De la privatización de YPF a las muertes petroleras
Las privatizaciones durante el menemismo, fueron el desguace final del programa que la última dictadura había iniciado con la brutal deuda externa y la precarización laboral. Menem se atrevió, con el apoyo de muchos actuales kirchneristas, a la llamada Reforma del Estado.
Consistía en la venta de las empresas del Estado, cediendo ante el avance del imperialismo, tras la caída de la URSS. Así el imperialismo buscaba hacerse del control de los bienes estratégicos: petróleo, gas, agua, correos, trenes, puertos, aerolíneas, etc., profundizando el sometimiento colonial del país, así como acabar con conquistas históricas que hasta entonces no había podían doblegar.
Afirmaba Parrilli, actual ladero de Cristina Fernández, en la década del 90´ (entonces diputado nacional por Neuquén) quien además fue informante: “No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (…) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente [Menem]”. Tiempo después escribía en “Cuatro años en el Congreso de la Nación”, 1989-1993: “Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles” (Diario La Nación).
Hoy se evidencian las consecuencias de aquella privatización, que entregó al mercado las condiciones laborales de los obreros petroleros, que pierden sus vidas por la rentabilidad de las multinacionales del hidrocarburo. Las estadísticas señalan un aumento del 29,3% interanual en 2022 de accidentes laborales y de 15 muertes desde 2017. El Convenio Colectivo de Trabajo de 2017 y el “Acuerdo por la Sustentabilidad y el Empleo” de 2020, son parte de la flexibilización laboral y, como expresan las estadísticas, las muertes van en aumento.
La denominada “Vaca Viva” como la llamó la actual vicepresidenta, impulsora del acuerdo YPF-Chevron, que implicó la represión brutal del 2013 en las puertas de la Legislatura neuquina, tenía estas consecuencias medioambientales y laborales previsibles. El fracking es un modelo extractivista, que arroja 1033 casos de accidentes laborales desde 2013 y 416 sismos desde 2015. La producción nacional alcanza 627.000 barriles diarios donde YPF aportó en la formación con un total en enero de 809.000 metros cúbicos (m3) y también en el primer mes del año, le siguieron en producción Vista Energy con 185.000 m3, Shell Argentina con 143.000 m3, Pan American Energy con 95.400 m3, Tecpetrol con 50.300 m3, Exxomobil con 39.700 m3, Pluspetrol con 32.800 m3, Chevron 6.800 m3 y Total Austral con 5.020 m3 (TELAM SE 2022). Como se detalla, son más de “cuatro vivos”, los que se apoderan de la renta petrolera.
Recientemente tuvimos que lamentar nuevamente crímenes laborales en la explosión de la refinería New American Oil (NAO) en Plaza Huincul, donde perdieron la vida Gonzalo Molina (30), Fernando Jara (34) y Víctor Herrera (58) en 2022 y del año en curso, en el mes de abril, Gustavo Riquelme (48) de la empresa Clear, quien falleció en un choque en la ruta 151 y este mes un obrero de la contratista San Antonio le amputaron un brazo. Tras este último accidente laboral, el Sindicato de petroleros tomó como medidas de fuerza la convocatoria a paro por tiempo indeterminado y acciones al pie de la ruta en algunos pozos petróleos de la región. Sin cumplir 24 horas de paro, Rucci levantó la medida con un acuerdo en el cual las cámaras de empresarios del petróleo se comprometen a trabajar en las condiciones laborales y capacitaciones a los obreros. Una vez más la burocracia de Marcelo Rucci muestra que esta conducción es incapaz de defender los intereses de los trabajadores, ya que actúan como apéndice de las petroleras y el gobierno. Para defender las condiciones laborales de los obreros y la producción nacional de petróleo y gas necesitamos sacarnos de encima a la burocracia sindical traidora, levantando el programa de expulsar a las petroleras extranjeras y poniendo en pie el monopolio estatal de toda la producción petrolera bajo control obrero colectivo.