Bolivia: ¡Viva la rebelión de los mineros de Colquiri contra el D.S. 4783, liquidacionista de la minería estatal!
¡Muera la política antinacional del gobierno que pretende sacrificar a las empresas estatales para sostener la endeble estabilidad económica en el país a costa de los trabajadores en vez de afectar a los poderosos: la burguesía vende-patria y las transnacionales chupa-sangres!
¡Lucha unitaria de todos los oprimidos y explotados contra este decreto maldito, por control obrero colectivo en la administración de la Gestora para evitar el latrocinio masista, contra la Ley466 de la Empresa Pública, contra la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales y políticos independientes!
¡Apoyo y alianza con los mineros de Colquiri en torno a estos objetivos comunes a todos los trabajadores!
¡Fuera de la FSTMB, la COB y las Confederaciones los burócratas agentes del gobierno!
¡Muera Guarachi lamebotas de Evo Morales, luego de Jeanine Añez y ahora de Arce Catacora!
¡Nada con la vieja derecha comandada por el Facho Camacho, sus logieros cruceñistas y sus acólitos Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana y el CONADE!
¡Viva la independencia política y sindical de los trabajadores!
(nota de Masas nº2717 – POR Bolivia)
DECRETO QUE OBLIGA A TRASFERIR LOS INGRESOS DE EMPRESAS ESTATALES EN FAVOR DEL GOBIERNO ES EL ROSTRO ANTINACIONAL Y ANTIOBRERO DEL GOBIERNO DEL M.A.S.
La asamblea general del distrito minero de Colquiri del pasado 20 de septiembre resolvió el rechazo al D.S. 4783 que confisca, en favor del Gobierno, los “excedentes económicos” de las empresas productivas estatales; cuestionan a la Gestora Pública que se hará cargo de los fondos de pensiones y exigen la derogatoria de la Ley 466 de la Empresa Pública.
Ante la negativa del Gobierno a estas demandas han pasado del discurso a la acción directa con un bloqueo radical de la carretera troncal que une La Paz con el resto del país y luego se trasladan a La Paz hasta la sede del FSTMB al grito de mueran los traidores de la COB y la Federación de Mineros.
Se trata del despertar de los mineros desde las bases frente al Gobierno del M.A.S. y el engaño del llamado “Proceso de Cambio”. Comienzan a constatar que no puede haber ningún “proceso de cambio” en el marco de respeto al poder de la clase dominante y las transnacionales que explotan de nuestras riquezas naturales a cambio de rentas miserables para el Estado. Es decir, dentro del respeto a la “sagrada” propiedad privada sobre los grandes medios de producción.
Con toda claridad los trabajadores de base señalan que dicho decreto es liquidacionista de la minería estatal. Que el Gobierno burgués del MAS, urgido de recursos para mantener la precaria estabilidad económica, pretende sacrificar las minas y las empresas del Estado, meter uña a los fondos de pensiones mediante la Gestora Pública. Pero no toca para nada los intereses de la minería privada, de las cooperativas, de los agroindustriales del Oriente, es decir, de la burguesía, el imperialismo y sus aliados.
La asamblea minera condenó duramente a la burocracia sindical de la FTMB y la COB por no hacer nada frente al gobierno y exigen su repliegue a las bases. Están planteando la destitución de los burócratas.
Los excedentes de las minas del Estado, deben servir para reinvertirlos en la producción, a fin de hacerlas rentables ante la caída de los precios en el mercado internacional que ya se está produciendo, producto de la crisis económica mundial.
La decidida acción de los trabajadores de Colquiri ha sacudido también a los mineros de Huanuni que rechazan el decreto maldito, pero su dirección sindical masista sigue entrampada en no enfrentar abiertamente al Gobierno.
Se vislumbra el inicio de la ruptura del proletariado minero estatal con el Gobierno del M.A.S., base para que el movimiento obrero se sacuda del chaleco de fuerza de la burocracia vendida al M.A.S. y recupere su independencia política y sindical, volviendo la mirada a su tradición revolucionaria enmarcada en la Tesis de Pulacayo y la Tesis Socialista del IV Congreso de la COB (1970).
(nota de Masas nº2717 – POR Bolivia)
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…Las demandas de los obreros expresadas con un lenguaje radicalmente anti-oficialista, han hecho temblar al gobierno. Los ministros de Arce han negado las intenciones de los decretos observados y buscan desesperadamente entablar negociaciones con el sindicato para convencerles de lo equivocados que están al acusar al gobierno de intentar destruir a las empresas estatales.
En primer lugar, es preciso recordar que, desde hace un tiempo, han crecido las alusiones a la insolvencia del Estado para garantizar la distribución de bonos y subsidios. En mayo de este año circuló un proyecto de Ley de Creación de Aportes Solidarios para el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), que establecía un aporte de los asalariados de entre 0.3% y 3%, la transferencia del 30% de sus ingresos por venta de carbonato de litio y cloruro de potasio a la estatal YLB y el aporte del 10% de sus ingresos por venta de servicios de telefonía móvil e internet a las empresas de telecomunicaciones, para financiar la Renta Dignidad. Aunque, como siempre sucede, el gobierno negó la existencia de ese proyecto y afirmó con soltura que las fuentes de financiamiento establecidas al crearse ese beneficio, tenían los recursos suficientes; paradójicamente, dirigentes de la COB también salieron a respaldar la versión del gobierno diciendo que eran versiones “sin sustento”.
La verdad es que las fuentes del FRUV: las utilidades de las empresas “capitalizadas” en los años 90 y el 30% del IDH percibido por gobernaciones, municipios, Fondo Indígena y TGN, fueron perdiendo capacidad para sostener el pago de la renta. Por una parte, debido al incremento constante y sostenido del número de beneficiarios -de 752 mil en 2008 a 1.142.000 en 2021- y el incremento del monto anual de la renta: de 1.800-2.400 Bolivianos en 2007, a 3.900-4.550 Bolivianos en 2019, que ocasionaron que el monto total subiera de 1.616 millones en 2008 a 4.752 millones en 2021. Pero, sobre todo, por la caída del IDH y de las utilidades de las empresas capitalizadas, explicados, fundamentalmente, por la reducción de la producción de hidrocarburos desde el año 2015.
Así, el gobierno ya no pudo ocultar lo evidente y en diciembre de 2021 dispuso la transferencia excepcional de los saldos no utilizados de los bonos pagados por el COVID -más de 287 millones de Bolivianos- en favor del FRUV. Seguidamente, en mayo de este año, dispuso mediante el DS4716 que las utilidades de la Gestora de Pública de la Seguridad Social pudiesen ser utilizadas en el pago de dicha renta. Ambas disposiciones desmienten al gobierno y confirman la insolvencia creciente del fisco para cubrir ese beneficio de los adultos mayores.
Por estas razones, es innegable la legitimidad de los temores de los mineros de Colquiri, sobre la intención gubernamental de afectar las finanzas de la empresa con el fin de financiar las políticas gubernamentales, ante una situación evidente de crisis fiscal.
Más aún, el rechazo a la intención gubernamental de recurrir a las utilidades de las pocas empresas públicas rentables, se agrava en el caso de las minas estatales, debido a que la política del MAS en el poder ha sido desde un principio, contraria al fortalecimiento de la minería estatal. Tanto la Ley de la Empresa Pública como la Ley de Minería y Metalurgia, disponen que, mientras una parte de las utilidades de las filiales de la COMIBOL, después de la reinversión, deben ser transferidas a ella, la COMIBOL está prohibida de asumir las deudas de sus filiales y cualquier transferencia que haga hacia ellas será a título de “devolución obligatoria”, es decir a título de deuda. Además, de 2010 a 2019, el gobierno dispuso que la COMIBOL, tanto su oficina central como sus filiales, transfieran recursos para el pago del bono Juancito Pinto, recursos que, obviamente, provienen de sus utilidades. Es decir, que el gobierno central se abstiene de invertir en las empresas mineras estales, sino es mediante créditos, pero impone la transferencia de parte de sus utilidades para el financiamiento de sus políticas sociales.
En resumen, la movilización de los mineros de Colquiri se convierte en un profundo cuestionamiento al fracaso de la política del MAS, que ha llevado a su nuevo gobierno a “rascar la olla” para financiar los gastos estatales. Esto es, un cuestionamiento a su orientación rentista basada en la captura del excedente producido por el trabajo de los obreros de las empresas productivas, no para impulsar la industrialización del país, sino para financiar sus políticas sociales convertidas -en ausencia de un genuino fortalecimiento de la producción para erradicar la pobreza- en mecanismos populistas para afianzar a ese partido en el poder. Asimismo, confirma que el gobierno antiobrero del MAS, está acostumbrado, como lo hacían también los neoliberales, a cargar los costos de sus políticas «solidarias» a espaldas de los trabajadores, como sucede, por ejemplo, con el financiamiento de la pensión solidaria con aportes adicionales de los trabajadores o de los programas de vivienda social con los aportes patronales del 2% sobre sueldos y salarios.
(nota de Masas nº2717 – POR Bolivia)
AUSENCIA DE UNA POLÍTICA MINERA DE DESARROLLO NACIONAL
Uno de los temas más importantes y polémicos en la vida económica de Bolivia es el referido a la actividad minera como actividad productiva fundamental de estas tierras desde hace varios cientos de años atrás. Principal actividad económica que permitió vivir a los bolivianos hasta nuestros días. Y como se observa, lo seguirá siendo por muchos decenios más. Toda su historia refleja las vicisitudes de esta actividad extractiva; cada época con sus distintos actores tomando el papel de explotadores y beneficiarios del excedente, y otros jugando el papel de explotados materializando la riqueza de subsuelo en valores de uso o dinero efectivo.
Cuando hablamos de las tendencias de desarrollo de la economía boliviana, la minería toma un lugar central en el debate por constituirse en la actualidad en una de las más importantes fuentes de ingreso para la economía boliviana. Cualquier debate sobre el futuro de Bolivia debe dilucidarse en base a definir cómo aprovechamos esta importante fuente de riqueza mineral que se encuentra bajo tierra y quienes van a ser los que se aprovechen esta: ¿los ahora inversionistas privados extranjeros que se encuentran en todo el continente saqueando los riquísimos yacimientos mineralógicos?, ¿los cooperativistas del oro que se asocian con grandes capitales privados para hincharse sin dejar nada al Estado?, ó ¿el Estado boliviano y el conjunto del pueblo boliviano?.
“Nos ha correspondido señalar que se arriba al capitalismo de dos maneras: una tradicional y lenta que consiste en el desarrollo orgánico e interno de los gérmenes capitalistas en el seno de la vieja sociedad, fenómeno que da nacimiento a la burguesía revolucionaria y que paulatinamente va barriendo todas las formaciones económico-sociales precapi-talistas…; la otra es la tardía incorporación a la economía mundial como consecuencia de presiones extranjeras, incorporan al país obedeciendo a intereses que le son extraños, lo que se traduce en el desarrollo… de cierto sector de la economía a costa del estancamiento, postergación y hasta retroceso del resto (la consecuencia es el capitalismo como economía combinada; un imperativo para los países que llegan con retraso al banquete de repartija del mundo entre las grandes potencias). El imperialismo transforma radicalmente al país sometido e incorporado a la fuerza a la economía mundial, lo que se traduce en una profunda modificación de su economía y de su fisonomía social. De aquí arranca el carácter nacional de la opresión metropolitana”. (G.Lora)
El verdadero causante de la crisis de la minería en Bolivia es la política de los gobiernos masistas porque no tienen una política de desarrollo integral de la actividad minera. Sustituyéndola por una política vendepatria de entrega de nuestros riquísimos yacimientos a la voracidad de las transnacionales y de los cooperativistas, incrementando sólo en algunos puntos los impuestos y regalías para el Estado, pero entregando la parte del león a favor de estos capitalistas extranjeros y nacionales. Definitivamente, su política es rentista, entreguista y no desarrollista. Es por ello que al gobierno no le interesa invertir de manera directa en mejorar la productividad de la minería estatal y menos expulsar y nacionalizar a todas las grandes transnacionales mineras extranjeras que hoy manejan lo más importante de la extracción del zinc, plomo y plata del país.
Un plan de minería debería contemplar y asumir responsabilidad social con los componentes del proceso productivo. El Estado a cargo de la actividad minera debería separar parte de sus generosas ganancias extraordinarias de hoy en día para enfrentar los momentos difíciles, ante el comportamiento cíclico de los precios internacionales de los minerales. Si viene la caída de precios, los gobiernos despiden a los trabajadores, cierran las minas o las privatizan.
La ley Minera 535 aprobada en 2014 y la Ley de Empresas Públicas aprobada en el 2013, establece que las inversiones en la minería estatal SÓLO pueden ser financiadas por recursos propios de las empresas públicas productivas provenientes de sus ganancias de la gestión anterior o de préstamos gestionados por el gobierno central a ser pagados por las mismas empresas, cargados a sus pasivos. Con esto el Estado se libera de dicha responsabilidad y demuestra la ausencia de un plan de desarrollo de la minería nacionalizada. Pero por el otro lado, el gobierno sólo ve a las minas estatales como la “vaca lechera” que debe ordeñarse para financiar sus bonos cada año. Sólo para esto la utiliza. Esta política es rentista y no desarrollista.
(nota de Masas nº2717 – POR Bolivia)