Defender el derecho a huelga es defender la educación pública
En el combo de medidas del DNU del gobierno de Milei, se destaca la declaración de la educación como servicio esencial, esta acción tiene como objetivo limitar el derecho a huelga, ya que fija un piso de 75% de asistencia. Esta declaración es un anhelo de varios gobiernos anteriores como el de Macri a nivel nacional y el de Scioli en la provincia de Buenos Aires, incluso hay provincias donde esto ya existe como en La Rioja y Salta. La implicancia es fatal para el derecho a parar, el 75% de los docentes de una escuela, por ejemplo, no podrían adherir a la medida. Inmediatamente después del anuncio la conducción del sindicato a nivel nacional, la CTERA, se pronunció en contra, sin embargo, se limitó a decir que es anticonstitucional. Desde el gobierno dicen que las provincias deberán adherir y seguramente especulan con aplicarla en aquellas donde haya menos resistencia.
El objetivo fundamental de esta medida es intentar evitar la resistencia al mayor achique de presupuesto educativo que ya se planifica. El sistema educativo viene golpeado, principalmente producto de las reformas de los años ’90 donde se descentralizó, proceso que no fue revertido por ningún gobierno posterior. Al contrario, y como hemos explicado en otros artículos, si hay una línea de continuidad entre todos los gobiernos de distintos partidos es en la política educativa. Incluso el hecho de la duración de las huelgas es la mayoría de las veces una estrategia de los gobiernos para debilitar las luchas y la consecuencia de una central sindical nacional que deja a las provincias en soledad al acordar con los distintos gobiernos salarios miserables para la docencia.
Al contrario de lo que afirman los “expertos” en educación en aquellas provincias donde los sindicatos docentes son más activos y han protagonizados más huelgas es donde menos ha avanzado la privatización. Por ello, en provincia de Buenos Aires más del 38% de los alumnos concurren a escuelas privadas, mientras que en Neuquén apenas alcanza el 15% de la matrícula.
El rechazo a este aspecto del DNU, al que más de un partido burgués seguramente adhiere, es que no haya ninguna imposición de garantizar asistencia. No obstante, esta no puede ser una medida aislada por provincia, se debe convocar a un congreso nacional de base con asambleas en todas las provincias, para poner en pie un plan de lucha nacional. De lo contrario, tal como ocurrió en Salta y La Rioja este ataque va a avanzar en las provincias y será la herramienta fundamental para seguir avanzando en la privatización de la educación. En este sentido, es una buena noticia la recuperación del sindicato de la capital cordobesa por parte de la oposición en el camino de unir a toda la oposición del país para coordinar las luchas.
