“Que la deuda la paguen los fugadores de divisas”: Soluciones mágicas y espejitos de colores para distraernos
Estiman que empresas y empresarios argentinos tienen más de 400.000 millones de dólares en el exterior no declarados impositivamente, más que toda la deuda externa. Lo tienen en cuentas bancarias, inversiones, propiedades. Afirman que el 70% está en Estados Unidos.
Esas fortunas provienen de actividades ilícitas que van desde el contrabando (por sobrefacturar importaciones o subfacturar exportaciones, dejando la diferencia en el exterior), sobornos, coimas, hasta el narcotráfico. Cifras extraordinarias que fueron extraídas de la economía argentina, debilitándola.
Poder recuperar esos bienes requiere de la colaboración del gobierno de EE.UU. que obligue a los bancos y todos los registros de propiedad a entregar al gobierno argentino esa información. Pero son las grandes potencias imperialistas las que han habilitado los paraísos fiscales y han demostrado que no tienen intenciones de desmontarlos o poner en peligro sus actividades.
Macri dispuso de un mecanismo muy beneficioso para quienes tenían bienes no declarados en el país y en el exterior, con una módica penalidad y la posibilidad de pagar en pesos y en cuotas. Ese blanqueo, el mayor de la historia, permitió registrar más de 110.000 millones de dólares que no estaban declarados. ¿Por qué no lo aprovecharon todos? Probablemente porque sospechaban que podría afectar su impunidad. ¿Por qué lo harían ahora?
Lo que se está proponiendo es un nuevo “blanqueo”. Que los delincuentes paguen un porcentaje de lo que tienen sin declarar para poder mostrarlo legalmente. Lo diferencian del anterior porque dicen que ahora no es voluntario, que saldrán a buscar a los evasores.
¿Es viable un aporte obligatorio de los que fugaron divisas? Los fugadores probablemente demostrarán que todo lo que hacían era legal, a través de bancos. El gobierno de Macri habilitó la compra de hasta 5 millones de dólares por mes para ahorro, en sus primeros días de gobierno levantó el “cepo cambiario”. Unos mostrarán que previamente ingresaron esos fondos al país para hacer negocios especulativos legales. Otros dirán que eran dividendos. Es necesario investigar cada salida de fondos y cuál es la justificación, si está debidamente registrada. Los gobiernos habilitaron todos los mecanismos para que la “fuga” sea legal.
Estas controversias pueden ocupar horas de televisión y radio, páginas en los diarios, para mostrar que el gobierno o los parlamentarios quieren evitar que todos paguemos esa deuda externa fraudulenta, pero sin que pueda tener algún efecto práctico. Lo único real es que el plan del FMI está en marcha desde hace más de dos años para hacernos pagar toda la deuda.
Los legisladores que tan entusiastamente preparan el proyecto tienen que decir cómo harán para obligar a que EE.UU., Suiza, Reino Unido, informen quiénes son los titulares de los bienes en el exterior para poder verificar en el país si están declarados o no. No alcanza con que la ley termine con el secreto bancario y bursátil o el secreto fiscal, que encubren los delitos financieros.
El Congreso no sacará una ley que termine con el secreto bancario, bursátil o el secreto fiscal, y si lo hiciera la Justicia se encargará, como último reaseguro de la gran propiedad, que no pueda aplicarse. Los legisladores tendrían que empezar por explicar por qué el Congreso no detuvo el endeudamiento, que todos sabían que era fraudulento, desde antes que entrara un solo dólar.
No es cierto que el problema es “la falta de regulaciones para combatir la evasión, la fuga de divisas, y el rol de los organismos de control frente a esta situación: la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central, la AFIP”. ¿Hace falta alguna regulación adicional para que las aduanas funcionen como corresponde? Para que identifiquen qué se exporta, a quién, a qué precios y en qué cantidad. Para que identifiquen qué se importa, si los precios declarados son correctos o inflados, o si es necesaria esa importación. O para que el Banco Central o la AFIP apliquen las regulaciones que existen. Lo que falta es voluntad política de controlar o regular a los grandes capitalistas porque son ellos los que mandan. La corrupción es gigantesca. La descomposición capitalista no se detiene con más leyes, regulaciones y controles.
Las cifras e información que aparecen demuestran que a la Argentina no le faltan dólares. Debemos rechazar el pago de la deuda y el plan de entregar la minería, el petróleo, etc. para pagarla. Esos dólares que generó la economía están en manos de un pequeño núcleo de empresas y empresarios. Solamente con el monopolio estatal del comercio exterior y la banca se puede terminar con el parasitismo y las especulación, medidas que no tomará ningún gobierno capitalista.