La reforma laboral incluida en la Ley Bases es antiobrera
Aunque se ha reducido respecto de la primera versión sigue siendo tan antiobrera como la anterior, todas medidas contra los trabajadores. Dijo Caputo: “La mayoría de acá son empresarios, no les tengo que decir a ustedes las cosas que tiene La ley que los favorece, empezando por la reforma laboral”.
El Título V de la Ley se denomina “modernización laboral”, para hacernos retroceder al siglo XIX. Se derogan todas las sanciones a los empleadores, a saber: por trabajo en negro, por pago de parte del salario en negro, por registro tardío (falso) de la relación, por contratación laboral fraudulenta (interposición de falso empleador), por falta de entrega de certificado de trabajo y aportes, por no pagar indemnizaciones por despido y por quedarse el empleador con el dinero retenido a los trabajadores por aportes. Al eliminarse las multas resulta lo mismo registrar o no.
Los empresarios y sus políticos denuncian el alto porcentaje de trabajo informal no para combatirlo sino para generalizarlo a todos los trabajadores.
Legaliza el fraude: los tercerizados, que podrán ser contratados por empresas fantasma, testaferros o empresas contratistas que se declaren insolventes, ya no pueden exigir derechos (vía responsabilidad solidaria) a la empresa principal. El Artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo quedará sin efecto.
Permite hasta cinco trabajadores sin registrar, que llama “colaboradores”. Una invitación al fraude laboral, donde uno de los trabajadores será más que un colaborador y dará órdenes a los demás.
Incrementa el periodo de prueba. De tres meses a seis meses. Por Convenio se pueden subir hasta ocho meses en empresas de hasta 100 trabajadores; y hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores. De más de 100 trabajadores, podrán ser hasta seis meses. Esto significa que al despido en ese período no corresponde indemnización.
Abre la posibilidad de definir en convenio el fondo de cese laboral en reemplazo de indemnizaciones, se validan los despidos discriminatorios, se desvirtúan las bolsas de trabajo agrario, deroga el estatuto del viajante de comercio.
El Titulo II de Reforma del Estado, capítulo IV de la Ley, referido al empleo público es absolutamente regresivo. Un trabajador puede ser pasado a situación de disponibilidad hasta por 12 meses, y si no es reubicado queda automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional. Quitan todas las protecciones de despido para trabajadores que se encuentran de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. La movilidad del personal de una dependencia a otra, dentro o fuera de la misma jurisdicción presupuestaria, eliminó el consentimiento expreso del trabajador. Se endurece el sistema disciplinario.
Resuelve el blanqueo laboral de las empresas con reconocimiento de aportes, pero elimina la moratoria previsional para los trabajadores por la ausencia de esos aportes. Es un extremo de perversión. Los empleadores tendrán perdón de multas, extinción de acción penal por quedarse con aportes de los trabajadores y hasta reconocimiento de 60 meses de contribuciones por declarar trabajadores sin registrar, mientras a esos trabajadores les niega esa posibilidad de reconocimiento de aportes para jubilarse. Las más afectadas son las mujeres, siendo que el 90% no tiene los 30 años suficientes para jubilarse.
La flexibilización laboral nunca ayudó a crear puestos de trabajo ni tampoco a mejorar su calidad. Pretenden que la informalidad sea normal: que sea lo mismo registrar que no registrar, cumplir que no cumplir, ante AFIP y ante ANSES, impuestos y contribuciones patronales. La Ley promueve la no registración y limitar las posibilidades de reclamo frente a la patronal.
Por todas las razones expuestas la Ley debe ser combatida y derrotada de conjunto. Las grandes corporaciones nacionales y extranjeras están detrás de la Ley. Los legisladores están sometidos a la presión de los gobernadores, del gobierno nacional, de los empresarios que actúan sobre ellos. Los legisladores son representantes del gran capital, no nos representan, no representan el interés de los oprimidos, sus partidos defienden el orden capitalista y el programa del FMI. Ya mostraron en diputados que pueden conseguir los votos que necesitan, una cantidad de legisladores que haciendo discursos encendidos contra la Ley votan a favor en nombre de que el Gobierno “necesita herramientas”.
Ninguna esperanza en que los senadores o diputados nos puedan defender, confiemos exclusivamente en nuestra propia fuerza y organización para derrotarla. Los paros y movilizaciones son la herramienta fundamental en esta pelea.
(nota de MASAS n°457)