Rechazar la sentencia contra YPF de la Jueza, estatizar sin pago el 100% de la empresa y de toda la industria petrolera
En 1990 se inició el proceso de privatización de YPF con el cambio de tipo de sociedad para convertirse en una sociedad anónima. En 1992, por Ley conocida como ley de federalización de hidrocarburos, se transfirió el dominio público de los yacimientos de la nación a las provincias.
YPF S. A. comenzó a cotizar en las bolsas de valores de Buenos Aires y Nueva York y se aprobó su estatuto social. Entre sus reglas establece que quien quiera adquirir el control de la empresa deberá realizar una oferta pública de compra de todas las acciones.
En 1999, la multinacional Repsol compró el 82% del paquete accionario de YPF S. A.
En 2007 ingresó la familia Eskenazi (Grupo Petersen) a YPF S. A. comprándole el 12,5 % del paquete accionario de la firma a Repsol. Lo que se denominó “argentinización” de YPF.
En 2011 YPF anunció el redescubrimiento de petróleo en Vaca Muerta, uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes y con mayor calidad del mundo. Pero la empresa continuó con su plan de desinversión, vaciamiento y pago de dividendos; en lugar de invertir en los pozos y la producción, la distribuyeron entre los accionistas (Repsol 57 % y Grupo Petersen-Eskenazi con el 25 % de las acciones). Entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en concepto de dividendos.
En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo, con un déficit de 3.029 millones de dólares
El 16 de abril de 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de comprar el 51 % de las acciones de YPF que pertenecían a la española Repsol. La medida fue ratificada por el Congreso nacional por Ley 26.741. Repsol se quedó con el 6 % del capital (poseía 57%).
Familia Eskenazi/Petersen Energía Inversora/Petersen Energía, poseía 25% de las acciones, compradas a la petrolera española Repsol en 2007 y 2011. Tomaron préstamos de bancos internacionales y comprometiéndose a pagar con el giro de dividendos de sus acciones. El gobierno argentino consideró “fraudulenta” esta operación.
El pago de esos créditos se interrumpió porque el nuevo directorio anuló actas anteriores y a partir de entonces, prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos.
La quiebra de las compañías del Grupo se procesó en un Juzgado de Madrid, que subastó el derecho a litigar contra el Estado argentino. Burford Capital compró ese derecho por 16 millones de dólares y que de ganar la demanda lo resarciría con un 30% de lo que obtenga.
Burford Capital es un fondo que se dedica a la compra de los derechos de judicializar de empresas quebradas y e inicia juicios por sumas muy superiores. La demanda principal, del 2015, sostiene que si alguien compraba más del 15% de la empresa debía ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Y denuncia perjuicio porque el Estado decidió suspender el giro de dividendos acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, llevando a que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
La ley 26.741 declaró de utilidad pública a YPF S.A. basándose en la Constitución (superior al estatuto de la empresa). Esa decisión se tomó por el desastre provocado por la privatización de una empresa clave para la economía nacional realizada por Menem acompañado por los gobernadores provinciales.
La jueza Loretta Preska (distrito sur de Manhattan, Estados Unidos) determinó en marzo y el 8 de septiembre 2023 que el monto, por daños y perjuicios, supera los 16.099 millones de dólares, porque el Estado argentino ejerció control al quedarse con la mayoría de las acciones, debiendo haber activado sus obligaciones de oferta pública de adquisición del resto de las acciones.
El amo imperialista quiere imponer su Justicia en todos los rincones del mundo, para garantizar los negocios de las multinacionales. Sin respetar la inmunidad soberana del Estado argentino, que no puede ser enjuiciado por Tribunales extranjeros.
En la defensa legal por parte del Estado se aseguró que la compra de acciones del Grupo Petersen-Eskenazi a Repsol fue “fraudulenta”; y que la jurisdicción donde debía zanjarse el conflicto es la Argentina, porque aquí está radicada la empresa YPF. Esta posición fue rechazada en 2019 por la Corte Suprema de Estados Unidos, que confirmó la jurisdicción neoyorquina, argumentando que el Estatuto de YPF S.A. se presentó en la Bolsa de Nueva York para la cotización de la Compañía y que se estaría desconociendo el derecho de los que compraron las acciones.
La defensa argentina alegó que la venta por Repsol S.A. del 25% de las acciones de YPF al grupo Eskenazi-Petersen, se basó en una maniobra inadmisible ya que compró pagando con los supuestos dividendos de YPF.
YPF debió ser estatizada sin pago, no expropiando con pago una parte. Este fue un grave error político del gobierno de Kirchner. Como fue un error jugar previamene a la “argentinización” con los amigos Eskenazi, que llevó al vaciamiento de los pozos y la pérdida del autoabastecimiento. Hoy la YPF “estatal” está al servicio de los intereses de las petroleras imperialistas en Vaca Muerta. Para recuperar el petróleo y ponerlo al servicio de las necesidades del desarrollo nacional YPF y toda la industria petrolera debe ser estatizada sin pago bajo control obrero colectivo.
Es fundamental rechazar cualquier ingerencia de la Justicia de EE.UU. en nuestras cuestiones, que es una prolongación de lo que ya sucede con el FMI dirigiendo la economía y la intervención del capital financiero en todos los órdenes de la economía. Ni un dólar debe salir de país para pagar ninguna indemnización. Ningún bono argentino debe ser emitido con jurisdicción en el exterior, los que están emitidos y en poder del Estado o alguno de sus organismos debe ser destruido. Se debe romper relaciones con el CIADI, el tribunal internacional de las multinacionales. Estas son formas concretas de defender la soberanía nacional, ¡basta de verso!
(Nota de MASAS Nº442)