Ecuador: Levantamiento de los pueblos indígenas contra las medidas antipopulares y antinacionales
Desde hace quince días se mantienen los piquetes, los bloqueos y las masivas manifestaciones de los pueblos indígenas contra la escalada inflacionaria, el aumento de los precios de los combustibles y la negativa del gobierno de Guillermo Lasso a cumplir con los acuerdos pactados tras la implosión del levantamiento de 2019.
Las capitales y ciudades del interior del país son verdaderos campos de batalla entre los manifestantes y las fuerzas represivas. Con cada decisión gubernamental de militarizar y restringir las libertades democráticas, crece la radicalización de la lucha indígena, a la que se suman cada vez más sectores obreros y populares y sindicatos. La tendencia es que la crisis política se agrave y se proyecten nuevamente las condiciones sociales que llevaron a los oprimidos a levantarse en 2019, para derrocar las contrarreformas y las medidas privatizadoras del ex presidente Lenin Moreno.
Después de dos años de «tregua» y del reflujo de los movimientos durante la pandemia, las contradicciones de un país sumergido en la pobreza y la miseria, y blanco de una ofensiva brutal de medidas antipopulares (privatizaciones, destrucción de los servicios públicos, reforma laboral, etc.), y antinacionales, dictadas por el imperialismo para saquear el país (petróleo, gas, minerales, etc.), han resurgido violentamente.
Atrapado y buscando aislar a los pueblos indígenas y abortar la unidad de las luchas instintivas, el gobierno llevó a cabo una brutal represión. Cientos de personas han sido heridas y detenidas. Un manifestante cayó bajo las balas de las fuerzas policiales. En tres estados se declaró «suspendido» el derecho de «libre asociación y reunión». A las investigaciones por «sabotaje», «secuestro» (la toma por la fuerza de policías por parte de indígenas) y ataques al «patrimonio público», se suma la acusación de que las protestas están «asociadas al narcotráfico». La detención ilegal de Leonidas Iza, máximo dirigente de la CONAIE, en la madrugada del 14 de junio, por parte de las fuerzas del ejército, así como el juicio penal por sedición, indican hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para defender los intereses y ganancias de la burguesía ecuatoriana y el imperialismo. El ministro de Defensa, Luis Lara, señaló que las protestas «ponen en riesgo la democracia». Se trata claramente de una amenaza golpista.
Las medidas dictatoriales y la militarización del país muestran el camino que está tomando el gobierno para imponer su política antinacional y antipopular, si es necesario a sangre y fuego. Está claro que la burguesía no está dispuesta a aceptar ninguna de las reivindicaciones indígenas. Sucede que el «Plan de Diez Puntos» excede las demandas de las masas indígenas y converge, objetivamente, con las necesidades y demandas más urgentes de los asalariados explotados y otros oprimidos del país. Son los siguientes: 1) reducción y congelamiento de los precios de los combustibles; 2) subsidios sociales, moratorias de al menos un año y reducción de las tasas de interés de las deudas de 4 millones de familias pobres; 3) precios mínimos garantizados para los productos agrícolas del campo; 4) fin de la tercerización, creación de empleos formales y garantía de derechos laborales para los trabajadores; 5) moratoria a la expansión de la explotación de minerales e hidrocarburos en defensa de los ecosistemas nativos y la biodiversidad; 6) respeto a 21 derechos colectivos (educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, etc.) y la autodeterminación de los pueblos indígenas; 7) el fin de las privatizaciones en los sectores estratégicos de la economía nacional; 8) el control de los precios en toda la cadena de producción y comercialización de los productos básicos; 9) el aumento inmediato del presupuesto para la Salud y la Educación, el acceso de los jóvenes a la educación superior y la mejora de la infraestructura de las escuelas y universidades; 10) políticas de seguridad para acabar con las actividades delictivas e ilegales.
Es una base de reivindicaciones para unir la lucha de las masas a nivel nacional contra las medidas pro-imperialistas y el gobierno entreguista. Esto explica por qué Lasso siga la vía represiva, aunque sin dejar de negociar con el movimiento. En los últimos días, anunció un plan que, según él, daría respuesta a las demandas y crearía las condiciones para «pacificar el país». Estos son: aumento inmediato de los subsidios sociales (de 50 a 55 dólares), duplicación del presupuesto para Salud y Educación, subsidios para los pequeños y medianos productores, cancelación de créditos impagos de 3.000 dólares, una línea de créditos agrícolas, con tasas del 1% con hasta 30 años, congelación de los aumentos del precio de los combustibles, y revisión de las privatizaciones.
La maniobra es clara: retrasar las negociaciones y luego rechazar las promesas, imponiendo de hecho los intereses imperialistas. En 2019, Moreno recurrió al mismo expediente, para desactivar las protestas y enfriar la crisis prerrevolucionaria. Por eso, las masas indígenas se niegan a renunciar a su derecho a la «resistencia y a la lucha colectiva» hasta que se hagan realidad todas sus reivindicaciones.
No hay manera de que la burguesía pueda hacer concesiones a las masas, cuando pretende continuar con las contrarreformas y privatizaciones, y garantizar sus beneficios, en medio de la caída general de la economía mundial. Así que las masas tendrán que seguir avanzando en las luchas y en la radicalización de sus métodos colectivos, si quieren imponer sus reivindicaciones. El «Plan de Diez Puntos» sintetiza las necesidades más inmediatas y vitales del conjunto de la población pobre y miserable, ante el curso desintegrador de la economía. Por lo tanto, puede convertirse en un pilar de la organización de un movimiento nacional de los asalariados y demás oprimidos.
El problema es que el proletariado organizado como clase independiente está ausente. La ausencia de una vanguardia con conciencia de clase organizada en un partido, marxista-leninista-trotskista, impide al proletariado romper los bloqueos burocráticos, asumir la dirección de las masas oprimidas y crear las condiciones para un poderoso movimiento unitario y radicalizado de las masas en lucha, contra la burguesía y su gobierno.
La experiencia de los últimos años es decisiva para demostrar que el alto nivel de combatividad, el número y la homogeneidad de las condiciones de vida y cultura de los pueblos indígenas son insuficientes para transformar los levantamientos instintivos en lucha revolucionaria por la expropiación de la gran propiedad privada monopólica de los medios de producción y su transformación en propiedad social. Esta tarea la encarna el proletariado, la única clase capaz de llevarla a cabo. Al igual que en 2019, la ausencia de dirección revolucionaria no se llenará con el radicalismo y la explosividad de los movimientos. Pero si avanzan las tendencias instintivas y conscientes y la unificación de las masas en lucha, se crearán las condiciones para que la vanguardia cumpla esta tarea histórica inmediata, y luche por constituir al proletariado como su dirección, erigiendo un frente único antiimperialista.
El CERCI defiende incondicionalmente el derecho de las masas indígenas a recurrir a la acción directa y colectiva para imponer sus demandas. Y lucha en todos los países donde sus secciones nacionales están activas para organizar a la clase obrera y a los demás oprimidos, desde sus asambleas y comités de base, para organizar la lucha contra el desempleo, los cierres de fábricas, los ajustes, las privatizaciones, las contrarreformas, el hambre y la miseria, bajo la orientación estratégica de la revolución y la dictadura proletaria, y la bandera del gobierno obrero y campesino.
(POR Brasil – Masas nº667)