¿Qué votaron las ratas?
El 30 de abril los diputados dieron media sanción a la “Ley Bases” para el mayor sometimiento colonial, que pasó al Senado para su debate.
En cuestiones impositivas: impulsa un blanqueo de capitales sin control del origen del dinero sin verificar la razonabilidad de la declaración de quienes se presenten. Un paraíso para toda clase de criminales. El costo es muy bajo o nulo. Es la legalización de la corrupción y la ilegalidad, en coherencia con el discurso presidencial.
En directa relación con este blanqueo reduce fuertemente el impuesto a los bienes personales. Se trata de 125.000 personas que pagan 2,25% de impuesto al año que bajará hasta 0,25% en 2027. Beneficiando a quienes anticipen el pago de 5 años juntos y garantizando una estabilidad hasta 2038.
En el 2027 la reducción en recaudación a los más ricos, en Bienes Personales, significará perder recursos por 0,61% de PBI, profundizando el resultado negativo en la recaudación (además, se impide que se vuelva a gravar el patrimonio en el futuro con otro nombre y que tenga la misma base imponible).
El ministro de Economía aclaró que la Ley beneficia íntegramente a los empresarios: dijo que la baja de Bienes Personales –no su eliminación– era para evitar que las provincias aplicaran impuestos similares: “Si nosotros no pusiéramos aunque sea esa alícuota baja, mañana la provincia de Buenos Aires le puede poner el impuesto en 2% y deberían pagarlo”.
Esta rebaja de impuestos se compensa con el regreso del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, que alcanza hoy a 1,2 millones de personas. Elimina eximiciones previstas en la ley anterior (aguinaldo, horas, guardias médicas, ropa de trabajo, etc.).
Clara transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los sectores más enriquecidos de la sociedad.
En la misma línea se promueve un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Para proyectos de más de 200 millones de dólares, con reducción o eliminación de impuestos, ventajas cambiarias y estabilidad fiscal por 30 años.
Cede soberanía ante el CIADI a la hora de controversias. Es un tribunal internacional de las multinacionales que ha fallado siempre en contra del país. Apunta a minería, petróleo y gas.
La generación de dólares es relativa ya que las empresas tendrán libre disponibilidad de divisas de 20% en el primer año, 40% en el segundo y 100% a partir del tercero. No exige que las exportaciones se liquiden en la Argentina (no podrá modificarse en próximos gobiernos).
Les reducen el impuesto a las ganancias del 35% a 25%, elimina Derechos de Exportación a partir del tercer año, otorga beneficios de IVA. Elimina derechos de importación. Impide que provincias y municipios modifiquen tributos sobre esos proyectos.
Beneficia al capital extranjero, porque el local debe pagar aranceles por los insumos necesarios para producir el mismo bien de capital. No hay política de desarrollo de proveedores locales (el DNU 70 eliminó el Compre Nacional y el PRODEPRO, Programa de Desarrollo de Proveedores). No exige agregar valor. No hay obligación de vender la producción al mercado interno. Promueve la extranjerización de empresas nacionales ya que se puede entrar al régimen adquiriéndolas, beneficiándose de las rebajas impositivas.
La creación de empleo será reducida. En los últimos 15 años agro, minería, petróleo y gas representaron 400.000 puestos de trabajo, 6% del total de empleo registrado privado. En 15 años sólo generaron 17.000 puestos de trabajo registrados privados directos.
Privatizaciones: Aerolíneas Argentinas, ENARSA, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. Privatización parcial: Nucleoeléctrica Argentina y el complejo Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Empresas claves para garantizar la conexión nacional en materia ferroviaria de carga y de pasajeros, aérea, vial, aérea, postal y de radiodifusión. AySA es una empresa destinada a garantizar agua potable y cloacas en el AMBA (donde viven más de 14 millones de personas), ENARSA impulsa obras de infraestructura en energía. Muchas ya estuvieron en manos privadas y su fallida gestión y saqueo derivó en el retorno a la propiedad estatal (AA, AySA, Ferrocarriles, Correo y YCRT).
El gobierno impulsa el plan de negocios de un reducido grupo de grandes corporaciones basado en la liquidación y remate de empresas y activos nacionales.
Los artículos 3 y 4 dan enormes facultades para que el Presidente modifique estructuras, competencias, funciones e incluso disuelva organismos. 74 organismos dependerán de la decisión de Milei: Banco de Datos Genéticos, Administración de Parques Nacionales, Administración Nacional de Aviación Civil, ANMaC, Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, SENASA, Tribunal Fiscal de la Nación, Hospital Posadas, Fondo Nacional de la Artes, Instituto Nacional del Cine, Servicio Meteorológico Nacional, Superintendencia de Servicios de Salud y otros. Las empresas que no han sido mencionadas para privatizar pueden sufrir intervenciones que desvirtúen su rol y función, como por ejemplo: ARSAT, Administración General de Puertos, BICE, Casa de la Moneda, Dioxitek, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Tandanor, Télam.
Ya no podrán concesionarse obras a entes públicos, lo que coherente con la drástica reducción que propone este gobierno, junto con la privatización de Corredores Viales S.A. Las obras públicas quedarán en manos del sector privado.
Se dolarizan los contratos públicos. Se podrán fijar precios y remuneraciones de contratos en moneda extranjera y “el Estado Nacional sólo se liberará si el Concesionario percibe las cantidades comprometidas en la moneda pactada”. No se tocarán los contratos vinculados a energía para preservar algunos intereses privados en ese sector.
Esta Ley debe ser derrotada. Es una entregada que siguen en línea con las reformas antiobreras y antinacionales de la dictadura y Menem. Sólo podrá ser derrotada por la lucha de los trabajadores, con sus propios métodos. No confiar en el Congreso. Es una cueva de bandidos.
(Nota de MASAS n°456)