Ante el futuro tarifazo de transporte, Ciudad y Nación se disputan el costo político de la medida
Actualmente el servicio de transporte público del área metropolitana de buenos aires (AMBA) se encuentra regulado por el Estado nacional. El ministerio de transporte llamó a una mesa para que 32 de las 135 líneas que circulan en CABA dejen de ser subsidiadas por el tesoro nacional. Esto representa un subsidio de 14.600 millones de pesos de un total de 96.200 millones anuales destinados al AMBA. Esta disputa entre los gobiernos de la Ciudad y de la Nación tenemos que entenderla en el marco de los lineamientos trazados por el FMI. El gobierno firmó un acuerdo donde se compromete a eliminar el déficit fiscal y es consciente de que esto implicará un ajuste contra el conjunto de los trabajadores.
Ninguno menciona las condiciones en que día a día viajamos los trabajadores, no hacen mención a que el transporte público ha sido uno de los principales focos de contagio por el hacinamiento en que viajamos, no hay debate sobe cuál es la mejor forma de planificar el transporte, ni si las empresas cumplen o no con los derechos laborales básicos. La planificación del transporte queda en manos de los monopolios que son los que definen qué líneas siguen circulando y cuáles no, con la complicidad del gobierno.
La política de sometimiento al imperialismo llevada adelante por el gobierno abandona todo intento de desarrollo nacional, donde la planificación del transporte público juega un rol central. Las discusiones sobre cuál es el boleto más barato del país son secundarias frente a la importancia de planificar el transporte público para el desarrollo industrial. Ramas tan esenciales como el transporte público no pueden estar en manos privadas, no pueden quedar sujetas al tire y afloje de los empresarios y los gobiernos que usan a los trabajadores como carne de cañón.
En lugar de disputarse quién pone los subsidios, la discusión debería centrarse en cómo planificamos el sistema de transporte público en el marco del desarrollo industrial. Ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno de la Ciudad tienen condiciones para hacerlo. En los hechos hoy el transporte público es estatal, en la medida en que el grueso de su financiación proviene de los subsidios. Es la clase obrera en su conjunto la que tiene que dar una solución de raíz estatizando todo el transporte público para planificarlo de manera centralizada bajo control obrero colectivo.
(nota de MASAS nº410)
