Estado la potestad de cesar puestos, despedir empleados, imponer contratos temporales y recortar salarios mediante Medidas Provisionales, la reforma administrativa se suma a las otras dos contrarreformas.

El “relator” trató de justificar que no era un proyecto del gobierno de Bolsonaro, sino una propuesta fruto de numerosas negociaciones con todos los partidos.  Centró su discurso demagógico en la necesidad de dar a la sociedad «servicios públicos de calidad», en que el funcionario debe ser responsable del trabajo realizado y en que no puede haber diferencia entre los trabajadores del sector privado y del Estado.  Para defender el proyecto, Arthur Maia utilizó el ejemplo de lo que ocurre en el Estado de Bahía, dirigido por el PT, mostrando la privatización y la tercerización de los servicios esenciales. El ejemplo sirvió para contrarrestar el barullo de los diputados del PT, que cantaban contra la reforma durante la sesión de votación de la Comisión.

Mientras en el Congreso Nacional se negociaba entre lo que quedaba y lo que no quedaba de la reforma administrativa, fuera, las direcciones sindicales mostraban su impotencia e incapacidad para organizar la lucha masiva de la función pública; mostraban que nunca lucharon contra la reforma administrativa como parte de la lucha general contra el conjunto de contrarreformas; mostraban que su retórica corporativista sólo servía para ocultar su política reformista y de colaboración de clases.

Las manifestaciones convocadas en Brasilia y en los estados tenían como objetivo la política de «convencer» a los legisladores de las «injusticias» que se cometerán contra los funcionarios públicos. Por eso la pancarta que guiaba la impostura de las manifestaciones era «Si votas, no vuelves». Los burócratas amenazaron con el chantaje electoral, en oposición a la lucha directa de las masas de funcionarios. A ello se suman las innumerables experiencias negativas de lucha de la función pública, que acabó siendo traicionada en las mesas de negociación con los parlamentarios.  En realidad, hubo una falta de esfuerzo por parte de las direcciones del gobierno central y de los sindicatos de trabajadores estatales para montar una campaña nacional contra la reforma administrativa. Predominaron los discursos, los “lives” y las asambleas virtuales para «aplazar» y «frenar» la embestida del gobierno, bajo la etiqueta de «presión parlamentaria».  Así, estas manifestaciones de indignación se limitaron a las direcciones sindicales. Sin la unidad de los trabajadores estatales, para salir a la calle y paralizar los servicios públicos, la PEC-32 avanza hacia su aprobación definitiva, revestida con algunos adornos, que no modifican la esencia de la reforma, que es recortar el gasto, despedir y romper derechos históricos.

Es necesario cambiar inmediatamente esta política de confianza en los parlamentarios y de chantaje electoral. Las asambleas generales y locales deben ser convocadas inmediatamente. Hay que formar comités de base y un comando nacional para organizar la huelga general de la función pública.  Y que se organice una campaña unificada de la administración pública federal, estatal y municipal. La bandera debería ser: trabajados estatales unidos, huelga general para el derrocamiento del PEC-32.

 

 

São Paulo anticipa la reforma administrativa

Desde principios de agosto, el gobernador, João Doria, envió a la Asamblea Legislativa el PLC-26, que no es más que la aplicación de la reforma administrativa (PEC-32). Entre las medidas están: 1) la institución de una serie de mecanismos, que tienen como objetivo romper la estabilidad y el despido de los funcionarios públicos (limitación de las ausencias para encajar al servidor en la «inasiduidad»). Este mecanismo afecta al ya limitado derecho de huelga, si el huelguista permanece 15 días fuera del trabajo; 2) suprime el derecho a las ausencias justificadas, dificulta el acceso a los permisos de bonificación, modifica el derecho a 1/3 de vacaciones; 3) refuerza la evaluación por méritos y las bonificaciones; 4) avanza con la tercerización.

Al igual que ocurre con la reforma administrativa, las direcciones sindicales no convocaron reuniones presenciales y se negaron a realizar una amplia campaña en los sectores de los servicios públicos, especialmente en la educación. Prefirieron negociar en la Asamblea Legislativa. Doria y su base parlamentaria aceptaron la inclusión de tres enmiendas, centradas en la educación, pero que no cambian la esencia del proyecto. Son: 1) En relación a los profesores contratados, se mantendrá el valor salarial de acuerdo a la Ley Nacional de Pisos; 2) Se prorrogará el contrato temporal por un año más para los profesores interinos, categoría O; 3) Para el Agente de Organización Escolar, se propone una promoción académica, cada tres años de trabajo, siempre que presenten certificados de finalización de cursos.

Como vemos, Doria tiene todas las condiciones para aprobar su reforma en el Estado, adelantándose a lo que se hará a nivel federal. El acto celebrado el 21 de septiembre demostró el fracaso de la política de las direcciones sindicales. Por eso es nuestro trabajo exigirlo:

– ¡Que las direcciones convoquen una asamblea general presencial de los trabajadores estatales, para discutir y aprobar las reivindicaciones y métodos de lucha (huelga unificada) para frenar la reforma administrativa en São Paulo!

 

 

El alcalde de São Paulo continúa con la reforma de la Seguridad Social

Son muchos los problemas que acumulan los trabajadores del sistema escolar municipal: reducción salarial, sobrecarga de trabajo, imposición de la enseñanza a distancia, rechazo de licencias médicas, entre otros. Si todo esto no fuera suficiente, el alcalde Ricardo Nunes/MDB remitió a la Cámara Municipal un nuevo proyecto de reforma de las pensiones, que está siendo llamado SAMPAPREV 2 – recordando que SAMPAREV fue aprobado en diciembre de 2018, por el alcalde, Bruno Covas/PSDB.

Como siempre, el argumento utilizado es el supuesto «déficit» de la seguridad social. Sin embargo, se sabe que el verdadero objetivo es dar un golpe al sistema público de pensiones, para justificar la privatización de los fondos millonarios. En la práctica, la propuesta de Nunes es una profundización de la contrarreforma aprobada por Covas. Entre sus principales puntos se encuentran los siguientes:

 

 

  1. la contribución de los jubilados y pensionistas será superior al salario mínimo, y no al tope del INSS;
  2. se aumentará la edad mínima de jubilación
  3. retomará la segmentación de las masas (lo que significa que la cotización de los nuevos trabajadores no se utilizará para pagar la jubilación de los que ya se han jubilado)
  4. Autorizará el cobro de tasas impositivas extraordinarias de los funcionarios públicos, mediante una ley.

 

La situación es muy grave. Ya es hora de que el sindicato abra sus puertas a la lucha. ¡Basta de esta parálisis! No hay otro camino: sin la lucha en las calles, sufriremos otra derrota. Los profesores, directores y empleados ya están trabajando en persona, y están prácticamente todos inmunizados. No hay justificación para no poner en funcionamiento las instancias de discusión y deliberación de la categoría.

 

Debemos exigir:

– Que las direcciones sindicales convoquen las asambleas presenciales, apuntando a la asamblea general de la función pública;

– Que los sectores de la oposición exijan el fin de la farsa de las asambleas y reuniones virtuales;

– Que haya una campaña en las escuelas y en las oficinas públicas para movilizar a los trabajadores del sector público, con el objetivo de derrocar la PEC-32, el PLC de Doria y la reforma de las pensiones de Nunes;

– Que los centros y movimientos políticos centrales convoquen inmediatamente una Día Nacional de Lucha, con huelgas y bloqueos, contra las reformas antipopulares y antinacionales de los gobernantes.

 

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