Ley en La Rioja considera al “oro blanco” como recurso estratégico
La ley provincial de La Rioja N°10.608 de diciembre pasado declara a este mineral y sus derivados como recurso estratégico y plantea la posibilidad de cancelación de concesiones.
No impacta tanto a los proyectos actuales -más localizados en Catamarca y Jujuy-, pero es denunciada por los empresarios porque “es dañina por el antecedente que genera”.
Después de la reforma constitucional de 1994 cada provincia puede adoptar su propia política minera.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, defendió la Ley señalando que de este modo los permisos de explotación vuelven a la provincia y que, luego, se invitará a las empresas a invertir pero “siempre que le convenga a los riojanos, a La Rioja, al país y a las empresas también”. Quintela rechaza que se nacionalice el litio, si reclama que la política industrial sea nacional.
Dice que el objetivo es que las empresas mineras “no se lleven la riqueza de nuestro país” y que el litio después “vuelva como producto terminado”. “Las empresas que tenían las concesiones no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, hicimos que caducaran todas las licencias y vuelvan a la propiedad de la provincia”.
“El Gobierno tiene que tener una fuerte presencia en la negociación de cómo industrializar la materia prima del litio en el país”, y criticó que “la mayor porción de la torta se la llevan las empresas”. “Vamos a poner nuestras condiciones porque es nuestro el litio, de los argentinos, no de ellos”.
La reacción inmediata de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y de la Unión Industrial Argentina (UIA) deja en evidencia que la norma tocó puntos sensibles para sus intereses al suspender por 120 días, prorrogables por el mismo lapso por única vez, los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones mineras relacionadas al litio en toda la Provincia. Lo entienden como una expropiación.
La Cámara de proveedores mineros aseguran que es una “mala señal de estabilidad jurídica”, que se da “a metros” de un proyecto como Josemaría, en San Juan, en límite con La Rioja, y donde se prevé una inversión histórica superior a 5000 millones de dólares para volver a producir cobre en Argentina.
El 21 de enero el IADEM (Instituto Argentino de Derecho para la Minería) reclamó al gobernador Quintela que se abstenga de promulgar la “ley del litio”. Dice que la norma provincial debe ser declarada “inconstitucional” y pide la derogación de la norma sancionada en la Legislatura y publicada en el Boletín Oficial del 17 de enero. Que “sus previsiones sean declaradas inconstitucionales por los tribunales o por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Afirma que “La regulación de fondo de los minerales se encuentra en el Código de Minería de la Nación; se trata de una facultad delegada por la Provincia a la Nación de conformidad con la Constitución Nacional. El Código de Minería regula, entre otros, los mecanismos de adquisición, mantenimiento y terminación de los derechos mineros (cateos y concesiones, entre ellos) por lo que la Provincia de La Rioja no puede arrogarse la facultad de regular estas cuestiones”.
Argumentan que “la suspensión o caducidad de cateos o concesiones mineras por causas distintas a las previstas en el Código de Minería de la Nación invade la esfera de regulación delegada al Congreso Nacional y La Rioja no puede disponer una suspensión generalizada de todos los derechos mineros existentes en la provincia, ni los vinculados al litio ni a ningún otro mineral. Resulta curioso que la Ley, aunque se centra en el litio, luego expande la suspensión de derechos a todas las demás sustancias minerales”.
Dice que respecto de los artículos 4° y 5° de la ley “colisiona con las disposiciones de los artículos 8° y 9° del Código de Minería de la Nación, que establecen, respectivamente, que la facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, se concede a los particulares con arreglo a las prescripciones de dicho Código, y que el Estado no puede explotar ni disponer de las minas, sino en los casos expresados en el Código”.
Parrilli denuncia que ese marco normativo que tanto elogian se basa en “el Código de Minería de 1886. Allí se aclara que el Estado, si bien es el dueño de los salares y minas, no puede explotarlos. Tiene que concesionarlos a un privado para que lo haga. El privado se transforma en el dueño del salar o mina para siempre y puede venderlo, alquilarlo o heredarlo, como si fuese un departamento o un auto”. “Por explorar salares y minas de litio las empresas pagan por única vez un canon de $1.600 por 500 hectáreas. Cuando ya tienen la concesión para explotación, pagan $320 anuales por cada 100 ha”.
El artículo 4° de la Ley N° 10.608 de La Rioja establece que La Función Ejecutiva “determinará zonas de interés de investigación en el territorio de la Provincia y quedarán caducos los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera, estableciéndose que cualquiera de las actividades antes mencionadas deberá realizarse con participación de Energía y Minerales Sociedad del Estado -EMSE-, ya sea por sí o por acuerdo con terceros.
Mientras que, en el 5°, “La Función Ejecutiva tomará las medidas administrativas necesarias para fomentar el aprovechamiento del litio de la manera que mejor importe al desarrollo del modelo de sostenibilidad del Estado Provincial, en el cual tendrán fundamental preponderancia las empresas del Estado, las que gozarán de un derecho de preferencia y/o prioridad de descubrimiento y/o de cualquier otro derecho minero en las zonas de interés”.
Responde el IADEM “El Estado Provincial no puede siquiera intentar apropiarse de los derechos para monopolizar el negocio minero. Más allá de lo reprochable de dicho accionar, cabe recordar que los artículos 346 y siguientes del Código de Minería son claros al establecer que el rol del Estado se limita a la investigación (por sí o con terceros), y que el desarrollo ulterior de la actividad, incluyendo la explotación, corresponde a la actividad privada, a la cual -como regla general- deben ser transferidas incluso las minas que descubran los organismos estatales”.
Más claro imposible, el grito de guerra de los privados es ¡¡¡“solo nosotros podemos monopolizar la minería”!!!
La UIA (Unión Industrial Argentina) también apuntó contra la provincia de La Rioja. “¿Qué queremos? ¿Qué se frenen (las inversiones)? ¿Qué se pase la hora del litio?”, se preguntó Funes de Rioja, presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina).
Cuestionó lo que considera una “incertidumbre” en el sector minero los alcances de la ley aprobada en la provincia de La Rioja. “La inversión es siempre muy susceptible al entorno de seguridad jurídica, de certezas y de reglas de juego”.
Dice que “En este caso adquiere más trascendencia porque el litio forma parte de “las grandes oportunidades de la Argentina”, el cual junto con el resto de la minería tiene “un horizonte fenomenal””. Ciertamente es una gran oportunidad para un sector empresario para afianzar sus vínculos con las transnacionales y también para concretar el pago de la deuda externa fraudulenta.
“Es un acto de intervención política y este acto lo que constituye es un dato de incertidumbre cuando lo que necesitamos en esta materia es lo contrario”. “En todo caso, si hay que ajustar cosas, es sentándose en una mesa primero y no dejando en suspenso todo, generando condiciones de precariedad y de absoluta falta de confianza en las reglas de juego. Eso no es bueno para la Argentina”. “Necesitamos políticas que generen confianza para la inversión y el crecimiento”.
Si bien consideró que hasta el momento La Rioja “no tiene tanta importancia relativa en el tema litio”; afirmó que “el inversor extranjero mira todos los detalles y obviamente mira los aspectos jurídicos y, para ellos, estas señales son malas”.
Dice Parrilli: “nuestro marco normativo es el más atractivo para la inversión extranjera. Para ellos sería un pecado modificarlo, ya que generaría “desconfianza” en los inversionistas y sacaría a nuestro país de su “virtuoso sendero exportador”.
Para el gran capital toda señal de intervención del Estado, de control, aunque sean medidas tímidas, pone en alerta todo su sistema. Revelan hasta dónde llega el carácter antinacional, entreguista e irreversible, de esta clase.
Las exportaciones cerrarán con un récord, cercano a los u$s 700 millones. Si bien en toneladas (acumulan 27.500) el volumen es similar al 2021, “el importante alza de precios lleva a un crecimiento del valor exportado de más del 220%” (Bolsa de Comercio de Rosario).
El gobierno de Alberto Fernández comenzó a trabajar desde antes de asumir para entregar la minería a las transnacionales y sus socios locales, provocando el rechazo popular especialmente en Mendoza y Chubut. Colocó en funciones estratégicas en el Gobierno a sectores vinculados a ese fabuloso negocio como denunciamos varias veces. Todos los precontratos que había negociado tuvieron que guardarlos hasta mejor oportunidad.
Qué paradoja que ahora se irriten con la postura de una Provincia amenazando con la intervención de la Corte y otras medidas, cuando festejaron el traspaso de los recursos a las provincias con la reforma de Menem-Alfonsín, en 1994, sabiendo que les sería más fácil negociar con cada gobernador, en condiciones más débiles.
Una política que defienda el interés nacional y no los intereses de los acreedores y el capital financiero internacional debe partir de estatizar toda la explotación del litio para poder garantizar plenamente su utilización para nuestro desarrollo. Exactamente lo opuesto a lo que reclama la voracidad capitalista.