El Gobierno cumple con las políticas de ajuste que exige el FMI
Massa sigue ordenando las cuentas: en noviembre bajó 27,7% el gasto real. Fue más a fondo con la política de ajuste que Guzmán.
Massa aparece como el mejor garante del programa del FMI y las transnacionales. A principios del año pasado se proyectaba un déficit fiscal de 3,5%, pero se llegará al 2,5% acordado con el FMI.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informa que en los once primeros meses del año “el déficit primario resultó en términos reales 7,7% menor que el acumulado en el mismo período del año anterior”. Esto fue logrado por una fuerte reducción del gasto público real. Esto se llama AJUSTE.
En julio el gasto bajó 11,5%; en agosto 20,4%; septiembre, 15,8%; octubre, 16,8% y en noviembre se desplomó el 27,7%, en comparación con el año anterior. Son 5 meses consecutivos de fuerte recorte real.
En el informe “Se destaca la brusca caída en obra pública debido a que en el año previo hubo una fuerte aceleración del gasto en estas partidas durante el último trimestre, mientras en el año corriente prima la lógica de ajuste”.
El FMI exige ajustar más: reducir los pagos previsionales, reducir los subsidios a las tarifas, congelar el ingreso de trabajadores al Estado, eliminar los planes sociales, reducir más la inversión en obra pública, no ajustar los salarios de los trabajadores estatales, etc. Para eliminar el déficit fiscal y que empiece a quedar un excedente para pagar la deuda externa. El gobierno obediente está avanzando en cumplir con estas órdenes.
Entre otras, cayó este mes la moratoria previsional, que permitía acceder a la jubilación sin tener los 30 años de aportes. Una medida criminal contra los trabajadores que durante años permanecen desocupados u ocupados en negro sin que se realicen aportes, o changueando. Es la burguesía y su Estado responsable de no garantizar trabajo para todos los trabajadores, es responsable de no terminar con el empleo en negro o el pago de la mayor parte del salario en negro.
La clase obrera tiene una política exactamente opuesta: ajustar los salarios y las jubilaciones para que el mínimo alcance lo que cuesta la canasta familiar; terminar con toda forma de trabajo precarizado o en negro; impulsar un plan de obras públicas para resolver el extraordinario déficit habitacional, para producir vagones y locomotoras y reconstruir todo el sistema ferroviario, para producir barcos, lanchones y dragas para volver a tener una flota nacional; dotar del presupuesto necesario para la educación y salud pública.
Claro que para encarar este plan mínimo debemos contar con recursos: dejaremos de pagar toda la deuda externa, terminaremos con el parasitismo bancario, terminaremos con el contrabando, monopolizaremos el comercio exterior, recuperaremos todos los puertos y las vías navegables, terminaremos con la oligarquía terrateniente apropiándonos de la renta de nuestra tierra. Nacionalizaríamos la explotación minera y de hidrocarburos. Ahí están los recursos para terminar con la desocupación, el hambre, y los bajos salarios.
La clase obrera tiene un plan para transformar la economía y resolver la situación dramática de la mayoría oprimida, para ello es necesario terminar con la dictadura del capital, con su Estado, expropiando los grandes medios de producción.
La burguesía en su decadencia es cada vez más parasitaria y descarga todas sus crisis sobre los oprimidos que ven retroceder constantemente, desde hace décadas, sus condiciones de trabajo y de vida. El avance del sometimiento colonial desde fines de los años ´70 ha sido una tragedia para la gran mayoría, mientras una minoría, una ultraminoría, asociada al capital financiero se ha enriquecido y concentrado a más no poder.