Paraguay: Ley de defensa de la propiedad privada provoca manifestaciones de campesinos e indígenas

Violentas protestas de campesinos e indígenas sacudieron la capital paraguaya la semana pasada. El 29 de septiembre, el Congreso paraguayo aprobó una ley, que modifica el Código Penal, que eleva las penas por «invasión de la propiedad privada» e inmediatamente, el  1ero de octubre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la sancionó. La ley aprobada y sancionada eleva a seis años de prisión la pena para quienes «individualmente o asociados con otras personas, entren violentamente o clandestinamente en una propiedad ajena». En el caso de que la ocupación sea para «asentar» o «causar daños a la propiedad», la pena de prisión aumenta a 10 años.

El objetivo de la ley son los campesinos e indígenas sin tierra, obligados a ocupar las tierras de los terratenientes paraguayos brasileños y menonitas, ante la expropiación de sus tierras y el agravamiento de la crisis económica.

La manifestación fue noticia por la combatividad de los indígenas que, con piedras y flechas, se enfrentaron a la policía nacional, causando heridas en algunos de ellos. El proyecto de ley, que llevaba meses de tramitación, pasó con nota en el Congreso, que lo aprobó en vísperas de las elecciones municipales, que tuvieron lugar el domingo 9 de octubre, es decir, en un momento en el que el circo electoral ocultaba la violencia de la decisión tomada.

 

Antecedentes

Paraguay sigue profundamente afectado por la destrucción causada por la guerra de la Triple Alianza, particularmente en su estructura agraria, ya que, inmediatamente después de la catástrofe, los aliados (principalmente el Imperio de Brasil y la República Argentina) impusieron la privatización de las llamadas «estancias de la patria», es decir, la propiedad estatal. La cesión de millones de hectáreas a empresas argentinas, brasileñas e incluso británicas a un precio vil provocó la expulsión de miles de indígenas y campesinos, que cultivaban la tierra según sus tradiciones ancestrales, y no como propiedad privada.

Durante la década de 1970, las tierras originalmente destinadas a la reforma agraria fueron transferidas a aliados del dictador Alfredo Stroessner, que posteriormente las vendieron o arrendaron a colonos brasileños. Pero fue en 2011 cuando los conflictos por la tierra adquirieron una escala mayor, empezando por el caso de Ñacunday, a 70 kilómetros de Ciudad del Este. En aquella ocasión, las organizaciones campesinas ocuparon 28.000 hectáreas de una finca de la empresa Agro Toro S.A., del grupo Fávero, propiedad del terrateniente brasileño Tranquilo Fávero. Los campesinos fueron desalojados, en febrero de 2012. El caso fue ampliamente difundido, debido a la participación de varios otros colonos brasileños de la región, que comenzaron a hacer tractorazos, para exigir la expulsión de los campesinos sin tierra. Posteriormente, los tractorazos se convirtieron en un recurso común entre los ocupantes de tierras brasileños para presionar al gobierno paraguayo para que protegiera sus propiedades.

Desde Ñacunday, las ocupaciones se han convertido en una estrategia de los campesinos, en lucha por la reforma agraria, y la reacción del Estado y de los terratenientes es cada vez más agresiva. El 15 de junio de 2012, la represión de una ocupación se saldó con el asesinato de 11 campesinos. Aprovechando la repercusión del caso, el Congreso paraguayo, liderado por el Partido Colorado, promovió la destitución del presidente Fernando Lugo y, seis días después del asesinato, fue destituido mediante un golpe parlamentario.

En los años siguientes a la destitución, los conflictos se multiplicaron, así como la criminalización de las luchas campesinas. Según un estudio, realizado en 2016, entre 2013 y 2015 se registraron 43 conflictos. En total, 273 campesinos sin tierra fueron detenidos, y otros 460, procesados. De ellos, 39 fueron condenados. También se descubrió que 87 personas fueron heridas y torturadas por la policía o por agentes de seguridad privados contratados por los terratenientes.

La mayoría de los casos se concentran en la región fronteriza con Brasil: el 32% en el departamento de Canindeyu, el 28% en San Pedro y el 12% en el Alto Paraná. De las 52.863 hectáreas en litigio, el 56,5% son de propiedad privada. Más del 60% de las tierras en disputa están en manos de extranjeros, en su mayoría brasileños. La aprobación de la ley que modifica el Código Penal tiene la clara intención de reforzar el poder económico y político de estos terratenientes.

 

Propiedad y posesión

Organizaciones campesinas y de derechos humanos denuncian que la ley sancionada no se limita a un simple aumento de las condenas penales, sino que incorpora una nueva figura jurídica, para blindar las tierras apropiadas irregularmente por los terratenientes, incluidos los brasileños. La ley introduce la figura jurídica del «titular              de la posesión», que no existe en el actual Código Penal. Según el derecho burgués, existe una diferencia entre propiedad y posesión, es decir, el «poseedor» no es necesariamente el propietario. Se cuestiona la legalidad de muchas tierras ocupadas por terratenientes y agroindustrias, ya que son simplemente ocupadas por los agricultores, las llamadas «tierras de apropiación irregular».

La Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley en 2003, verificó en su informe que existían tierras apropiadas irregularmente en Paraguay, y recomendó al Estado y al Ministerio Público investigar y recuperar esas tierras, destinadas a la reforma agraria. También el INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra de la República del Paraguay, informó en 2016 que más de 1 millón de hectáreas están en manos de personas que no son sujetos de la reforma agraria. Por lo tanto, cuando se define la «invasión» como la ocupación de una posesión, lo que se está legalizando es la protección de tierras apropiadas irregularmente. La mayoría de estas posesiones están en manos de personas dedicadas a la agricultura empresarial o a la ganadería extensiva, y la mayoría de los conflictos de los campesinos son con los plantadores de soja, brasileños o los menonitas.

Esta es una contradicción que, bajo el régimen capitalista, no tiene solución, de tal manera que al movimiento campesino y a los pueblos indígenas, afectados por el acaparamiento de la tierra, sólo les queda el camino de la lucha y su entroncamiento con la lucha por el socialismo. La ley aprobada hará que la represión de los movimientos de ocupación sea aún más agresiva.

 

(POR Brasil – MASSAS nº 650)