Sobre el documento leído en la convocatoria de los organismos de Derechos Humanos, la CGT, las CTA y movimientos de desocupados

El documento no guarda proporción entre las contundentes denuncias y diagnósticos que realiza con las medidas que corresponden para derrotar las políticas del gobierno. Su impotencia nace de la subordinación de las corrientes convocantes a la democracia burguesa, a las instituciones, a los gobernadores, al respeto a la gran propiedad privada de los medios de producción. Los convocantes no comprenden que es el capitalismo el que está en descomposición y no puede ser reformado. Los “modelos” a los que hace referencia son variantes de un mismo sistema agotado.

Dice el documento: “el Pueblo está de pie frente a este gobierno neofascista. Necesitamos fortalecer la unidad y la organización para defender la democracia… el gobierno de Milei viene por todo: por nuestros derechos, por nuestra soberanía y por nuestra libertad… este gobierno… reivindica al terrorismo de Estado…

Vemos con preocupación un retorno de figuras representativas del mundo militar a la vida política y a posiciones de gestión…

Defendemos los derechos humanos, la construcción democrática y la Constitución Nacional. Milei pide poderes absolutos para destruir el país y obligar a los gobernadores a que firmen la aprobación de la Ley Ómnibus antes del Pacto en Córdoba el 25 de Mayo. Es una extorsión y una traición a la Patria. El gobierno quiere arrastrar al país a una dictadura del Mercado”.

Al final del documento reitera: “Vamos a seguir cuidando la democracia.”

La democracia es una de las formas de la dictadura del capital. El poder real sigue en las mismas manos que bajo la dictadura. De las entrañas de esta democracia nació Milei, como el golpe del ´76 se gestó bajo la democracia tanto en las políticas económicas como en el terror represivo contra los oprimidos.

Los gobernadores no son figuras inocentes, como tampoco lo son los legisladores, si llaman a votar la Ley u ordenan el voto, son cómplices, son responsables de sus acciones.

Para enfrentar al autoritarismo, la dictadura civil, el ataque a las libertades democráticas y todos los derechos el camino es la movilización radicalizada y la huelga, luchando por desconocer el programa del FMI y toda la deuda externa, por expropiar los sectores vitales de la economía en manos de monopolios nacionales o multinacionales. No es en el Congreso, no será la Justicia ni tampoco con votos que se detiene semejante ataque como el que se describe bien en el documento.

En el documento se afirma: “Hace 48 años, los genocidas, militares y civiles tomaron el poder en la Argentina para imponer, con el terrorismo de Estado, la concentración de la riqueza en pocas manos, la profundización de la desigualdad social y con ella la miseria planificada, como denunció Rodolfo Walsh. Las mismas corporaciones que se beneficiaron entonces, son las que vuelven a hacerlo hoy, con la misma receta neoliberal y la misma crueldad y desprecio por el pueblo argentino.

El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando, de manera brutal y acelerada, el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada de Martínez de Hoz.

Está claro: lo único que genera este plan son ganancias extraordinarias para unos pocos y hambre para la mayoría. En los barrios populares se vive una emergencia humanitaria sin antecedentes en nuestra patria”.

La conclusión de esta síntesis debería ser que hay que terminar con esa concentración de la riqueza, terminar con el saqueo, expropiándolos. Esa es la base material de los golpes, las represiones, el autoritarismo y el bloqueo y destrucción de la economía nacional. Esta tarea no será realizada por ningún gobierno burgués, ni por leyes, ni por reformas constitucionales, ni por la Justicia.

Ubica el terrorismo en el país como parte de una política internacional del imperialismo y previo al golpe militar: “El 24 de marzo de 1976 se instaló el terror en nuestra Patria, en el marco del Plan Cóndor, la estrategia de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, con el apoyo de Estados Unidos. Antes, la organización terrorista parapolicial conocida como la Triple A ya había desatado una cacería de militantes, y por sus crímenes seguimos reclamando Juicio y Castigo”.

Dice: “La construcción del enemigo interno fue el paso previo a la masacre. El sector financiero y agroexportador, junto con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el respaldo de la Iglesia, la corporación judicial y el aparato mediático, fueron sus responsables, no sólo de ejecutar el plan represivo, sino también de la destrucción de la industria, del Estado de bienestar y la entrega de soberanía. El neoliberalismo salvaje que impulsaban sólo podía imponerse quebrando la enorme organización social alcanzada, por eso desplegaron una feroz represión contra trabajadores, estudiantes, militantes y campesinos, generando terror en toda la sociedad, para despojar de derechos, disciplinar y empobrecer a las mayorías populares”.

Es necesario hacer un buen ejercicio de Memoria: Todos los sectores de la burguesía apoyaron el Golpe aunque algunas fracciones jugaron el papel dirigente. Tal como está expresado puede entenderse que hubo sectores que se opusieron. Hay que incluir la complicidad de los partidos políticos patronales que dieron luz verde a los golpistas y hasta contribuyeron con funcionarios e interventores. Nunca se debe olvidar el papel de Balbín (líder de la UCR) alertando que había que terminar con la “guerrilla fabril” por referencia a los cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos clasistas.

“Tras la recuperación de la democracia, y con los hitos claves del gobierno de Alfonsín, como el Informe Nunca Más de la Conadep y el Juicio a las Juntas Militares, vivimos en un permanente enfrentamiento entre dos modelos de país. El neoliberal, encarnado por Menem y De La Rúa en los años 90, que profundizó la política económica de la dictadura y que terminó en la rebelión y la represión del 2001, cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles a defender su dignidad… los artífices del desastre continuaron impunes”.

Este embellecimiento del radicalismo es una negación de la realidad. Es necesario hacer buena Memoria, no engañarnos, ni engañar a los que no conocen o no vivieron esa etapa. Alfonsín reconoció la deuda extraordinaria de la dictadura y también la deuda privada que fue transferida al Estado, que nos hizo pagar a todos. Ante la presión del imperialismo abandonó toda idea de formar un club de deudores con otros países endeudados. Aplicó los planes recomendados por el FMI como el “Austral” y el “Primavera”. El documento no explica en qué consistió la ruptura con el “modelo” de la dictadura, qué cambió en la estructura de dominación del país. Algunas de sus leyes siguen vigentes hasta el día de hoy. En su gobierno se inició el proceso de privatizaciones que concretaría Menem.

Alfonsín es el mismo de “Felices Pascuas” que expresó su rendición frente a los planteos militares, pese a la gran movilización popular. Es el que decretó el “Punto Final” y la “Obediencia Debida” que bloqueó durante un buen tiempo el avance de las causas judiciales. Recordamos que en el informe “Nunca Más” se desarrolla la idea nefasta de los “dos demonios”. Alfonsin se hizo cargo de la represión al copamiento al regimiento de La Tablada, con desaparecidos y ejecuciones. Y recordamos especialmente la Carta de las Madres a Alfonsín del 4 de febrero de 1988.

Más adelante afirma: “Los proyectos transformadores que surgieron del 2001 tuvieron que ver con la organización popular, la movilización y las asambleas, las fábricas recuperadas, el movimiento de desocupados, y un modelo nacional y popular con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de ampliación de derechos que, sin embargo, no pudo consolidarse de manera sostenida”.

Un embellecimiento también del kirchnerismo sin decir una palabra del pago de la deuda externa fraudulenta, pagando más que lo que se debía en 2003. Un crecimiento de la economía que se apoyó en una fuerte destrucción previa de fuerzas productivas y una devaluación del peso histórica.

El ”modelo” neoliberal no se tocó. Las grandes reformas de Menem siguieron en pié. No hubo marcha atrás con la gran mayoría de las privatizadas. La gran propiedad monopólica no fue afectada. La educación y la salud siguieron provincializadas. Es el gobierno del acuerdo secreto con Chevron, el del acuerdo con las mineras para vetar la ley de glaciares.

El kircherismo expresó un cambio de frente de la burguesía en un momento de profunda crisis del Estado, con todas las instituciones fuertemente cuestionadas por un movimiento de los oprimidos cada vez más radicalizado que arrasó con De la Rúa y Cavallo. Como han señalado varias veces vinieron a “apagar el incendio” de la lucha de clases.

También fue el gobierno de los Berni y Milani, del Proyecto X de inteligencia e infiltración contra las organizaciones populares, de la ley antiterrorista, de la represión a los petroleros de Las Heras.

No podemos prepararnos para enfrentar un ataque como el que ha lanzado Milei sobre la base de ocultamientos o mentiras sobre los procesos que vivimos y que han dado como resultado este gobierno.

En el mismo sentido: “Después, con Macri volvieron el neoliberalismo, el endeudamiento y el FMI. Sus responsables aún siguen impunes y muchos integran el actual gobierno o son sus socios. El mismo plan económico es el que hoy ejecuta el gobierno de Milei y Villarruel, que empuja a la pobreza y al sufrimiento a la mayoría del pueblo. Argentina no es su Patria. Para ellos, la única Patria que existe es la patria financiera”.

Insistimos, las reformas neoliberales de la Dictadura y de Menem, siguieron vigentes, sin interrupción. El endeudamiento y la vuelta del FMI fueron ratificados por el gobierno de Fernández-Kirchner, y el Congreso que validó la deuda y el programa del FMI. Si no hacemos un balance profundo de la realidad no vamos a entender cómo es que llegó Milei y cómo lo derrotaremos. ¿Cuál es la diferencia entre Macri y los gobiernos de Kirchner? La política de conciliación de clases para contener la crisis, para ilusionar a los movimientos en lucha, para sacarlos de la calle haciendo algunas concesiones, sin afectar lo esencial del sistema de dominación, de la estructura de propiedad.

El documento reivindica el gobierno de Kirchner: “hace 20 años, Néstor Kirchner ordenó bajar los cuadros de los genocidas en el Colegio Militar y luego, en la ESMA… Con la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se reiniciaron los juicios a los genocidas en los tribunales ordinarios, con todas las garantías del debido proceso, algo que es visto como ejemplo en el mundo. Como país, hemos consolidado las pruebas y los testimonios que vuelven irrefutable la verdad de lo ocurrido bajo el dominio de la última dictadura: se trató de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio, y es por eso que fueron y siguen siendo juzgados sus responsables militares y civiles”.

Es un balance parcial porque omite lo que ya señalamos en párrafos anteriores. Una media verdad o una verdad a medias es también un poco una mentira. Queremos toda la Memoria, toda la Verdad, ¡no nos dejemos engañar! Las corporaciones que ordenaron el golpe se hicieron más fuertes y concentradas bajo su gobierno, “la juntaron con pala”, su impunidad nunca estuvo cuestionada por el gobierno. El mismo documento lo confirma cuando dice “Todavía falta mucho. Los partícipes civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos JUICIO Y CASTIGO YA”. Lo cual debe entenderse como una clase social que debe ser expropiada y expulsada del poder y no como un castigo individual a tal o cual empresario o directivo de empresa.

En el documento dice: “A los representantes del pueblo, diputados, diputadas, senadores y senadoras, les recordamos que tienen la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad absoluta”.

Como ya hemos dicho no se puede confiar en su voluntad, condicionada por los gobernadores y por los grupos empresarios que actúan sobre ellos. Los legisladores son cómplices de todas las políticas antinacionales y antiobreras aplicadas en estos 40 años. El documento debía llamar a las centrales sindicales, a los sindicatos, a parar y movilizar, a promover un plan de locha, como la única forma, el único camino para derrotar esta política.

El documento denuncia: “Pretenden privatizar las empresas del Estado. La Patria no se vende: se defiende. Las empresas del Estado pertenecen al pueblo y no deben ser privatizadas para transformar al país en una colonia, muchas empresas y entidades públicas, como el Banco Nación, no sólo son estratégicas para el desarrollo nacional, además son rentables”.

Las empresas del Estado deben ser defendidas y colocadas bajo control obrero colectivo para impedir su vaciamiento, para que estén al servicio de las necesidades de la mayoría, de la industrialización del país. Y se deben recuperar todas las privatizadas que son estratégicas, los puertos, los ríos, lagos, y también las reservas minerales e hidrocarburíferas.

Dice más adelante: “No es posible que en nuestro país, que es productor de alimentos, haya niños y niñas pasando hambre, o jubilados que dependen de su familia para alimentarse o comprar medicamentos”.

¿Cómo terminar con esta infamia? Terminando con la oligarquía terrateniente, expropiándola. Terminando con los monopolios en la alimentación y en la distribución. El trigo, la carne o la leche no la importamos desde Europa se produce acá mismo, con costos argentinos. Es necesario asegurar que no se exporte un grano ni un kilo de carne mientras no esté asegurado que todos comen lo necesario.

El documento afirma que: “La deuda externa es impagable e inmoral. Es mentira que no hay plata. Se deben investigar los préstamos del FMI que contrajo Mauricio Macri para facilitar y acelerar la bicicleta financiera. Ese dinero nunca llegó al pueblo. Volvemos a denunciar la fuga de capitales del país. La deuda es con el pueblo y no con el FMI. Patria sí, colonia no”.
La conclusión es que no hay que pagar esa deuda fraudulenta. Que se debe rechazar el programa del FMI y sus auditorias y controles. El Congreso se negó a investigar el destino de la deuda, no quiso levantar el secreto bancario, impositivo y bursátil. El Congreso y la Justicia, como el gobierno de Fernández, son responsables de haber convalidado esa estafa.

El documento llama a: “La Unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidades debe ser mandato urgente para organizar la resistencia y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento”.

La unidad es una cuestión esencial. Nos parece fundamental ser claros en decir que no hablamos de “alternativas” electorales.

Y destacar dos aspectos: la resistencia debe basarse en los métodos de acción directa de masas para poder derrotar estas políticas, en primer lugar, la huelga general activa, convocando a asambleas en todos los lugares de trabajo para defenderlos y para debatir el plan de lucha; para promover asambleas barriales y regionales para garantizar la máxima participación coletiva; y por otro lado un pliego de reivindicaciones que refleje las reivindicaciones de los oprimidos.

Ese pliego, y también los métodos de organización y lucha, nos delimitará de los partidos patronales responsables de habernos llevado a esta situación, de los intereses patronales en el extravismo o en aplicar una reforma laboral contra los trabajadores. La unidad debe ser con los que están dispuestos a luchar para terminar con este régimen agotado que nos empuja a la barbarie. No es suficiente el “antimileísmo” como no fue suciente el “antimacrismo” de hace unos años, que fue una trampa que generó una enorme frustración. La unidad con “los menos malos” siempre abre la puerta a los peores.

Reclama: “Pedimos a los gobernadores que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el territorio nacional y los recursos naturales, que revean los contratos de las empresas mineras, el extractivismo y saqueo de recursos naturales. Se llevan todo y dejan contaminación, pobreza y hambre. Que respeten a los pueblos originarios, sus culturas y sus tierras comunitarias”.

No hay que generar ninguna ilusión en los gobernadores, aunque estén en choque con el gobierno nacional. Ellos son portadores del ajuste en las provincias contra la mayoría. Ellos son partidarios del extrativismo. Debemos combatir sus políticas.

“La erradicación de la violencia institucional sigue siendo una deuda. La impunidad de los crímenes de la dictadura, permitida durante años, tuvo sus consecuencias en la democracia”.

Y tuvo sus responsables: las instituciones del Estado burgués, el Congreso, la Justicia, los partidos patronales, las direcciones sindicales.

“Ante el fuerte deterioro de las condiciones de vida en nuestro país, gran parte de la población apoyó una propuesta negacionista, autoritaria y que, finalmente, gobierna en contra de los intereses del pueblo. No nos resulta indiferente y nos interpela. Será preciso ampliar y reformular el movimiento político y social, y la construcción colectiva que permita trazar nuevos horizontes”.

Tomamos este desafío respondiendo al documento y colocando la respuesta desde el punto de vista de la clase obrera, de la mayoría oprimida. El movimiento que nos lleve a la liberación de la Nación y a terminar con la explotación deberá ser antiimperialista y dirigido por la clase obrera que es la única clase que no ha gobernado, que es la única clase que puede cumplir las tareas nacionales y democráticas que la burguesía no pudo realizar. Solo alcanzará el poder por medio de un gran levantamiento nacional, revolucionario y conoceremos por primera vez la democracia en nuestro país, cumpliendo el sueño de nuestros 30.000 compañeros. 

(nota de MASAS n°454)