El Decreto quiere completar el saqueo de Menem privatizando las empresas del Estado
Responde a la orientación neoliberal de los ´80, que demostró su fracaso en todo el mundo, de que el Estado se debe desprender de todas las empresas que pueden estar en manos privadas. Facilitando negocios para el capital financiero. Pretende recaudar dólares que le permitan recomponer las reservas y pagar la deuda externa fraudulenta.
Uno de los objetivos es liquidar Aerolíneas Argentinas. La privatización que hizo Menem fue un completo fracaso, destruyó la empresa entregándosela a Iberia que vendió los edificios, los aviones, simuladores de vuelo, liquidó rutas, y la dejó en la quiebra. Fue recuperada y reconstruida desde el Estado. Luego la quiso hundir Macri habilitando a otras empresas de bajo costo a que le hicieran competencia yendo a los destinos más rentables, con un interés específico de fortalecer a LAN que formó parte de su gobierno y al propio Macri con su alianza con Avianca.
Aerolíneas Argentinas se recuperó como empresa estatal, con más rutas, más aviones, más destinos, incluso los que no son rentables. Nuevamente se plantea el objetivo de debilitarla y desaparecerla si fuera posible. Se implementará la política de “cielos abiertos” para que tenga más “competencia”. El Decreto autoriza “la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas”.
El Decreto dice que se transformará, como todas las empresas del Estado, en Sociedad Anónima para su privatización. Se deroga el régimen de sociedades del Estado y normativa que impide la privatización de empresas públicas. Las leyes que prohíben la privatización de empresas públicas dejarán de tener vigencia.
La Ley N° 23.696, de 1989 -durante la gestión de Menem-, establece que para privatizar total o parcialmente una empresa es necesario que se la declare “sujeta a privatización”. Para esto, la iniciativa debe ser tomada por el Poder Ejecutivo aunque después debe contar con la aprobación del Congreso.
Otro de los objetivos son las acciones de YPF en manos del Estado. En este caso, una normativa sancionada en 2012 determina que “se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones de YPF en manos del Estado sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros.
Rechazamos las privatizaciones de las empresas del Estado. Son un negociado para juntar fondos para pagar un fraude.
El Decreto pasa por encima de la obligación de someter esta privatización a su autorización lo que muestra su autoritarismo y desprecio por las formas democráticas. Esto no significa que confiemos en el Congreso que ha sido cómplice y responsable de todas las políticas de saqueo del País.
Los trabajadores de las empresas ya se han manifestado en defensa de las empresas, bandera que debe ser tomada por todos los trabajadores. ¡No al saqueo! ¡No a la entrega! Defender la soberanía nacional con los métodos y la política de la clase obrera.
