Defensa a los compañeros y las organizaciones atacadas por el Gobierno y su Justicia
La justicia federal con la intervención del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Gerardo Pollicita realizó violentos allanamientos a comedores de organizaciones sociales y casas de sus referentes barriales, imputando a 28 de ellos por las denuncias del Ministerio de Seguridad de Bullrich.
Afectó a integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie, por la causa judicial iniciada por la Marcha del 20 de diciembre, la primera protesta contra el gobierno de Milei.
Los procedimientos fueron “exageradamente violentos”. Muchos fueron realizados de madrugada, ante niños, con autos no identificados, con agentes de inteligencia. En uno de los lugares allanados, el local central del Polo Obrero en Capital los policías al ingresar “desconectaron las cámaras de seguridad” del lugar para no dejar registro de lo que hacían.
Como dicen las organizaciones estamos ante “una campaña de difamación para sembrar el miedo”.
Las denuncias son las mismas que realizan en los medios de comunicación para desfigurar a las organizaciones que luchan, como si no fuera cierto que vivimos una catástrofe social, con un grado extremo de precarización laboral y social.
No hay duda de que el gobierno dio de baja planes y que dejó de asistir a los comedores. Como no hay duda de que extorsionó públicamente a los beneficiarios para que no se movilicen, que no acompañen a sus organizaciones porque de lo contrario perderían sus beneficios. Es la misma política de siempre para dividir y amedrentar a las organizaciones, para impedir que se manifiesten.
Todos sabemos que los alimentos en los comedores, que los planes y la asistencia fue conquistada por la lucha de decenas de miles en las calles. Y que los gobiernos en vez de resolver el problema del trabajo y la comida (que no pueden y no saben resolver) se dedican a difamar a los luchadores y tratar de dividirlos y corromperlos de las más diversas formas.
Así es la barbarie capitalista. El gobierno y sus medios ponen la atención en algún supuesto “delito” en un comedor pero se niegan a investigar a los que se robaron el país, a los que utilizaron la deuda externa en su beneficio. Presentan algún caso aislado como si fuera un problema general.
Es fundamental que las bases de las organizaciones participen de las acciones de lucha, sobre la base de que sólo con la movilización se alcanzaron las conquistas y se las puede defender. Pero siempre sobre la base del convencimiento, del acuerdo, del conocimiento de qué se hace, con qué objetivos. Porque de esa lucha luego se benefician todos. Esto requiere la mayor politización y debate entre las bases. Nunca coacción. Puede haber compañeros atrasados que recurren a esa metodología burocrática pero son criticados y sancionados por sus propios compañeros. El Estado no tiene por qué meterse en las organizaciones sociales. Los compañeros que pertenecen a una organización aportan a su sostenimiento como los afiliados a un sindicato. De lo contrario habría que preguntarse cómo se sostienen las actividades colectivas si no hubiera un fondo común. Claro que corresponde es que haya informe de cuentas todos los meses aunque estemos hablando de importes pequeños.
La imbecilidad no tiene límites en un gobierno que trata como héroes a los evasores, a los que fugan divisas, a los que cometen toda clase de delitos económicos y reivindican hasta Al Capone. Y pide rigurosas auditorias para los comedores y las cooperativas. Sólo los compañeros de las organizaciones pueden hacerlo para poder extirpar de su seno algún elemento si lo hubiera.
La lucha contra esta política de hambre requiere la más amplia unidad del movimiento obrero ocupado y desocupado, la defensa ante esta campaña de demonización a los referentes por parte del gobierno y los medios de comunicación, y la mayor claridad política a la hora de responder a los allanamientos y persecuciones.
(nota de MASAS n°457)
